Profesores sin previsión social y la necesidad de recuperarla.

   Apenas se reabría la Universidad de Carabobo, luego de un prolongado cierre más de cincuenta años, nacía su Instituto de Previsión Social -IPAPEDI-, para atender al personal docente y de investigación, lo que su nombre mismo indica, la previsión social, coherente esquema en el marco de la autonomía universitaria.

 Los profesores y su empleador aportaban cada uno, a elección del contribuyente un 5 o un 10% de su salario integral, así que el profesor contaba con un ingreso extra de 10 o 20%, administrado dicho ahorro por los profesores electos de la propia comunidad. Cíclica y regularmente se hacían las elecciones, y nuevas juntas administradoras, acompañada de un discreto equipo de funcionarios contratados, administraban esos recursos para atender necesidades de salud, de vivienda, préstamos para varias necesidades  familiares (ejemplo salud, educación, vacaciones), y también vales de caja para urgencias sobrevenidas. Al lado de ello se administraba un montepío que atendía los gastos funerarios. Cincuenta años de administración permitieron brindar a los profesores una previsión y asistencia social, que era un modelo y al tiempo que un atractivo para aquellos talentos que veían la universidad como una alternativa para la carrera académica, no era extraño que algunos dejaban empleos en el sector privado o ejercicio liberal, o también algunos entraban temprano a esta carrera, que gozaba de una previsión social real. Era todo un sistema en las universidades autónomas que le descargaba al gobierno central el tener que administrar la previsión social.

  Lo anterior se fue acabando a medida que la política gubernamental fue restringiéndole recursos a las universidades, incluso antes de estar en el grado actual de profesores en pobreza, como la de aquellos que no tienen ingresos para adquirir la canasta alimentaria. Es imperioso que organicemos escenarios para armonizar la creación de programas de salud para una comunidad disminuida en su calidad de vida e ingresos.

  Cierto que para los institutos de previsión social es un escenario complejo, lo cual le exige a quienes la dirigen fortalecer la integración con los dueños de los recursos que se acumularon en tiempos de normalidad, la comunidad de profesores activos y pasivos. Destacando que éstos últimos en un porcentaje aún realiza tareas para la institución propias de activos. En tal estado se demandan procesos transparentes de la administración. La desconfianza en la manera de gestionar ha aparecido y superarla obliga a los actuales administradores a obrar con celo y respeto a las formalidades.  

La asamblea de profesores jubilados celebrada este 20 de Marzo, exteriorizó fallas que quebrantan e impiden el análisis de una gestión. Casi dos horas de presentación de láminas con predominio de datos numéricos en una pantalla, que no podía ser vista con claridad, no es suficiente para el análisis que permita aprobar o improbar el conjunto de planteamientos. Muchos elementos requieren aclaratorias. 

Recién se pudo saber que hay un conjuntos de materiales en la pagina web de Ipapedi, favorable que haya sido reactivada. Salvo informes relacionados con lo presentado hoy, un aviso de tarifas del HCM y las reservas del casas de playa, se observa  en el resto que la pagina solo muestra informaciones del 2017 hacia atrás. Un lugar web con tal atraso deja de cumplir su función y por supuesto no tiene sentido visitarla. Pero la comunidad  necesita contar con el acceso a los mismos informes que llevará la Junta Administradora y Consejo de Vigilancia a la asamblea, y para ello hay que darle oportunidad de leerlos y entenderlos. 

No menos importante es que una asamblea no es solo convocarla con una agenda determinada, hay que ofrecer unas pautas de funcionamiento de la presentación. Normas de la asamblea, exigen un Director o Moderador del Debate, asegurarse la claridad y visibilidad de la información que se va a presentar, los derechos de palabra y un lapso para una 1era, y si se requiere una segunda intervención, ya será algo menos, y muy importante un método de votación. Recordemos la asamblea es de todos, no es solo de la Junta Administradora y Consejo de Vigilancia, son esenciales las condiciones para la toma de decisiones por parte de los afiliados Hoy todo esto fue inexistente, lamentablemente. 

