Políticas públicas y relaciones de trabajo

Se espera que las políticas laborales promovidas por el Estado para el funcionamiento de las relaciones de trabajo en una sociedad determinada tengan como propósito contribuir a que las actividades productivas se desenvuelvan normalmente, a fin de que éstas brinden a la sociedad los productos y servicios necesarios para su funcionamiento y el bienestar general. Igualmente, que puedan promover condiciones de funcionamiento equitativo y justo en las relaciones entre empresas y trabajadores, cuya retribución tanto al capital como al trabajo permita satisfacer a ambos y favorecer, por un lado, el mejoramiento de sus capacidades, el rendimiento del capital, la reinversión en la capacidad y mejoramiento productivo, y por otro lado, el bienestar integral del trabajador y su familia, a partir de una remuneración y beneficios suficientes. 

  De manera constante hemos venido evaluando estos asuntos que se reconocen importantes para la vida del país. En ese orden, acaba de publicarse artículo en Cuadernos Cendes No 89, ( “Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo” ver en http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/article/view/9900).  Ahí nos ocupamos  de hacer evaluación de las políticas laborales y de sus impactos en las organizaciones de los trabajadores, en el lapso que cubre la revolución bolivariana. Además, este mismo número de Cuadernos Cendes viene titulado  “Políticas laborales en América del Sur siglo XXI”, su contenido cubre y  analiza a ocho países de la región.

  En nuestro caso, a partir de los años 60 del pasado siglo se hicieron presentes y se logró la difusión de tres elementos de políticas públicas en el orden laboral, que son fundamentales para los propósitos enunciados en el primer párrafo. Primero, el fomento y garantías para el accionar de las organizaciones representativas de los actores productivos, especialmente de los trabajadores: la llamada libertad sindical. En segundo lugar, el fomento de la negociación colectiva como mecanismo para participar en las definiciones de reglas internas en los centros productivos y como institución que contribuye a la redistribución. Y tercero, intervenir en la solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores, sea por la vía de las instituciones administrativas o judiciales.

  Estos elementos de políticas públicas habían sido objeto de un debate universal en los años inmediatos a la conclusión de la II guerra mundial, con la aprobación de los convenios 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, aprobado en 1948, que entró en vigor en 1950) y el 98 (Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado en 1949, que entró en vigor en 1951) por la Organización Internacional del Trabajo (2015), ambos ratificados por Venezuela en 1982 y 1968, respectivamente. 

  Aunque el primero fue ratificado en 1982, para entonces, el fomento sindical en Venezuela había sido ya masivo desde 1959, solo la no existencia de una legislación que facilitara la sindicación de los funcionarios públicos había retardado la ratificación. A principios de la década del setenta, la Ley de Carrera Administrativa reconoció a los funcionarios públicos el derecho a organizarse sindicalmente, no obstante desde la década del sesenta venía funcionando la Union Nacional de Empleados Públicos que los organizaba y representaba. 

  A los anteriores convenios se agregan recomendaciones sobre la consulta tripartita (ramas de actividad económica y ámbito nacional) en 1960, que afirman el derecho de los empleadores y de los trabajadores a establecer organizaciones libres e independientes y piden que se adopten medidas para promover consultas efectivas en el ámbito nacional entre las autoridades públicas y tales organizaciones. Esta recomendación luego pasó a ser convenio en 1976 (el número 144) y ratificado por Venezuela en 1983. 

  Este enfoque de análisis de políticas públicas privilegia el ámbito colectivo ya que, en paralelo, existen, además de las instituciones mencionadas, las vías individuales, como la contratación del trabajador, así como la existencia de mecanismos de resolución de conflictos individuales. Pero, se considera que no son estas las vías más efectivas para reducir las brechas de la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, y realmente no se consideran políticas de relaciones de trabajo, sino políticas de defensa del trabajador por su carácter individual. 

  Las políticas del trabajo objeto de análisis se insertan en un ámbito más general desde el punto de vista de la formulación y puesta en acción de políticas desde el Estado, como son las políticas de desarrollo económico y social, donde existen espacios que van más allá del quehacer productivo, tales como el propio consumo, los servicios públicos y sociales, las políticas para mejorar las capacidades productivas que contemplan los incentivos; la educación y la salud; el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la actividad productiva; el desarrollo de las capacidades de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción y de las personas; o, desde el funcionamiento eficiente y fluido de la institucionalidad estatal en temas indelegables del papel del Estado, como los asuntos de gobierno, seguridad, justicia, ambiente, atender a los sectores más frágiles y orientar acciones a una mejor redistribución, como los más resaltantes. 

  Esto determina que los espacios en donde empresas y trabajadores conviven para producir no funcionan de manera aislada, sino que están rodeados de otras políticas públicas que han de tenerse en cuenta, algunas con una relación más clara y definida que otras, pero todas presentes. De modo que, analizar lo laboral en particular, tiene sentido porque privilegia el conocimiento y análisis de las relaciones y los actos que llevan a cabo empresas y trabajadores organizados en los espacios productivos y permite responder cuáles son sus logros y limitaciones, en primer lugar, explicables por lo que ocurre en su propio espacio y, aquellos explicables por fenómenos y factores externos al espacio productivo. 

