RELACIONES LABORALES EN TIEMPOS DE INFLACION

Tratar el tema relaciones laborales en época de inflación como parte de una muy compleja situación que vive la sociedad venezolana en sus dimensiones tanto económicas como políticas, es una oportunidad para formular planteamientos de un debate necesario. Téngase presente que en estos últimos tres años los ingresos y los ahorros de los trabajadores se han volatilizado. El empobrecimiento es general. Entonces ¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y autentico desarrollo productivo? 

  A quienes viven del trabajo, todos los meses le son reducidos sus salarios al ocurrir una inflación que viene superando mensualmente los dos dígitos, en tanto apenas solo se ajustan regular y unilateralmente los salarios mínimos, sin que ello implique una revisión en concordancia con la inflación. Y en cuanto a todos los demás niveles salariales, estos son revisados para largos períodos de dos y tres años en el marco de una contratación colectiva que, de paso en el ámbito del gran empleador -Gobierno-, se hace retrasada y cargada de obstáculos y exigencias para disminuir la capacidad negociadora de las organizaciones de los trabajadores. 

  Hoy, tener y desempeñar un buen trabajo no garantiza ingresos para poder adquirir los bienes esenciales, ya que se presentan las siguientes disyuntivas: una, se invierte un considerable tiempo para tratar de conseguirlos y, entonces, se descuidas el trabajo o fuente de ingresos, demás decir que se limita un mejor uso de tu tiempo libre; y otra, no invierte en tiempo, sino que al pagar la especulación de los mercados negros, el ingreso se vuelve polvo cósmico.   

  Quienes han gobernado desde 1999 hasta el presente, 17 años, formularon un discurso y alentaron proposiciones redistributivas que beneficiaron a los sectores de menores ingresos, lo que en una primera etapa incidió favorablemente en la reducción de la pobreza. Desde círculos de analistas e intelectuales, tanto del país como de la región, veían con interés algunos ensayos de políticas que sustentaban esta redistribución. 

  Pero la dedicación casi absoluta del régimen a lo político y, particularmente a lo electoral, que lo privilegió y ejecutó con especial habilidad, ya que era básico para preservarse en el poder, se descuidaron desde sus inicios los aspectos productivos de bienes y servicios. Si bien, algunas medidas unilaterales desde el gobierno generaron tensión en las relaciones con los empresarios y los sindicatos, que llevaron a éstos a protestas abiertas desde fines del año 2000 y se extendieron en los siguientes dos años, los liderazgos organizados en Fedecámaras y en CTV fueron derrotados en el enfrentamiento con el Gobierno a principios del 2003.

  Por otra parte el Gobierno no se detuvo en promover a otros actores empresariales y sindicales para obviar a estos gremios históricos, y por tanto desarrollar acciones que lesionaron a sus directivos, sino a las organizaciones afiliadas y lo más importante, al propio sistema productivo. 

  La promoción de otras alternativas sindicales, ha pasado primero por promover la Unión Nacional de Trabajadores que, en un primer momento, contribuyó a disminuir los espacios de la CTV, pero que al pretender y reclamar autonomía, fue castigada y estigmatizada por la visión autoritaria oficialista, que optó por levantar otra alternativa sindical, cuya función es defender al gobierno, ya que con ello afirma defender a los trabajadores.

   El gremio empresarial debió jugar a un bajo perfil por varios años,para resistir las arremetidas del Gobierno. Al final se ha podido recuperar en cuanto a su unidad interna y su imagen ante otros interlocutores políticos, sociales y económicos, y por ello, los intentos de parte del régimen de promover otros gremios empresariales han sido más bien frustrantes, ya que privilegiaron funciones de gestores de préstamos y ventajas particulares en la relación con instancias burocráticas oficiales. No lograron la condición de alternativa gremial a los gremios históricos de los empresarios.

  Pero sí fue efectiva la acción gubernamental es lesionar al tejido productivo nacional. Empresas fueron castigadas con estrictas medidas legales que restringían la operatividad, con controles, inspecciones y sanciones, y un trato discriminatorio con respecto a las empresas bajo la gestión estatal, así como las establecidas en convenios con otros países. Además fueron preferidas en el acceso a divisas preferenciales para hacer masivas importaciones y compras con amplia y discrecional intervención estatal. Rápidamente el país acrecentó sus importaciones en desmedro del aparato productivo nacional. La lucha contra la pobreza detuvo sus avances, porque se carecía de la producción suficiente para continuar sosteniendo el asistencialismo.

 Hoy cuando el consumo para satisfacer necesidades básicas de las personas, familias y de los productores en cuanto a sus insumos y materias primas está en situación de escasez, da lugar a un acrecentamiento explosivo de la inflación, la que al lado de la recesión nos ubica en un crítico estado de estanflación. De alta inflación conocíamos que momento en que se implantaron programas de ajustes macroeconómico, que buscaban resolver problemas estructurales. Así lo vimos en los segundos gobiernos de Carlos A Pérez y Rafael Caldera.

