TRABAJO OBLIGATORIO IGNORA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR

La voluntad del individuo y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores son dos conquistas alcanzadas por el esfuerzo y luchas sociales y políticas, y que son parte de los fundamentos de las relaciones de trabajo.

  El trabajador decide cuando y para quién trabajar. Lo voluntario es lo opuesto a lo obligatorio. Por supuesto que ha de hacerlo para subsistir tanto él como su familia, entendida la obligación con aquellos miembros que no pueden hacerlo.

  En cuanto a lo colectivo, muy importante por la necesidad de reducir las brechas entre el poder de los empleadores y el del trabajador visto individualmente, los trabajadores al agruparse en organizaciones lo hacen voluntariamente, así como ha de ser la vida regular de las mismas. Es el fundamento esencial de la libertad sindical. Se trata de organizaciones que no han de ser interferidas por el estado, ni por el patrono.

  En condiciones de calamidad, siniestros, tragedias, hambre, guerras, los intereses superiores de la sobrevivencia de una colectividad algunos Estados imponen demandas que pueden dar lugar a excepciones a la definición de trabajo forzoso u obligatorio. Igual se excepcionan los pequeños trabajos comunales realizados por miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma. Pero el Convenio No. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de1957 que complementa el No.29 sobre trabajo forzoso de 1930, demanda la abolición completa de este tipo de trabajo, incluso como “método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico”. Ambos convenios han sido ratificados por la República.

  Por supuesto que el gobierno además de ejercer las acciones de administración que le son propias regularmente, también ha de tener previsiones para las contingencias, ahí juegan un papel importante instituciones como las fuerzas armadas, policiales, bomberiles, de defensa civil, de emergencias de salud, y suministro de productos y servicios esenciales, las cuales están subordinadas a criterios claramente definidos para su intervención. En convenios con los gobiernos, se agregan a las instituciones estatales otras de naturaleza privada que han acumulado una amplia experiencia nacional e internacional en el apoyo a situaciones de emergencia, tales como la Cruz Roja Internacional y Cáritas.

  Todo lo planteado tiene relación con la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del poder popular para el proceso social del trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”. En esencia esta resolución plantea el trabajo obligatorio y lo fundamenta en la llamada guerra económica. Llama la atención que en el mundo hay toda una acción para erradicar el trabajo forzoso, que sea el Estado venezolano quién proponga y promueva el trabajo obligatorio, sin tomar en cuenta la voluntad del trabajador, que es una forma del trabajo forzoso.

  El gobierno nacional ha insistido en la existencia de una guerra económica, pero no ha logrado convencer a la mayoría de la población de que esa sea la razón de la escasez y las dificultades que tiene la población para el acceso a productos y bienes esenciales. Predomina el criterio que las explicaciones están en el modelo seguido por el gobierno para las decisiones económicas. De ahí se deriva que la declaratoria de el estado de excepción y de la emergencia económica no logró la aprobación parlamentaria.

  La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso es uno de los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo enumerados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, que todos los Miembros se comprometen «a respetar, promover y hacer realidad, de buena fe» (OIT “Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso”, 2014).


  Habiendo el estado venezolano ratificado  en 1944 el Convenio de OIT N° 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, todas las disposiciones en la legislación venezolana posterior a esta ratificación han estado en concordancia con los principios de esta convención, hasta el día de hoy que se aprobó esta resolución No. 9855.

 A los efectos de este convenio No.29, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores.

  En el nivel regional es de destacar que nuestro país como miembro de Mercosur adhiere a su Declaración Sociolaboral, que incluye los dos convenios de OIT 29 y 105, por lo que su violación se convierte también en objeto de denuncia de esta Declaración.  

La OIT estima que en el mundo “el 90 por ciento del trabajo forzoso se da actualmente en la economía privada. Tres cuartas partes de este trabajo forzoso se concentran en actividades productivas como la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, la pesca y la fabricación, mientras que el resto implica la explotación sexual con fines comerciales”.

