ANUNCIOS LABORALES E INCONSISTENCIAS

   Los países que viven de la exportación de petróleo, los llamados petroestados, de acuerdo a resultados de investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales se caracterizan por una débil institucionalidad (Terry Karl). Nosotros los venezolanos y quienes aquí viven, nos acostumbramos a convivirla y hasta ser parte de esta débil institucionalidad que nos rodea y gobierna.

  Evidenciemos lo anterior por la vía de recordar los criterios y parámetros bajo los cuales se aprobó el presupuesto de la República para este año 2015:

“En el presupuesto se contempla una inflación entre 25 y 30%, un crecimiento de 3%, un tipo de cambio de 6,30 bolívares y un barril de 60 dólares.. las directrices del Presidente, Nicolás Maduro, se orientan a la creación de condiciones macroeconómicas favorables.. El presidente de la Asamblea Nacional… destacó que el Presupuesto 2015 se estableció en función del pueblo venezolano y recordó que ´Chávez decía pongan el barril de petróleo a 0$ y el pueblo no sufrirá las consecuencias, serán los privilegiados´“. (El Universal, 28 de octubre de 2014).

  Que lejos están las expectativas que se fijaron para elaborar este presupuesto del 2015 y lo que apenas empezando el año ya evidenciamos ! tamaño contraste !. Es decir que el presupuesto tendría que ser modificado radicalmente apenas en la primera semana del año. Veamos que quienes hacen estudios sobre la inflación la estiman en 4 o 5 veces más que nuestros elaboradores del presupuesto. Con el crecimiento de la economía, los organismos internacionales especializados lo ubican en -6%.  La paridad del dólar se fija a 6.30, ya se ha mencionado que  esta tasa sólo refiere a algunos alimentos y medicamentos, pero el tipo de cambio para el resto de lo que requiere la sociedad está en el limbo ¿?; finalmente el presupuesto se calculó con un precio del barril en 60 $ y sabemos que arrancamos el año con un precio por debajo de 40 $. De aquí que lo que tenemos por delante no es una crisis, sino más bien una catástrofe. El país se mueve sin brújula.

  En este orden de criterios administrativos afirma el  Presidente de la Asamblea Nacional “se garantiza el incremento del salario mínimo .. mientras la revolución esté gobernando.. seguirán aumentando el salario mínimo de los trabajadores venezolanos. Igualmente agregó  "En 15 años nunca se le ha dejado de pagar a los pensionados y las pensionadas gracias a la fracción revolucionaria. Siempre se han garantizados los recursos para el pueblo”

  Se observa que salarios mínimos y pensiones, son dos estandartes asumidos por la política oficial para llenar pancartas y discursos. En documentos de propaganda es frecuente leer que tenemos el salario mínimo más alto de América Latina. El cálculo es tendencioso, ya que se divide el salario mínimo entre 6.30, como si todo lo que consume el trabajador esta puesto en el mercado con esa tasa cambiaria. Apenas se use otra tasa de cambio, sin necesidad de llegar a la del mercado negro, nuestro salario mínimo se va al foso en las comparaciones regionales.

  Las remuneraciones en el país tienden a ser cada vez más de apenas un salario mínimo, porque muy poco se hace para incrementar los niveles salariales superiores. Año a año los trabajadores experimentan desmejoras de sus salarios reales; los trabajadores venezolanos llevan más de tres décadas de reducción; desde 1981 en adelante no se conoce lo que es una mejoría de los salarios reales.

  El mecanismo idóneo para revisar los salarios por encima del mínimo, así como las escalas y los tabuladores para los trabajadores según calificación y experiencia cada vez funciona menos, nos referimos a las convenciones colectivas. De mas de un mil quinientos convenios firmados anualmente en promedio en la década del ochenta, hemos pasado en los últimos años a poco mas de cuatrocientos anualmente. De esta manera la abierta obstrucción gubernamental  a la libertad sindical rinde  sus frutos a los empleadores públicos y privados.

  Con las pensiones, se vive una situación frágil cuando frecuentemente se recurre a la emisión de créditos público para poder completar el pago de las mismas. No existen fondos que aseguren su pago. La institucionalidad es casi inexistente.

  El único fondo que podía tener el músculo financiero para brindar certidumbre a sus afiliados, como era el de los petroleros fue esquilmado por directivos puestos por Pdvsa para administrarlo. Quinientos cuarenta millones de dólares de este fondo están en situación de riesgo. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tiene que ver con las autoridades venezolanas, todo es en EEUU, que por razones fiscales intervinieron. En cambio aquí no ha pasado nada. Para este caso, nuestra institucionalidad no existe.

  La abierta debilidad institucional se confirma cuando se anuncian en la presente semana aumentos de salarios mínimos, que apenas semanas antes al aprobar el presupuesto de este año no aparecen por ningún lado. Igual inquietud se levanta sobre los impactos del salario mínimo en pensiones, jubilaciones, programas sociales, y no se indica la disponibilidad de recursos. ¿De que fuente emanarán?. Igual ocurre con el incremento de trescientos mil nuevos pensionados.

