FERIADOS SORPRESIVOS: EL NO TRABAJO COMO SOLUCION

 La pausa de actividades laborales tuvo este año en la semana santa, un tiempo extra de tres días de asueto feriados, al agregarse a los tradicionales jueves y viernes santos, los primeros tres días -lunes, martes y miércoles-, que con los dos fines de semana incluidos totalizan nueve días seguidos de receso. Todo anunciado y publicado en Gaceta Oficia, Decreto 2276, apenas cuatro días hábiles antes de estos nuevos asuetos.

  Razona el Decreto 2276 la existencia de una emergencia eléctrica “….conjunto de circunstancias de orden natural que han incidido negativamente en los niveles de las cuencas hidrográficas, provocando la disminución del aporte de agua a los embalses destinados a la generación eléctrica…”. Es un hecho la sequía prolongada de este año, así como en otros ha sido lo contrario, como el exceso de lluvias e inundaciones. Como dato curioso, una ley habilitante al Ejecutivo Nacional sustentada en esto último, fue el marco con el cual se aprobó el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

  Al lado de estos razonamientos -Decreto 2276-, no se informa complementariamente de los estudios y estimados del ahorro y el consumo de energía que resultarán de esta medida. Importa mencionar que la misma es tomada en el marco del Decreto Presidencial de emergencia económica, que como se conoce fue puesto en vigencia no obstante su no aprobación por parte del órgano legislativo nacional, lo que contribuye a estos vacíos de información y documentación a la sociedad. El Ejecutivo, en general,  no consulta a ninguna instancia y no responde a interpelaciones legislativas. 

  Sobre la falta de lluvias, téngase en cuenta las enormes inversiones en generación de energía alterna a la hidroeléctrica. De los conocedores de la generación y distribución eléctrica, se ha leído y oído las enormes pérdidas de recursos por falta de previsión, decisiones erráticas y la malversación en el manejo de los recursos aprobados y entregados a quienes han tenido la responsabilidad de administrar el servicio eléctrico, lo lamentable es que no se conoce de medidas para subsanar. Sólo se sabe de algunas acusaciones y medidas a trabajadores de la empresa estatal, y del más bajo nivel en la jerarquía.  

  El Decreto en cuestión tiene implicaciones para las empresas por el cierre obligado y si han de hacer algunas actividades, las consecuencias se observan en los pagos extraordinarios. Para los trabajadores del sector formal se trata de contar con días adicionales para sus actividades personales y hogareñas. Agreguemos que la critica escasez de productos, insumos y servicios no se ven favorecidos con este tipo de parálisis.

  Hay que tener presente la gran cantidad de trabajadores por  cuenta propia, independientes y de pequeños emprendedores, que no viven exclusivamente de un salario sino de la ejecución de unas actividades en muchos casos vinculadas con los sectores formales, ya sea de proveedores, intermediarios o de actividades tercerizadas. Por supuesto que al decretarse los tres días de feriados, a este gran contingente de trabajadores se le reducen las opciones de obtener ingresos.  

  Desde las decisiones en políticas públicas se aprueban beneficios o supuestos beneficios en términos de la sociedad toda, que se caracterizan por la no consulta con los destinatarios, aun al estar justificadas y sustentadas por la preocupación del Ejecutivo Nacional “….de proteger al Pueblo venezolano….” -texto incluido en los considerandos del Decreto-.

  Sobre el tiempo de trabajo, ha habido la tendencia a tomar medidas improvisadas. Histórico que se llegó a incluir una jornada generalizada de 35 horas semanales en una propuesta de reforma constitucional, aquella que no fue aprobada en diciembre del 2007, sin que se hubiese elaborado estudio alguno sobre tiempo de trabajo real y sus implicaciones. 

  Las dificultades energéticas han dado lugar a decisiones que llevan  a paralizar empresas básicas, como del acero y del aluminio, a centros comerciales. Se espera que quienes decidieron esas parálisis le digan al país ¿Cuales han sido los resultados no sólo en ahorro energético sino también en las pérdidas económicas generales? Por lo demás, con frecuencia se interrumpen las actividades productivas en entes estatales para atender actos de diversa naturaleza ajenas al trabajo. Se percibe que ante las dificultades el atajo que se privilegia es el no trabajo.

  Por supuesto que la mayor pérdida de tiempo de trabajo es la que viene por el el desempleo y por la actividades inestables ¿Cuanto nos cuesta como sociedad lo que deja de producir una persona? y mucho más si es calificada, así como el vencimiento de las dificultades para ella y para su familia; el desgaste en la búsqueda de ingresos para subsistir. La disminución de su consumo tanto en bienes como en servicios, la baja de aportes tributarios. La predisposición para efectuar actividades informales. El riesgo de comprometerse en actividades ilegales.

 Por su parte, el trabajador informal ¿Qué nos cuesta como sociedad? si bien es una persona que busca resolver por su  cuenta y riesgo  la generación de ingresos, suele hacerlo mayormente a partir de la carencia de oportunidades, frecuentemente se inicia con el ensayo y el error, con la experimentación. Generalmente fija un precio a su trabajo por debajo de quienes lo hacen formalmente, ya que tiene menos costos, influyendo en que algunos demandantes se inclinen por su oferta, sacrificando garantías, obviando emisión de facturas y con ello afectando el ingreso tributario.  