   El trabajo forzoso u obligatorio ocurre en el mundo predominantemente en el sector privado, lo que nos impulsa a ser más enfático en el análisis de este caso, porque quien lo fomenta sea el gobierno, el mismo que ha estatizado una importante cantidad de empresas agrícolas, agroindustriales e industriales que las ha manejadas erráticamente y hoy presentan un critico estado productivo. Resulta entonces contradictorio que quien ha de velar por la administración y el buen desempeño de las relaciones de trabajo, invoque como solución para sus actividades el trabajo obligatorio, y  que al mismo tiempo es el responsable de la inspección de la administración del trabajo en esos centros productivos. Todo esto es violatorio de los convenios mencionados, de la legislación laboral, y de un ventajismo y alevosía en contra tanto de los trabajadores como de los productores privados.  

DESVALORIZACION DEL TRABAJO

Mes a mes el país lee con frustración los nuevos valores de la canasta alimentaria y la canasta de productos básicos. Su crecimiento en los últimos años expresa los resultados fallidos de los esfuerzos que se han puesto en práctica para intentar corregirlo.

  Para los trabajadores esta es una de las expresiones más brutales de la desvalorización de su esfuerzo laboral: que su ingreso cada vez le alcanza para menos productos y servicios, lo que lo lleva a ir prescindiendo de algunos de ellos, reduciendo cantidades, calidades y desmejorar su nivel de vida, en fin empobreciéndose. 

  En nuestro país los trabajadores estaban acostumbrados a medir sus ingresos en valores nominales. Los proyectos de convenios colectivos de elaboración por parte de los sindicatos, solicitaban aumentos en cantidades nominales. En general así funcionaba gran parte de las demandas laborales. Por supuesto que no era la forma más objetiva para la discusión salarial. Desde siempre ha debido plantearse en valores reales. Nada extraordinario si tomamos en cuenta que así es como ha funcionado y funciona la administración empresarial para fijar sus precios y costos.  

  La desvalorización del trabajo tiene además otras expresiones aparte de la elocuencia de ver la brecha que se aprecia entre los valores salariales y sus ajustes periódicos, y la manera como se comportan los precios semana a semana, mes a mes.

  La escuela de los clásicos de la economía liberal, sustentó que el trabajo es esencial para la creación de riqueza. La escuela marxista fue más lejos y señaló que era el trabajo la más genuina fuente para crearla. Diferencias importantes surgieron en el control del proceso de trabajo, en la determinación de los precios y en la distribución de la ganancia. Pero en común se sustentaba el reconocimiento de la valorización del trabajo. 

  En nuestra cultura y tradición familiar se concibe que la educación es para prepararse para ser un buen ciudadano y para que con el trabajo asegurar el sustento y el progreso personal y familiar.  Hay ejemplos y realidades que confrontan con esta perspectiva. 

  En la realidad que se vive en la Venezuela de estos años, uno de los fenómenos más notables es que el trabajo ha perdido valor. Por eso el empobrecimiento del que trabaja. A tal punto que personas que llevan a cabo casi cualquier actividad informal sin inversión ni complejidad alguna logran obtener mayores ingresos que muchos de aquellos que trabajan convencionalmente, sometidos a horarios y subordinación. 

  Lo anterior también atenta contra la preparación sistemática para el ejercicio de tareas laborales. Teóricamente el valor del trabajo tiene entre sus sustentos más importantes la de la formación y la experiencia, el conocimiento. Preservar esta relación es conveniente para cualquier sociedad porque para un progreso real y sustentable no son los atajos las vías más indicadas, sino la preparación, el conocimiento. 

  La desvalorización del trabajo en los países no desarrollados también se expresa en el hecho de como se distribuye el ingreso entre el capital y el trabajo. En los países desarrollados del total de los ingreso va al trabajo un porcentaje mucho mayor que al capital. En esta distribución ha sido muy importante la evolución luego de la I Guerra Mundial, y aún luego de la II. Estos fenómenos dieron lugar a acuerdos y pactos que fortalecieron la distribución más equilibrada, por eso dando mayor participación a quiénes eran los aportantes del trabajo. En ese sentido, en los países latinoamericanos y africanos no han logrado estos niveles. Seguimos a lo sumo mostrando una distribución aún mayor para el capital que para el trabajo. 