  Gobernar una sociedad requiere mayor institucionalidad. Que si de revisiones del mínimo salarial se trata, así como de pensiones y jubilaciones, son asuntos muy serio para ser manejado con tanta orfandad institucional. La conexión natural de estas categorías laborales con políticas macroeconómicas, con precios, producción, productividad, gestión eficiente de empresas y sectores, empleos, participación, democracia y libertad sindical son fundamentales, y la debilidad institucional pretende manejarlas como estandarte para pancartas y discursos.

hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena

LA DISYUNTIVA ENTRE MAS O MENOS DEMOCRACIA. La suspensión de elecciones de Sutiss.

   18-01-15

  Cuando los intereses de empresas o instituciones de la república, los del gobierno y los del estado se integran limitando o lesionando los que corresponden a los trabajadores, los jóvenes, o a los vecinos, o a cualesquiera sector de la sociedad civil, estaríamos en una situación opuesta a lo que comúnmente identificamos como golpe de estado, que como sabemos es una acción contra el estado de derecho y su recto ejercicio. De lo que aquí destacamos es un golpe contra quienes no tienen el control del gobierno ni del estado, ni obviamente la amplísima mayoría de las miles de entidades estatales, sino sólo su conciencia y comportamiento cívico.  

  Aquí es notable destacar que si desde el gobierno y el estado se confabula para limitar o lesionar los derechos de miembros de la sociedad civil a ésta se le plantean interrogantes bien delicadas, empezando por preguntarse ¿a quien recurrir?.  Cada vez con mayor frecuencia los afectados por abusos gubernamentales y/o estatales se ven empujados a mirar hacia el exterior, así como extremar la agudeza y el ingenio para encontrar alternativas en nuestro propio contexto. Con lo primero, las entidades de los organismos multilaterales reciben frecuentemente quejas de ciudadanos y organizaciones lesionadas en esta situación nacional. En el ámbito de los derechos humanos y de las violaciones laborales hay un inventario importante, en algunos casos con pronunciamientos concretos y del conocimiento del gobierno y estado venezolano, pero sin responder éste a sus contenidos. 

  Este comportamiento contrasta con lo que fue el inicio de la revolución bolivariana, que marcó hitos en su innovación en materia política y de participación popular. Un enfoque participativo propiciado por la Constitución se tradujo en un conjunto de políticas, leyes e innovaciones participativas que fueron evolucionando con el tiempo. Como lo destaca Margarita López “En una primera etapa, entre 1999 y 2006, el gobierno del presidente Hugo Chávez estimuló la apertura del aparato del Estado a múltiples experiencias para la cogestión en políticas públicas con las comunidades organizadas”. A estas propuestas la sociedad respondió entusiastamente, todo en concordancia con procesos electorales nacionales, regionales, municipales que mostraban la satisfacción de la mayoría de la sociedad con las innovaciones. 

  Sobre estas primeras experiencias participativas, luego se produce un notable cambio, que ha dado lugar a interpretaciones polémicas y contradictorias del texto constitucional. Sin dejar de destacar el emprendimiento de su reforma a través de referéndum, un primer intento en el 2007 cuyo planteamiento central era el socialismo del siglo XXI y la reelección indefinida del Presidente de la República, con un resultado fallido para el gobierno. Luego se concretaría en un segundo intento en el 2009, una reforma constitucional en donde la propuesta se redujo a la postulación de cualquier cargo de elección popular de manera continua. El enfoque participativo empezó a reducirse, y las interpretaciones constitucionales de quienes gobiernan van limitando los espacios ganados, así como las expectativas levantadas de una mayor democracia. 

  Estos párrafos anteriores se exteriorizan al observar las restricciones al ejercicio democrático de instituciones de la sociedad, las que siguiendo sus estatutos y sus tradiciones participativas se les colocan obstáculos y zancadillas que le limitan su ejercicio democrático y participativo. En ese orden se observan los procesos electorales que múltiples organizaciones de la sociedad civil se plantean para la renovación de sus liderazgos. Destaca el caso de las universidades que tienen la tradición de elegir sus autoridades rectorales, decanales, consejos en todos los niveles, estudiantiles y gremiales. Ya van varios casos de universidades que hacen los esfuerzos para sus elecciones internas  (UCV, LUZ, ULA, UC, USB, UNET) y a última hora la sala electoral del TSJ las suspende, por la acción a veces de hasta unas pocas personas, en comunidades de decenas de miles de miembros, dejando una situación de vacío. 

  El contraste mayor de estas obstrucciones al ejercicio autónomo de la democracia, es que en todas las universidades creadas por el gobierno en estos tres lustros, más aquellas anteriores que gobierna sin autonomía, nadie es elegido por las comunidades sino que son dirigidas por autoridades impuestas por el gobierno, en muchos casos con abierto rechazo de las comunidades a ser gobernadas. El  mundo universitario acumula experiencias participativas desde 1958, que han superado el autoritarismo.

