PENSIONADOS, INCERTIDUMBRES Y OPORTUNIDADES

   Desde hace varios años investigaciones en el tema demográfico han llamado la atención de nuestra entrada a una interesante etapa, denominada  la del “Bono Demográfico”. Deriva esta etapa de la evolución de un conjunto de indicadores relacionados con la natalidad y la mortalidad, que dan como consecuencia que durante un lapso de 30-40 años predominará la población en edad laboral, dejando atrás una etapa en donde predominaban los jóvenes en edad menor a la productiva, lo que en otras palabras representa que tenemos una verdadera ventaja de oportunidades.

   Esta etapa ofrece oportunidades únicas para el desarrollo ya que predomina en la composición de la población, quienes ya han recibido una importante inversión en cuidados como infantes y en educación, y por tanto dotados de las condiciones indispensables para la producción. Estar en esta etapa representa tener dos personas dependientes por cada tres activos en el mercado laboral. Nosotros estamos en el mejor momento para potenciar una etapa que tendrá repercusiones en la construcción y ejecución de políticas en varias áreas del desarrollo.

 

  Este período se presenta en la historia de la sociedades en una sola ocasión. Luego, más adelante dará paso a un estadio de predominio de la población de mayor cantidad de años, la cual demanda mayores exigencias en salud y cuidados, y obviamente ofrecerá gradualmente menor presencia en actividades laborales, que es lo que se observa desde hace varios años en los países europeos; los que se han visto obligados a modificar criterios para el acceso a la jubilación, elevando la edad o exigiendo mayor tiempo de vida laboral y de cotizaciones. Por cierto que en ocasiones leemos opiniones peyorativas sobre los ajustes que experimentan los sistemas de seguridad social en estos países, cuando desde nuestro contexto, aún en las ventajosas condiciones que ofrece la composición etaria de nuestra población, tenemos muy serios problemas por resolver. 


  La población de jubilados -IVSS- se ha incrementado rápidamente desde 1998 para acá. Pasamos de cuatrocientos mil en ese año a dos millones seiscientos mil entre jubilados y pensionados en el 2013, resulta un salto notable al ver la relación con el total de población de cada momento, en el primer caso se trata de un jubilado por cada cincuenta y nueve personas y en el segundo cada once personas. No obstante este salto cuántico en el número de pensionados, se aminora un tanto al observar que todos los jubilados son tratados por el IVSS con el pago de una pensión al nivel del salario mínimo, independiente de cuanto era el salario de referencia sobre el cual cotizaba el trabajador en su vida activa. 

  Pero en este presente año 2014 se ha resentido este crecimiento, ya que en lo que va del año no se han agregado nuevos jubilados el total nacional, no obstante que cada mes nuevas personas cumplen los requisitos mínimos de edad y de cotizaciones, esto sin entrar a considerar programas de asistencia social que llevan la pensión a personas que no cotizaron en su vida laboral al ente receptor, y que igualmente nutren la contabilidad de beneficiarios. 

  En el orden financiero el pago de las pensiones por jubilación descansa en la tesorería nacional, es decir renta petrolero y los impuestos. Los ingresos que percibe el IVSS de los cotizantes personas naturales y jurídicas,  buena parte se los consumen sus propios gastos, es por lo que a lo largo del año a base de créditos adicionales, incluso hasta de bonos y préstamos, es como el Estado cumple con el pago a los jubilados, lo que a todas luces representa una seria inestabilidad en el cumplimiento con esta importante población nacional. Con motivo de la devaluación de inicios del pasado año, el entonces ministro de Planificación Jorge Giordani, llegó a expresar que "¿De dónde se van a sacar los reales para mantener los 2 millones y medio de pensionados? Eso es justo, nadie discute la justicia, pero eso cuesta” (El Universal 20-07-2013). Demás esta repetir que el IVSS es un ente calificado desde hace muchos años de inauditable.

  A la población de jubilados mencionados en los párrafos anteriores, agreguemos los jubilados y pensionados por otras vías estatales, que son bastantes, y los privados que no  lo son tanto. No contamos con datos fidedignos para asomar cifras. Esperemos que entidades públicas y privadas concernidas nos los provean. Sirva para recordar el atraso que el parlamento tiene con la construcción de las leyes pendientes de la seguridad social, que incluye la de pensiones y jubilaciones, un atraso de doce años. Si en este largo lapso se han acopiado estudios, consultas y elaboraciones, no estaría del todo mal, pero sólo vemos inercias.  

