martes, 18 de julio de 2017

LAS HUELGAS NO SON SOLO LABORALES


Desde círculos sindicales se viene mencionando una posible huelga. Al momento de escribir este artículo (14-7-17) no se observa que sea una posición formal, la invocan algunas corrientes de las varias que conforman el movimiento sindical, tanteando el ambiente.

 Hay que destacar que el país no está en situación de normalidad productiva, ya que ello exige un contexto que contribuya a la certidumbre, lo que no es posible en tanto no hayan garantías, transparencia y seguridad para quiénes intervienen en la producción. Las políticas económicas impuestas desde el Gobierno han sido efectivas en reducir la producción, durante varios años la compensaba con importaciones, pero la baja de las reservas, la disminuida entrada de divisas, los crecientes compromisos con los acreedores y las dificultades para acceder a créditos en el mercado internacional llevaron inevitablemente al actual colapso.

  Por supuesto que la población tiene que sobrevivir, alimentarse, tratar de estar sanos, cubrirse, atender sus necesidades básicas, y por tanto siempre hay compradores que buscan afanosamente los productos y servicios que requiere. Hay un sistema productivo que atiende con dificultades esta demanda y no porque sea alta y creciente. Este sistema es cada vez más caótico, por un lado el formal de los establecimientos comerciales, pero por el otro un sistema paralelo que siempre ha existido, la informalidad, pero que en las actual situación de escasez se multiplica y crea nuevas formas de distribución, apoyándose en las comunicaciones digitales.

  Estos hechos económicos han dado lugar a que la vida del venezolano se haya empobrecido a tales extremos que el nivel de la pobreza ha llegado a alcanzar en este último bienio el 80% -Encovi, 2016 y 2017-. Existe el consenso en reconocer que a estas alturas del desarrollo de la crisis global que afecta la sociedad no hay salida sino por la vía política. El referendo y las elecciones regionales negadas el pasado año bloquearon esos mecanismos constitucionales, luego un diálogo fallido también truncó esta vía política. Son estas frustraciones las que explican la persistente protesta de estos últimos meses, que es predominantemente política, pero que lo social y lo económico está alojado en su seno.

  La Consultora ORC reporta que sus análisis de las motivaciones de las protestas en el primer trimestre del presente año guardaban similares patrones a los prevalecientes en el pasado año. Este 1er trimestre se registran 900 protestas predominando como motivación quejas relativas a los servicios públicos. En tanto en el 2do trimestre se produce una hecatombe al sumar 6.300 protestas, siendo el 90% de ellas por razones políticas. Rehuir las elecciones directas, lo que en la CNRBV se asume como la democracia participativa y protagónica es el punto de partida que lleva al gobierno a asumir posturas dictatoriales y autoritarias. Gobierno, TSJ, CNE y FFAA imponen la ley del más fuerte, por otro lado la AN y la FGR resisten.

  En tales circunstancias en donde existe una paralización parcial de hecho en el ámbito productivo, unas restricciones a las libertades políticas y una cruenta represión violatoria de los más elementales derechos humanos, es por lo que emerge el planteamiento de la huelga. Pero no sería una acción típica de las convocadas para reivindicar derechos laborales, como salarios y condiciones de trabajo, sino que tendría un sentido más amplio como son los reclamos por derechos humanos, políticos y sociales.

  El gobierno responde a las acciones ordinarias de la Asamblea Nacional con su desconocimiento, atropello institucional y material que alcanzaron su climax con las violaciones de principios y conceptos fundamentales de la carta magna como los emitidos en las muy famosas sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que dieron lugar a la reacción de la Fiscal General de la República de señalar “la ruptura del hilo constitucional”. Esto se completa con un asalto durante la sesión especial por el Día de la Independencia

 Por otro lado el gobierno responde ante las acciones de movilización y protesta de la población, con los partidos opositores y movimientos sociales, con medidas de naturaleza militar y represiva, y en lo político desde el 1 de Mayo con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que lleva junto al TSJ y el CNE a la violación de derechos de participación de los ciudadanos.

  Finalmente hay que destacar que el Gobierno tiene poca sensibilidad con la continuidad productiva, poco le importan las parálisis de este campo. De hecho sus erráticas políticas económicas son las primeras responsables de tantas santamarías bajadas. Haber preferido importar alimentos procesados y hasta organizar las bolsas Clap en Panamá,  en vez de fomentar la producción agropecuaria e industrial nacional es dar la espalda al trabajo y a la producción nacional. Y para aquellos que no se someten al “carnet de la patria” son llevados al sacrificio de obligarlos a convertir sus magros ingresos en la compra de alimentos y productos del hogar a precios dolarizados.

  Por tanto ante los planteamientos expuestos, una invocación de la huelga va más allá del mundo sindical, y se extiende, tanto como compromete, a otros movimientos sociales igualmente cercenados en sus derechos fundamentales. Es una planteamiento del mundo opositor en su diversidad, civilidad y pluralidad.

lunes, 3 de julio de 2017

PROTESTA y REPRESIÓN NO CEDEN.


Protesta opositora y represión no ceden. Una y otra aumentan, la primera con sacrificios humanos de pérdidas de vidas, lesiones y perdida de libertad y la segunda cada vez mas cruel y cruenta. El Observatorio  Venezolano de Conflictividad Social reporta  2675 protestas, 157 saqueos y 108 muertes en estos últimos tres meses. 

  Hay que señalar que los saqueos no se observa que formen parte de la protesta opositora, al menos aquella orientada por los partidos políticos. Los casos de saqueos se caracterizan porque las acciones ocurren en zonas populares, o emprendidos por algunos pobladores que se trasladan a zonas comerciales a saquear. Los establecimientos comerciales e industriales hacen importantes inversiones en seguridad, especialmente en blindarse. En las situaciones de saqueos es visible la permisividad de las autoridades, ya que no intervienen y hasta se visibiliza en redes sociales a miembros de cuerpos oficiales participando de los saqueos, incluso utilizando vehículos institucionales, y no se conoce que los órganos que ejercen la disciplina en estas instituciones oficiales armadas hayan tomado medidas acordes con la gravedad de estas acciones. Los empresarios afectados y sus gremios coinciden en llamar la atención de esta omisión oficial en los saqueos. 

  Otra manifestación que se desliza en las protestas y las represiones, es la de vandalismo. Hay uno que surge en las protestas opositoras convocadas por la MUD, pero que se sale de su control. Hay otro de origen oscuro, de acciones sigilosas que aprovecha momentos de soledad, se recurre especialmente al incendio y luego recibe amplia difusión desde los medios públicos, acusando obviamente como responsables a quienes convocan la protesta opositora.    

  En cuanto a la represión se distingue que se ejerce por un lado hacia manifestantes evitando que sus marchas avancen hacia determinadas sedes de entes públicos vinculados con las demandas o reclamos, o disolviéndolos de tal o cual sitio público. Otra represión ya selectiva, ubicando a determinados personajes opositores, sea siguiéndolos, acosándolos, amenazando y hasta finalmente deteniéndolos. Todo esto envuelto en el marco de un despliegue de amenazas emitidas sea por el Presidente de la República y por otros connotados personeros del régimen, que se repiten en niveles más bajos sea por militares represores y civiles seguidores del régimen.

  La protesta se expresa algo diferente en una misma ciudad. Hay zonas emblemáticas que son escenarios cotidianos de protestas, pero otras excepcionalmente lo hacen. Igual hay determinados poblados de mediano y pequeño tamaño en donde tradicionalmente no se manifestaba en contra del gobierno, a lo sumo las protestas se dirigían a pedir determinado servicio público, como aguas, arreglo de calles, viviendas, gas, electricidad. 