  En el mundo sindical los procesos de cierre de los espacios democráticos han sido persistentes. Haber permitido la intromisión al CNE en los asuntos electorales de los sindicatos, ha sido un caballo de Troya para invadir y limitar el ejercicio democrático. Las organizaciones sindicales recientemente han hecho sus esfuerzos y han enfrentado esta intervención, pero aun persisten sectores de trabajadores liderados por corrientes que se rinden ante el poder gubernamental y ceden sus principios y autonomía. Además el ministerio del ramo, ha sido un militante actor de la construcción de un movimiento de los trabajadores más al servicio de la revolución que de los trabajadores.  

  El comportamiento estatal no ha sido tan expedito en responder a las peticiones de los trabajadores y sus organizaciones, quienes promovieron formalmente acción de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, consignada en Diciembre del 2013, y por tanto más de un año sin recibir respuesta sobre el recurso que introdujeron contra 15 artículos del Decreto-Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, por considerar que violan la libertad sindical. 

  El análisis viene justo cuando inesperadamente para el entusiasta colectivo laboral sidorista, concluyendo su intensa y concentrada campaña electoral, se le pretende suspender el ejercicio democrático de renovación de sus cuadros directivos. Además reconocer que el lapso de quienes han gobernado el sindicato esta extendido más allá de un año de la fecha reglamentaria, explicable por una situación extraordinaria de conflicto laboral sobre asuntos fundamentales del interés de los trabajadores. Vale recordar un hecho histórico reciente, en octubre 2001 se impusieron desde el Estado unas elecciones sindicales obligatorias, y uno de los pocos sindicatos que se abstuvo de realizarlas por considerar que debía seguir el mandato de sus estatutos fue Sutiss, ello le dio una fortaleza moral en todo el movimiento laboral venezolano.   

   

PARO PETROLERO DEL 2002: LESIONES Y LECCIONES

En este mes se cumplieron doce años del paro nacional convocado por Fedepetrol, CTV y Fedecámaras el día 2 de Diciembre de 2002 y que luego de dos meses fue levantado con un resultado que dejó lesiones, lecciones y muy poco resultados ventajosos para los contendientes en la confrontación.

Para aproximarse al análisis de este incidente político y laboral de nuestra historia reciente, un primer elemento a considerar era la alta conflictividad abierta suscitada en el último año previo a la convocatoria del paro. Este del 2 de diciembre del 2002 venía precedido de la realización de tres paros nacionales, el primero de una jornada laboral - 12 horas- el 6 de diciembre del 2001, convocado por Fedecámaras, al cual CTV se adhirió. Se protestaba la acción inconsulta al aprobar un paquete de 49 leyes con contenido económico la mayoría de ellas, en el marco de la primera ley habilitante otorgada al Presidente H Chávez.

  El segundo paro nacional fue por el nombramientos de directivos de Pdvsa, sin tener presente la meritocracia que los empleados de en Pdvsa reclamaban como una condición laboral por usos y costumbres en la empresa, fue durante tres días a partir del 9 de Abril del 2002 y finalmente el paro luego se convirtió en una protesta nacional y aún más en una situación contradictoria, en la que el militar del más alto rango en la fuerza armada el  General Lucas Rincón, el único de cuatro soles, acompañado de los jefes de las cuatro fuerzas,  anunció al país la renuncia del Presidente de la República. En ese momento el paro de origen laboral pasó a ser un incidente secundario al lado de una supuesta renuncia presidencial. Hay quienes sugieren que lo laboral fue premeditado para hacer emerger una situación de violencia de calle. Interrogantes y respuestas  siguen latentes.

  Por cierto el General Lucas Rincón no fue objeto de ninguna represalia, gozó del beneficio y generosidad de no ser investigado, más bien condecorado y nombrado para ocupar altos cargos públicos, aún hoy es el Embajador en Portugal.

  El tercer paro de este año tuvo una duración de un día, el 21 de Octubre del 2002 fue igualmente convocado por Fedecámaras, CTV y partidos de oposición, el objetivo explícito fue la búsqueda de mayores espacios democráticos.

  Con estos antecedentes la calle estaba recalentada para ese fin de año. De aquí que la convocatoria por los mismos actores de un nuevo paro no era para sorprenderse. Lo que si resulto temerario fue que a los pocos días de paro se le redimensionó, al declararse con carácter indefinido. Ya esto implicaba jugarse el todo por el todo.

  Igual hay que destacar en el análisis del conflicto como el gobierno se negaba a establecer puente alguno con los convocantes del paro.  No había institución de peso que promoviera con efectividad un dialogo entre gobierno y el liderazgo del paro. Téngase en cuenta que en la calle se movilizaban grandes contingentes de personas opositoras que realmente aspiraban una salida más allá de lo laboral, por tanto esta dimensión finalmente quedó minimizada como objetivo central del paro.