  En este contexto los recursos de los fondos de jubilación establecidos en el país, como efectivamente existen en el marco de algunas instituciones, para fines complementarios y como contribuyentes al apoyo de sus afiliados cotizantes, no dejan de ser percibidos como una alternativa en el contexto de la inestabilidad manifiesta en el sostenimiento de la población de jubilados. Uno de estos casos son los fondos de jubilados en las universidades nacionales. La Contraloría General de la República se ha pronunciado en plantear su supresión, y la entrega de sus recursos financieros a la Tesorería de Seguridad Social y los bienes muebles cederlos a la universidad correspondiente (http://www.cgr.gob.ve/site_informes_special.php?Cod=028).  

  Destacamos que a la ya complicada relación entre el estado y las universidades nacionales, especialmente las que gozan de algún grado de autonomía, se agrega este factor que desde ya forma parte de la agenda de inquietudes tanto del personal como de sus entes colectivos y jurídicos. 

  Finalmente, el periodo de disfrute del bono demográfico es una oportunidad para análisis y grandes decisiones que incluyan las pensiones y jubilaciones, para lograr que estas estén fundadas en las capacidades y posibilidades que estemos dispuestos a construir. Lo que tenemos y llamamos seguridad social, es fundamentalmente una mezcla de rentismo, populismo, improvisación y capacidad de presión, pero también estamos seguros que inercias y pugnas selectivas no resolverán un problema de tanta magnitud. 

LAS RELACIONES LABORALES DESNUDAN UN MAYOR RENTISMO

Este 31 de Julio se cumplieron cien años de explotación del pozo petrolero Zumaque I. El primer pozo en suelo venezolano con verdadero valor comercial y que desde entonces se ha mantenido activo. Tenemos un siglo beneficiándonos de la generosidad de este subsuelo inicialmente el zuliano, luego en varios estados orientales y ahora en la faja petrolífera del Orinoco. Hemos sido un neto país petrolero y los seguiremos siendo. 

  De las diversas consecuencias que se han derivado de la condición de país exportador petrolero, una es que nos hemos conformado con sólo ser eso. Cien años y seguimos exportando predominantemente crudos. No nos llegamos a  convertir en un país con una sólida industria de servicios petroleros, de petroquímica, o industria química. 

  Incluso la actividad refinadora la emprendimos muchos años después de ser un productor importante a nivel mundial, fue cuando las compañías asumieron la construcción de refinerías en nuestro suelo, para entonces ya ellas mismas habían construido gigantes instalaciones en las vecinas colonias holandesas, por lo que exigencias gubernamentales nuestras jugaron un papel importante para que se construyera una significativa y proporcional capacidad de refinación en nuestro suelo.

  Por supuesto que asignar la calificación de cultura rentista al funcionamiento de nuestro país no es gratuito, ya que los ingresos por exportación de petróleo superaron tempranamente -1926- los rubros tradicionales de exportación de nuestra atrasada y modesta economía pre petrolera. Los intentos posteriores de industrialización  y modernización productiva estuvieron marcados por la actividad petrolera, en el sentido que dependían de las divisas de origen petrolero no sólo para la instalación y fomentos de programas productivos, sino en muchos casos para su sobrevivencia.

  La calificaron de rentistas no es sólo aplicable al empresariado nacional, sino también a otros segmentos que apuntaban su mirada y presiones al ingreso rentista para satisfacer demandas reivindicativas o cuotas de participación en la distribución de esta riqueza, aquí cabe señalar a los élites políticas y de diversos segmentos sociales. El esfuerzo organizativo de diversos sectores de la sociedad estaba dirigido a lograr acceder al ingreso petrolero. Así que históricamente hay tanto comportamiento rentista en las élites económicas como en las élites políticas y sociales.