LA CULPA ES DEL MODELO ¿CUÁL?

Frecuentemente quienes revisan el pobre desempeño económico del actual gobierno, y al mismo tiempo se detienen en destacar los pocos esfuerzos que hacen sus dirigentes, para  replantearse nuevas formas de conducción del sistema económico, y que por el contrario, más bien lo que ocurre es que se inventan nuevos nombres para seguir haciendo casi lo mismo, por lo que se concluye afirmando que en tanto estos dirigentes estén atados a su "modelo económico" no saldremos de la crisis. Suele afirmarse que la culpa radica en el modelo. 

  Hay que reconocer que la vida económica del país ha venido siendo dirigida por personas que proceden de otros ámbitos, predominantemente el militar, entendiendo que es un sector consumidor de recursos y con poco desarrollo de actividades económicas. Se puede mencionar que en algunos países el sector militar tiene en sus manos una industria propia que atiende a las necesidades de defensa. Brasil y Argentina cuentan con una industria militar exportadora y productora de divisas. Por el lado de los civiles en funciones de administración de los recursos del país, igualmente proceden de carreras más bien políticas, en el entendido que nunca hemos dejado de ser un país que vive de la renta petrolera, por tanto se trata igualmente de hacer política en este marco.

  A lo anterior hay que agregar que las funciones productivas, sean de la producción real o la  financiera, han sido puestas en la mayor parte del tiempo en manos sin trayectoria en los asuntos a conducir, con el agravante de tener desconfianza de quienes en el país son identificados como conocedores de estos asuntos, sean profesionales o instituciones de trayectoria. De lo anterior resulta, que con frecuente se haya confiado más bien en asesores de otros países, destacándose de aquellos con quienes han concertado acuerdos y convenios, tales como cubanos, chinos, rusos, brasileños, argentinos; también con españoles vinculados a corrientes ideológicamente cercanas a las del gobierno.

  De toda la combinación anterior, cuesta identificar que en la gestión económica se configure a lo largo del prolongado lapso de conducción un modelo económico determinado. Además, entendiendo como modelo un esquema construido a partir de la confianza en determinados elementos teóricos que explican una realidad dada y con ello la solución de una problemática; y que en consecuencia, proponen las vías de acción que van a ir permitiendo el alcance de las soluciones. Obviamente hablar de modelos, es optar por una manera simplificada de plantear problemas y soluciones.

  Entonces, hay que preguntarse si en los 17 años de conducción económica (1999-) es posible identificar un  modelo dado. Veamos, en el primer año la gestión fue absorbida por la elaboración de la nueva constitución. En materia económica no se plantearon cambios mayores. Libertad económica, intervención y regulación del Estado según situaciones de interés nacional y teniendo presente las leyes respectivas, fomento y respeto a la propiedad privada, así como a la economía social, protección del trabajo dependiente. El segundo año tocaba la creación de las leyes que conformarían las nuevas institucionalidades. Resultado, dos años sin decisiones económicas, todo en stand by. 

  Al empezar las decisiones económicas surgen los primeros encontronazos con los sectores productivos. El primero importante con los trabajadores, se ubica en septiembre del año 2000 con los sindicatos petroleros que se rebelan y se van a la huelga ante el intento de imponer un contrato colectivo desde la presidencia de PDVSA -"el contrato modelo"-, pretendiendo sustraer una función clásica de los sindicatos, por tanto ignorando los mecanismos de las relaciones laborales. Otra radicalización gubernamental, fue imponer un referéndum para cambiar la conducción sindical. 

  Con los empresarios el primer gran conflicto ocurre con el uso de la primera Ley Habilitante, que el Gobierno utiliza para aprobar leyes sin la consulta debida, según los convenios suscritos por el país. El principal gremio empresarial convocó a un paro nacional de 12 horas el 10 de diciembre del 2001. 

  La historia que sigue es de radicalización del ambiente político nacional, paros nacionales, vacío de poder, golpe de estado, paro petrolero y de muchos otros sectores, despidos, sanciones, retaliaciones, militarización de lo civil. Finalmente, aparece el socialismo del siglo XXI, que trae consigo la radicalización en lo económico, y empiezan a surgir nuevas prácticas, conceptos e interpretaciones de la Constitución que van incidiendo directamente en el sistema productivo. 

  Hablar de modelo económico lleva implícito una construcción que esta por verse. Cierto que hay textos gruesos que son referentes como la propia Constitución bolivariana y los planes de la patria. Pero, de un modelo económico se espera una construcción que le de orientación al curso que tome la gestión, que señale metas y resultados esperados, que precise la relación entre Estado y productores, entendiendo que estos son empresas y trabajadores, que señale los mercados en donde tendrá incidencia, que precise los recursos disponibles sean financieros, tecnológicos, de insumos, de equipos, de fuerza de trabajo y de las configuraciones varias según estos factores, y luego los resultados que se han de generar, por tanto debe tener capacidad predictiva y que disponga de instrumentos de monitoreo. 