  Por su lado, el gobierno resultó más duro de lo que se pudiera imaginar, hasta el punto de desprenderse de más de la mitad de la fuerza y el talento laboral de esta actividad productiva vital para el sostenimiento del país, con los veinte mil despidos de una nómina que para entonces alcanzaba a treinta y ocho mil trabajadores. En los anales de la historia de medidas drásticas contra huelguistas el gobierno de H Chávez acompaña dos experiencias históricas. Una al Presidente Ronald Reagan -EEUU- al inicio de su primer mandato -1981-,  que ante una huelga de controladores de la aviación comercial que iba por el quinto día,  despidió a doce mil de un universo de trece mil controladores, y militarizó esta actividad. El otro caso, Margaret Thatcher, Reino Unido, que se impone ante huelga de un año de duración (1984-85) dirigida por el sindicato de mineros que se oponían al cierre de minas de carbon y la pérdida de 20 mil empleos.

  Es relevante que en los cuarenta años previos a este momento sólo se registran en el país dos paros nacionales, uno de tres días en enero de 1958, que trajo el derrocamiento del gobierno militar de Marcos Pérez Jimenez, y otro de sólo una jornada laboral convocado por el movimiento sindical cetevista, como reacción al estado de crisis y la cruenta represión por las fuerzas armadas con motivo del caracazo o sacudón de febrero de 1989. El movimiento sindical se sintió obligado a protestar contra el paquete neoliberal que precipitó el descontento y las protestas. Más que una acción frontal contra el gobierno, se trataba de abrir una válvula para drenar descontento de las bases.

  El funcionamiento de Pdvsa en los años posteriores ha resentido la pérdida del talento despedido, además de los vetos con proveedores y contratistas que también asumieron el paro de aquel año. Como reacción la empresa promovió precipitadamente organizaciones cooperativas que la mayor parte no alcanzaron los niveles de competencia y habilidades requeridas en esta actividad productiva. También la empresa multiplicó su nómina hasta llevarla a más de ciento diez mil personas, sin que con ello logre superar los indicadores de producción y productividad previos. También es importante reconocer que en estos años la empresa ha ampliado el abanico de actividades productivas y no productivas  distintas a las petroleras, todo en consonancia con el proyecto político del gobierno.

  El país depende mas del petróleo hoy que hace doce años, no porque se haya fortalecido esta empresa estatal, sino más bien porque se han debilitado otros sectores productivos públicos y privados. La manera como se resolvió este conflicto petrolero de diciembre 2002 a febrero 2003, sigue siendo un tema controversial, y todavía no han madurado las condiciones para contar con los elementos que permitan un análisis más de fondo del problema.

ELECCIONES SINDICALES EN SIDOR

  Las relaciones de trabajo en Sidor no pierden su intensidad y atracción, es por lo que luego de unas prolongadas y complicadas negociaciones colectivas entre empresa y sindicato, por cierto aún sin cerrarse del todo, se abre ahora un proceso electoral de un sindicato tradicionalmente referente en la zona del hierro y en el país, como es Sutiss, a celebrarse del 19 al 21 de Enero 2015. Agreguemos una sorpresiva re estatización en el 2008 que ha mantenido sostenidamente la actividad productiva con índices de producción notablemente menores que los precedentes, además de una continuada y amplia incorporación de mayor cantidad de personas a la nómina de la empresa. Los conceptos y funciones de patrono, gobierno y estado, se confunden en el modo como se gestiona la empresa, influenciando y desnaturalizando el campo de las relaciones de trabajo.

  El escenario para estas elecciones está cargado con las tensiones que alcanzaron su clímax con la firma hace más de cuatro meses de un convenio colectivo que sigue siendo un misterio, ya que aún no ha llegado su texto completo al conocimiento de sus destinatarios principales, como son los trabajadores, y mucho menos a la comunidad y la nación toda, propietaria de esta empresa. No olvidemos que los convenios colectivos son documentos públicos, se trata de las condiciones de trabajo de un numeroso colectivo laboral.    

  Una característica del mundo sindical en los últimos años ha sido la pérdida de sus articulaciones con organizaciones sectoriales, con las regionales y las nacionales; porque en estos niveles hay organizaciones que han desaparecido o se han reducido a actividades de muy poca influencia, y por tanto poco repercuten en las organizaciones de base. Así también han nacido otras que no provienen de las bases sino que nacen por arriba.

  Sutiss no obstante su tamaño como sindicato es una organización de base y de hecho es de empresa, se desenvuelve en el ámbito de una gran empresa, localizada en un espacio determinado. Esta condición otorga ventajas para la comunicación y la acción entre los trabajadores y los dirigentes, todo está centralizado en un único espacio productivo. Los dirigentes tienen una alta visibilidad, por lo que la manera de ejercer la acción sindical sea con predominio de estilos y prácticas burocráticas, democráticas o autoritarias son difíciles de ocultar.