  Utilizar la riqueza petrolera para construir otras actividades productivas así como infraestructura ha sido una estrategia con resultados visibles desde los años cincuenta para acá. Se generaron empleos, aprendizaje laboral, instalaciones productivas, conexiones ínter sectoriales, pero todo más orientado a satisfacer el mercado interno, al principio con alto niveles de protección y gradualmente se fueron levantando protecciones hasta que a fines del siglo XX ya éramos una economía con razonable apertura, al tiempo que con un papel modesto de los sectores no tradicionales en la provisión de divisas por concepto de exportaciones, queriendo decir los no petroleros. 

  De los más importantes actividades en la captura de divisas eran aquellos constituidos por empresas estatales, mixtas y privadas creadas en Guayana y en el eje Carabobo-Aragua-Miranda. En su punto de mayor equilibrio las divisas procedían del petróleo y de los sectores no tradicionales en una proporción de 70% y 30%. De haberse mantenido esta tendencia apuntábamos a una economía que podía ser menos rentista, además de la creciente contribución de los impuestos a la conformación del presupuesto nacional, que hace cerca de un par de décadas alcanzo equivalencia con las contribuciones petroleras.

  La última décadas y media hemos retrocedido en la evolución hacia una sociedad productiva diversificada. Hoy las exportaciones de petróleo, cada vez más de crudos con mínimo valor agregado, aportan un 96% y las exportaciones no tradicionales apenas un 4% de las divisas que el país percibe.

  Las principales fuentes de exportaciones distintas al petróleo procedían de las empresas ubicadas en Guayana, fundamentalmente la del hierro,acero y aluminio. Grandes inversiones en esas instalaciones productivas así como en energía e infraestructura empezaron a contribuir con el país, además de los productos para el desarrollo aguas abajo, la captura de divisas por exportación. Parecía que el rentismo se podía superar. 

  La crisis en las relaciones laborales en estas empresas, por la continuada conflictividad y el estancamiento de las negociaciones de los convenios esta evidenciando que el modelo como vienen siendo dirigidas las mismas las hace inviables. Por ello es que se asoman soluciones que recurren al subsidio petrolero, o mejor decir a la hipoteca de futuras ventas de petróleo, para así satisfacer demandas justas exigidas por los trabajadores, quienes al no haber jugado un papel protagónico en la participación en la conducción de políticas macroeconómicas económicas, ni sectoriales, ni tampoco nivel de empresa, apuntan a destacar que ellos no han dirigido estos empresas y por eso formulan sus reclamos con creciente impetuosidad. Pero esta solución hace al modelo económico más rentista, ahora ademas en empresas que hasta no hace muchos años aportaban recursos al país. 

RESPONSABILIDADES DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA CRISIS DE SIDOR

El conflicto entre Sidor y sus trabajadores se exacerbo esta semana, por un lado los trabajadores llevaron sus acciones a la calle incidiendo en el funcionamiento de la ciudad y el desenvolvimiento de los ciudadanos. Como reacción el Gobierno envía una misión ínter ministerial y a la cabeza el Presidente de la Asamblea Nacional, quién no podría reconocerse que actuaba en función del Parlamento, ya que en este cuerpo el problema a pesar de su importancia no había sido parte de su agenda. Lo controversial de la intervención del Presidente de la Asamblea Nacional fue que se caracterizó por insultos y descalificaciones a los directivos sindicales y a los sidoristas en general.  

   Cierto que la protesta se fue a la calle, generando dificultades a la comunidad. Pero las autoridades públicas se abstuvieron de intervenir, a pesar que otras protestas y otros sectores con menor alteración del funcionamiento de la ciudad, sí habían sido controladas. Se pensaría que al colocar en la zona a una comisión de tan alto nivel, un sindicato que es dirigido por corrientes oficialistas acataría las ordenes gubernamentales o del partido oficial. Al menos las tres principales fuerzas  en el sindicato hacen más del 90% del comité ejecutivo. De todos modos la protesta en la calle se contuvo, mediado por una invitación ministerial a negociar para fecha cercana, lunes 28-7-14. 

  Varios desaires recientes por parte de la empresa, había igualmente exacerbado la conflictividad. Era suficiente con un un contrato con cuatro años vencidos, y promesas diversas incumplidas que mantienen la incertidumbre. Agreguese que la empresa ha cambiado de Presidente y directivos casi todos los años, generando retrocesos y contratiempos en las relaciones laborales. 