  El año 2015 es el tercer año consecutivo con decrecimiento, situación nunca experimentada por la sociedad venezolana; por tanto, la inflación no responde a un programa estructurado de ajustes de variables macroeconómicas planteadas para corregir desequilibrios y con lapsos, cronogramas y atención programada a sectores en situación de desventaja, sino lo contrario, lo más perverso que es dejar a que se desate una lucha de la población entre los pobres y los nuevos pobres, entre trabajadores, entre ciudadanos y hasta fratricida, todo por la supervivencia en acceder a alimentos, medicinas, y otros productos y servicios básicos. 

  La situación para producir y consumir es insostenible, para la cual las puras relaciones laborales no tienen instrumentos, ya que requieren ser parte de un ambiente político y económico que hoy esta trabado.  Es necesario un ambiente distinto al que vemos cotidianamente de abierta confrontación y negación a las proposiciones que disienten de las teorías y prácticas que nos han llevado al estado de postración económica y social. Su construcción y logro va más allá de las acciones de empresas y trabajadores en el sólo marco de las relaciones laborales, el escenario es más político.

EL 6D ¿UN NUEVO CICLO DE RESULTADOS ELECTORALES?

En la revolución bolivariana las organizaciones de los trabajadores que intentan hacer sus elecciones siguen consiguiendo restricciones. Lo experimentan entre otros, los importantes sindicatos de Sidor y de Ferrominera. Tal es el caso de normativas y prácticas autoritarias de funcionarios, a quienes se les oye decir que anteriormente hubo burócratas que se enquistaron en las jefaturas sindicales y limitaron la libertad sindical. 

  Cierto que de ello hubo muchos casos, pero  también de ejercicio de auténtica libertad sindical. Sin duda, estamos viendo que hay mayores cuestionamientos a las obstrucciones al ejercicio de su autonomía, como se refleja en las denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero hoy, desde los órganos del poder que controla el oficialismo, se acrecientan las restricciones, ya que en este 6D tal parece que es el inicio de un nuevo ciclo de resultados de la voluntad de los electores.

 Precisemos. Hay dos 6D en la presente etapa de la vida política del país. El primero fue el de 1998, que trajo a Hugo Chávez y a la revolución bolivariana al poder. El segundo, la reciente elección parlamentaria, que va en sentido contrario porque representa el ascenso de las fuerzas políticas que adversan al chavismo y que anuncian su propósito de orientar sus acciones a su  desalojo del poder.

 El 6D de 1998 fue una victoria amplia del liderazgo emergente sobre la coalición de las fuerzas que venían gobernando al país. Otro tanto ha ocurrido en este 6D del 2015, pero ahora con una mayor ventaja para las actuales fuerzas emergentes en los resultados electorales; los que son  más llamativos si se toma en cuenta que la institucionalidad de 1998 conservaba mayor apertura que la del 2015. Cambios desde la misma constitución bolivariana fortalecieron el presidencialismo, y restaron espacios a las minorías, a las regiones, y a la sociedad civil en general. El Estado es más fuerte, y en particular, el peso del Presidente. Los otros poderes se le han subordinado. Notoria la subordinación del llamado Poder Electoral, Poder Moral y del Poder Judicial, aunque resultante de la interpretación y dominio que ha emanado desde el poder presidencial.

 En ambos 6D, las fuerzas emergentes son una combinación de nuevos y viejos actores políticos. En el 6D de 1998, los nuevos actores procedían del ámbito militar pero estaban acompañados de  dirigentes que procedían mayormente de la izquierda, pero también de agrupamientos y dirigentes procedentes de los partidos tradicionales. Algunos de ellos realmente históricos en la izquierda por la amplia carrera política, tales como Luis Miquilena y José Vicente Rangel.

 En el 6D del 2015, ocurre otra fusión entre viejos y nuevos dirigentes. Parlamentarios como Miguel Pizarro y  Freddy Guevara, estarían cursando en la escuela primaria cuando Chávez logró su victoria el 6D de 1998, más de 17 años atrás.

 El 6D de 1998 fue el inicio de una cadena de triunfos electorales por parte de las nuevas fuerzas políticas. Pocos meses después, en el mismo 1999, se logró tres triunfos electorales: la aprobación a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la elección de los constituyentistas y el referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional. 

  En la elección de los constituyentistas, además de la onda victoriosa del chavismo, supo sacar ventaja del ingenio matemático de sus asesores (Nelson Merentes a la cabeza) con la aplicación de un ventajoso quino electoral que dejó unos resultados ajenos a lo ocurrido en las urnas, solo seis constituyentistas opositores y más de cien adscritos al nuevo liderazgo.

 La situación económica previa al 6D de 1998 no era buena. El segundo gobierno de Rafael Caldera sin mayoría parlamentaria tuvo que lidiar con la crisis bancaria de 1994, implementar un  programa de ajustes, y desenvolverse con bajos precios petroleros que llegaron a descender a los 8 $ el barril, agregando todo esto más descontento al que se había mostrado en las protestas conocidas como el sacudon y/o caracazo de 1989, con una  cruenta represión aún fresca para entonces, ya que los nuevos líderes procedentes de la fuerza armada no dejaban de guardar distancia de aquel papel jugado por la institución armada, y reiteradamente acusaban a sus responsables.