  Un sindicato de empresa está poco conectado con la actividad sectorial productiva, carece de formulación de políticas en este ámbito, y en tiempos que el movimiento sindical en su conjunto está desarticulado y atomizado, es más vulnerable a las influencias patronales y estatales, que son los principales actores con quienes interactúa como entidad,  con intereses en algunos casos coincidentes pero en otros divergentes. El escenario al cual se ve sometido un sindicato en esta situación, esta dominado por lo circunstancial y cotidiano, facilitando una práctica sindical focalizada y cautiva del día a día.  Al final, sigue atrás reactivo de las estrategias patronales y estatales, y por tanto con dificultades para construir y formular las suyas.

  Un proceso electoral sindical inevitablemente se inscribe en la polarización política predominante, aún más en este caso de un sindicato como Sutiss y en una empresa emblemática como Sidor; si bien ésta anteriormente se caracterizó por ser innovadora tanto en lo productivo, como lo organizacional y lo laboral, aportando cuantiosas riquezas a la nación y a la comunidad, hoy no lo es tanto, más bien requiere de ayudas y subsidios para sostenerse, pero sus glorias de ayer siguen pesando, por lo que sus elecciones sindicales atraen la atención más allá de quienes votan y también de quienes gerencian la empresa.

  A pesar de las debilidades planteadas, hay elementos meritorios que constituyen una fortaleza a toda organización colectiva. Destacable la consecuente consulta electoral a sus afiliados. Ello ha permitido que en más de cincuenta años de actividad sindical, de 1963 al 2014, son 51 años, restemos los siete con una directiva interventora impuesta por cúpulas sindicales y por encima de la voluntad de los trabajadores, ha tenido trece procesos electorales y once presidentes sindicales diferentes, lo cual en el movimiento sindical venezolano representa una meritoria trayectoria de cumplimiento estatutario y de alternabilidad. Esto de por sí es un patrimonio digno en el sindicalismo venezolano, de rasgos tan caudillista como las organizaciones gubernamentales y políticas.

  Sin embargo llama la atención el alto número de propuestas electorales. Doce planchas en este caso, en las pasadas elecciones fueron once. Cabe preguntar si tal diversidad de proposiciones responde realmente a pluralidad, diferenciación y especificidad en los análisis de lo realizado y en las visiones hacia mañana, en adecuaciones a nuevas circunstancias, en las propuestas de como encarar los problemas del presente y del futuro, así como las posturas ante los logros, las derrotas y ante los hechos relevantes para los afiliados y para la empresa. Téngase presente la continuada pérdida de capacidad productiva por un lado y el deterioro de las condiciones de trabajo por otro, no sólo como fenómeno particular de esta empresa, sino del conjunto de empresas dirigidas con similares criterios. Por supuesto que en esta coyuntura electoral son repuestas que las han de dar quienes participan directamente proponiendo planchas en estas elecciones, así como han de ser conocidas por los afiliados votantes y el país en general, porque se trata de una empresa de la nación que viene funcionando con serios problemas.

CRISIS DE LA SOCIEDAD SALARIAL. DESIGUALDAD Y SOMETIMIENTO

   La modernización en nuestra sociedad trajo la difusión y masificación del régimen del asalariado. Los campesinos y jornaleros del campo y la ciudad fueron gradualmente accediendo a un nuevo status que se caracterizaba por el logro de empleos bajo el régimen de asalariado, con un pago fijo y estable, y una tutela de la legislación laboral.

  Hacia los años sesenta este régimen se benefició del impulso que le brindaba un contexto político, que aspiraba estabilidad y una condición económica que adoptó y promovió un esquema de industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. Por los años setenta se alcanzó un alto nivel de extensión del régimen de asalariado tutelado, además de sindicalizado y partícipe de los beneficios de las convenciones colectivas, con lo que se fueron mejorando aquellos sectores que convenio tras convenios revisaban y ampliaban sus condiciones de trabajo y el acceso a beneficios socio económicos.

  En tanto algunos sectores mejoraban sensiblemente sus condiciones de trabajo y de vida gracias a las acciones reivindicativas, otros quedaban en los limites mínimos que la legislación laboral otorgaba. Por eso a fines de la década del ochenta se inició proceso de su revisión, concretándose con la Ley Orgánica del Trabajo en 1990, sirvió para mejorar a quienes eran la amplia mayoría de los trabajadores, es decir los que no disfrutaban de los beneficios de las convenciones colectivas. También es útil destacar, que los beneficios de los convenios colectivos se convertían en referentes con cierto impacto en algunos sectores no contractualizados.

  Con lo anterior se deja ver, tres procesos importantes a tener en cuenta en lo tocante al progreso y la desigualdad entre los trabajadores. Primero, es muy importante contar con la capacidad para que se organicen y dispongan de instituciones propias para sus acciones reivindicativas; segundo, que concreten con los empleadores la revisión periódica de las condiciones de trabajo en los ámbitos productivos, sea en la empresa o en la rama sectorial. Tercero, hay necesariamente una vertiente de  la acción reivindicativa que ha de dirigirse hacia las instituciones estatales, para el logro de decisiones sobre políticas sociales y económicas que están más allá de las facultades de los empleadores.