  Que la comisión estatal la encabezara el propio Presidente de la Asamblea Nacional, que en fue miembro de la propia Junta Directiva de Sidor (2009-2010), y que por otra parte reconociendo que hay una deuda de este cuerpo parlamentario en darle espacio a tantos problemas de envergadura que ha mantenido una empresa,  que por muchos años fue la segunda fuente de generación de divisas para la economía venezolana,  es al menos una oportunidad para que todos los actores involucrados miraran con atención su participación. Pero esta oportunidad hasta ahora parece no aprovechada. 

  La Asamblea Nacional ha tenido la oportunidad a atender varios escándalos ocurridos en esta empresa, y en general de las empresas de la CVG, que viven un alto nivel de conflictividad laboral desde hace años, y que se desenvuelven en condiciones de subsidio y precariedad productiva y laboral en general. Solo ver los informes en las Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular de Industria que entrega a esta asamblea y ver ahí los resultados año tras año, daban toda la justificación para asumir un debate, análisis e investigación desde tan importante poder público. 

  Además otros escándalos como descubrimiento de mafias de la cabilla y de los productos que Sidor manufactura, desviaciones de productos, mercado negro de precios, comisiones irregulares, todos casos de daño a la empresa, a sus trabajadores y a la nación, han pasado de largo al interés y preocupación de poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional. 

  En los últimos tiempos una exacerbada violencia en los medios laborales, que empezó en la industria de la construcción, con la práctica de violencia armada contra dirigentes y trabajadores, sea en los espacios productivos o comunitarios, también se ha extendido a personas de las empresas estatales, como el caso de Sidor, y llama la atención que todo esto no ha conmovido al parlamento, a asumir una mínima preocupación por tratar tales anormalidades.

  El mismo proceso de negociación del convenio colectivo, que en en semanas pasadas fue llevado al propio Palacio del Poder Ejecutivo, Miraflores, luego de una de las sesiones, un miembro de la delegación sindical -el gordo Bayon-  que fungía de mediador, procesado con régimen de presentación y prohibición de salida del Estado Bolívar y también procedente de los medios sindicales de la construcción,  fue asesinado y no ha pasado nada.

  Son complejos y contradictorios los factores que complican la negociación del convenio colectivo. A todo ello hay que agregar que la empresa acusa problemas agudos de atraso tecnológico, de fallas de infraestructura, de logística, de imposición de precios por debajo de los costos, de recarga de tareas sociales que limitan el quehacer productivo, alto número de trabajadores en tareas no productivas, pero engrosando la nómina de personal, militarización continuada de actividades que demandan especialización y profesionalismo específicos, asignación de altos cargos al margen de trayectoria, competencias y méritos en el mundo laboral; y  finalmente surge una nueva incertidumbre relacionada con la propiedad y sostenibilidad de la empresa. 

  Una organización productivas en situación critica como es el presente caso,  que no parece auto sustentarse en lo inmediato aún con todo el esfuerzo de buena parte de la población trabajadora, por sometimiento e imposiciones gestoras erráticas y no participativas que estrangulan sus posibilidades, lo que lleva a requerir de subsidios para funcionar, plantea un exigente panorama a todos los que ahí trabajan y tienen vínculos con estas empresas.  Para ellos reflexionar, reconocer realidades y liberarse de esquemas fracasados de conducción son opciones ineludibles de sobrevivencia.   

NEGOCIACIONES Y CONFLICTIVIDAD POST ESTATIZACION

En el 2008, el estancamiento de las negociaciones de un convenio colectivo dio lugar a  la estatización de Sidor, mejor decir a la re estatización; recordemos que esta empresa había sido estatal desde su nacimiento hasta 1997, cuando fue adquirida por un consorcio de capitales argentino, mexicano, brasileño y venezolano, para entonces los mayores productores del ramo siderúrgico en América Latina. En el consorcio lideraba la empresa Techint-Ternium, uno de los grandes en la siderurgia mundial.

