Una ley para los trabajadores

​Ya es un hecho que el país cuenta con una nueva legislación laboral. Ahora llamada Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, que para mayor facilidad llamaremos LOTTT.

 ​Es un texto que contiene modificaciones que exceden lo que venía siendo identificada como reforma puntual. Es decir que fue más allá de la modificación requerida por la disposición transitoria, que refiere al régimen de prestaciones sociales, a la reducción de la jornada y al aumento del tiempo para las prescripciones. También fue más allá de la reforma que llamamos adecuación, que incorporaría normas que adaptaban la nueva ley laboral a modificaciones que estaban en el cuerpo de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela.

 ​La reforma que tenemos por delante cabe en la categorización de reforma amplia, y como lo dice el Vicepresidente para el Área Social, Nicolás Maduro “es la primera ley en el tránsito y en la construcción del socialismo”.  Esa afirmación obliga a analizar detenidamente todo este texto, así como el desarrollo de las instituciones que le acompañan.  Esta frase ya se ha oído con anterioridad al aprobarse otras leyes.

 ​En nuestra contribución anterior veníamos analizando el fomento o promoción del empleo, destacando la manera como se ha venido comportando el mercado laboral, y como es obvio los condicionantes central de este tema están ligados al marco regulatorio existente, a las inversiones y la confianza existente.

 ​Toca investigar aspectos de esta nueva LOTTT que inciden en la confianza de los inversionistas y empleadores, especialmente para estimular o no las inversiones, condición necesaria para la creación de empleos.

 Los gremios empresariales han sido parcos en revelar sus análisis al respecto. Suponemos estarán abocados a ello. Lo que sí ha predominado son las naturales declaraciones opuestas y/o escépticas en torno al proceso seguido para la construcción de esta nueva ley, y con toda razón ya que tuvo un notable déficit de participación empresarial.  Es importante conocer de fuente directa que el empresariado informe con elementos lo más objetivo posible, sobre el impacto de esta ley en el funcionamiento productivo.

 Ya con el marco regulatorio anterior y el conjunto de las políticas económicas, el empleo se venía resintiendo. Sólo crecía a nivel formal el empleo público, pero con las reservas de que la mayor parte era simplemente empleos de pasaban del sector privado al público, consecuencia de las estatizaciones. En tanto el empleo informal mantiene su espacio  en el conjunto de la población económicamente activa.

 ¿A cuantas personas beneficiará esta ley? A la población trabajando en el sector formal sin duda. En la informalidad, no dejará de beneficiarle pero en una proporción menor. Las unidades productivas en este sector no son fácilmente controlables e inspeccionables por las instituciones de la Administración del Trabajo. Hay que recordar que en los seis y medio millones que laboral en el sector formal, según el concepto de informalidad adoptado por OIT en  2003, y que aún no ha lo ha sido por la entidad de recolección y procesamiento estadístico nacional –INE-, hay importantes contingentes de informales, dado el hecho de no estar cubiertos por la legislación y la seguridad social. En un análisis posterior es importante observar que tantos elementos se observan en este nuevo texto que contribuyan a integrar en la formalidad a estos contingentes.

 Hemos destacado que una legislación del trabajo es una regulación para la relación entre las partes; sin embargo en el discurso oficial se repite erróneamente que es una ley para los trabajadores. Si que quiere construir autenticas leyes e instituciones para los trabajadores hay dos campos esperando ser atendidos, uno el de la seguridad social y el otro el del empleo. Ahí están las opciones esperando. Parece que en ese orden de ideas, se inscribiría la reciente medida de plantear desde el Ejecutivo que los trabajadores informales pasarían a la Seguridad Social. Es un anuncio que no trae nada nuevo, porque ya desde hace largos años, existe en la Seguridad Social el régimen de inscripción de los informales, pero que ha tenido muy poco éxito. Una razón importante es porque exige a los informales cotizar tanto el aporte de trabajador como el aporte patronal, sumando todo el 13%, mucho más que lo cotizado por los trabajadores dependientes del sector formal. Se confirma este mismo esquema, así que no parece cambiará mucho lo que hasta ahora ha ocurrido.