  Con los dos primeros procesos se mejoran las condiciones de trabajo de los trabajadores organizados sindicalmente, por eso el hecho mismo de organizarse es una condición necesaria, y con ello reclamar con la fuerza de la representatividad ante el ente empleador condiciones justas y viables para el trabajo y la distribución de los beneficios. Con el tercer proceso, se apunta a un doble propósito, por un lado obtener respuestas a la satisfacción de las necesidades que están más allá del ámbito de solución de los empleadores, y con esto igualmente se responde por problemas y necesidades de los sectores no organizados sindicalmente, pero afiliables al mundo sindical o asociativo.

  El accionar en los términos descritos es lo que va fortaleciendo la sociedad salarial, porque da a los asalariados un espacio para su mejoramiento en las relaciones de trabajo, así como en las políticas públicas. Si el accionar es sólo en los centros de trabajo, en las empresas, lo que a la larga ocurrirá será una ampliación de la brecha entre las condiciones de trabajo de quienes tienen convenios colectivos, con aquellos que apenas son beneficiarios de los mínimos de la legislación laboral.

  Esta brecha a la larga se convierte en combustible para tensiones entre trabajadores beneficiados por lo positivo de la sociedad salarial, con aquellos que sólo acceden a los mínimos, o  peor aún con aquellos que ni siquiera acceden a estos beneficios de la legislación laboral. Como resultado se ve una fragmentación con tres segmentos claramente diferenciados en el mundo del trabajo, que se traduce en desigualdad. En nuestro modelo laboral se ha pecado de varias maneras para que esta segmentación y las brechas estén presentes. Veamos las más destacadas.

  El predominio de una sindicalización por empresa. Se trata junto con su resultado natural, como es la negociación colectiva igualmente por empresa, de las formas organizativas y de establecimiento de las condiciones de trabajo más retrógrada en las relaciones laborales de una sociedad determinada.

  Este esquema laboral por empresa es funcional a las conveniencias y ventajas de los empleadores. Véase que en el régimen de A Pinochet -Chile-, su conocido Plan Laboral -1978- asociado a su esquema de fomento de una política económica neoliberal al ultranza, se acompañó de cambios en materia laboral que hicieron desaparecer a los sindicatos por rama así como la negociación equivalente, sustituidos por los sindicatos y las negociaciones por empresa. Esquema que trajo consigo la desarticulación y fragmentación de las organizaciones de los trabajadores.

  Entre las consecuencias de estas forma de las relaciones de trabajo, se produce un fomento de aquella tercerización laboral motivada a disminuir costos laborales, ya que le resulta viable al empleador transferir trabajadores de su nómina a otra empresa, no importando que funcione en el mismo espacio productivo, y con ello el trabajador pasa a ser sujeto de la desafiliación sindical, y al mismo tiempo la pérdida de las conquistas laborales incluidas en los convenios colectivos que su propia militancia contribuyó a conquistar.

  Bien, resulta que en Venezuela hemos tenido gobiernos socialdemócratas, social cristianos y revolucionarios bolivarianos y todos han profundizado este esquema de sindicalización y contractualización colectiva. Además de un pronunciado intervencionismo en la vida y funcionamiento de las organizaciones de los trabajadores, pero no para su fortalecimiento sino para su subordinación. Se aprecia que el intervencionismo se ha acentuado en estos últimos tiempos con la vigencia de regulaciones que ahogan la vida sindical.

   Autonomía y subordinación es una lucha entre fuerzas y visiones tanto ayer como hoy. Solo que  muchos de los que pugnaban ayer por autonomía ahora se someten dócilmente, en tanto algunos comprometidos con el papel del poder de ayer han re evaluado el valor de la autonomía, como condición para la acción reivindicativa y política.

APORTES DE LOS TRABAJADORES A LOS INGRESOS PÚBLICOS Y EXPECTATIVAS PARA EL 2015

El trabajador al prestar servicios a un empleador con su esfuerzo lo beneficia, así también al Estado ¿Por qué?. Si bien es el empleador quien lo contrata y asume la tutela cotidiana, pero su establecimiento productivo paga al Estado diversos impuestos y otras tasas que son al igual que el trabajo mismo, erogaciones que inciden en el nivel de empleo y de los salarios que el empleador está dispuesto a admitir, además los impuestos reducen la porción que queda como utilidad para el patrono y la porción que se reparte a los trabajadores. Cierto que al trabajador se le garantiza por ley un mínimo de días de utilidades, de igual manera al estar organizado colectivamente y negociar los convenios se trata de asegurar un mayor número mínimo de días, en el entendido que la porción a repartir al factor trabajo es de un mínimo del 15% de la utilidad repartible.

  Hay aportes al Estado que el trabajador ve directamente deducidos en su recibo de cobro salarial, como es el del seguro social, el de régimen prestacional de empleo, el de vivienda, del Inces. Pero por otro lado existen tributos que el ente productivo aporta al Estado, y que son resultado de la actividad productiva que deriva de la acción conjunta del capital y del trabajo.