  Hoy se repita una nuevo estancamiento en las negociaciones de la renovación del primer contrato colectivo en esta breve pero turbulenta etapa re estatizada. En el 2008, con los propietarios privados el estancamiento negocial había alcanzado los 15 meses, en el presente el contrato vencido ya lleva tres años. Se trata del contrato que fue firmado inmediatamente al asumir el Gobierno venezolano la dirección de esta empresa. Ya de por sí esto llama la atención, que transcurrido seis años desde entonces se haya tornado tan compleja la negociación de un convenio colectivo, lo que para las relaciones laborales es un mecanismo regular y tradicional en la relación y convivencia entre capital y trabajo. 

  Si en algo las relaciones laborales venezolanas, de las décadas previas, adquirieron un desenvolvimiento regular era en los procesos de negociación. Se puede afirmar que en esta empresa, como en general en las empresas estatales y privadas en el país, la negociación de los convenios colectivos tenía mucho de ritualismo, se seguían pasos que cada parte entendía y le era familiar, ambos se aproximaban bastante a predeterminar las acciones del otro actor. El ritual empezaba con un ante proyecto ambicioso, unas negociaciones que iniciaban con las cláusulas de menor complejidad, gradualmente se iban acercando a las de mayor envergadura, sea por la administración o por los costos. En tanto los sindicatos, aquellos que se desenvolvían democráticamente,  preparaban a sus afiliados a mantenerse alerta, con asambleas y comunicaciones sobre el proceso. Si el ritmo de negociaciones se enlentecía o dificultaba más allá del ritual, las partes apelaban a la intervención de instancias políticas y/o gubernamentales. Por el lado sindical, la movilización y propaganda eran sus armas más a la mano, y alguna que otra vez se llegaba a la huelga.

  

  Hoy el escenario en el cual se negocia es diferente. Han habido cambios en las regulaciones que le han sustraído facultades y autonomía a los actores de las relaciones de trabajo. A cambio se han fortalecido las del actor estatal. El resultado es que los sindicatos se han fragmentado y han perdido autonomía y ya no solo son objeto de la influencia patronal sino también de la estatal. Que de paso también ocurría en el pasado, sólo que esta dependencia encontraba a un sindicalismo con mayores recursos para defenderse, negociar y presionar en todas las esferas de poder, desde el centro de trabajo hasta en el nivel presidencial y parlamentario, y que estaba menos fragmentado.   

  La re estatización trajo en el ámbito laboral más conflictividad, se ha incrementado el nivel de incumplimientos contractuales y legales. Adicional a esto hemos destacado la fragmentación de las representaciones de los trabajadores, en el caso del Sidor re estatizado, en el 2009 surge el sindicato de nómina de conducción, así llamado el segmento de trabajadores con funciones supervisoras desde el período que la empresa estuvo en manos de transnacional Techint-Ternium. En la estructura de Sutiss se prevé atender y representar a estos sectores, pero luego de la re estatización, la empresa influyó para que se constituyera esta nueva organización.  Este mismo año se crea se crea el Frente Siderúrgico Bolivariano de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, que si bien formalmente no es un ente sindical, actúa como tal tanto por los temas abordados como por las práctica que ejecuta.  En el 2010 actúan doce organizaciones de trabajadores contratados, además recién se registro la organización  sindical Estiba Socialista, con apoyo de 580 trabajadores que laboran en muelles, que se agregan a dos sindicatos que ya existían en esta lugar. En el seno de las instalaciones de Sidor, actúan organizaciones sindicales del ramo de la construcción ejerciendo métodos poco convencionales en las relaciones de trabajo. También se observan organizaciones de trabajadores cooperativizados, ex asalariados que no dejan de comportarse como tales en sus acciones y reclamos. 