  Sin embargo, la conducción económica que hemos visto era ajena a tal sistematización, el modo la conducción por varios años se realizaba desde un programa de TV en vivo donde el Presidente anunciaba frecuentemente importantes asuntos sin que hubiesen elaboraciones previas, o las que habían no estaban suficientemente elaboradas, faltaba lo que en la política británica llaman los libros blancos, un dossier de estudios y datos disciplinadamente recogidos a lo largo de un lapso suficiente para la toma de decisiones. 

  Desde el Aló Presidente se decidían despidos, se asignaban contratos, se decidía sobre obras de  grandes exigencias monetarias, logísticas y de repercusiones en otras áreas y personas, se expropiaban propiedades productivas -"expropiese"-. Un auténtico reality show.

  Entonces de ¿cuál modelo hablamos? Recordamos varias proposiciones, algunas como modelos amplios y otras como propuestas sectoriales: la tercera vía, el desarrollo endógeno, el cooperativismo, la cogestión, las empresas de propiedad social, las empresas de producción social, los fundos zamoranos, el fondo chino y las múltiples empresas, las expropiaciones, las re estatizaciones, el control obrero, la producción comunal. Se conoce de más proposiciones, pero es suficiente esta lista para concluir que se ha despilfarrado una enorme riqueza, y hoy tanto como país y como ciudadanos, estamos más pobres y seguimos sin modelo.

CUANDO NO SE DIALOGO CON LA MAYORÍA

Terminábamos nuestro artículo de la semana pasada “Relaciones Laborales en tiempos de inflación” señalando a lo preguntado al inicio “¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y autentico desarrollo productivo?”,  a lo cual se respondió que el puro ámbito de los centros de trabajo no era suficiente para que tanto los trabajadores como la dirección de las empresas puedan materializar los elementos de desarrollo productivo, así como preservar y mejorar los aportes que hacen los trabajadores al cumplimiento de las metas productivas. Se reconoce que hay un factor condicionante que está por encima, que es el escenario político y la necesidad de diálogo entre gobierno y oposición. 

  El problema que se observa cotidianamente es que la conducción política del país no acierta en poner en practica estrategias y planes que deriven en resultados positivos. Las excusas de la guerra económica y los bajos precios petroleros, han sido rebatidos por los propios hechos. Lo primero, la tal guerra económica, se cae cuando el Gobierno ha impuesto controles en todos los órdenes de la actividad productiva; y lo segundo, hay que destacar que los resultados negativos empezaron antes de la baja de los precios petroleros a los niveles que se han visto en el 2015 y el presente año. Además, qué descuido no haber tomado las precauciones a sabiendas de la volatilidad del mercado petrolero. 

  Si las estrategias y planes económicos han fallado, ¿Por que no reconocerlo y hacer los ajustes que sean necesarios? Luce sencillo aparentemente. La amplia mayoría de los venezolanos, esperan un cambio de la conducción política y económica. Haber favorecido a la oposición para que asuma la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, es para que el gobierno reconozca el parecer de los electores y dialogue con quienes recibieron tal apoyo. De lo contrario es ponerse de espaldas al soberano. 

  Desde el gobierno se sigue viendo el acontecer político como resultado de las acciones del imperio y de la burguesía. Para los electores venezolanos que votaron ampliamente por la opción opositora, es un insulto ignorar su pronunciamiento y excusarlo con tan simplistas ideas. Indudablemente hay dogmatismo, una sólo manera de ver la realidad. Un contraste con los hermanos Castro en Cuba, avanzan en sus relaciones de acercamiento con el Gobierno de Obama.

  Ahora ¿por qué la dificultad en dialogar con quienes  recibieron tan amplio apoyo electoral?. Se teme por la sobrevivencia de la revolución bolivariana. Quizás sea oportuno reconocer que desde el principio de estos 17 años, nunca hubo revolución en el sentido clásico. Se trata de un régimen caudillista con programas de redistribución, pero al mismo tiempo dilapidando cuantiosos ingresos de la nación, para beneficios de pequeños círculos de privilegiados. Además, las clásicas revoluciones latinoamericanas, son aquellas que llegaron al poder por la vía de la guerra derrotando a un ejército e hicieron cambios radicales dando inicio al nuevo régimen, como la mexicana a principios del siglo XX, la cubana que llegó al poder en 1959 y la sandinista en Nicaragua que llegó al poder en 1979, luego lo perdió y lo volvió a recuperar.

  En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder aprovechando la antipolítica y el desprestigio de la representatividad de los partidos políticos mayoritarios de entonces, y por un proceso electoral convencional administrado por las instituciones de entonces, que nadie polemizó sobre los resultados, al árbitro no se le hicieron reparos como los que hemos visto en las elecciones de los últimos años, incluyendo especialmente la misma elección presidencial del 2013. El ganador se comprometió en Unasur en hacer un reconteo de votos, que luego ignoró.

  A partir de 1999 se asumió la profundización de la democracia, destacando ampliar la participación y el protagonismo, en ese orden se construyó la nueva constitución. Pero,  el Gobierno se fue radicalizando paulatinamente hasta que llegó a asumirse como el nuevo socialismo del planeta, el del siglo XXI. La chequera petrolera alimentó unas relaciones internacionales, con costosa propaganda y una burocracia para darle aliento a este esquema. Pero, en lo económico, la producción nacional en todos los rubros no reflejaba desarrollo alguno. Las importaciones y la propaganda cubrían los déficits productivos nacionales.

