Criminalización de la Protesta Laboral

La polarización y la confrontación política en los años del actual gobierno, han estimulado al sector gobernante a hacerse de un paquete de leyes que exponen la protesta social a acusaciones penales.
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 incluye un avance importante en los derechos humanos, el problema es que luego de los agitados años 2001 al 2003, los poderes públicos al unísono convinieron en implementar una serie de reformas legales, que dan lugar y propician el que las protestas sociales sean criminalizadas. Marino González (2009), Coordinador General de Provea, menciona el número de 2.200 personas en esta situación.Fuentes del medio sindical identifican más de un centenar de sus dirigentes bajo esta situación.
Se han venido cerrando los espacios institucionales para la protesta social, obligando a los sectores afectados a recurrir a la protesta “no institucional” quedando expuestos; R Uzcategui, de Provea (2009), señala:
“hombres y mujeres sometidas a procesos penales bajo condición de presentación periódica. Campesinos, trabajadores, estudiantes, habitantes de las comunidades populares, acuden cada quince días, o una vez al mes, a los tribunales penales a cumplir con la obligación de presentarse porque de lo contrario pueden terminar tras las rejas. A todas esas personas se les prohíbe circular libremente por el territorio nacional y a muchas de ellas se les priva de poder participar en manifestaciones o declarar de manera pública sobre su caso. Otras son sometidas durante años a dicho régimen de presentación afectando sus estudios, trabajos y vida comunitaria”.

Es en el año 2008 y a lo largo del 2009, que las protestas laborales han recrudecido, y se han localizado especialmente entre quienes le prestan sus servicios a las entidades públicas. Hay que tener en cuenta que los ingresos petroleros experimentaron una baja notable en estos años, y por ello los procesos de negociaciones colectivas se han dificultado aún mas, aparte del cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el Estado patrono. La continuada criminalización de la protesta laboral, acosa el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.