Sobre Trabajo y Derechos Humanos se debatió en el II
Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo. Muchas son las aristas
que tiene un simposio con este título. De ellas abordamos la que consideramos
más extrema e inquietante para el ámbito trabajo, referimos a la pérdida de la
vida por la pura actividad sindical.
Los datos
que se han acumulado en víctimas de la violencia en este ámbito no guarda
relación con el poco impacto que ha producido en diversos actores que tienen
relación directa con el problema. Los trescientos sesenta y ochos asesinados
entre dirigentes sindicales y trabajadores vinculados con actividades de estas
organizaciones, en los ochos años que van desde el 2005 hasta el 2013,
constituyen un problema que verdaderamente alarma el que no haya dado lugar a
mayores reacciones. Los datos provienen
de entidades privadas (Provea, OVCS, Vicaría DDHH), con una alta sensibilidad y
credibilidad para atender el tema de los derechos humanos. Aunque los entes
públicos que les concierne el problema continúan ignorándolo. No hay registros
en las Memorias del Ministerio Público, tampoco de la Defensoría del Pueblo, ni
del Ministerio del Trabajo, ni de ningún otro Despacho o dependencia nacional
relacionada. Si no hay registro, por supuesto mucho menos acciones. La
impunidad en el país es alta, pero en estos casos es aún mayor.
En la oportunidad que le tocó al
gobierno dar respuesta a este problema, con ocasión de reunión de comité especializado
de la Organización Internacional del Trabajo, la respuesta gubernamental
provino del Ministro de Relaciones Interiores y Justicia (al que luego se le
agrego por cierto la palaba Paz): por cierto, no fue del Ministerio del Trabajo.
Notable que el problema fue desestimado, más bien el representante oficial
argumentó que la bonanza del sector en el construcción daba lugar a abundancia
de empleos, buenos salarios y condiciones
de trabajo, y que los problemas de violencia no estaban asociados a la actividad
sindical. Admitía apenas cinco casos para quienes la justicia estaba abocada.
La realidad es lamentablemente
más ruda y dramática. El que haya sido minimizada por los entes estatales, nos
recuerda que igual pasaba en Colombia en una primera etapa en la evolución de
este problema y la búsqueda de medidas para contrarrestarlo. Las organizaciones
que llevaban registros de estos casos, fueron descalificadas por voceros del
gobierno de Alvaro Uribe. En este contexto La Escuela Nacional Sindical –ENS-,
fue llamada “traficante de cadáveres”.. que ..”inflaba
las cifras de homicidios contra sindicalistas con finalidades políticas dado
que entre más muertos reporten, mayor cooperación reciben” acusaba Botero,
Libardo (“El gran fraude. Violencia antisindical en Colombia? Historia de la
conspiración contra el TLC”) . Hay que destacar que la ENS es una entidad que
acumula una valiosa experiencia de investigación en el medio laboral, cuenta con la colaboración internacional del
sindicalismo de los EEUU, Canadá, España, Alemania, Finlandia, entre otros, lo
que es decisivo en la construcción de un equipo profesional de alta
calificación para emprender las investigaciones y llevar los registros
necesarios para campañas tan delicadas y exigentes como las que implica disentir
del poder estatal y empresarial. Así
como tener la proyección internacional para divulgar los estudios y sus
conclusiones. Sin embargo poco a poco
estas organizaciones defensores de los derechos humanos y las propias entidades
sindicales, fueron ganando la credibilidad nacional e internacional, y al final
el gobierno reconoció una realidad inocultable, dando lugar al establecimiento
de medidas que han permitido reducir el problema, aún cuando sigue existiendo
violencia contra sindicalistas en alguna medida.
En nuestro caso, ha de
reconocerse que la fragmentación sindical da lugar a que las víctimas de la
violencia en los medios sindicales reciben solidaridad de un determinado
colectivo sólo si pertenecen a esa corriente, y hoy con tantas alternativas
desenvolviéndose en los medios sindicales, las víctimas no llegan a recibir una
solidaridad significativa, que se convierta en un movimiento efectivo de
repudio, que haga que los entes públicos investiguen y tomen medidas efectivas
que contrarresten este problema.
Igualmente hay que destacar que
el grueso de la violencia que abordamos es
de naturaleza intra sindical, ya que ocurre principalmente entre facciones
sindicales derivadas del extremado proceso de paralelismo sindical que se
fomento desde la política oficial a partir del 2001. Es un capítulo de la política laboral que es
necesario discutirlo, evaluarlo y hacer las modificaciones que correspondan
para un futuro mejor, porque ya el precio pagado en violencia es irrecuperable,
en víctimas, familias destruidas, desplazadas y ambientes de trabajo en estado
caótico. Ojalá no se repita en los espacios productivos, lo que ya se ve en
otros espacios.. cárceles gobernadas por pranes, la calle por motorizados,
barrios por pandillas. Vemos que los espacios productivos corren el riesgo de
desplazarse hacia el gobierno de la violencia. El capital pierde, pero más
pierde el trabajo.
El fenómeno perverso del
paralelismo sindical es hijo de una política laboral que se instrumenta a
través del registro sindical. Mecanismo del cual disfruta el gobierno para dar
o no dar la credencial o matricula sindical. Es un poder que colide con los
principios superiores de una genuina libertad sindical, que no requiere que
exista tal dispositivo en manos del gobierno que coarte, interviene e intimida
el libre desenvolvimiento de la libertad sindical. La experiencia de la
violencia sindical extrema que hoy vivimos también es resultado de un manejo
sectario y anti democrático del registro sindical.
@hl_lucena
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