PROPIEDAD SOCIAL

En el primer semestre del presente año, empezó a circular públicamente un texto del llamado anteproyecto de “Ley de Propiedad Social”. Organizaciones empresariales, sindicales y políticas partidistas reaccionaron llamando la atención de sus implicaciones; especialmente empresarios y sindicatos, sintieron que para ellos las consecuencias planteaban limitaciones importantes. El fomento de una nueva forma de propiedad por un lado, y la no mención en ellas de las organizaciones sindicales, constituían suficiente preocupación.
Por diversas razones el texto ha quedado relegado en la agenda legislativa de este segundo semestre. Otros proyectos sobre temas igualmente medulares, han sido prioritarios para quienes definen esta agenda (educación, elecciones, lo militar, el trabajo).
De todos modos, este tema de la propiedad social está latente, habida cuenta que desde hace unos cinco años, viene fomentándose las empresas de producción social, diríamos que hermanas de la propiedad social.
Una de las justificaciones enunciadas para el fomento de la propiedad social consiste en superar la propiedad capitalista, así como también la experiencia socialista que se ha conocido desde el surgimiento de la extinta Unión Soviética y quienes siguieron este modelo. Tamaña pretensión obliga a un esfuerzo considerable de análisis, estudios, debate para una construcción que implicará impactos y riegos considerables en el futuro de la nación. Donde se elaboran estos estudios y análisis, parece un secreto bien guardado. Donde se debate y quienes participan de ello, igualmente pareciera ser algo clandestino.
Un cierto adelanto es asomado desde el escenario parlamentario, al afirmarse “que la propiedad social es de carácter colectivo no cooperativo”, ya que se considera “la propiedad cooperativa es una forma de propiedad privada, y no una forma de propiedad social” (Diputado Alfredo Murga, www.aporrea del 14-3-09).
En el movimiento cooperativo este enfoque ha creado inquietud, ya que la naturaleza social de la propiedad construida en su ámbito, así como su forma autentica de funcionamiento, lo hace sin duda expresarse como propiedad social, y con componentes socialistas, que dan ejemplo a muchas entidades que llevan la palabra socialista en su propio nombre. Ojala se discuta el asunto entre quienes le quitan lo social al cooperativismo, quienes le ponen socialismo a formas tradicionales de estatismo, y por supuesto quienes practican el cooperativismo genuino.