  Obviamente la desvalorización del trabajo también resulta no sólo de la relación entre los precios y salarios, ni de como se reparte el ingreso entre capital y trabajo, sino también como se dirige y organiza la economía y la sociedad en general.  Al respecto en nuestro caso en donde la renta petrolera juega un papel central, y el acceso a ella determina riqueza y pobreza. 

  Históricamente se han creado riquezas no sustentadas en el trabajo sino más bien en el acceso a la renta petrolera. El tema es de envergadura para profundizarlo en pocas líneas. Pero si es indiscutible destacar que el control y la vinculación con el Estado, es de primera importancia para aclarar el peso y las formas que adopta la distribución de la renta petrolera y el trabajo.

  Por diversas razones se observa la disminución del ingreso petrolero, no sólo por los precios del barril, sino por la pérdida de producción, de eficiencia, de productividad, por los mayores costos, por el manejo de su producción con esquemas políticos e ideológicos dirigidos a ganar adhesiones y compromisos que le cuestan grandes cantidades de dinero al país,  y que por otro lado se ha mostrado cuan frágiles son estas “inversiones“. Total que esta renta se ha achicado.

  Finalmente se desvaloriza el trabajo cuando se promueven soluciones a problemas a partir del no trabajo, como se ha manejado la crisis de energía, minimizando el trabajo, así como desde el poder se promueve frecuentemente actos sectarios en tiempo de trabajo que erosionan la cultura laboral. 

  Se confunde trabajo con estar en nóminas para hacer tareas no laborales. Se confunde trabajo con asistencialismo.

  Igual cabe señalar el presentismo, es decir, atender el horario laboral pero sin llevar a cabo las tareas propias de los cargos. 

  Las políticas económicas han llevado a innumerables centros productivos a no contar con materiales para trabajar por lo que han de tener a los trabajadores sin ejecutar tareas.  Las nóminas abultadas en los centros de trabajo tanto públicos como privados, también es una forma de desvalorizar el trabajo. 

  Para los trabajadores y para el país es necesario recuperar la valorización del trabajo. Ello demanda políticas bien diferentes a las que se han venido aplicando.

IMPLICACIONES DEL CIERRE DE UNA TRANSNACIONAL

La empresa transnacional Kimberly-Clark terminó de paralizar sus operaciones en Venezuela este 30 de junio, luego de 24 años produciendo en el país. Es una transnacional con 140 años de funcionamiento y es de las líderes mundiales en los productos que fabrica.

  Salen del mercado productos en situación de extrema escasez y que son esenciales para la población -pañales, papel y toallas sanitarias, toallas de cocina-. Poco antes de paralizar venía trabajando a una mínima capacidad. En el pasado año del 2015, hubo algunas paradas por carencia de materia prima. La situación se agudizaba en el transcurso del presente año, no era de sorprender que de un momento a otro se paralizaría.

  Este caso no es único, esta generalizado en las transnacionales de la industria manufacturera. Ha habido muchos casos de cierres, y la situación no se detiene. El gremio de los industriales Conindustria, los documenta y expone al público frecuentemente. Las acciones gubernamentales para revertir esta situación no han tenido éxito.

  Hay que advertir que la situación que conllevó al cierre Kimberly-Clark no es un caso aislado. En este momento justamente ha vuelto a parar otra empresa transnacional del mismo ramo Johnson & Johnson de Valencia, por la carencia de materias primas.

  Verlo como parte de una conspiración internacional o de una guerra no convencional por supuesto que invita a la alarma, aún más si se trata de productos que hoy escasean. Pero según como se vea, el gobierno adopta determinada respuesta. En lo inmediato asume las instalaciones y trata de mantenerla operativa. Sin embargo las complejidades operativas y tecnológicas se harán presente y la salida del mercado de la cantidad de productos no será sustituida en las mismas proporciones.