  En los últimos tiempos se multiplican las protestas en esas zonas especialmente por alimentos y contra las arbitrariedades de acciones oficialistas dirigidas contra la delincuencia, como la polémica Operación de la Liberación del Pueblo -OLP-. Sin duda, no son protestas que fortalecen al gobierno en sus propósitos de ir a una ANC como la vía para salir de la crisis, como se anunció desde un primer momento, y ahora con masiva y continua propaganda.
  
  Por supuesto que tanta actividad de protesta y represión agrega parálisis al funcionamiento de la actividad productiva, en el entendido que ya la parálisis parcial se había venido manifestando como resultante de las políticas económicas que desestiman y ahuyentan el esfuerzo productivo. Cada día menos producción, y menos importaciones. La búsqueda de alimentos, medicinas y productos necesarios para el funcionamiento de hogares y de la actividad productiva, consume grandes energías de las personas. 

  La protesta de estos tres meses no es de desempleados, claro que los hay, pero es de un variado espectro de personas, los hay desde aquellos que sacrifican en cada convocatoria el trabajo o sus actividades regulares, a otros que hacen sus arreglos para trabajar algo y también protestar,  quienes están a tiempo  parcial en la protesta van sólo algunos días, y hay quienes apoyan desde sus lugares de trabajo o residencia, con informaciones y logística. Por todo ello es un movimiento de masas de carácter nacional y multi clases sociales. Cualquier convocatoria debe tener presente que las personas han de invertir energía, tiempo y los limitados recursos para procurar lo necesario para vivir, pero no obstante se mantiene la presencia de masas en múltiples acciones de protestas  en casi todo el país. 

  Cada día son más contadas las poblaciones o zonas en donde no se manifiesta la protesta. Los más remotos pequeños poblados andinos, llaneros, centro occidentales, sur y orientales, ejercen su protesta. En algunas zonas las protestas son cotidianas, abiertas y sin temor; comunidades que se sienten seguras de sus vecinos. Pero hay otras, en donde las protestas conllevan riesgos por la vigilancia intra vecinal, se trata de los cooperantes como eufemísticamente les denominan altos personeros gubernamentales, lo que obliga a formas de protesta que no se planifican ni se anuncian. 

  Hay poblaciones de mediano o pequeño tamaño en donde predomina el empleo público, sea por la existencia de grandes empresas estatales o porque predominan los empleados al servicio de la administración nacional, regional o municipal, sumando todo ello más trabajadores que los que tienen un empleo privado. Esto facilita un mayor nivel de control e intimidación sobre estos trabajadores. Recientes están los despidos del pasado año por firmar en la solicitud del referendo. Pero no obstante las precauciones destacadas, hay que recordar que en las elecciones de Diciembre  2015, los diputados ganadores fueron opositores en buena parte de esos mismos lugares. Hay posturas opositoras electorales pero que se inhibe de mostrarlas en protestas de calle. 


  Los jóvenes que miran su futuro incierto no resisten sus ganas y necesidad de protestar, por tanto muchos se trasladan para marchar y protestar en otras zonas. Aparte, hay ámbitos en donde vecinos comprometidos con el régimen son parte o se vinculan con las facciones civiles violentas o, pertenecen a los cuerpos armados, y eso solo ha influido para estas diferentes formas de ejercer la protesta, pero no necesariamente modifica la inclinación, la preferencia y el ejercicio electoral, como demuestra el ocurrido en Diciembre 2015, además de las tendencias verificadas en algún otro evento electoral pendiente constitucionalmente.

  Para aquellos desde el Gobierno,  quienes con sus bases comiciales de esta convocatoria a la ANC, nos retroceden a la sustitución de la elección directa y universal como ya se ejerció en 1999, y también en las reformas de 2007 y 2009, la población en general siente su compromiso con la protesta, aun en las más adversas condiciones de represión y sacrificio conocidas en la historia del siglo XX y XXI de la Venezuela moderna.


  


viernes, 23 de junio de 2017

DE PARALIZACIÓN PARCIAL A HUELGA NACIONAL



 Históricamente paralizar actividades es un recurso para ejercer presión. La huelga, el paro, el cese, no son un objetivo terminal sino un medio para un fin. Es un recurso al que se llega porque se han utilizado otros sin alcanzar logros suficientes para las aspiraciones de quienes las promueven. 

La situación más común del uso de la huelga es en el medio laboral. Las empresas existen en primer lugar para producir bienes o servicios, y de ahí se derivan beneficios, compras, empleos, salarios, impuestos. Es un encadenamiento del cual un determinado centro de trabajo es una pieza que se mueve junto a otras, conformando todo un entramado. Su paralización tiene efectos en ella y en el entramado, lo que refiere tanto a personas naturales y jurídicas. Los efectos serán mayores o menores, según el bien o el servicio que deja de producirse y lo que el mismo significa en cuanto a sus implicaciones en otros sectores o actividades. Por tanto a más productiva una sociedad, un sector o una empresa, se resiente más una paralización.

 El análisis lleva a plantearse cuan productiva es la economía de una sociedad dada, referimos no enfatizando cuanto consume, sino cuanto produce para si y para exportaciones. Aquí vemos que el país ha venido perdiendo producción. Ha venido produciendo menos, y en tanto los precios fabulosos del barril petrolero lo permitieron no se resentía abiertamente esa disminución de la producción, ya que se importaba cada vez más. 

  En estos últimos cuatro años, se produce menos, bajan los ingresos, se mantienen o aumentan los compromisos como deudor, todo ello ha venido conduciendo a que gradualmente se ha venido paralizando el aparato productivo. La política gubernamental ha dado lugar a resultados que han hecho disminuir el total de la producción en un tercio. La economía es un tercio más pequeña, no obstante que la población crece y demanda más productos y servicios. Entonces, visto en perspectiva nacional hay crecientemente situaciones de parálisis, es por ello que frecuentemente se observa que tal o cual empresa no ha recibido insumos que provienen del exterior, o que si son nacionales quienes lo producen en alguna parte del proceso consume insumos importados. Un tercio menos del PIB, es un estado de calamidad. Solo pasa en países en situación de desastres, sea por razones provenientes de desajustes de la naturaleza, estados de guerra, o este nuevo caso que ofrece la experiencia  venezolana.  

  A la baja de un tercio de la economía del país, es importante matizar que los sectores de la economía real de bienes transables ha disminuido un tanto más que aquella que se expresa fundamentalmente en servicios públicos, cuya medición viene dada por los montos de las remuneraciones, que si bien han venido reduciéndose. Pero la reducción ha sido no sólo en estos sectores sino en todas las actividades productivas del país.   

 También hay paralizaciones inducidas por quienes conducen las empresas. Especialmente cuando consideran que el negocio no ofrece atractivos, entonces se deja de reinvertir para al menos mantener su capacidad productiva. Se entiende que si el contexto para producir es hostil el aparato productivo opta por mantenerse o sobrevivir. En estas decisiones son influyentes un contexto de inseguridad, de falta de incentivos, sin reglas claras, de incertidumbre. Quienes dirigen un país, y más si son los que administran la principal riqueza tienen la primera responsabilidad.  

   Todo lo anterior nos lleva a considerar  la huelga, la parálisis productiva, y su relación con situaciones que demandan la presión para un propósito político. En tiempos de la revolución bolivariana, en diciembre del 2001 se produjo la primera parálisis nacional fomentada por el sector empresarial para reclamar no haber sido consultado en la elaboración de un paquete de leyes económicas dictadas por el gobierno. Inmediatamente en el año siguiente 2002, se produjeron otros paros nacionales con el acuerdo de empresarios y la CTV, en dos de ellos el protagonismo ocurrió en el sector petrolero, tanto en abril como en diciembre de ese año. En la primera el paro y las movilizaciones produjeron resultados que llevaron, junto a otros factores, a la caída del gobierno. 