Si reconocemos que por medio de el trabajo se crean bienes y servicios que nos resuelven problemas para nuestras vidas, entonces el Estado ha de protegerlo y fomentarlo. Sabemos que el trabajo que genera mayor cantidad de producto, es el que se realiza colectivamente en organizaciones que innovan en lo tecnológico y en lo organizacional, obviamente poniendo a un lado lo especulativo, condenable en todas las circunstancias. Poco se hace para favorecer a este tipo de organizaciones. 

  No se desconoce que haya una gran proporción de las innovaciones modernas que se originan en empresas nuevas y pequeñas. Pero en general, cuando se decide tan fácilmente decretar tres días de feriados, hemos de recordar que el trabajo es esencial por su valor y aporte a la riqueza y a la solución de problemas de una sociedad, hoy aquejada de carencias de productos básicos. Finalmente, hay que valorar lo que representa para los trabajadores disponer de más feriados, pero sin dinero.

MINERÍA DEL ORO, “SINDICATOS” Y VIOLENCIA

 La trágica y reciente historia de Tumeremo lleva a plantear algunas consideraciones relacionadas con el tema laboral. Se trata de la actividad de la minería del oro, aquella que viene explotándose al margen de toda institucionalidad,  ha sido controlada por los más insólitos intereses, de ahí resulta escenario de hechos de extrema violencia, como los que se conocen desde hace poco más de una semana, que si bien no son los primeros hechos de exterminio masivo de mineros del oro, aquí en este caso se presentan situaciones que lo han divulgado por todo el país y en el mundo.   

  En primer lugar se reconoce que la desaparición de los 28 mineros, se ha convertido en un hecho de impacto nacional e internacional, porque sus familiares y la comunidad de la que forman parte -Tumeremo, poblado de 50 mil habitantes que mayormente dependen de la minería del oro y la ganadería-, decidió asumir la denuncia y la protesta, recogida inicialmente por los medios locales, y hoy extendida por cadenas informativas de América Latina, EEUU y Europa.

  No todos han sido identificados, de los restantes desaparecidos hay que tener presente que en la búsqueda del oro llegan personas de otros lugares del país, e incluso de países vecinos, de los cuales  no siempre se sabe mucho. Nos recuerda las películas del western de los EEUU, hace tiempo pasadas de moda, en ellas veíamos como la fiebre del oro movía a los vaqueros  que se aventuraban desde lugares remotos hasta las zonas del oro para intentar conseguir lo suficiente para hacerse ricos, se conocía de ellos tan sólo lo que ellos mismos decían. Aquí y hoy, en las minas del Estado Bolívar eso sigue ocurriendo.

  Si bien esa riqueza y explotación aurífera que forma parte del territorio venezolano ha de ser declarada al Estado, se entiende que esa fue la pretensión con la creación de la empresa estatal Minerven, hoy totalmente abandonada, por lo que las minas regresan a lo que antes habían sido, tierra de nadie. 

   La explotación del oro, nos muestra que después de tantos años de discursos encantadores de liberación, soberanía, patria, socialismo y venceremos, hoy estamos regresando al extractivismo más primitivo, ese, el del Arco Minero del Orinoco que implica potenciales concesiones en una extension de más de 112 mil kilómetros cuadrados, el del retorno de la transnacional canadiense Gold Reserve, el de las minas controladas por pranes, que es igual a decir peligrosos delincuentes que manejan bandas bien armadas a la cabeza de algún nacional o extranjero, como lo indican las primeras indagaciones. 

  Los reportes periodísticos y de analistas de estos sucesos en el Estado Bolívar, señalan 117 mineros asesinados en cuatro importantes centros de explotación a lo largo del año 2015. La siniestralidad del trabajo en las minas de oro, considerando que ella no es sólo la que está determinada por el proceso de trabajo, sino por la absurda organización del trabajo a la cual  se ven subyugados los mineros, la convierte en la más alta siniestralidad de toda actividad laboral. Este dato sorprende porque los hechos ocurren en zonas remotas, donde tan solo la acuciosidad del periodismo de investigación y de algunas organizaciones no gubernamentales, que se juegan hasta la seguridad de sus miembros permite recoger algunos informaciones de este problema.

  Tanto la siniestralidad en la minería del oro como en la industria de la construcción, han estado vinculadas a la presencia de bandas organizadas que ejercen el control del ingreso a estas actividades, y en el caso de la minería se agrega la recepción de parte de la riqueza extraída.  

  Algunas fuentes que abordan el tema de la violencia en la minería del oro han venido hablando de los “sindicatos” mineros,  aquí hay que señalar que no existen tales instituciones, como de alguna manera se pudo ver en la violencia en la industria de la construcción, con los llamados sindicatos paralelos. Indudablemente hay que decir pseudosindicalistas, que se mudaron de la construcción a las minas, y aquí se repotenciaron en la agresividad y en los métodos violentos. En las minas, lo que se puede advertir como paralelo es la presencia de bandas criminales controlando la actividad productiva, y la denominación de “sindicatos” no tiene relación alguna con la figura que los trabajadores crean para la defensa de sus intereses. La figura de los pranes, surgida de las cárceles, son los que  tienen control de las minas. El desaparecido famoso gordo Bayón se le señalaba como responsable de las minas de oro en el Municipio Roscio, y al mismo tiempo participaba en importantes reuniones laborales con autoridades.

