La protesta de los sidoristas. Oportunidad para clarificaciones

  El año empieza con protestas laborales en varios sectores vinculados con el patrono gobierno. Se destaca la protesta de los trabajadore de la Siderúrgica del Orinoco -SIDOR-, que lleva varios días y se ha trasladado la presencia de los trabajadores a la autopista que une a Ciudad Guayana con Ciudad Bolívar, sin duda más atrevida que la ubicación en el clásico portón de entrada. 

  Por el lado de la empresa se ha divulgado de algunas propuestas de tipo económico, un par de bonos en dólares como para apaciguar la protesta, pero que no están a la altura de los daños patrimoniales acumulados por tanta violación contra este sector laboral, aparte que lo deseable es instalar un proceso de negociaciones entre empresa y la representación de los trabajadores, y concluir al menos en lo inmediato con compromisos que ofrezcan mecanismos de seguimiento y control por parte de empresa y trabajadores. 

  De este protesta laboral ha resultado la firma de una acta este viernes 13.  Se ha divulgado  en RRSS su contenido,  se aprecia que su contenido tiene un importante valor, claro que en lo que concierne a la coyuntura (emergencia), por ya haberse manifestado la respuesta represiva del gobierno-patrono concretada en detenciones, acusaciones judiciales, acosos, persecuciones y otras ocultas intenciones contra los dirigentes y activistas de la protesta sidorista. De los firmantes y sus correspondientes representaciones, no se tienen los detalles que ayudan a valorar el análisis.  

  De lo que si es evidente que los temas de fondo que dieron origen a la protesta, tales son la pauperización y empobrecimiento de los sidoristas, la violación sistemática de sus derechos y de sus logros históricos, en tal acta no tienen visibilidad. 

Incluso, todo esto es entendible, digamos desde el análisis, porque son excesivamente graves y profundos los daños infligidos desde el gobierno-patrono contra el movimientos sindical sidorista y en general del país. Lo que plantea una reconstrucción para lo cual el contexto económico y político no ofrece mayores posibilidades. Pero si es importante que se observa el acercamiento entre las bases chavistas y otras corriente. Es un puente necesario, ya que ambos han sido maltratados. La lucha laboral es un ámbito que coloca a los trabajadores a reconocer quienes son los patronales-gobierneros y quienes solo son dependientes de su trabajo y esfuerzo.

El movimiento de los trabajadores está pagando las consecuencias del mal manejo por parte del gobierno-patrono de las empresas estatales. En cambio, muchos de quienes han estado en cargos de dirección han sacado su provecho, y hoy están disfrutando.

La destrucción del salario y del ingreso de los trabajadores

   El inicio del 2023 arranca con una vigorosa protesta nacional de los trabajadores al servicio del Estado, cuyos salarios e ingresos han perdido su capacidad adquisitiva a tal extremo, que la globalidad de lo percibido por estos trabajadores los coloca en la condición de pobreza y a la mayoría de ellos en la extrema. 

  Con el objeto de contribuir al aporte de planteamientos a ser considerados en esta coyuntura, van los numerales siguientes: 

1. La discusión salarial y de ingresos de los trabajadores debe ser más frecuente que la de la convención colectiva global.
2. Obsérvese que en cuanto a los precios de los bienes y servicios, requeridos y adquiridos por los trabajadores para su subsistencia se mueven a frecuencias y velocidades que se justifican para que esos proveedores y el sistema productivo en general se mantenga operativo. Los presupuestos tienen vigencias de sólo días y aún así se enfatizan que están sujetos a cambios en cualquier momento.
3. Por tanto en caso de hiperinflación la discusión salarial debe ser mensual, bimensual, o trimestral. En alta inflación debiera ser semestral. Definir parámetros según índices confiables.
4. Para que la discusión salarial se justifique anualmente, es cuando la inflación esté controlada y sea de un dígito. 
5. Es realista que la discusión no sólo ha de enmarcarse en salarios, sino  además en ingresos. Los dos conceptos han de estar presentes, en todo lo expuesto en los numerales 1, 2,  3 y 4.
6. Para negociaciones en el sector público, una carencia a resolver es si ¿se conoce de verdad el monto de los ingresos del gobierno? La opacidad y la falta de transparencia, que viola Const.Nac., evidente lo hacen difícil, pero es debido a la falta del propio gobierno, que no rinde cuentas claras al país, y que controla a los otros poderes que nos se atreven a ejercer sus responsabilidades constitucionales.
7. El tema de las sanciones, es una concesión al gobierno que debe ser condicionada (a discutir con detalles). Sus impacto en los ingresos del gobierno, ha de compararse con el mal manejo de la industria petrolera y de otras que aportaban recursos al Estado.
8. El análisis de la inflación debe ser tema que involucré otros asuntos que trascienden la coyuntura, con equipos técnicos calificados que indaguen la situación financiera del gobierno. Es de suponer que la OIT, en conversaciones ya realizadas, ha mencionado algo al respecto.
9. El mecanismo de dialogo social derivado del Informe de la Comisión de Encuesta es un camino para abordar el tema de los ingresos de los trabajadores, en el entendido que no es un tema desconectado del funcionamiento global de la economía y las instituciones tanto públicas como privadas que operan en su seno.