  En otro sector altamente transnacionalizado como es el automotriz, la directiva de FCA Venezuela (antigua Chrysler) informa que no ha producido ningún vehículo desde hace seis meses. Esta empresa optó por seguir los pasos de Ford de Venezuela, que consiguió el pasado año autorización para que, junto a los concesionarios que distribuyen los vehículos pudieran reunir un pote de dólares, y así importar los elementos para ensamblar vehículos. Pero el resultado no ha sido muy alentador, ya que los pocos vehículos producidos salieron muy costosos. En el caso de la ex-Chrysler “lo único que se pudo levantar fue capital para la compra de 144 unidades. Eso es todo lo que ensamblaremos este año”, dijo Christian Pereira, Secretario General del . Sindicato.

  En general, en todas las principales ensambladoras del sector automotriz no han producido vehículos en lo que va del año, estamos hablando de grandes transnacionales como General Motors, Ford, Toyota, Mitsubishi. A pesar de la situación estas empresas no han despedido personal,  han promovido y estimulado renuncias que sólo han sido aceptadas por el personal profesional. Los que trabajan en operaciones han seguido los lineamientos sindicales de no renunciar y mantenerse en las nóminas a pesar de la merma de ingresos, ya que solo reciben los salarios básicos, la mayor parte se mantienen en sus casas y no asisten a las plantas.

  Las ensambladoras de autos produjeron en los dos últimos años 19.745 unidades en el 2014, y 18.300 en el 2015, datos de la cámara de las ensambladoras -Cavenez-. Este año se perfila que la producción será aun menor. Tómese en cuenta que la capacidad instalada de estas empresas está por encima de los 250 mil vehículos anuales, tenemos entonces tres años seguidos sin alcanzar siquiera el 8% de producción.

  Algunas empresas ensambladoras resultante de los convenios del gobierno nacional con China e Irán tienen una modesta producción. Realmente con los chinos lo que mas ha  ocurrido es la importación de vehículos.

  Las empresas transnacionales en todas las áreas realizan sus operaciones en el mundo con el objeto de producir sus productos, atender un mercado y ganar dinero. En nuestro caso, cobran sus ventas locales en bolívares con los cuales cubren sus gastos nacionales, pero el remanente necesitan convertirlos en dólares para cubrir costos en divisas incluyendo los beneficios que sus accionistas aspiran. Esta elemental práctica la realizan normalmente las empresas transnacionales en China, Cuba, así como en cualquier lugar del mundo, independientemente de como se denomine el modelo económico.

  Es deseable que las empresas transnacionales reinviertan sus ganancias en el país, pero eso requiere condiciones y garantías que la inestabilidad política no ofrece. Estudios de la Cepal señalan que en América Latina y el Caribe  “La proporción de las utilidades que las empresas transnacionales reinvirtieron en la misma economía permaneció más o menos estable en un 50%; el resto se enviaron a los países de origen de las inversiones. La tendencia a la baja de la rentabilidad media de la IED observada desde 2008 continuó, de manera que la tasa de rentabilidad fue del 5% en 2014” (La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2015).

  Por otro lado la conversión de los bolívares en divisas (dólares o euros) aquí no es fluida y se ha convertido en un problema dada las políticas cambiarias. Los bolívares no son aceptados en ningún lugar del mundo, apenas en los establecimientos de nuestras fronteras terrestres.

  Lo anterior determina que la realidad productiva en las empresas transnacionales que operan en el país no ofrece un futuro atractivo para sus casas matrices, y tampoco para los trabajadores y consumidores. Se mantienen restringidas las que han estado desde hace años, y sólo llegan empresas o inversiones chinas, en el marco de los poco conocidos convenios con el gobierno nacional.

LOS CONFLICTOS COMO EXPRESIÓN DE DEFICIT DEMOCRATICO

  Se vienen haciendo comparaciones entre la situación existente en el presente con la víspera y la emergencia del “caracazo” o “sacudón” del 27 y 28 de febrero de 1989. Está entendido y aceptado que aquel evento significó un quiebre del sistema por las magnitud y el desbordamiento de las protestas, que decían fundamentalmente que no se estaba dando respuestas a problemas muy sentidos de la población, como era el acceso a bienes y servicios en cantidad y en costos accesibles, además de un deficit de participación política; y por otro, lado significó un quiebre en el tratamiento militar por la severa represión aplicada para contener el desbordamiento social. 