  Las relaciones laborales son diálogo y negociaciones. Los trabajadores aspiran preservar y mejorar sus conquistas y calidad de vida, los empleadores producir y alcanzar metas para brindar productos y servicios a la sociedad. Tanto empresas como trabajadores requieren funcionar un una sociedad en donde el diálogo sea aceptado, donde los diversos se reconozcan y se acepten. Los intereses de las empresas y de los trabajadores algunos son coincidentes y otros son distintos, pero la naturaleza de la relaciones laborales implica la convivencia. Igual ha de ser en el plano de la política en sus distintos niveles. Los actores han de reconocerse. Entendemos que para que los actores sean reconocidos han de ser validados por los representados y tener sentido en función de aquellos intereses comunes de la sociedad. 

  Por ejemplo, no es fácil entender como se ha dialogado con los pranes de las cárceles, o con los líderes negativos que manejan bandas delictivas bien pertrechadas con armas de guerra que atentan contra la vida y los bienes, pero que al mismo tiempo no se dialogue con los representantes del pueblo en el espacio plural y de debate como es el Parlamento, ya que ante las decisiones que este adopta, el Gobierno usa escaramuzas aprovechando su control del Tribunal Supremo de Justicia para negarlas, y con ello el diálogo mismo.   

  La economía en bancarrota, el sistema productivo postrado, el Gobierno responde con mayores controles, más exacción fiscal, pero todo esto sin diálogo con la entidad política que constitucionalmente existe para tal fin. La incertidumbre domina. La calidad de vida se deteriora aceleradamente para todos los niveles de ingresos, por supuesto que con mayores consecuencias en los bajos, las amplias mayorías. Las relaciones laborales están en situación defensiva. Se reclaman salarios, empleos, condiciones básicas de vida, pero no hay diálogo para la construcción de soluciones sustentables en el plano nacional. 

RELACIONES LABORALES EN TIEMPOS DE INFLACION

Tratar el tema relaciones laborales en época de inflación como parte de una muy compleja situación que vive la sociedad venezolana en sus dimensiones tanto económicas como políticas, es una oportunidad para formular planteamientos de un debate necesario. Téngase presente que en estos últimos tres años los ingresos y los ahorros de los trabajadores se han volatilizado. El empobrecimiento es general. Entonces ¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y autentico desarrollo productivo? 

  A quienes viven del trabajo, todos los meses le son reducidos sus salarios al ocurrir una inflación que viene superando mensualmente los dos dígitos, en tanto apenas solo se ajustan regular y unilateralmente los salarios mínimos, sin que ello implique una revisión en concordancia con la inflación. Y en cuanto a todos los demás niveles salariales, estos son revisados para largos períodos de dos y tres años en el marco de una contratación colectiva que, de paso en el ámbito del gran empleador -Gobierno-, se hace retrasada y cargada de obstáculos y exigencias para disminuir la capacidad negociadora de las organizaciones de los trabajadores. 

  Hoy, tener y desempeñar un buen trabajo no garantiza ingresos para poder adquirir los bienes esenciales, ya que se presentan las siguientes disyuntivas: una, se invierte un considerable tiempo para tratar de conseguirlos y, entonces, se descuidas el trabajo o fuente de ingresos, demás decir que se limita un mejor uso de tu tiempo libre; y otra, no invierte en tiempo, sino que al pagar la especulación de los mercados negros, el ingreso se vuelve polvo cósmico.   

  Quienes han gobernado desde 1999 hasta el presente, 17 años, formularon un discurso y alentaron proposiciones redistributivas que beneficiaron a los sectores de menores ingresos, lo que en una primera etapa incidió favorablemente en la reducción de la pobreza. Desde círculos de analistas e intelectuales, tanto del país como de la región, veían con interés algunos ensayos de políticas que sustentaban esta redistribución. 

  Pero la dedicación casi absoluta del régimen a lo político y, particularmente a lo electoral, que lo privilegió y ejecutó con especial habilidad, ya que era básico para preservarse en el poder, se descuidaron desde sus inicios los aspectos productivos de bienes y servicios. Si bien, algunas medidas unilaterales desde el gobierno generaron tensión en las relaciones con los empresarios y los sindicatos, que llevaron a éstos a protestas abiertas desde fines del año 2000 y se extendieron en los siguientes dos años, los liderazgos organizados en Fedecámaras y en CTV fueron derrotados en el enfrentamiento con el Gobierno a principios del 2003.

  Por otra parte el Gobierno no se detuvo en promover a otros actores empresariales y sindicales para obviar a estos gremios históricos, y por tanto desarrollar acciones que lesionaron a sus directivos, sino a las organizaciones afiliadas y lo más importante, al propio sistema productivo. 

  La promoción de otras alternativas sindicales, ha pasado primero por promover la Unión Nacional de Trabajadores que, en un primer momento, contribuyó a disminuir los espacios de la CTV, pero que al pretender y reclamar autonomía, fue castigada y estigmatizada por la visión autoritaria oficialista, que optó por levantar otra alternativa sindical, cuya función es defender al gobierno, ya que con ello afirma defender a los trabajadores.

