FORMACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN

  Desenvolverse en las relaciones de trabajo demanda formación. Es un campo de la vida de una sociedad que juega un papel importante en el desenvolvimiento productivo y económico general. Se trata de la relación y convivencia de capital y trabajo. Por lo que además tiene implicaciones más allá de lo productivo y se extiende a la estabilidad, al progreso y a la justicia de esas relaciones en tanto sus contenidos y madurez contribuyen o no al desarrollo político y social.

  Las empresas son empleadoras de quienes son formados en los centros de educación superior tanto privados como públicos. Elemental tener presente que quienes van a los centros de formación  van con la expectativa de que al concluir, quieren y necesitan conseguir empleo e ingresos para vivir. Esas posibilidades las ofrecen los empleadores, predominantemente los privados aunque en los últimos años el empleo público ha crecido notablemente, pero sigue siendo mucho menor. En algunos campos del conocimiento la inserción laboral es predominantemente en entes estatales, como en educación por ejemplo.

  Visto lo anterior, tenemos que las organizaciones sindicales como aquellas que crean los trabajadores para su propia representación ante los empleadores y ante el Estado, no funcionan como entes empleadores de profesionales, lo que da lugar a una situación de desventaja ante sus interlocutores. En tanto estos últimos destinan porciones importantes de sus ingresos y presupuesto para asegurarse la disponibilidad de equipos de profesionales de las diversas disciplinas que atienden las relaciones de trabajo y sus cada vez más complejos problemas, pero para ejercerlos en su propia representación es decir de la dirección o gerencia,  pero por el otro lado las organizaciones de los trabajadores dependen de los esfuerzos y la voluntad de quienes en su seno muestran interés por la representación. A las desigualdades de poder se agregan estos hechos que ahondan las diferencias. 

  Siendo las relaciones de trabajo actividades estratégicas para los intereses y poderes del patrono y del Estado, es por lo que éstos con mayores recursos y medios se inmiscuyen en los asuntos de las organizaciones de los trabajadores, interviniendo más allá de las relaciones de interlocutores de la vida laboral y productiva, lo que hace a estas organizaciones objeto de un constante acoso que erosiona su autonomía y deforma sus principios y postulados.

  Haciendo un balance de las últimas décadas se observa que  la formación existente en el país en estudios del trabajo y dentro de ello por supuesto lo que tienen relación directa con las relaciones de trabajo, vemos que en las universidades venezolanas al tema se le ha prestado poca atención. Pero como ya lo explicamos, se trata de egresados que van a incorporarse a las filas de las posiciones disponibles en los entes empleadores, de paso cada vez menos por la situación de deterioro productivo sostenido por ya largos años. 

  Se reconoce que en el país se han consolidado algunas instituciones de educación superior que se ocupan de estudiar los temas vinculados al trabajo, y particularmente las relaciones de trabajo. En los últimos años la educación universitaria privada ha privilegiado este campo, pero con énfasis en el enfoque de recursos humanos al servicio de la gerencia. Igual ocurre con la oferta de postgrados. 

  A pesar de la larga historia del movimiento de los trabajadores,  hoy presenta una situación de desventaja con respecto a la formación de sus dirigentes y cuadros en general. Es lamentable reconocer que en el propio ámbito sindical e institucional el balance en materia de instituciones y recursos para la formación es más bien regresivo. Sirva esta reflexión para llamar de nuevo la atención sobre el hecho de que en los últimos años, el sindicalismo venezolano ha venido perdiendo espacios e instituciones que realmente le hacen falta. 

  Una de ellas es la Universidad de los Trabajadores de América Latina (Utal), fundada por la Central Latinoamericana de Trabajadores de América Latina -CLAT- en la privilegiada ubicación de San Antonio de los Altos, en la periferia de Caracas, que sirvió de sede a  una continuada programación de eventos de capacitación, documentación e investigación de temas de interés directo del movimiento de los trabajadores latinoamericanos. De sus servicios se destacaba el centro de información y documentación, hasta su cierre uno de los más completos centros de documentación laboral existente en el país. Su cierre se relaciona con la fusión de dos centrales sindicales de ámbito continental, la Organización Interamericana de Trabajadores (ORIT) y la (CLAT), que dio nacimiento a la Central Sindical de las Américas. Esto implicó también perder otro organismo en nuestro territorio ya que la CLAT funcionaba en Venezuela y fue quién impulso a la UTAL. La otra central sindical continental, la ORIT también estuvo algunos funcionando en Caracas, luego de su mudanza desde México.

Más recientemente la pérdida del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) en Caracas, creado por la CTV en los primeros años de la década del ochenta y cuya crisis tuvo consecuencias directas sobre dicho instituto y en 2012 cerró sus puertas.  Este caso está asociado a divisiones internas del propio movimiento sindical, aunque al momento de su cierre ya había perdido buena parte de su papel formativo. 