 Con el régimen prestacional de empleo, vigente desde el 2005, y sin construirse la institucionalidad necesaria, deja como resultado que todo el potencial de apoyo que el Ejecutivo debe a los trabajadores en cuento a empleo, orientación, inserción, capacitación, formación,  se dejan de ejecutar.

 Hay mucho que hacer con la denominación de una ley de y para los trabajadores.

LA PROMOCION DE EMPLEOS: Aciertos y fracasos

Promover empleos es responsabilidad fundamental de un Estado. Para ello es necesaria una alianza con los sectores privados, tanto los del capital como los del trabajo. No se trata que sea el Estado quién absorba la mayor cantidad de contingentes de trabajadores, sino que promueva las condiciones y facilidades para que se creen empleos.

En los años que corren del presente siglo ha ocurrido un proceso contrario a lo expuesto en el párrafo anterior. Es el Estado quién ha aumentado notablemente la nómina de personal. Entre agosto del 2000 e igual mes de 2010, la nómina del sector público se incrementó 79,2%, de modo que 1.024.595 trabajadores ingresaron al aparato estatal. Por su lado la nómina del sector privado en ese mismo lapso apenas creció 27.5% (Provea Informe anual 2011, con datos INE). Lo lógico no es que empleo estatal crezca tres veces más que el privado.

Lo anterior sería menos complicado si no consideramos que buena parte de ese empleo adicional en el sector público, eran empleos que ya existían. Que lo ocurrido es producto de la estatización de empresas privadas, por lo que estos empleos sencillamente pasan entonces al sector público.  Para mayor ampliación ver http://hectorlucena.blogspot.com/search?q=Empresas+Estatizadas
http://hectorlucena.blogspot.com/2011/12/ubicacion-y-balance-de-empresas.html

Debe considerarse que el empleo público ha de dividirse en dos grandes categorías, uno que forma parte de las empresas estatales, que elaboran productos y servicios que igualmente elaboran o elaboraban los privados. Destacamos esto último porque ha habido la tendencia a crear monopolios estatales, dejando de lado al sector privado en cada vez mayor cantidad de ramas productivas.

El otro gran segmento del empleo público, el mayoritario es aquel que atiende los servicios públicos tradicionales de la actividad estatal, como son educación, seguridad y defensa, salud, justicia, tramitaciones burocráticas diversas. En el Producto Interno Bruto este componente forma  parte de la actividad de servicios y se mide por los sueldos que remuneran a quienes ahí laboran. Es una medida gruesa poco sofisticada, ya que no precisa la calidad, resultados  e innovación de lo logrado con estas remuneraciones. En otro análisis es menester detenerse en la calidad y resultados en este orden. Hay servicios estatales que claramente a pesar de contar con más personal han desmejorado.

Es interesante entonces tener presente que la medición de la actividad privada es por la cantidad de bienes y servicios producidos para la sociedad, sea al mercado interno o para la exportación. Aunque este último destino se ha venido notablemente a menos, salvo la actividad petrolera que saca el oro negro del subsuelo y lo manda al exterior, de ello una porción minoritaria con el valor agregado de la refinación, que también suple el consumo interno.

En el sector privado,  la medición no está determinada por los sueldos y salarios, sino cuanta facturación en Bolívares han tenido los negocios, a partir de las unidades producidas – primario y secundario- o los usuarios atendidos, con su correspondiente facturación – servicios-.

Estos parámetros sugieren que el tema del empleo requiere de una alianza como ya se destaco al principio. Resulta que a lo largo del presente siglo no ha habido iniciativa alguna para que produzca un plan o programa que tenga este objetivo.

Lo más concreto que se observa en las políticas públicas en cuanto al tema del empleo, es la protección de los ya existentes, a través de los decretos de inamovilidad, así como vigilancia y monitoreo vía Administración del Trabajo. Pero esto no ataca ni abona al tema de la creación de empleos.

Por otro lado las políticas públicas adoptan el enfoque de misiones para atender este problema. Estas estrategias se desarrollan sin acuerdos con los sectores productivos, ni con las organizaciones representativas de los trabajadores, son iniciativas totalmente estatales a lo sumo con organizaciones comunales, que son direccionadas por el aparato público. Igualmente no descansan en regulaciones que permitan contar con reglas definidas para los involucrados, sea quienes crean y  ofrecen puestos de trabajo como quienes andan buscando un empleo, sea el primero en la vida laboral, tan difícil por la demanda de experiencias, como quienes se ven obligados a procesos de movilidad ocupacional por razones de crecimiento profesional o por razones familiares.