 El presente 6D ocurre con una situación aún peor que la anterior, la de 1998. Al extremo que el gobierno optó por ocultar información del desenvolvimiento económico y social, porque todos los indicadores reflejan el deterioro del sistema productivo y de la situación de la familia venezolana. Aparte que las instituciones encargadas de brindarlos se han convertido en apéndices del Ejecutivo, y su uso partidista les ha restado credibilidad.

 La onda victoriosa del chavismo de la primera etapa promovió la consulta electoral logrando consolidar su dominio del Parlamento, gobernaciones, consejos legislativos regionales, alcaldías, concejos municipales. Su actual deterioro avizora que lo que viene va en sentido contrario. Ello lleva a las fuerzas opositoras a plantearse desde ya un referéndum revocatorio en el presente año. Este mismo 6D fue de hecho un plebiscito por las características asumidas por los actores políticos en la campaña, que más que referirse a los candidatos y a los problemas de las regiones, lo que se evaluaba era al gobierno nacional.

 En este escenario,  las elecciones específicas de organizaciones de los trabajadores, de autoridades universitarias, de centros de estudiantes y de otras organizaciones de la sociedad civil, que ya vienen encontrando obstáculos para su libre desenvolvimiento, es previsible que el Ejecutivo y aquellos poderes subordinados seguirán obstruyendo su ejecución.

Al mismo tiempo, este escenario es una oportunidad para que quienes han venido cuestionando el ejercicio autoritario de las instituciones obren con criterios democráticos y participativos, que permitan no repetir errores y más bien aprender de ellos en la mejor conducción de las instituciones colectivas tanto públicas como privadas.

DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y DEL ASCENSO AL DESCENSO SOCIAL

 En estos momentos de aguda crisis económica y de descenso de los niveles de vida de casi toda la población nacional, y la conmemoración de un nuevo 23 de Enero, nos invita a considerar las propuestas que se formularon e implementaron en 1958 y años sucesivos, y los momentos actuales de escasez, penuria e inestabilidad política. 

  En lo económico se puede señalar que el período post dictadura inició con la necesidad que tuvo la Junta de Gobierno que asumió el poder en ese 23 de enero de 1958, de implementar medidas de emergencia económica para atenuar la situación de desempleo y ofrecer ingresos a las personas, de ahí el llamado Plan de Emergencia vigente desde febrero de 1958 a Junio de 1959. Al iniciar Romulo Betancourt y sus aliados de Copei y URD el nuevo gobierno constitucional en enero de 1959, a la emergencia económica le acompañaron levantamientos militares que hicieron complejo el arranque y funcionamiento de ciclo post dictadura que se estaba empezando. 

  Las dificultades económicas plantearon al Gobierno solicitarle al Congreso en mayo de 1960 una Ley de medidas económicas de urgencia por un año. El congreso la aprobó, aunque algunos sectores opositores minoritarios la llamaron la “ley del hambre”. El mensaje del Presidente Betancourt señalaba “La economía y el fisco nacionales viven una hora transitoria de serias dificultades. Es necesario que todos aportemos nuestra cuota de sacrificios Que […] reciban menos emolumentos los servidores públicos y paguen más impuestos los contribuyentes. La acción oficial debe dirigirse simultáneamente a una continuada reducción de los gastos públicos, a elevar los ingresos mediante aumento moderado de la tributación, a proveer los estímulos fiscales para el fomento de la inversión y a agenciar recursos exteriores para ser invertidos únicamente en obras reproductivas”.

  Estas medidas económicas de emergencia dieron sus resultados satisfactorios, Venezuela entró en un ciclo de crecimiento en el resto de la década del sesenta, incluso con precios del petróleo de USA $ 2,00 el barril. Todos los indicadores sociales mejoraron y se produjo un real ascenso social. La familia obrera, campesina y de los sectores medios mejoraron sus condiciones materiales de vida. Los hijos de estas familias alcanzaron más altos grados de bienestar que sus padres. Incluso el hijo del obrero y del campesino pasaban a alcanzar más altos niveles de formación educativa, mejores empleos y condiciones materiales de vida, todo esto se mantuvo a lo largo de la década siguiente, los setenta. 

  En los setenta sí hay que agregar que el mejoramiento ya tenía relación con los súbitos incrementos del precio del barril de petróleo, tanto el de fines de 1973 - de $ 3 a $12- como el de 1979 a más de $ 30. Ambos por procesos políticos internacionales en donde no teníamos ninguna vinculación. La crisis internacional nos benefició, lo cual nos hizo atractivos como país para el incremento de la continuada recepción de inmigrantes de todas partes del mundo, incluso de países más desarrollados que nosotros. Pocos venezolanos salían de su país, y cuando lo hacían contaban con una moneda de alto poder adquisitivo en cualquier lugar del mundo. 

  En ambas décadas, los sindicatos y las instituciones de las relaciones de trabajo, como las políticas salariales, los convenios colectivos, mejoraban consistentemente por el escenario económico que ofrecía el país y la estabilidad política nacional. 