   El gremio empresarial debió jugar a un bajo perfil por varios años,para resistir las arremetidas del Gobierno. Al final se ha podido recuperar en cuanto a su unidad interna y su imagen ante otros interlocutores políticos, sociales y económicos, y por ello, los intentos de parte del régimen de promover otros gremios empresariales han sido más bien frustrantes, ya que privilegiaron funciones de gestores de préstamos y ventajas particulares en la relación con instancias burocráticas oficiales. No lograron la condición de alternativa gremial a los gremios históricos de los empresarios.

  Pero sí fue efectiva la acción gubernamental es lesionar al tejido productivo nacional. Empresas fueron castigadas con estrictas medidas legales que restringían la operatividad, con controles, inspecciones y sanciones, y un trato discriminatorio con respecto a las empresas bajo la gestión estatal, así como las establecidas en convenios con otros países. Además fueron preferidas en el acceso a divisas preferenciales para hacer masivas importaciones y compras con amplia y discrecional intervención estatal. Rápidamente el país acrecentó sus importaciones en desmedro del aparato productivo nacional. La lucha contra la pobreza detuvo sus avances, porque se carecía de la producción suficiente para continuar sosteniendo el asistencialismo.

 Hoy cuando el consumo para satisfacer necesidades básicas de las personas, familias y de los productores en cuanto a sus insumos y materias primas está en situación de escasez, da lugar a un acrecentamiento explosivo de la inflación, la que al lado de la recesión nos ubica en un crítico estado de estanflación. De alta inflación conocíamos que momento en que se implantaron programas de ajustes macroeconómico, que buscaban resolver problemas estructurales. Así lo vimos en los segundos gobiernos de Carlos A Pérez y Rafael Caldera.

  El año 2015 es el tercer año consecutivo con decrecimiento, situación nunca experimentada por la sociedad venezolana; por tanto, la inflación no responde a un programa estructurado de ajustes de variables macroeconómicas planteadas para corregir desequilibrios y con lapsos, cronogramas y atención programada a sectores en situación de desventaja, sino lo contrario, lo más perverso que es dejar a que se desate una lucha de la población entre los pobres y los nuevos pobres, entre trabajadores, entre ciudadanos y hasta fratricida, todo por la supervivencia en acceder a alimentos, medicinas, y otros productos y servicios básicos. 

  La situación para producir y consumir es insostenible, para la cual las puras relaciones laborales no tienen instrumentos, ya que requieren ser parte de un ambiente político y económico que hoy esta trabado.  Es necesario un ambiente distinto al que vemos cotidianamente de abierta confrontación y negación a las proposiciones que disienten de las teorías y prácticas que nos han llevado al estado de postración económica y social. Su construcción y logro va más allá de las acciones de empresas y trabajadores en el sólo marco de las relaciones laborales, el escenario es más político.

EL 6D ¿UN NUEVO CICLO DE RESULTADOS ELECTORALES?

En la revolución bolivariana las organizaciones de los trabajadores que intentan hacer sus elecciones siguen consiguiendo restricciones. Lo experimentan entre otros, los importantes sindicatos de Sidor y de Ferrominera. Tal es el caso de normativas y prácticas autoritarias de funcionarios, a quienes se les oye decir que anteriormente hubo burócratas que se enquistaron en las jefaturas sindicales y limitaron la libertad sindical. 

  Cierto que de ello hubo muchos casos, pero  también de ejercicio de auténtica libertad sindical. Sin duda, estamos viendo que hay mayores cuestionamientos a las obstrucciones al ejercicio de su autonomía, como se refleja en las denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero hoy, desde los órganos del poder que controla el oficialismo, se acrecientan las restricciones, ya que en este 6D tal parece que es el inicio de un nuevo ciclo de resultados de la voluntad de los electores.

 Precisemos. Hay dos 6D en la presente etapa de la vida política del país. El primero fue el de 1998, que trajo a Hugo Chávez y a la revolución bolivariana al poder. El segundo, la reciente elección parlamentaria, que va en sentido contrario porque representa el ascenso de las fuerzas políticas que adversan al chavismo y que anuncian su propósito de orientar sus acciones a su  desalojo del poder.

 El 6D de 1998 fue una victoria amplia del liderazgo emergente sobre la coalición de las fuerzas que venían gobernando al país. Otro tanto ha ocurrido en este 6D del 2015, pero ahora con una mayor ventaja para las actuales fuerzas emergentes en los resultados electorales; los que son  más llamativos si se toma en cuenta que la institucionalidad de 1998 conservaba mayor apertura que la del 2015. Cambios desde la misma constitución bolivariana fortalecieron el presidencialismo, y restaron espacios a las minorías, a las regiones, y a la sociedad civil en general. El Estado es más fuerte, y en particular, el peso del Presidente. Los otros poderes se le han subordinado. Notoria la subordinación del llamado Poder Electoral, Poder Moral y del Poder Judicial, aunque resultante de la interpretación y dominio que ha emanado desde el poder presidencial.

 En ambos 6D, las fuerzas emergentes son una combinación de nuevos y viejos actores políticos. En el 6D de 1998, los nuevos actores procedían del ámbito militar pero estaban acompañados de  dirigentes que procedían mayormente de la izquierda, pero también de agrupamientos y dirigentes procedentes de los partidos tradicionales. Algunos de ellos realmente históricos en la izquierda por la amplia carrera política, tales como Luis Miquilena y José Vicente Rangel.

