lunes, 12 de octubre de 2015
LA CARRERA PARA UN SINDICALISMO AUTONOMO Y PROFESIONAL
La fortaleza para la defensa de los trabajadores y sus organizaciones tiene en la educación y la formación sus baluartes fundamentales. De poco valen organizaciones sindicales en donde sus dirigentes no estén formados en los asuntos que interesan a los afiliados. La defensa no es sólo la voluntad, que sin duda siempre es importante, o tener la secretaría tal o cual, o ser el delegado, es imprescindibles e insustituible el conocimiento de los asuntos en donde se desenvuelven las organizaciones, eso es necesario para darle consistencia y coherencia a las acciones sindicales, así como construir planes de acción y desarrollar capacidades para tomar decisiones.
Tanto los patronos como la burocracia gubernamental, tiene gente remunerada con la profesionalidad para tratar los asuntos laborales. A veces la burocracia estatal usa un discurso pro trabajador, pero lo hace con la deliberada intención de sustituir a las legítimas organizaciones representativas de los trabajadores, como son sus sindicatos, que incluso algunos han llegado a afirmar que éstos ya no hacen falta, porque el estado es socialista.
Tanto las empresas como los gobiernos no han visto la formación sindical como su responsabilidad. Entendible totalmente con las primeras, pero lamentable que desde los gobiernos no se haya asumido esta formación, no con fines de control o manipulación, sino como vía para ofrecer condiciones para la formación de un actor central en la actividad productiva y en la vida política. Los gobiernos administran los activos de la nación, y reciben cuantiosos recursos fiscales, que, entre otros fines, son destinados a la educación y la formación, pero generalmente la formación no se orientó para que además de los liderazgos del status quo, en lo ideológico, económico y político, se formaran los liderazgos de los trabajadores en tanto productores y actores sociales y políticos.
En los ingresos posibles para la formación, es destacable lo que representan los cuantiosos montos que transfieren obligatoriamente las empresas al Inces, que alcanzan al 2% del valor del total pagado por sueldos, salarios, jornales y remuneraciones de cualquier especie las remuneraciones; agréguense las contribuciones de los trabajadores, quienes están obligados a tributar al Inces con un aporte equivalente al 1/2% de sus utilidades. Destacamos que para la formación sindical no se destina porción alguna de estos recursos.
Estas ideas preliminares las planteamos a propósito de actividad formativa que viene desarrollándose en varios centros laborales del país -Caracas, Valencia, Ciudad Guayana- a lo largo del presente año. La asociación entre el movimiento sindical, entes académicos y de derechos humanos es la base institucional que ha construido el programa, sus objetivos, metodología del intercambio de saberes y en general los contenidos específicos. Todo ello partiendo de la base que se trata de organizaciones en donde la autonomía es un valor central, y que en los once módulos se desarrollan con perspectiva plural los temas teóricos, operativos y prácticos abordados.
Hay que destacar que la formación sindical no ha gozado de una institucionalidad que de manera estable, le haya brindado a los dirigentes y los trabajadores el acceso a programas para la carrera sindical. Un dirigente que cuente con una carrera en este campo es por auto desarrollo. Mas bien otrora, en las fases formativas del sindicalismo algunas iniciativas que emprendieron los comunistas, socialdemócratas y socialcristianos, cada orientación por su lado, promovió y organizó actividades formativas. Por eso en esas etapas, de los años cuarenta a los ochenta, con el receso de los años cincuenta, la actividad formativa contribuyó a que el sindicalismo se extendiera en casi todo el país y en los más diversos sectores.
Pero parte de su liderazgo se burocratizó, se fue distanciando de las bases, y el esfuerzo formativo lo fue sustituyendo los arreglos cupulares con empresarios y en las esferas gubernamentales.
La revolución bolivariana, aun antes de llegar al poder, ya amenazaba al sindicalismo. Y no le fue difícil ir tomando medidas legales, institucionales, muchas de ellas arbitrarias, para desalojar al sindicalismo existente de los espacios que copaba ampliamente. Incluso las elecciones sindicales obligatorias del 2001, las perdió la revolución bolivariana, entonces esos perdedores que ejercían el gobierno y el poder electoral, optaron sin pudor alguno por no reconocer los resultados. Y peor aún, fomentar organizaciones paralelas desde el gobierno para enfrentarlas a las existentes y promover el caos intra sindical con efectos perversos en la vida productiva y laboral del país. En ese aluvión de organizaciones paralelas que emergieron, su multiplicaron los directivos sindicales, pero en la amplia mayoría de los casos, ninguna formación les acompañó para encarar las nuevas responsabilidades.
Quienes promovieron y participaron de este paralelismo, algunos han rectificado, otros siguen disfrutando de ventajas y prebendas que da el Estado, pero estos mismos procesos de imposición estatal han servido para que la llegada a posiciones y el ascenso en la vida sindical esté cada vez más alejado de la formación, y se sustente más bien en el uso del poder y del apoyo oficial.
lunes, 5 de octubre de 2015
PAROS PRODUCTIVOS SIN CONVOCATORIAS SINDICALES
El país no está en una masiva situación de huelgas o de paros laborales, al menos nadie los ha convocado, salvo por supuesto, algunos conflictos puntuales por los recurrentes temas salariales, de despido y de incumplimiento de convenios colectivos. Pero lo que llama la atención es que cada día se agregan actividades a un estatus que sin ser convocado por las organizaciones laborales sean de trabajadores o de empresarios, al final es similar en términos de parálisis productiva a lo que sería la convocatoria a huelgas o paros laborales. Se puede mencionar que hay casos de convocatorias a paralizaciones, cuando ya el ente o incluso el sector está semi paralizado.