CTV y sus 86 años.

  Cerraba el convulsionado año de 1936, del fin de 27 años del gomecismo y el tránsito a una democracia de la cual poco se conocía en el país. Veníamos de un siglo XIX de guerras, dictaduras,  caudillismo y alzamientos armados, y entramos en el siglo XX con un primer tercio con casi lo mismo, solo superamos las guerras y alzamientos exitosos, los últimos  derrotados por la dictadura. En ese año se crea la CTV, y con alzas y bajas hoy se mantiene, si bien con un modesto perfil como es general a las centrales opositoras, y a todo el movimiento de los trabajadores y sus organizaciones que no encontraron en la revolución receptividad para el ejercicio de la defensa de los trabajadores. Son muy pocas las organizaciones laborales que llegan a esa edad. 

  Estimo que la central ha pasado por distintas etapas, como es natural a un organismo que se desenvuelve en un ámbito de relaciones de poder, políticos y socio-económicos. Al mismo tiempo una central de carácter nacional y con competencias en múltiples actividades reivindicativas de casi todos los sectores productivos, perfectamente ha de estar sujeta a relaciones complejas con los otros poderes, desde el más alto gobierno hasta los gerentes y jefes de una empresa dada.

 Visto lo anterior, la CTV ha tenido altas y bajas, incluso han habido sectores y estados en donde sus federaciones  y sindicatos afiliados, combinados con el gobierno de ese momento y región, así como con las gerencias empresariales,  tomaron ventajas que favorecieron tanto a determinadas corrientes políticas e ideológicas, como a formas de hacer la práctica sindical. Y que de otro lado, desfavorecieron a otras, hasta obstaculizar su desarrollo. A tal grado es importante  tener presente estos fenómenos, que al país es le conceptualiza en buena parte de la literatura como un caso de neocorporatismo, por el entramado en donde la central sindical interactuaba con el gobierno y otros poderes. Todo esto es parte de una historia y trayectoria. Téngase presente que se trata de individuos que estuvieron en responsabilidades de conducción, y que actuaron en un marco y contexto que ha de tenerse en cuenta, todo ello es analizable y susceptible de juicios, incluso es necesario hacerlos. 

Pero una central sindical, que nació en el ejercicio de una apertura democrática, como la ocurrida en 1936, y en ese largo devenir ha tenido la venia de algunos gobiernos, también ha tenido la persecución y la discriminación de otros. Recordemos lo de la relaciones de poder en la cual está inmersa una verdadera central sindical. No es una fiesta patronal, ni nada por el estilo.

En ese marco, conviene entender que una central sindical es una cosa y la manera como sea conducida es otro asunto, por supuesto a ser analizados dialécticamente, en función de los factores internos y externos en donde se desenvuelve. 

Los países del Cono Sur, que pasaron por dictaduras que intentaron imponer otras centrales, nuevas siglas, finalmente al superar esos regímenes, preservaron sus centrales históricas, en algunos compartiendo que otras que nacieron por  vía autónoma. 

El movimiento de los trabajadores requiere organizaciones fuertes y con creciente afiliación, que no es lo que está ocurriendo. Toca recuperarse, hacer intentos, pensar y repensar cómo hacerlo, no es fácil. Pero la CTV y toda central que esté hoy activa en una auténtica defensa de sus afiliados, son activos que conviene que converjan y se refuercen entre si. 

Confiamos que habrá oportunidad de intercambiar en ambientes amplios, más allá de este pequeño grupo, que no subestimamos pero el asunto es de relevancia nacional.  Verdad que CTV ha venido pasando por difíciles momentos, pero un esfuerzo para reflexionar su papel, de análisis de su importancia en la vida laboral del país, aciertos y logros, y concluir con  sus perspectivas, ello como mínimo es necesario.

Pandemia y consecuencias en las relaciones de trabajo.

 El Covid-19 y la pandemia a partir de marzo del 2020, representa desde entonces un factor de importante consideración en el funcionamiento productivo con impactos en las RT presentes y por considerar cuáles se extenderán más allá, en la post pandemia. Evidentemente, que un estado de confinamiento y de emergencias como las establecidas son poco comunes en el funcionamiento socio económico. La declaratoria de pandemia por parte de la OMS trajo consigo los estados de emergencia decretados por las autoridades, inmediatamente la baja de la producción y la pérdida de empleos, cambios en los tiempos de trabajo, la dislocación del funcionamiento de la globalización, la extensión y masificación del trabajo remoto y del uso de las plataformas, suspensión de beneficios laborales, la implementación de planes de apoyo tanto a trabajadores desplazados temporal o definitivamente, como a los sectores más vulnerables que no están insertos laboralmente. 

  Para captar el impacto de la pandemia  en las RT se han efectuado trabajos de campo con sus análisis, que recopilaron datos de esta problemática en diversos sectores productivos, por supuesto que prioritariamente en el sector de trabajadores de salud, el mas exigido laboralmente en pandemia (OIT 2022; Del Bono y Bulloni 2020; Monitor Sindical Venezuela, 2022). Enmarcado por la necesidad de las políticas publicas de atender la salud de la población, al tiempo que el mantenimiento de la actividad productiva, compatibilizando las presiones empresariales, las posturas atentas de los sindicatos y de otros actores sociales, y el proveer a la población de los bienes y servicios para sus necesidades.