  En el segundo, el paro de diciembre del 2002, luego de sesenta días hubo un genocidio laboral con la expulsión de veinte mil trabajadores casi todos de alta calificación. Esta medida fue una auto flagelación que se hizo el propio gobierno. De hecho los resultados fueron de una pérdida incalculable si se toma en cuenta que quienes han dirigido el sector petrolero desde entonces no han podido alcanzar los índices de producción y productividad que tenía esta industria para la fecha. Al final todos pagamos estos costos, ya que el país es más rentista ahora que antes. No se ha desarrollado al presente sector alguno que haya llenado la caída de ingresos de deja un sector petrolero disminuido. 

  Según manifiestan dirigentes políticos hay consultas dirigidas a un posible paro nacional de actividades. Sería completar o extender una paralización que hoy ya existe parcialmente. Buena parte de la misma proviene de las propias medidas que el gobierno ha tomado. Las políticas oficiales han venido discriminando en la asignación de los cada vez más menguados recursos, dando a unos y negándolos a otros. Tanto para unos como para otros, la situación no es auspiciosa de aquí que los recursos que históricamente han servido para ejercer presión tienen en este momento un exigente desafío. 

@hl_lucena


    

martes, 6 de junio de 2017

LA REVOLUCION BOLIVARIANA Y SUS CICLOS ECONÓMICOS



Venezuela lleva cuatro años con el peor desempeño económico en toda América Latina y el Caribe. Desde el 2013 al día de hoy ha sido de retroceso económico continuado, y con perspectivas similares para el presente año. Para presentarlo en un marco comparativo véase que desde hace varios años Venezuela tiene la inflación más alta del mundo así como el mayor riesgo país para la inversión extranjera, déficit fiscal de dos dígitos por sexto año consecutivo, las reservas internacionales -2016- más bajas en todo el período chavista. Fijemonos que la economía se contrajo en un 10 por ciento en 2016, más que la de Siria que está en plena guerra. Se estima que la inflación en el 2017 superará un 720 por ciento, casi el doble que Sudán del Sur que ocupa el segundo lugar en la lista de países con mayor tasa, lo que ha convertido al bolívar en una divisa casi sin valor. 

  Para analizar los ciclos económicos que han transcurrido en los 18 años de la Revolución Bolivariana hay que tener en cuenta la opacidad del régimen en el suministro de datos del desenvolvimiento económico. Las entidades estatales responsables de su suministro han cedido a intereses de gobierno mas que sus responsabilidades de estado, y con ello colocando en riesgo una confianza lograda a través de toda su historia institucional. Se trata del Instituto Nacional de Estadísticas -INE- y el Banco Central de Venezuela, este que de organismo tradicionalmente autónomo ha pasado a ser un apéndice gubernamental y brinda información según conveniencias del gobierno. En el presente todo su directorio es propuesto y nombrado por el Ejecutivo. Para ello en el marco de medidas de emergencia se modificó su ley por medio de decretos que eliminaron la potestad que tuvieron por décadas el Parlamento, los gremios de trabajadores y de empresarios de nombrar sus representantes en el Directorio.

   Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. El Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda y falta de transparencia al mismo tiempo.  La Asamblea Nacional desde que la oposición asumió la Junta Directiva no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. 

  La RB ha pasado por cinco distinguibles etapas en su evolución económica. 


  1. La primera entre 1999 y 2003, en lo económico inicialmente fue de inercia ya que el gobierno no se ocupó del tema económico, ya que concentró su accionar en la Asamblea Constituyente y la elaboración del nuevo texto, todo ello implicó tres convocatorias al electorado para su participación a lo largo de 1999, un -6% del PIB, y luego las reacciones de su aplicación que se tradujeron obviamente en efectos económicos por la conflictividad abierta con sectores empresariales y laborales confrontados con el gobierno de H Chávez, y que llegaron a crear una situación  que desembocó en un paro casi nacional de dos meses. 
  2. A lo anterior sucede un período de crecimiento extraordinario entre el 2004 y 2008, percibiendo los más altos ingresos petroleros cuyo precio sobrepasó los 100$ el barril; el boom de las materias primas por la demanda China y de otros países emergentes. 
  3. La crisis global y la baja del petróleo determinan dos años de descenso del PIB, el 2009 y 2010, que con los ingresos extraordinarios del período anterior pudo evitar mayores consecuencias.
  4. Los años 2011 y 2012 otra vez los precios petroleros suben y la economía muestran cierta recuperación, pero ocurre en sectores no determinantes  en la estabilidad productiva como es la construcción de viviendas, comercio y servicios, con notables componentes importados. Por el contrario los sectores primario (agricultura, ganadería, pesca, minería) y secundario (manufactura) no son la base de este crecimiento, muy por el contrario hay un estancamiento en casi todas estas ramas productivas.
  5. Finalmente el actual período que ya va por cuatro años consecutivos (2014-2017) de descenso del PIB, luego de un estancamiento en el 2013, hacen de este quinquenio transcurrido del gobierno de N Maduro una radical regresión no conocida en la Venezuela petrolera de casi un siglo. En buena medida es esta situación de mal manejo de los recursos lo que ha levantado los primeros malestares, por el efecto de la escasez de alimentos y medicinas en la población a todos los niveles. Luego por el manejo de estas situaciones se agregaron otros factores para llevar el país a un nuevo ciclo de protestas que excede las anteriores, vista la movilización de personas y los más diversos lugares del país.

jueves, 18 de mayo de 2017

Seguridad social: tercera edad y pensiones


 Las protestas se multiplican y se extienden a diversos sectores y en los cuatro puntos cardinales de la geografía, ya van por su sexta semana y en esta ocasión convocaron a las personas de la tercera edad. Sobre este sector importa hacer algunas consideraciones sobre las pensiones de jubilación, así como la seguridad social en general.
 
En Venezuela, para 1998 el sistema de seguridad social no había cedido a las políticas privatistas que se impusieron en casi toda América Latina, seguía predominando el clásico sistema de reparto. Sin embargo el nuevo régimen al llegar al poder detuvo una reciente reforma aprobada en 1998 en el gobierno precedente de Rafael Caldera, que si bien no tenía una marcada influencia neoliberal si sugería la capitalización individual como por vía optativa, pero lo más importante era que apuntaba a hacer una reestructuración y a actualizar una seguridad social que para entonces presentaba notables limitaciones.

  El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales era un ente inauditable, sobre el cual había poca confianza en el buen uso de los recursos aportados por empresas y trabajadores, y que para hacer más transparente su desenvolvimiento era necesario separar la actividad prestadora de salud, de aquella eminentemente financiera, pero ambas seguirían en manos estatales. Este primer paso fue paralizado por el Presidente Chávez al llegar al poder.

  La proporción de trabajadores que contribuye a la seguridad social, sigue siendo de sólo un 35%, lo cual guarda relación, con la tasa de desocupación y el peso de la economía informal. No es Venezuela de los países con los más altos porcentajes de cobertura en América Latina, como si son Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil.

  La pensión de vejez se paga con el mismo monto del salario mínimo, cualquiera haya sido el aporte de las cotizaciones del trabajador. Una ley aprobada antes de la revolución bolivariana propuesta por la Causa R así lo establecía, además la nueva constitución aprobada en 1999 lo incorpora, la prestación se concibe como universal sin importar la afiliación al sistema.

  Para tener una idea clara de lo que representa una pensión de sólo el salario mínimo, en los años 2016-17 se necesitan entre 17 y 19 salarios mínimos para adquirir la cesta  alimentaria para una familia de 5 personas, según el monitoreo de precios y costo de vida de Cendas-FVM.