Muchas empresas están paradas parcial o totalmente por no tener materias primas, o insumos necesarios, o equipos de producción que tienen una avería y requieren una pieza o reparación, y mucho de todo esto son divisas para adquirir lo necesario. El modelo de producción endógeno, se hizo más exógeno en estos últimos años. Así también el modelo extractivista se ha acentuado, requiriéndose más importaciones.
Las parálisis son visibles en todas los sectores productivas -primario, secundario y algunas específicas del terciario-. En el primer caso tierras y fincas que eran productivas en cultivos y en cría de animales, que hoy son espacios ociosos o mínimamente productivos. Igual se observa en las actividades de pesca. Resultado, que sin proponérselo los propios actores laborales del campo y del mar, hoy estarían en una situación similar a la de huelga, aunque sin llamarse así.
En el secundario, quizás el más emblemático de los sectores productivos en ser percibido en constante movimiento; sus imágenes típicas son líneas de producción con materiales que van siendo transformados por los operarios, a medida que se desplazan en las fábricas y los talleres. Hoy se cuentan multitud de empresas que ya no existen, otras que han reducido sus actividades, total un cuadro similar a huelgas que no las ha convocado ni los sindicatos ni los patronos.
En el terciario, los espacios del comercio, sean los tradicionales de establecimientos en las calles y avenidas mas comerciales de las ciudades, o en los modernos centros diseñados para la instalación de decenas y cientos de tiendas, organizados para facilitar la actividad comercial y estimular el consumo; hoy, se muestran muchos de estos espacios que se mantienen abiertos con poca mercancía, y otros que ya optaron por cerrar.
Lo que si parece estar congestionado a toda hora son los establecimientos que venden alimentos y productos del hogar, pero no por estar vendiendo más, sino por el nerviosismo colectivo que advierte y siente la escasez. No tenemos los índices correspondientes que debería emitir el BCV, pero nuestro índice lo muestran las colas en estos establecimientos, y sus muy incomodos horarios, como ver colas desde la madrugada.
En correspondencia con lo anterior, una gran cantidad de personas que destinan importantes cuotas de tiempo laboral a la búsqueda de alimentos y productos del hogar, es porque dejan sus ocupaciones en las instituciones en donde son empleados. Se produce por tanto una parálisis oculta de actividad productiva, para algo fundamental como es asegurarse bienes básicos en la vida familiar.
En el transporte vemos que las empresas de aviación, las de transporte terrestre de carga y de pasajeros, reportan la gran cantidad de unidades paralizadas por falta de repuestos. Los afectados pagan sumas escandalosas por piezas para corregir averías. Hay de hecho un paro de transporte por la cantidad de unidades que deberían estar circulando y no lo están.
En la salud, los centros de asistencia a la salud, se reporta la disminución de los actos médicos y odontológicos, de los exámenes y de las cirugías por carencia de materiales. Hay una paradoja, la salud de la población resintiendo más por dificultades alimentarias, de empleo, de generación de ingresos, de sosiego, al tiempo que los centros de salud atienden menos personas.
En las universidades se activan debates que destacan las precarias condiciones para los actos necesarios para la enseñanza y la investigación. Se enseña con notable deficit; se nota más en aquellas ciencias que requieren el uso equipos y materiales. Pero igual en todos los campos del saber hace falta un nivel de funcionamiento de los espacios académicos que se garantice la seguridad, la disponibilidad de los recursos, la certidumbre. Hay un abismo entre las necesidades de la sociedad y la manera como el Estado trata a sus centros de formación de conocimientos.
En la Formación Profesional -INCES-, su extendida estructura de centros de formación en todo el país, se encuentran casi paralizados, no obstante los aportes de empresas y trabajadores y la gran necesidad formativa, que requieren jóvenes y los trabajadores en general.
En la administración pública, que se caracteriza por tener jornadas más cortas y al mismo tiempo porosas, hoy también experimenta una cuota adicional de parálisis resultante de continuado proceso de reducciones de recursos, así como de decisiones contradictorias desde las políticas públicas.
Tanto las centrales sindicales, sabemos que deliberadamente debilitadas por las políticas públicas y haciendo lo necesario para tratar de resolver problemas que le permitan actuar unitariamente, como los gremios empresariales, que de aquel año dos mil dos quedaron temerosos de hacer convocatorias a paros de actividades, hoy todos son testigos de horas, días, semanas de paros de cientos de miles de trabajadores que afectan al conjunto del aparato productivo del país.
Por supuesto que todos estas paralizaciones lesionan a los ciudadanos, a las familias y a las organizaciones productivas, ya que hay menos productos y servicios, lo poco que hay de alguna manera genera tensiones, enfrentamientos, corruptelas, mercados negros, mafias y violencia.
No olvidemos el millón seiscientos mil venezolanos en edad productiva que se han ido del país, y que muy probablemente la mayor parte de ellos estarían engrosando la cifra de parados.