  Se ha recurrido a las negociaciones colectivas, con restricciones, para responder a la pandemia después de lo anunciado por los gobiernos como consecuencia de los estados de emergencia, Los convenios colectivos se han renovado con mínimas modificaciones, incluso se han prorrogado con solo ajustes salariales, posponiendo el grueso de los asuntos propios del convenio, e incluso se negocian cláusulas con efectos derogatorios y de salvaguardia. Encuesta indica que más de la mitad de los sindicatos admiten haber realizado negociaciones informales, que en muchos casos desembocaron en la firma de convenio colectivo. Igual se hicieron presente las negociaciones en línea. Del contenido, cobraron la mayor relevancia los temas de salud y seguridad, las licencias por enfermedad y las prestaciones sanitarias, la flexibilidad en cuanto al tiempo de trabajo y otros acuerdos sobre el tiempo para conciliar el trabajo con la vida personal y la seguridad en el empleo, se han situado en los primeros puestos del programa de negociación. Por otro lado, perdieron peso algunos temas tradicionales en las prioridades de las negociaciones, como los salarios y beneficios, seguridad social, entrenamiento, clasificación de cargos e igualdad de género (ILO, 2022, p.143). En los análisis se destaca los desproporcionados efectos en los sectores en donde predominan las mujeres, incluso amenazando con revertir los recientes avances hacia la igualdad de género (OMS, 2022).    

  Las incidencias en el trabajo y sus relaciones ocurren en varias instancias,  por un lado la parálisis productiva que compromete el empleo de grandes contingentes de trabajadores, que van desde la no asignación de tareas pero preservando todos los beneficios, a su disminución, o suspensión salarial, llegando hasta que pueden convertirse en despidos o estímulos a las renuncias, reduciendo las plantillas en las empresas. Aquí se hace presente una clasificación proveniente y determinada por los empleadores, la de distinguir entre personas que consideran claves y aquellos que no. Dada la arbitrariedad de la clasificación, suele ser más pequeño el primero con respecto al segundo, obviamente para que los empleadores privilegien mayores potenciales contingentes de salidas temporales o definitivas. Un no sorprendente impacto de posturas anti-sindicales, ocurre al privilegiar en el estatus de suspensión a quienes tienen actividad sindical, y aún más, instalar filtros anti sindicales a la hora de la normalización productiva y la reincorporación de personal. 

  Es significativo considerar el impacto diferencial, de la pandemia en los sectores productivos. Desde aquellos que se paralizaron totalmente, por ejemplos espectáculos audiovisuales en lugares públicos, o que reducen sustancialmente sus actividades como los servicios turísticos, pasando por  otros que casi mantienen sus actividades regulares, como la venta de víveres; y en el otro extremo, aquellos cuya actividad se incrementó como los servicios de salud, cuidados y farmacias.

  Lo anterior lleva a subrayar que la exposición al contagio del Covid-19 dio lugar a la categoría de trabajadores de primera línea. Se trata de aquellos cuyos servicios para mantenerlos activos se exponen directamente al contagio, ocurre en los servicios de salud y seguridad. En primer lugar personal de enfermería y otras profesiones que atienden a personas en centros sanitarios y en hogares para mayores. Se agregan los que laboran en educación, comercio minorista, limpiezas, transporte público, seguridad y vigilancia de lugares de circulación de personas. 

  Una previsión social efectiva mantiene a los cubiertos con un ingreso por un lapso, generalmente que con menores montos que los regulares, pero con la expectativas del regreso a la actividad laboral y recuperar el ingreso regular. En otros casos, se ha logrado que desde el Ejecutivo se implementen programas de emergencia para dotar de ingresos para necesidades básicas. El papel de unas RT activas, atiende tanto los planteamientos de suspensión como de despidos, igual que los procesos de reincorporación, vía negociaciones colectivas.

  Además del tema empleo, la segunda mayor incidencia ocurre en la reconfiguración del tiempo de labores. Pasa por su reducción en la mayor parte de los casos, además que con menor producción, resultan efectos en los empleos y los ingresos de los trabajadores. 

  Los trabajadores de la informalidad de ventas de bienes y servicios, experimentan restricciones con la pandemia por la limitada circulación de personas en las vías públicas. Pero han surgido y se han masificado los servicios de distribución a los hogares y a las sedes de los compradores, on line y delivery,  en principio como actividad informal, pero dado que se han constituido importantes empresas prestadoras de esos servicios, usuarias de aplicaciones de plataformas basadas en algoritmos de inteligencia artificial, que conecta al proveedor con el comprador y ejercen un estricto control en las personas que realizan las entregas, formando parte icónica del mapa laboral post pandémico. Ante todo ello, en un amplio número de países de ALC ya cuentan con regulaciones, se señalo en pié de pagina No. 3.

