LA IMPROVISACION EN LA PRODUCCION: COOPERATIVIZACION ARTIFICIAL

 Sobre la implementación de formas organizacionales para la actividad productiva, el amplio repertorio de los últimos años ha incluido la cooperativización de actividades que se venían ejerciendo al interior de las entidades de trabajo, lo que ha conllevado la externalización de actividades. También se han cooperativizado actividades que se venían ejecutando por empresas unipersonales, familiares, y de varios socios que previamente se organizaban en compañías o sociedades anónimas.

    Los propulsores de la cooperativización creyeron que formar cooperativas era fundamentalmente un problema burocrático de recaudos, a lo mejor algunas reuniones de orientación y transmisión de algunas explicaciones para llevar a cabo los trámites de registro. Creyeron que dado el carácter de amplitud y estimulo que la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fomentaba, se tenía asegurado el camino para transitar hacia un autentico esquema protagónico en la producción de bienes y servicios.

    Con muy justificada perspicacia los cooperativistas auténticos, es decir aquellos que venían haciendo cooperativismo sin ayuda estatal, y enfrentando las dificultades de desenvolverse en un sistema económico más diseñado para las empresas convencionales, con énfasis en el protagonismo del capitalismo de estado; pero que aún así mantenían un modesto espacio de actuación asociativa y productiva efectiva a lo largo de varias décadas.   

   Traemos esta introducción al análisis para asociarlo con un caso de corrupción que ha sido muy divulgado, nos referimos al escándalo de corrupción a propósito del manejo de la Alcaldía de Valencia, la tercera ciudad más importante del país, ha implicado entre otros dimensiones el uso y abuso de la figura cooperativa. El ministro de Interior y Justicia, reveló que “el ilícito se cometió a través del uso de 14 cooperativas administradas por el hijo del alcalde, a través de las cuales se pagaban servicios personales, para adquisición de vehículos, servicios médicos y tarjetas de crédito y levantamiento de obras en el municipio”. El ilícito incluía que se les cancelaba a los dueños de estas cooperativas Bs. 2.500 a cambio de la entrega de sus instrumentos bancarios como chequeras firmadas en blanco, y tarjetas de débito. Estas empresas, además de cobrar por servicio a la Alcaldía, cobraban de forma independiente para el pago de transporte y demás”

    Véase que las cooperativas en cuestión tienen dueños, pero no se trata de los trabajadores asociados que colectivamente han entregado su certificado de aportación y el trabajo asociado para hacer y sostener el capital con el cual se presta un servicio o hecho productivo de necesidad para la sociedad. Se trata de personas que han aprovechado la política pública de un fomento desordenado e improvisado de esta figura. Es por ello que del 2002 al 20012 se llegó de un mil a trescientos mil cooperativas. Imposible que esto sea un proceso auténtico de cooperativización. No hay capacidad para tal crecimiento. Por ello hoy ese número es una ficción. Claro que existen las credenciales y registros ante la Superintendencia de Cooperativas, que pueden dar lugar a hechos falsos y abusivos de la histórica figura cooperativa, como lo visto en la Alcaldía de Valencia.   
           
    Lo que se ha hecho público en la Alcaldía de Valencia con relación al uso y abuso de las cooperativas no es un fenómeno excepcional. Con credenciales y registros de cooperativas hay innumerables abusos en la actividad productiva ficticia y real; así como en el ámbito de entes estatales como en el de empresas privadas. Hay un enorme proceso por hacer de decantación en la esfera de la cooperativización. Tan sólo en las alcaldías de todo de país, si se hiciera el mismo esfuerzo de investigación que se ha hecho en la de Valencia, se toparían unos investigadores que estén animados por cuidar los recursos públicos y vigilar el buen uso  de las instituciones, se encontrarían con grandes sorpresas. Eso sí pongamos a un lado las vinculaciones de aprovechamiento electoral.  

   La generación exponencial de miles de cooperativas de reciente creación, que procuran  obtener los beneficios preferenciales de contratación con el Estado, para acceder a una cuota del enorme gasto público, o simplemente eludir las responsabilidades patronales que implica una sociedad mercantil convencional, ha tergiversado el sentido propósito o razón de dichas organizaciones, siendo muchas de ellas, simples organizaciones de estructura vertical con clara división del capital con respecto al trabajo, y con fines exclusivamente lucrativos.

    La reacción del gobierno nacional ante esta realidad, que trastoca el objetivo ideológico inmerso en el fomento del cooperativismo, es declarar la inutilidad del cooperativismo como instrumento transformador de la sociedad, sustituyéndola con una entelequia llamada “Empresa de Producción Social”, figura que se difumina en las prácticas propias del Capitalismo de Estado. En todo caso el problema de fondo con las nuevas “seudocooperativas” es la cultura cooperativa en sí misma, los valores y principios que las caracterizan, y si ese elemento de fondo no es atendido, todas las políticas que se sustenta meramente en la ideología sin asidero en la realidad, están destinadas al fracaso.

    En lo positivo de esta experiencia hay que destacar que luego de poco más de una década de multiplicación de cooperativas, hoy hay cuarenta veces más cooperativas autenticas que al inicio de este proceso, que muchas de ellas han servido a las familias y a los trabajadores cuentapropistas a adoptar una figura jurídica que cuenta con apoyo amplio de políticas públicas. Igual cabe afirmar aunque sin suficiente asidero de investigación y de suministro de información de los entes estatales, que al ser el fomento cooperativo una  política mas bien asistencialista, sectores de modestos recursos pudieron resolver problemas y necesidades con estas asignaciones.