Nuestra crisis de la previsión social no está para esperas, exige decisiones prontas de todos los de la comunidad.  

La protesta de los sidoristas. Oportunidad para clarificaciones

  El año empieza con protestas laborales en varios sectores vinculados con el patrono gobierno. Se destaca la protesta de los trabajadore de la Siderúrgica del Orinoco -SIDOR-, que lleva varios días y se ha trasladado la presencia de los trabajadores a la autopista que une a Ciudad Guayana con Ciudad Bolívar, sin duda más atrevida que la ubicación en el clásico portón de entrada. 

  Por el lado de la empresa se ha divulgado de algunas propuestas de tipo económico, un par de bonos en dólares como para apaciguar la protesta, pero que no están a la altura de los daños patrimoniales acumulados por tanta violación contra este sector laboral, aparte que lo deseable es instalar un proceso de negociaciones entre empresa y la representación de los trabajadores, y concluir al menos en lo inmediato con compromisos que ofrezcan mecanismos de seguimiento y control por parte de empresa y trabajadores. 

  De este protesta laboral ha resultado la firma de una acta este viernes 13.  Se ha divulgado  en RRSS su contenido,  se aprecia que su contenido tiene un importante valor, claro que en lo que concierne a la coyuntura (emergencia), por ya haberse manifestado la respuesta represiva del gobierno-patrono concretada en detenciones, acusaciones judiciales, acosos, persecuciones y otras ocultas intenciones contra los dirigentes y activistas de la protesta sidorista. De los firmantes y sus correspondientes representaciones, no se tienen los detalles que ayudan a valorar el análisis.  

  De lo que si es evidente que los temas de fondo que dieron origen a la protesta, tales son la pauperización y empobrecimiento de los sidoristas, la violación sistemática de sus derechos y de sus logros históricos, en tal acta no tienen visibilidad. 

Incluso, todo esto es entendible, digamos desde el análisis, porque son excesivamente graves y profundos los daños infligidos desde el gobierno-patrono contra el movimientos sindical sidorista y en general del país. Lo que plantea una reconstrucción para lo cual el contexto económico y político no ofrece mayores posibilidades. Pero si es importante que se observa el acercamiento entre las bases chavistas y otras corriente. Es un puente necesario, ya que ambos han sido maltratados. La lucha laboral es un ámbito que coloca a los trabajadores a reconocer quienes son los patronales-gobierneros y quienes solo son dependientes de su trabajo y esfuerzo.

El movimiento de los trabajadores está pagando las consecuencias del mal manejo por parte del gobierno-patrono de las empresas estatales. En cambio, muchos de quienes han estado en cargos de dirección han sacado su provecho, y hoy están disfrutando.

La destrucción del salario y del ingreso de los trabajadores

   El inicio del 2023 arranca con una vigorosa protesta nacional de los trabajadores al servicio del Estado, cuyos salarios e ingresos han perdido su capacidad adquisitiva a tal extremo, que la globalidad de lo percibido por estos trabajadores los coloca en la condición de pobreza y a la mayoría de ellos en la extrema. 

  Con el objeto de contribuir al aporte de planteamientos a ser considerados en esta coyuntura, van los numerales siguientes: 