  En Venezuela en los últimos años el gobierno en el manejo unilateral y exclusivo de la política salarial ha tendido a priorizar el incremento de bonos antes que de los salarios, los primeros no tienen incidencia en las prestaciones y otros importantes beneficios. Esta tendencia plantea un doble efecto negativo a la seguridad social, resulta que por no ser salarios las contribuciones de la mayor parte de los ingresos de los trabajadores que ingresan a la caja del IVSS, ahí no se toma en cuenta los bonos, y para peor al trabajador jubilarse, ya no percibirá  estos bonos.

 Predomina en el mundo la extension progresiva de la edad para jubilarse, en Venezuela es de 55 años para la mujer y 60 para los hombres, esta cobertura se mantiene con edades que están entre las más bajas en el mundo. En los países donde se aprueba la extension de la edad es una respuesta a la crisis financiera de los sistemas de seguridad social, y al mismo tiempo evitando subir las cotizaciones, y que por lo demás la expectativa de vida ha venido subiendo, lo que en alguna manera concilia con la medida.

  En Venezuela los recursos para agregar más personas a percibir la pensión de vejez, que para el año 2017 alcanza alrededor de los tres millones de personas, consumen más allá de los recursos de los aportes de empresas y trabajadores, los que se estiman no llegar al 20% de las necesidades de pago del IVSS tanto en su funcionamiento como en las pensiones. La mayor parte de los ingresos con los cuales se sostiene este organismo así como el pago de las pensiones provienen de un impuesto regresivo como es el IVA, en menor medida de los ingresos de impuesto sobre la renta, y todos los años se recurre a créditos adicionales para subsanar deficiencias.

  Venezuela atiende con pensión contributiva y no contributiva un 40% del porcentaje de la población de adultos mayores para el 2010, es casi el promedio de América Latina -41%-.
“Las pensiones no contributivas aumentan, porque existen recursos para pagarlas y se descubre la tercera edad como un grupo electoral importante, que se debate entre la gracia y el derecho. Para evitar lo primero, la CEPAL, las contempla como un derecho de ciudadanía, hasta la formulación del piso de protección social.”, lo señala el experto Luis Díaz, de LUZ, en “Derecho a Mínimos Sociales”. Agrega que el esfuerzo por incluir es a quienes no tienen capacidad contributiva, los que menos seguridad social tienen, debido a que el costo de la formalidad es alto; o no tienen la oportunidad de conocer los beneficios, por razones de distancia o por ignorar los modos de ingreso; o porque la supervisión del trabajo no es suficiente. Las prestaciones no contributivas, son útiles para afiliar a ciudadanos, - ajenos a la realidad del mercado formal de trabajo-, en organismos paralelos de la seguridad social.

 Esta entendido que las pensiones no contributivas son las que más se han agregado al listado de pensionados. Diversos programas se han puesto en práctica para este propósito. Todas las decisiones que dan lugar a incorporar mas beneficiarios a la recepción de pensiones no contributivas tienen un sesgo electoral y proselitista, por la manera como se establecen los criterios de elegibilidad sin arbitraje y como son administradas, porque el margen de discrecionalidad es muy amplio y el poder de escrutinio, muy bajo. Todo se desarrolla por entidades que no son auditadas imparcialmente.

lunes, 8 de mayo de 2017

Ola de saqueos en Carabobo: desorden social como efecto del desgobierno


Cuatro días continuos de saqueos en seis de los municipios del Estado Carabobo dejan saldo de más de cien establecimientos saqueados. Esos cuatro días empezaron el martes 2, y continuaron miércoles, jueves y viernes. En algunos casos ocurrían en el día, y también en otros en la noche. En este lapso no hubo gobierno; policías y guardias nacionales no aparecían en las zonas de los sucesos, y si lo hacían pasaban de largo. En redes sociales se ha podido ver varios videos donde policías en uniforme y en equipos de transporte oficiales participan de los saqueos (http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asi-fueron-los-saqueos-carabobo-este-martes_180296); (Noticias Venezuela en Twitter_ _#4Mayo ¡Mira quien saquea! #Carabobo https___t.co_PlOi7DW8en_.htm); (https://www.youtube.com/watch?v=z75cs8jqcZI).

  Apenas recién fue al final del cuarto día de saqueos que aparecieron autoridades patrullando y tomando algunas acciones. Se concluye que los asaltos fueron realizados sin limites de ningún tipo, tan sólo algunos comerciantes que tomaron acciones directas, por ello está detenido un comerciante de origen chino, a quién se le acusa de un asesinato en la defensa de su propiedad.

  Cuando esta ola de saqueos parece haber concluido, aparece el gobierno central por intermedio del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informando el día 6 de mayo, de 135 establecimientos saqueados y de 45 bandas criminales identificadas . Agrega que “ los detenidos serán presentados a la jurisdicción penal militar, donde tribunales de su jurisdicción se encargarán de continuar con las investigaciones”. Llama la atención que a la Fiscalía, vía natural para estas investigaciones se le excluye.

  Es deplorable la tardía reacción gubernamental no obstante que vista la aguda escasez de alimentos y de otros rubros sensibles, el país ha estado en el alto riesgo de saqueos, y de hecho se han venido presentado de manera sistemática en las principales ciudades del país, pero no se había tenido una oleada de la magnitud de la de Carabobo. El año pasado hubo saqueos en Cumaná y en Ciudad Bolívar, pero todo ocurrió en no más de dos días. El país cada vez produce menos, este 2017 sería el cuarto año consecutivo decreciendo. El parque industrial de Carabobo es hoy un cementerio de galpones vacíos, de ciudad industrial de Venezuela ha pasado en estos días a la ciudad de los saqueos.

   Mientras ocurrían los saqueos en varios sitios de la ciudad hubo las diarias protestas convocadas por la oposición, en donde los jóvenes asumen altos riesgos, la represión policial y militar es excesiva y desproporcionada, ya que las exigencias de la protesta están enmarcadas en la constitución nacional, como es solicitar un cronograma electoral, la apertura de la ayuda humanitaria por la escasez de bienes esenciales, la amnistía y la liberación de los presos políticos condenados por juicios amañados y violando el debido proceso, el desarme de grupos de paramilitares y el restablecimiento del balance de los poderes públicos, particularmente el pleno ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional.

  Los gremios empresariales locales reportan más de cien establecimientos saqueados. Los invasores tomaron la mercancía, y por supuesto con destrozos de muebles e instalaciones, y no pocos casos que tomaban más allá de la mercancía en venta, como desintalar y llevarse los aires acondicionados, equipos y herramientas de trabajo. Los primeros saqueos se dirigieron a ventas de alimentos, pero luego se extendió otros establecimientos que expenden productos de otros ramos.  Ademas de comercios, también se incluyen invasiones y saqueos a industrias, tal es el caso de una fábrica de embutidos y otra de pastas. Otros saqueos que han venido ocurriendo es de los camiones que transportan alimentos, los mas frecuentes, pero también de otros productos. En estos días se recrudecieron los asaltos.

  La población nerviosamente abarrota los locales comerciales para compra de alimentos y otros productos esenciales. Los comerciantes reaccionan con miedo, algunos apenas abren parte de sus puertas y controlan el ingresos. Otros no abren. Parte de la cadena de suministros se ha interrumpido.

  En los sectores residenciales temen que los saqueos se re orienten a sus casas. Algunos pocos casos han ocurrido, y su divulgación por redes sociales ha multiplicado las medidas preventivas.

  Las protestas empezaron hace 33 días, y aún nada indica que dejarán de mantenerse, más bien por el contrario cada respuesta del gobierno las enardece. De las recientes:

El retiro de la Organización de Estados Americanos sin tener presente los procedimientos que han de seguirse "Nuestra Constitución establece que todos los acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos son parte de la Constitución, por tanto ni que el Parlamento ni que el Ejecutivo quisiera salirse de cualquiera de estos acuerdo pudiera hacerlo, porque una vez que el Estado venezolano ha suscrito acuerdos que protege derechos humanos ya es parte sustancial de nuestra Constitución..”, declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional.
 La propuesta por parte del Gobierno de una convocatoria a una Asamblea Constituyente que pretende excluir la votación directa del ciudadano para elegir a los constituyentistas.