 En el 6D del 2015, ocurre otra fusión entre viejos y nuevos dirigentes. Parlamentarios como Miguel Pizarro y  Freddy Guevara, estarían cursando en la escuela primaria cuando Chávez logró su victoria el 6D de 1998, más de 17 años atrás.

 El 6D de 1998 fue el inicio de una cadena de triunfos electorales por parte de las nuevas fuerzas políticas. Pocos meses después, en el mismo 1999, se logró tres triunfos electorales: la aprobación a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la elección de los constituyentistas y el referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional. 

  En la elección de los constituyentistas, además de la onda victoriosa del chavismo, supo sacar ventaja del ingenio matemático de sus asesores (Nelson Merentes a la cabeza) con la aplicación de un ventajoso quino electoral que dejó unos resultados ajenos a lo ocurrido en las urnas, solo seis constituyentistas opositores y más de cien adscritos al nuevo liderazgo.

 La situación económica previa al 6D de 1998 no era buena. El segundo gobierno de Rafael Caldera sin mayoría parlamentaria tuvo que lidiar con la crisis bancaria de 1994, implementar un  programa de ajustes, y desenvolverse con bajos precios petroleros que llegaron a descender a los 8 $ el barril, agregando todo esto más descontento al que se había mostrado en las protestas conocidas como el sacudon y/o caracazo de 1989, con una  cruenta represión aún fresca para entonces, ya que los nuevos líderes procedentes de la fuerza armada no dejaban de guardar distancia de aquel papel jugado por la institución armada, y reiteradamente acusaban a sus responsables.

 El presente 6D ocurre con una situación aún peor que la anterior, la de 1998. Al extremo que el gobierno optó por ocultar información del desenvolvimiento económico y social, porque todos los indicadores reflejan el deterioro del sistema productivo y de la situación de la familia venezolana. Aparte que las instituciones encargadas de brindarlos se han convertido en apéndices del Ejecutivo, y su uso partidista les ha restado credibilidad.

 La onda victoriosa del chavismo de la primera etapa promovió la consulta electoral logrando consolidar su dominio del Parlamento, gobernaciones, consejos legislativos regionales, alcaldías, concejos municipales. Su actual deterioro avizora que lo que viene va en sentido contrario. Ello lleva a las fuerzas opositoras a plantearse desde ya un referéndum revocatorio en el presente año. Este mismo 6D fue de hecho un plebiscito por las características asumidas por los actores políticos en la campaña, que más que referirse a los candidatos y a los problemas de las regiones, lo que se evaluaba era al gobierno nacional.

 En este escenario,  las elecciones específicas de organizaciones de los trabajadores, de autoridades universitarias, de centros de estudiantes y de otras organizaciones de la sociedad civil, que ya vienen encontrando obstáculos para su libre desenvolvimiento, es previsible que el Ejecutivo y aquellos poderes subordinados seguirán obstruyendo su ejecución.

Al mismo tiempo, este escenario es una oportunidad para que quienes han venido cuestionando el ejercicio autoritario de las instituciones obren con criterios democráticos y participativos, que permitan no repetir errores y más bien aprender de ellos en la mejor conducción de las instituciones colectivas tanto públicas como privadas.

DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y DEL ASCENSO AL DESCENSO SOCIAL

 En estos momentos de aguda crisis económica y de descenso de los niveles de vida de casi toda la población nacional, y la conmemoración de un nuevo 23 de Enero, nos invita a considerar las propuestas que se formularon e implementaron en 1958 y años sucesivos, y los momentos actuales de escasez, penuria e inestabilidad política. 

  En lo económico se puede señalar que el período post dictadura inició con la necesidad que tuvo la Junta de Gobierno que asumió el poder en ese 23 de enero de 1958, de implementar medidas de emergencia económica para atenuar la situación de desempleo y ofrecer ingresos a las personas, de ahí el llamado Plan de Emergencia vigente desde febrero de 1958 a Junio de 1959. Al iniciar Romulo Betancourt y sus aliados de Copei y URD el nuevo gobierno constitucional en enero de 1959, a la emergencia económica le acompañaron levantamientos militares que hicieron complejo el arranque y funcionamiento de ciclo post dictadura que se estaba empezando. 

  Las dificultades económicas plantearon al Gobierno solicitarle al Congreso en mayo de 1960 una Ley de medidas económicas de urgencia por un año. El congreso la aprobó, aunque algunos sectores opositores minoritarios la llamaron la “ley del hambre”. El mensaje del Presidente Betancourt señalaba “La economía y el fisco nacionales viven una hora transitoria de serias dificultades. Es necesario que todos aportemos nuestra cuota de sacrificios Que […] reciban menos emolumentos los servidores públicos y paguen más impuestos los contribuyentes. La acción oficial debe dirigirse simultáneamente a una continuada reducción de los gastos públicos, a elevar los ingresos mediante aumento moderado de la tributación, a proveer los estímulos fiscales para el fomento de la inversión y a agenciar recursos exteriores para ser invertidos únicamente en obras reproductivas”.