  De esos aportes buena parte han de revertir a la sociedad de la cual forman parte tanto los trabajadores como los empleadores, en servicios esenciales de bienestar y salud, seguridad y justicia, educación y capacitación, infraestructura y servicios públicos, como los más directamente apreciados por los ciudadanos ¿Cuanto revierte a unos y a otros? Quienes sean más frecuentes usuarios de los servicios públicos y otras actividades prestadas por el Estado tendrán la oportunidad de ser retribuidos por lo pagado en tributos. De otro lado hay una retribución que no ven directamente los trabajadores y sí las empresas, porque se trata de incentivos al funcionamiento empresarial, como divisas, servicios y créditos subsidiadas.

  Aquí caemos en un asunto soslayado como es el no valorar y proteger los buenos servicios para su permanencia y mantenimiento, o por otro lado ser indiferente ante la poca calidad o hasta la misma desaparición de los mismos. Servicios públicos como el Metro de Caracas fue por muchos años orgullo de buen transporte, o los hospitales públicos que fueron percibidos como la vanguardia de la mejor medicina del país. Hoy vemos a los centros de formación y capacitación del Inces casi sin ninguna actividad, a pesar de tanta necesidad de formación de jóvenes para oficios y ocupaciones imprescindibles en el funcionamiento productivo.

   Cabe aquí recordar que el presupuesto nacional lo alimenta en primer lugar lo que recauda el Seniat, y en este monto los trabajadores son doblemente aportantes, por un lado como productores,como acabamos de describir, y por otro como consumidores (IVA).

  Es de llamar la atención que el sector petrolero viene aportando una proporción menor al Presupuesto Público, de un 29% en el 2012, paso a un 26% en el 2014, en cambio los diversos impuestos (IVA, la renta, importaciones, cigarrillos y otros) pasaron en en ese mismo lapso de 71 al 74%.

  Es fundamental prestar atención al uso y gestion de esta masa de dinero que ingresa al Estado para la administración del país. Se trata de familiarizarse con el Presupuesto Público nacional, en sus montos, su orientación, su empleo, su transparencia. El Presupuesto de la nación es un instrumento que exterioriza como se concibe nuestro presente y futuro. Aquí cabe resaltar un hecho dificultoso, y es que  tradicionalmente el país contaba con un presupuesto que era la síntesis de todo lo que ingresaba a la nación así como un instrumento que reflejaba las erogaciones del Gobierno, pero hoy observamos que paralelamente a éste existen otros Fondos que manejan recursos y sobre los cuales hay opacidad, entre otros tenemos el Fonden, el Fondo Chino, el Fondo Miranda, el Bicentenario, el Fonacit.

  Sirva el anterior planteamiento para recordar que el Presidente Carlos Andres Pérez fue destituido en su segundo gobierno, por un manejo poco transparente de la cuenta presidencial, en  el traspaso de un dinero al gobierno de Nicaragua, presidido por señora Violeta Chamorro, que recién había derrotado a los sandinistas en sus primeras elecciones.

   El manejo oscuro y dudoso de los recursos de todos los venezolanos es un asunto que como problema y preocupación ha de estar en la conciencia de quienes tienen sensibilidad. En el año que corre se presupuestó con un precio del barril del petróleo a $ 55, y al día del hoy la media del año ha estado en $ 92,76, un 70% por encima de lo presupuestado, ha habido un colchón cómodo para la administración gubernamental, pero el del 2015 se ha presupuestado con un barril a $ 60, y si vemos que el mes más reciente -Noviembre- el precio estuvo en $ 70  apenas un 15% por encima, estamos entonces ante una expectativa sumamente grave para la administración estatal, en el umbral de mas escasez y penurias, lo que requiere mirar con atención lo que pagamos en impuestos, lo que aportamos al funcionamiento público, así como lo que ingresa en divisas por la liquidación de los activos que nos brindo la naturaleza y que indudablemente no se están administrando con los mejores criterios.

  En el ámbito del gobierno y del Estado en general, así como de las instituciones políticas y sociales, no se siente la complejidad de la situación expuesta; y lo que más se percibe es que esta crisis la paguen con mayor sacrificio los trabajadores.

CONSECUENCIAS DE POLITICA LABORAL EN GREMIOS EMPRESARIALES Y SINDICALES

Los sindicatos de trabajadores y los diversos gremios que hacen vida en el ámbito de las relaciones de trabajo, resienten la poca participación que tienen en la construcción de políticas públicas de temas que inciden directamente en sus representados.

  En la construcción legislativa ya sabemos la recurrencia a la habilitación del Poder Ejecutivo para que legisle. Desde 1999 hasta hoy suman más de cinco años los lapsos de habilitación del cual ha dispuesto el poder gubernamental para hacerse las leyes del interés de la sociedad, con la característica de muy bajo nivel de consulta a los gremios. Los procesos de consulta más conocidos son más por coincidencias a priori entre los consultados y quienes gobiernan, y no tanto por la condición que aquellos tienen la representación de determinados sectores de la población.