La violencia sindical en el sector de la construcción

La mayor parte de la violencia sindical que se ha venido observando se ubica en el sector de la construcción. Se reitera que no es el único sector en donde ocurre, pero se destaca que en la construcción los casos de víctimas de este fenómeno son ampliamente mayoritarios. El otro factor destacable es el hecho de lo desproporcionado del fenómeno en el Municipio Caroní, del Estado Bolívar. En los últimos cuatro años las fuentes periodísticas locales acumulan más de ciento veinte asesinatos. Por tanto la población de esta comunidad se empieza a acostumbrar a convivir con esta nueva barbarie.
Al sector de la construcción se incorporan grandes contingentes de trabajadoras. Es un sector con una gran capacidad de empleo. Por otro lado una gran parte de esa mano de obra es de poca calificación. Los empleos son por obra determinada, y por tanto inestables. El trabajador rota de una obra a otra. Estas características dan lugar a una mayor dependencia de los trabajadores de quienes dirigen los sindicatos, que son quienes controlan el ingreso a los puestos de trabajo. El trabajo es la mercancía que se ofrece de una obra a otra, y la intermediación sindical maneja la relación con los patronos. La venta de los empleos “pueden costar entre Bs. 600 mil y 1 millón, y en ocasiones, hasta 5 millones”.. Tres variables participan de valor del empleo, se trata del tiempo de la obra, la zona y la calificación del trabajador (Provea,2006). En una sola obra importante en la zona “El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción –(Sutic) Bolívar, afirma que para la obra del Puente II sobre el río Orinoco se vendieron más de 800 empleos” (Provea, 2005).
Desde la fundación de los sindicatos por rama de industria de los trabajadores de la construcción, los primeros en la década del cuarenta, y luego se multiplicarían en el aluvión sindical de la década de los sesenta, los adecos mantuvieron la hegemonía absoluta. Para entonces la violencia era fundamentalmente de cabillas y batazos. Los activistas de los sindicatos de la construcción eran generalmente los de las brigadas de choque en las manifestaciones sindicales, como las del 1 de Mayo. En la década del sesenta se popularizó en el medio sindical hablar con temor de “los cabilleros de Juan Herrera”, el por muy largo tiempo presidente-fundador de Fetraconstrucción.
Pero que ha pasado en estos años recientes, para que la contabilidad de la barbarie impacte a todos. Se asoman algunas inquietudes, para seguirlas profundizando.
En primer lugar se ha estimulado la constitución de nuevos sindicatos paralelos, en el mismo sector de la construcción. Ahora los patronos y las obras que ejecutan son conquistados en una lucha hombro a hombro por el sindicato tradicional o por el de reciente constitución, en algunos casos son varios los nuevos sindicatos. Este fenómeno si se quiere se observa en casi todo el país. Pero que tiene el Municipio Caroní, es decir Ciudad Guayana de especial, para que los números de violencia sean un record rojo en la historia del país. Las obras que aquí se han ejecutado en los últimos años son monumentales, un puente sobre el río Orinoco, luego un segundo puente, la construcción de nuevas represas, la ampliación de obras en centros productivos, la construcción de un stadium olímpico –Cachamay-. Son obras que congregan a miles de trabajadores, además son obras que se toman varios años para su ejecución. Todo ello implica un gran poder en el ingreso de trabajadores a la obra y el manejo de las finanzas.
Lo anterior ocurre en el marco de unas cifras respetables de desempleo, aunque ha venido bajando, no hay que olvidar que el empleo mayormente es el de la informalidad, sin tutela ni protección de ningún tipo. Se recuerda que el empleo de la construcción tiene la tutela de la legislación laboral y gozan de un buen contrato colectivo, por lo que si bien su naturaleza lo hace temporal, es plenamente formal.
Otro elemento perturbador de las relaciones de trabajo en este sector y en general en todas las relaciones de trabajo, es el de la fragmentada situación del movimiento sindical. Al paralelismo confrontador de los sindicatos de reciente constitución contra los viejos de dominio adeco, se ha sumado la fragmentación en el ámbito de los sindicatos de orientación oficialista, que ahora responden a diversas corrientes internas. Unas con el beneplácito de las autoridades de la Administración del Trabajo y otras marginadas. Esto determina que las obras de construcción en Ciudad Guayana se las pelean no dos organizaciones sindicales, sino tres y cuatro diferentes. La multiplicación de organizaciones ha llevado a improvisar dirigentes. En la medida que esto ha ocurrido el nivel de la dirigencia ha venido bajando, apareciendo las prácticas violentas como el medio dominante para dirimir las diferencias. Dado que se manejan cifras importantes de recursos económicos, ello ha llevado a la contratación de guardaespaldas y personas que manejan la violencia como práctica cotidiana. En algunos casos los guardaespaldas devienen en delegados en obras y aplican los métodos que conocen.
Algunos dirigentes del sector de la construcción en el Municipio Caroni han conversado en busca de la paz, y admiten que han logrado reducir el número de asesinatos:
“Se ha minimizado pero no escapa a los delincuentes que se meten en los sindicatos y allí cometen sus fechorías, para ejemplo mi amigo Vladimir Deivis que hicimos un proyecto de integración y al día siguiente lo asesinaron, era de Sutic, en esa institución no se puede levantar la voz, viven una presión de el que levanta la voz es golpeado, por eso se hace necesario el rescate de Sutic Bolívar”. Declaraciones de de Angel Fajardo, Secretario General de SINATRACOM, el Correo del Caroní, 18-8-09.
Para terminar este problema se ha extendido a otros estados del país, y ya se observa en el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua, Guarico, Zulia. Se trata de un problema nacional. Lamentablemente los esfuerzos necesarios para contrarrestar esta situación no se observan, especialmente desde el Estado, garante de la seguridad y del buen funcionamiento de las instituciones.