  El sindicalismo mayoritario -CTV- de entonces reaccionó convocando a un paro nacional de un día contra las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos A Pérez, pero la mayoría de la dirigencia sindical subordinada al partido gobernante lo reorientó y lo hizo contra los especuladores. No se pudo desatar la dependencia partidista.

  El descontento que quedó del “caracazo” trajo consigo traumas que han pervivido ya por más de un cuarto de siglo. Inmediatamente a esos hechos se desataron otros de gran profundidad en la vida política del país, como dos alzamientos militares, una destitución de un presidente y la debacle de los partidos que habían gobernado por cuarenta años. 

  La nueva etapa que se abrió con los resultados de las elecciones de 1998 trajo propuestas que encantaron a las mayorías, e incluso ello se extendió más allá de nuestras fronteras en intelectuales y militantes en America Latina y en Europa. Y con mucho más razones, por dos fenómenos que se venían imponiendo con avances vertiginosos, como era la caída del socialismo real y el predominio del neoliberalismo sobre los esquemas desarrollistas y keynesianos, que habían dominado las políticas económicas post Segunda Guerra Mundial. Tal parecía que la aparición de la propuesta del socialismo del siglo XXI llegaba oportunamente, encontrándo seguidores aquí y en varios países de la región.

 Las protestas y en general los conflictos más genuinos son expresión de los sectores que no están en el poder.  Claro que desde el poder en situaciones de riesgo de su permanencia, apela discursivamente a la retórica del conflicto contra aquellos que identifica como sus enemigos externos e internos, y promueve movilizaciones, pero que no significan conflictos genuinos porque no demandan nada, sino que son barreras de contención en defensa del status quo. En la medida que la situación de los sectores populares vaya empeorando, los discursos sin hechos que los sustenten seguirán perdiendo su original efecto de identidad.

  A partir  de 1999 se vivió una efervescente etapa de protestas y movilizaciones que desde el poder estatal se atendían con interés y prontitud. La permisividad a las manifestaciones de conflictos se asociaban con la necesidad que la gente se expresara, ya que por un lado se trataba de corregir males endémicos y estructurales, y por otro ahuyentar a los reales y potenciales enemigos de los cambios en curso. Las protestas conseguían eco en los poderes estatales que las atendían. Reforzaba la retórica que enfatizaba el peso del poder popular.

  En lo electoral a todos los niveles se fomentaba la consulta. Se popularizaron los referendos en el ámbito sindical para dar respuesta a situaciones de existencia de más de un sindicato en un mismo ámbito de representación y negociación. Revolución bolivariana era sinónimo de elecciones y sus triunfos. Era invencible. Las elecciones son válvulas y espacios de expresión que le dan energía a un sistema socio político.

  En estos últimos tres años (2014-2016) tenemos la mayor explosión de conflictividad en la historia de la Venezuela moderna. Creíamos que la conflictividad opositora del 2002-3 era la máxima, pero ha sido ampliamente superada. Esas eran protestas políticas, pero estas de hoy son además económicas y sociales, es decir cubren todas las dimensiones, son atendidas por un espectro más diverso de segmentos de la población, están extendidas en grandes, medianas y pequeñas ciudades, no se ubican en una fecha dada como resultado de una convocatoria partidista opositora, surgen como en un terreno ya sembrado de semillas cuando empiezan a germinar las nuevas plantas. Se entiende que las semillas también fueron sembradas desde el poder, porque levantó expectativas y construyó una retórica para explicar las dificultades y las soluciones, que ha perdido conexión con la vida cotidiana.

  Pero resulta que ahora materializar las consultas electorales es un verdadero via crucis. Los órganos estatales en vez de facilitarlas, imponen obstáculos. Sean elecciones sindicales, universitarias, incluso refrendario nacional, todas encuentran ahora más y nuevas limitaciones. Se vence un periodo de una directiva y con extrema diligencia surgen obstáculos que impiden la renovación de los directivos vencidos, mientras tanto surgen restricciones para realizar la gestión cotidiana. Se impide con ello el ejercicio democrático que significa la consulta electoral, sea para confirmar una gestión o para dar oportunidad a otros.