  En la gestión de la pandemia, se aprecia un formato predominante “de forma controlada mediante políticas limitantes, coactivas y paralizantes como única forma de gestión”, que se traduce en perdidas de derechos, que importa no se excedan de los límites que correspondan para evitar la propagación del virus.  En cuanto a los espacios comunales se plantea que “Es a partir del conocimiento exhaustivo de las dificultades y las potencias que cada espacialidad tiene de afrontar el aislamiento, la inmovilidad y la vida cotidiana que se podrán gestionar límites, aperturas y políticas activas de restitución de derechos.“ (Maneiro 2020, p. 20). 

  La organización sindical internacional con mayor afiliación mundial, la Confederación Sindical Internacional, dado los efectos del neoliberalismo y la pandemia, viene reclamando la necesidad de un nuevo pacto social para la recuperación y la resiliencia, aún sin interlocutores que respondan el llamado. 

Referencias.

-  Del Bono, Andrea y Bulloni, María Noel. (2021) “Tercerización laboral en la era digital: viejos problemas y nuevos desafíos”.  Caderno CRH, Salvador, V 34, p 1-12, 2021  https://dx.doi.org/10.9771/ccrh.v34i0.45073

- Maneiro, María (2020) “La incidencia del COVID-19 en el Sur del Gran Buenos Aires. Aportes de las ciencias sociales para un diagnóstico adecuado y un cuidado efectivo”; pp 12-21. Grupo anticapitalismos  y narrativas emergentes, Boletín No 1, CLACSO.

- Monitor Sindical (2022). “Condiciones de trabajo del personal que labora en hospitales del sector público”.  https://monitorsindicalvenezuela.com/2022/03/25/monitorsindical-presenta-boletin-sobre-las-condiciones-de-trabajo-del-personal-de-salud-del-sector-publico/

-  Organización Internacional del Trabajo (2022) “Informe sobre el Diálogo Social 2022. La negociación colectiva en aras de una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente” 

- Organización Mundial de la Salud (2022) Brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19)https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

ESTADO: EL TRABAJO EN LAS UNIVERSIDADES

 

Interesados en analizar la crítica situación de la Universidad Autónoma, se organizó este 14 de diciembre evento virtual que prioriza una de las dimensiones de su quehacer como es la laboral de su personal académico, eje central de la misión de estas instituciones. Segmento laboral, hoy tratado con desconsideración por quienes dirigen al más alto nivel la educación superior.

  Empezamos por referir brevemente a la relación entre el Estado y la Universidad Autónoma, teniendo presente que  además existe un número ampliamente mayor de universidades de reciente creación, todas experimentales, e incluso una amplia proporción eran hasta hace poco colegios universitarios, que forman técnicos superiores, y finalmente las privadas, ambos grupos siguen en buena medidas diferentes sistemas organizativos. 

  El Estado y el modelo de relaciones de trabajo correspondiente, ha pasado por varias etapas, empezando por el llamado estado liberal, que dio lugar a una modernización productiva que en su seno se hizo notorio el llamado “problema laboral” o la “cuestión social”, que era el resultado de un manejo productivo sin reconocimiento de derechos ni de organizaciones de los trabajadores, lo que la literatura conoce como el unitarismo. No fue posible sostener esta situación por la tensión social derivada de los atropellos y abusos en la relación de los patronos y los trabajadores, al tiempo que éstos más dados a captar la sensibilidad social, fueron avanzando en organizarse para demandar y lograr derechos socio laborales. 

  En Venezuela esto permitió el establecimiento y desarrollo de las relaciones de trabajo, en diversos sectores, especialmente aquellos que lograban aglutinar grandes contingentes de trabajadores, obviamente las universidades entre ellas, con el aditivo que su propia naturaleza de institución dedicada a trabajar con conocimientos, investigación y formación, pudo colocarse a la vanguardia de la organización gremial.

  El marco del estado social democrático fue esencial para facilitar la construcción de instituciones modernas de relaciones de trabajo. Evidente se pasó del unitarismo al pluralismo, dado el reconocimiento firme de los actores socio laborales. 

  Sin embargo, la democracia venezolana reflejó debilidades que trajo consigo un proceso regresivo de reformas constitucionales, pero más aún la regresividad manifiesta en las propias maneras de ejercer la función ejecutiva, al margen del estado de derecho, con ello se empezaron a erosionar la autonomía de las universidades y la del funcionamiento de las relaciones de trabajo que le son propias. Se puede afirmar que se ha regresado al unitarismo, aunque existan instituciones sindicales, que han sido impuestas por el estado al tiempo que se han negado los espacios y la representación de aquellas que no son afectas al régimen, lo que nos coloca en unas ya superadas relaciones de trabajo unitarias.

PS: puede verse en youtube todo el evento en  https://www.youtube.com/watch?v=FwvwPx5wBUY

Resumen del Informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela, octubre de 2021

El gobierno ha dejado de informar lo que ocurre en el ámbito de la salud, no hay estadísticas oficiales confiables y se persigue a quienes denuncien la grave crisis que viven las entidades prestadoras de servicios, como hospitales y ambulatorios. En ese contexto y con especial énfasis, para documentar y denunciar la violación de derechos humanos laborales en el sector salud, se inscriben los esfuerzos de del Monitor Sindical de Venezuela.