  El fenómeno de la presencia criminal en grandes obras de la industria de la construcción, se hizo presente a partir del año 2005 en la zona de Guayana, y luego se extendió a otras regiones del país, y ya es un fenómeno nacional que controla el ingreso a empleos, impone delegados, y “vende protección”.  Un análisis sobre este asunto,  ver:    “Violencia sindical sin dolientes en Venezuela” http://riuc.bc.uc.edu.ve/handle/123456789/3016, 

  El aprendizaje y desarrollo de la vinculación de bandas criminales con la actividad de control laboral en la construcción, se logró por la imposición y surgimiento de sindicatos paralelos que se multiplicaron del 2005 en adelante, y en base a la violencia lograron imponerse ante los empresarios y otros organismos sindicales institucionales. 

  Contradictoriamente sí ha venido ocurriendo la criminalización de auténticos líderes sindicales y de afiliados por el ejercicio genuino de su actividad sindical, como conducir las denuncias, campañas y las acciones para ejercer los reclamos propios de esta actividad, y criminalizados lo vemos, entre otros, en las más grandes empresas estatales, como Pdvsa, Ferrominera, Sidor, Cementos, Cadafe.

  Del otro lado hay una criminalización al revés, aquella en donde criminales controlan los centros laborales. El Estado y sus instituciones vienen siendo desalojados por los criminales. Esto por supuesto no lo hacen solos, ya que se construyen alianzas con personeros de la institucionalidad estatal para actuar a sus anchas. Al final las víctimas son los trabajadores atemorizados, especialmente los mineros artesanales, que son miles, incluso la minería de mayor escala pero que no pueden con las bandas criminales, hasta las mismas transnacionales se dan por vencidas, tales como canadienses y chinas, y finalmente muy importante perjuicio el que la Nación deja de percibir los ingresos que le corresponden.

Políticas públicas y relaciones de trabajo

Se espera que las políticas laborales promovidas por el Estado para el funcionamiento de las relaciones de trabajo en una sociedad determinada tengan como propósito contribuir a que las actividades productivas se desenvuelvan normalmente, a fin de que éstas brinden a la sociedad los productos y servicios necesarios para su funcionamiento y el bienestar general. Igualmente, que puedan promover condiciones de funcionamiento equitativo y justo en las relaciones entre empresas y trabajadores, cuya retribución tanto al capital como al trabajo permita satisfacer a ambos y favorecer, por un lado, el mejoramiento de sus capacidades, el rendimiento del capital, la reinversión en la capacidad y mejoramiento productivo, y por otro lado, el bienestar integral del trabajador y su familia, a partir de una remuneración y beneficios suficientes. 

  De manera constante hemos venido evaluando estos asuntos que se reconocen importantes para la vida del país. En ese orden, acaba de publicarse artículo en Cuadernos Cendes No 89, ( “Venezuela: políticas públicas y relaciones de trabajo” ver en http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/article/view/9900).  Ahí nos ocupamos  de hacer evaluación de las políticas laborales y de sus impactos en las organizaciones de los trabajadores, en el lapso que cubre la revolución bolivariana. Además, este mismo número de Cuadernos Cendes viene titulado  “Políticas laborales en América del Sur siglo XXI”, su contenido cubre y  analiza a ocho países de la región.

  En nuestro caso, a partir de los años 60 del pasado siglo se hicieron presentes y se logró la difusión de tres elementos de políticas públicas en el orden laboral, que son fundamentales para los propósitos enunciados en el primer párrafo. Primero, el fomento y garantías para el accionar de las organizaciones representativas de los actores productivos, especialmente de los trabajadores: la llamada libertad sindical. En segundo lugar, el fomento de la negociación colectiva como mecanismo para participar en las definiciones de reglas internas en los centros productivos y como institución que contribuye a la redistribución. Y tercero, intervenir en la solución de los conflictos entre trabajadores y empleadores, sea por la vía de las instituciones administrativas o judiciales.

  Estos elementos de políticas públicas habían sido objeto de un debate universal en los años inmediatos a la conclusión de la II guerra mundial, con la aprobación de los convenios 87 (Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, aprobado en 1948, que entró en vigor en 1950) y el 98 (Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, aprobado en 1949, que entró en vigor en 1951) por la Organización Internacional del Trabajo (2015), ambos ratificados por Venezuela en 1982 y 1968, respectivamente. 

  Aunque el primero fue ratificado en 1982, para entonces, el fomento sindical en Venezuela había sido ya masivo desde 1959, solo la no existencia de una legislación que facilitara la sindicación de los funcionarios públicos había retardado la ratificación. A principios de la década del setenta, la Ley de Carrera Administrativa reconoció a los funcionarios públicos el derecho a organizarse sindicalmente, no obstante desde la década del sesenta venía funcionando la Union Nacional de Empleados Públicos que los organizaba y representaba. 

  A los anteriores convenios se agregan recomendaciones sobre la consulta tripartita (ramas de actividad económica y ámbito nacional) en 1960, que afirman el derecho de los empleadores y de los trabajadores a establecer organizaciones libres e independientes y piden que se adopten medidas para promover consultas efectivas en el ámbito nacional entre las autoridades públicas y tales organizaciones. Esta recomendación luego pasó a ser convenio en 1976 (el número 144) y ratificado por Venezuela en 1983. 