También es importante destacar que el enfoque de misiones es administrado con sesgos que implican discriminaciones tanto en el acceso como en el mantenimiento de las personas dentro de los programas, desnaturalizando una autentica igualdad de oportunidades, como es lo natural en toda actividad que se realiza con dineros públicos, y aún más el empleo que es una obligación estatal fomentarlo, y es un deber de los ciudadanos.

Reforma Laboral y Confianza

Las reformas laborales pueden ser para avanzar o para retroceder. Mejor decir pueden ser para que avance o retroceda el capital o los trabajadores, en sus relaciones de trabajo. Igual consideración es conveniente resaltar con respecto al regulador, el Estado. Una reforma puede ser para que acentúe su papel regulador o para que lo comparta con los actores sociales.

                En estos dilemas se debate un proceso de reforma. Las variables que contribuyen a contener los límites o los extremos de un resultado determinado, están en función de la manera democrática y participativa como se realice la construcción de la reforma, así como su aprobación.

                No menos importante es la consideración de la situación en la cual se encuentre el desarrollo económico, social y político de la sociedad en cuestión. Lo que podríamos identificar como el contexto. El diagnóstico de lo económico no puede eludirse en un proceso de reforma, sin que necesariamente esté ajeno a los intereses sociales y políticos. En todo este proceso no hay alusión alguna a esta dimensión.

                Los constructores y  reformadores actúan en función de la visión que tienen de la sociedad, así como de sus aspiraciones sobre el deber ser de la actividad productiva y de las relaciones que en ella ocurren. No es un asunto menor admitir esta premisa. Se reconoce que en la sociedad venezolana no hay una visión compartida de país. La polarización es notable y marca todas las actividades. Cuesta ver un área de la acción pública que sea construida a partir del consenso.

                No quiere significar la ausencia de un modelo de país único, que toda la sociedad ha de suscribir de modo conformista una visión dada. Los ciudadanos conviven en una situación común, a lo mejor percibida con algunas diferencias, dada experiencias, edades, ubicación socio económica, vínculos políticos, formación. Pero la cotidianidad en cuanto a los asuntos básicos va homogenizando las percepciones, digamos en asuntos como la seguridad, el empleo, el nivel de bienestar, los servicios públicos.

                En este proceso de reforma hemos visto como se hacen anuncios sobre temas medulares de las relaciones de trabajo, por sus impactos  y consecuencias, sin que se acompañe el reconocimiento del estudio de lo que tenemos en el funcionamiento laboral venezolano.

                Se formulan anuncios generosos con el sector de los trabajadores. Salarizar el régimen de prestaciones aprobado en 1997, ya que es un derecho adquirido, que puede llegar a noventa días adicionales de ingreso, con todas las incidencias en otros conceptos que han de pagarse al trabajador, y  al mismo tiempo regresar el sistema de prestaciones sociales de recalcular con el último salario toda la antigüedad del trabajador. Que los dos sistemas coexistan para beneficio del trabajador. En el mismo orden otros anuncios generosos, informan de rebajar la jornada de trabajo en hasta nueve horas semanales!!.. o en aumentar el disfrute de vacaciones en más de diez días de disfrute, así como el pago de hasta treinta días desde el primer año.

                En ese orden son los anuncios de los miembros de la comisión presidencial, todos del proyecto oficialista. Parece un festival de quién ofrece más.  Es razonable que un proceso de reforma sea un  proceso controversial entre los distintos intereses que participan de las relaciones de trabajo, así como entre las diversas corrientes de pensamiento que el país escogió y llevo a los curules parlamentarios. Con este escenario se minimizan resultados sectarios.