  Por supuesto que esta favorable evolución tuvo momento de quiebre que se manifestaron a fines de la década de los ochenta y principios de los noventa, de lo contrario no tendríamos este régimen que se inició hace 17 años.

  Hoy, se repite como en 1960 el planteamiento del Ejecutivo al Parlamento de la aprobación de una Ley de medidas económicas de emergencia. Por supuesto que la situación es notablemente peor en cuanto a indicadores económicos. De hecho el gobierno ha recibido del Parlamento varios períodos de habilitación para legislar sobre la materia y no lo ha hecho debidamente, y por tanto en estos tres últimos años la crisis se ha profundizado. Una nueva composición política del parlamento plantea exigencias y compromisos al Ejecutivo, que éste elude. 

  La población venezolana en sus distintos estratos económicos resiente la situación de penuria, escasez y dificultades para su sobrevivencia. Quienes antes ascendieron socialmente como trabajadores, profesionales, agricultores, empresarios, hoy a duras penas se mantienen o desmejoran su condición de vida. Los sectores mas pobres que en un determinado momento del gobierno chavista mejoraron su condición han vuelto de nuevo para atrás. Los que si mejoran son quienes se han conectado en actividades gubernamentales y tienen acceso a ventajas y prebendas que no son accesibles al ciudadano común, como divisas, contrataciones, vehículos y altos cargos. 

  La política social ha dado acceso a beneficios en temas importantes como alimentación, vivienda, pensiones. En algunos otros aspectos los programas han desmejorado y ya no ofrecen el servicio que inicialmente brindaban, como es el caso de salud. Pero es evidente que con todo lo ocurrido en el campo productivo y laboral, todos estos programas carecen de sustento y estabilidad, vienen dependiendo de la emisión de dinero que cada vez tiene menor valor, y no de una producción nacional suficiente para quienes en el país vivimos. Lo lamentable es que la destrucción del tejido productivo privado se ha sustituido con importaciones, y la administración estatal ha hundido el cuantioso parque productivo tanto el que era desde sus inicios de propiedad estatal como el expropiado a los privados, generando frustraciones en quienes en algún momento creyeron en el tipo de modelo económico ofrecido.   

  Los trabajadores y la población en general vive una etapa de descenso social. Las familias reducen su nivel de vida, acrecientan su solidaridad, precarizan su vida haciendo múltiples trabajos, invierten largas horas de su tiempo de descanso y de vida productiva haciendo gestiones para acceder a los productos alimenticios, del hogar y de la salud. Muchos jovenes, especialmente bien preparados deciden irse a otros lugares a probar suerte. Ahora somos conocidos por exportadores de capital y talento humano.  

Diálogo y negociación, ajustes o confrontación

En el mundo del trabajo empezamos el nuevo año haciendo referencia necesariamente al contexto político nacional, porque es dominante en el acontecer actual.

En lo político el 6D ocurrió un tsunami, primera derrota electoral contundente al oficialismo en sus 17 años de gobierno así como una cantidad cercana de procesos electorales. Tan sólo en dos de ellos la oposición había obtenido mayor número de votos, pero por diferencias menores, el referéndum de la reforma constitucional en el 2007 y las elecciones parlamentarias del 2010. De ambas derrotas el chavismo, con su líder fundador al frente, logró recuperarse y fortalecerse, pero ahora no está presente, aparte que la derrota fue aplastante.

Algunos comentaristas minimizan la victoria opositora al decir que sólo aumentó en 400 mil votos, pero lo hacen comparando con los resultados electorales de las pasadas elecciones presidenciales, y no con las pasadas elecciones parlamentarias que es donde corresponde, en donde las opciones opositoras alcanzaron el 51% y el Gobierno el 48%. Los votos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) fueron 5.3 millones, y en esta ocasión -2015- 7.7 millones, superando por 2.1 millones al gobierno. De paso hay que destacar que igualmente el gobierno subió ligeramente su votación al agregar más de 200 mil votos.

Obviamos hacer comparaciones con las elecciones parlamentarias del 2005, porque la oposición se abstuvo de participar, dando lugar a unas elecciones con sólo un 25% de participación.

Destacable que la participación electoral en estas elecciones alcanzó más de un 74%, frente al 66% de las parlamentarias anteriores. Se puede señalar que las parlamentarias fueron asumidas como una votación más allá de su ámbito, y trascendieron en el votante a emitir un juicio sobre el gobierno en su globalidad. Se puede afirmar que no se votó deliberadamente por el representante del circuito, sino que fue un voto plebiscitario.

Estado en campaña

Igual es importante reiterar que tal como ha sido habitual, el gobierno no dejó de poner en práctica múltiples acciones de ventajas por el uso abusivo de los recursos del Estado, además de amenazas a empleados públicos y a beneficiarios de los programas sociales, y por otro lado, poniendo en práctica todo de tipo de restricciones a los opositores, sea desde el propio Consejo Nacional Electoral (CNE), desde el TSJ, como desde todas las instancias públicas que controla.

