Las reformas laborales pueden ser para avanzar o para
retroceder. Mejor decir pueden ser para que avance o retroceda el capital o los
trabajadores, en sus relaciones de trabajo. Igual consideración es conveniente
resaltar con respecto al regulador, el Estado. Una reforma puede ser para que acentúe
su papel regulador o para que lo comparta con los actores sociales.
En
estos dilemas se debate un proceso de reforma. Las variables que contribuyen a
contener los límites o los extremos de un resultado determinado, están en
función de la manera democrática y participativa como se realice la
construcción de la reforma, así como su aprobación.
No
menos importante es la consideración de la situación en la cual se encuentre el
desarrollo económico, social y político de la sociedad en cuestión. Lo que
podríamos identificar como el contexto. El diagnóstico de lo económico no puede
eludirse en un proceso de reforma, sin que necesariamente esté ajeno a los
intereses sociales y políticos. En todo este proceso no hay alusión alguna a
esta dimensión.
Los
constructores y reformadores actúan en
función de la visión que tienen de la sociedad, así como de sus aspiraciones
sobre el deber ser de la actividad productiva y de las relaciones que en ella
ocurren. No es un asunto menor admitir esta premisa. Se reconoce que en la
sociedad venezolana no hay una visión compartida de país. La polarización es
notable y marca todas las actividades. Cuesta ver un área de la acción pública
que sea construida a partir del consenso.
No
quiere significar la ausencia de un modelo de país único, que toda la sociedad
ha de suscribir de modo conformista una visión dada. Los ciudadanos conviven en
una situación común, a lo mejor percibida con algunas diferencias, dada
experiencias, edades, ubicación socio económica, vínculos políticos, formación.
Pero la cotidianidad en cuanto a los asuntos básicos va homogenizando las
percepciones, digamos en asuntos como la seguridad, el empleo, el nivel de
bienestar, los servicios públicos.
En este
proceso de reforma hemos visto como se hacen anuncios sobre temas medulares de
las relaciones de trabajo, por sus impactos
y consecuencias, sin que se acompañe el reconocimiento del estudio de lo
que tenemos en el funcionamiento laboral venezolano.
Se
formulan anuncios generosos con el sector de los trabajadores. Salarizar el
régimen de prestaciones aprobado en 1997, ya que es un derecho adquirido, que
puede llegar a noventa días adicionales de ingreso, con todas las incidencias
en otros conceptos que han de pagarse al trabajador, y al mismo tiempo regresar el sistema de
prestaciones sociales de recalcular con el último salario toda la antigüedad
del trabajador. Que los dos sistemas coexistan para beneficio del trabajador.
En el mismo orden otros anuncios generosos, informan de rebajar la jornada de
trabajo en hasta nueve horas semanales!!.. o en aumentar el disfrute de
vacaciones en más de diez días de disfrute, así como el pago de hasta treinta
días desde el primer año.
En ese
orden son los anuncios de los miembros de la comisión presidencial, todos del
proyecto oficialista. Parece un festival de quién ofrece más. Es razonable que un proceso de reforma sea
un proceso controversial entre los
distintos intereses que participan de las relaciones de trabajo, así como entre
las diversas corrientes de pensamiento que el país escogió y llevo a los
curules parlamentarios. Con este escenario se minimizan resultados sectarios.
Muy a
pesar de los anuncios generosos hacia la población trabajadora, llama la
atención sus reservas mostradas ante el anuncio gubernamental del traslado de
las prestaciones sociales ubicadas en fideicomisos bancarios y en el capital de
las empresas, a un fondo estatal para acumularlas y administrarlas. Inmediatamente
se produjo un nerviosismo colectivo, que dejó en evidencia la desconfianza en
el gobierno, al menos en el manejo de recursos, así como también dejó en
evidencia que la reforma de 1997 es sentida por la población trabajadora, al
tener conciencia de los beneficios que ella ha traído.
Las
razones para la desconfianza son visibles. En primer lugar la mora que el
gobierno tiene con sus servidores en el pago de lo correspondiente a la reforma
del 1997, hace ya quince años. No se hicieron los pagos para pasar al nuevo
sistema, hay deudas con los fideicomisos, en muchos casos no se constituyeron.
Quién deja de prestar servicios en el sector público debe esperar varios años
para cobrar su dinero que es de exigibilidad inmediata.
En segundo lugar el modo como se
manejan los recursos del IVSS. Si bien es meritorio que el número de
pensionadas se haya triplicado entre 1998 y el 2011, pero no hay que dejar de
destacar que todos sus pagos se hacen con recursos que provienen de la renta
petrolera o de ingresos fiscales como el IVA que lo aportan los ciudadanos.
Al fondo de jubilaciones más
poderoso del país, como es el de los trabajadores petroleros se le hizo un
desfalco de varios cientos de millones de dólares. Hay detenidos, pero en los
EEUU ya que se violaron leyes de inversiones de ese país.
En 1987 se creó el fondo de
jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el
3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce
de los activos de este fondo. Lo lógico es que cada cotizante tenga un estado
de cuenta de su fondo.
A pesar de los generosos anuncios
en la reforma laboral, las reservas de la población trabajadora persisten.
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