Criminalización de la Protesta Laboral

La polarización y la confrontación política en los años del actual gobierno, han estimulado al sector gobernante a hacerse de un paquete de leyes que exponen la protesta social a acusaciones penales.
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 incluye un avance importante en los derechos humanos, el problema es que luego de los agitados años 2001 al 2003, los poderes públicos al unísono convinieron en implementar una serie de reformas legales, que dan lugar y propician el que las protestas sociales sean criminalizadas. Marino González (2009), Coordinador General de Provea, menciona el número de 2.200 personas en esta situación.Fuentes del medio sindical identifican más de un centenar de sus dirigentes bajo esta situación.
Se han venido cerrando los espacios institucionales para la protesta social, obligando a los sectores afectados a recurrir a la protesta “no institucional” quedando expuestos; R Uzcategui, de Provea (2009), señala:
“hombres y mujeres sometidas a procesos penales bajo condición de presentación periódica. Campesinos, trabajadores, estudiantes, habitantes de las comunidades populares, acuden cada quince días, o una vez al mes, a los tribunales penales a cumplir con la obligación de presentarse porque de lo contrario pueden terminar tras las rejas. A todas esas personas se les prohíbe circular libremente por el territorio nacional y a muchas de ellas se les priva de poder participar en manifestaciones o declarar de manera pública sobre su caso. Otras son sometidas durante años a dicho régimen de presentación afectando sus estudios, trabajos y vida comunitaria”.

Es en el año 2008 y a lo largo del 2009, que las protestas laborales han recrudecido, y se han localizado especialmente entre quienes le prestan sus servicios a las entidades públicas. Hay que tener en cuenta que los ingresos petroleros experimentaron una baja notable en estos años, y por ello los procesos de negociaciones colectivas se han dificultado aún mas, aparte del cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el Estado patrono. La continuada criminalización de la protesta laboral, acosa el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.