A favor del gobierno hay que mencionar la masiva emigración de venezolanos en los últimos años, que ya alcanza cerca de los dos millones. ¿Cómo votarían personas que se han ido por falta de oportunidades, por temor a la inseguridad, por explorar futuro en otras sociedades? el sentido común lleva a inclinarse que serían ampliamente votos críticos de la política gubernamental.

Nuestra historia no registra una derrota de esta magnitud en unas elecciones parlamentarias en un momento cercano a la mitad de un período sexenal. Pero obviamente que un resultado como el ocurrido lleva a reflexionar sobre la sobrevivencia del gobierno, mucho más existiendo la figura del referéndum revocatorio. Recuérdese que el referéndum del 2004, no se planteó por resultado electoral alguno, sino por la crisis de gobernabilidad de abril 2002. El gobierno corrió hábilmente la fecha del referéndum hasta agosto del 2004, permitiendo recuperarse y vencer ampliamente a la oposición.

Tres escenarios

¿Cuál es la reacción de un gobierno que experimenta una derrota tan contundente este 6D, en donde a todas luces los votos que hicieron posible esta derrota no son solo los tradicionales votos opositores sino que también se agregan aquellos procedentes de la otrora votación gubernamental?

Veamos tres opciones de respuesta gubernamental. Una de diálogo y negociación; otra, de ajustes; y una tercera, de confrontación.

Diálogo y negociación: esta opción cuenta con la desventaja de encontrarnos con una institucionalidad deteriorada producto de un ejercicio del poder en un ámbito polarizado. La única negociación que recordamos en estos 17 años, fue la desarrollada bajo el patrocinio de organismos internacionales, la llamada Mesa de Negociación y Acuerdos instalada en noviembre del 2002, con el acompañamiento de la OEA, de PNUD y del Centro Carter. Fue un proceso largo y difícil, incluso involucró a los gobiernos de varios países, ya que  se constituyó el Grupo de Amigos del Secretario General de la OEA integrado por Brasil, México, EEUU, Chile, España y Portugal lo que también le dio más aire al proceso de negociaciones. Hoy, la nueva mayoría parlamentaria ha manifestado su interés en dialogar, pero también ha advertido que según las respuestas oficialistas dispone de un plazo de seis meses para buscar una salida  “por la vía constitucional, pacífica y democrática”.

Ajustes: nos referimos a los demandados por los votantes que se volcaron a hacerlo por la alternativa opositora. Se asume que parte de esta votación puede ser satisfecha si en las políticas gubernamentales ocurren medidas de ajuste que den respuesta a sus aspiraciones. Algunos llaman “voto castigo” a quienes votaron en contra del gobierno, pero que si éste rectifica en sus políticas especialmente en materia económica, de seguridad, de convivencia y paz, asumirían una postura neutral o de apoyo implícito al gobierno. Con la denominación de ajuste, se asume que de hecho hay ajustes a lo largo del 2015, ya que el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y quienes aquí residen es por ajustes regresivos, que lesionan sin corregir ningunas de las falencias del sistema económico y social existente. Pero se trata de construir ajustes para resolver problemas que vayan a su fondo y no a su apariencia.

Confrontación: En las pocas semanas posteriores al 6D lo más visible ha sido la confrontación. Así lo hemos visto desde el principio en la misma Asamblea Nacional con la mayoría derrotada, desde el Ejecutivo, desde el Poder Judicial actuando más como instancia política que como el poder que aplica justicia.

Los principales voceros del partido oficial utilizan argumentos confrontativos, aquellos pocos que apelan a la autocrítica y a señalamientos de las deficiencias en las políticas responsables de la derrota no logran ejercer suficiente influencia en el gobierno.

El partido oficial ha sido tradicionalmente poco dado a debatir, ha asumido más bien ser un seguidor de esquemas y conceptos que a pesar de los resultados fallidos no logra influir en el aparato burocrático gobernante.

Los ciudadanos amante de la paz y la convivencia han de estar preocupados.

¿QUE NOS PLANTEA EL ESCENARIO QUE SE ABRE EL 6D?

El mundo del trabajo se desenvuelve entre lo político y lo económico. En unos periodos hay predominio de lo uno o de lo otro, pero siempre ha de analizarse su desenvolvimiento tomando en cuenta las dos perspectivas. Lo ocurrido este 6 de diciembre, es de consecuencias tales que nos plantea mirar previamente el contexto más general.

  Venezuela está viviendo un momento muy difícil en las dos situaciones. En lo político hay tensión, desconfianza, instituciones parcializadas y por tanto con limitada credibilidad. En lo económico los entes oficiales ocultan los índices que son fundamentales para llevar el seguimiento de la salud de la economía de la República, y aquellos que por otras vías no oficiales se logran construir, dejan ver indicadores que reflejan un estado de crisis. Por lo demás en ambos ámbitos la cotidianidad es elocuente, habla por si sola de la insostenibilidad del estado de la situación. 

  No obstante, el proceso y la campaña que llevó a las elecciones parlamentarias recién ocurridas este 6 de diciembre fueron receptoras de expectativas de las dos principales fuerzas políticas de la escena nacional. Por un lado, una unidad de fuerzas opositoras adquiriendo gradualmente mayor capacidad para desenvolverse en un medio que por muchos años no lograba dominar, y que la gran clave fue la unidad de las fuerzas opositoras. Quien no participó de esta alianza obtuvo resultados insignificantes. 