                Muy a pesar de los anuncios generosos hacia la población trabajadora, llama la atención sus reservas mostradas ante el anuncio gubernamental del traslado de las prestaciones sociales ubicadas en fideicomisos bancarios y en el capital de las empresas, a un fondo estatal para acumularlas y administrarlas. Inmediatamente se produjo un nerviosismo colectivo, que dejó en evidencia la desconfianza en el gobierno, al menos en el manejo de recursos, así como también dejó en evidencia que la reforma de 1997 es sentida por la población trabajadora, al tener conciencia de los beneficios que ella ha traído.  

                Las razones para la desconfianza son visibles. En primer lugar la mora que el gobierno tiene con sus servidores en el pago de lo correspondiente a la reforma del 1997, hace ya quince años. No se hicieron los pagos para pasar al nuevo sistema, hay deudas con los fideicomisos, en muchos casos no se constituyeron. Quién deja de prestar servicios en el sector público debe esperar varios años para cobrar su dinero que es de exigibilidad inmediata.

En segundo lugar el modo como se manejan los recursos del IVSS. Si bien es meritorio que el número de pensionadas se haya triplicado entre 1998 y el 2011, pero no hay que dejar de destacar que todos sus pagos se hacen con recursos que provienen de la renta petrolera o de ingresos fiscales como el IVA que lo aportan los ciudadanos.

Al fondo de jubilaciones más poderoso del país, como es el de los trabajadores petroleros se le hizo un desfalco de varios cientos de millones de dólares. Hay detenidos, pero en los EEUU ya que se violaron leyes de inversiones de ese país.

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo. Lo lógico es que cada cotizante tenga un estado de cuenta de su fondo.

A pesar de los generosos anuncios en la reforma laboral, las reservas de la población trabajadora persisten.

Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo ¿es una oportunidad o una amenaza?

La pregunta no puede ser neutra, ya que los temas implícitos tienen diversas lectura por los actores directos que tienen que ver con la materia, ya sean los económicos, los sociales o los políticos.

No existe una dimensión sólo económica, que prima en el interés de los empresarios, ni tampoco otra solamente social, que es privilegiada por los trabajadores, o una pura dimensión política, del interés central del estado. Más bien los que se aprecia es que para empresarios, trabajadores y estado, hay interés por las tres dimensiones, aunque no con el mismo nivel de atención y prioridad. Como se menciona en la literatura del campo, hay intereses convergentes y divergentes, lo que se expresa en zonas comunes para los tres, o para dos de ellos, o zonas del exclusivo interés de cada parte.

Lo otro es que el mundo del trabajo no está encapsulado, y por tanto mantiene una relación con el mundo exterior a los propios espacios productivos. Lo que ocurre en un determinado taller, oficina o cualquier centro productivo de bienes y servicios, tiene relación con el mercado, con los consumidores, con los usuarios, con los proveedores, con las comunidades en donde está inserta esta actividad, con los relacionados por diversos motivos que tiene toda entidad organizativa, y toda comunidad humana que atiende actividades productivas.

Las reglas del trabajo, si bien tienen entendido la desigualdad entre capital y trabajo, no son reglas exclusivas para los trabajadores, sino más bien para las relaciones entre ellos y la empresa. Hay principios que toman en cuenta la desigualdad, han de estar presentes en la construcción y el texto legislativo. A veces se oye mencionar que se está construyendo una Ley para los trabajadores. Es una expresión impropia. Tampoco cabe admitir que se trata de una ley para los empleadores. Es una regulación para la relación cotidiana que la convivencia productiva exige a empleadores y trabajadores.

Las exigencias que llevan a reformas laborales son diversas, pero para facilitar su análisis, la experiencia histórica ha mostrado que en algunos momentos los factores predominantes han sido para avanzar y en otros para retroceder. Entendiendo igualmente que los textos resultantes de los procesos de construcción legislativa son más equilibrados en tanto estos procesos sean más incluyentes, donde predomine el dialogo y la participación.

Hubo etapas históricas que el sector trabajadores fue apadrinado por otros agrupamientos, generalmente vinculados con partidos políticos promotores de cambios estructurales importantes, como puede considerarse el avance de reformas laborales ocurridas en el trienio 1945-8. Sin embargo el apadrinamiento luego deviene en relaciones de subordinación, colocándose el movimiento en situación subalterna, dando lugar a futuro a posiciones regresivas y conservadoras.