  Pero lo real y auténtico es que no hay medidas que hayan contrarrestado el desplome de los niveles de consumo, que han sido constantes en estos últimos cuatro años, desde el 2013 a hoy.

lunes, 17 de abril de 2017

UNA CONSTITUCION A LA MEDIDA DEL REGIMEN


 El gobierno Bolivariano tuvo en estos años de ejercicio del poder las mayores oportunidades para construir un mejor país del que encontró. Empezando por reconocer que los actores políticos a quienes enfrentó en el camino para su ascenso al poder no le ofrecieron mayores resistencias. Su entrada en escena nacional fue a partir de las rebeliones militares de 1992, para el país fue una sorpresa, sólo avezados analistas podían haber advertido las turbulencias en el seno militar y su posterior emergencia en asonadas armadas. Al propio gobierno de C A Peréz II le agarró por sorpresa. 

  En Suramérica, en donde los militares habían copado casi todo el mapa, para 1992 eran parte del pasado recién superado, los militares salieron del poder por distintas vías, pero rápidamente en donde estuvieron hubo un mea culpa por la sociedad civil por haber estado el poder político en manos militares. Todo esto hace más llamativo cuan a destiempo fue la emergencia militar venezolana si se mira el continente latinoamericano.

  Los actores políticos tradicionales perdieron la capacidad de ejercer un liderazgo efectivo para conducir a las masas y para orientar al país. Ese vacío dio lugar a que en las elecciones presidenciales de 1998, poco antes de la fecha de inscripciones de candidatos el partido más influyente -AD- en los cuarenta años precedentes se desprendía y dejaba de lado la opción que venía anunciando, y decidieron apoyar al candidato con mayores posibilidades de enfrentar al ascendente H Chávez. Abonó todo ello para su amplio triunfo. Basó su campaña electoral en una crítica radical al sistema político imperante. Criticó a la democracia representativa y promovió la democracia participativa. Calificó que la primera había sido hipotecada por el liderazgo político partidista de los partidos dominantes, que se había repartido el poder a lo largo de varias décadas. 
Llenó el vacío del momento que se satisfizo con una imagen y un discurso diferente en el espectro político. 

  Más que el triunfo de Chávez fue la derrota de sus opositores lo que permitió que este nuevo gobierno se empoderara más allá de su caudal electoral. Los actores políticos tradicionales no fueron efectivos para defender lo que habían construido. 

  El mayor cuestionamiento a la democracia representativa  del Pacto de Punto Fijo en sus treinta años para 1989 fue el “caracazo" o “sacudon”. La primera explosión abierta de naturaleza social que ocurrió tanto en Venezuela como en América Latina, a propósito de la disconformidad y rechazo a las políticas neoliberales. El manejo de la situación de ese momento, y las repuestas posteriores no lograron superar el impacto traumático de lo ocurrido. El sistema político quedó agrietado y si bien se emprendieron algunas reformas favorables a la descentralización, desde cierto tiempo en discusión, la elección directa de gobernadores y alcaldes, ellas no fueron suficientes para repararlo. Por cierto que más tarde, la descentralización se detuvo con la nueva institucionalidad puesta en ejercicio desde 1999, que recentralizó en el Poder Ejecutivo nacional estas mismas actividades. 

  En este ventajoso marco el gobierno bolivariano tuvo las mejores oportunidades para revisar, promover y ensayar conceptos e instituciones en todos los órdenes posibles de la vida nacional.  El país le dio la más amplia oportunidad. En la misma convocatoria al primer referéndum consultivo, el que preguntaba a los ciudadanos si querían que se convocara a una Asamblea Constituyente, hay que destacar que la Constitución del momento, la de 1961, no tenía tal figura. Se invocó desde sus promotores bolivarianos que esa institución era el más autentico poder originario ya que era el pueblo quién iba a decidirlo. En el país no había antecedentes. Con la euforia del reciente triunfo electoral, y con la casi postración de los actores políticos tradicionales, lo que vino de ahí en adelante fue el llenado de los requisitos para hacer un proyecto a la medida del nuevo gobierno. 

  La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la fórmula gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 62% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas, en tanto, la oposición con un 35% apenas alcanzó un 5%. 

  La oposición sin brújula por varios años, dieron lugar a un errático desempeño en la política electoral de 1998 y los años siguientes, incluso llegando abandonar su participación en las elecciones parlamentarias del 2005. 

  Dos traspiés electorales efectivos se cuentan en tantos años de manejo por parte de los actores políticos del régimen bolivariano, el referéndum para modificar la CRBV en el 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015. El partido gobernante tuvo un tercer traspié electoral, el de las mismas elecciones parlamentarias del 2010, cuando con sólo el 47% de los votos obtuvo más del 60% de los curules. Pero esas mismas matemáticas engañosas le sirvieron a la oposición en las elecciones del 2015 para que con menos del 60% de los votos lograra más de dos tercios de los diputados. 

  Hoy el régimen bolivariano viola la Constitución que hizo a su medida. ¿Y cómo lo hace?, negando elecciones, desconociendo poderes legítimamente electos, ejerciendo poderes inconstitucionales desde el Ejecutivo, comprometiendo a la República ante poderes externos sin el debido proceso legislativo, y todo con una sala constitucional del TSJ legislando más que interpretando, con la existencia de cuerpos paramilitares agrediendo a mujeres y hombres electos para representar al pueblo en el parlamento, y por supuesto a indefensos ciudadanos, y todo a la vista de cuerpos militares y policiales que olvidan el cumplimiento constitucional.




lunes, 3 de abril de 2017

IMPLOSION EN EL AUTORITARISMO


Escribir sobre temas del mundo del trabajo y de políticas públicas que ejercen influencia en su desenvolvimiento demanda tener presente la situación política del país. Es válido para todo análisis en la materia, con igual jerarquía cabe reconocer a los temas socio económicos. 

  Esta semana ocurrió una implosión en los poderes públicos que hasta diciembre del 2015 venían actuando al unísono. El llamado régimen chavista tuvo hasta esa fecha el control de los cinco poderes públicos constitucionales. El amplio triunfo opositor en las elecciones parlamentarias que les condujo a alcanzar los dos tercios de la Asamblea Nacional produjo un cisma en la ventaja de la que dispuso el chavismo para ejercer su gobierno.

  Apenas ocurrido ese amplio triunfo parlamentario opositor, el chavismo empezó a blindarse para sustraer facultades a la nueva Asamblea. Así como lo había hecho en aquellas derrotas electorales puntuales en algunas pocas gobernaciones y alcaldías; en ese sentido hay que citar la creación desde el ejecutivo nacional de los gobiernos paralelos en los Estados Miranda y Lara, así como en la Alcaldía Metropolitana.

  En la situación particular de sustraer facultades a la nueva Asamblea, es destacable la de pedir la renuncia de aquellos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a quienes se les vencería su termino de doce años en el transcurso del mandato de la nueva Asamblea, y abocarse de inmediato a nombrar los nuevos magistrados. Pero para cumplir con este proceso no había posibilidades que se cumplieran los lapsos reglamentarios antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, por lo que se violentaron los procedimientos y esa aceleración llevó a que en el argot parlamentario se hablara desde entonces de los magistrados express

  A partir del inicio de actividades de la nueva Asamblea, el TSJ se ha convertido por intermedio de la Sala Constitucional en el fabricante de decisiones que cuestionan y anulan casi todos los actos de la mayoría parlamentaria. El inicio de los cuestionamientos empezó contra los diputados indigenas del Estado Amazonas, tres opositores. Sin juicios ni defensa se les ha suspendido del ejercicio de sus actividades parlamentarias, no obstante haber recibido la credencial del órgano electoral y juramentado formalmente. 