Mientras los ciudadanos palpan todo esto, el BCV, el Ine, MPPPST y otros entes estatales que le deben explicaciones al país, aun no las brindan, y además se nota muy poco esfuerzo para aclarar. El paro de actividades no convocados agrega mas gente y establecimientos cada día.
lunes, 28 de septiembre de 2015
MODELO DE REGRESIVIDAD PRODUCTIVA
Visto los balances del desarrollo económico en los ochenta e inicios de los noventa, hubo en la región latinoamericana replanteos políticos en varios importantes países que apuntaron a alejarse de las recetas de influencia neoliberal. Se estimaba que nuevas propuestas conducirían a un modelo productivo que superaría deficiencias históricas en términos de desarrollo, crecimiento y bienestar. En nuestro caso particular la condena de lo que se había hecho en materia económica y productiva en toda la historia anterior, consiguió levantar localmente expectativas y hasta emociones, y en el exterior se miraba con interés lo que se empezaba a plantear en nuestro país. Transcurridos más de década y media, el balance en cuanto a modelo productivo es poco alentador, hay más bien varias señales de regresividad productiva. Veamos:
1- Se importan cada vez más bienes porque aquí no se producen. Sólo se acusa que se trata de las consecuencias del rentismo histórico, pero se importan bienes no obstante fabricarse en el territorio nacional. Se da la paradoja de plantas paradas o casi paradas, y la llegada de barcos a nuestros puertos con similares productos, cuando esas plantas han estado esperando lo necesario para activarse. En función de lo anterior, se han creado multitud de empresas sólo con fines de importación; empresas sin trayectoria en el manejo de esas líneas. Se desconocen listados de las empresas beneficiarias de estas facilidades.
2- No hay debate público e institucional de los precios que se pagan por las importaciones, donde temas como sobreprecios, sobrefacturación, calidades, y otros aspectos sensibles en los procesos de adquisiciones, y aún más cuando son precipitadas, no forman parte del escrutinio efectivo y sostenido por parte de entidades públicas y/o privadas autónomas para llevar adelante la indagación que proteja las divisas de la nación, así como el hecho de importar alimentos y medicinas con las cuales se expone la salud de la población, y, no menos importante, importaciones que afectan a los productores establecidos en el país, nacionales o no, en esos mismos rubros.
3- Se paralizan plantas de fabricación de bienes, porque no se les asignan divisas para materias primas o elementos necesarios para la manufactura. La asignación además es irregular sin fechas que permitan planificar. No hay bases para que los cronogramas entre proveedores y clientes puedan cumplirse. Empresas han acumulado deudas con proveedores, con quienes se pierden relaciones de confianza comercial, en algunos casos dejaron de esperar y han suspendidos los envíos.
4- Plantas se paralizan porque no reciben los insumos de empresas nacionales como proveedoras, que igualmente tienen problemas con la consecución de los suyos. No se está invirtiendo en capacidad productiva para renovar el parque industrial. Los esfuerzos de mantenimiento se resienten por la misma dificultad de acceso a divisas.
5- En general planificar para las empresas se ha convertido más bien en azar. Mientras en los sistemas productivos más avanzados se sustentan en sistemas de producción justo a tiempo, porque disponen de los elementos necesarios para satisfacer la demanda apenas se produce el pedido, aliviándose las empresas de costosos inventarios de materias primas y productos terminados, permitiendo que las organizaciones sean ligeras o magras, ya que se requieren los factores productivos justo a la demanda.
6- Algunas plantas que venían exportando, por ello fueron acusadas de desatender el mercado interno, y sobre esa base fueron estatizadas. Al poco tiempo dejaron de exportar, luego la producción ha venido bajando, y ahora se importan esos bienes que antes exportábamos.
7- Se estatizan plantas porque se acusa a sus propietarios de ser conspiradores, o de hacer la guerra económica o de saboteadores. Se aplican sanciones, resultados de inspecciones basadas en motivaciones ajenas a lo productivo y económico. Se descalifica a empresarios y a determinadas marcas comerciales. De hecho no se dialoga con los gremios que agrupan a la mayoría de los empresarios, y de hacerse es sobre asuntos muy puntuales, sin un marco o agenda de relaciones regulares. Los empresarios dejan de invertir por incertidumbre, miedo y falta de confianza.
8- Las plantas estatizadas tienden a disminuir la producción, algunas hasta llegan a su paralización, no obstante las ventajas y privilegios en la asignación de divisas, en la permisividad de los trámites públicos y en asegurarles la compra de lo que produzcan. Empresas estatizadas incorporan importantes contingentes de nuevo personal que gradualmente las hace entrar en déficit. En buena parte estas incorporaciones atienden a razones clientelares más que productivas. Las personas a quienes se les nombra para gerenciar o dirigir estas empresas, en muchos casos proceden de actividades ajenas y sin relación con dichas empresas o con el sector productivo en cuestión. Además las condiciones de trabajo tienden a desmejorar, incumpliéndose o congelándose los beneficios de los convenios colectivos.