   Lo expuesto como déficit democrático se trata de ser resuelto con el uso de la presencia militar, en un principio disuasiva, especialmente con todo el arsenal de equipos modernos que despliegan ante el público, pero eventualmente deviene en represora material. Y aún más, complementada con la presencia de civiles armados que se desenvuelven libremente como si fueran órganos del Estado, y peor aún, lo hacen ante quienes han sido facultados para tener el monopolio de las armas y del orden público. Hay que recordar que a todas las entidades públicas se las mantiene presupuestariamente con los recursos de la nación y las tributaciones de los ciudadanos, pero es para que sea un verdadero árbitro y no obstáculos a los ejercicios democráticos.

CONVIVENCIA y REINSTITUCIONALIZACION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO

El trabajo construye riqueza para una sociedad, pero ello requiere el acompañamiento de convivencia e instituciones de consenso que funcionen, y que existan elementos que integren. En nuestro país se está ejerciendo la actividad laboral en condiciones donde no existen ejes integradores. Un importante eje integrador es una interpretación compartida del texto constitucional, y vemos que cada vez ello no se logra. De resultas, la actividad laboral más que riqueza y progreso, lo que apenas ayuda es a la sobrevivencia.

  Se vive en el centro de una tormenta. Marchas, movilizaciones, actos públicos que se convocan tanto desde el gobierno como de la oposición, unas veces para reafirmar y otros para cuestionar.  Ambiente de tensiones y hasta de provocaciones. Amenazas y advertencias. No todo apunta a favorecer el ambiente adecuado para el trabajo, para la creación y la innovación. Además, buena parte del tiempo y de la energía de los ciudadanos se va en la búsqueda de los bienes esenciales para la vida. Nos hemos alejado de la construcción de las respuestas para los desafíos que tienen las sociedades modernas. Ni siquiera se dialoga de verdad  para una convivencia democrática.

  La calidad de vida del venezolano se ha venido a menos. Ya no sólo se trata de las condiciones materiales de vida las que desmejoran, sino algo peor, el que las perspectivas y el futuro se ve complicado. 

  Se siguen buscando senderos para avanzar hacia un futuro mejor. Mientras tanto, muchos han optado por irse. No ha sido necesario que una guerra haya devastado ciudades y campos, como ocurrió con la diáspora europea post Segunda Guerra Mundial. Tampoco las cruentas dictaduras del cono sur que ahuyentaron a parte de la población, o una guerra donde guerrillas se convirtieron en ejércitos y se enfrentaron al gobierno con una respetable cantidad de efectivos y armamento -Colombia-. 

  Nuestra emigración masiva ha sido por la pérdida de oportunidades, por un lado la política económica tomó un camino que desperdició enormes recursos, desaprovechando las propias capacidades que ofrecía su gente y sus empresas. 

  Por otro lado, los recursos del país se desperdician en tanto predominen la exclusión y el sectarismo. Véanse cuanta parálisis productiva en el campo y en las ciudades como consecuencias de la práctica de esquemas que privilegian a unos en detrimento de otros. Conducir económicamente un país como poder omnipotente y supremo por encima de los productores, es desperdiciar sus experiencias y conocimientos.    

  El estado de la economía y de la difícil convivencia, plantea esfuerzos extraordinarios de re institucionalización en los años por venir. Desde el mundo del trabajo, algunas consideraciones previas que han de tenerse presente incluyen:

• Superar la pugnacidad y confrontación que caracteriza hoy la relación de quienes gobiernan, con sectores que tienen otras visiones de sociedad. Entender que el hecho de no compartir visiones no es ser enemigo. El ser venezolano o residente de esta tierra ha de acercar a las personas. No se justifica usar lenguaje descalificador por el hecho de tener perspectivas diferentes sobre la sociedad. Imponer una visión de sociedad es más convincente cuando la amplia mayoría de la población mejora sus condiciones materiales y espirituales, pero ello no está ocurriendo.