  La situación que hoy se tiene en materia de formación de dirigentes y cuadros para  el movimiento de los trabajadores, evidencia la carencia de instituciones y en particular escuelas de investigación y formación en este campo, todo ello ahonda las desigualdades. A las organizaciones de los trabajadores se le plantean dos opciones para avanzar en el tema de la formación, uno hacerse así mismo de su propia formación, y junto a ello hacer alianzas con centros formativos. 

RENOVACION Y DIFICULTADES A VENCER

  Las dificultades de los sindicatos para celebrar sus elecciones así como para llevar a cabo sus actividades naturales como organizaciones representativas de los trabajadores, impone hacer un análisis sobre los riesgos que ello significa para el movimiento y sus afiliados; quienes tienen la expectativa de llevar a cabo sus elecciones sea un proceso natural, fluido, así como la necesidad de funcionar con el mínimo de interferencias, como bien reza el convenio 87 de la OIT aprobado en 1948 y ratificado por nuestro país en 1982.  

  El contexto a considerar en este análisis es observar los mismos fenómenos de renovación y elección de dirigentes en las últimas décadas. En sus orígenes la elección era a manos alzadas, sin registros formales, las relaciones entre dirigentes y trabajadores era cara a cara y en condiciones de plena o cuasi clandestinidad por la persecución estatal y patronal. Además, tengamos en cuenta que no habían mayores estructuras ni en el seno del sindicato, ni en general en el Estado para la realización de elecciones. 

  Sin embargo la propia práctica política y democrática, así como el ensayo y el error permitió ir creando mecanismos propios que fueron construyendo una representación que nacía de sus afiliados, que era la esencia del asunto. Pero en la medida que el Estado y las fuerzas que lo controlaban sintieron que la autonomía en la determinación y renovación de sus dirigentes era un asunto de su incumbencia, se planteó la controversia entre autonomía e intervencionismo, y ese es el dilema que interfiere y atrofia los procesos electorales  sindicales. Por otro lado, ideológicamente el marxismo-leninismo considera que el sindicato es un apéndice del partido, consideración que otras corrientes también asumen y practican, es decir que quienes acompañan la creación y organización de los sindicatos de una vez lo ubican como un apéndice partidista. 

 Importante tener presente que los sindicatos son anteriores al ministerio del ámbito laboral, así como a la entidad que se creo para organizar las elecciones de los poderes públicos, hoy el Consejo Nacional Electoral, la que como se sabe tiene atribuciones en la los procesos electorales sindicales, siendo éstas organizaciones ajenas a los poderes públicos. 

  Recordemos que la intervención de un órgano como el CNE en elecciones sindicales no tiene mayores antecedentes en la historia laboral venezolana. Lo que si cabe mencionar ha sido la disolución de sindicatos en 1944, 1949, 1950 y 1963. En todos los casos mediaron razones políticas. Es temerario asociar la intervención del CNE con procesos de disolución, pero lo que es un hecho concreto es que la llamada mora electoral, que tiene relación con que el  CNE no haya dado el visto bueno a la  convocatoria a elecciones o reconocido los resultados en la gaceta electoral correspondiente, es de hecho una intervención del sindicato, porque lo inmoviliza en sus acciones naturales de defensa de los afiliados ¿A quién beneficia esto? El poder que tiene el CNE en elecciones sindicales resta equilibrio en la vida de las organizaciones de los trabajadores. 

  Toda institución requiere autonomía para decidir sobre sus liderazgos. Su ejercicio es vital para la defensa de los intereses de los afiliados. Es un ejercicio democrático para confirmar o para renovar, es un principio que al obstruirlo se lesionan intereses de los colectivos afiliados. La reforma constitucional de 2009 permite la continuidad para el ejercicio de autoridades electas en los poderes públicos, pero el Estado obstruye este mismo derecho para organizaciones privadas, como es el caso de las organizaciones sindicales. En el fondo que existan límites a la continuidad en el ejercicio de cargos de representación es saludable, para contrarrestar las ventajas de las que suelen aprovecharse quienes gobiernan y convocan a elecciones, incluso administrándolas. 

  Hoy decenas de organizaciones sindicales no pueden organizar sus elecciones por obstrucción de controles estatales, cercenando su ejercicio democrático. De lo que derivan desventajas, ya que merma la representación de los afiliados, lo que da lugar a una pretensión gubernamental de asumir su defensa, lo que plantea una bipolaridad; por un lado si el escenario de la acción laboral es ante un patrono privado, entonces el órgano gubernamental ejerce una defensa diligente, pero en el fondo ello minimiza el papel y razón de ser del sindicato. Y en el otro extremo, el escenario donde la acción sindical es ante un patrono estatal, aquí lo dominante es que los derechos de los trabajadores se diluyen ante unos poderes que no distinguen entre lo que es gobierno y lo que es estado, dando campo al ventajismo y la discriminación.

