De las distintas funciones del Estado venezolano, la de prestador y/o regulador de los servicios públicos es de las que genera mayores insatisfacciones y rechazo por parte de los usuarios. Sea la seguridad, el agua potable, la electricidad, el transporte, la educación, la salud, el de suministros y logísticas para provisión de alimentos y medicamentos, las comunicaciones, el internet, en todos predomina el deterioro.
Se trata del deterioro de lo que encontró la revolución al momento de sus inicios. En estos servicios ha habido necesariamente inversiones públicas, pero sin que de manera equivalente se traduzcan en su mejora. En cuanto a ampliación de infraestructura, muchas de las inversiones han sido sin mayores resultados, sea por retraso, por quedar inconclusas, o por fallas de construcción - caso central hidroeléctrica de Tocoma, por ejemplo, casi terminada pero con fallas graves de construcción-, o en cuanto aquellas no concluidas, una de las más costosas es la red ferroviaria que ha quedado a medias, como pueden verse parcialmente algunos tramos, estaciones y túneles, en los Estados Carabobo, Aragua, Guárico.
El mal uso de los recursos públicos en la gestión de las entidades que prestan estos servicios, la falta de mantenimiento y del cuido de instalaciones, todo a la larga se traduce en que los ciudadanos no reciban la atención y servicio a los cuales tienen derecho, sea por elementales derechos humanos -agua, salud, educación, seguridad-, por razones legales o porque los pagan, y generalmente en condiciones de ser prestados monopólicamente, sin opción alguna a recurrir a otro prestador.
Resultado de contrataciones erráticas, tenemos obras inconclusas, otras mal realizadas y una cuantiosa pérdida de recursos públicos. En condiciones de cumplimiento de la constitución nacional vigente, tendríamos las interpelaciones e investigaciones parlamentarias a que hubiera lugar con impactos en la disciplina de los gestores, así como alcanzar un ejercicio autónomo de los poderes, llamados morales, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, igual deformación se observa en el Poder Judicial, cuya subordinación al Ejecutivo hace que dé la espalda a los ciudadanos, y más bien convalida que el Ejecutivo atente contra las voces críticas y disidentes, que ejercen su legítima protesta reclamando a los gestores por servicios públicos eficientes.
Está demostrado históricamente que una alta concentración de poder, da licencia para el mal uso de los recursos, igual ocurre con la acentuación de los personalismos, y más aún con la no rendición de cuentas. Licencia amplia para las desviaciones éticas. Solo cuando un funcionario de alto nivel da señales de inconformidad, o más aún de disidencia, es cuando si empiezan a aparecer las malversaciones, como recientemente ha venido ocurriendo con el alto dirigente Rafael Ramirez, ex vicepresidente económico, ex ministro de Energía y Minas, de Petróleo y ex presidente de Pdvsa, que recién es cuando desde las instancias de control subordinada al Ejecutivo, se ha empezado a hacer observaciones que eran del conocimiento público desde años; con investigaciones recién empezó sus funciones la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015.
La sociedad conoce del uso indebido de los recursos públicos, y se hacen denuncias, aunque predominando las informales, no deja de haber temores para hacerlas formalmente. Entre las informales, tenemos los programas de radio que abren sus micrófonos a la audiencia o leen mensajes de redes sociales, y esta última es la más frecuente, expuesta por el mismo usuario o retuiteando alguna queja con la cual se identifica el ciudadano, porque le ha ocurrido algo parecido, o porque ha visto el problema. De aquí que por redes sociales se exponen diariamente miles de quejas de los servicios públicos, pero evidentemente que son mucho menos aquellas denuncias que se formulan formalmente por escrito, ante la instancia que corresponda. Creemos hace falta más organización ciudadana y confianza en estos procedimientos, de alguna manera es un reflejo de deficit de ciudadanía. La sociedad exterioriza una posición ambigua en cuanto a reconocer que se tiene el poder suficiente, para hacer que quienes gobiernan hagan buen uso de los recursos públicos. Encuestas recientes así lo indican.
Que hoy tengamos apagones prolongados y frecuentes, que no tengamos agua potable regularmente, ni hospitales y centros educativos equipados, suficientes alimentos y medicinas, transporte público y buenas vías de comunicaciones, el más alto índice mundial de homicidios, la más alta inflación del planeta, así como carencia de una eficiente telefonía e internet, todo ello da lugar al rechazo del modelo de desarrollo político y económico que dirige este estado de cosas, ya que su permanencia le niega a la sociedad el goce de sus derechos y servicios públicos. Para terminar, el modelo da pasos en discriminar en el acceso a estos servicios esenciales, dándolos sólo a aquellos que comulguen con su sostenimiento en el poder, como se puede ver en el caso de ciertos alimentos -bolsas Clap-.
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