  Por el otro, un esfuerzo del gobierno nacional por capitalizar con su presencia y estrategia la campaña de los aspirantes a diputados por el Gran Polo Patriótico, dándole la máxima visibilidad a imágenes y memoria del fundador del movimiento revolucionario. Todo esto se tradujo entonces en un plebiscito para evaluar la acción gubernamental, tanto la gestión reciente del actual presidente por su propia presencia en toda la campaña, como la del proceso bolivariano chavista, por apelar a la figura del fundador y colocar sobre la mesa acciones de su prolongado gobierno.

  Con resultados en cuanto al monto de los votos que cuantifican cerca del sesenta por ciento para la oposición, y alrededor de un cuarenta por ciento para el gobierno, y tomando en cuenta que no se votó teniendo presente las características, la trayectoria y las nuevas proposiciones relacionadas con las regiones que estos candidatos aspiraban representar al integrar el parlamento, sino que más bien se estaba juzgando al proceso de gestión que conduce el Gran Polo Patriótico, nos lleva a reflexionar que si bien una primera lectura de estos resultados sugieren que se ha abierto una válvula para dar salida a la crisis política. Se vivió un 2015 de aparente estancamiento, todo apuntando a prepararse para ese 6D.

  Al reconocer que los resultados del 6D ofrecen en lo inmediato una posibilidad de salida a la crisis política, pero que por ahora no toca la materia económica de manera directa, ya que la victoria electoral opositora es para el acceso al poder parlamentario en condiciones de mayoría calificada, pero que no se trata de dirigir la economía del país. Lo que si efectivamente posibilita, es la capacidad para promover debates y leyes que han de incidir en lo económico. 

  En lo inmediato, y en el nivel micro, importa plantearse el manejo del propio presupuesto de la Asamblea Nacional, ya que desde hoy hay respuestas precipitadas de su actual conducción, para despojarla de su propia TV y Radio, adelantan una señal de las incomodidades para la asunción de las  nuevas autoridades legislativas al ejercicio de sus responsabilidades. Las experiencias de dejar a las instituciones en situación económica y logística deplorable ya se ha visto en otro proceso, como lo ocurrido en la Gobernación del Estado Miranda, en la transición de Cabello a Capriles, o en Alcaldía Metropolitana, de Barreto a Ledezma. 

  Con este preámbulo, la crisis económica se irá agudizando. Estos resultados electorales agregan incertidumbre en algunos factores internacionales con los que el gobierno venezolano ha venido intercambiando, como son sus aliados regionales, y más allá sus aliados globales. Con los primeros, el resultado electoral presidencial de Argentina, abre un frente de criticismo a las relaciones que otrora mantuvieron estrechamente los regímenes argentino y venezolano. Otro aliado clave, el gobierno de Brasil, su propia crisis interna igualmente económica y política, no le permita continuar siendo el sostén que si pudo ser en tiempos de Lula al frente del gobierno de gigante sudamericano. Los otros aliados regionales son de menor peso que los dos citados. 

  En el ámbito global el gran aliado es China, qué ha hecho inversiones cuantiosas en toda América Latina, y muy particularmente en Venezuela, y es un poder pragmático en cuanto al propósito de sus inversiones, y esto requiere un mínimo de garantías del aliado venezolano, pero que con los presentes resultados electorales, se abre un escenario que seguro llevará al debate parlamentario los más variados negocios suscritos entre ambos países, de los cuales el país conoce muy poco, pero que la misma necesidad económica para solventar la crisis, planteará un seguimiento de los cuantiosos recursos recibidos de la relación con esta potencia asiática. 

  Conversar entre las fuerzas que hoy dominan la escena política, quienes dominan el ejecutivo y quienes empezarán a dominar el legislativo, es un camino necesario. En lo inmediato ambas fuerzas aún no han digerido del todo lo ocurrido este 6D, pero están en eso. Uno por el sorprendente abultado triunfo y otro por lo contrario. 

  Los primeros anuncios y aspiraciones de quienes tomarán el control del legislativo no han sido bien recibidos por el ejecutivo, pero los resultados electorales, la manera como el pueblo, los ciudadanos se expresaron,  mostraron que estamos en una sociedad plural, y luego de tres lustros de hegemonía y autoritarismo no será fácil la convivencia para quienes ejercían el gobierno sin controles.

NUEVA CENTRAL DE TRABAJADORES, AUTONOMIA COMO APORTE A LA INSTITUCIONALIDAD Y CIVILIDAD

Entre el 30 de noviembre y el dos de diciembre se realizó el congreso constitutivo de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente, con más de cuatrocientos delegados. El congreso se venía preparando detenidamente desde hace varios meses, pero esta corriente creada como una organización no gubernamental en el 2002, había venido activando en el movimiento de los trabajadores, hasta que alcanzo un desarrollo suficiente para plantearse la creación de esta nueva central. 