9- Las incertidumbres en los ámbitos laborales da lugar a las migraciones de personal, muchos de alto talento y calificaciones. Se señala que más de un millón y medio de venezolanos ha emigrado, un alto porcentaje de ellos con una formación para el trabajo, brindada por el sistema educativo nacional que ahora será del aprovechamiento por otras sociedades. No hay señal alguna de programas para establecer vínculos con nuestros emigrados, que permita la eventualidad de sacar provecho de sus experiencias y desarrollos en el exterior.
10- Representantes del gobierno y de otros poderes públicos viajan al exterior y firman acuerdos comerciales que se traducen en nuevas importaciones, que los productores locales desconocen su contenido y por tanto repercute en su estabilidad productiva con efectos en los empleos, salarios, y pagos fiscales que de estar plenamente en producción ingresan en las arcas públicas.
11- Los trabajadores organizados no forman parte regular de ningún esquema de planificación. La convocatoria a ser consultados está mediada por la identidad partidista y no tanto por las calificaciones, ni la representatividad de los dirigentes y sus organizaciones. No hay sistemas consensuados de participación de los trabajadores en la gestión, sólo existen experiencias que emergen en situaciones puntuales al margen de estructuras acordadas con participación de los propios trabajadores, por ello se han ensayado varias experiencias con resultados diversos, pero con predominio de resultados negativos, que se han abandonado sin que se haya profundizado en las razones de los problemas, y así permitir no repetir los mismos errores en otros procesos participativos.
12- Los mecanismos históricos de organización y acción reivindicativa de los trabajadores no son estimulados por las políticas públicas, sino que se promueven otras alternativas que se superponen sobre aquellos, y generan situaciones de fricciones y controversias en el seno de los trabajadores de las entidades productivas.
13- Los centros de formación de talento y de investigación experimentan restricciones que las lleva a invertir sus energías en sobrevivir, ante el acoso de las reducciones presupuestarias y de medidas que les obligan a sacrificar la calidad y la profundización del conocimiento, y así satisfacer contradictorias exigencias gubernamentales que nos alejan de la construcción de bases soberanas de independencia tecnológica y científica, en tiempos de las sociedades del conocimiento.
Lo anterior nos conduce a caracterizar el modelo productivo de regresivo.
martes, 22 de septiembre de 2015
CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES EN LAS RELACIONES DE TRABAJO EN COLOMBIA Y VENEZUELA.
El funcionamiento de las relaciones de trabajo en Colombia y Venezuela ha sido poco estudiado en términos comparativos, muy a pesar del alto intercambio comercial existente entre los dos países, además de los flujos migratorios de uno y de otro lado; tradicionalmente muy numerosos de Colombia hacia Venezuela, pero en los últimos años viene ocurriendo un flujo importante de Venezuela hacia Colombia. En la primera, predomina mano de obra calificada en áreas artesanales y la no calificada particularmente en labores agropecuarias. La migración venezolana predomina en niveles de alta escolaridad y jóvenes.
En función de la importancia que asignamos a esta relación contaremos con una mesa de trabajo para intercambiar sobre el tema, tarea compartida con colega colombiano Fernando Urrea, de la Universidad del Valle, cuyas ideas igualmente se incluyen en el presente artículo.
En otra dimensión, las relaciones entre los gobiernos es inestable, en cuanto se refiere a políticas de acercamiento y armonía en algunos períodos, como de tensiones y dificultades en otros, debido principalmente a los diferentes modelos socioeconómicos, el de Colombia basado en un patrón de acumulación capitalista que sigue de alguna manera la ortodoxia neoliberal, el de Venezuela una organización de la actividad económica bajo el control del Estado y estrictos mecanismos de vigilancia de las actividades económicas de los particulares, y unas políticas de distribución del ingreso focalizadas en las clases populares. Por supuesto, estas diferencias generan repercusiones en la vida de las fronteras, de ellas hay dos que implican grandes contingentes de personas que en su cotidianidad incluyen pasar de un lado al otro, por razones económicas y sociales, se trata la de los estados Táchira y Zulia por Venezuela, y Norte de Santander y Guajira por Colombia.
¿Qué cambios importantes han ocurrido en las relaciones de trabajo en uno y otro país?, es un objetivo de interés, ya que eventualmente es un factor a considerar en las migraciones que ocurren como lo mencionamos.
Ambos países siguen políticas económicas con importantes diferencias en los últimos años, pero acercarse a lo que ello ha influido en sus relaciones de trabajo es un objetivo de interés. Un acercamiento a los rasgos centrales de las políticas económicas y sus impactos en el mundo del trabajo es un objetivo preliminar. ¿En qué medida a pesar de las diferencias en los modelos socioeconómicos se presentan dinámicas de tercerización en los dos países?
Por lo anterior, interesa identificar rasgos del funcionamiento laboral que caracterizan a ambos países, ¿en qué se asemejan y en qué se diferencian?
Las reestructuraciones productivas emprendidas han tenido móviles contradictorios, en Colombia ha sido siguiendo una orientación neoliberal, en tanto Venezuela hay un discurso anti neoliberal pero con propuestas estatizadoras que finalmente desmejoran las condiciones de trabajo, abriendo lugar tanto en uno como en el otro país a tensiones y conflictos laborales. Identificar tendencias en los conflictos laborales, sus móviles y formas de ejercicio es otro elemento de interés.
En ambos casos es necesario describir y analizar las modalidades de tercerización que han dado lugar debido a las reestructuraciones productivas, ya sean en un contexto neoliberal o estatista. ¿Cómo son las prácticas de tercerización en ambos países? ¿Cómo se implementan?