  De ahí en adelante suman 54 decisiones del TSJ oponiéndose al libre ejercicio de las mas importantes facultades de la Asamblea Nacional,  que se listan en el artículo 187 de la CNRBV, destacándose legislar, controlar al gobierno y a la administración pública, organizar la participación ciudadana, amnistiar, aprobar el presupuesto nacional, todo lo relativo a tributos, crédito público, planes de desarrollo económico y social, contratos de la República con gobiernos o empresas no domiciliadas en Venezuela. 

  A lo largo del 2016 las relaciones del resto de los poderes con la Asamblea Nacional ha sido tensa y llena de dificultades. Casi todas las leyes aprobadas por la AN son rechazadas por el TSJ, por otro lado el Ejecutivo ha extendido de manera permanente el ejercicio gubernamental con poderes habilitantes cedidos antes del ejercicio de la presente AN.

  La implosión aludida anteriormente refiere a la discrepancia de la Fiscal General de la República con las Sentencias del TSJ Nos. 155 y 156,  que las ha calificado de significar “la ruptura del orden constitucional”, es decir un golpe de estado, como desde un primer momento las identificaron la mayoría parlamentaria. El gobierno nacional sólo reconoce como un impasse entre poderes y convoca a un órgano consultivo, el Consejo de Defensa de la la Nación, solicitando que el TSJ enmiende las sentencias, que lo hace parcialmente con las Sentencias 157 y 158. 

  Sin embargo con los antecedentes de las actuaciones de la Sala Constitucional del TSJ, esta enmienda no resuelve la crisis desarrollada a lo largo del gobierno chavista de tener poderes subordinados al Ejecutivo y enfrentados en este pasado año y tercio a la Asamblea Nacional, el poder electo de más reciente fecha y reflejo de una realidad electoral nacional ejercida en condiciones adversas bajo un Consejo Electoral Nacional controlado políticamente por el oficialismo, lo que se expresó en restricciones y falta de imparcialidad.  

  Todo esto ocurre en un país que tiene hoy 30 millones de habitantes, más de dos siglos de vida republicana, que logró en la segunda mitad del siglo XX establecer un sistema político que eligió consecutivamente a ocho gobiernos civiles en amplias y abiertas elecciones, sin traumas y en paz, que si bien el sistema político dejó franjas de exclusión, hubo la oportunidad para que otras opciones, como por ejemplo la representada por el auto denominado chavismo experimentara su proyecto. Además con justo orgullo esta corriente destaca sus consecutivos triunfos electorales empezando por el logrado en diciembre del 1998, cuando accede al poder, en elecciones organizadas y administradas por autoridades electorales imparciales,  y en los años sucesivos acumuló otros importantes triunfos electorales, pero que en cierto momento el CNE fue puesto al servicio del modelo chavista y perdió la imparcialidad, como ocurrió con todos los otros poderes, y es ese marco de subordinación que los ha hecho funcionar al margen de los mandatos constitucionales, sin control ni balance de poderes, lo que ha llevado a la sociedad venezolana a una situación de autoritarismo, caos y retroceso. 


@hl_lucena

lunes, 20 de marzo de 2017

EL NO RECONOCIMIENTO COMO FUENTE DE CONFLICTO LABORAL


Vivimos en el país una época en donde poco se dialoga. Se menciona la palabra diálogo para referirse a situaciones que no lo son precisamente. En las relaciones de trabajo ese mecanismo es imprescindible. Las negociaciones de las condiciones de trabajo descansan en el diálogo. El país con la inflación más alta del mundo, no cuenta con mecanismos para dialogar sobre el tema. Es un reflejo que para el gobierno las organizaciones del ámbito productivo y laboral no le resultan relevantes.

  Entre los poderes públicos fundamentales, en el debate y análisis del problema, hay un abismo por el no reconocimiento. Un Ejecutivo que no reconoce al Legislativo, al tiempo que los otros poderes públicos subordinados al primero hacen de comparsa que agudizan la crisis institucional. El Ejecutivo gobierna al margen del Legislativo. Incluso no hay lugar, por el nivel de las restricciones en el funcionamiento institucional, que de los otros poderes haya cualquier intento de una actuación que discrepe del deseo del Ejecutivo. 

  En este caos institucional la situación económica y política no parece encontrar límites. Por otro lado la conflictividad se mantiene expresándose en diversas maneras. Unas individualmente, otras colectivas. Las encuestas que sondean el estado de animo de los ciudadanos muestran el desencanto y rechazo al actual estado de cosas. Sin embargo la conflictividad individual no hace mayor mella en el diseño, mantenimiento, o sustitución de políticas oficiales tales o cuales. Por supuesto que el malestar de los ciudadanos se forma y persiste al sentir cotidianamente el desmejoramiento de su calidad de vida y la falta de expectativas. Ese malestar usualmente se expresa es en los procesos electorales, de ahí la gravedad de su negación.

  Las manifestaciones de la conflictividad colectiva son recurrentes en las relaciones de trabajo; no le son extrañas. Cierto que existen visiones que ven en la relación de empleadores y trabajadores solo la dimensión de la cooperación, y por tanto soslayan la de la conflictividad, algunas lo hacen por estricta orientación gerencial y otras por razones ideológicas de querer someter corporativamente a los trabajadores a un determinado comportamiento afín con el régimen político dominante. 

  Pero es evidente que trabajadores y patronos tienen encuentros y desencuentros, consensos y disensos. Estos últimos sustentan la conflictividad; la que es posible en tanto haya organización colectiva. Por ello en lo individual, es un desafío aquel que asume enfrentar a un patrono para que adopte o deje de adoptar una determinada decisión, en salarios, en condiciones de trabajo. Para los trabajadores individuales enfrentar al patrono es tener que irse o someterse a un empleo sin mayores expectativas de progreso o del ascenso en la carrera organizacional.

  Por entender que desafiar el poder patronal es riesgoso, es por lo que las organizaciones de los trabajadores han sobrevivido a tantos esfuerzos gubernamentales y patronales por minimizar su papel e importancia. Agreguemos que en el propio seno de las organizaciones de los trabajadores también se incuban prácticas que minimizan su accionar. Claro que ellas son organizaciones vulnerables a prácticas que generan controversias y por tanto sujetas a un escrutinio colectivo mayor que la generalidad de las organizaciones en el ámbito laboral.

  Con el objeto de eludir las pretensiones gubernamentales y patronales de erosionar y hacer mella en el seno de las organizaciones de los trabajadores, es universal el principio de la libertad sindical, enfatizando la autonomía y la prohibición de injerencia de terceros. 

  La representación de los trabajadores es un asunto de ellos. Si no fuera así, entonces no tendría sentido su existencia. Es igual que la representación de las organizaciones de los militares, del clero, de las transnacionales, están sólo enmarcadas en el interés común de la convivencia con el resto de la sociedad y del cumplimiento de sus roles.


  Toda la reflexión anterior se plantea porque una vez más el gobierno pretende decidir quién representa a determinados sectores para la revisión y negociación de sus condiciones de trabajo. En el ámbito universitario, en este pasado 31 de diciembre del 2016 venció la convención colectiva -llamada en este caso normativa laboral- y empieza este año con su revisión, pero el primer escollo para esta comunidad es nuevamente el problema de la injerencia patronal estatal en los asuntos internos de la representación de los distintos sectores laborales universitarios. Ya ocurrió otro tanto con ocasión de la negociación de la primera y segunda normativa laboral en 2013 y 2015. De ahí derivan tensiones, escaramuzas y conflictos que se agregan a una sociedad que ya vive en extremas penurias y zozobras por la hiperinflación, la escasez y la inseguridad personal. 
  



martes, 14 de marzo de 2017

INFLACION, RENDICION DE CUENTAS Y METADATA

   

La Asamblea Nacional acaba de iniciar la publicación de datos de la inflación acaecidos mes a mes, y la acumulada tanto en lo que va del año como en la del año completo. Llena un vacío dejado por las entidades estatales que tienen esa obligación, referimos al BCV y al INE. Señalamos que estas entidades están equipadas de los recursos tecnológicos, profesionales y humanos para responderle al país el cumplimiento de estas obligaciones. 