  Este enfoque de análisis de políticas públicas privilegia el ámbito colectivo ya que, en paralelo, existen, además de las instituciones mencionadas, las vías individuales, como la contratación del trabajador, así como la existencia de mecanismos de resolución de conflictos individuales. Pero, se considera que no son estas las vías más efectivas para reducir las brechas de la desigualdad existente entre trabajadores y empleadores, y realmente no se consideran políticas de relaciones de trabajo, sino políticas de defensa del trabajador por su carácter individual. 

  Las políticas del trabajo objeto de análisis se insertan en un ámbito más general desde el punto de vista de la formulación y puesta en acción de políticas desde el Estado, como son las políticas de desarrollo económico y social, donde existen espacios que van más allá del quehacer productivo, tales como el propio consumo, los servicios públicos y sociales, las políticas para mejorar las capacidades productivas que contemplan los incentivos; la educación y la salud; el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura necesaria para la actividad productiva; el desarrollo de las capacidades de la ciencia y la tecnología al servicio de la producción y de las personas; o, desde el funcionamiento eficiente y fluido de la institucionalidad estatal en temas indelegables del papel del Estado, como los asuntos de gobierno, seguridad, justicia, ambiente, atender a los sectores más frágiles y orientar acciones a una mejor redistribución, como los más resaltantes. 

  Esto determina que los espacios en donde empresas y trabajadores conviven para producir no funcionan de manera aislada, sino que están rodeados de otras políticas públicas que han de tenerse en cuenta, algunas con una relación más clara y definida que otras, pero todas presentes. De modo que, analizar lo laboral en particular, tiene sentido porque privilegia el conocimiento y análisis de las relaciones y los actos que llevan a cabo empresas y trabajadores organizados en los espacios productivos y permite responder cuáles son sus logros y limitaciones, en primer lugar, explicables por lo que ocurre en su propio espacio y, aquellos explicables por fenómenos y factores externos al espacio productivo. 

LA CULPA ES DEL MODELO ¿CUÁL?

Frecuentemente quienes revisan el pobre desempeño económico del actual gobierno, y al mismo tiempo se detienen en destacar los pocos esfuerzos que hacen sus dirigentes, para  replantearse nuevas formas de conducción del sistema económico, y que por el contrario, más bien lo que ocurre es que se inventan nuevos nombres para seguir haciendo casi lo mismo, por lo que se concluye afirmando que en tanto estos dirigentes estén atados a su "modelo económico" no saldremos de la crisis. Suele afirmarse que la culpa radica en el modelo. 

  Hay que reconocer que la vida económica del país ha venido siendo dirigida por personas que proceden de otros ámbitos, predominantemente el militar, entendiendo que es un sector consumidor de recursos y con poco desarrollo de actividades económicas. Se puede mencionar que en algunos países el sector militar tiene en sus manos una industria propia que atiende a las necesidades de defensa. Brasil y Argentina cuentan con una industria militar exportadora y productora de divisas. Por el lado de los civiles en funciones de administración de los recursos del país, igualmente proceden de carreras más bien políticas, en el entendido que nunca hemos dejado de ser un país que vive de la renta petrolera, por tanto se trata igualmente de hacer política en este marco.

  A lo anterior hay que agregar que las funciones productivas, sean de la producción real o la  financiera, han sido puestas en la mayor parte del tiempo en manos sin trayectoria en los asuntos a conducir, con el agravante de tener desconfianza de quienes en el país son identificados como conocedores de estos asuntos, sean profesionales o instituciones de trayectoria. De lo anterior resulta, que con frecuente se haya confiado más bien en asesores de otros países, destacándose de aquellos con quienes han concertado acuerdos y convenios, tales como cubanos, chinos, rusos, brasileños, argentinos; también con españoles vinculados a corrientes ideológicamente cercanas a las del gobierno.

  De toda la combinación anterior, cuesta identificar que en la gestión económica se configure a lo largo del prolongado lapso de conducción un modelo económico determinado. Además, entendiendo como modelo un esquema construido a partir de la confianza en determinados elementos teóricos que explican una realidad dada y con ello la solución de una problemática; y que en consecuencia, proponen las vías de acción que van a ir permitiendo el alcance de las soluciones. Obviamente hablar de modelos, es optar por una manera simplificada de plantear problemas y soluciones.

  Entonces, hay que preguntarse si en los 17 años de conducción económica (1999-) es posible identificar un  modelo dado. Veamos, en el primer año la gestión fue absorbida por la elaboración de la nueva constitución. En materia económica no se plantearon cambios mayores. Libertad económica, intervención y regulación del Estado según situaciones de interés nacional y teniendo presente las leyes respectivas, fomento y respeto a la propiedad privada, así como a la economía social, protección del trabajo dependiente. El segundo año tocaba la creación de las leyes que conformarían las nuevas institucionalidades. Resultado, dos años sin decisiones económicas, todo en stand by. 