  Estas medidas económicas de emergencia dieron sus resultados satisfactorios, Venezuela entró en un ciclo de crecimiento en el resto de la década del sesenta, incluso con precios del petróleo de USA $ 2,00 el barril. Todos los indicadores sociales mejoraron y se produjo un real ascenso social. La familia obrera, campesina y de los sectores medios mejoraron sus condiciones materiales de vida. Los hijos de estas familias alcanzaron más altos grados de bienestar que sus padres. Incluso el hijo del obrero y del campesino pasaban a alcanzar más altos niveles de formación educativa, mejores empleos y condiciones materiales de vida, todo esto se mantuvo a lo largo de la década siguiente, los setenta. 

  En los setenta sí hay que agregar que el mejoramiento ya tenía relación con los súbitos incrementos del precio del barril de petróleo, tanto el de fines de 1973 - de $ 3 a $12- como el de 1979 a más de $ 30. Ambos por procesos políticos internacionales en donde no teníamos ninguna vinculación. La crisis internacional nos benefició, lo cual nos hizo atractivos como país para el incremento de la continuada recepción de inmigrantes de todas partes del mundo, incluso de países más desarrollados que nosotros. Pocos venezolanos salían de su país, y cuando lo hacían contaban con una moneda de alto poder adquisitivo en cualquier lugar del mundo. 

  En ambas décadas, los sindicatos y las instituciones de las relaciones de trabajo, como las políticas salariales, los convenios colectivos, mejoraban consistentemente por el escenario económico que ofrecía el país y la estabilidad política nacional. 

  Por supuesto que esta favorable evolución tuvo momento de quiebre que se manifestaron a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, de lo contrario no tendríamos este régimen que se inició hace 17 años.

  Hoy, se repite como en 1960 el planteamiento del Ejecutivo al Parlamento de la aprobación de una Ley de medidas económicas de emergencia. Por supuesto que la situación es notablemente peor en cuanto a indicadores económicos. De hecho el gobierno ha recibido del Parlamento varios períodos de habilitación para legislar sobre la materia y no lo ha hecho debidamente, y por tanto en estos tres últimos años la crisis se ha profundizado. Una nueva composición política del parlamento plantea exigencias y compromisos al Ejecutivo, que éste elude. 

  La población venezolana en sus distintos estratos económicos resiente la situación de penuria, escasez y dificultades para su sobrevivencia. Quienes antes ascendieron socialmente como trabajadores, profesionales, agricultores, empresarios, hoy a duras penas se mantienen o desmejoran su condición de vida. Los sectores mas pobres que en un determinado momento del gobierno chavista mejoraron su condición han vuelto de nuevo para atrás. Los que si mejoran son quienes se han conectado en actividades gubernamentales y tienen acceso a ventajas y prebendas que no son accesibles al ciudadano común, como divisas, contrataciones, vehículos y altos cargos. 

  La política social ha dado acceso a beneficios en temas importantes como alimentación, vivienda, pensiones. En algunos otros aspectos los programas han desmejorado y ya no ofrecen el servicio que inicialmente brindaban, como es el caso de salud. Pero es evidente que con todo lo ocurrido en el campo productivo y laboral, todos estos programas carecen de sustento y estabilidad, vienen dependiendo de la emisión de dinero que cada vez tiene menor valor, y no de una producción nacional suficiente para quienes en el país vivimos. Lo lamentable es que la destrucción del tejido productivo privado se ha sustituido con importaciones, y la administración estatal ha hundido el cuantioso parque productivo tanto el que era desde sus inicios de propiedad estatal como el expropiado a los privados, generando frustraciones en quienes en algún momento creyeron en el tipo de modelo económico ofrecido.   

  Los trabajadores y la población en general vive una etapa de descenso social. Las familias reducen su nivel de vida, acrecientan su solidaridad, precarizan su vida haciendo múltiples trabajos, invierten largas horas de su tiempo de descanso y de vida productiva haciendo gestiones para acceder a los productos alimenticios, del hogar y de la salud. Muchos jovenes, especialmente bien preparados deciden irse a otros lugares a probar suerte. Ahora somos conocidos por exportadores de capital y talento humano.  

Diálogo y negociación, ajustes o confrontación

En el mundo del trabajo empezamos el nuevo año haciendo referencia necesariamente al contexto político nacional, porque es dominante en el acontecer actual.

En lo político el 6D ocurrió un tsunami, primera derrota electoral contundente al oficialismo en sus 17 años de gobierno así como una cantidad cercana de procesos electorales. Tan sólo en dos de ellos la oposición había obtenido mayor número de votos, pero por diferencias menores, el referéndum de la reforma constitucional en el 2007 y las elecciones parlamentarias del 2010. De ambas derrotas el chavismo, con su líder fundador al frente, logró recuperarse y fortalecerse, pero ahora no está presente, aparte que la derrota fue aplastante.

Algunos comentaristas minimizan la victoria opositora al decir que sólo aumentó en 400 mil votos, pero lo hacen comparando con los resultados electorales de las pasadas elecciones presidenciales, y no con las pasadas elecciones parlamentarias que es donde corresponde, en donde las opciones opositoras alcanzaron el 51% y el Gobierno el 48%. Los votos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fueron 5.3 millones, y en esta ocasión -2015- 7.7 millones, superando por 2.1 millones al gobierno. De paso hay que destacar que igualmente el gobierno subió ligeramente su votación al agregar más de 200 mil votos.