I. Jornada Laboral y suficiencia de personal

El gobierno no hace nada para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y reducir el déficit de personal en los centros de salud del país. Su inacción, afecta el derecho a la salud de la población, al tiempo que, genera la sobrecarga del personal que logra asistir, dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia, se ha incrementado.

La asistencia del personal a los centros de salud, al igual que en el mes de septiembre, resultó incompleta en todos sus turnos en el mes de octubre. Esto ocurre en casi todos los centros:

1. a)  El 83% de los centros de salud reportan asistencia incompleta en el área de emergencia; el 78% en la de aislamiento y 88% en la de hospitalización.

2. b)  Menos de un tercio de los centros de salud monitoreados cuentan con la asistencia completa de su personal por turnos. En la tarde (28%), la noche (28%), y los domingos y días feriados (27%), mientras que en el turno de la mañana (43%) esta cifra no alcanza la mitad de estas instituciones.

3. c)  Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, además de diversas carencias que precarizan el ambiente de trabajo y el ejercicio de las profesiones que ahí se requieren, producen la desprofesionalización de la atención en los centros de salud. En ausencia del médico: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, en el 32% por un familiar, en el 32% no son atendidos y un 3% es atendido por personal con competencias. En ausencia del personal de enfermería: En el 33% de los centros monitoreados, los pacientes son atendidos por personal sin competencias, 20% por un familiar, el 32% no son atendidos y en un 15% es atendido por personal con competencias.

4. d)  En el 81% de los centros monitoreados, los trabajadores identifican a las limitaciones de transporte público (35%) y la falta de efectivo (46%) como las principales causas que limitan la asistencia del personal.

II. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas

1. a)  En octubre, en relación con septiembre, se incrementó el total de centros de salud en los cuales los trabajadores no reciben incentivos laborales de ningún tipo. Del 53% reportado en septiembre. Éstos pasan en octubre a un 65%, es decir, de la mitad a dos tercios.

2. b)  Enoctubre,losincentivosparaelpersonaldeprimeralíneadelaCovid- 19 es un aspecto que muestra una un pequeño incremento, aunque aún esté distante de alcanzar un estado óptimo. El total de centros de salud, en los cuales este personal recibe beneficios adicionales por su labor creció de 36% en septiembre a 52% en octubre. Esto pudo ser una respuesta la autoridades a la denuncia, hecha por dirigentes sindicales, sobre la existencia de incentivos otorgados discrecionalmente a personal de las áreas de atención de la Covid-19 en algunos centros de salud.

3. c)  Lostiposdeincentivosadicionalesquerecibenelpersonaldeprimera línea de la Covid-19 son: En bolívares (33%) y en dólares (21%). El resto bolsas CLAP (24%), EPP (6%) y en un 15% identificaron otros. Esta desigualdad junto al 48% de centros que no reciben incentivos adicionales, obliga a recordar que existen disposiciones jurídicas nacionales e internacionales dentro y fuera del mundo laboral, que condenan la existencia de prácticas discriminatorias. Ninguna situación excepcional, como es el caso de la pandemia por Covid-19, las legitiman.

4. d)  En el 82% de los centros monitoreados en octubre, se mantiene el incumplimiento generalizado del Estado venezolano de acuerdos contractuales y/o deudas pendientes. Los compromisos laborales violados por el empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (47%) y lo relativo a la asignación de vacaciones (42%). En algunos centros (67%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Por ejemplo, al tiempo que el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para la asignación de vacaciones.

III. Riesgos laborales

1. a)  El 88% de los centros encuestados, los trabajadores no contaron con agua potable para beber, condición que establecen los convenios colectivos.

2. b)  En octubre, en relación con septiembre, hay un aumento en el número de centros de salud en los cuales el personal recibió capacitación sobre medidas de protección pasando de 32% a 45%. Sin embargo, aún más de la mitad (55%), contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, no la ha recibido. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. Debe ser permanente.

3. c)  Continua en octubre en los centros de salud del país, el incumplimiento de la resolución 090 de la Gaceta Oficial 41.891 MPPS, normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19, Menos de la mitad (48%) de los centros de salud encuestados cumple con el

aislamiento del personal mayor de 65 años y un tercio de ellos (35%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS.

4. d)  De septiembre a octubre, creció del 88 al 93% el porcentaje de centros monitoreados que no cuentan con la supervisión y procedimientos regulares orientados a brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades. En ellos no existe control y vigilancia epidemiológica

5. e)  En el 85% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, el tratamiento y aislamiento oportuno.

6. f)  En el 92% de los centros encuestados, el Estado no garantiza el tratamiento del personal de salud que es diagnosticado positivo a la Covid-19. Las precarias condiciones de trabajo unidas a la ausencia de apoyo institucional para la realización de pruebas oportunas para diagnosticar la Covid-19 y para encarar su tratamiento, son factores muy importantes para explicarse la alta tasa de contagios1 y mortalidad2 por esta enfermedad del personal de la salud.