La novedad de este análisis comparativo entre los dos países fronterizos es, precisamente, observar y analizar los cambios de las relaciones laborales en las dos últimas décadas, a partir de la dinámica creciente en las estrategias empresariales privadas y públicas de “des-asalariamiento” y reactivación de las formas de explotación de la fuerza de trabajo diferentes a la clásica.
En ambos países el sindicalismo se desenvuelve en ambientes de dificultades. En Colombia la violencia en contra de sus dirigentes por parte de sectores retrógrados, quienes empezaron sus acciones castigando a aquellos que asumían la lucha de masas en vez de las acciones militares. Resultado de estos fenómenos, su tasa de afiliación, apenas alcanza un 6%. Los niveles de violencia se han venido reduciendo en los últimos años, ya que importantes instituciones están vigilantes de esta anomalía. Entre ellas se incluye un programa permanente de monitoreo por parte de la OIT. Por el lado venezolano, la clásica postura anti sindical patronal se ha quedado pequeña, al lado de la estructura de regulaciones y políticas creadas por un régimen para el que el sindicalismo autónomo no es de confiar.
Los dos países requieren conocerse más en sus mundos del trabajo, sea por la vecindad, así como por la necesaria complementaridad de sus economías y de la vida de sus pueblos, que si bien hoy predominan factores más de orientación militar, que confiamos se encausen por las vías diplomáticas y civiles para lograr una mejor convivencia.
Leer más en: http://www.elmundo.com.ve/Firmas/Hector-Lucena/Idas-y-vueltas-en-las-relaciones-de-trabajo-binaci.aspx#ixzz3mUyAysaZ
martes, 15 de septiembre de 2015
LO LABORAL EN EL CONFLICTO FRONTERIZO
En pleno conflicto fronterizo se llevó a cabo evento “Los estudios del trabajo en Colombia y América Latina” organizado por varias instituciones académicas de Colombia con el apoyo de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo. Como anfitrión del evento, la instalación estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional, Bogotá, Dr en Historia, Ricardo Sánchez Ángel, quién en ese mismo momento con muy sentidas palabras se refirió a este hecho que mantiene atentos a millones de pobladores de ambas repúblicas.
Aquella audiencia integrada por profesores investigadores, estudiantes de postgrado y de pre grado comprometidos con los estudios del trabajo, tuvieron del Decano unas palabras que habíamos de considerar, por lo que empezamos por reconocer la gravedad de la situación y nuestra preocupación porque se encuentren soluciones.
Por supuesto que no se trataba de hacer un análisis del complejo problema, porque ello desborda y va más allá de las responsabilidades que nos llevaron a este evento, que era la de presentar resultados de investigación en estudios laborales, pero sí de reconocer y exteriorizar el pesar que sentimos porque los acontecimientos si bien motivados por irregularidades causadas por grupos armados que han desbordado a las instituciones de ambos Estados, las medidas tomadas por el gobierno venezolano tienen implicaciones en colectivos laborales.
El espectro de los grupos irregulares es diverso, si bien el gobierno venezolana subraya el paramilitarismo, hay que admitir que además hay presencia de las guerrillas organizadas y de delincuencia común, y que algunos se vinculan con intereses políticos, pero también están presente intereses económicos relacionados con narcotráfico, contrabando y otras actividades ilegales, pero lo significativo para el ámbito laboral es que las medidas tomadas del cierre de la frontera así como la declaratoria de estado de excepción han causado dificultades a personas de trabajo, sean trabajadores y sus familias como empresarios que de ambos lados de la frontera actúan en este territorio fronterizo como una unidad geográfico económico y humana.
Cierto que las políticas y situación económica de uno y de otro país, se desenvuelven con sus propias dinámicas, por lo que si bien hasta mediados de la década del noventa, las relaciones comerciales entre los dos países era altamente favorable a Venezuela. Exportábamos mucho más que lo que importábamos de Colombia. La fortaleza y la capacidad de determinados sectores productivos permitía exportar diversos rubros, y por otro lado recibíamos como importación otros bienes, por lo que ambas economías eran complementarias. Pero esta virtuosa relación se ha alterado y hoy no exportamos casi nada a Colombia y por el contrario requerimos de muchos de sus excedentes de bienes. De ahí que cerrar las fronteras nos cierra el acceso a productos especialmente alimenticios que de otro modo, los tenemos que buscar a lugares muy distantes y con costos mayores de precios y de transporte.
Pero siendo los estudios del trabajo la razón de nuestra presencia en Bogotá, un hecho como el cierre fronterizo, y de una frontera muy activa, implica el cierre del traslado de múltiples factores del ámbito laboral, cuya normalidad es pasar de uno al otro lado fronterizo, veamos:
- Trabajadores asalariados, que viven en un lado y trabajan en el otro, y laboran en algunas industrias ubicadas en el lado venezolano, en comercio, y lo más numeroso trabajadores que prestan servicios en ganadería y agricultura.
- Empresarios con propiedades productivas establecidas en cualquiera de los dos países;
- Trabajadores autónomos que con sus propios medios productivos tienen la frontera y al Estado Táchira y el Departamento del Norte de Santander como su habitat para sus actividades económicas;
- Personas que se vinculan con actividades económicas y laborales de empresas del amplio territorio tanto venezolano como colombiano, que han de utilizar la frontera para llevar a cabo actividades económicas legales.