  Uno de sus postulados es la autonomía con respecto al gobierno, partidos y empresas. Elemental principio de las organizaciones sindicales, que históricamente ha sido olvidado en muchas organizaciones sindicales, especialmente la tutela desde el gobierno. En los años recientes, recordamos un planteamiento desde el más alto nivel de la revolución bolivariana, que planteaba “para qué autonomía, si el gobierno era de los trabajadores”.   Pregunta que en el fondo ponía en riesgo la existencia misma de la organización de los trabajadores en su condición de asalariados dependientes.

  Sobre la autonomía de las organizaciones sindicales y las opciones electorales, el representante del Departamento de Relaciones Internacionales de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo -CFDT-, Mariano Fandos, presente como invitado internacional en el congreso constitutivo, en su breve intervención a la Asamblea se refirió a esta autonomía, comentando cómo su organización sindical se relacionaba con las diversas alternativas electorales propias de una democracia. El asunto interesó, porque justamente el país estaba inmerso en una campaña electoral parlamentaria, que por la crisis política venezolana, había trascendido este carácter y se constituyo en un plebiscito al ejercicio de la presidencia de N Maduro, e incluso en un juicio a la manera de gobernar.

  Esta central francesa, cuyo nacimiento se remonta a 1919, tiene en sus postulados el siguiente principio “La democracia y la República son de nuestra propiedad común. Libertad, Igualdad, Fraternidad son los valores que nos permitan vivir juntos más allá de nuestras opiniones, diferentes creencias y procedencias. El papel de un sindicato es, sobre todo, para defender a los trabajadores, pero estamos todos y de todo, para los ciudadanos; también, la acción de la CFDT debe contribuir al interés general.”

  Este principio lo materializa la CFDT, evitándose apoyar a candidato alguno a las funciones públicas. ¿Qué hace la central al respecto? Elabora un cuestionario, lo envía a los candidatos y luego publica la respuestas recibidas. Finalmente, los propios trabajadores eligen sus candidatos con autonomía. Hay una sola excepción en cuanto al envío del cuestionario, no se le envía al Partido Frente Nacional, partido de inclinación fascista, la extrema derecha.

  Por su parte, el movimiento sindical uruguayo, que en América Latina goza de un alto prestigio por sus valores y nivel organizativo, manifiesta su autonomía con su frase “Somos independientes, pero no indiferentes”, lo expresaba Victor Baez, el Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas -CSA-, institución que brindaba su apoyo a la naciente Central de Trabajadores ASI Venezuela, ya que desde hace varios años como corriente sindical la Alianza Sindical Independiente -ASI- ha venido formando parte de la CSA. 

  Hay que recordar que esta corriente -ASI-, llevaba ya cerca de tres lustros actuando en el medio sindical nacional, y en los últimos dos años expresaba públicamente su propósito de constituirse en una central sindical, y por ello organiza e instala su congreso constitutivo de estos días. Conviene destacar que en el seno de la CSA, el ejercicio de la representación sindical venezolana también lo ha venido ejerciendo la Confederación de Trabajadores de Venezuela-CTV- , ya que para el momento que hubo la fusión de las centrales regionales Organización Regional Interamericana de Trabajadores -ORIT- y la Central Latinoamericana de Trabajadores -CLAT-, lo que dio nacimiento a la CSA, la organización CTV aún conservaba una importante población de afiliados, pero que con el tiempo no se ha expandido, en cambio en el país ha habido la emergencia de otras corrientes como ASI.  

  La central ASI organiza su congreso constitutivo con cuatro federaciones nacionales, cuatro sindicatos nacionales, poco más de 200 sindicatos, todo ello afilia a más de 420.000 trabajadores. Sus planteamientos centrales y tesis sobre los aspectos fundamentales para los trabajadores le dan una especial relevancia a la autonomía de los trabajadores y sus organizaciones. En lo que todos exteriorizan su identidad es en la defensa de la clase trabajadora.

  En esta materia de la autonomía de los trabajadores en sus posturas como ciudadanos con intereses y preocupaciones políticas, en nuestro país hemos de vencer una cultura de dominación que ejercen desde los gobiernos y patronos estatales y privados.

  Es propio del desarrollo político y social, que los partidos hagan dentro de los marcos constitucionales y legales, y en un ambiente de paz y respeto a las ideas y posiciones de los demás, sus campañas y el proselitismo para captar afiliados, para acrecentar su caudal de votantes y ganar posiciones en las elecciones. Pero absolutamente no lo es, cuando se use el poder patronal o el mismo sindical sobre los trabajadores al servicio de instituciones privadas y/o publicas para condicionar el empleo, la estabilidad, el progreso y la tranquilidad de quién cumple  sus funciones. 

  Bienvenida una central sindical que tenga este principio y esta práctica. Se trata de una organización que se aspira fortalezca el accionar del movimiento de los trabajadores y la propia civilidad del país. 

