En noviembre de 1957 hubo protestas de trabajadores y estudiantes como reacción a la aprobación de un plebiscito para sustituir las elecciones previstas en la Constitución Nacional. El plebiscito fue solicitado por el gobernante Marcos Pérez Jimenez, y dio lugar a la reacción de rechazo y malestar de diversos sectores de la sociedad. El plebiscito finalmente se realizó el 15 de diciembre de 1957. El gobierno obtuvo más del 92% de los votos, por su parte la Junta Patriótica que representaba a la oposición, llamó a abstenerse. Quienes votaron por el sí, otorgaban un mandato adicional de cinco años en el poder al gobierno encabezado por el general Marcos Pérez Jimenez y a todos sus candidatos a los poderes públicos.
Visto que se trataba de una farsa y que el gobierno había usado todo tipo de presiones para obligar a votar por el si, el malestar se extendió más allá de los partidos de oposición y sus seguidores, y alcanzó a los propios militares que se entendía estaban gobernando. La Fuerza Aérea y algunas unidades del Ejército reaccionaron por el lado militar para agregar presiones a favor de la salida del gobierno, por lo que el primero de diciembre varios aviones activaron un levantamiento contra el gobierno, desatando una crisis que la completó la huelga general del 21 de enero, que se concreto con la huida del Presidente Marcos Pérez Jimenez la madrugada del 23 de enero de 1958.
En esta ocasión abundaron las presiones de los gobernantes en su condición de patronos o empleadores, sobre los trabajadores al servicio del Estado, presiones que se extendían hasta sus familiares. Igual para todos aquellos que recibían contratos del gobierno, como proveedores y constructores. Esto ocurrió hace casi 60 años, y la población le hizo el juego a los jefes militares y civiles que formaban parte de la burocracia en los poderes públicos.
Hoy se ve de nuevo este acoso contra la libertad y la dignidad de los trabajadores, como lo es la imposición del uno por diez, o las exigencias de fotografiar el voto, así como las amenazas. En aquel momento había mucho empleo, el país había completado un ciclo positivo de crecimiento de su economía, y la administración mostraba logros en obras de infraestructura.
Hoy las estrategias de imponer decisiones en el momento de votar, se consiguen un desarrollo social y político más avanzado que nuestro momento referencial del año 1957, aunque un amplio espectro de políticas sociales puestas en práctica en los últimos años como parte de la redistribución de la renta petrolera, se convierten en momentos electorales como medios que pretenden controlar la voluntad de quienes como ciudadanos han accedido a ser beneficiarios de programas.
Las políticas sociales en los programas regulares de los ministerios del área social, en las diversas dependencias estatales y en las misiones, representan un caudal de recursos que desde el poder se administran como si fueran recursos generados con el esfuerzo de quienes gobiernan, y no de quienes son los gobernados, es decir los ciudadanos. Que es en definitiva lo que representan los aportes fiscales, que ya desde hace varios años son mayores en la composición del presupuesto nacional que los propios aportes del petróleo.
Igual es importante resaltar que los bienes con los cuales se hace política electoral y que proceden de los acuerdos con otros países, tales son los productos manufacturados chinos, y que nos llegan en el marco de esas relaciones de intercambio, los pagamos diariamente con petróleo de la nación que le hacemos llegar, y que la deuda adquirida con China, parte de ella ha de consumirse en bienes que nos exportan.
En el plano de la sociedad toda, lo lamentables es que recibimos productos que veníamos produciendo en nuestro territorio, y que representaban salarios, empleos, aprendizajes productivos, pagos de impuestos, compras nacionales, y desarrollo de sectores en el encadenamiento sectorial.
Hay acuerdos que nos hacen acrecentar una deuda, vamos hipotecamos al país, perdemos soberanía y poco sabemos de las condiciones que nos comprometen el futuro. Al final toda deuda adquirida que no tenga fines productivos, la pagan los trabajadores con el desmejoramiento de sus condiciones de vida.
Por ello una sana política electoral nacional debe, desvincular la entrega por parte del gobierno de bienes y beneficios en general en tiempos de una campaña electoral, así como prohibir inaugurar obras.
Tal como es interpretado universalmente, es una pretensión de comprar votos y voluntades, con una perspectiva cortoplacista, orientada para que se mantengan en el poder las fuerzas gobernantes.
Con iguales criterios electoreros y cortoplacistas se administran, incluso, las importaciones de los alimentos y las materias primas, así como su uso y destino, desconsiderando que son bienes para la vida y salud de toda la población.
Todas las estrategias y presiones que puso en práctica el régimen de Marcos Pérez Jimenez sobre los trabajadores, para ganarse el sí en el plebiscito del 15 de diciembre de 1957, y que le llevaron a un triunfo, ya que obtuvo un 92% de votos por el sí, resultó al final ser la venganza de quienes bajo presiones se les obligó a votar por encima de su dignidad y conciencia. Para los trabajadores esa pesadilla concluyó treinta y nueve días más tarde con la caída del régimen.
Sea oportuno recordar y analizar esta experiencia histórica para reivindicar el valor de la dignidad de aquellos trabajadores o ciudadanos que son presionados y amenazados desde el poder con perder su empleo o un beneficio derivado de las políticas públicas establecidas.
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