  Lo que de manera emergente empieza a realizar la Asamblea Nacional es una situación extraordinaria. Esta iniciativa ha tenido como promotor y vocero al Diputado José Guerra, quién en sus antecedentes profesionales ha sido jefe de investigaciones del BCV, y por tanto familiarizado con los métodos de recopilación, procesamiento y presentación de los índices inflacionarios. En todo caso son métodos aceptados por estas instituciones como el BCV y el INE para brindarle a la sociedad la certeza del curso que sigue la economía en lo relativo a las áreas de indagación.

  Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. A pesar de los llamados de atención por parte del Legislativo, los índices dejaron de publicarse. Evidente que existe una pugna entre los poderes que trasciende este tema particular. Cabe también señalar que nuestro país tiene a lo largo de su historia un sistema de gobierno de marcado carácter presidencialista y la Constitución Bolivariana del año 1999 lo ha acentuado. Que el Poder Legislativo logre el grado de control de la actividad del ejecutivo mencionado en la Constitución Bolivariana no se ha alcanzado.

  La Asamblea Nacional no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. Tan solo el Presidente de la República recién instalada esta Asamblea Nacional presentó su informe en los inicios de las sesiones, en enero de 2016. De ahí en adelante han sido en vano los esfuerzos de la AN por requerir la comparecencia de altos funcionarios a rendir cuentas ante las comisiones especializadas del Parlamento. 

  La Constitución Bolivariana sobre estos asuntos indica: 

“Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta Constitución reconoce.”

  
No habían transcurridos los primeros dos meses de la nueva AN, por primera vez con amplia mayoría opositora, cuando el 1 de marzo del 2016  el TSJ a través de la  Sala Constitucional fija posición limitativa para que se realice la actividad de control que se menciona en los artículos transcritos. 

  Las personas naturales y jurídicas están obligadas a presentar diversidad de datos a los entes estatales, que han de ser utilizados para la construcción de políticas e índices para  su utilización en el funcionamiento del país. 

  En ese orden se destaca que es inmensa la recopilación de datos que el Estado recoge por vía de sus funciones de recaudación tributaria, de identificación, de dador de educación, de salud, de justicia, de seguridad y asistencia social, de administración del trabajo y de justicia.

Martin Hilbert “estima que el Estado posee alrededor de un tercio de los datos de un país, lo que es mucho… El gobierno sabe todo lo que pasa en los colegios, en los hospitales, en los servicios de impuestos… Se puede aprovechar mucho más para políticas sociales y económicas, sobre todo en América Latina”

  El mismo experto señala a propósito de los censos nacionales que con los datos que se obtienen de los celulares y usando solamente lo que se llama metadata, o sea sin escuchar conversaciones ni saber con quién se habla, sino sólo con qué frecuencia y con qué duración usas el celular, con eso se puede hacer ingeniería reversa y reproducir el 85% de los resultados de un censo: si eres hombre o mujer, cuál es tu rango de ingresos, si tienes niños, si estás casado, tu origen étnico…
(Martin Hilbert en http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/ ). 

  En nuestro caso el Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda por un lado, pero de opacidad y falta de transparencia al mismo tiempo. 

  Quienes compran y venden, quienes negocian salarios, contratos, inversiones, ahorros, se desenvuelven en los mercados sin el fundamental apoyo de las entidades estatales que existen para orientar y brindar información, pero también que quienes tienen acceso a los recursos sofisticados de alta tecnología disponen de data e índices que les permite mayores ventajas por el vacío institucional.


@hl_lucena

miércoles, 1 de marzo de 2017

EVOLUCION DE LA PERDIDA DEL VALOR DEL TRABAJO


  En un plazo amplio la situación del asalariado se ha degradado a niveles impensables. Si bien día a día, semana a semana, mes a mes, en tiempos de hiperinflación se siente sus efectos, es importante ver la evolución de las condiciones de trabajo y de vida en una perspectiva más amplia, y que al menos tengamos a nuestro alrededor evidencias en las propias personas que nos rodean, de testimonios que señalen el contraste llamando la atención y alarma que plantea la degradación del asalariado. 

   A principios de los años setentas el ingreso a la carrera académica era con un sueldo mensual que oscilaba de Bs 3700 a 4000, para entonces el dólar se cotizaba a un valor único de Bs 4.30, por tanto en dólares el ingreso a esta carrera era con $USA de 860 - 930 mensuales. Si el ingreso fuera hoy y se mantuviera el mismo nivel de salario en bolívares a tasa dicom  -Bs 690- el ingreso a esta carrera sería con un sueldo mensual entre 593 - 641 mil bolívares.

  Si 25 años más tarde, mediados de los noventas, este mismo trabajador se acoge a la jubilación y por tanto egresa, recibía unas prestaciones sociales que le permitieron adquirir un apartamento en zona residencial, equiparlo y le alcanzaría para adquirir un vehículo nuevo. Generalmente ya estos bienes los había adquirido con su sueldo, pero podía agregarlos para asegurar una renta por alquiler o provisiones para dependientes, o bien decidía darle otro destino a estos ingresos de prestaciones sociales. 

  ¿Qué tenemos hoy para el que ingresa y para el que egresa de la carrera académica? En el primer caso un salario que estará por los Bs 55.000 mensual y que traducido a dólares dicom representan $79.71. Por otro lado quienes egresan de la carrera al menos 25 años más tarde, hoy difícilmente tengan sus prestaciones completas porque la misma depauperación salarial lleva a pedir anticipos de manera permanente, por lo que el cobro de prestaciones puede representar la compra de una nevera y algún otro artefacto de menor valor, o la reparación del motor del vehículo. 

  Los salarios y las condiciones materiales de vida se han desplomado en este lapso que va desde 1998 hasta nuestros días. Este mismo ciclo ocurre para quienes trabajan como asalariados en salud -médicos, enfermeras, empleados y obreros- , en justicia -jueces, secretarias, alguaciles, asistentes- en administración pública -funcionarios de todas las categorías-, en la industria manufacturera - obreros, técnicos, administrativos -, en el comercio y servicios -agentes de ventas al mayor, vendedores de mostrador, informáticos, mantenimiento-. En síntesis la población asalariada ha experimentado un desmejoramiento absoluto de sus condiciones de trabajo y de vida. 

  En este ciclo siguen existiendo las organizaciones representativas de los trabajadores, los convenios colectivos y los mecanismos de reclamo y de demanda para el cumplimiento y revisión de las condiciones de trabajo, pero la situación de deterioro de las condiciones de vida sigue su curso indetenible y todas las instituciones que otrora sirvieron para mejorarlas de manera real y efectiva, hoy se han vuelto impotentes.  

  Se cree que existe la protección de los trabajadores porque hay leyes y reglamentos que así lo declaran en su exposición de motivos, en su articulado, pero la situación de los trabajadores se sigue deteriorando. Se siguen formando sindicatos, federaciones e incluso nuevas centrales nacionales, pero ello por si solo no logra revertir la situación de deterioro permanente. 