El “enganche” de personal

La mayor parte de la violencia sindical se observa en sectores productivos donde concurren dos factores, por un lado una situación de paralelismo sindical y por el otro, el sindicato tiene un papel relevante en el ingreso o contratación de trabajadores, ambos fenómenos han venido mostrando su mayor evidencia en el sector de la construcción, pero también se observa en el sector petrolero.
Hay que tener presente que la vinculación de los sindicatos con el ingreso a los puestos de trabajo tiene una dilatada historia, y se remonta a las viejas organizaciones por oficio, las que disfrutaron del reconocimiento de estar dirigidas por los trabajadores más capaces y calificados en un oficio artesanal determinado. De ahí derivaba que era el sindicato quién otorgaba la certificación de formación y capacitación, la que se adquiría por la propia práctica en los centros productivos, bajo la tutoría de trabajadores experimentados.
Luego con la descalificación del trabajo de los artesanos y de los obreros calificados, por el desarrollo de las prácticas tayloristas en el seno de la organización de la producción, se vino a menos el sindicato de trabajadores calificados con funciones de certificador de oficios, pero a cambio surge la necesidad de preservar las organizaciones, a su vez puestas en entredicho porque la descalificación de los oficios permitía fácilmente la sustitución de los trabajadores, y habiendo abundante mano de obra, los empleadores no pensaban dos veces para la sustitución de un trabajador. A su vez este cambio profundo en la organización y el proceso de trabajo, dio lugar al surgimiento de las organizaciones por empresa y por rama productiva.
Sin embargo, bajo estas nuevas condiciones en el funcionamiento productivo y su repercusión que dio lugar a adversas condiciones de mercado laboral, los sindicatos lucharon para mantener al menos la preferencia de la contratación por su intermedio. En el contrato colectivo de la construcción la proporción es 70% y 30%, para el sindicato y la empresa, respectivamente. Con ello, se le daba al sindicato una función que los trabajadores desempleados en busca de empleo valoraban efectivamente. El sindicato como institución se justificaba ante los buscadores de empleos, era una puerta de entrada a la obtención de un empleo y con ello a la condición de asalariado, que implicaba la inclusión en la cobertura de las Relaciones de Trabajo. Y por otro lado, la dirigencia sindical ganaba lealtades y apoyos a la institución y organización sindical. Los orígenes de esta práctica se observan en los convenios colectivos, luego incorporada de manera discreta en la Constitución Nacional de 1961 .
En cuanto a los apoyos a la organización sindical, con los tiempos estos era más bien a la corriente ideológica o partidista que tenía el control del sindicato; y gradualmente se fue convirtiendo en el apoyo directo al propio dirigente, que en un principio asumió el ingreso o postulación de determinado trabajador. Se trata de un proceso que al empezar con el ingreso al empleo, se produce una deuda de este nuevo trabajador con el liderazgo sindical. Deuda que se paga, inicialmente con un aporte económico, así como también con los apoyos exigidos para los procesos electorales y las gestiones que adelante el dirigente facilitador del ingreso. En el seno de las organizaciones sindicales estos ingresos de personal se reparten en forma de cuotas entre los dirigentes. Originalmente, el reparto era por dirigente y grupo político de pertenencia, ya que en el seno de las organizaciones convivían diversas corrientes partidarias o grupos políticos de naturaleza solamente sindical. Pero en los últimos años el fomento del paralelismo ha dado lugar a organizaciones sindicales menos plurales.
Del ingreso o “enganche” de los trabajadores por vía sindical se derivó una consecuencia desventajosa para el trabajador “enganchado”, ya que además de su sujeción al control de la empresa ejercido por supervisores o capataces, se agrega el del dirigente sindical que le facilitó el ingreso o lo postuló. De aquí que el control sobre el trabajador es doble, el de la supervisión de la empresa, que se hace presente a lo largo de la jornada laboral, y el del dirigente sindical, que es eventual, ocurre ante el llamado de atención que la empresa formule sobre el desenvolvimiento del trabajador, y en los asuntos eminentemente sindicales en donde el dirigente dispone de este trabajador en cuanto a los temas de orden sindical y político.
Finalmente el fenómeno del “enganche” se complejiza a extremos que nos coloca en el umbral de la violencia. Se trata de la mercantilización del empleo. Se trafica con un derecho como es el derecho al trabajo, y con ello las necesidades básicas del trabajador y de su familia. ¿De que se trata? Se refiere al cobro por el ingreso del trabajador desempleado. ¿Quién cobra y por que? Cobra la dirigencia sindical. Los sindicatos son precarios en el registro y control de sus ingresos, obviamente ellos entran a bolsillos de los dirigentes y no a las finanzas de las organizaciones. En las razones que contribuyen a explicar porque los desempleados se ven obligados a pagar por la consecución de un empleo, hay que mencionar el hecho de que se trata de empleos que relativamente son buenos, ya que existe una contratación colectiva que ha alcanzado beneficios que superan ampliamente los contenidos de la Ley Orgánica del Trabajo y la legislación laboral en general. Aunque ha de remarcarse que tanto en la industria de la construcción como en la petrolera, estos son empleos por tiempo y obra determinada, lo cual le da al negocio de la mercantilización una ventaja para quienes se benefician de este tráfico, ya que un trabajador desempleado accede a un empleo y ha de pagar por él, y ello puede ocurrir con cierta frecuencia en su vida laboral. En estos empleos el largo plazo no existe.

Fragmentación y Paralelismo Sindical: manifestaciones peligrosas

Uno de los fenómenos que ha venido lamentablemente ocurriendo en los últimos años es el de la fragmentación sindical, dando lugar al llamado paralelismo sindical. Se trata de la coexistencia de más de un sindicato en un determinado espacio productivo. Este fenómeno se combina con las conquistas contractuales sindicales, de contar con cuotas o porcentajes de ingreso de nuevo personal, dando lugar a una situación de competencia y confrontación en el ámbito inter-sindical. Si bien no es una manifestación nueva, lo crítico del asunto en estos años recientes es su agudización, y lo más grave con consecuencias inéditas en la historia laboral venezolana, como es el que este fenómeno ha servido de cultivo para el alcance y el haber llegado a unos extremos de violencia, que vienen desbordando a las instituciones que atienden el problema.

