EL TRABAJADOR DEPENDIENTE, PERO LIBRE EN LA SOCIEDAD

  El concepto de trabajador que más se ha universalizado es aquel que vive de su propio trabajo, de su esfuerzo, sea en una actividad independiente (sin patrono) o prestándole servicios a otro quién que por tanto, se constituye en su patrono o empleador. El primer caso cobra una tarifa o un precio por lo que hace, sea un servicio o un bien. En cambio el segundo recibe un salario, por tanto, es un asalariado. 

  Decir que el salario es el precio de lo que hace el trabajador es parte de la afirmación, ya que el empleador ha de responder por un conjunto de compromisos con sus dependientes que tienen un costo que no todo va de manera inmediata al bolsillo del trabajador. Unas erogaciones van al trabajador a lo largo del año o de la vida laboral en tanto preste servicios a ese patrono. Otras erogaciones la pasa el patrono al tener a determinado trabajador en su nómina, a entidades estatales que se ocupan de actividades laborales, como seguridad social, formación profesional, deportes, ciencia y tecnología, prevención contra uso de drogas.

  En cuanto a autonomía, el trabajador independiente la disfruta en buena medida, ya que le presta servicios a quien quiere dada su condición de no tener patrono. En cambio el segundo, el dependiente, sí está obligado a prestarle servicios a su patrono o empleador a partir del momento de su contratación, ya que esa es la naturaleza de la relación, se trabaja para ese patrón. En lo que si no hay discusión es que su compromiso, o su dependencia, es con respecto a ejecutar las tareas para las cuales fue contratado.

  Para equilibrar esa relación de poder entre el patrono y el trabajador dependiente, surgieron las organizaciones de defensa de los trabajadores asalariados -sindicatos-, que han logrado a lo largo de la historia conquistas que le permiten cerrar un tanto la brecha de la asimetría que hay entre el poder del patrono y el de un trabajador individual. Esas conquistas las vemos en instituciones, constituciones, leyes, reglamentos, convenios y espacios de reconocimiento y respeto ante otros sectores sociales, políticos y económicos. De todo esto, lo más importante son las instituciones autónomas, democráticas, representativas que los propios trabajadores han constituido, así como el reconocimiento ganado ante otros sectores igualmente relevantes en la vida de las sociedades, como son las empresas, el Estado, los medios de comunicación, la academia, los partidos políticos y las organizaciones de otros actores sociales y económicos.

  Hay que repetir que los  patronos o empleadores contratan trabajadores con los cuales se establece una relación de dependencia, pero es sólo por el hecho de no ser  los dueños, ni ser personas que van a ejercer la dirección de ese negocio o entidad productiva. Esa contratación es para desarrollar funciones previamente convenidas y solo ligadas a la actividad que explica la existencia de esa empresa y su correspondiente empleador. 

  Los patronos o sus representantes han de reconocer que la dependencia de los trabajadores no va mas allá del espacio laboral en las horas convenidas, y para las actividades que se definieron con ocasión de su contratación. Que los intereses que unen al patrono y a trabajadores son los que están presentes en el momento de ejercer el trabajo, uno es el jefe y los otros son los dependientes.

  Los trabajadores y los empleadores, así como sus representantes son sujetos con posiciones ante asuntos de la vida de la sociedad. Esas posiciones son parte de la subjetividad, de la manera como cada quién ve e interpreta la sociedad, como ha de ser organizada y gobernada. Los trabajadores, son al mismo tiempo sujetos adscritos a una familia, a una comunidad, a unas colectividades no sólo laborales, que pueden ser culturales, deportivas, religiosas, y también políticas e ideológicas.

  En el trabajo esclavo, el sujeto no tenía opción para decidir los asuntos de su propia vida. Incluso sus descendientes eran propiedad de su propio amo. No tenían apellido, sino el que su amo le quisiera dar. Hace un siglo y medio en Venezuela se abolió la esclavitud, incluso mucho más tarde que el propio nacimiento de la República. 

  Los esclavos pasaron a ser hombres libres, pero en lo económico, a lo sumo, pasaron a tener el estatus que tenían los campesinos sin tierra, que trabajaban subordinados y sin pago en las tierras ajenas y que a cambio podían trabajar un pedazo para sí, y del cual derivaban productos para subsistir. O trabajaban en un pequeño espacio y lo que producían debían de compartir con el dueño de la tierra, o en un estadio más avanzado, alquilaban la tierra. La subordinación era casi total, sin instituciones ni entidades colectivas para contrarrestarlo. 

 Todos tenían la opción de ser jornaleros, que hacían trabajos cuando había lugar, y el dueño de la tierra les pagaba el jornal. También había la opción de ir territorio adentro y encontrar una tierra para trabajarla como propia. En paralelo, los comerciantes y artesanos en las ciudades con su conocimiento y dominio de un arte se aseguraban un estatus que le daba mayor libertad y autonomía. 