TRABAJADORES ANTE EL ACOSO A SU DIGNIDAD EN TIEMPOS ELECTORALES

En noviembre de 1957 hubo protestas de trabajadores y estudiantes como reacción a la aprobación de un plebiscito para sustituir las elecciones previstas en la Constitución Nacional. El plebiscito fue solicitado por el gobernante Marcos Pérez Jimenez, y dio lugar a la reacción de rechazo y malestar de diversos sectores de la sociedad. El plebiscito finalmente se realizó el 15 de diciembre de 1957. El gobierno obtuvo más del 92% de los votos, por su parte la Junta Patriótica que representaba a la oposición, llamó a abstenerse. Quienes votaron por el sí, otorgaban un mandato adicional de cinco años en el poder al gobierno encabezado por  el general Marcos Pérez Jimenez y a todos sus candidatos a los poderes públicos.

  Visto que se trataba de una farsa y que el gobierno había usado todo tipo de presiones para obligar a votar por el si, el malestar se extendió más allá de los partidos de oposición y sus seguidores, y alcanzó a los propios militares que se entendía estaban gobernando. La Fuerza Aérea y algunas unidades del Ejército reaccionaron por el lado militar para agregar presiones a favor de la salida del gobierno, por lo que el primero de diciembre varios aviones activaron un  levantamiento contra el gobierno, desatando una crisis que la completó la huelga general del 21 de enero, que se concreto con la huida del Presidente Marcos Pérez Jimenez la madrugada del 23 de enero de 1958.

  En esta ocasión abundaron las presiones de los gobernantes en su condición de patronos o empleadores, sobre los trabajadores al servicio del Estado, presiones que se extendían hasta sus familiares. Igual para todos aquellos que recibían contratos del gobierno, como proveedores y constructores. Esto ocurrió hace casi 60 años, y la población le hizo el juego a los jefes militares y civiles que formaban parte de la burocracia en los poderes públicos.

  Hoy se ve de nuevo este acoso contra la libertad y la dignidad de los trabajadores, como lo es la imposición del uno por diez, o las exigencias de fotografiar el voto, así como las amenazas. En aquel momento había mucho empleo, el país había completado un ciclo positivo de crecimiento de su economía, y la administración mostraba logros en obras de infraestructura.

  Hoy las estrategias de imponer decisiones en el momento de votar, se consiguen un desarrollo social y político más avanzado que nuestro momento referencial del año 1957, aunque un amplio espectro de políticas sociales puestas en práctica en los últimos años como parte de la redistribución de la renta petrolera, se convierten en momentos electorales  como medios que pretenden controlar la voluntad de quienes como ciudadanos han accedido a ser beneficiarios de programas.

 Las políticas sociales en los programas regulares de los ministerios del área social, en las diversas dependencias estatales y en las misiones, representan un caudal de recursos que desde el poder se administran como si fueran recursos generados con el esfuerzo de quienes gobiernan, y no de quienes son los gobernados, es decir los ciudadanos. Que es en definitiva lo que representan los aportes fiscales, que ya desde hace varios años son mayores en la composición del presupuesto nacional que los propios aportes del petróleo.

 Igual es importante resaltar que los bienes con los cuales se hace política electoral y que proceden de los acuerdos con otros países, tales son los productos manufacturados chinos, y que nos llegan en el marco de esas relaciones de intercambio, los pagamos diariamente con petróleo de la nación que le hacemos llegar, y que la deuda adquirida con China, parte de ella ha de consumirse en bienes que nos exportan.

  En el plano de la sociedad toda, lo lamentables es que recibimos productos que veníamos produciendo en nuestro territorio, y que representaban salarios, empleos, aprendizajes productivos, pagos de impuestos, compras nacionales, y desarrollo de sectores en el encadenamiento sectorial.

  Hay acuerdos que nos hacen acrecentar una deuda, vamos hipotecamos al país, perdemos soberanía y poco sabemos de las condiciones que nos comprometen el futuro. Al final toda deuda adquirida que no tenga fines productivos, la pagan los trabajadores con el desmejoramiento de sus condiciones de vida.

  Por ello una sana política electoral nacional debe, desvincular la entrega por parte del gobierno de bienes y beneficios en general en tiempos de una campaña electoral, así como prohibir inaugurar obras.

  Tal como es interpretado universalmente, es una pretensión de comprar votos y voluntades, con una perspectiva cortoplacista, orientada para que se mantengan en el poder las fuerzas gobernantes.

 Con iguales criterios electoreros y cortoplacistas se administran, incluso, las importaciones de los alimentos y las materias primas, así como su uso y destino, desconsiderando que son bienes para la vida y salud de toda la población.

  Todas las estrategias y presiones que puso en práctica el régimen de Marcos Pérez Jimenez sobre los trabajadores, para ganarse el sí en el plebiscito del 15 de diciembre de 1957, y que le llevaron a un triunfo, ya que obtuvo un 92% de votos por el sí, resultó al final ser la venganza de quienes bajo presiones se les obligó a votar por encima de su dignidad y conciencia. Para los trabajadores esa pesadilla concluyó treinta y nueve días más tarde con la caída del régimen.

  Sea oportuno recordar y analizar esta experiencia histórica para reivindicar el valor de la dignidad de aquellos trabajadores o ciudadanos que son presionados y amenazados desde el poder con perder su empleo o un beneficio derivado de las políticas públicas establecidas.