7. g)  El acoso y hostigamiento laboral es una práctica extendida y sistemática de las autoridades sanitarias que ejercen el rol de patrón en los centros monitoreados, al no ser prácticas aisladas ni coyunturales muestran que son una política de Estado. En el 70% de los centros, los trabajadores reciben amenazas de despido; en el 58% se desarrollan campañas antisindicales y en el 75% los trabajadores sufren repercusiones si participan en actos de protesta. De este modo, se lesionan derechos laborales individuales, se limita la libertad sindical y se niega el derecho a la protesta de los trabajadores.

A modo de cierre

Los trabajadores del sector salud laboran en ambientes laborales inseguros y no saludables, les incumplen con sus derechos contractuales, no se les garantiza protección especial ni tratamiento contra la Covid-19. Ellos y sus organizaciones sufren en forma permanente acoso y abuso de autoridad.

Dado los resultados del reporte de octubre, se plantea al Estado venezolano:

1. El impulso de mejoras salariales y de las condicionesl aborales para disminuir

   el déficit estructural de personal.

2. El impulso de una política especial de incentivos incluyentes y no

   discriminatorios que, en esta coyuntura, reconozca en forma justa a los

   trabajadores del sector.

3. Cumplir sus compromisos contractuales y detener sus prácticas recurrentes

   de acoso y abuso de autoridad contra los trabajadores.

1 Ver: https://twitter.com/maurozam10/status/1455283926478503942
2 Ver: https://twitter.com/MedicosUnidosVe/status/1455201879386906630

Informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela para septiembre de 2021

Introducción

El presente informe es el resultado de encuestar las condiciones de trabajo en el sistema público de salud. Lo fundamenta la información recogida en 60 centros de salud del país, entre los días 01 y 10 de septiembre.

Este trabajo es un esfuerzo complejo por la misma naturaleza en las cuales se realizan las encuestas, que no tienen aval ni apoyo de los entes que dirigen la salud pública. Son acercamientos desde las propias organizaciones gremiales de los trabajadores, comprometidas con la representación y defensa de afiliados, pacientes y usuarios, y todos aquellos interesados en su protección en los espacios productivos de los trabajadores sanitarios, que se han reconocido como los más expuestos de riesgos de enfermedades, que en el caso de Covid-19 alcanzan a que hayan fallecidos 747 trabajadores del sector salud a la fecha de este informe, que representan más del 18% del total reportado en las cifras oficiales, como lo registra con datos de nombre, apellido, lugar, la organización no gubernamental Médicos por Venezuela, presente en todo el país.

La estructura del informe es: a) Datos de identificación del centro b) Jornada laboral y suficiencia de personal c) Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas y d) Riesgos laborales. Luego de expuesto y considerado cada sección, se presentan un conjunto de consideraciones finales y recomendaciones para cerrar el informe y asumir el próximo

A. Datos de identificación del centro 

1.- Se obtuvo información de 60 centros de salud, ubicados en 35 municipios, ubicados en 12 Estados y el Distrito Capital. Dada su densidad poblacional y número de centros de salud en su territorio, la mayor cantidad de las instituciones monitoreadas (25%) se concentraron en este último.

2.- La mayoría de los centros de salud que proporcionaron información para este reporte son Hospitales tipo III y IV. En ellos se concentró el 58% de las respuestas recibidas. 

B. Jornada Laboral y suficiencia de personal

1.- La asistencia del personal a los centros de salud es incompleta. Lo que se traduce en la sobrecarga del personal que logra asistir dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia se ha incrementado. En algunas áreas se han presentado casos en los que no hay personal.

Todas las áreas reportan déficit estructural de personal. Este alcanza el 85% de los centros encuestados. Es una consecuencia de la emigración que ha venido ocurriendo y acentuada en los últimos siete años, en donde el factor salarios que no alcancen siquiera para la alimentación, la inseguridad, la incertidumbre en el futuro, el ambiente político no democrático, hace que los trabajadores abandonen empleos fijos del área de la salud a buscar otras alternativas en países latinoamericanos, y lo hacen con todos los riesgos de la incertidumbre y del peligro. 

Otros trabajadores, se quedan en el país y optan por dedicarse a  otras actividades que les permita mejorar sus ingresos o migrar hacia los centros de salud en el sector privado, en los cuales se remunera mejor que en el sector público al personal. .

3.- Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, junto a un conjunto complejo de carencias que precarizan el ambiente de trabajo, y por supuesto al ejercicio de las profesiones que ahí se requieren; producen la desprofesionalizan de la atención en los centros de salud, cuya especificidad exige a los trabajadores el manejo de competencias para realizar su labor. Ante la ausencia del personal médico y de enfermería:

4.- La insuficiencia de personal se expresa por áreas y por turno también, En todos los casos es superior al 50%, siendo, especialmente crítico, el turno de la Noche, los Domingos y Días Feriados. El turno de la mañana es la jornada con mayor presencia de personal.

La ausencia de personal genera una sobrecarga física, mental y emocional sobre los que aún permanecen trabajando. Se trata de trabajadores que se encuentran en primera línea altamente expuestos y en permanente situación de estrés frente a situaciones excepcionales en las que se involucra el derecho a la vida. 