  En los dos últimos párrafos se ha descrito la situación del trabajo de la amplia mayoría de los venezolanos hasta los primeros dos cuartos del siglo XX. A partir de ahí, han habido cambios sustanciales en lo que respecta a la relación de la mayor parte de los venezolanos, y de quienes viniendo de otros países  decidieron hacer su vida aquí. Todos en el mundo del trabajo, unos como empleadores, o sus representantes, y otros, la amplia mayoría como trabajadores independientes y dependientes, gozan de plena libertad para la conducción de sus vidas, lo que incluye de manera relevante decidir sobre sus opciones políticas. 

  Que un empleador, sea estatal o privado, pretenda valerse de la necesidad de trabajo que tiene el ciudadano para imponerle una opción política, nos regresa a principios del siglo XX.  

SE EXTIENDE LA PARALISIS PRODUCTIVA

En nuestra contribución “Paros productivos sin convocatorias sindicales”, destacábamos  el hecho inusual de la diversidad de paralizaciones de empresas de todas las áreas económicas, que no estaban explicadas por las relaciones laborales de empleadores y trabajadores, ni por las controversias propias sobre temas relevantes para la población trabajadora, como son salarios, empleos y condiciones de trabajo.

  No se requiere repetir que, desde la fecha de la publicación del mencionado artículo -6 de octubre del presente año- a la fecha, persisten los mismos factores que gradualmente han incidido para una progresiva parálisis de la producción.

  Dos factores estacionales se agregan a reconocer que las paralizaciones que ya traemos no se superarán en lo poco que falta del año, y se extenderán en el inicio del próximo.

  Primero, ya estamos inmersos en una campaña electoral, y como es habitual esto genera una atmósfera que no propicia la actividad productiva, sino más bien es un ambiente distraccionista, ya que en nuestro mundo político casi toda elección es un plebiscito, que genera tensiones y condiciona la vida del país a la campaña electoral, el país productivo se resiente. En los entes estatales, desde las direcciones del más alto nivel se condiciona el quehacer de quienes ahí trabajan, a actividades proselitistas de búsqueda de votos y de participación en actos electorales, lesionando o desatendiendo el trabajo de verdad para el cual es contratada y remunerada la gente, o vinculando la prestación de servicios al mantenimiento del status quo. Un gobierno y un Estado que actúe de esa manera anarquiza la vida de las instituciones.

  El segundo factor es que el fin del año es para muchas actividades tiempo de parálisis, sean por vacaciones colectivas para quienes mantienen una mayor continuidad, o de cierres temporales para actividades que luego de paralizarse en diciembre no reinician sino más bien entrados ya varios meses del año siguiente.

  Una recesión que hoy  alcanza a un menos -10% del Producto Interno Bruto, tomando como punto de partida un recesivo año 2014, se expresa de múltiples maneras, a saber:

- En el aumento de la pobreza y en el deterioro de la calidad de vida.

-En la venta de activos de la nación en el exterior, en la venta desventajosa para el país de su deuda por cobrar.

- En el retiro de los recursos nacionales en el Fondo Monetario Internacional.

- En la hipotecada relación con China.

- En la vaciedad y monotonía de los anaqueles y en las desoladas salas de exhibición de productos.

- En la calma de los puertos y cualquier otro todo medio de evidenciar la disponibilidad de bienes y servicios.

  Veamos, por ejemplo, que en el 2014 no se formaban colas para adquirir baterías y neumáticos, hoy son cotidianas. Mas y nuevos productos y servicios entran en los espacios de los mercados negros, sea por las regulaciones artificiales, por la incapacidad de producirse en el país, y finalmente, por la incapacidad de importarlos porque no existen las divisas o el sistema de control económico estrangula y cierra las posibilidades de importación.

  Cuando se hace referencia a las colas hay que tener presente que gradualmente se ha
venido sofisticando el sistema de acceso a ciertos bienes y servicios, en donde las largas filas de gente no están a la vista, sino que son sistemas de anotaciones en listados de paginas de Internet, proceso que exige invertir múltiples oportunidades de disciplinada disposición para encontrar las paginas accesibles y amigables, y poder introducir los datos y así, finalmente, colocarse en la cola de la lista.

  Sobre la desolación de los puertos, se puede constatar que en el 2014 hubo una disminución de la actividad portuaria de un -34.5%, y en lo que va del 2015, el gobierno se abstiene de ofrecer cifras, pero datos de las cámaras de comercio de las ciudades en donde se localizan los dos principales puertos del país, la del Estado Vargas y la de la ciudad de Puerto Cabello, reportan una disminución del 90 y 50% respectivamente. (http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151006_venezuela_economia_puertos_dp)

  Lamentablemente estamos en una economía de guerra, y no en una guerra económica, como se pretende explicar desde el ámbito oficial la situación existente, ya que hay colas y nerviosismo para cada vez mayor diversidad de rubros. La economía de guerra deriva simplemente de no haber productos suficiente para las necesidades nacionales, debido a que se producen y se importan menos bienes, derivándose también que haya menos servicios. La paradoja de una economía de guerra estando en paz, luego de percibirse durante varios años los ingresos petroleros más cuantiosos de la historia del país.