Ya desde los origines de la conformación de la estructura sindical venezolana, se facilitó el germen para que a posteriori la fragmentación sindical se multiplicara. Cuando se construyó el esquema de organización sindical en la Ley del Trabajo de 1936, se diseño una estructura que facilitaba la organización de sindicatos por municipio, distrito, por empresa, por profesión. Se circunscribía el ámbito de estas organizaciones a microespacios, a diversos seccionamientos, y colocadas en una marcada subordinación al gobierno para autorizar su creación y funcionamiento.

Naturalmente que esto ocurrió de tal manera, porque se trataba de la definición y diseño de una estructura sindical ajena a los propios trabajadores. Incluso los primeros sindicatos de los trabajadores petroleros, se identificaron así mismo como organizaciones de la industria o de la rama productiva, al constituirse como Sindicatos de Trabajadores Petroleros, por ello este tipo de organización no figura en el diseño legal aprobado en este año 1936. Pero en el ámbito nacional y en los círculos de poder, el movimiento carecía de la fuerza necesaria para haber construido sus propuestas de organización propia. Esto conduce a afirmar que se trató de la imposición de una estructura organizativa con gérmenes atomizadores.

Las reformas de mayor relevancia puestas en práctica en los años posteriores no alteraron el fondo de estos gérmenes de la fragmentación. Incluso el proceso que dio lugar a la vigente Ley Orgánica del Trabajo, discusiones ocurridas en los últimos años de la década del ochenta, y que culminó con la aprobación de este instrumento a fines de 1990, pudo al menos insertar las organizaciones sindicales de carácter sectorial y las de ámbito nacional, así como también introdujo el silencio administrativo en el proceso de legalización de los sindicatos. Importa señalar que para ese entonces se pudo al menos conocer de las aspiraciones del propio movimiento sindical, aunque no hay que dejar de mencionar que el mismo hecho de la fragmentación sindical existente le dio preeminencia a la vocería de algunas corrientes sindicales sobre otras. A pesar de este avance en la estructura sindical, el mismo ocurre cuando ya la creada y mantenida por varias décadas, había consolidado mecanismos electorales de reproducción de liderazgos, con un ejercicio cuestionable de la democracia y libertad sindical.

Como se ha podido observar, el esquema diseñado para la organización de los sindicatos es el germen inicial que facilita el paralelismo sindical. En manos del Estado y particularmente del Ejecutivo ha existido una amplia discrecionalidad para facilitar o entorpecer el desarrollo sindical, por la vía del control de los procesos de legalización.

En los años que van del siglo XXI, la relación Movimiento Sindical y Poderes Públicos ha sido difícil. El hecho de que los poderes públicos fomentaron un Referéndum – año 2000- para intervenir en la vida sindical fue una de sus evidencias. Igualmente el haberle sustraído a los sindicatos el manejo de sus elecciones internas, al someterlas a la supervisión de un ente estatal –Consejo Nacional Electoral- ha dado lugar a nuevas formas de intervención, ya que los sindicatos al no contar con la certificación que este organismo emite, son declarados en mora sindical y se les niega su capacidad para ejercer sus facultades de representación.

Recientemente el CNE -órgano del poder electoral-, emana la resolución número 090528-0265, de fecha 28 de mayo de 2009, la cual rige todo lo concerniente a los procesos electorales llevados a cabo en los Sindicatos para la elección de su representantes; y flexibiliza esta intervención, aunque continúa jugando un papel central este ente electoral al “Recibir las notificaciones de convocatoria a elecciones de las organizaciones sindicales”, así como “Conocer y decidir los recursos interpuestos contra los hechos, actos, omisiones y abstenciones de la Comisión Electoral, relativas al proceso electoral de las organizaciones sindicales”.

En el medio sindical hay antecedentes de bandas armadas para atemorizar a los opuestos. Pero ha predominado que la violencia ha estado de lado de quienes cuentan con el amparo de las autoridades. Ocurrió en el período de predominio de los adecos especialmente en los años sesenta y setenta. Renacen estas prácticas en los años dos mil al volverse violento el ambiente sindical, como resultante de la confrontación y el antagonismo político; y nuevamente la licencia para actuar con violencia la tienen aquellos que igualmente cuentan con el amparo y protección de las autoridades.