1. La discusión salarial y de ingresos de los trabajadores debe ser más frecuente que la de la convención colectiva global.
2. Obsérvese que en cuanto a los precios de los bienes y servicios, requeridos y adquiridos por los trabajadores para su subsistencia se mueven a frecuencias y velocidades que se justifican para que esos proveedores y el sistema productivo en general se mantenga operativo. Los presupuestos tienen vigencias de sólo días y aún así se enfatizan que están sujetos a cambios en cualquier momento.
3. Por tanto en caso de hiperinflación la discusión salarial debe ser mensual, bimensual, o trimestral. En alta inflación debiera ser semestral. Definir parámetros según índices confiables.
4. Para que la discusión salarial se justifique anualmente, es cuando la inflación esté controlada y sea de un dígito. 
5. Es realista que la discusión no sólo ha de enmarcarse en salarios, sino  además en ingresos. Los dos conceptos han de estar presentes, en todo lo expuesto en los numerales 1, 2,  3 y 4.
6. Para negociaciones en el sector público, una carencia a resolver es si ¿se conoce de verdad el monto de los ingresos del gobierno? La opacidad y la falta de transparencia, que viola Const.Nac., evidente lo hacen difícil, pero es debido a la falta del propio gobierno, que no rinde cuentas claras al país, y que controla a los otros poderes que nos se atreven a ejercer sus responsabilidades constitucionales.
7. El tema de las sanciones, es una concesión al gobierno que debe ser condicionada (a discutir con detalles). Sus impacto en los ingresos del gobierno, ha de compararse con el mal manejo de la industria petrolera y de otras que aportaban recursos al Estado.
8. El análisis de la inflación debe ser tema que involucré otros asuntos que trascienden la coyuntura, con equipos técnicos calificados que indaguen la situación financiera del gobierno. Es de suponer que la OIT, en conversaciones ya realizadas, ha mencionado algo al respecto.
9. El mecanismo de dialogo social derivado del Informe de la Comisión de Encuesta es un camino para abordar el tema de los ingresos de los trabajadores, en el entendido que no es un tema desconectado del funcionamiento global de la economía y las instituciones tanto públicas como privadas que operan en su seno.

CTV y sus 86 años.

  Cerraba el convulsionado año de 1936, del fin de 27 años del gomecismo y el tránsito a una democracia de la cual poco se conocía en el país. Veníamos de un siglo XIX de guerras, dictaduras,  caudillismo y alzamientos armados, y entramos en el siglo XX con un primer tercio con casi lo mismo, solo superamos las guerras y alzamientos exitosos, los últimos  derrotados por la dictadura. En ese año se crea la CTV, y con alzas y bajas hoy se mantiene, si bien con un modesto perfil como es general a las centrales opositoras, y a todo el movimiento de los trabajadores y sus organizaciones que no encontraron en la revolución receptividad para el ejercicio de la defensa de los trabajadores. Son muy pocas las organizaciones laborales que llegan a esa edad. 

  Estimo que la central ha pasado por distintas etapas, como es natural a un organismo que se desenvuelve en un ámbito de relaciones de poder, políticos y socio-económicos. Al mismo tiempo una central de carácter nacional y con competencias en múltiples actividades reivindicativas de casi todos los sectores productivos, perfectamente ha de estar sujeta a relaciones complejas con los otros poderes, desde el más alto gobierno hasta los gerentes y jefes de una empresa dada.

 Visto lo anterior, la CTV ha tenido altas y bajas, incluso han habido sectores y estados en donde sus federaciones  y sindicatos afiliados, combinados con el gobierno de ese momento y región, así como con las gerencias empresariales,  tomaron ventajas que favorecieron tanto a determinadas corrientes políticas e ideológicas, como a formas de hacer la práctica sindical. Y que de otro lado, desfavorecieron a otras, hasta obstaculizar su desarrollo. A tal grado es importante  tener presente estos fenómenos, que al país es le conceptualiza en buena parte de la literatura como un caso de neocorporatismo, por el entramado en donde la central sindical interactuaba con el gobierno y otros poderes. Todo esto es parte de una historia y trayectoria. Téngase presente que se trata de individuos que estuvieron en responsabilidades de conducción, y que actuaron en un marco y contexto que ha de tenerse en cuenta, todo ello es analizable y susceptible de juicios, incluso es necesario hacerlos. 