LA IMPROVISACION EN LA PRODUCCION: COOPERATIVIZACION ARTIFICIAL

 Sobre la implementación de formas organizacionales para la actividad productiva, el amplio repertorio de los últimos años ha incluido la cooperativización de actividades que se venían ejerciendo al interior de las entidades de trabajo, lo que ha conllevado la externalización de actividades. También se han cooperativizado actividades que se venían ejecutando por empresas unipersonales, familiares, y de varios socios que previamente se organizaban en compañías o sociedades anónimas.

    Los propulsores de la cooperativización creyeron que formar cooperativas era fundamentalmente un problema burocrático de recaudos, a lo mejor algunas reuniones de orientación y transmisión de algunas explicaciones para llevar a cabo los trámites de registro. Creyeron que dado el carácter de amplitud y estimulo que la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fomentaba, se tenía asegurado el camino para transitar hacia un autentico esquema protagónico en la producción de bienes y servicios.

    Con muy justificada perspicacia los cooperativistas auténticos, es decir aquellos que venían haciendo cooperativismo sin ayuda estatal, y enfrentando las dificultades de desenvolverse en un sistema económico más diseñado para las empresas convencionales, con énfasis en el protagonismo del capitalismo de estado; pero que aún así mantenían un modesto espacio de actuación asociativa y productiva efectiva a lo largo de varias décadas.   

   Traemos esta introducción al análisis para asociarlo con un caso de corrupción que ha sido muy divulgado, nos referimos al escándalo de corrupción a propósito del manejo de la Alcaldía de Valencia, la tercera ciudad más importante del país, ha implicado entre otros dimensiones el uso y abuso de la figura cooperativa. El ministro de Interior y Justicia, reveló que “el ilícito se cometió a través del uso de 14 cooperativas administradas por el hijo del alcalde, a través de las cuales se pagaban servicios personales, para adquisición de vehículos, servicios médicos y tarjetas de crédito y levantamiento de obras en el municipio”. El ilícito incluía que se les cancelaba a los dueños de estas cooperativas Bs. 2.500 a cambio de la entrega de sus instrumentos bancarios como chequeras firmadas en blanco, y tarjetas de débito. Estas empresas, además de cobrar por servicio a la Alcaldía, cobraban de forma independiente para el pago de transporte y demás”

    Véase que las cooperativas en cuestión tienen dueños, pero no se trata de los trabajadores asociados que colectivamente han entregado su certificado de aportación y el trabajo asociado para hacer y sostener el capital con el cual se presta un servicio o hecho productivo de necesidad para la sociedad. Se trata de personas que han aprovechado la política pública de un fomento desordenado e improvisado de esta figura. Es por ello que del 2002 al 20012 se llegó de un mil a trescientos mil cooperativas. Imposible que esto sea un proceso auténtico de cooperativización. No hay capacidad para tal crecimiento. Por ello hoy ese número es una ficción. Claro que existen las credenciales y registros ante la Superintendencia de Cooperativas, que pueden dar lugar a hechos falsos y abusivos de la histórica figura cooperativa, como lo visto en la Alcaldía de Valencia.   
           
    Lo que se ha hecho público en la Alcaldía de Valencia con relación al uso y abuso de las cooperativas no es un fenómeno excepcional. Con credenciales y registros de cooperativas hay innumerables abusos en la actividad productiva ficticia y real; así como en el ámbito de entes estatales como en el de empresas privadas. Hay un enorme proceso por hacer de decantación en la esfera de la cooperativización. Tan sólo en las alcaldías de todo de país, si se hiciera el mismo esfuerzo de investigación que se ha hecho en la de Valencia, se toparían unos investigadores que estén animados por cuidar los recursos públicos y vigilar el buen uso  de las instituciones, se encontrarían con grandes sorpresas. Eso sí pongamos a un lado las vinculaciones de aprovechamiento electoral.  

   La generación exponencial de miles de cooperativas de reciente creación, que procuran  obtener los beneficios preferenciales de contratación con el Estado, para acceder a una cuota del enorme gasto público, o simplemente eludir las responsabilidades patronales que implica una sociedad mercantil convencional, ha tergiversado el sentido propósito o razón de dichas organizaciones, siendo muchas de ellas, simples organizaciones de estructura vertical con clara división del capital con respecto al trabajo, y con fines exclusivamente lucrativos.

    La reacción del gobierno nacional ante esta realidad, que trastoca el objetivo ideológico inmerso en el fomento del cooperativismo, es declarar la inutilidad del cooperativismo como instrumento transformador de la sociedad, sustituyéndola con una entelequia llamada “Empresa de Producción Social”, figura que se difumina en las prácticas propias del Capitalismo de Estado. En todo caso el problema de fondo con las nuevas “seudocooperativas” es la cultura cooperativa en sí misma, los valores y principios que las caracterizan, y si ese elemento de fondo no es atendido, todas las políticas que se sustenta meramente en la ideología sin asidero en la realidad, están destinadas al fracaso.