  Al empezar las decisiones económicas surgen los primeros encontronazos con los sectores productivos. El primero importante con los trabajadores, se ubica en septiembre del año 2000 con los sindicatos petroleros que se rebelan y se van a la huelga ante el intento de imponer un contrato colectivo desde la presidencia de PDVSA -"el contrato modelo"-, pretendiendo sustraer una función clásica de los sindicatos, por tanto ignorando los mecanismos de las relaciones laborales. Otra radicalización gubernamental, fue imponer un referéndum para cambiar la conducción sindical. 

  Con los empresarios el primer gran conflicto ocurre con el uso de la primera Ley Habilitante, que el Gobierno utiliza para aprobar leyes sin la consulta debida, según los convenios suscritos por el país. El principal gremio empresarial convocó a un paro nacional de 12 horas el 10 de diciembre del 2001. 

  La historia que sigue es de radicalización del ambiente político nacional, paros nacionales, vacío de poder, golpe de estado, paro petrolero y de muchos otros sectores, despidos, sanciones, retaliaciones, militarización de lo civil. Finalmente, aparece el socialismo del siglo XXI, que trae consigo la radicalización en lo económico, y empiezan a surgir nuevas prácticas, conceptos e interpretaciones de la Constitución que van incidiendo directamente en el sistema productivo. 

  Hablar de modelo económico lleva implícito una construcción que esta por verse. Cierto que hay textos gruesos que son referentes como la propia Constitución bolivariana y los planes de la patria. Pero, de un modelo económico se espera una construcción que le de orientación al curso que tome la gestión, que señale metas y resultados esperados, que precise la relación entre Estado y productores, entendiendo que estos son empresas y trabajadores, que señale los mercados en donde tendrá incidencia, que precise los recursos disponibles sean financieros, tecnológicos, de insumos, de equipos, de fuerza de trabajo y de las configuraciones varias según estos factores, y luego los resultados que se han de generar, por tanto debe tener capacidad predictiva y que disponga de instrumentos de monitoreo. 

  Sin embargo, la conducción económica que hemos visto era ajena a tal sistematización, el modo la conducción por varios años se realizaba desde un programa de TV en vivo donde el Presidente anunciaba frecuentemente importantes asuntos sin que hubiesen elaboraciones previas, o las que habían no estaban suficientemente elaboradas, faltaba lo que en la política británica llaman los libros blancos, un dossier de estudios y datos disciplinadamente recogidos a lo largo de un lapso suficiente para la toma de decisiones. 

  Desde el Aló Presidente se decidían despidos, se asignaban contratos, se decidía sobre obras de  grandes exigencias monetarias, logísticas y de repercusiones en otras áreas y personas, se expropiaban propiedades productivas -"expropiese"-. Un auténtico reality show.

  Entonces de ¿cuál modelo hablamos? Recordamos varias proposiciones, algunas como modelos amplios y otras como propuestas sectoriales: la tercera vía, el desarrollo endógeno, el cooperativismo, la cogestión, las empresas de propiedad social, las empresas de producción social, los fundos zamoranos, el fondo chino y las múltiples empresas, las expropiaciones, las re estatizaciones, el control obrero, la producción comunal. Se conoce de más proposiciones, pero es suficiente esta lista para concluir que se ha despilfarrado una enorme riqueza, y hoy tanto como país y como ciudadanos, estamos más pobres y seguimos sin modelo.

CUANDO NO SE DIALOGO CON LA MAYORÍA

Terminábamos nuestro artículo de la semana pasada “Relaciones Laborales en tiempos de inflación” señalando a lo preguntado al inicio “¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y autentico desarrollo productivo?”,  a lo cual se respondió que el puro ámbito de los centros de trabajo no era suficiente para que tanto los trabajadores como la dirección de las empresas puedan materializar los elementos de desarrollo productivo, así como preservar y mejorar los aportes que hacen los trabajadores al cumplimiento de las metas productivas. Se reconoce que hay un factor condicionante que está por encima, que es el escenario político y la necesidad de diálogo entre gobierno y oposición. 

  El problema que se observa cotidianamente es que la conducción política del país no acierta en poner en practica estrategias y planes que deriven en resultados positivos. Las excusas de la guerra económica y los bajos precios petroleros, han sido rebatidos por los propios hechos. Lo primero, la tal guerra económica, se cae cuando el Gobierno ha impuesto controles en todos los órdenes de la actividad productiva; y lo segundo, hay que destacar que los resultados negativos empezaron antes de la baja de los precios petroleros a los niveles que se han visto en el 2015 y el presente año. Además, qué descuido no haber tomado las precauciones a sabiendas de la volatilidad del mercado petrolero. 

  Si las estrategias y planes económicos han fallado, ¿Por que no reconocerlo y hacer los ajustes que sean necesarios? Luce sencillo aparentemente. La amplia mayoría de los venezolanos, esperan un cambio de la conducción política y económica. Haber favorecido a la oposición para que asuma la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, es para que el gobierno reconozca el parecer de los electores y dialogue con quienes recibieron tal apoyo. De lo contrario es ponerse de espaldas al soberano. 

  Desde el gobierno se sigue viendo el acontecer político como resultado de las acciones del imperio y de la burguesía. Para los electores venezolanos que votaron ampliamente por la opción opositora, es un insulto ignorar su pronunciamiento y excusarlo con tan simplistas ideas. Indudablemente hay dogmatismo, una sólo manera de ver la realidad. Un contraste con los hermanos Castro en Cuba, avanzan en sus relaciones de acercamiento con el Gobierno de Obama.