  Cierto que hay una interesada versión para la ficción de la guerra, ¿cual? La que se oye en los discursos del mas alto nivel oficial y que no se queda sólo en discursos, ya que se traduce año a año, en compras crecientes de innecesario equipamientos militares. Y la otra guerra, que si es inocultable y realista, la que ejecuta el hampa, por un lado la de cuello blanco conectada con las compras y manejo del erario público, y la tradicional que se ha desbordado ya que actúa en la calle sin temor al Estado y sus instituciones, golpeando a los ciudadanos pacíficos y desprotegidos por el sistema existente, e incluso un hampa con poder para enfrentar a los mismos cuerpos armados del Estado.

  Indudablemente hay razones más que de orden laboral convencional, para tener por delante una situación de más parálisis productiva. La revolución está involucionando al país entero y sus medidas no posibilitan revertir el estado de parálisis.

DEL CONTROL OBRERO AL CONTROL DE LOS TRABAJADORES

Hace cinco años y medio, el Gobierno trajo el anuncio de la implantación del control obrero en las empresas estatales. Para entonces, se sabía muy poco de qué se trataba la propuesta. Guayana fue el escenario para que el nuevo ministro titular del despacho de las Industrias Básicas y Minería, y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, José Khan, se estrenara en su visita a esta zona, y tuviera su primer contacto directo con trabajadores, quienes, para entonces, vivían en plena efervescencia de la recurrente conflictividad laboral. Se percibió que la propuesta de control obrero aparecía en un momento necesario para aplacar la conflictividad. El nuevo ministro trajo en su maletín una propuesta que ofrecía que los mismos trabajadores eligieran a los directivos y gerentes de estas empresas.

Los trabajadores pedían, como histórica y habitualmente demandan, mejores salarios y condiciones de trabajo, que se firmen y cumplan los convenios colectivos, basados en el hecho de trabajar y producir riqueza para la sustentación de la empresa y de quienes en ella trabajan. Pero el patrono se apareció con el llamado control obrero. 

De esta propuesta se conocía muy poco, al menos para los trabajadores mismos era una sorpresa. En general, en las tradiciones demandas sindicales sean de orientación marxista, socialdemócrata u otras corrientes, no lo habían planteado ni en Guayana como tampoco en otras regiones del país. Tan sólo se hablaba de control obrero en muy pequeños grupos de militantes que se informaban de lecturas de experiencias europeas de principios del siglo XX, procesos que no tuvieron continuidad incluso en los mismos países del socialismo real. Por lo demás, tampoco tenían una influencia considerable en las bases sindicales. 

Un testimonio local sobre su implantación señala : “En la empresa se trató de realizar cambios en la organización del trabajo con el llamado control obrero, donde se inició estableciendo mesas de diálogo con trabajadores seleccionados con tendencia a sustituir a las gerencias tradicionales, digo con tendencia, porque en la realidad nunca fueron sustituidas… estas mesas de trabajo no tenían objetivos claros, por lo que se daban discusiones estériles y se tomaban decisiones basadas en la conveniencia de uno u otro grupo, sin considerar lo que realmente era conveniente para la empresa y hasta para el mismo trabajador”. 

La evidencia sí muestra que hubo durante algunos pocos meses un activo proceso de reuniones con personas seleccionadas por niveles superiores de las empresas y del partido oficial, claro sustentado en afinidades ideológicas con el propósito de redactar la propuesta, lo que, por tanto, dejó evidenciado que lo traído por el nuevo ministro era apenas una intención, una consigna que había que llenar de contenido. 

El propósito de las mesas o reuniones de trabajo era, por un lado, intentar suplantar a los sindicatos, incluso se dejaron de lado hasta aquellos que tenían una directiva con mayoría del partido oficialista. Por otro, se pretendía crear dos grandes corporaciones que fusionarían en una entidad a las empresas del hierro y del acero, así como se crearía otra corporación para las del aluminio. Total que 17 empresas se convertirían en dos corporaciones, integrando procesos tecnológicos, productivos, logísticos, financieros, de recursos humanos, de finanzas y de mercadeo.  

Lo que tenemos cinco años más tarde es que las empresas básicas son dirigidas casi todas por militares, nombrados por el Ejecutivo, sin participación alguna de los trabajadores; más bien aquellos con formación y experiencia en las áreas de estas empresas, han visto que sobre ellos han nombrado a personas sin conocimiento y sin carrera, en las complejidades de los procesos productivos y gerenciales de estas grandes empresas propiedad de la nación. 