La sobrecarga de trabajo debe ser atendida, porque ella es muy frecuente y suele naturalizarse en espacios de trabajo altamente vinculado a tareas humanitarias y altruistas:

5.- Al déficit estructural de personal, en medio de la pandemia derivada de la Covid-19, se han agregado otros factores más recientes que obstaculizan la asistencia completa y regular de los trabajadores de la salud a sus centros de trabajo. Entre estos están: Las limitaciones de transporte público y la falta de efectivo, los cuales son identificadas por el 77% de los trabajadores como las principales causas que limitan la asistencia del personal los centros de salud: 

Los problemas del transporte público y la falta de efectivo son problemas que se han agravado con la pandemia, su solución depende de políticas públicas eficientes, es decir, superarlos es responsabilidad del Estado venezolano, en consecuencia, es él quien niega el derecho al trabajo de los que no pueden llegar a sus lugares de trabajo y por tratarse de centros asistenciales, también hace lo propio con el derecho a la salud de los que acuden a ellos en búsqueda de atención.

6.- El principal medio de transporte de los trabajadores es el transporte público y a pie. Un porcentaje muy pequeño (5%) lo hace en vehículo propio de cualquier tipo y tan sólo el 15% cuenta con transporte suministrado por la institución: 

El elevado porcentaje de trabajadores (80%) que se trasladan a sus lugares de trabajo en transporte público (58%) o pie (22%) da cuenta, de un lado, que además de los riegos a contagio que viven diariamente en sus los centros en que laboran, se adiciona los de trasladarse diariamente en la red pública de transporte, identificada como un lugar de alto riesgo en medio de la pandemia. El transporte suministrado por los centros de salud a sus trabajadores forma parte de las medidas excepcionales que los Estados deben asumir en medio de la pandemia para proteger a los trabajadores sanitarios y a la población en general.

Al habitual desgaste físico y mental que sufren los trabajadores del sector salud derivado del déficit de personal, equipos e insumos, así como, el crecimiento de la demanda de atención como consecuencia de la pandemia, hay que adicionar que casi un ¼ de ellos se traslada a pie a sus centros de trabajo, lo que representa un esfuerzo adicional. Estas condiciones atentan contra la salud de los trabajadores, dado que disminuye su tiempo de descanso y recreación.  

Tan sólo en el 15% de los centros encuestados se reporta que su personal cuenta con transporte suministrado por la institución, una medida que beneficia a los trabajadores y, además, aporta en la dirección de salvaguardar su derecho a la salud. La OIT recomienda que se diseñen planes, en medio de la pandemia,  con los representantes de los trabajadores, en los que se garantice el suministro de material médico y medicamentos, equipos de protección personal (EPP) y los medios de transporte del personal    

C. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas

1. Los trabajadores del sistema público de salud son sometidos a condiciones de trabajo precario, con salarios insuficientes, sin seguridad laboral ni incentivos laborales importantes:

La mitad de los trabajadores no recibe incentivos laborales de ningún tipo. El resto, en proporciones muy pequeñas en relación con el total de centros de salud encuestados percibe alimentos (15%), permisos (10%) o aportes monetarios (12%). Una realidad que explica el déficit estructural y coyuntural del personal que labora en los centros de salud del país, pues lo dominante es la ausencia de incentivos y allí donde los hay es poco relevante para considerarse una política nacional de gran impacto.

2. La pandemia es una situación excepcional que ha puesto en tensión a la humanidad. En ese contexto, es recurrente ver diversos Estados, impulsados por organismos internacionales y la acciones de la sociedad civil, instrumentar medidas especiales de incentivo al personal sanitario que encara en primera línea la atención de los contagios en sus localidades. Esta realidad especial demanda medidas especiales que incentiven a los mas expuestos, en este caso el personal sanitario, a mantenerse en sus tareas.

Casi dos tercios del personal de los centros de salud del país que labora en primera línea de la Covid-19 no perciben incentivos adicionales. Además de las garantías de seguridad y salud en el trabajo para el personal sanitario, resulta necesario incentivos extras que estimulen favorablemente al trabajador, en especial, en Venezuela en el que los trabajadores del sector público, incluido el sanitario, antes de la pandemia ya sufren las consecuencias de un trabajo precario y viven una Emergencia Humanitaria Compleja. 

Para propiciar incentivos adicionales efectivos, es necesario el diálogo social. Estos deben ser el resultado de acuerdos entre los trabajadores de la salud y las autoridades sanitarias. Sin embargo, la política laboral del Estado venezolano contraria al diálogo social durante la pandemia no ha variado, pese a las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de la OIT. De hecho en el primer trimestre del 2021 firmó, excluyendo a las organizaciones sindicales autónomas del sector salud, la denominada “Acta de la Mesa Técnica de Negociación” cuyo contenido no es interpretado como un incentivo para los trabajadores. 

3. ¿Cuáles incentivos? Es la pregunta 3.3

4. El 83% de los centros encuestados manifiesta que Estado venezolano incumple sus obligaciones contractuales con los trabajadores del sector salud. Tan solo el 17% no identifico incumplimiento.