    Casi en su totalidad el movimiento cooperativo existente antes de este proceso, se mantuvo al margen de la asignación de los recursos dadivosos del Estado. Algunas experiencias de asignación de estos recursos, también comprometían la autonomía del movimiento cooperativo.  

   Hoy en la llamada “guerra económica” se anuncia nuevas formas y ajustes organizacionales productivas, sirva la poco efectiva política de cooperativización forzada para reiterar que el país se construye con mas dialogo y menos improvisación.

SITUACION SALARIAL 2013: ENSEÑANZAS Y CONDICIONANTES PARA EL PRESENTE

Recién revisamos encuesta salarial de alcance nacional y regional, que en este caso refiere a los estados centrales con análisis de datos del pasado año 2013. La encuesta incluye a todos los trabajadores, desde el nivel  gerencial más alto hasta la nómina semanal. Las empresas que predominan son de mediano tamaño, es decir aquellas que tienen entre cien y quinientos trabajadores, se encuestaron mas de cien empresas. Los sectores que abarcan, se puede decir que todos, pero predomina el sector terciario, es decir comercio y servicios. Hay que entender que la mayor parte de la población labora justamente en estos sectores. Si bien se cree que en la región central predomina el trabajo industrial, es totalmente falso. La desindustrialización es un hecho que viene desde hace un cuarto de siglo, de tal manera que se pierden empleos manufactureros y quienes salen de las fábricas ingresan al comercio y los servicios, y en muchos casos a la informalidad y la precariedad. 

  De los resultados que hemos visto, comentaremos algunos que se relacionan con nuestra preocupación por la ausencia de políticas salariales públicas adecuadas a las presentes circunstancias inflacionarias que vivimos. 

   Esta bastante generalizado en las empresas encuestadas realizar dos incrementos salariales, así ocurrió en mas de las tres cuartas partes del total a lo largo del 2013. Esto es llamativo porque hemos destacado que la política salarial favorecida por el ejecutivo es el incremento del salario mínimo anual, en dos momentos y en un caso de tres veces al año, como fue en el 2013.

  Esto es lo que lleva a plantear en algunas empresas para el presente año, no sólo practicar la revisión salarial dos veces al año, sino que un pequeño porcentaje -10%- de hacer hasta tres revisiones anuales.

   Hay que recordar que la política pública deja de lado los salarios que están por encima del nivel mínimo, los que quedarían en manos de los acuerdos en los convenios colectivos, o de políticas dinámicas de remuneraciones que las empresas implementen. Ya sabemos que lo primero experimenta una regresión sistemática. Y lo segundo suele estar mas dirigido hacia los niveles profesionales y gerenciales, que al resto de la población laboral. 

  Una revisión salarial de al menos dos veces al año, como lo practican casi el 80% de las empresas encuestadas, demanda tener definiciones aceptables de cual ha de ser la inflación de este año. En lo que hemos visto, son las propias empresas las que la estiman, incluso semestralmente; por supuesto que lo hacen conservadoramente. Es así que en el pasado año 2013 los incrementos promedios, tanto en el nivel nacional como el regional, estuvieron algo por debajo de 20 puntos de la inflación dada a conocer por el BCV. Incluso aquí cabe tener presente que estos incrementos ocurrieron tanto en donde hay convenios colectivos como en donde no. En estos últimos los factores que mueven la revisión salarial se incluye el costo de vida, los méritos del trabajador, el mercado laboral y es previsible la cohesión con los incrementos contractuales en donde existen convenios colectivos. 

  Cuando la revisión salarial es resultante de políticas de empresas, se construye la determinación de los incrementos en función del desempeño del trabajador, ya sea individual, que es lo que predomina en las experiencias nacionales y regionales, y en menor proporción en el desempeño del equipo de trabajo.  

  Para finalizar, bien vale la pena extraer algunas enseñanzas que sería deseable tener presente para una política mas general de remuneraciones. Por supuesto que esto se ubica en un contexto de una política económica que agrega otros factores, cuyo análisis rebasa lo que en este aspecto particular hemos planteado, y que estamos conscientes no ha logrado acertar en promover un desarrollo firme. 

  Vivimos una inflación alta, nos alejamos radicalmente de la de un digito, como era la inflación que tuvimos hasta la mitad de la década del setenta, y como ocurre desde hace ya varios años en toda América Latina, salvo en Argentina, pero nosotros en estado más grave sobre el cincuenta por ciento. Entonces es un imperativo una revisión salarial negociada de frecuencia semestral entre los actores laborales. Esto demanda reconocer la autonomía que estos tienen para abordar este tema, y que los productores puedan lograr el debido reconocimiento estatal para llevar a cabo sus funciones, ya que como se observa predomina la desconfianza. 

  Al establecerse la inflación en un dígito entonces si regresar a la frecuencia anual, e incluso al estar en niveles de lo que tenemos en Venezuela como inflación mensual, es decir 4 y 5%, se pudiera establecer una negociación salarial como es la que hoy predomina en los convenios colectivos de revisión cada dos años. 

  La revisión salarial se fortalece y se conecta con la producción y la productividad cuando también toma en cuenta los méritos, el desempeño individual y el desempeño colectivo. Es necesario combinar las necesidades de las personas y su familia, que es la conexión que se deriva de tener presente el costo de vida con estos elementos que hacen sustentable el bienestar general.