El asunto se complejiza porque se empiezan a proponerse salidas cuasi militares, tal es el caso de la corriente sindical oficialista conocida como Marea Socialista, corriente que forma parte de la Unión Nacional de Trabajadores –UNT- del 7-5-09 http://www.aporrea.org/trabajadores/n134093.html consultado el 8-5-09
“Séptimo: Autorización, preparación y entrenamiento de autodefensa para los trabajadores, luchadores sociales, obreros, campesinos, estudiantiles, en común con la milicia bolivariana y desarrolla en los lugares de trabajo, los centros de estudio revolucionarios y las comunidades. Octavo: organización de defensa y seguridad para los dirigentes sociales desde las bases.”; aunque esta reacción se entiende por la inercia gubernamental ante el problema. De todos modos esta reacción conlleva riesgos de mayor violencia.

En el análisis de la fragmentación sindical cabe incluir el fomento de los Delegados y Consejos de Prevención, emanados de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Dichos delegados han sido receptores de un conjunto de atribuciones que son tradicionalmente facultades sindicales, como es el caso de la prevención e investigación de accidentes, condiciones de trabajo, tiempo de trabajo, ocio y recreación de los trabajadores.

Luego de puesta en vigencia esta legislación y sus reglamentaciones, se ha continuado un proceso de cooptación de estos trabajadores, dando lugar a una nueva situación de fragmentación en el ámbito sindical. Es llamativo que estas regulaciones y el programa de fomento de los delegados de prevención, se ha venido produciendo al margen del movimiento sindical. Desde el Ministerio del Poder Popular del Trabajo y de la Seguridad Social –MPPTSS-, se realizan acciones de intervención en el seno de los Delegados de Prevención. Gradualmente esto ha venido traduciéndose en una sustracción de actividades de naturaleza sindical, por parte de un ente que funciona bajo directrices que responden más al Ministerio que a los directivos sindicales. Hay casos de Delegados de Prevención que exteriorizan confusamente estar al servicios del Inpsasel.

A favor del fomento de los Delegados de Prevención cabe destacar que esta figura es de constitución obligatoria, por tanto se le observa en todos los centros de trabajo, lo que no ocurre con los sindicatos, que como es conocido son de carácter voluntario, tanto su creación como la afiliación. En donde no existe sindicato, ya sea por el propio tamaño de los centros productivos o por dificultades en los esfuerzos para organizarlo, la existencia de los Delegados de Prevención de alguna manera se constituye en entes que extienden su papel más allá de la prevención de accidentes.

La Administración del Trabajo: ¿un tercero neutral?

Continuando con el análisis de los factores que contribuyen a la fragmentación de las Relaciones de Trabajo y con ello a la violencia sindical, toca considerar a la Administración del Trabajo, que viene a ser el ejecutante y expresión de las políticas estatales en el ámbito de las Relaciones de Trabajo.
Se abordan cinco elementos que contribuyen a la fragmentación de las RT, con ello se facilitan condiciones para su desinstitucionalización, y de ahí un paso para el estimulo de la violencia sindical.
Desde su formación inicial las RT se han caracterizado por una notable intervención estatal, aunque un poco menos en el sector petrolero del período concesionario. Estas empresas manejaron sus asuntos laborales poniendo límites a la intervención estatal, más bien por el contrario, desde el sector petrolero se influía en la formación de políticas públicas laborales. Pero lo característico de las RT del los entes públicos,y particularmente del Ejecutivo, ha sido la búsqueda de la limitación de la autonomía del movimientos sindical.
Consecuente con lo anterior el manejo de los asuntos laborales por parte del Ejecutivo, conlleva dos características que ponen en entredicho, el que la Administración del Trabajo desempeñe realmente el papel de un tercero neutral en las relaciones entre capital y trabajo. Una es el sectarismo y la otra la discrecionalidad funcionarial. La primera ha servido al Ejecutivo hacerse de una fuerza sindical bajo la influencia del partido político gobernante. En su momento lo hizo Acción Democrática, ahora lo hacen las organizaciones partidistas gobernantes, en un primer momento el MVR y en los últimos años el PSUV, incluso se puede observar que los partidos políticos aliados no gozan de iguales privilegios en este orden.
El sectarismo corroe la autonomía sindical, y desnaturaliza el papel de la Administración del Trabajo. Incluso todo esto empieza por la propia discriminación para el ingreso y permanencia en la funciones públicas. Son elementos que alimentan la violencia. Provea lo señala en su informe del 2007 con estos términos:“La discriminación por motivos políticos se ha convertido abiertamente en una política de Estado, sin que se hayan aplicado remedios adecuados para prevenirla y sancionarla.”
Sobre la discrecionalidad funcionarial, es una característica del sistema de Administración del Trabajo imperante, que deja en manos del funcionariado amplios márgenes de decisión en los asuntos laborales.
Los otros cuatro elementos a analizar serán temas de los próximos materiales.