Destacamos estas actividades por ser legítimas y naturales al proceso laboral en todo espacio productivo sea fronterizo o no, pero conscientes que el espacio fronterizo es más complejo. Y de las complejidades que se han acentuado en los últimos años se cuenta el de los diferenciales cambiarios, la depreciación del bolívar y el precio de los productos regulados en el mercado venezolano. La moneda colombiana se ha apreciado con relación al bolívar, que da lugar a que los precios de nuestros productos y servicios sean muy baratos para quien percibe pesos colombianos, así como quién percibe dólares. Los sueldos colombianos convierten a quienes los perciben, en un comprador ventajoso en los establecimientos venezolanos, sean de la frontera o de cualquier ciudad del territorio venezolano. De hecho, el cierre de la frontera lo resienten en la Isla de Margarita casi tanto como en el Estado Táchira, porque el principal flujo turístico proviene de Colombia. El cierre fronterizo trae aparejado para estas poblaciones dedicadas al trabajo consecuencias de las cuales poco se menciona.
Durante largas décadas y hasta hace como mínimo un cuarto de siglo, los venezolanos disfrutábamos iguales ventajas de las que hoy disfrutan los visitantes colombianos en nuestro país. Hay que decir obviamente que para entonces, los trabajadores venezolanos tenían mejores ingresos. Es por ello que muchos ciudadanos colombianos se vinieron a nuestro país, porque existía una ventaja cambiaria y mejores condiciones de vida. Cierto que una parte venían expulsados por la violencia, pero era el móvil menor. Hoy, es la evolución económica la que ha dado lugar al presente contraste, de ahí que esto más depende de como los conductores de la política económica en Venezuela la han manejado a lo largo de estas décadas, que de lo que circunstancialmente esté pasando en la frontera.
miércoles, 9 de septiembre de 2015
INCERTIDUMBRE EN EL PERSONAL QUE LABORA EN TRANSNACIONALES
El contexto venezolano ha sido complejo para las empresas multinacionales presentes en Venezuela a la llegada del socialismo del siglo XXI. En general, ha sido complejo para la gran mayoría de las empresas. Contradictoriamente, sí ha sido beneficioso el contexto que este régimen ofrece para el funcionamiento de un conjunto de ellas que se han creado para participar en negocios con el Gobierno.
Aquí habría que incluir las mencionadas por algunos exministros del régimen -aunque no identificadas- como empresas de maletín, responsables estas empresas de la desaparición de miles millones de dólares.
El negocio más floreciente de las empresas nacidas al calor del régimen, y en general para las de anterior creación, fue que se beneficiaron por su participación en la bonanza que se vivió entre el 2003-2008, y luego entre 2010-2011, pero simultáneamente algunas restricciones de política económica fueron complejizando su desenvolvimiento. De esas restricciones son notorias:
1 El control de asignación-venta divisas usado de manera selectiva
2 La sustitución de empresas existentes por otras vinculadas con los nuevos socios estratégicos del Gobierno (China, Irán, Bielorrusia, Cuba, Brasil, Argentina); y
3 Agréguese a lo anterior los controles de la tasa de ganancia y las rigurosas inspecciones.
Con respecto a éstas los nuevos socios estratégicos disfrutan de amplias libertades en materia de regulaciones laborales, como hasta el hecho de no existir sindicatos en una buena cantidad de empresas trasnacionales chinas, siendo Venezuela un país de larga tradición de activismo sindical, todo lo contrario del caso chino.
El capital extranjero organizado en las empresas transnacionales está presente en todos los países que se planteen un esquema de desarrollo; igualmente, en los países ya desarrollados juegan un papel importante en un doble sentido: por un lado, crean empresas transnacionales; y por otro, son receptoras de empresas que proceden de otras naciones en sus actividades económicas.
Se entiende que tales empresas acumulan experiencias y conocimientos que el país receptor ha de aprovechar de múltiples maneras; por un lado, para ofrecer productos y servicios a su mercado interno; pero también esto puede ir más allá como poder exportar a mercados externos regionales. Además estas corporaciones han de ofrecer oportunidades de empleos y que estos permitan condiciones para el desarrollo de personal.
No obstante los juicios anteriores, connotados analistas exponen algunas reservas al respecto, tal como lo señala Joseph Stiglitz: “A medida que los países en desarrollo y los mercados emergentes abren sus puertas a las multinacionales, se hace cada vez más importante que puedan imponer impuestos a estos gigantes, gravando las ganancias generadas mediante la actividad empresarial que se produce dentro de sus fronteras. Apple, Google y General Electric han demostrado que a la hora de encontrar maneras de evadir impuestos son aún más geniales que cuando desarrollan productos innovadores”.
Está de parte del Estado y de los actores nacionales asegurarse el provecho de estas oportunidades. Bien sea con los aprendizajes tecnológicos y las modernizaciones que ello conlleve, debido a que juegan papel clave los proveedores y los distribuidores asociados, o con la fuerza de trabajo que preste servicios en estas corporaciones y las cadenas productivas. Obviamente, un Estado que no preste atención o sea negligente en estos aspectos, así como el que unos actores laborales no logren constituirse, o si constituidos carecen de capacidades para asociar la presencia de esas corporaciones y su condición de trabajadores con el beneficio y retorno para la sociedad, se vuelven cómplices de ese papel estigmatizado que experiencias cuestionables del comportamiento de empresas transnacionales se han conocido y divulgado de algunos centros productivos de países no desarrollados.