  De la CTV de los años sesenta al noventa, que su voz era obligada oírla y considerarla en la elaboración de la política laboral por los poderes públicos, a quienes hoy ocupan los lugares de conducción del nuevo espectro de centrales y corrientes sindicales hay una notable diferencia. Incluso la mayor diferencia es la CTV misma, la de hoy resulta más un obstáculo que una solución, pero la culpa no son de las siglas, que por el contrario tienen una historia -desde 1936 en adelante-  y un peso institucional recuperable.

   En cuanto a los gremios empresariales mas notable era su peso, ya que no sólo eran oídos sino que tenían influencia para imponer políticas, ministros y altos funcionarios.

   Tanto los gremios empresariales (Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, y sus afiliados), como la CTV y sus federaciones afiliadas, reaccionaron temprano contra el nuevo status de la relación con los poderes públicos, así lo demuestran los paros nacionales coordinados del 2001-2002. La confrontación directa con el gobierno, que se tradujo en el “Chávez vete ya”, la ganó el gobierno. Entre sus reacciones posteriores fue atribuirse el fomento de organismos sindicales y gremiales paralelos.

   El paralelismo en lo sindical ha sido un proceso efectivo para sus propósitos, ya que aportó desde el lado de sus promotores un exitoso plan de fragmentación que multiplicó las organizaciones sindicales en todos los ámbitos, sea en el ámbito de empresas, sectorial y nacional. Si bien desde el oficialismo recientemente se empieza a observar un proceso de agregación a nivel de organizaciones de bases, lo que tiene relación con procesos de estatización que colocan en sólo el patrón estado a todo un sector productivo extendido en todo el país, como ha ocurrido en electricidad, petrolero y en cemento.

  La fragmentación sindical resultante del paralelismo ha desarticulado el movimiento sindical, especialmente ha roto mecanismos de vinculación orgánica y efectiva. Por ello a pesar de la muy alta conflictividad laboral de los últimos años, las luchas y los esfuerzos que demandan esas acciones no se traducen en impactos y logros equivalentes. Apenas desde hace poco menos de un año se observan algunas incipientes manifestaciones de acciones coordinadas entre tendencias que andaban cada una por su lado, incluso enfrentadas entre si. Pero está aún distante alcanzar el grado de articulación necesario para contrarrestar políticas laborales lesivas para sus representados.

  Bien diferente fue el proceso de fomento de organismos paralelos desde el Ejecutivo en el ámbito de los gremios empresariales. Sus esfuerzos en promover gremios desde el gobierno o también candidaturas oficialistas en las elecciones de gremios empresariales, no han sido exitosos. Los gremios promovidos por el gobierno existen pero con menor impacto que los tradicionales. El único caso de un gremio de amplia representación y de vieja data, que al menos su Presidente ha mantenido permanente coincidencia con el gobierno es el de los pequeños industriales -Fedeindustria-. Demás está recordar que es universal en nuestro país, que los empresarios de cualquier magnitud, tienen la necesidad de un canal de relación fluido con instancias oficiales para su propia supervivencia, dado factores de política económica que derivan de una economía que ha acentuado su extractivismo dándole al Gobierno la recepción de un 97% de todas las divisas que ingresan al país, y con ello redistribuir según sus criterios.

  A pesar que las confrontaciones abiertas del empresariado con el gobierno en las acciones del 2001-2002 eran de un alto riesgo, ya que apelaron a estrategias extremas como convocatorias a paros nacionales y poner en práctica lockout, es decir cierres empresariales, trayendo consigo que sus organizaciones y dirigentes fueron sometidos a juicios y otros hostilizados. Ante la OIT se documentaron oportunamente denuncias que referían a secuestros, asaltos de sedes y negación de diálogos, entre otros. Denuncias que el gobierno venezolano no ha respondido satisfactoriamente, lo que mantiene latente esos casos.

  Por el lado sindical han ocurrido una mayor diversidad y cantidad de hostigamientos, sin embargo han repercutido menos en los ámbitos externos, como es la OIT, he incluso en las propias instancias internacionales sindicales. En las memorias e informes de la Central Sindical de las Américas -CSA-  y de la Central Sindical Internacional -CSI- no se ven agresiones al movimiento sindical venezolano, lo que en buena medida es resultante de la fragmentación existente y la dificultad de presentar una voz unitaria y efectiva. Recientemente fue que vimos al fin un caso, como es la manifestación de preocupación de la CSA por la situación de hostigamiento y agresión al sindicalismo mayoritario en el Inces.

  Para finalizar, se destaca que al tiempo que los gremios empresariales han preservado su unidad y se puede afirmar que han logrado superar aquella imagen que quedo de un liderazgo que apoyo una gigantesca movilización popular para que luego su máximo dirigente se hiciera ilegítimamente de la primera magistratura. Esto determina que sus voceros de hoy y sus planteamientos especialmente sobre política económica se expresen en un nuevo contexto que permite recuperar una creciente audiencia en el país, de ahí el resurgimiento de señalamientos y acusaciones gubernamentales contra la credibilidad de dirigentes de los gremios empresariales.