La motivación para una reforma laboral no es ajena a la situación económica reinante en una sociedad determinada. La valoración de dicha situación, en el sentido de que demande tal o cual tipo de reforma laboral, está ligada a las relaciones de poder existentes. Por ello per se no puede asociarse una reforma laboral a un hecho progresivo, al menos la experiencia histórica obliga a evaluar tanto en el momento de los procesos de reforma, como en su propia ejecución y funcionamiento.

En el actual proceso de elaboración de una reforma legislativa es notoria la carencia de consideraciones, que evidencien una revisión detenida del actual funcionamiento de las relaciones de trabajo. Hasta ahora todas las proposiciones sobre los temas en discusión son sustentados en las posturas de personas o de entidades, sencillamente porque es lo que aspiran y quieren. Pero poco sustento se muestra para justificar lo aspirado.

El funcionamiento de las relaciones de trabajo, por supuesto evidencia notables carencias, mal funcionamiento y problemas. Hay reglas sobre temas que pudieran salir airosas, aunque no necesariamente en todos los sectores y tamaños de unidades productivas.

Una elemental consideración de toda reforma laboral es el empleo. Pero hay que mirar primero el actual marco regulatorio y su relación con el empleo. En que medida lo favorece o no. Para ejemplificar, la estabilidad absoluta favorece al que tiene empleo, pero no al que lo está buscando. Por supuesto que no se trata de fragilizar al que lo tiene, en aras de favorecer al que lo busca, pero el asunto es que hay que compatibilizar, no sólo por los jóvenes que se incorporan, sino por la natural movilidad ocupacional que viene aparejada con el desarrollo tecnológico, ocupacional y productivo, y también con el desarrollo de las familias.

La debilidad del proceso de construcción de la presente reforma laboral, por supuesto tiene sus explicaciones, en otros artículos hemos destacado la desventaja de hacerlo en el marco de una campaña electoral, con la ya radical polarización dominante http://www.hectorlucena.blogspot.com/2012/01/la-reforma-de-la-ley-organica-del.html

Las argumentaciones a las que apelamos parecen ser incompatibles con la construcción regulatoria en este escenario.

El nerviosismo colectivo que ha sacudido al país ante anuncios específicos sobre el Fondo de Prestaciones Sociales, que multiplicó la demanda de solicitud de estos recursos ubicados en fideicomisos o en el capital de trabajo de las empresas es una clarinada de las consecuencias del improvisado proceso en construcción.

UNA DEUDA CON LA VERDAD

El año 2002 es sin duda uno de los más turbulentos en la historia venezolana contemporánea. En abril y diciembre ocurrieron fenómenos que aún hoy siguen presentes como fantasmas en el discurso político. Oiga Ud a un alto funcionario gubernamental y verá que ambos hechos estarán en su comentario. Son mencionados como culpables de las dificultades del proceso de desarrollo. Algo así que si no hubiesen ocurrido, hoy estaríamos en una situación material mucho mejor. Del lado opositor, hay señalamientos de las desviaciones, de las traiciones, del retroceso y de la oportunidad perdida.

En síntesis los hechos de abril, la destitución y la reinstalación del Presidente, y los de diciembre, el paro petrolero y algo mas en otros sectores, que se extendió por sesenta días, siguen siendo acontecimientos que exigen de la atención y del análisis. Es cierto que la persistencia del ambiente de polarización aún no lo facilita. Mucho menos en tiempos electorales.

Pero por un momento, imaginemos una comisión de la verdad con una integración plural, con amplias facultades para la investigación de los hechos. Impensable en este momento. Recuerdo se mencionó en el debate parlamentario realizado inmediatamente recuperada la normalidad, en el mismo Abril 2002. Pero no paso nada.

La paralización de las instalaciones petroleras – diciembre 2002- es mencionado como parte de un salvaje sabotaje, y ello es utilizado para execrar y estigmatizar a los despedidos de esta industria –cerca de 20.000 personas-. Incluso se asoman costos de los daños, y con ello se niega la restitución de haberes de estos trabajadores. Daños han de haber ocurrido, en toda paralización en una industria de proceso continuo es un hecho inevitable.