    En lo positivo de esta experiencia hay que destacar que luego de poco más de una década de multiplicación de cooperativas, hoy hay cuarenta veces más cooperativas autenticas que al inicio de este proceso, que muchas de ellas han servido a las familias y a los trabajadores cuentapropistas a adoptar una figura jurídica que cuenta con apoyo amplio de políticas públicas. Igual cabe afirmar aunque sin suficiente asidero de investigación y de suministro de información de los entes estatales, que al ser el fomento cooperativo una  política mas bien asistencialista, sectores de modestos recursos pudieron resolver problemas y necesidades con estas asignaciones.

    Casi en su totalidad el movimiento cooperativo existente antes de este proceso, se mantuvo al margen de la asignación de los recursos dadivosos del Estado. Algunas experiencias de asignación de estos recursos, también comprometían la autonomía del movimiento cooperativo.  

   Hoy en la llamada “guerra económica” se anuncia nuevas formas y ajustes organizacionales productivas, sirva la poco efectiva política de cooperativización forzada para reiterar que el país se construye con mas dialogo y menos improvisación.

VALORACIÓN DEL TRABAJO Y EXPECTATIVAS DE LOS JÓVENES

  El interés por comprender los mercados laborales es un desafío permanente en los estudios del trabajo. Simplificado al máximo el problema en cuestión sería estudiar la oferta y la demanda de el trabajo de la gente. Con las personas y sus aportes a la creación y mantenimiento de riqueza, convertida en productos y servicios de consumo social, se han hecho históricamente los más profundos esfuerzos de comprensión de las sociedades. Sin embargo en la economía también hay un conflicto entre la creación de riqueza fundamentalmente por vía del trabajo y otros enfoques que minimizan su contribución en favor de considerar al capital como factor predominante, hasta el extremo de apuntar hacia el dinero mismo como el determinante, tal es lo que ha dado lugar a la financierización y a la especulación.  

  Venezuela es un caso donde se vive una etapa que factores de política económica vienen dando lugar y favoreciendo una infra valoración del trabajo. En las cuentas nacionales el trabajo vale cada vez menos, en favor y comparación con la propiedad de bienes físicos o de otra naturaleza.

  La infra valoración del trabajo determina que para adquirir un vehículo o una vivienda se requiere un determinado número de salarios, sean mínimos o promedios según la estructura salarial del país. Vemos que cada día este numero de salarios ha de ser mayor para lograr dicha adquisición. Entonces, teóricamente estamos ante el hecho de que el trabajo en nuestra sociedad cada vez vale menos. Los venezolanos que emigran y logran insertarse en los mercados laborales de otros países, y no necesariamente desarrollados, dan debida cuenta de este fenómeno al comparar lo que ganan y lo que pueden hacer con esos ingresos.

  En una economía de escasez y desabastecimiento, quienes tienen la capacidad productiva de generar los bienes y servicios en situación crítica se colocan en una situación ventajosa. Pero dos condicionantes generales han de estar presentes, primero que producir no es un hecho aislado sino que requiere entender la naturaleza sistémica de la acción productiva, y segundo que es necesario disponer de contextos y condiciones adecuadas para producir. Lamentablemente la manera como funciona el país y particularmente como está dirigido en estos últimos años nos coloca lejos de materializar estas condiciones. Un campo abierto para la financierización, especulación y la corrupción desvaloriza el factor trabajo.  

  Este contexto exige atender la situación del trabajo, entenderlo para proponer elementos de estudio y de acción por parte de las instituciones. Y uno de los sujetos que demanda preferentemente su comprensión es el de los jóvenes, para quienes situaciones complejas e inciertas para sus expectativas determinan tentaciones que van desde la desesperanza hasta la emigración a otras sociedades, perdiéndose en aquellos ya formados un apreciable capital humano.

  En el libro "Trabajo decente y juventud en América Latina. Políticas para la acción" editado por OIT, se destaca que estamos en un momento que nuestros jóvenes si bien "más educados que las generaciones previas, con un mejor manejo de las nuevas tecnologías y una mayor adaptabilidad en comparación con los adultos, tendrían mayores oportunidades de acceder a mejores condiciones laborales y trayectorias laborales ascendentes". Sin embargo, según datos de la OIT sobre trabajo decente y juventud, una serie de obstáculos impiden el aprovechamiento pleno de estas ventajas. No obstante los logros alcanzados en algunos indicadores laborales, la precariedad de la inserción laboral de los jóvenes continúa siendo una característica persistente en la región. "Entre 2005 y 2011, el desempleo de los jóvenes de 15 a 24 años se redujo de 16.4% a 13.9%, triplicando la tasa correspondiente a los adultos. Si bien esta reducción del desempleo es positiva, los jóvenes desempleados representan más de 40% del total de los desempleados de la región."
 