Violencia Laboral: Prácticas provocadoras en escenarios productivos

Se destacó al inicio del presente documento que la violencia sindical se inscribe en una categoría más general, como es la violencia laboral. La que a su vez se inscribe en un contexto de violencia generalizada, que coloca a Venezuela como la sociedad más violenta de América Latina, dado el número de homicidios por cada cien mil habitantes (Briceño-León y Avila, 2007), en donde se confía poco en los órganos de justicia . A esto ha de agregarse que la violencia en el medio sindical no ha sido atacada por las autoridades. Los casos que las autoridades judiciales han llegado a penalizar son aislados, y a pesar de la naturaleza de muertes por encargo en la mayoría de los asesinatos, son pocos los casos en donde las investigaciones policiales han dado lugar a la detención de los acusados del hecho material, y lo mas grave es que no se ha llegado en ningún caso a la identificación de los responsables intelectuales.
Volviendo al ámbito laboral, también debe destacarse que el mismo se desenvuelve en un ambiente político altamente confrontativo y polarizado. El proceso político que viene desarrollándose a lo largo del presente siglo ha contribuido a agudizar la confrontación, sea por las políticas gubernamentales, o sea por la manera como los opositores las han enfrentado. Cuando se ha mencionado el contexto de violencia laboral, ha de precisarse que se trata de manifestaciones que implican la pérdida de vigencia de mecanismos de convivencia entre los actores laborales y productivos, lo que evidencia situaciones de desinstitucionalización. Mecanismos que han tendido a experimentar procesos de fragmentación, y generan estados de caos en los ámbitos laborales.