Igual han de haber ocurrido daños a partir del manejo de esas instalaciones por personas sin la suficiente competencia, reclutadas precipitadamente para contrarrestar un paro, que no contaba con un plan de contingencia. Aunque es importante reconocer que una buena proporción de jubilados en los segmentos más operativos se reincorporaron y jugaron un papel clave. Pero evaluar estos daños es un asunto confuso, y por ahora es unilateral.

Hay que recordar que este paro de Diciembre del 2002, fue promovido inicialmente por los gerentes, y luego se plegaron algunos sindicatos. Y es digno de destacar que la industria petrolera contaba para entonces con un historial exitoso de manejo de conflictos laborales, así como la implementación de planes de contingencia puestos en práctica por los mismos gerentes, pero que en esta inédita ocasión eran la vanguardia de los huelguistas.

Pero toda historia la cuenta con más altisonancia el vencedor. El vencido carga no sólo con la derrota del momento, sino con las acusaciones en el discurso cotidiano del vencedor. La historia está incompleta.

Con respecto a las consecuencias para el movimiento de los trabajadores, el pasado año por esta misma fecha elaboramos y divulgamos http://www.hectorlucena.blogspot.com/2011/04/11-de-abril-de-2002-costos-historicos.html

En esa oportunidad afirmamos que la participación del movimiento de los trabajadores en estos hechos opositores, significó una contundente derrota. El movimiento estuvo detrás de otras fuerzas cuyos propósitos no eran coincidentes con los suyos. El movimiento hizo el trabajo más difícil, enfrentar al gobierno, movilizar a los afiliados, para que finalmente surgiera de súbito un gobierno de facto con una composición ajena a los intereses del movimiento.

Además el movimiento perdió la energía que había acumulado en hechos que le fueron favorables, como la conducción de la huelga petrolera de septiembre del 2000 por la firma del convenio colectivo. El otro hecho a su favor, fue la apatía con la cual la población trató la iniciativa gubernamental del referéndum sindical, diciembre 2000; apenas se alcanzó una participación electoral del 22%. Durante el año 2001, varias movilizaciones de calle mostraban un movimiento de los trabajadores vigoroso y en recuperación. Para entonces la movilizaciones sindicales opositoras eran masivas y en proceso creciente.

La década transcurrida del 2002 a hoy, muestra un grado de fragmentación del movimiento que ofrece enormes debilidades. Buena parte de la energía del liderazgo sindical es consumida en las contiendas inter facciones. Es conveniente recordar que la fragmentación del movimiento, ya no sólo responde a las diversas corrientes ideológicas y políticas que hacen vida en el movimiento sindical, sino que han de agregarse otras expresiones organizativas estimuladas oficialmente para el ejercicio de la representación de los trabajadores.

Confiamos que en algún momento podamos oír la voz de todos los involucrados en estos acontecimiento y así aproximarnos a la verdad.

Trabajo decente y reforma laboral

En evento reciente organizado por la Universidad Católica “Andrés Bello” de Ciudad Guayana, tocó abordar temática que incluía la vinculación entre Relaciones Laborales, el Trabajo Decente (o Trabajo Digno) y la Reforma Laboral en curso. El presente artículo va a concentrarse en el surgimiento de la noción de Trabajo Decente y la relación con los otros conceptos abordados.

En materia de las relaciones entre capital y trabajo, hay formulaciones y proposiciones que emergen para dar respuesta a situaciones críticas en estas relaciones. Algunas de ellas son efímeras y otras alcanzan la permanencia en el tiempo, se universalizan. Destaco que recién formulada una propuesta es atrevido juzgarla.

Son destacables dos declaraciones del siglo XIX, en plena revolución industrial. Emergió la protesta obrera, sintetizada en el Manifiesto Comunista, 1848, y se convirtió en un documento del cual hoy se continua hablando y estudiando. Otro tanto se admite de la Encíclica Rerum Novarum (“De las cosas nuevas”) 1891; en ella la Iglesia Católica expresa su preocupación por la situación de la clase trabajadora.