  En nuestra situación nacional sobre los jóvenes y su situación laboral destaca la Encuesta Nacional de Juventud 2013 desarrollada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAB, de los varios aspectos de los jóvenes se incluyen los temas relativos a la educación, la inserción y situación laboral, los niveles de autonomía económica. Muchos otros temas relevantes de la vida de los jóvenes se abordaron en esta encuesta, pero relevamos los anteriores por su directa vinculación con el mundo de el trabajo.

  Los responsables de la elaboración de esta encuesta promueven la presentación de sus resultados y escenarios en donde predominen los mismos sujetos encuestados, organizaciones de jóvenes de diversas áreas, así como que ello sea una oportunidad para el intercambio y la reflexión de los resultados y las realidades de diversas ciudades y regiones en donde se celebran estas presentaciones. Ya en Valencia hemos fijado fecha el próximo cuatro de marzo. Otras importantes ciudades del país, Mérida, San Cristobal, Barquisimeto, Ciudad Guayana y Caracas, igualmente serán escenarios para estas presentaciones.

  Desde el gobierno el pasado noviembre en el marco de ley habilitante emitió Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para la Juventud Productiva No. 1392. En pasada contribución nuestra de octubre 2014 (http://hectorlucena.blogspot.com/2014/10/propuestas-de-empleo-y-de-futuro-para.html),  se destacó la carencia de discusión por un lado la parlamentaria, y por otra con los distintos sectores vinculados. De todos modos ya está vigente, y aun mas este decreto en su única disposición transitoria le exige a los ministerios con competencia en materia de trabajo y juventud que "deberán presentar al Presidente de la República, en un lapso no mayor de noventa días ...los planes y programas correspondientes". Los noventa días corren a partir del 13-11-2014, por lo que muy pocos días restan para su vencimiento. Las organizaciones de jóvenes así como aquellas instituciones cuyas funciones se vinculan con ellos habrían ya de haber sido consultadas y consideradas.

ANUNCIOS LABORALES E INCONSISTENCIAS

   Los países que viven de la exportación de petróleo, los llamados petroestados, de acuerdo a resultados de investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales se caracterizan por una débil institucionalidad (Terry Karl). Nosotros los venezolanos y quienes aquí viven, nos acostumbramos a convivirla y hasta ser parte de esta débil institucionalidad que nos rodea y gobierna.

  Evidenciemos lo anterior por la vía de recordar los criterios y parámetros bajo los cuales se aprobó el presupuesto de la República para este año 2015:

“En el presupuesto se contempla una inflación entre 25 y 30%, un crecimiento de 3%, un tipo de cambio de 6,30 bolívares y un barril de 60 dólares.. las directrices del Presidente, Nicolás Maduro, se orientan a la creación de condiciones macroeconómicas favorables.. El presidente de la Asamblea Nacional… destacó que el Presupuesto 2015 se estableció en función del pueblo venezolano y recordó que ´Chávez decía pongan el barril de petróleo a 0$ y el pueblo no sufrirá las consecuencias, serán los privilegiados´“. (El Universal, 28 de octubre de 2014).

  Que lejos están las expectativas que se fijaron para elaborar este presupuesto del 2015 y lo que apenas empezando el año ya evidenciamos ! tamaño contraste !. Es decir que el presupuesto tendría que ser modificado radicalmente apenas en la primera semana del año. Veamos que quienes hacen estudios sobre la inflación la estiman en 4 o 5 veces más que nuestros elaboradores del presupuesto. Con el crecimiento de la economía, los organismos internacionales especializados lo ubican en -6%.  La paridad del dólar se fija a 6.30, ya se ha mencionado que  esta tasa sólo refiere a algunos alimentos y medicamentos, pero el tipo de cambio para el resto de lo que requiere la sociedad está en el limbo ¿?; finalmente el presupuesto se calculó con un precio del barril en 60 $ y sabemos que arrancamos el año con un precio por debajo de 40 $. De aquí que lo que tenemos por delante no es una crisis, sino más bien una catástrofe. El país se mueve sin brújula.

  En este orden de criterios administrativos afirma el  Presidente de la Asamblea Nacional “se garantiza el incremento del salario mínimo .. mientras la revolución esté gobernando.. seguirán aumentando el salario mínimo de los trabajadores venezolanos. Igualmente agregó  "En 15 años nunca se le ha dejado de pagar a los pensionados y las pensionadas gracias a la fracción revolucionaria. Siempre se han garantizados los recursos para el pueblo”

  Se observa que salarios mínimos y pensiones, son dos estandartes asumidos por la política oficial para llenar pancartas y discursos. En documentos de propaganda es frecuente leer que tenemos el salario mínimo más alto de América Latina. El cálculo es tendencioso, ya que se divide el salario mínimo entre 6.30, como si todo lo que consume el trabajador esta puesto en el mercado con esa tasa cambiaria. Apenas se use otra tasa de cambio, sin necesidad de llegar a la del mercado negro, nuestro salario mínimo se va al foso en las comparaciones regionales.

