Desde círculos sindicales se viene mencionando una posible huelga. Al momento de escribir este artículo (14-7-17) no se observa que sea una posición formal, la invocan algunas corrientes de las varias que conforman el movimiento sindical, tanteando el ambiente.
Hay que destacar que el país no está en situación de normalidad productiva, ya que ello exige un contexto que contribuya a la certidumbre, lo que no es posible en tanto no hayan garantías, transparencia y seguridad para quiénes intervienen en la producción. Las políticas económicas impuestas desde el Gobierno han sido efectivas en reducir la producción, durante varios años la compensaba con importaciones, pero la baja de las reservas, la disminuida entrada de divisas, los crecientes compromisos con los acreedores y las dificultades para acceder a créditos en el mercado internacional llevaron inevitablemente al actual colapso.
Por supuesto que la población tiene que sobrevivir, alimentarse, tratar de estar sanos, cubrirse, atender sus necesidades básicas, y por tanto siempre hay compradores que buscan afanosamente los productos y servicios que requiere. Hay un sistema productivo que atiende con dificultades esta demanda y no porque sea alta y creciente. Este sistema es cada vez más caótico, por un lado el formal de los establecimientos comerciales, pero por el otro un sistema paralelo que siempre ha existido, la informalidad, pero que en las actual situación de escasez se multiplica y crea nuevas formas de distribución, apoyándose en las comunicaciones digitales.
Estos hechos económicos han dado lugar a que la vida del venezolano se haya empobrecido a tales extremos que el nivel de la pobreza ha llegado a alcanzar en este último bienio el 80% -Encovi, 2016 y 2017-. Existe el consenso en reconocer que a estas alturas del desarrollo de la crisis global que afecta la sociedad no hay salida sino por la vía política. El referendo y las elecciones regionales negadas el pasado año bloquearon esos mecanismos constitucionales, luego un diálogo fallido también truncó esta vía política. Son estas frustraciones las que explican la persistente protesta de estos últimos meses, que es predominantemente política, pero que lo social y lo económico está alojado en su seno.
La Consultora ORC reporta que sus análisis de las motivaciones de las protestas en el primer trimestre del presente año guardaban similares patrones a los prevalecientes en el pasado año. Este 1er trimestre se registran 900 protestas predominando como motivación quejas relativas a los servicios públicos. En tanto en el 2do trimestre se produce una hecatombe al sumar 6.300 protestas, siendo el 90% de ellas por razones políticas. Rehuir las elecciones directas, lo que en la CNRBV se asume como la democracia participativa y protagónica es el punto de partida que lleva al gobierno a asumir posturas dictatoriales y autoritarias. Gobierno, TSJ, CNE y FFAA imponen la ley del más fuerte, por otro lado la AN y la FGR resisten.
En tales circunstancias en donde existe una paralización parcial de hecho en el ámbito productivo, unas restricciones a las libertades políticas y una cruenta represión violatoria de los más elementales derechos humanos, es por lo que emerge el planteamiento de la huelga. Pero no sería una acción típica de las convocadas para reivindicar derechos laborales, como salarios y condiciones de trabajo, sino que tendría un sentido más amplio como son los reclamos por derechos humanos, políticos y sociales.
El gobierno responde a las acciones ordinarias de la Asamblea Nacional con su desconocimiento, atropello institucional y material que alcanzaron su climax con las violaciones de principios y conceptos fundamentales de la carta magna como los emitidos en las muy famosas sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ, que dieron lugar a la reacción de la Fiscal General de la República de señalar “la ruptura del hilo constitucional”. Esto se completa con un asalto durante la sesión especial por el Día de la Independencia
Por otro lado el gobierno responde ante las acciones de movilización y protesta de la población, con los partidos opositores y movimientos sociales, con medidas de naturaleza militar y represiva, y en lo político desde el 1 de Mayo con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que lleva junto al TSJ y el CNE a la violación de derechos de participación de los ciudadanos.
Finalmente hay que destacar que el Gobierno tiene poca sensibilidad con la continuidad productiva, poco le importan las parálisis de este campo. De hecho sus erráticas políticas económicas son las primeras responsables de tantas santamarías bajadas. Haber preferido importar alimentos procesados y hasta organizar las bolsas Clap en Panamá, en vez de fomentar la producción agropecuaria e industrial nacional es dar la espalda al trabajo y a la producción nacional. Y para aquellos que no se someten al “carnet de la patria” son llevados al sacrificio de obligarlos a convertir sus magros ingresos en la compra de alimentos y productos del hogar a precios dolarizados.
Por tanto ante los planteamientos expuestos, una invocación de la huelga va más allá del mundo sindical, y se extiende, tanto como compromete, a otros movimientos sociales igualmente cercenados en sus derechos fundamentales. Es una planteamiento del mundo opositor en su diversidad, civilidad y pluralidad.
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