¿Cuáles resultados podemos ver hoy? 

* Las empresas sufrieron al mermar su producción y agudizar su deterioro tangible en lo que se refiere a sus instalaciones;

* También ocurrió deterioro en los valores y la cultura, al romperse tradiciones de ascenso y carrera que, en alguna medida, se mantuvieron por largos años;

* A los trabajadores de base se le hicieron levantar falsas expectativas, y a personas con formación y experiencia se les ignoró;

* Todo lo anterior se convirtió en duros golpes a la identidad construida por los trabajadores con las empresas a lo largo de décadas. 

* El propósito de integración de las empresas en dos corporaciones no se materializó.

* Este intento de cambio generó anarquía y molestia en los trabajadores.

Hoy, ante un nuevo proceso electoral, violando normas constitucionales, laborales y electorales, así como principios de respeto y convivencia, resulta que quienes dirigen estas empresas plantean exigencias, ya no de control obrero, sino más bien de control sobre los trabajadores al obligarlos a una sumisión electoral determinada, así como amenazas directas a quienes tengan legítimas posturas diferentes inclinadas a alternativas electorales diferentes a las oficialistas, como es normal en cualquier sociedad civilizada y respetuosa del trabajo digno o decente, que ha de ejercerse sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, de sexo u otro derecho humano fundamental.

El pretendido control de los obreros en las empresas estatales a propósito de sus preferencias electorales, nos lleva a recordar que con este premonitorio bautizo fue como los mismos trabajadores identificaron la propuesta de control obrero, que fue llevada desde el Ejecutivo a estas empresas en la zona de Guayana en el año 2010.

ASALARIADOS EMPOBRECIDOS

     Para los asalariados, los años 2014 y 2015 han sido los más traumáticos en el esfuerzo por mantener su nivel de vida. Indudablemente que para la sociedad en su conjunto ha venido disminuyendo la calidad de vida, desde los empresarios propietarios de empresas que en muchos casos las mantienen por sobrevivencia, hasta las personas más pobres que comen peor. En el medio están los asalariados formales en sus distintas categorías, tanto aquellos que han tenido buenos empleos o quienes aún teniéndolos son de poca calidad. Es inevitable que en circunstancias recesivas como las actuales, la precariedad laboral se extiende y generaliza hasta en empleos que hasta hace poco eran normales. 

  La falta de una política salarial en función de la inflación lesiona directamente a los asalariados, ya que se mantiene una política como si no estuviéramos con inflación de tres dígitos, solo  con revisión anual unilateral del salario mínimo y además no ajustan a los niveles de inflación, y que tampoco implica mayor ajuste en las superiores en los casos en donde se revisan. Se sigue absurdamente conviniendo el tema salarial por lapsos de dos y tres años, que es la duración de los convenios colectivos, aparte que la obstrucción de la política oficial se ha traducido en una notable disminución de este instrumento de revisión de condiciones de trabajo.   

  Categorías excepcionales que disfrutan de varios ajustes salariales como el de los militares, es uno de los muy contados casos aislados que no se han extendido a las grandes capas de otros asalariados del ámbito público, que aglutina a más de dos y medio millones de trabajadores.  

  La escasez de alimentos y bienes esenciales ha dado lugar a que se multipliquen actividades que consumen porciones crecientes del tiempo laboral y familiar, para acceder a esos bienes ya sea para el consumo en el seno del hogar, como para trueques y reventas. 

  El trueque que anunciaba con entusiasmo el Presidente Chávez en sus largas cadenas, ya lo tenemos por doquier, pero más como problema que como entusiasta actividad de sobrevivencia. 

  Indicadores que en otros tiempos se asociaban con bienestar como los viajes al exterior hoy los debemos revaluar, porque realmente se han convertido en una fuente de ingresos y no en una manifestación de bienestar, ya que gran parte de los viajeros hoy lo hace para ahorrar una parte de los pocos dólares subsidiados adquiridos en el sistema de control de divisas, y que luego sirven para venderlos. En los dos últimos años el dólar paralelo se ha incrementado en cerca de un 1200%. Sin embargo, los recientes extremos aumentos de los pasaje -dolarizados- quitan el poco margen que los disminuidos cupos oficiales aún permitían.

  Quienes han vivido en actividades independientes, sean  los taxistas, los plomeros, mecánicos y tantas otras actividades cuentapropistas, capean mejor el temporal, ya que van fijando sus tarifas al ritmo o hasta por encima de la inflación. Por eso hay un drenaje de asalariados que hacen también de cuentapropistas, o hasta asumen esta última actividad y dejan el empleo asalariado.  

  ¿Que explicaciones tenemos para esta debacle que viven los trabajadores? 

