Se destacó al inicio del presente documento que la violencia sindical se inscribe en una categoría más general, como es la violencia laboral. La que a su vez se inscribe en un contexto de violencia generalizada, que coloca a Venezuela como la sociedad más violenta de América Latina, dado el número de homicidios por cada cien mil habitantes (Briceño-León y Avila, 2007), en donde se confía poco en los órganos de justicia . A esto ha de agregarse que la violencia en el medio sindical no ha sido atacada por las autoridades. Los casos que las autoridades judiciales han llegado a penalizar son aislados, y a pesar de la naturaleza de muertes por encargo en la mayoría de los asesinatos, son pocos los casos en donde las investigaciones policiales han dado lugar a la detención de los acusados del hecho material, y lo mas grave es que no se ha llegado en ningún caso a la identificación de los responsables intelectuales.
Volviendo al ámbito laboral, también debe destacarse que el mismo se desenvuelve en un ambiente político altamente confrontativo y polarizado. El proceso político que viene desarrollándose a lo largo del presente siglo ha contribuido a agudizar la confrontación, sea por las políticas gubernamentales, o sea por la manera como los opositores las han enfrentado. Cuando se ha mencionado el contexto de violencia laboral, ha de precisarse que se trata de manifestaciones que implican la pérdida de vigencia de mecanismos de convivencia entre los actores laborales y productivos, lo que evidencia situaciones de desinstitucionalización. Mecanismos que han tendido a experimentar procesos de fragmentación, y generan estados de caos en los ámbitos laborales.
Prácticas provocadoras en escenarios productivos
Corresponde analizar el desenvolvimiento de las RT en un contexto social y político complejo como ya se ha destacado. Ahora toca ubicarse en los espacios productivos. Empezando por admitir la naturaleza de las Relaciones Capital y Trabajo, y reconociendo que se trata de una relación que conlleva un elemento complejo como es la determinación del precio de la fuerza de trabajo, es por tanto obvio que eventualmente estas relaciones impliquen acciones de presión que pueden llegar a adquirir visos violentos, sea de un lado o del otro. Claro que la convivencia productiva demanda acuerdos y consensos, para que se produzca la actividad para la cual la empresa fue creada.
Un punto de partida para el análisis de la violencia laboral es el propio inicio de esta relación, es decir la formación del contrato de trabajo. Es un momento de extrema desigualdad en contra del trabajador, a tal punto que U Beck (2000) lo llama “El contrato laboral, es por tanto, políticamente considerado, un contrato de sometimiento. Los fines, contenidos, objetivos del trabajo no están ya en manos de los propios trabajadores, sino en las de aquellos que organizan los procesos laborales (generalmente según principios económicos)”.
En nuestro medio se dan casos extremos de empleadores que obligan al trabajador entrante a firmar documentos incluso en blanco, usualmente se trata de una carta que eventualmente se le llenará el texto con una supuesta renuncia. El desempleado o no que aspira un empleo, tiene un margen muy limitado de fijar condiciones, ellas vienen del empleador; y por supuesto en aquellos casos en donde existen los acuerdos colectivos, en su contenido se indican condiciones de empleo, que han sido negociados con los sindicatos. Es un momento en donde la situación de asimetría entre el trabajador y la empresa es ampliamente favorable a esta. Según la calificación del trabajador este asimetría puede ir reduciéndose hasta incluso ponerse del lado del trabajador. Pero no es el caso de la generalidad de los empleos sindicalizados, en donde los niveles de calificación son más bien modestos. Ello mismo explica la necesidad de la organización colectiva.
La violencia laboral se manifiesta igualmente con las políticas antisindicales que perviven en centros productivos dirigidos por empleadores que temen la presencia sindical, y hacen esfuerzos violando disposiciones legales para contrarrestar la formación de la organización sindical.
En los años que las políticas neoliberales orientaron la conducta empresarial y estatal, como fue en los ochenta y en los noventa, se privilegió y se fomentó una flexibilización de las formas de contratación, que unilateralmente fue reduciendo la fuerza de trabajo, transfiriendo trabajadores a otras formas organizacionales que resultaran más baratas para la empresa central. En casos más radicales la estrategia fue más allá, llegando al cierre del negocio para abrirlo de nuevo con otro denominación jurídica, lo que significaba empezar con nuevas y desmejoradas condiciones de trabajo.
Igualmente en este contexto floreció la mercantilización en las relaciones de trabajo, conminando a trabajadores a constituirse en empresas mercantiles, todo con el fin de eludir la tutela laboral, así también florecieron las empresas de trabajo temporal y otras formas externalizadas de organización del trabajo, conllevando el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, y generando desigualdades de las condiciones de trabajo entre la empresa central y estas otras nuevas creaciones organizacionales. Si bien en estas modalidades se dificultaba la organización colectiva, no por ello el malestar no afloraba, pero lo hacía vía reclamos individuales o acciones colectivas no sindicales.
La interrupción intempestiva de la relación de trabajo, dando lugar al desempleo es un elemento delicado que contribuye a generar tensiones, ya que lleva las dificultades al propio seno de la familia. Si bien la estabilidad en el trabajo y la inamovilidad laboral, permite garantías de que la interrupción ha de ser justificada, y por otro lado el trabajador tiene la opción de recurrir a las instancias administrativas y judiciales, todo esto se constituye en un proceso que afecta la vida familiar. De otro lado, existen mecanismos compensadores como es el seguro de desempleo, pero el organismo encargado de pagar estos conceptos –IVSS- toma un tiempo prolongado para hacerlo efectivo .
Retomando el tema Condiciones de Trabajo, como un componente de la Organización del Trabajo, hay que destacar que esta dimensión en una amplia mayoría de los casos, fue tradicionalmente sacrificada en los esfuerzos y en la acción sindical, para subordinarla al tema reivindicativo de naturaleza monetario. La expresión monetarización del riesgo y del descanso, ilustran este fenómeno. Con ello se alude al canje de aceptar riesgos a cambio de bonos monetarios, igual caso es el canje de sacrificar descansos por más dinero. Esta evolución a la larga determinó un sacrificio de principios y valores de estima de la propia dignidad del trabajador. Esto no es ajeno a que también se observen manifestaciones de trato despótico hacia los trabajadores. Se ha planteado que el desarrollo de los derechos del ciudadano o de ciudadanía ha avanzado más que esos mismos derechos en los espacios laborales. En éstos persiste una estructura vertical, de sumisión del trabajador a la empresa (Iturraspe, 2000).
Finalmente en la empresa frecuentemente ocurren situaciones de desacato a las providencias y decisiones de los organismos públicos de la Administración del Trabajo. Ahora algo minimizado con la exigencia de la solvencia laboral a aquellas empresas privadas que pretenden hacer negocios con entidades estatales, y muy especialmente requerir divisas preferenciales para pagos de importaciones. El desacato, luego de la culminación de todo un proceso que para los trabajadores es engorroso, representa una situación de violencia institucional. Pero lo llamativo de esta anormal situación, es que ella está más generalizada en los entes y empresas estatales, que como no necesitan obtener la solvencia laboral, se toman más libertades en ignorar las decisiones favorables a los trabajadores.
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