Obviamos hacer comparaciones con las elecciones parlamentarias del 2005, porque la oposición se abstuvo de participar, dando lugar a unas elecciones con sólo un 25% de participación.

Destacable que la participación electoral en estas elecciones alcanzó más de un 74%, frente al 66% de las parlamentarias anteriores. Se puede señalar que las parlamentarias fueron asumidas como una votación más allá de su ámbito, y trascendieron en el votante a emitir un juicio sobre el gobierno en su globalidad. Se puede afirmar que no se votó deliberadamente por el representante del circuito, sino que fue un voto plebiscitario.

Estado en campaña

Igual es importante reiterar que tal como ha sido habitual, el gobierno no dejó de poner en práctica múltiples acciones de ventajas por el uso abusivo de los recursos del Estado, además de amenazas a empleados públicos y a beneficiarios de los programas sociales, y por otro lado, poniendo en práctica todo de tipo de restricciones a los opositores, sea desde el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), desde el TSJ, como desde todas las instancias públicas que controla.

A favor del gobierno hay que mencionar la masiva emigración de venezolanos en los últimos años, que ya alcanza cerca de los dos millones. ¿Cómo votarían personas que se han ido por falta de oportunidades, por temor a la inseguridad, por explorar futuro en otras sociedades? el sentido común lleva a inclinarse que serían ampliamente votos críticos de la política gubernamental.

Nuestra historia no registra una derrota de esta magnitud en unas elecciones parlamentarias en un momento cercano a la mitad de un período sexenal. Pero obviamente que un resultado como el ocurrido lleva a reflexionar sobre la sobrevivencia del gobierno, mucho más existiendo la figura del referéndum revocatorio. Recuérdese que el referéndum del 2004, no se planteó por resultado electoral alguno, sino por la crisis de gobernabilidad de abril 2002. El gobierno corrió hábilmente la fecha del referéndum hasta agosto del 2004, permitiendo recuperarse y vencer ampliamente a la oposición.

Tres escenarios

¿Cuál es la reacción de un gobierno que experimenta una derrota tan contundente este 6D, en donde a todas luces los votos que hicieron posible esta derrota no son solo los tradicionales votos opositores sino que también se agregan aquellos procedentes de la otrora votación gubernamental?

Veamos tres opciones de respuesta gubernamental. Una de diálogo y negociación; otra, de ajustes; y una tercera, de confrontación.

Diálogo y negociación: esta opción cuenta con la desventaja de encontrarnos con una institucionalidad deteriorada producto de un ejercicio del poder en un ámbito polarizado. La única negociación que recordamos en estos 17 años, fue la desarrollada bajo el patrocinio de organismos internacionales, la llamada Mesa de Negociación y Acuerdos instalada en noviembre del 2002, con el acompañamiento de la OEA, de PNUD y del Centro Carter. Fue un proceso largo y difícil, incluso involucró a los gobiernos de varios países, ya que  se constituyó el Grupo de Amigos del Secretario General de la OEA integrado por Brasil, México, EEUU, Chile, España y Portugal lo que también le dio más aire al proceso de negociaciones. Hoy, la nueva mayoría parlamentaria ha manifestado su interés en dialogar, pero también ha advertido que según las respuestas oficialistas dispone de un plazo de seis meses para buscar una salida  “por la vía constitucional, pacífica y democrática”.

Ajustes: nos referimos a los demandados por los votantes que se volcaron a hacerlo por la alternativa opositora. Se asume que parte de esta votación puede ser satisfecha si en las políticas gubernamentales ocurren medidas de ajuste que den respuesta a sus aspiraciones. Algunos llaman “voto castigo” a quienes votaron en contra del gobierno, pero que si éste rectifica en sus políticas especialmente en materia económica, de seguridad, de convivencia y paz, asumirían una postura neutral o de apoyo implícito al gobierno. Con la denominación de ajuste, se asume que de hecho hay ajustes a lo largo del 2015, ya que el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y quienes aquí residen es por ajustes regresivos, que lesionan sin corregir ningunas de las falencias del sistema económico y social existente. Pero se trata de construir ajustes para resolver problemas que vayan a su fondo y no a su apariencia.

Confrontación: En las pocas semanas posteriores al 6D lo más visible ha sido la confrontación. Así lo hemos visto desde el principio en la misma Asamblea Nacional con la mayoría derrotada, desde el Ejecutivo, desde el Poder Judicial actuando más como instancia política que como el poder que aplica justicia.

Los principales voceros del partido oficial utilizan argumentos confrontativos, aquellos pocos que apelan a la autocrítica y a señalamientos de las deficiencias en las políticas responsables de la derrota no logran ejercer suficiente influencia en el gobierno.

El partido oficial ha sido tradicionalmente poco dado a debatir, ha asumido más bien ser un seguidor de esquemas y conceptos que a pesar de los resultados fallidos no logra influir en el aparato burocrático gobernante.

Los ciudadanos amante de la paz y la convivencia han de estar preocupados.