• Dentro de la compleja situación que vivimos hay sin duda violencia. Cierto que en contadas, determinadas y específicas áreas esta situación es un hecho -cárceles, algunas áreas mineras, ciertos espacios urbanos y rurales-, pero se estima que con los recursos legítimos de parte de quienes gobiernan se puede controlar y recuperar la paz en tales situaciones. Lo importante es planteárselo como objetivo, todo en el marco constitucional.

• A la sociedad le inquieta y preocupa el fortalecimiento de grupos armados del mundo del hampa, pero también se observa en la esfera de la política, en donde grupos civiles armados con visible padrinazgo e inclinaciones políticas participen en la represión de opositores. Importante destacar que a pesar la alta violencia general, no se ha logrado evidenciar que haya reacciones organizadas para enfrentar esta desviación en la acción política. Se confía en que tal situación no emerja, porque significa entrar en una espiral más complicada de resolver. Los países latinoamericanos que llegaron a esos extremos han venido saliendo, los casos más recientes El Salvador, Guatemala y ahora Colombia. Hoy, es anti histórico y regresivo que se pretenda resolver las discrepancias armando a la población civil. Y entonces ¿para qué son las instituciones?

• Para encarar situaciones como las identificadas en las anteriores viñetas es necesario re institucionalizar el país, que permita aclarar los papeles que distintos órganos del poder ejecutivo y particularmente el militar, el control policial, la administración de justicia y el llamado poder moral han venido desempeñando. Hay extensos sectores de la sociedad civil y de la ciudadanía que han venido perdiendo la confianza y la credibilidad de estos órganos. Es necesario que el ciudadano logre recuperar la confianza en el profesionalismo y la neutralidad de estos entes estatales.

• Los menguados niveles de producción que el país experimenta, son posibles de superar con los aportes del trabajo y del capital. Sin embargo, la difícil convivencia y el deterioro institucional no son favorables acompañantes para la reactivación productiva.   

  Nuestro esfuerzo de análisis ha sido y sigue siendo los estudios del trabajo, pero hay la convicción que el deterioro de hoy impone plantearse unas condiciones previas para que los hechos productivos y laborales, puedan disponer de un escenario que genere confianza para que el trabajo pueda llegar a ser efectivamente de mejora familiar y de la sociedad toda. 

SAQUEOS: Del neoliberalismo al estatismo

El año 1989 quedó en la historia moderna como el año de los saqueos, todos en dos días y en algunas pocas ciudades importantes del país. En lo que va del presente año la escasez se ha agudizado y junto a ello los saqueos, tanto de establecimientos públicos como privados, y unidades que transportan alimentos y en general productos escasos, además en ciudades grandes, medianas y pequeñas, y en todo el país. Así como en los saqueos de 1989 ha habido consenso en adjudicarlos a las políticas neoliberales de ese entonces, en los que van en curso, son por tanto, resultante de las vigentes políticas económicas.  

  ¿Quiénes son los saqueadores? Es la misma población que lleva largo tiempo experimentando incomodidades para abastecerse, pero advierte que cada vez las colas son más largas, por más horas y con menores resultados en lo que finalmente logra comprar. Sus expectativas son de incertidumbre.También, se agregan elementos que ven la oportunidad para bachaquear lo saqueado, en las colas de cada día convergen tanto personas que buscan sus alimentos, como otras que buscan productos para la reventa especulativa. 

  Igualmente la población observa que la escasez se presta para que a todos los niveles de la cadena productiva hayan mercados negros, desde el fabricante o importador hasta el detallista y consumidor. Las distintas políticas de control implementadas por el Ejecutivo no han alcanzado sus objetivos, ya que ocurren desviaciones, abusos, sobreprecios, y finalmente el consumidor, la población sufre con dificultades diversas, por un lado pagando sobreprecios por los productos, comprando lo que consiga en cantidades por debajo de sus reales necesidades y sin poder escoger características, además en ambientes de tensión donde igual se exponen las personas a inclemencias, incomodidades, robos, y hasta fraudes cuando la buena fe les lleva a ponerse en manos inescrupulosas por el desespero de conseguir lo necesario para alimentarse o curarse. 