  Las remuneraciones en el país tienden a ser cada vez más de apenas un salario mínimo, porque muy poco se hace para incrementar los niveles salariales superiores. Año a año los trabajadores experimentan desmejoras de sus salarios reales; los trabajadores venezolanos llevan más de tres décadas de reducción; desde 1981 en adelante no se conoce lo que es una mejoría de los salarios reales.

  El mecanismo idóneo para revisar los salarios por encima del mínimo, así como las escalas y los tabuladores para los trabajadores según calificación y experiencia cada vez funciona menos, nos referimos a las convenciones colectivas. De mas de un mil quinientos convenios firmados anualmente en promedio en la década del ochenta, hemos pasado en los últimos años a poco mas de cuatrocientos anualmente. De esta manera la abierta obstrucción gubernamental  a la libertad sindical rinde  sus frutos a los empleadores públicos y privados.

  Con las pensiones, se vive una situación frágil cuando frecuentemente se recurre a la emisión de créditos público para poder completar el pago de las mismas. No existen fondos que aseguren su pago. La institucionalidad es casi inexistente.

  El único fondo que podía tener el músculo financiero para brindar certidumbre a sus afiliados, como era el de los petroleros fue esquilmado por directivos puestos por Pdvsa para administrarlo. Quinientos cuarenta millones de dólares de este fondo están en situación de riesgo. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tiene que ver con las autoridades venezolanas, todo es en EEUU, que por razones fiscales intervinieron. En cambio aquí no ha pasado nada. Para este caso, nuestra institucionalidad no existe.

  La abierta debilidad institucional se confirma cuando se anuncian en la presente semana aumentos de salarios mínimos, que apenas semanas antes al aprobar el presupuesto de este año no aparecen por ningún lado. Igual inquietud se levanta sobre los impactos del salario mínimo en pensiones, jubilaciones, programas sociales, y no se indica la disponibilidad de recursos. ¿De que fuente emanarán?. Igual ocurre con el incremento de trescientos mil nuevos pensionados.

  Gobernar una sociedad requiere mayor institucionalidad. Que si de revisiones del mínimo salarial se trata, así como de pensiones y jubilaciones, son asuntos muy serio para ser manejado con tanta orfandad institucional. La conexión natural de estas categorías laborales con políticas macroeconómicas, con precios, producción, productividad, gestión eficiente de empresas y sectores, empleos, participación, democracia y libertad sindical son fundamentales, y la debilidad institucional pretende manejarlas como estandarte para pancartas y discursos.

hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena

LA DISYUNTIVA ENTRE MAS O MENOS DEMOCRACIA. La suspensión de elecciones de Sutiss.

   18-01-15

  Cuando los intereses de empresas o instituciones de la república, los del gobierno y los del estado se integran limitando o lesionando los que corresponden a los trabajadores, los jóvenes, o a los vecinos, o a cualesquiera sector de la sociedad civil, estaríamos en una situación opuesta a lo que comúnmente identificamos como golpe de estado, que como sabemos es una acción contra el estado de derecho y su recto ejercicio. De lo que aquí destacamos es un golpe contra quienes no tienen el control del gobierno ni del estado, ni obviamente la amplísima mayoría de las miles de entidades estatales, sino sólo su conciencia y comportamiento cívico.  

  Aquí es notable destacar que si desde el gobierno y el estado se confabula para limitar o lesionar los derechos de miembros de la sociedad civil a ésta se le plantean interrogantes bien delicadas, empezando por preguntarse ¿a quien recurrir?.  Cada vez con mayor frecuencia los afectados por abusos gubernamentales y/o estatales se ven empujados a mirar hacia el exterior, así como extremar la agudeza y el ingenio para encontrar alternativas en nuestro propio contexto. Con lo primero, las entidades de los organismos multilaterales reciben frecuentemente quejas de ciudadanos y organizaciones lesionadas en esta situación nacional. En el ámbito de los derechos humanos y de las violaciones laborales hay un inventario importante, en algunos casos con pronunciamientos concretos y del conocimiento del gobierno y estado venezolano, pero sin responder éste a sus contenidos. 

  Este comportamiento contrasta con lo que fue el inicio de la revolución bolivariana, que marcó hitos en su innovación en materia política y de participación popular. Un enfoque participativo propiciado por la Constitución se tradujo en un conjunto de políticas, leyes e innovaciones participativas que fueron evolucionando con el tiempo. Como lo destaca Margarita López “En una primera etapa, entre 1999 y 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez estimuló la apertura del aparato del Estado a múltiples experiencias para la cogestión en políticas públicas con las comunidades organizadas”. A estas propuestas la sociedad respondió entusiastamente, todo en concordancia con procesos electorales nacionales, regionales, municipales que mostraban la satisfacción de la mayoría de la sociedad con las innovaciones. 