  Ahora ¿por qué la dificultad en dialogar con quienes  recibieron tan amplio apoyo electoral?. Se teme por la sobrevivencia de la revolución bolivariana. Quizás sea oportuno reconocer que desde el principio de estos 17 años, nunca hubo revolución en el sentido clásico. Se trata de un régimen caudillista con programas de redistribución, pero al mismo tiempo dilapidando cuantiosos ingresos de la nación, para beneficios de pequeños círculos de privilegiados. Además, las clásicas revoluciones latinoamericanas, son aquellas que llegaron al poder por la vía de la guerra derrotando a un ejército e hicieron cambios radicales dando inicio al nuevo régimen, como la mexicana a principios del siglo XX, la cubana que llegó al poder en 1959 y la sandinista en Nicaragua que llegó al poder en 1979, luego lo perdió y lo volvió a recuperar.

  En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder aprovechando la antipolítica y el desprestigio de la representatividad de los partidos políticos mayoritarios de entonces, y por un proceso electoral convencional administrado por las instituciones de entonces, que nadie polemizó sobre los resultados, al árbitro no se le hicieron reparos como los que hemos visto en las elecciones de los últimos años, incluyendo especialmente la misma elección presidencial del 2013. El ganador se comprometió en Unasur en hacer un reconteo de votos, que luego ignoró.

  A partir de 1999 se asumió la profundización de la democracia, destacando ampliar la participación y el protagonismo, en ese orden se construyó la nueva constitución. Pero,  el Gobierno se fue radicalizando paulatinamente hasta que llegó a asumirse como el nuevo socialismo del planeta, el del siglo XXI. La chequera petrolera alimentó unas relaciones internacionales, con costosa propaganda y una burocracia para darle aliento a este esquema. Pero, en lo económico, la producción nacional en todos los rubros no reflejaba desarrollo alguno. Las importaciones y la propaganda cubrían los déficits productivos nacionales.

  Las relaciones laborales son diálogo y negociaciones. Los trabajadores aspiran preservar y mejorar sus conquistas y calidad de vida, los empleadores producir y alcanzar metas para brindar productos y servicios a la sociedad. Tanto empresas como trabajadores requieren funcionar un una sociedad en donde el diálogo sea aceptado, donde los diversos se reconozcan y se acepten. Los intereses de las empresas y de los trabajadores algunos son coincidentes y otros son distintos, pero la naturaleza de la relaciones laborales implica la convivencia. Igual ha de ser en el plano de la política en sus distintos niveles. Los actores han de reconocerse. Entendemos que para que los actores sean reconocidos han de ser validados por los representados y tener sentido en función de aquellos intereses comunes de la sociedad. 

  Por ejemplo, no es fácil entender como se ha dialogado con los pranes de las cárceles, o con los líderes negativos que manejan bandas delictivas bien pertrechadas con armas de guerra que atentan contra la vida y los bienes, pero que al mismo tiempo no se dialogue con los representantes del pueblo en el espacio plural y de debate como es el Parlamento, ya que ante las decisiones que este adopta, el Gobierno usa escaramuzas aprovechando su control del Tribunal Supremo de Justicia para negarlas, y con ello el diálogo mismo.   

  La economía en bancarrota, el sistema productivo postrado, el Gobierno responde con mayores controles, más exacción fiscal, pero todo esto sin diálogo con la entidad política que constitucionalmente existe para tal fin. La incertidumbre domina. La calidad de vida se deteriora aceleradamente para todos los niveles de ingresos, por supuesto que con mayores consecuencias en los bajos, las amplias mayorías. Las relaciones laborales están en situación defensiva. Se reclaman salarios, empleos, condiciones básicas de vida, pero no hay diálogo para la construcción de soluciones sustentables en el plano nacional. 

RELACIONES LABORALES EN TIEMPOS DE INFLACION

Tratar el tema relaciones laborales en época de inflación como parte de una muy compleja situación que vive la sociedad venezolana en sus dimensiones tanto económicas como políticas, es una oportunidad para formular planteamientos de un debate necesario. Téngase presente que en estos últimos tres años los ingresos y los ahorros de los trabajadores se han volatilizado. El empobrecimiento es general. Entonces ¿Qué pueden hacer las relaciones laborales para proteger a los trabajadores y, para ser parte de un sostenible y autentico desarrollo productivo? 

  A quienes viven del trabajo, todos los meses le son reducidos sus salarios al ocurrir una inflación que viene superando mensualmente los dos dígitos, en tanto apenas solo se ajustan regular y unilateralmente los salarios mínimos, sin que ello implique una revisión en concordancia con la inflación. Y en cuanto a todos los demás niveles salariales, estos son revisados para largos períodos de dos y tres años en el marco de una contratación colectiva que, de paso en el ámbito del gran empleador -Gobierno-, se hace retrasada y cargada de obstáculos y exigencias para disminuir la capacidad negociadora de las organizaciones de los trabajadores. 

  Hoy, tener y desempeñar un buen trabajo no garantiza ingresos para poder adquirir los bienes esenciales, ya que se presentan las siguientes disyuntivas: una, se invierte un considerable tiempo para tratar de conseguirlos y, entonces, se descuidas el trabajo o fuente de ingresos, demás decir que se limita un mejor uso de tu tiempo libre; y otra, no invierte en tiempo, sino que al pagar la especulación de los mercados negros, el ingreso se vuelve polvo cósmico.   