  Ante tamaña problemática, desde el mes de abril, el Gobierno viene anunciando los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción -Clap-. Una nueva figura promovida por el Ejecutivo, quién afirma la existencia de decenas de miles en todo el país. Surgen íntimamente ligados al partido gobernante, y empoderados para controlar y distribuir los alimentos escasos. Su visible sectarismo político en su composición y funcionamiento avizora problemas adicionales de discriminación, ergo más confrontación; y por otro lado, sin garantías de solucionar el problema de alimentación que tiene la población.

  Mientras, el eje de la producción sigue desatendido, es decir los necesarios acuerdos entre productores a todos los niveles, entendiendo empresarios de las distintas fases de la cadena productiva, sin que falten los que disponen de la mayor capacidad tanto en el campo como en la ciudad. Así como los representantes genuinos de los trabajadores. Puede verse que quienes suelen participar son sólo dirigentes oficialistas, que actúan más como voceros y representantes del gobierno que de las bases laborales. 

Quienes hacen análisis desde el lado técnico advierten que las dificultades que hoy se están viviendo tienden a acentuarse ya que no hay decisiones acertadas, e incluso predominan las no decisiones, una situación verdaderamente inercial que ha venido conduciendo a la parálisis productiva.  

  La centralización de la economía, el exacerbado estatismo, carga con la responsabilidad del deterioro de la situación nacional, en donde no hay un indicador económico que se pueda exhibir orgullosamente. Hasta hace pocos años, el Gobierno al menos exhibía algunos indicadores sociales que compensaban los magros resultados económicos, como la reducción de la pobreza por ejemplo, destacado por la CEPAL. Igual exhibía un reconocimiento por parte la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la alimentación, pero todo quedó atrás.  Apenas bajaron los precios petroleros, se derrumbó la ficción de progreso social y más bien hemos regresado a indicadores de pobreza y alimentación desconocidos en los últimos cuarenta años. 

  La pretendida planificación centralizada con la que se ha manejado la economía venezolana apareció gradualmente a lo largo del gobierno chavista, en algunos momentos con avances rápidos, como por ejemplo después del paro cívico y petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, igual cuando la Asamblea Nacional quedó en manos exclusivas del chavismo (2005-2010). Pero se desconoce que todas esas decisiones desde el poder cupular de la revolución haya contado con sustento de esfuerzo intelectual resultado de centros de estudios, que a lo largo del tiempo hayan previsto las dificultades en las cuales se estaba llevando al país. Ha predominado la improvisación y el aprovechamiento de este vacío de principios, de ética y responsabilidad, más grave y notorio cuando se ha dispuesto de enormes recursos financieros, los más cuantiosos en la historia venezolana. Para peor, en todo esto la revolución nos ha endeudado con montos que pagaremos tanto la generación actual como quienes hoy son unos niños. 

  La población que busca desesperadamente soluciones a necesidades de alimentación, de salud y de empleo, ya no puede calificarse de opositora, ya que no es esta condición la que involuntariamente les une en acciones de desespero y alto riesgo, sino más bien el estado de extrema necesidad y al mismo tiempo el compartir la visión de incertidumbre por el caos con el cual vive el país en estos tiempos, que les hace prever que al ritmo que se desenvuelven los acontecimientos la calidad de vida de la familia seguirá bajando por un tobogán. Además es la población que ya no le cree a los anuncios gubernamentales, que repiten las mismas gastadas explicaciones y sin asumir responsabilidad por el desastre.

 Con los saqueos nadie gana, ni siquiera los saqueadores que rápidamente lo consumen o venden y vuelven a su misma condición de necesitados. Por supuesto que menos aún los saqueados, extremadamente grave aquellos que sólo disponen de esa tienda para vivir y los que ahí tienen su empleo. Pero para todos los clientes es un problema, ya que quienes tenían previsto ir a comprar en ese establecimiento, lo conseguirán cerrado.