Prácticas provocadoras en escenarios productivos

Corresponde analizar el desenvolvimiento de las RT en un contexto social y político complejo como ya se ha destacado. Ahora toca ubicarse en los espacios productivos. Empezando por admitir la naturaleza de las Relaciones Capital y Trabajo, y reconociendo que se trata de una relación que conlleva un elemento complejo como es la determinación del precio de la fuerza de trabajo, es por tanto obvio que eventualmente estas relaciones impliquen acciones de presión que pueden llegar a adquirir visos violentos, sea de un lado o del otro. Claro que la convivencia productiva demanda acuerdos y consensos, para que se produzca la actividad para la cual la empresa fue creada.
Un punto de partida para el análisis de la violencia laboral es el propio inicio de esta relación, es decir la formación del contrato de trabajo. Es un momento de extrema desigualdad en contra del trabajador, a tal punto que U Beck (2000) lo llama “El contrato laboral, es por tanto, políticamente considerado, un contrato de sometimiento. Los fines, contenidos, objetivos del trabajo no están ya en manos de los propios trabajadores, sino en las de aquellos que organizan los procesos laborales (generalmente según principios económicos)”.
En nuestro medio se dan casos extremos de empleadores que obligan al trabajador entrante a firmar documentos incluso en blanco, usualmente se trata de una carta que eventualmente se le llenará el texto con una supuesta renuncia. El desempleado o no que aspira un empleo, tiene un margen muy limitado de fijar condiciones, ellas vienen del empleador; y por supuesto en aquellos casos en donde existen los acuerdos colectivos, en su contenido se indican condiciones de empleo, que han sido negociados con los sindicatos. Es un momento en donde la situación de asimetría entre el trabajador y la empresa es ampliamente favorable a esta. Según la calificación del trabajador este asimetría puede ir reduciéndose hasta incluso ponerse del lado del trabajador. Pero no es el caso de la generalidad de los empleos sindicalizados, en donde los niveles de calificación son más bien modestos. Ello mismo explica la necesidad de la organización colectiva.
La violencia laboral se manifiesta igualmente con las políticas antisindicales que perviven en centros productivos dirigidos por empleadores que temen la presencia sindical, y hacen esfuerzos violando disposiciones legales para contrarrestar la formación de la organización sindical.
En los años que las políticas neoliberales orientaron la conducta empresarial y estatal, como fue en los ochenta y en los noventa, se privilegió y se fomentó una flexibilización de las formas de contratación, que unilateralmente fue reduciendo la fuerza de trabajo, transfiriendo trabajadores a otras formas organizacionales que resultaran más baratas para la empresa central. En casos más radicales la estrategia fue más allá, llegando al cierre del negocio para abrirlo de nuevo con otro denominación jurídica, lo que significaba empezar con nuevas y desmejoradas condiciones de trabajo.
Igualmente en este contexto floreció la mercantilización en las relaciones de trabajo, conminando a trabajadores a constituirse en empresas mercantiles, todo con el fin de eludir la tutela laboral, así también florecieron las empresas de trabajo temporal y otras formas externalizadas de organización del trabajo, conllevando el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, y generando desigualdades de las condiciones de trabajo entre la empresa central y estas otras nuevas creaciones organizacionales. Si bien en estas modalidades se dificultaba la organización colectiva, no por ello el malestar no afloraba, pero lo hacía vía reclamos individuales o acciones colectivas no sindicales.
La interrupción intempestiva de la relación de trabajo, dando lugar al desempleo es un elemento delicado que contribuye a generar tensiones, ya que lleva las dificultades al propio seno de la familia. Si bien la estabilidad en el trabajo y la inamovilidad laboral, permite garantías de que la interrupción ha de ser justificada, y por otro lado el trabajador tiene la opción de recurrir a las instancias administrativas y judiciales, todo esto se constituye en un proceso que afecta la vida familiar. De otro lado, existen mecanismos compensadores como es el seguro de desempleo, pero el organismo encargado de pagar estos conceptos –IVSS- toma un tiempo prolongado para hacerlo efectivo .
Retomando el tema Condiciones de Trabajo, como un componente de la Organización del Trabajo, hay que destacar que esta dimensión en una amplia mayoría de los casos, fue tradicionalmente sacrificada en los esfuerzos y en la acción sindical, para subordinarla al tema reivindicativo de naturaleza monetario. La expresión monetarización del riesgo y del descanso, ilustran este fenómeno. Con ello se alude al canje de aceptar riesgos a cambio de bonos monetarios, igual caso es el canje de sacrificar descansos por más dinero. Esta evolución a la larga determinó un sacrificio de principios y valores de estima de la propia dignidad del trabajador. Esto no es ajeno a que también se observen manifestaciones de trato despótico hacia los trabajadores. Se ha planteado que el desarrollo de los derechos del ciudadano o de ciudadanía ha avanzado más que esos mismos derechos en los espacios laborales. En éstos persiste una estructura vertical, de sumisión del trabajador a la empresa (Iturraspe, 2000).
Finalmente en la empresa frecuentemente ocurren situaciones de desacato a las providencias y decisiones de los organismos públicos de la Administración del Trabajo. Ahora algo minimizado con la exigencia de la solvencia laboral a aquellas empresas privadas que pretenden hacer negocios con entidades estatales, y muy especialmente requerir divisas preferenciales para pagos de importaciones. El desacato, luego de la culminación de todo un proceso que para los trabajadores es engorroso, representa una situación de violencia institucional. Pero lo llamativo de esta anormal situación, es que ella está más generalizada en los entes y empresas estatales, que como no necesitan obtener la solvencia laboral, se toman más libertades en ignorar las decisiones favorables a los trabajadores.