  Sobre estas primeras experiencias participativas, luego se produce un notable cambio, que ha dado lugar a interpretaciones polémicas y contradictorias del texto constitucional. Sin dejar de destacar el emprendimiento de su reforma a través de referéndum, un primer intento en el 2007 cuyo planteamiento central era el socialismo del siglo XXI y la reelección indefinida del Presidente de la República, con un resultado fallido para el gobierno. Luego se concretaría en un segundo intento en el 2009, una reforma constitucional en donde la propuesta se redujo a la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. El enfoque participativo empezó a reducirse, y las interpretaciones constitucionales de quienes gobiernan van limitando los espacios ganados, así como las expectativas levantadas de una mayor democracia. 

  Estos párrafos anteriores se exteriorizan al observar las restricciones al ejercicio democrático de instituciones de la sociedad, las que siguiendo sus estatutos y sus tradiciones participativas se les colocan obstáculos y zancadillas que le limitan su ejercicio democrático y participativo. En ese orden se observan los procesos electorales que múltiples organizaciones de la sociedad civil se plantean para la renovación de sus liderazgos. Destaca el caso de las universidades que tienen la tradición de elegir sus autoridades rectorales, decanales, consejos en todos los niveles, estudiantiles y gremiales. Ya van varios casos de universidades que hacen los esfuerzos para sus elecciones internas  (UCV, LUZ, ULA, UC, USB, UNET) y a última hora la sala electoral del TSJ las suspende, por la acción a veces de hasta unas pocas personas, en comunidades de decenas de miles de miembros, dejando una situación de vacío. 

  El contraste mayor de estas obstrucciones al ejercicio autónomo de la democracia, es que en todas las universidades creadas por el gobierno en estos tres lustros, más aquellas anteriores que gobierna sin autonomía, nadie es elegido por las comunidades sino que son dirigidas por autoridades impuestas por el gobierno, en muchos casos con abierto rechazo de las comunidades a ser gobernadas. El  mundo universitario acumula experiencias participativas desde 1958, que han superado el autoritarismo.

  En el mundo sindical los procesos de cierre de los espacios democráticos han sido persistentes. Haber permitido la intromisión al CNE en los asuntos electorales de los sindicatos, ha sido un caballo de Troya para invadir y limitar el ejercicio democrático. Las organizaciones sindicales recientemente han hecho sus esfuerzos y han enfrentado esta intervención, pero aun persisten sectores de trabajadores liderados por corrientes que se rinden ante el poder gubernamental y ceden sus principios y autonomía. Además el ministerio del ramo, ha sido un militante actor de la construcción de un movimiento de los trabajadores más al servicio de la revolución que de los trabajadores.  

  El comportamiento estatal no ha sido tan expedito en responder a las peticiones de los trabajadores y sus organizaciones, quienes promovieron formalmente acción de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, consignada en Diciembre del 2013, y por tanto más de un año sin recibir respuesta sobre el recurso que introdujeron contra 15 artículos del Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, por considerar que violan la libertad sindical. 

  El análisis viene justo cuando inesperadamente para el entusiasta colectivo laboral sidorista, concluyendo su intensa y concentrada campaña electoral, se le pretende suspender el ejercicio democrático de renovación de sus cuadros directivos. Además reconocer que el lapso de quienes han gobernado el sindicato esta extendido más allá de un año de la fecha reglamentaria, explicable por una situación extraordinaria de conflicto laboral sobre asuntos fundamentales del interés de los trabajadores. Vale recordar un hecho histórico reciente, en octubre 2001 se impusieron desde el Estado unas elecciones sindicales obligatorias, y uno de los pocos sindicatos que se abstuvo de realizarlas por considerar que debía seguir el mandato de sus estatutos fue Sutiss, ello le dio una fortaleza moral en todo el movimiento laboral venezolano.   

   

PARO PETROLERO DEL 2002: LESIONES Y LECCIONES

En este mes se cumplieron doce años del paro nacional convocado por Fedepetrol, CTV y Fedecámaras el día 2 de Diciembre de 2002 y que luego de dos meses fue levantado con un resultado que dejó lesiones, lecciones y muy poco resultados ventajosos para los contendientes en la confrontación.

Para aproximarse al análisis de este incidente político y laboral de nuestra historia reciente, un primer elemento a considerar era la alta conflictividad abierta suscitada en el último año previo a la convocatoria del paro. Este del 2 de diciembre del 2002 venía precedido de la realización de tres paros nacionales, el primero de una jornada laboral - 12 horas- el 6 de diciembre del 2001, convocado por Fedecámaras, al cual CTV se adhirió. Se protestaba la acción inconsulta al aprobar un paquete de 49 leyes con contenido económico la mayoría de ellas, en el marco de la primera ley habilitante otorgada al Presidente H Chávez.