Del lado de los trabajadores, se puede reconocer que, ya desde hace varias décadas, los que están organizados en sindicatos prestando servicios en las transnacionales habían logrado alcanzar buenas condiciones de trabajo en sus convenios colectivos. Por encima de los niveles de la generalidad de las empresas de capital nacional. Este contraste se verá más adelante, como lo destacaremos en el próximo párrafo.
Es notable el hecho que, luego de que muchas de estas empresas fueron estatizadas a lo largo del socialismo del siglo XXI, las condiciones salariales y de trabajo en general, así como de producción, se vinieron a menos. Sin duda, ello es visible en empresas estatizadas de los sectores tanto de fabricación como de distribución de alimentos y bienes hogareños, productos lácteos, cemento, siderurgia y metal mecánico, papeleras. La profusión de estatizaciones se ha extendido a tal punto y con resultados desfavorables tanto para la sociedad como para su propia fuerza de trabajo, que ya hasta los propios trabajadores de una empresa amenazada de estatizaciones exteriorizan su oposición a ser parte del Estado, y lo hacen con igual disposición y visibilidad que los propios dueños.
Para las corporaciones, al principio de las estatizaciones del socialismo del siglo XXI las empresas lograron negociar condiciones de indemnización; luego vino una etapa de nuevas estatizaciones de difíciles acuerdos, lo que ha venido dando lugar a decisiones de organismos de arbitraje previstos en los convenios de inversión de esas empresas, siendo que esas decisiones han significado grandes erogaciones para la nación, la que por cierto hoy no dispone de recursos para cumplir con esos compromisos.
Con lo ya expuesto, tenemos un contexto suficientemente incierto para el funcionamiento de las corporaciones transnacionales, y con ello todas las cadenas productivas de proveedores, distribuidores, así como la fuerza de trabajo que prestas servicios directos como indirectos, lo que lleva a tener presente la incertidumbre para cientos de miles de trabajadores y sus familias.
jueves, 3 de septiembre de 2015
El Salario ni es “social” ni “básico”, es el valor de la fuerza de trabajo
En los últimos años se ha mencionado desde el sector gubernamental un denominado “salario social”. Hay que mencionar que no se conoce que haya habido en el ámbito de las relaciones laborales un proceso de elaboración de la definición del llamado “salario social”, apenas algunas declaraciones de voceros gubernamentales la mencionan, como se ha venido observando desde hace varios años; los dos últimos titulares del despacho laboral la han invocado. En el presente, de manera particular se le ha mencionado en las negociaciones del convenio universitario por voceros patronales, tanto los que representan formalmente al gobierno como representantes oficialistas del lado de trabajadores.
Por supuesto los involucrados en estas negociaciones, que representan autónomamente a los colectivos laborales del mundo universitario centran su atención en el ajuste salarial, en los términos de la legislación laboral que reza “..derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata”… art.98 Dlottt. También el art.104, que define el contenido del concepto de salario, tiene relevancia en favorecer y clarificar de que se trata y que se incluye en el concepto ”Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.”
En cuanto a definir que es el “salario social”, en la literatura hay la tendencia a darle un carácter más bien de asistencia social, ya que se considera que se aplica a aquellas personas que están por debajo del salario mínimo y requieren un complemento para llegar a ese nivel, que como se sabe en nuestra realidad es tan bajo que no cubre siquiera la canasta alimentaria. También se aplica a aquellos casos de personas que no reciben prestación alguna de la seguridad social, porque no tuvieron un empleo para efectuar las cotizaciones. En España el concepto esta muy extendido y discutido, y es equivalente al de Renta Mínima de Inserción o Renta Mínima Garantizada, que atiende a personas con riesgo de exclusión social.
En nuestro medio personas que opinan sobre políticas laborales con posiciones cercanas al gobierno, identifican como “salario social” todo el espectro amplio y diverso de la asistencia social y económica que brindan los programas estatales, lo que incluye el desde el precio subsidiado de la gasolina, pasando por la educación gratuita, las tarifas de el transporte público, los programas de alimentación, becas (ver C. Sainz Muñoz, http://www.eluniversal.com/ opinion/150525/salario-social- 2015). Se observa que es una noción muy amplia, que no coincide con la predominante en la literatura del tema. De aquí que su invocación en procesos de negociación salarial no representa una oferta concreta y que dé solución a las demandas planteadas por los representantes de los trabajadores.
El traer a las negociaciones conceptos genéricos e imprecisos como es el de “salario social” apuntan a diluir la negociación más importante de un proceso de revisión de las condiciones de trabajo como es lo salarial. Negociar los salarios, su revisión y ajuste, es concretamente referirse a los ingresos que se indican en la legislación como tales, y que por otro lado es deber del Estado asegurarse que los programas sociales brinden sus mejores resultados para los cuales fueron creados, sea en la cobertura, calidad y manejo transparente de los recursos públicos. Muy buena falta le hacen a estos programas un monitoreo independiente que contribuyan a clarificar la pulcritud y equidad en la asignación de los beneficios en cuestión. Del parlamento nacional, lamentablemente poca atención le presta a este ámbito de la contraloría de los programas que se manejan con dinero público.