En algunos centros (58%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Esto es que, al tiempo que, por ejemplo, el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para descansos y permisos:

Los centros en que los encuestados identificaron incumplimientos contractuales y/o deudas pendientes, señalaron que la violación de compromisos laborales por parte del empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (42%) y lo relativo a los permisos y descansos del personal (38%). Luego, estarían en proporciones similares, entre sí, la asignación de vacaciones (28%) y el bono nocturno (26%).  

D. Riesgos laborales 

1. En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores no cuentan con agua potable para beber, que lo señalan los convenios colectivos:

Los trabajadores sanitarios son sometidos a intensas jornadas de trabajo en las cuales muchas veces un trabajador cumple la funciones de varios; en climas calurosos y bajo constante desgaste físico y mental sin contar si quiera con condiciones para permanecer hidratado durante su jornada de trabajo. 

2. Contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, dos tercios (67%) de los centros encuestados reportan que los trabajadores no han recibido capacitación sobre medidas de protección:

Una realidad que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores, en especial en un contexto de pandemia. La capacitación debe ser una política institucional permanente, especialmente, ante situaciones extraordinarias como la actual que es dinámica y cambiante. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. La responsabilidad de brindarla institucionalmente es de las autoridades sanitarias del país y de cada centro de salud.

2. En los centros de salud del país se incumple con lo establecido en la resolución 090 la Gaceta Oficial 41.891 MPPS normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19; que estableció cuarentena al personal con condiciones de: mayor a 65 años, enfermedades inmunes, cardiópatas, HTA, diabéticos, respiratorios crónicos:

Como se observa en el gráfico tan sólo la mitad de los centros de salud encuestados cumple con el aislamiento del personal mayor de 65 años, un porcentaje bajo dado su nivel de vulnerabilidad en medio de la pandemia. El resto no considera los riesgos de laborar en tal situación con enfermedades preexistentes y un tercio de ellos (32%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS. 

3. Paradójicamente dada su misión, los centros de salud del país, mayoritariamente, no son lugares de trabajo seguro y saludable: 

El personal del 87% de los centros encuestados no cuenta con la supervisión y procedimientos regulares orientados brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades. 

4. El personal más expuesto al contagio en medio de la pandemia es el sanitario. Es él quien la enfrenta en primera línea en sus trabajos. Por lo que debe haber máximo cuido a las medidas de prevención para evitar que él y por añadidura, su familia se enfermen, así como, si esto ocurre, se le debe garantizar en forma oportuna las pruebas diagnósticas Covid-19. Sin embargo, esto no ocurre así:

En el 82% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, en primer lugar, el tratamiento temprano y eficaz y en segundo momento, el aislamiento preventivo que demanda este tipo enfermedades de tipo viral.

4. En los centros de salud encuestados predomina las limitaciones a la libertad sindical y es constante el abuso de autoridad contra quienes reclaman sus derechos. Se examinó sobre nueve formas de acoso o abuso laboral y ocho de ellas fueron reportados como prácticas presentes en la mayoría de los lugares de trabajo.

La formas de acoso o abuso de autoridad sobre las cuales se indagó fueron: a) Amenazas de despido b) Evaluaciones manipuladas por el patrono c) ascensos no son por méritos d) campañas anti sindicales e) Trabas para presentar una queja ante los jefes f) Acosos o sugerencias sexuales, por parte de jefes u otros g) repercusiones para quienes asisten a actos o protestas h) Personas que malponen a los trabajadores i) Otra situación de acoso u hostigamiento.

De todas estas malas prácticas de gestión del personal, contrarias  a la dignidad humana, a la libertad sindical, el derecho a asociación y la protesta, entre otros. La única que no alcanza la mayoría fue “acosos o sugerencias sexuales por parte de jefes u otros”, la cual fue identificada en un 5% del total de centros encuestados.  La que alcanzó una presencia mayor fue “amenazas de despido”, una constante en 82% de los centros que conforman este reporte.

En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores sufren amenazas de despido, dicho de otro modo, no solo están en empleos insuficientemente remunerados, inseguros y pocos saludables, sino también inestables, en los cuales deben laborar bajo el asedió constante.

Predomina un patrón que niega derechos individuales y colectivos de los trabajadores:

Individuales:

El 57% reporta que las evaluaciones son manipuladas por el patrón. En coherencia con esa realidad, el 53% indica que los ascensos no son por méritos. La gestión de personal se percibe, mayoritariamente, como negativa, dado que el 63% señala que existen trabas para presentar una queja ante los jefes.

Colectivos

La acción sindical se desarrolla, mayoritariamente, en un ambiente hostil que orienta a limitar la libertad sindical. Casi dos tercios (65%) de los centros encuestados señalan la existencia de campañas antisindicales.

Esta práctica contra las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, se expresa en las restricciones al derecho a la protesta. Se limita la exigibilidad de sus derechos por parte de los trabajadores, cuando en el (75%) de los centros encuestados se reportan repercusiones para quienes  asisten a actos o protestas, las cuales en los centros de trabajo, resulta lógico pensar que, en forma predominante, son convocadas por las organizaciones que representan a los trabajadores.