  El segundo paro nacional fue por el nombramientos de directivos de Pdvsa, sin tener presente la meritocracia que los empleados de en Pdvsa reclamaban como una condición laboral por usos y costumbres en la empresa, fue durante tres días a partir del 9 de Abril del 2002 y finalmente el paro luego se convirtió en una protesta nacional y aún más en una situación contradictoria, en la que el militar del más alto rango en la fuerza armada el  General Lucas Rincón, el único de cuatro soles, acompañado de los jefes de las cuatro fuerzas,  anunció al país la renuncia del Presidente de la República. En ese momento el paro de origen laboral pasó a ser un incidente secundario al lado de una supuesta renuncia presidencial. Hay quienes sugieren que lo laboral fue premeditado para hacer emerger una situación de violencia de calle. Interrogantes y respuestas  siguen latentes.

  Por cierto el General Lucas Rincón no fue objeto de ninguna represalia, gozó del beneficio y generosidad de no ser investigado, más bien condecorado y nombrado para ocupar altos cargos públicos, aún hoy es el Embajador en Portugal.

  El tercer paro de este año tuvo una duración de un día, el 21 de Octubre del 2002 fue igualmente convocado por Fedecámaras, CTV y partidos de oposición, el objetivo explícito fue la búsqueda de mayores espacios democráticos.

  Con estos antecedentes la calle estaba recalentada para ese fin de año. De aquí que la convocatoria por los mismos actores de un nuevo paro no era para sorprenderse. Lo que si resulto temerario fue que a los pocos días de paro se le redimensionó, al declararse con carácter indefinido. Ya esto implicaba jugarse el todo por el todo.

  Igual hay que destacar en el análisis del conflicto como el gobierno se negaba a establecer puente alguno con los convocantes del paro.  No había institución de peso que promoviera con efectividad un dialogo entre gobierno y el liderazgo del paro. Téngase en cuenta que en la calle se movilizaban grandes contingentes de personas opositoras que realmente aspiraban una salida más allá de lo laboral, por tanto esta dimensión finalmente quedó minimizada como objetivo central del paro.

  Por su lado, el gobierno resultó más duro de lo que se pudiera imaginar, hasta el punto de desprenderse de más de la mitad de la fuerza y el talento laboral de esta actividad productiva vital para el sostenimiento del país, con los veinte mil despidos de una nómina que para entonces alcanzaba a treinta y ocho mil trabajadores. En los anales de la historia de medidas drásticas contra huelguistas el gobierno de H Chávez acompaña dos experiencias históricas. Una al Presidente Ronald Reagan -EEUU- al inicio de su primer mandato -1981-,  que ante una huelga de controladores de la aviación comercial que iba por el quinto día,  despidió a doce mil de un universo de trece mil controladores, y militarizó esta actividad. El otro caso, Margaret Thatcher, Reino Unido, que se impone ante huelga de un año de duración (1984-85) dirigida por el sindicato de mineros que se oponían al cierre de minas de carbon y la pérdida de 20 mil empleos.

  Es relevante que en los cuarenta años previos a este momento sólo se registran en el país dos paros nacionales, uno de tres días en enero de 1958, que trajo el derrocamiento del gobierno militar de Marcos Pérez Jimenez, y otro de sólo una jornada laboral convocado por el movimiento sindical cetevista, como reacción al estado de crisis y la cruenta represión por las fuerzas armadas con motivo del caracazo o sacudón de febrero de 1989. El movimiento sindical se sintió obligado a protestar contra el paquete neoliberal que precipitó el descontento y las protestas. Más que una acción frontal contra el gobierno, se trataba de abrir una válvula para drenar descontento de las bases.

  El funcionamiento de Pdvsa en los años posteriores ha resentido la pérdida del talento despedido, además de los vetos con proveedores y contratistas que también asumieron el paro de aquel año. Como reacción la empresa promovió precipitadamente organizaciones cooperativas que la mayor parte no alcanzaron los niveles de competencia y habilidades requeridas en esta actividad productiva. También la empresa multiplicó su nómina hasta llevarla a más de ciento diez mil personas, sin que con ello logre superar los indicadores de producción y productividad previos. También es importante reconocer que en estos años la empresa ha ampliado el abanico de actividades productivas y no productivas  distintas a las petroleras, todo en consonancia con el proyecto político del gobierno.

  El país depende mas del petróleo hoy que hace doce años, no porque se haya fortalecido esta empresa estatal, sino más bien porque se han debilitado otros sectores productivos públicos y privados. La manera como se resolvió este conflicto petrolero de diciembre 2002 a febrero 2003, sigue siendo un tema controversial, y todavía no han madurado las condiciones para contar con los elementos que permitan un análisis más de fondo del problema.