El gran empleador y conductor de la economía, insiste como principal explicación en la guerra económica, y consecuentemente sigue creando controles, estados mayores, inspecciones, intervenciones, persecuciones, pero el problema no se aminora. 

Otra explicación más consistente es la que proviene de la disminución de los ingresos petroleros, y en una economía que se ha hecho más dependiente de ese sólo ingreso, las consecuencias son peores. 

A pesar de lo anterior, no debemos dejar de desconsiderar que somos el único país petrolero en el mundo que la situación actual de precios bajos, ha dado lugar a consecuencias tan extremas para los trabajadores y para la economía en general. Lo que sugiere que no hicimos correctamente lo que había de hacerse en tiempos de altos precios, como fortalecer el aparato productivo y promover otras fuentes de riqueza.  

Se ha venido obstaculizando el desenvolvimiento de los productores nacionales, y a cambio, promoviendo sectores estatales que no han sido exitosos, por lo que finalmente se ha tenido que recurrir a masivas e improvisadas importaciones, favoreciendo a empresarios de otros países. En el presente año, con la merma de los ingresos de divisas hemos importado menos, incluyendo las materias primas para el aparato productivo nacional y consecuentemente menos producción y menos empleos. 

Pero este modelo si ha favorecido a una casta minúscula de gestores, que montan negocios para el uso de dólares subsidiados de Bs. 6.30 o Bs. 12, e inclusive los de Bs.199 por dolar. En  el caminos se pierden recursos, que  no llegan al aparato productivo nacional ni tampoco a la sociedad venezolana.  

Por todo lo que se se observa, terminaremos con un -10 en nuestra economía; con las reservas monetarias en su nivel más bajo; con mínimos inventarios en las fábricas y en los comercios; sin propuestas de cambios en la conducción y manejo de la economía y del país, y más bien con un esquema demostradamente agotado, que hoy descansa su gobernabilidad en más gasto público para algunos sectores, imprimiendo billetes que adquieren cada vez menos.  

En este escenario los asalariados tienen unas perspectivas inciertas en cuanto a sus empleos, el poder adquisitivo de sus salarios, su calidad de vida, y en general sus conquistas históricas. 

El problema no estriba en más decretos y leyes en la tradición que hemos conocido en los últimos años, que provienen de enfoques que aunque invocan a los trabajadores no los toman en cuenta para las decisiones, como los supuestos aumentos de salarios mínimos, la inamovilidad en economía paralizada, los convenios colectivos que se incumplen, las empresas estatizadas que no producen, y las persecuciones y criminalizaciones a quienes disientan.    

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

¿SE ACABO LA NEGOCIACION COLECTIVA EN ENTES ESTATALES?

  Sobre las Convenciones Colectivas el Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, expuso planteamientos en entrevista publicada en la primera edición de Correo del Caroní como semanario -7 al 13 Agosto-. De sus declaraciones se derivan interesantes lecciones para el movimiento de los trabajadores. Veamos algunas de ellas.

A. Renovación de los convenios colectivos vencidos. El contexto de las declaraciones del Ministro fue con motivo de visita a la zona de Guayana, y por tanto se estima que el contexto de sus planteamientos estuvieron influenciados por la situación de dificultades de funcionamiento de buena parte de las empresas básicas.

Sus criterios estuvieron dirigidos a justificar la posición oficial de no favorecer la renovación de los convenios colectivos vencidos o por vencerse. En anteriores oportunidades posiciones oficiales con similares pretensiones pudieron descubrirse y no por voluntad del propio gobierno, tal fue el caso en el 2009, de circular emitida desde la Vice Presidencia, quién siguiendo instrucciones presidenciales, pedía a los directivos de las entidades públicas  que no se comprometieran en negociaciones colectivas, en otras palabras coartando este derecho fundamental. Pero desde antes de esa fecha es frecuente en el sector público, el retraso de las negociaciones de los convenios. Entes estatales que han de velar por los derechos de los ciudadanos, como la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía, hacen caso omiso a estas violaciones. 

  Muchos de los propios sindicatos y algunas organizaciones no gubernamentales llaman la atención, reclaman y protestan por estos retrasos, o mejor dicho por estas violaciones, pero hasta ahora sin generar mayores impactos.  

  En el ámbito privado, las cosas son bien diferentes, ya que las negociaciones ocurren oportunamente y si hubiese retraso, la intervención de la administración del trabajo y de los entes relacionados sí funcionan como lo espera la sociedad y muy particularmente los trabajadores. 

B.  El Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras -DLOTTT- nos trajo muchas novedades regulatorias, algunas celebradas por los trabajadores así como otras muy cuestionadas. Vemos en estas últimas que las Inspectorías del Trabajo, léase el Ministerio, no sólo son los centros de depósito del convenio alcanzado y logrado entre empresas y sindicatos, como se entendía en la anterior legislación laboral e igualmente en los convenios sobre negociaciones colectivas de la OIT, sino que ahora la Inspectoría del Trabajo somete la validez de esta convención a su “conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la homologación. A partir de la fecha y hora de homologación surtirá todos los efectos legales” -Artículo 450-, y que es según este órgano público que el documento entrará o no en vigencia. 