  Quienes han gobernado desde 1999 hasta el presente, 17 años, formularon un discurso y alentaron proposiciones redistributivas que beneficiaron a los sectores de menores ingresos, lo que en una primera etapa incidió favorablemente en la reducción de la pobreza. Desde círculos de analistas e intelectuales, tanto del país como de la región, veían con interés algunos ensayos de políticas que sustentaban esta redistribución. 

  Pero la dedicación casi absoluta del régimen a lo político y, particularmente a lo electoral, que lo privilegió y ejecutó con especial habilidad, ya que era básico para preservarse en el poder, se descuidaron desde sus inicios los aspectos productivos de bienes y servicios. Si bien, algunas medidas unilaterales desde el gobierno generaron tensión en las relaciones con los empresarios y los sindicatos, que llevaron a éstos a protestas abiertas desde fines del año 2000 y se extendieron en los siguientes dos años, los liderazgos organizados en Fedecámaras y en CTV fueron derrotados en el enfrentamiento con el Gobierno a principios del 2003.

  Por otra parte el Gobierno no se detuvo en promover a otros actores empresariales y sindicales para obviar a estos gremios históricos, y por tanto desarrollar acciones que lesionaron a sus directivos, sino a las organizaciones afiliadas y lo más importante, al propio sistema productivo. 

  La promoción de otras alternativas sindicales, ha pasado primero por promover la Unión Nacional de Trabajadores que, en un primer momento, contribuyó a disminuir los espacios de la CTV, pero que al pretender y reclamar autonomía, fue castigada y estigmatizada por la visión autoritaria oficialista, que optó por levantar otra alternativa sindical, cuya función es defender al gobierno, ya que con ello afirma defender a los trabajadores.

   El gremio empresarial debió jugar a un bajo perfil por varios años,para resistir las arremetidas del Gobierno. Al final se ha podido recuperar en cuanto a su unidad interna y su imagen ante otros interlocutores políticos, sociales y económicos, y por ello, los intentos de parte del régimen de promover otros gremios empresariales han sido más bien frustrantes, ya que privilegiaron funciones de gestores de préstamos y ventajas particulares en la relación con instancias burocráticas oficiales. No lograron la condición de alternativa gremial a los gremios históricos de los empresarios.

  Pero sí fue efectiva la acción gubernamental es lesionar al tejido productivo nacional. Empresas fueron castigadas con estrictas medidas legales que restringían la operatividad, con controles, inspecciones y sanciones, y un trato discriminatorio con respecto a las empresas bajo la gestión estatal, así como las establecidas en convenios con otros países. Además fueron preferidas en el acceso a divisas preferenciales para hacer masivas importaciones y compras con amplia y discrecional intervención estatal. Rápidamente el país acrecentó sus importaciones en desmedro del aparato productivo nacional. La lucha contra la pobreza detuvo sus avances, porque se carecía de la producción suficiente para continuar sosteniendo el asistencialismo.

 Hoy cuando el consumo para satisfacer necesidades básicas de las personas, familias y de los productores en cuanto a sus insumos y materias primas está en situación de escasez, da lugar a un acrecentamiento explosivo de la inflación, la que al lado de la recesión nos ubica en un crítico estado de estanflación. De alta inflación conocíamos que momento en que se implantaron programas de ajustes macroeconómico, que buscaban resolver problemas estructurales. Así lo vimos en los segundos gobiernos de Carlos A Pérez y Rafael Caldera.

  El año 2015 es el tercer año consecutivo con decrecimiento, situación nunca experimentada por la sociedad venezolana; por tanto, la inflación no responde a un programa estructurado de ajustes de variables macroeconómicas planteadas para corregir desequilibrios y con lapsos, cronogramas y atención programada a sectores en situación de desventaja, sino lo contrario, lo más perverso que es dejar a que se desate una lucha de la población entre los pobres y los nuevos pobres, entre trabajadores, entre ciudadanos y hasta fratricida, todo por la supervivencia en acceder a alimentos, medicinas, y otros productos y servicios básicos. 

  La situación para producir y consumir es insostenible, para la cual las puras relaciones laborales no tienen instrumentos, ya que requieren ser parte de un ambiente político y económico que hoy esta trabado.  Es necesario un ambiente distinto al que vemos cotidianamente de abierta confrontación y negación a las proposiciones que disienten de las teorías y prácticas que nos han llevado al estado de postración económica y social. Su construcción y logro va más allá de las acciones de empresas y trabajadores en el sólo marco de las relaciones laborales, el escenario es más político.

EL 6D ¿UN NUEVO CICLO DE RESULTADOS ELECTORALES?

En la revolución bolivariana las organizaciones de los trabajadores que intentan hacer sus elecciones siguen consiguiendo restricciones. Lo experimentan entre otros, los importantes sindicatos de Sidor y de Ferrominera. Tal es el caso de normativas y prácticas autoritarias de funcionarios, a quienes se les oye decir que anteriormente hubo burócratas que se enquistaron en las jefaturas sindicales y limitaron la libertad sindical. 