En el pasado hubo igualmente una experiencia desventajosa para los procesos de negociación salarial, que dio lugar al establecimiento y generalización del concepto de “salario básico"; el cual alcanzo una muy amplia difusión en el articulado de los convenios colectivos, siendo que dicho concepto restringía el alcance de lo salarial. Sin embargo acciones movilizadoras del sindicalismo lograron que se redefiniera el uso del concepto de salario y que en los convenios colectivos predominara una noción inclusiva de diversos tipos de ingreso que reciben los trabajadores con motivo de su prestación de servicios, que es la vigente en la legislación laboral venezolana desde hace décadas. En estas acciones jugaron un papel protagónico en los años setenta y ochenta los sindicatos de la General Motors y de Sidor.
Así como ayer el concepto de “salario básico” y hoy de “salario social”, son simples estrategias patronales para minimizar el valor de la fuerza de trabajo, el primero por reduccionista y el segundo por diluyente con pretensión de darle carácter salarial a programas sociales dirigidos a la población en general.
Hemos mencionado que la complejidad de la negociación de los convenios colectivos entre otros factores radica en la diversidad de temas que cubre este proceso, pero que para los trabajadores es fundamental que sea el salario el eje de lo que se acuerde, y no tanto conceptos como lo que se pretende con el llamado “salario social”, que más bien distrae la atención de lo esencial de la negociación misma, como es el precio y la valoración de la fuerza de trabajo.
hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena
En cuanto a definir que es el “salario social”, en la literatura hay la tendencia a darle un carácter más bien de asistencia social, ya que se considera que se aplica a aquellas personas que están por debajo del salario mínimo y requieren un complemento para llegar a ese nivel, que como se sabe en nuestra realidad es tan bajo que no cubre siquiera la canasta alimentaria. También se aplica a aquellos casos de personas que no reciben prestación alguna de la seguridad social, porque no tuvieron un empleo para efectuar las cotizaciones. En España el concepto esta muy extendido y discutido, y es equivalente al de Renta Mínima de Inserción o Renta Mínima Garantizada, que atiende a personas con riesgo de exclusión social.
En nuestro medio personas que opinan sobre políticas laborales con posiciones cercanas al gobierno, identifican como “salario social” todo el espectro amplio y diverso de la asistencia social y económica que brindan los programas estatales, lo que incluye el desde el precio subsidiado de la gasolina, pasando por la educación gratuita, las tarifas de el transporte público, los programas de alimentación, becas (ver C. Sainz Muñoz, http://www.eluniversal.com/
El traer a las negociaciones conceptos genéricos e imprecisos como es el de “salario social” apuntan a diluir la negociación más importante de un proceso de revisión de las condiciones de trabajo como es lo salarial. Negociar los salarios, su revisión y ajuste, es concretamente referirse a los ingresos que se indican en la legislación como tales, y que por otro lado es deber del Estado asegurarse que los programas sociales brinden sus mejores resultados para los cuales fueron creados, sea en la cobertura, calidad y manejo transparente de los recursos públicos. Muy buena falta le hacen a estos programas un monitoreo independiente que contribuyan a clarificar la pulcritud y equidad en la asignación de los beneficios en cuestión. Del parlamento nacional, lamentablemente poca atención le presta a este ámbito de la contraloría de los programas que se manejan con dinero público.
En el pasado hubo igualmente una experiencia desventajosa para los procesos de negociación salarial, que dio lugar al establecimiento y generalización del concepto de “salario básico"; el cual alcanzo una muy amplia difusión en el articulado de los convenios colectivos, siendo que dicho concepto restringía el alcance de lo salarial. Sin embargo acciones movilizadoras del sindicalismo lograron que se redefiniera el uso del concepto de salario y que en los convenios colectivos predominara una noción inclusiva de diversos tipos de ingreso que reciben los trabajadores con motivo de su prestación de servicios, que es la vigente en la legislación laboral venezolana desde hace décadas. En estas acciones jugaron un papel protagónico en los años setenta y ochenta los sindicatos de la General Motors y de Sidor.
Así como ayer el concepto de “salario básico” y hoy de “salario social”, son simples estrategias patronales para minimizar el valor de la fuerza de trabajo, el primero por reduccionista y el segundo por diluyente con pretensión de darle carácter salarial a programas sociales dirigidos a la población en general.
Hemos mencionado que la complejidad de la negociación de los convenios colectivos entre otros factores radica en la diversidad de temas que cubre este proceso, pero que para los trabajadores es fundamental que sea el salario el eje de lo que se acuerde, y no tanto conceptos como lo que se pretende con el llamado “salario social”, que más bien distrae la atención de lo esencial de la negociación misma, como es el precio y la valoración de la fuerza de trabajo.
hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena
Hector Lucena
www.hectorlucena.blogspot.com
www.estudiosdeltrabajo. blogspot.com
Telf. 58 414 425 0933
www.hectorlucena.blogspot.com
www.estudiosdeltrabajo.
Telf. 58 414 425 0933
Suscribirse a:
Entradas (Atom)