Las empresas requieren revisar su funcionamiento para adecuarse a las necesidades de las sociedades en donde operan. Se trata de brindar productos y servicios, generar empleo, remunerar el capital, mantener un buen ambiente de trabajo así como buenas relaciones con el personal. Todo esto al tiempo que propietarios ganan, las trabajadores disponen de buenas condiciones de trabajo y se pagan impuestos al Estado. Para que esto sea una realidad no sólo hay que mirar al interior de las empresas sino también hacia el entorno económico y social, ya que una determinada empresa no está sola, hay reguladores e instituciones, competidores, proveedores, clientes, relacionados, así como una comunidad.
Los esquemas de funcionamiento entonces miran o toman en cuenta lo interno, al entorno y a lo externo. El estado ha de tenerlo presente para la fijación de políticas, por ello el intercambio, el diálogo y consenso es importante. Desde el Estado hay desconfianza en los productores, sean los inversionistas, los empresarios, como los trabajadores y sus organizaciones. Problema bien serio, ya que la confianza es en sí mismo un capital para la producción.
En este escenario hay que replantearse una revisión de como funciona el sistema productivo, es decir pensar en reestructuración productiva. Seguir con las mismas orientaciones económicas es ir muriendo lentamente. Los esfuerzos productivos sean de los privados como de las empresas estatales no satisfacen las necesidades de la sociedad. No es un asunto que encuentra respuesta solo al interior de las plantas industriales, comercios, servicios, plantaciones, empresas en general, ya que el contexto es clave para la confianza y certidumbre. Es un todo sistémico.
Ahora ¿de que reestructuración productiva se trata? Aquella qué sea posible según nuestras capacidades, características y consenso. El negar y desconfiar del otro no será el camino. Vemos que es un asunto económico y político. Los países de la región que llevan años con mejor desempeño económico y social han tenido que concertar. De hecho cuando una economía deposita sus consumos fundamentales en otra economías, a través de acuerdos y convenios, esta acordando con esa economía externa lo que no ha podido hacer con la economía interna. Parece no tener sentido el asunto, pero así lo entendemos. Claro se admite que no se es productivo y eficiente en todos los rubros, pero el alto grado de dependencia externa de nuestra economía es un caso extremo. En todos los países hay determinados sectores que son subsidiados por razones estratégicas y de soberanía. Sobre la alta dependencia de las importaciones, algunos señalan que es característico de las economías extractivas rentistas, aunque hay casos de países que han logrado equilibrar y a pesar del peso del sector extractivo primario, han logrado diversificar su economía, en ese sentido México es en nuestro continente un caso.
El reciente Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, era una oportunidad para abordar algunos temas relacionados con procesos de reestructuración productiva. Entre ellos el tiempo de trabajo y la descentralización productiva. El primero se conoce que su tendencia histórica es a su reducción, razones tecnológicas por un lado y por otro lado permitir que el trabajador disponga de mayor tiempo de ocio y convivencia con la familia. En cuanto a la descentralización productiva es más complejo sintetizar en una línea su tendencia histórica.
Sí partimos que las empresas se concibieron y desenvolvieron por un largo tiempo, con una lógica de aspirar a contar en su seno con el control directo de la mayor cantidad de actividades directas e indirectas. Ello dio lugar a la aspiración que el deber ser de las empresas era alcanzar la mayor integración vertical y horizontal. La crisis de producción y acumulación de los setenta y los ochenta llevo a cuestionar esta concepción. De ahí se ha corrido un camino que lleva dos y tres décadas de reestructuraciones, de ensayo y error, que han dejado como características entre otras la de la descentralización productiva. Con ello se han transferido actividades ejecutadas directamente por la empresa a otras entidades productivas o personas naturales. Lo que ha fomentado a empresas de menor tamaño medianas y pequeñas, incluso el cuentapropismo.
Estos procesos reciben diferentes denominaciones, según país, lenguaje, rasgos resaltantes. Así nos topamos con contratación, subcontratación, externalización, tercerización, empresas de trabajo temporal, outsourcing. Pero estos procesos conllevan mayores riesgos especialmente para la parte débil de la relación laboral por desmejoramiento de las condiciones de trabajo. De ahí la importancia de las regulaciones y la vigilancia de la administración del trabajo. El asunto es del interés de empresas, trabajadores y estado. Asegurando entre todos, que los beneficios que se le señalan a estos procesos sean tangibles sin perjudicar a los trabajadores. Por cierto que el beneficio que más frecuentemente se le señala es el de la especialización, aunque por supuesto es inocultable la intencionalidad y efectividad en la reducción de costos de personal.
En la nueva legislación laboral se le fija un término a la tercerización, tres años para su eliminación. No conocemos de los estudios y análisis que fueron la base de esta decisión, sin duda el problema es de mucha importancia, y aún hoy bien vale la pena considerarlo. Así cómo formularse algunas preguntas sobre la descentralización y sus diversas manifestaciones ¿Cuando es virtuosa y cuando trae problemas? Se puede convivir con la tercerización? Todo lo anterior nos lleva también a preguntarnos por que si en el país se contratan compañías completas externas para hacer lo que sabemos hacer y tenemos los medios, no es eso una macro tercerización? Condenarla en lo micro tiene fundamentó, por que no en lo macro?
Una referencia histórica de nuestras propias relaciones de trabajo, la descentralización productiva vía tercerización se extendió abusivamente en la industria petrolera en los años cincuenta, pero los propios trabajadores en un contexto de amplia libertad sindical lo enfrentaron en el convenio colectivo negociado en 1960, y obligaron a las empresas que se extendieran los beneficios del convenio colectivo a los trabajadores de las contratistas petroleras.
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