Pero una central sindical, que nació en el ejercicio de una apertura democrática, como la ocurrida en 1936, y en ese largo devenir ha tenido la venia de algunos gobiernos, también ha tenido la persecución y la discriminación de otros. Recordemos lo de la relaciones de poder en la cual está inmersa una verdadera central sindical. No es una fiesta patronal, ni nada por el estilo.

En ese marco, conviene entender que una central sindical es una cosa y la manera como sea conducida es otro asunto, por supuesto a ser analizados dialécticamente, en función de los factores internos y externos en donde se desenvuelve. 

Los países del Cono Sur, que pasaron por dictaduras que intentaron imponer otras centrales, nuevas siglas, finalmente al superar esos regímenes, preservaron sus centrales históricas, en algunos compartiendo que otras que nacieron por  vía autónoma. 

El movimiento de los trabajadores requiere organizaciones fuertes y con creciente afiliación, que no es lo que está ocurriendo. Toca recuperarse, hacer intentos, pensar y repensar cómo hacerlo, no es fácil. Pero la CTV y toda central que esté hoy activa en una auténtica defensa de sus afiliados, son activos que conviene que converjan y se refuercen entre si. 

Confiamos que habrá oportunidad de intercambiar en ambientes amplios, más allá de este pequeño grupo, que no subestimamos pero el asunto es de relevancia nacional.  Verdad que CTV ha venido pasando por difíciles momentos, pero un esfuerzo para reflexionar su papel, de análisis de su importancia en la vida laboral del país, aciertos y logros, y concluir con  sus perspectivas, ello como mínimo es necesario.

Pandemia y consecuencias en las relaciones de trabajo.

 El Covid-19 y la pandemia a partir de marzo del 2020, representa desde entonces un factor de importante consideración en el funcionamiento productivo con impactos en las RT presentes y por considerar cuáles se extenderán más allá, en la post pandemia. Evidentemente, que un estado de confinamiento y de emergencias como las establecidas son poco comunes en el funcionamiento socio económico. La declaratoria de pandemia por parte de la OMS trajo consigo los estados de emergencia decretados por las autoridades, inmediatamente la baja de la producción y la pérdida de empleos, cambios en los tiempos de trabajo, la dislocación del funcionamiento de la globalización, la extensión y masificación del trabajo remoto y del uso de las plataformas, suspensión de beneficios laborales, la implementación de planes de apoyo tanto a trabajadores desplazados temporal o definitivamente, como a los sectores más vulnerables que no están insertos laboralmente. 

  Para captar el impacto de la pandemia  en las RT se han efectuado trabajos de campo con sus análisis, que recopilaron datos de esta problemática en diversos sectores productivos, por supuesto que prioritariamente en el sector de trabajadores de salud, el mas exigido laboralmente en pandemia (OIT 2022; Del Bono y Bulloni 2020; Monitor Sindical Venezuela, 2022). Enmarcado por la necesidad de las políticas publicas de atender la salud de la población, al tiempo que el mantenimiento de la actividad productiva, compatibilizando las presiones empresariales, las posturas atentas de los sindicatos y de otros actores sociales, y el proveer a la población de los bienes y servicios para sus necesidades.

  Se ha recurrido a las negociaciones colectivas, con restricciones, para responder a la pandemia después de lo anunciado por los gobiernos como consecuencia de los estados de emergencia, Los convenios colectivos se han renovado con mínimas modificaciones, incluso se han prorrogado con solo ajustes salariales, posponiendo el grueso de los asuntos propios del convenio, e incluso se negocian cláusulas con efectos derogatorios y de salvaguardia. Encuesta indica que más de la mitad de los sindicatos admiten haber realizado negociaciones informales, que en muchos casos desembocaron en la firma de convenio colectivo. Igual se hicieron presente las negociaciones en línea. Del contenido, cobraron la mayor relevancia los temas de salud y seguridad, las licencias por enfermedad y las prestaciones sanitarias, la flexibilidad en cuanto al tiempo de trabajo y otros acuerdos sobre el tiempo para conciliar el trabajo con la vida personal y la seguridad en el empleo, se han situado en los primeros puestos del programa de negociación. Por otro lado, perdieron peso algunos temas tradicionales en las prioridades de las negociaciones, como los salarios y beneficios, seguridad social, entrenamiento, clasificación de cargos e igualdad de género (ILO, 2022, p.143). En los análisis se destaca los desproporcionados efectos en los sectores en donde predominan las mujeres, incluso amenazando con revertir los recientes avances hacia la igualdad de género (OMS, 2022).    

