Sobre la implementación de
formas organizacionales para la actividad productiva, el amplio repertorio de
los últimos años ha incluido la cooperativización de actividades que se venían
ejerciendo al interior de las entidades de trabajo, lo que ha conllevado la
externalización de actividades. También se han cooperativizado actividades que
se venían ejecutando por empresas unipersonales, familiares, y de varios socios
que previamente se organizaban en compañías o sociedades anónimas.
Los propulsores de la
cooperativización creyeron que formar cooperativas era fundamentalmente un
problema burocrático de recaudos, a lo mejor algunas reuniones de orientación y
transmisión de algunas explicaciones para llevar a cabo los trámites de
registro. Creyeron que dado el carácter de amplitud y estimulo que la nueva
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fomentaba, se tenía
asegurado el camino para transitar hacia un autentico esquema protagónico en la
producción de bienes y servicios.
Con muy justificada
perspicacia los cooperativistas auténticos, es decir aquellos que venían
haciendo cooperativismo sin ayuda estatal, y enfrentando las dificultades de
desenvolverse en un sistema económico más diseñado para las empresas
convencionales, con énfasis en el protagonismo del capitalismo de estado; pero
que aún así mantenían un modesto espacio de actuación asociativa y productiva
efectiva a lo largo de varias décadas.
Traemos esta introducción al
análisis para asociarlo con un caso de corrupción que ha sido muy divulgado,
nos referimos al escandalo de corrupción a propósito del manejo de la Alcaldía
de Valencia, la tercera ciudad más importante del país, ha implicado entre
otros dimensiones el uso y abuso de la figura cooperativa. El ministro de
Interior y Justicia, reveló que “el
ilícito se cometió a través del uso de 14 cooperativas administradas por el
hijo del alcalde, a través de las cuales se pagaban servicios personales, para
adquisición de vehículos, servicios médicos y tarjetas de crédito y
levantamiento de obras en el municipio”. El ilícito incluía que se les cancelaba a los dueños de estas cooperativas
Bs. 2.500 a cambio de la entrega de sus instrumentos bancarios como chequeras firmadas
en blanco, y tarjetas de débito. Estas empresas, además de cobrar por servicio
a la Alcaldía, cobraban de forma independiente para el pago de transporte y
demás”
Véase que las cooperativas
en cuestión tienen dueños, pero no se
trata de los trabajadores asociados que colectivamente han entregado su
certificado de aportación y el trabajo asociado para hacer y sostener el
capital con el cual se presta un servicio o hecho productivo de necesidad para
la sociedad. Se trata de personas que han aprovechado la política pública de un
fomento desordenado e improvisado de esta figura. Es por ello que del 2002 al
20012 se llegó de un mil a trescientos mil cooperativas. Imposible que esto sea
un proceso auténtico de cooperativización. No hay capacidad para tal
crecimiento. Por ello hoy ese número es una ficción. Claro que existen las
credenciales y registros ante la Superintendencia de Cooperativas, que pueden
dar lugar a hechos falsos y abusivos de la histórica figura cooperativa, como
lo visto en la Alcaldía de Valencia.
Lo que se ha hecho público
en la Alcaldía de Valencia con relación al uso y abuso de las cooperativas no
es un fenómeno excepcional. Con credenciales y registros de cooperativas hay
innumerables abusos en la actividad productiva ficticia y real; así como en el
ámbito de entes estatales como en el de empresas privadas. Hay un enorme
proceso por hacer de decantación en la esfera de la cooperativización. Tan sólo
en las alcaldías de todo de país, si se hiciera el mismo esfuerzo de investigación
que se ha hecho en la de Valencia, se toparían unos investigadores que estén
animados por cuidar los recursos públicos y vigilar el buen uso de las
instituciones, se encontrarían con grandes sorpresas. Eso sí pongamos a un lado
las vinculaciones de aprovechamiento electoral.
La
generación exponencial de miles de cooperativas de reciente creación, que
procuran obtener los beneficios
preferenciales de contratación con el Estado, para acceder a una cuota del
enorme gasto público, o simplemente eludir las responsabilidades patronales que
implica una sociedad mercantil convencional, ha tergiversado el sentido
propósito o razón de dichas organizaciones, siendo muchas de ellas, simples
organizaciones de estructura vertical con clara división del capital con
respecto al trabajo, y con fines exclusivamente lucrativos.
La
reacción del gobierno nacional ante esta realidad, que trastoca el objetivo
ideológico inmerso en el fomento del cooperativismo, es declarar la inutilidad
del cooperativismo como instrumento transformador de la sociedad,
sustituyéndola con una entelequia llamada “Empresa de Producción Social”,
figura que se difumina en las prácticas propias del Capitalismo de Estado. En
todo caso el problema de fondo con las nuevas “seudocooperativas” es la cultura cooperativa en sí misma, los
valores y principios que las caracterizan, y si ese elemento de fondo no es
atendido, todas las políticas que se sustenta meramente en la ideología sin
asidero en la realidad, están destinadas al fracaso.
En lo positivo de esta experiencia hay que
destacar que luego de poco más de una década de multiplicación de cooperativas,
hoy hay cuarenta veces más cooperativas autenticas que al inicio de este
proceso, que muchas de ellas han servido a las familias y a los trabajadores
cuentapropistas a adoptar una figura jurídica que cuenta con apoyo amplio de
políticas públicas. Igual cabe afirmar aunque sin suficiente asidero de
investigación y de suministro de información de los entes estatales, que al ser
el fomento cooperativo una política mas
bien asistencialista, sectores de modestos recursos pudieron resolver problemas
y necesidades con estas asignaciones.
Casi en su totalidad el
movimiento cooperativo existente antes de este proceso, se mantuvo al margen de
la asignación de los recursos dadivosos del Estado. Algunas experiencias de
asignación de estos recursos, también comprometían la autonomía del movimiento
cooperativo.
Hoy en la llamada “guerra
económica” se anuncia nuevas formas y ajustes organizacionales productivas,
sirva la poco efectiva política de cooperativización forzada para reiterar que
el país se construye con mas dialogo y menos improvisación.
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