  Cierto que de ello hubo muchos casos, pero  también de ejercicio de auténtica libertad sindical. Sin duda, estamos viendo que hay mayores cuestionamientos a las obstrucciones al ejercicio de su autonomía, como se refleja en las denuncias ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. Pero hoy, desde los órganos del poder que controla el oficialismo, se acrecientan las restricciones, ya que en este 6D tal parece que es el inicio de un nuevo ciclo de resultados de la voluntad de los electores.

 Precisemos. Hay dos 6D en la presente etapa de la vida política del país. El primero fue el de 1998, que trajo a Hugo Chávez y a la revolución bolivariana al poder. El segundo, la reciente elección parlamentaria, que va en sentido contrario porque representa el ascenso de las fuerzas políticas que adversan al chavismo y que anuncian su propósito de orientar sus acciones a su  desalojo del poder.

 El 6D de 1998 fue una victoria amplia del liderazgo emergente sobre la coalición de las fuerzas que venían gobernando al país. Otro tanto ha ocurrido en este 6D del 2015, pero ahora con una mayor ventaja para las actuales fuerzas emergentes en los resultados electorales; los que son  más llamativos si se toma en cuenta que la institucionalidad de 1998 conservaba mayor apertura que la del 2015. Cambios desde la misma constitución bolivariana fortalecieron el presidencialismo, y restaron espacios a las minorías, a las regiones, y a la sociedad civil en general. El Estado es más fuerte, y en particular, el peso del Presidente. Los otros poderes se le han subordinado. Notoria la subordinación del llamado Poder Electoral, Poder Moral y del Poder Judicial, aunque resultante de la interpretación y dominio que ha emanado desde el poder presidencial.

 En ambos 6D, las fuerzas emergentes son una combinación de nuevos y viejos actores políticos. En el 6D de 1998, los nuevos actores procedían del ámbito militar pero estaban acompañados de  dirigentes que procedían mayormente de la izquierda, pero también de agrupamientos y dirigentes procedentes de los partidos tradicionales. Algunos de ellos realmente históricos en la izquierda por la amplia carrera política, tales como Luis Miquilena y José Vicente Rangel.

 En el 6D del 2015, ocurre otra fusión entre viejos y nuevos dirigentes. Parlamentarios como Miguel Pizarro y  Freddy Guevara, estarían cursando en la escuela primaria cuando Chávez logró su victoria el 6D de 1998, más de 17 años atrás.

 El 6D de 1998 fue el inicio de una cadena de triunfos electorales por parte de las nuevas fuerzas políticas. Pocos meses después, en el mismo 1999, se logró tres triunfos electorales: la aprobación a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, la elección de los constituyentistas y el referéndum aprobatorio del nuevo texto constitucional. 

  En la elección de los constituyentistas, además de la onda victoriosa del chavismo, supo sacar ventaja del ingenio matemático de sus asesores (Nelson Merentes a la cabeza) con la aplicación de un ventajoso quino electoral que dejó unos resultados ajenos a lo ocurrido en las urnas, solo seis constituyentistas opositores y más de cien adscritos al nuevo liderazgo.

 La situación económica previa al 6D de 1998 no era buena. El segundo gobierno de Rafael Caldera sin mayoría parlamentaria tuvo que lidiar con la crisis bancaria de 1994, implementar un  programa de ajustes, y desenvolverse con bajos precios petroleros que llegaron a descender a los 8 $ el barril, agregando todo esto más descontento al que se había mostrado en las protestas conocidas como el sacudon y/o caracazo de 1989, con una  cruenta represión aún fresca para entonces, ya que los nuevos líderes procedentes de la fuerza armada no dejaban de guardar distancia de aquel papel jugado por la institución armada, y reiteradamente acusaban a sus responsables.

 El presente 6D ocurre con una situación aún peor que la anterior, la de 1998. Al extremo que el gobierno optó por ocultar información del desenvolvimiento económico y social, porque todos los indicadores reflejan el deterioro del sistema productivo y de la situación de la familia venezolana. Aparte que las instituciones encargadas de brindarlos se han convertido en apéndices del Ejecutivo, y su uso partidista les ha restado credibilidad.

 La onda victoriosa del chavismo de la primera etapa promovió la consulta electoral logrando consolidar su dominio del Parlamento, gobernaciones, consejos legislativos regionales, alcaldías, concejos municipales. Su actual deterioro avizora que lo que viene va en sentido contrario. Ello lleva a las fuerzas opositoras a plantearse desde ya un referéndum revocatorio en el presente año. Este mismo 6D fue de hecho un plebiscito por las características asumidas por los actores políticos en la campaña, que más que referirse a los candidatos y a los problemas de las regiones, lo que se evaluaba era al gobierno nacional.

 En este escenario,  las elecciones específicas de organizaciones de los trabajadores, de autoridades universitarias, de centros de estudiantes y de otras organizaciones de la sociedad civil, que ya vienen encontrando obstáculos para su libre desenvolvimiento, es previsible que el Ejecutivo y aquellos poderes subordinados seguirán obstruyendo su ejecución.

Al mismo tiempo, este escenario es una oportunidad para que quienes han venido cuestionando el ejercicio autoritario de las instituciones obren con criterios democráticos y participativos, que permitan no repetir errores y más bien aprender de ellos en la mejor conducción de las instituciones colectivas tanto públicas como privadas.