  Las incidencias en el trabajo y sus relaciones ocurren en varias instancias,  por un lado la parálisis productiva que compromete el empleo de grandes contingentes de trabajadores, que van desde la no asignación de tareas pero preservando todos los beneficios, a su disminución, o suspensión salarial, llegando hasta que pueden convertirse en despidos o estímulos a las renuncias, reduciendo las plantillas en las empresas. Aquí se hace presente una clasificación proveniente y determinada por los empleadores, la de distinguir entre personas que consideran claves y aquellos que no. Dada la arbitrariedad de la clasificación, suele ser más pequeño el primero con respecto al segundo, obviamente para que los empleadores privilegien mayores potenciales contingentes de salidas temporales o definitivas. Un no sorprendente impacto de posturas anti-sindicales, ocurre al privilegiar en el estatus de suspensión a quienes tienen actividad sindical, y aún más, instalar filtros anti sindicales a la hora de la normalización productiva y la reincorporación de personal. 

  Es significativo considerar el impacto diferencial, de la pandemia en los sectores productivos. Desde aquellos que se paralizaron totalmente, por ejemplos espectáculos audiovisuales en lugares públicos, o que reducen sustancialmente sus actividades como los servicios turísticos, pasando por  otros que casi mantienen sus actividades regulares, como la venta de víveres; y en el otro extremo, aquellos cuya actividad se incrementó como los servicios de salud, cuidados y farmacias.

  Lo anterior lleva a subrayar que la exposición al contagio del Covid-19 dio lugar a la categoría de trabajadores de primera línea. Se trata de aquellos cuyos servicios para mantenerlos activos se exponen directamente al contagio, ocurre en los servicios de salud y seguridad. En primer lugar personal de enfermería y otras profesiones que atienden a personas en centros sanitarios y en hogares para mayores. Se agregan los que laboran en educación, comercio minorista, limpiezas, transporte público, seguridad y vigilancia de lugares de circulación de personas. 

  Una previsión social efectiva mantiene a los cubiertos con un ingreso por un lapso, generalmente que con menores montos que los regulares, pero con la expectativas del regreso a la actividad laboral y recuperar el ingreso regular. En otros casos, se ha logrado que desde el Ejecutivo se implementen programas de emergencia para dotar de ingresos para necesidades básicas. El papel de unas RT activas, atiende tanto los planteamientos de suspensión como de despidos, igual que los procesos de reincorporación, vía negociaciones colectivas.

  Además del tema empleo, la segunda mayor incidencia ocurre en la reconfiguración del tiempo de labores. Pasa por su reducción en la mayor parte de los casos, además que con menor producción, resultan efectos en los empleos y los ingresos de los trabajadores. 

  Los trabajadores de la informalidad de ventas de bienes y servicios, experimentan restricciones con la pandemia por la limitada circulación de personas en las vías públicas. Pero han surgido y se han masificado los servicios de distribución a los hogares y a las sedes de los compradores, on line y delivery,  en principio como actividad informal, pero dado que se han constituido importantes empresas prestadoras de esos servicios, usuarias de aplicaciones de plataformas basadas en algoritmos de inteligencia artificial, que conecta al proveedor con el comprador y ejercen un estricto control en las personas que realizan las entregas, formando parte icónica del mapa laboral post pandémico. Ante todo ello, en un amplio número de países de ALC ya cuentan con regulaciones, se señalo en pié de pagina No. 3.