  La intervención restrictiva del ente llamado Ministerio del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, podrá no homologar parte del contenido del convenio colectivo negociado por las actores laborales, por considerar que no está conforme con las norma de orden público -Artículo 451-. El llamado Poder Popular pasó de los trabajadores al Estado, con esto de Ministerio del Poder Popular.

C.  Se afirma que los convenios colectivos vigentes y vencidos están en revisión porque “se establecieron condiciones que las empresas no estaban en capacidad de cubrirlas”. Se infiere que aquí revisión es no negociación sino acciones unilaterales del Ejecutivo, incluso acciones externas a los propios órganos empleadores negociadores de estos convenios cuestionados. 

  Se trata de acciones que minimizan la libertad sindical por criterios que le son ajenos, por un lado  

se trata de empresas cuya gerencia responde exclusivamente a los criterios gubernamentales ya sea el nivel central o local, y por otro lado se carece de estructuras estables y efectivas de relacionamiento entre las partes involucradas en el quehacer productivo, para tener alguna participación e incidencia en el diseño de políticas de carácter macro y sectorial en donde están insertas estas empresas. Temas como precios de los productos, sistemas de distribución y relaciones con el mercado, inversiones, destinos de los productos, adquisiciones, tecnologías, son decididos en instancias a las cuales los trabajadores y sus organizaciones no tienen acceso, y obviamente estas son decisiones determinantes en los posibles resultados financieros y estabilidad de las empresas. 

Hechos como el engrosamiento de las nóminas para incorporar lealtades y militantes políticos, va inevitablemente ahogando toda actividad empresaria, sea pública o privada. Igual que fijarle precio  a sus productos basado en motivaciones ajenas a las necesarias exigencias de todo ente productivo de disponer de recursos para mantener sus instalaciones, su personal y todos sus elementos productivos en condiciones optimas para autosustentarse y aún más para darle al propietarios los dividendos esperados, entendiendo que el propietario es la nación.

En otras palabras no hay un sistema de relaciones laborales que permita el acceso a los trabajadores a decisiones que más allá de las propias empresas inciden en su desenvolvimiento, independientemente de cuales sean los esfuerzos de quienes en el espacio productivo hacen o ponen su parte de compromiso.  

  No menos importante es que ha habido un continuado proceso de ajenidad en la determinación de los Presidentes y equipos de dirección de estas empresas, los que proceden de decisiones totales del poder ejecutivo. En los últimos años la ajenidad se ha sesgado a favor de colocar militares al frente de estas empresa, trayendo más elementos ajenos en la cultura de gestión y de los procesos productivo propios de cada empresa. 

  Finalmente este tema de pretender negar los convenios colectivos firmados, así como tratar de justificar la negación de la negociación de los convenios vencidos o por vencerse es un abierto retroceso en las relaciones de trabajo venezolanas.

ESPEJISMOS EN AUMENTOS SALARIALES

 Estamos próximos a ver en el recibo o en la cuenta bancaria el depósito de un nuevo ajuste del salario mínimo; sería el cuarto del presente año. Recién anunciado este aumento, mas el del bono de alimentación, no percibimos el entusiasmo propio de este tipo de anuncio, y aún más cuando un alto porcentaje de los trabajadores lo que ganan es ese mínimo, más bien lo percibido fue lo contrario, es decir desgano e insatisfacción. Justamente, considerar este fenómeno es el propósito de esta contribución.

 Los aumentos de salario mínimo así como los aumentos genérales de salarios son masivos y tratan de compensar una situación de pérdida de poder adquisitivo. Destacamos que hace muchos años que no vemos un aumento general de salarios. El más reciente ocurrió hace 35 años -en 1980-, resultante de protesta de los propios trabajadores, que forzaron al gobierno socialcristiano de entonces con Luis Herrera Campins como Presidente de la República, a aprobar la medida. 

  En cambio los aumentos por convenios colectivos de una rama o de una empresa, ya tienen más que ver con las condiciones particulares de ese sector o ente productivo. También los aumentos individuales ya tendrían más relación con una política de gestión, que se relaciona con las calificaciones y el desempeño. Pero todos éstos incrementos, sean ajustes sólo nominales o aumentos reales, tienen relación con el trabajo. 

  Por cierto este ajuste del salario mínimo replantea lo niveles acordados en gran cantidad de convenios, porque las escalas sostenidamente se han venido achatando, dando como resultado que casi todos los trabajadores cubiertos están apenas ligeramente por encima del mínimo. 