  Igualmente en el sector público se continúa negociando convenios colectivos aunque con algunas dificultades, ya que no se negocia con fluidez apenas vence el convenio vigente, los procesos para negociar y su desarrollo son traumáticos, engorrosos, las organizaciones han perdido libertad por la dependencia a conceptos y procesos que los hacen ser menos autónomos, trayendo como resultados incluso el sacrificio de beneficios de los trabajadores. 

  En el sector privado, más escrutado por las autoridades, lo que no ocurre con el sector público, de aquí que  las negociaciones tienden a ser más expeditas, pero aún los resultados de los convenios solos no pueden evitar el deterioro del sistema productivo en su capacidad para ofrecer suficientes bienes y servicios, por lo que las distorsiones que dan lugar a escasez y mercados negros le arrebatan sus ingresos.

  La manera como se ha venido conduciendo el país no permite que estos problemas puedan ser resueltos, aún manteniendo aparentemente las instituciones laborales, si bien ellas fueron las que otrora contribuyeron y permitieron al asalariado el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida, como aumentos reales de salarios, fomento de organizaciones de los trabajadores, de negociaciones colectivas, pero hoy han cambiado radicalmente las condiciones del contexto en las cuales se desenvuelve la actividad productiva y el funcionamiento político y social, lo que restringe directamente las condiciones para que en el país se reactive su desarrollo productivo.


  El valor del trabajo se ha reducido, al tiempo que el país produce menos. Hay menos empleos productivos. Por un lado se multiplican actividades de sobrevivencia, y en contraste el país repite formas de administrar errática y dispendiosamente sus cada vez más escasos recursos. Iniciamos este año con incertidumbre y desasosiego. Hay que empezar por encontrar y construir más certidumbre. 

martes, 21 de febrero de 2017

SALARIOS Y BONIFICACIONES PARA ESTAR PEOR


Empezando el año se decreto una revisión del salario mínimo a partir del 1 de Enero. Era la 3era revisión consecutiva cuyos lapsos entre una y otra era de 60 días, reflejo directo del camino sostenido hacia una hiperinflación en el presente año. Para este 1ero de Marzo se completa otro nuevo ciclo de sesenta días, el aumento del ingreso de los trabajadores ya está decretado con el aumento del valor de la unidad tributaria que a partir de la presente fecha pasa de Bs 177 a Bs 300, lo que representa un incremento del 70% que repercute directamente en el bono de alimentación que pasaría de Bs 63.720 a Bs 108.000 mensuales.

  Este proceso que da lugar a que los trabajadores perciban más ingresos por la bonificación (Bs 108.000) que por el salario mínimo (40.638), donde lo primero representa 2.65 veces los segundo, lo que se traduce en una real situación de bonificación de los salarios.  Este fenómeno nos remite al proceso que a lo largo del período  que va desde fines de los años 80s hasta 1997, que llegó al extremo de que la bonificación representaba cuatro veces más el salario mínimo, por lo que en un momento dado los trabajadores percibían de salario mínimo Bs15 bolívares diarios, en cambio tenían Bs 75 de bonificación, cuatro veces más. En este momento tenemos una relación que fomenta la bonificación al tiempo que desalariza el ingreso de los trabajadores, el fenómeno ha sido continuado y en cada ocasión de revisión del ingreso la brecha se amplia a favor de la bonificación. 

  Esta tendencia es de consecuencias muy importantes para que sea promovida al margen de los actores productivos y laborales. Existen países en donde las cargas distintas al salario son de poca monta, y ofrecen un pago sustancioso de los salarios. En nuestro caso se han fomentado cargas al empleador basadas en la condición de asalariado tutelado, pero manteniendo muy bajos salarios. Todo ha ocurrido sin que se ha haya fomentado la creación de empleos de calidad. ¿Que es lo que se quiere? ¿Hacia donde se pretende llevar la situación de los ingresos del trabajo? Son temas pendiente de debatir.

  Está muy bien entendido la distinción entre bonificación y salario porque este último implica repercusiones directas en todos los conceptos que han de retribuirse al trabajador en su condición de dependiente, en cambio la bonificación tiene algunas restricciones por no tener carácter salarial, especialmente en la relativa a las utilidades, en las bonificaciones por vacaciones y en las prestaciones sociales, entre las más importantes. 

  Esta evolución de la bonificación que es del mismo valor para todos los trabajadores que lo perciben,  también implica que al revisarse sólo el nivel de los salarios mínimos,  no se tocan las categorías que ganan por encima, salvo que este incremento los supere, entonces se corrige para que no quede nadie por debajo del mínimo. De ello deriva una tendencia a homogeneizar los salarios y en general los ingresos laborales de los trabajadores. Tendemos a ser una sociedad más igualitaria, pero aceleradamente más pobre con la igualación hacia abajo.

  Para mantener los diferenciales una opción es incrementar las categorías superiores en las mismas proporciones en que fue incrementado el propio salario mínimo, obviamente este incremento ensancha la brecha en valores nominales, pero no en términos relativos. En otras palabras esto serían aumentos generales de salarios. Es la opción que evita la continuada reducción de los diferenciales. 

 Colateralmente la bonificación tiene consecuencias perversas para el sistema de la seguridad social ya que le resta recursos. Los aportes que se hacen en función de los salarios, tanto los patronales como de los trabajadores, dejan de tomar en cuenta el 73% de los ingresos ordinarios de los trabajadores. Agreguemos que la justa incorporación al jubilado del equivalente de la bonificación por alimentos, hace más dependiente sus ingresos pensionales del presupuesto público y no del sistema de seguridad social. Esto en el fondo implica unas pensiones más inestables, si bien se pueden estar cobrando regularmente, mes a mes, pero con billetes con menor poder adquisitivo, emitidos para mantener las pensiones como un programa más de la asistencia social.

  Por supuesto que los planteamientos expuestos no atienden a la preservación del poder adquisitivo de los salarios, es decir los salarios reales. La teoría que reconoce que los salarios han de incrementarse porque dinamizan la economía exige que haya producción nacional. De lo contrario estos incrementos se convierten en cada vez menor adquisición de productos y servicios, cada vez más escasos y por tanto más caros. Y si aparecen de pronto en los anaqueles, ello proviene de misteriosas importaciones con precios claramente dolarizados a tasas cercanas o equivalentes a las del mercado paralelo. En este contexto las revisiones de los  salarios son un espejismo, solo sirven para fines propagandísticos del Ejecutivo, pero para quienes lo perciben lo ven con preocupación y como una abierta falacia.  

  Recordemos que no se maneja en la toma de decisiones ninguno de los típicos índices propios de la revisión salarial, como son:

  • Los de costo de vida, ya sea generales, por regiones, por segmentos de ingresos; de los niveles de precios por rubros; 
  • Del estado del uso de la capacidad productiva, de la producción en unidades y en valores monetarias; 
  • De la productividad por el uso eficiente de los recursos; 
  • De los niveles y de la calidad de los empleos; 
  • De las inversiones para mejorar y mantener la capacidad productiva; de estímulos a los productores. 

  Todas las decisiones sobre salarios que se han venido tomando desde el Ejecutivo no son debatidas con los factores de la producción,  y tampoco con las instituciones que disponen de la representación propia de una sociedad con una constitución que fija estos procedimientos. Lo acordado unilateralmente no pasa de ser intentos de muy corto alcance para corregir las anomalías que predominan en el acceso a los bienes para la sociedad y en el funcionamiento normal del sistema productivo.

  Se afirma de parte del Ejecutivo que esta política salarial está enmarcada en leyes de emergencia económica, del plan de la patria y del presupuesto nacional, pero es evidente que se trata de instrumentos referenciales que no han sido discutidos y debatidos en los espacios propios establecidos en la constitución de la república. Todo ello agrega desconfianza a los agentes económicos. No hay rumbos claros en lo económico, por tanto continúa el deterioro para la sociedad tanto del lado del trabajo como de las empresas.