  En la gestión de la pandemia, se aprecia un formato predominante “de forma controlada mediante políticas limitantes, coactivas y paralizantes como única forma de gestión”, que se traduce en perdidas de derechos, que importa no se excedan de los límites que correspondan para evitar la propagación del virus.  En cuanto a los espacios comunales se plantea que “Es a partir del conocimiento exhaustivo de las dificultades y las potencias que cada espacialidad tiene de afrontar el aislamiento, la inmovilidad y la vida cotidiana que se podrán gestionar límites, aperturas y políticas activas de restitución de derechos.“ (Maneiro 2020, p. 20). 

  La organización sindical internacional con mayor afiliación mundial, la Confederación Sindical Internacional, dado los efectos del neoliberalismo y la pandemia, viene reclamando la necesidad de un nuevo pacto social para la recuperación y la resiliencia, aún sin interlocutores que respondan el llamado. 

Referencias.

-  Del Bono, Andrea y Bulloni, María Noel. (2021) “Tercerización laboral en la era digital: viejos problemas y nuevos desafíos”.  Caderno CRH, Salvador, V 34, p 1-12, 2021  https://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v34i0.45073

- Maneiro, María (2020) “La incidencia del COVID-19 en el Sur del Gran Buenos Aires. Aportes de las ciencias sociales para un diagnóstico adecuado y un cuidado efectivo”; pp 12-21. Grupo anticapitalismos  y narrativas emergentes, Boletín No 1, CLACSO.

- Monitor Sindical (2022). “Condiciones de trabajo del personal que labora en hospitales del sector público”.  https://monitorsindicalvenezuela.com/2022/03/25/monitorsindical-presenta-boletin-sobre-las-condiciones-de-trabajo-del-personal-de-salud-del-sector-publico/

-  Organización Internacional del Trabajo (2022) “Informe sobre el Diálogo Social 2022. La negociación colectiva en aras de una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente” 

- Organización Mundial de la Salud (2022) Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ESTADO: EL TRABAJO EN LAS UNIVERSIDADES

 

Interesados en analizar la crítica situación de la Universidad Autónoma, se organizó este 14 de diciembre evento virtual que prioriza una de las dimensiones de su quehacer como es la laboral de su personal académico, eje central de la misión de estas instituciones. Segmento laboral, hoy tratado con desconsideración por quienes dirigen al más alto nivel la educación superior.

  Empezamos por referir brevemente a la relación entre el Estado y la Universidad Autónoma, teniendo presente que  además existe un número ampliamente mayor de universidades de reciente creación, todas experimentales, e incluso una amplia proporción eran hasta hace poco colegios universitarios, que forman técnicos superiores, y finalmente las privadas, ambos grupos siguen en buena medidas diferentes sistemas organizativos. 

  El Estado y el modelo de relaciones de trabajo correspondiente, ha pasado por varias etapas, empezando por el llamado estado liberal, que dio lugar a una modernización productiva que en su seno se hizo notorio el llamado “problema laboral” o la “cuestión social”, que era el resultado de un manejo productivo sin reconocimiento de derechos ni de organizaciones de los trabajadores, lo que la literatura conoce como el unitarismo. No fue posible sostener esta situación por la tensión social derivada de los atropellos y abusos en la relación de los patronos y los trabajadores, al tiempo que éstos más dados a captar la sensibilidad social, fueron avanzando en organizarse para demandar y lograr derechos socio laborales. 

  En Venezuela esto permitió el establecimiento y desarrollo de las relaciones de trabajo, en diversos sectores, especialmente aquellos que lograban aglutinar grandes contingentes de trabajadores, obviamente las universidades entre ellas, con el aditivo que su propia naturaleza de institución dedicada a trabajar con conocimientos, investigación y formación, pudo colocarse a la vanguardia de la organización gremial.