 El que se hayan producido cuatro ajustes al salario mínimo en lo que va de año, puede llamar la atención, pero aún estos ajustes no logran resolver una situación inflacionaria, que fuentes confiables la ubican en mas de 180%. Lamentamos el papel al cual es sometido el BCV,  a quién no se le permite cumplir con esta función tan necesaria de llevar y publicar los índices. Preguntemos cuantas veces quienes ofrecen productos aumentan sus precios a lo largo del año, en una situación casi hiperinflacionaria, los mismos productos regulados que a lo mejor se revisan una o dos veces, el problema es que gran parte de la población se ve obligada a comprarlos en los mercados negros a precios sin control. Total, no hay aumento del salario mínimo, tan sólo lo que han habido son ajustes insuficientes con respecto a la inflación. 

  Sin embargo, aún reconociendo lo insuficiente de estos ajustas, también hay reconocer el precario funcionamiento de la economía nacional y la desintitucionalización reinante en la toma de decisiones fundamentales para orientar  no sólo la economía, sino en general la vida de la sociedad toda, es decir de los treinta millones de los que aquí vivimos.

  Un aumento o un ajuste como se entiende el presente caso, es un fenómeno que transciende al gobierno de un momento dado, ya que es un asunto que involucra de manera central al sistema productivo, entendiendo a los empleadores y a los trabajadores, así como a entidades del ámbito profesional y académico, por el conocimiento necesario para construir soluciones que van más allá de un ajuste en lo específico salarial, y de una categoría dada, como es la de quienes devengan el salario mínimo, que ya ajustado, es apenas una tercera parte de la cesta alimentaria y no llega a una séptima parte de la cesta básica.

 Si no se mira el ajuste en términos integrales, en forma sistémica, es decir como realmente funciona la economía, estos ajustes tienen entonces un efecto efímero e incluso hasta contrarios al propósito de mejorar las condiciones de quienes están en este segmento del salario mínimo; ya que no dejarán de que ciertos negocios cierren o se achiquen más de lo que están en este momento. 

 Por otro lado,  hay una realidad de parálisis productiva generalizada, tanto en el sector público como en el privado, nos encontramos con cientos de miles de trabajadores que están en nómina y no realizan mayores actividades productivas por el estado recesivo que vive la economía nacional. Un estimación de un -7 a un -10 en el PIB, es a lo que se apunta al cierre del año, que está a la vuelta de la esquina, es decir ya en lo poco que queda para cerrar el año no hay tiempo para detener esta tendencia recesiva, ni siquiera amortiguarla. Habrán decisiones complejas, delicadas, dolorosas y difíciles, que tocará tomar en algún momento para equilibrar el deterioro sostenido que vemos día a día. 

  Gobernar sin tener presente los criterios y las posiciones de los empresarios y de los trabajadores, sin el conocimiento científico universal al cual muchos venezolanos han accedido,  y al mismo tiempo manejar discrecionalmente los ingresos petroleros destinándolos a propósitos que no fortalecen nuestra capacidad productiva, y lo más grave, disponer de una  maquinista para imprimir billetes, elevando la liquidez exponencialmente con respecto a la disponibilidad de bienes y servicios, hace que un ajuste del salario mínimo o de cualquier otro, traigan más bien desgano y no motiven al esfuerzo productivo tan necesario. 

  Teniendo una situación generalizada de miles de centros productivos privados y públicos en parálisis o casi parálisis, estos ajustes parecen más bien expresión de políticas de asistencia social, sustentadas en la impresión de dinero inorgánico, y en un pretendido efecto electoral, vista la cercanía de las elecciones parlamentaria. 

  Es la ejecución de tareas productivas, lo que le da sentido al trabajo, y es lo que da orgullo y fuerza a una población, y así también poder ser parte de las decisiones de su esfuerzo productivo, por la vía de sus organizaciones y de instituciones democráticas en donde se participe sin discriminación, es por ahí por donde ha de verse la cuestión salarial y laboral, para que no sea un espejismo.

POLÍTICA LABORAL SALARIAL EN CONTRA DEL BUEN EJERCICIO DE UNA CARRERA

Las diferencias salariales o de ingresos entre los niveles más altos de la jerarquía, comparado con aquellos numerosos grupos que devengan los montos más bajos, dan lugar a controversiales situaciones que analizaremos.

  Se trata de un indicador que refleja justicia y además combate la desigualdad entre los que laboran en una determinada organización. Sin embargo los diferenciales han de tener presente elementos objetivos en los diversos segmentos de los trabajadores, como son la formación, la experiencia, los riesgos, las responsabilidades, los desempeños, la penosidad y hostilidad de las actividades. Son estos de los factores más frecuentes a tener presente en las consideraciones que le dan sentido a los diferenciales. 