Superada la revolución industrial y entrando en el siglo XX, crisis agudas de la relación entre las potencias, así como dificultades en sus correspondientes sistemas económicos y de dominación, dan lugar a dos guerras mundiales que ya concluidas convocan a un mea culpa y emergen instituciones y declaraciones universales. En el caso del fin de la I Guerra Mundial, del Tratado de Versalles -1919- nació la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, de estructura tripartita; y con la conclusión de la otra Guerra Mundial –II- surge la Organización de las Naciones Unidas, y un documento esencial en las relaciones entre las personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Con la gran crisis del capitalismo de los años 1929-1930, el liderazgo del país en donde hizo sus mayores estragos –EEUU-, planteó la propuesta del New Deal -Nuevo Trato- para reformular las relaciones laborales.

Con estas instituciones y declaraciones, se construyen conceptos, se abordan diferencias y las sociedades avanzan. Por supuesto que al interior de los países quedan las tareas más importantes para alcanzar una convivencia civilizada, un bienestar real, así como la construcción y estabilidad de las instituciones, que sean sustentable en sus objetivos y logros.

Desde fines de los años cuarenta hasta los setenta, en algunos casos y en otros los años ochenta, el mundo vivió los llamados años dorados, por el crecimiento de la producción, del bienestar, del empleo, y del funcionamiento de las relaciones laborales. Claro que con algunas lagunas no tan doradas, sino más bien opacas, como los conflictos por la descolonización, ya sea política, como también económica.

Por tanto, sea en los setenta para algunas sociedades o en los ochenta para otras, el fin de los años dorados significó el ascenso y dominio de las políticas neoliberales, las que se plantearon el desmonte de avances en las regulaciones e instituciones que estado, trabajo y capital habían construido especialmente durante los años dorados.

El dominio neoliberal fue efectivo y casi todos los países revisaron y desmejoraron sus regulaciones laborales, sea formal o informalmente. En América Latina llegó a calificarse los años ochenta como la década perdida, dado el deterioro en lo económico y social. Igual tendencia se observó en los noventa.

En este contexto es para el año 1999, un nuevo liderazgo al frente de la OIT formula el planteamiento de la búsqueda del Trabajo Decente. En estos sitios de Internet pueden oírse al Director General de la OIT (http://www.youtube.com/watch?v=V8RxXIJLa9k) (http://www.wddw.org/Message-by-the-ILO-Director). Era el reconocimiento del desmejoramiento universal de las condiciones de trabajo.

En la OIT se aprobó en 1998 el convenio sobre los derechos mínimos o básicos, y se destacó la necesidad de regulaciones internacionales. Estos derechos mínimos que se habían venido deteriorando eran:

- la prohibición del trabajo infantil;

- la prohibición del trabajo forzado;

- la eliminación de la discriminación en el empleo, igualdad de remuneración;

- la libertad de asociación; y

- el derecho a organizarse para negociar colectivamente las condiciones de trabajo.

La asunción de este programa del Trabajo Decente ha sido irregular, algunos países han asumido entusiastamente promover programas en estos derechos mínimos, pero otros han sido indiferentes, incluso hay países en donde ha ocurrido un retroceso. ¿Donde estamos nosotros? Es una pregunta que nos la formulamos como sociedad, es decir es una pregunta que han de formularse en primer lugar los actores del mundo del trabajo, empezando por los reguladores, es decir el Estado, y sus diversas agencias vinculadas con este campo esencial de la existencia humana.

Pensamos que el planteamiento del Trabajo Decente, apunta a quedarse como respuesta fundamental al desmejoramiento de las condiciones de trabajo, asumirlo es un requisito esencial para emprender una reforma laboral.

La industria venezolana, auge y ocaso a través de tres modelos productivos

En trabajo conjunto con Hermes Carmona, la Revista "Ensayos de Economía" de la Universidad Nacional de Colombia nos publica este artículo en su edición número 39.

Resumen

El propósito de este documento es analizar el proceso de desindustrialización experimentado por el sector productivo en Venezuela, a través de tres modelos productivos. Si bien el fenómeno se observa en el conjunto del sector y su vinculación a la renta petrolera, la contracción en la manufactura es apoyada en los indicadores macroeconómicos como el empleo y el PIB. El petróleo que en un comienzo ayudó a construir la industria, ha contribuido a minimizarla.

El artículo es accesible en

http://humanas.medellin.unal.edu.co/ede/ediciones/39