  El marco del estado social democrático fue esencial para facilitar la construcción de instituciones modernas de relaciones de trabajo. Evidente se pasó del unitarismo al pluralismo, dado el reconocimiento firme de los actores socio laborales. 

  Sin embargo, la democracia venezolana reflejó debilidades que trajo consigo un proceso regresivo de reformas constitucionales, pero más aún la regresividad manifiesta en las propias maneras de ejercer la función ejecutiva, al margen del estado de derecho, con ello se empezaron a erosionar la autonomía de las universidades y la del funcionamiento de las relaciones de trabajo que le son propias. Se puede afirmar que se ha regresado al unitarismo, aunque existan instituciones sindicales, que han sido impuestas por el estado al tiempo que se han negado los espacios y la representación de aquellas que no son afectas al régimen, lo que nos coloca en unas ya superadas relaciones de trabajo unitarias.

PS: puede verse en youtube todo el evento en  https://www.youtube.com/watch?v=FwvwPx5wBUY

Resumen del Informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela, octubre de 2021

El gobierno ha dejado de informar lo que ocurre en el ámbito de la salud, no hay estadísticas oficiales confiables y se persigue a quienes denuncien la grave crisis que viven las entidades prestadoras de servicios, como hospitales y ambulatorios. En ese contexto y con especial énfasis, para documentar y denunciar la violación de derechos humanos laborales en el sector salud, se inscriben los esfuerzos de del Monitor Sindical de Venezuela.

I. Jornada Laboral y suficiencia de personal

El gobierno no hace nada para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y reducir el déficit de personal en los centros de salud del país. Su inacción, afecta el derecho a la salud de la población, al tiempo que, genera la sobrecarga del personal que logra asistir, dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia, se ha incrementado.

La asistencia del personal a los centros de salud, al igual que en el mes de septiembre, resultó incompleta en todos sus turnos en el mes de octubre. Esto ocurre en casi todos los centros:

1. a)  El 83% de los centros de salud reportan asistencia incompleta en el área de emergencia; el 78% en la de aislamiento y 88% en la de hospitalización.

2. b)  Menos de un tercio de los centros de salud monitoreados cuentan con la asistencia completa de su personal por turnos. En la tarde (28%), la noche (28%), y los domingos y días feriados (27%), mientras que en el turno de la mañana (43%) esta cifra no alcanza la mitad de estas instituciones.

3. c)  Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, además de diversas carencias que precarizan el ambiente de trabajo y el ejercicio de las profesiones que ahí se requieren, producen la desprofesionalización de la atención en los centros de salud. En ausencia del médico: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, en el 32% por un familiar, en el 32% no son atendidos y un 3% es atendido por personal con competencias. En ausencia del personal de enfermería: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, 20% por un familiar, el 32% no son atendidos y en un 15% es atendido por personal con competencias.

4. d)  En el 81% de los centros monitoreados, los trabajadores identifican a las limitaciones de transporte público (35%) y la falta de efectivo (46%) como las principales causas que limitan la asistencia del personal.

II. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas

1. a)  En octubre, en relación con septiembre, se incrementó el total de centros de salud en los cuales los trabajadores no reciben incentivos laborales de ningún tipo. Del 53% reportado en septiembre. Éstos pasan en octubre a un 65%, es decir, de la mitad a dos tercios.

2. b)  Enoctubre,losincentivosparaelpersonaldeprimeralíneadelaCovid- 19 es un aspecto que muestra una un pequeño incremento, aunque aún esté distante de alcanzar un estado óptimo. El total de centros de salud, en los cuales este personal recibe beneficios adicionales por su labor creció de 36% en septiembre a 52% en octubre. Esto pudo ser una respuesta la autoridades a la denuncia, hecha por dirigentes sindicales, sobre la existencia de incentivos otorgados discrecionalmente a personal de las áreas de atención de la Covid-19 en algunos centros de salud.