  Estos se analizan mejor teniendo presente los ingresos y no sólo los salarios; clave, si se tiene en cuenta que los altos niveles de la jerarquía de las empresas son beneficiarios de prebendas que representan costos para la organización. 

  Una limitante para hacer estas comparaciones es que los ingresos de quienes están en la alta jerarquía incluyen beneficios confidenciales, que ellos mismos no despliegan, y que por supuesto no son manejados ni conocidos por el resto de los que laboran en un determinado ente productivo. 

  Volviendo a la justificación de los diferenciales, estos, dentro de los límites que corresponden a los distintos sectores y profesiones, juegan un papel importante para el estímulo a la existencia de la carrera de las personas en esa organización o profesión; al mejoramiento profesional, a la búsqueda del mejor desempeño. Por otro lado, cuando son muy estrechos conspiran indudablemente contra estos nobles propósitos laborales. Así también hay que señalar que unos diferenciales abismales generan discriminación e injusticia, ya que al ser muy pronunciados es porque median razones diferentes al trabajo mismo, entre las categorías de la alta jerarquía y los niveles más bajos. 

  Antes de su reestatización en 2007, los salarios de la Cantv se movían entre una y noventa veces en la escala, y ningún trabajador devengaba el salario mínimo oficial nacional, todos lo superaban. Se nos informa que con la re estatización hubo gran expectativa cuando se anunció una política de cierre de brechas salariales, que apuntaba a minimizar el número de veces que el mayor salario superaba al menor, la inmensa mayoría de los trabajadores interpretó que todos se ubicarían mas cerca de la vez noventa, pero después de siete años de agresivo cierre, la brecha efectivamente se redujo, pero los salarios se aplastaron, ahora la diferencia entre el salario mas alto y el mas bajo, es de apenas 2,2 veces. Esto sólo tomando en cuenta el tabulador contractual, por tanto deja fuera a los altos niveles de la jerarquía, sobre los cuales hay total opacidad.

  Lo expuesto es pertinente al analizar las tablas salariales resultantes de las recientes negociaciones de la normativa o convenio colectivo universitario. Los ingresos que se observan en las tablas, tanto en las categorías de obreros, como de empleados administrativos y los docentes e investigadores, los diferenciales oscilan de un máximo del  50% en obreros entre el nivel 1 y el 7 - máximo nivel -, de un 85% administrativos entre el nivel I y el más elevado nivel XV; y de un 70% docentes e investigadores, entre el entrante en la condición de Instructor a dedicación exclusiva, y la máxima categoría -Profesor Titular- en la misma dedicación. 

  Estos diferenciales pudieran variar ligeramente al incluirse algunas primas relacionadas con la antigüedad u otro factor de la carrera. Pero en todo caso es de los diferenciales más estrechos y por tanto menos favorecedor de la construcción y fomento de carrera. Afecta a todas las categorías consideradas y presentes en el conglomerado laboral universitario, pero es definitivamente contra natura que estos diferenciales sean los que se apliquen en la carrera académica, siendo que la misma se caracteriza por un continuado esfuerzo que no sólo se fundamenta en el dominio del ejercicio de las funciones basados en la experiencia, sino que a lo largo de la vida laboral  se van planteando exigencias para poder avanzar en una genuina carrera académica.

  Hay que destacar que sistemáticamente el gobierno ha venido estrechando estos diferenciales en el ámbito universitario. Lo que evidencia que se trata de una política sostenida y deliberada. Claro que en la generalidad de los ámbitos laborales es natural la existencia de diferenciaciones  en el ejercicio. No cabe el igualitarismo, porque el conocimiento, las destrezas, las competencias requieren estudios y ejercicio, y eso significa disciplina y tiempo. El igualitarismo es contrario al esfuerzo, ya que valora por igual el que se cuente o no con capacidad y preparación para hacer las tareas que corresponden a cualquier actividad laboral.  

  Preguntaríamos, ¿cuáles son los diferenciales salariales en entidades del Estado, como Pdvsa, Seniat, Fuerza Armada, CVG, Conviasa, Bolipuertos, TSJ, Cancillería, por señalar algunas?. Para empezar a analizarlo, un primer escollo con que nos encontramos es la opacidad que caracteriza a los ingresos de quienes ocupan las altas jerarquías, todo lo contrario con los niveles bajos y medios de las escalas, cuyos ingresos son del dominio público.  

  Los empleos han venido perdiendo la estabilidad que otrora caracterizó a muchos de ellos, por eso a las carreras y los ejercicios laborales en casi todos los campos del saber se les plantean interrogantes. Pero las mismas requieren procesos genuinos, democráticos y participativos para abordarlos, es decir reconocimientos de actores por su capacidad de representación y no por la ventajosa creación gubernamental, ya que lo que trae consigo es la imposición de actores por la coincidencia ideológica, también es imperiosa la profesionalización en la gestión estatal y el ejercicio de genuinos diálogos sociales.