3. c)  Lostiposdeincentivosadicionalesquerecibenelpersonaldeprimera línea de la Covid-19 son: En bolívares (33%) y en dólares (21%). El resto bolsas CLAP (24%), EPP (6%) y en un 15% identificaron otros. Esta desigualdad junto al 48% de centros que no reciben incentivos adicionales, obliga a recordar que existen disposiciones jurídicas nacionales e internacionales dentro y fuera del mundo laboral, que condenan la existencia de prácticas discriminatorias. Ninguna situación excepcional, como es el caso de la pandemia por Covid-19, las legitiman.

4. d)  En el 82% de los centros monitoreados en octubre, se mantiene el incumplimiento generalizado del Estado venezolano de acuerdos contractuales y/o deudas pendientes. Los compromisos laborales violados por el empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (47%) y lo relativo a la asignación de vacaciones (42%). En algunos centros (67%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Por ejemplo, al tiempo que el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para la asignación de vacaciones.

III. Riesgos laborales

1. a)  El 88% de los centros encuestados, los trabajadores no contaron con agua potable para beber, condición que establecen los convenios colectivos.

2. b)  En octubre, en relación con septiembre, hay un aumento en el número de centros de salud en los cuales el personal recibió capacitación sobre medidas de protección pasando de 32% a 45%. Sin embargo, aún más de la mitad (55%), contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, no la ha recibido. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. Debe ser permanente.

3. c)  Continua en octubre en los centros de salud del país, el incumplimiento de la resolución 090 de la Gaceta Oficial 41.891 MPPS, normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19, Menos de la mitad (48%) de los centros de salud encuestados cumple con el

aislamiento del personal mayor de 65 años y un tercio de ellos (35%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS.

4. d)  De septiembre a octubre, creció del 88 al 93% el porcentaje de centros monitoreados que no cuentan con la supervisión y procedimientos regulares orientados a brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades. En ellos no existe control y vigilancia epidemiológica

5. e)  En el 85% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, el tratamiento y aislamiento oportuno.

6. f)  En el 92% de los centros encuestados, el Estado no garantiza el tratamiento del personal de salud que es diagnosticado positivo a la Covid-19. Las precarias condiciones de trabajo unidas a la ausencia de apoyo institucional para la realización de pruebas oportunas para diagnosticar la Covid-19 y para encarar su tratamiento, son factores muy importantes para explicarse la alta tasa de contagios1 y mortalidad2 por esta enfermedad del personal de la salud.

7. g)  El acoso y hostigamiento laboral es una práctica extendida y sistemática de las autoridades sanitarias que ejercen el rol de patrón en los centros monitoreados, al no ser prácticas aisladas ni coyunturales muestran que son una política de Estado. En el 70% de los centros, los trabajadores reciben amenazas de despido; en el 58% se desarrollan campañas antisindicales y en el 75% los trabajadores sufren repercusiones si participan en actos de protesta. De este modo, se lesionan derechos laborales individuales, se limita la libertad sindical y se niega el derecho a la protesta de los trabajadores.

A modo de cierre

Los trabajadores del sector salud laboran en ambientes laborales inseguros y no saludables, les incumplen con sus derechos contractuales, no se les garantiza protección especial ni tratamiento contra la Covid-19. Ellos y sus organizaciones sufren en forma permanente acoso y abuso de autoridad.

Dado los resultados del reporte de octubre, se plantea al Estado venezolano:

1. El impulso de mejoras salariales y de las condicionesl aborales para disminuir

   el déficit estructural de personal.

2. El impulso de una política especial de incentivos incluyentes y no

   discriminatorios que, en esta coyuntura, reconozca en forma justa a los

   trabajadores del sector.

3. Cumplir sus compromisos contractuales y detener sus prácticas recurrentes

   de acoso y abuso de autoridad contra los trabajadores.

1 Ver: https://twitter.com/maurozam10/status/1455283926478503942
2 Ver: https://twitter.com/MedicosUnidosVe/status/1455201879386906630