  Un señuelo a favor de las re estatizaciones fue el discurso anti tercerización. Las nóminas aligeradas de las empresas antes de pasar al Estado, fueron incrementadas al poco tiempo, y no necesariamente con incorporación de tercerizados, muchos de estos más bien fueron conducidos y obligados a cooperativizarse, y en esa categoría adquirían un status diferente a la de los asalariados. El peor de los problemas es que a las plantillas se incorporaron activistas por llamarlos de alguna manera, que están en la nómina, pero no en las actividades productivas ni administrativas. El Director Laboral de Sidor, Rafael Tizamo: “Según sus cuentas en esa empresa hay 2.500 trabajadores que cobran sin trabajar. Son fichas de los dirigentes sindicales de la empresa y quienes participan con más fuerza en las protestas que allí se producen, lo cual viene siendo su único trabajo.”  Según la versión de Tizamo, cada uno de ellos “devenga 25 mil bolívares mensuales, por lo que la siderúrgica roja rojita, que cada vez produce menos acero, se gasta 62,5 millones al mes”. Agréguele el impacto que esto tiene en la moral de los trabajadores que si trabajan y cumplen.

PROGRAMAS DE GOBIERNOS DE IZQUIERDA Y ESTRUCTURA ECONOMICA

  América Latina ha experimentado en lo que va del siglo XXI el ascenso al poder de fuerzas políticas de centro izquierda y de izquierda, así se ha observado en la mayoría de los países más grandes de la región. Destacable que no es una tendencia observable en los países del primer mundo.

  El presente artículo tiene como referentes a los gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela, quienes propusieron programas que buscaban diferenciarse de las propuestas neoliberales previas. Esto levantó altas expectativas dada la situación de conflictividad y frustración que acompañaron las gestiones gubernamentales previas, especialmente los casos de Argentina y Venezuela. 

  Hay que aclarar que estas experiencias no tienen entre sí el grado de cohesión que en otros momentos alcanzaron las políticas económicas en los países de la región. Por ejemplo la política de sustitución de importaciones, el desarrollismo y la influencia de la Cepal, en las décadas posteriores a la segunda guerra mundial, le dio a muchos países de la región semejanzas en sus modelos de desarrollo económico, ya que adoptaron un patrón así como conceptos que contaron con una amplia difusión entre formuladores de políticas, académicos y organismos multilaterales. Años más tarde se impusieron dictaduras militares que coincidieron en sus propuestas económicas, neoliberales y desarrollistas. Aunque este ciclo histórico en lo político no afectó a los países del área caribeña, si pudo observarse en esta sub región la adopción igualmente de las política neoliberales, como se ve en el último cuarto de siglo. 

  Transcurridos varios años y períodos gubernamentales en lo que va del siglo XXI,  de ensayos de propuestas económicas alternas al neoliberalismo, es oportuno hacer una evaluación de lo acontecido. Varias preguntas son útiles al propósito: La primera, es plantearse si estas experiencias realmente representan un modelo alternativo al neoliberalismo, si son sustentables y si tienen perspectivas de largo plazo ¿cuales han sido sus principales fallas para que luego de más de una década no hayan podido estabilizar la economía de sus países? ¿será que requieren de plazos más largos? ¿estaría la sociedad dispuesta a permitirlo y seguir ensayando propuestas?  Son preguntas que su abordaje demanda un esfuerzo apreciable de investigación. 

  Hay que destacar que aquellos países que experimentaron el autoritarismo militar -Argentina y Brasil-, se formó un activo movimiento social que se movilizó para también promover y apoyar opciones alternas al neoliberalismo, con los cuales los gobiernos de centro izquierda e izquierda eran en cierta medida expresión de estos movimientos, se trata en Argentina del peronismo y el sindicalismo,  y nuevas expresiones de movilización popular como los piqueteros, por otro lado en Brasil, el Partido de los Trabajadores, formado por la iniciativa de los grandes sindicatos del ABC paulista, la zona industrial más grande de América Latina, así como el movimiento de los sin tierra -MST- que además de ser una expresión de movilización de pobladores del campo tenía expresión urbana de sectores no ubicados en las actividades productivas modernas. Lo que se destaca es que la opción alterna al neoliberalismo contaba con movimiento y organización popular previa al ascenso al poder de sus expresiones gobernantes, la agenda alternativa al neoliberalismo tenía gente en la calle con reclamos y organización propia. En estos países el movimiento popular venía de haber sido reprimido por gobiernos militares, por lo que reivindicaba todo el tiempo su naturaleza civil y social.  

  El caso venezolano, en donde en los mismos períodos no hubo autoritarismo militar sino gobiernos civiles, y un lapso de cuarenta años de constitucionalismo, sin embargo también se adoptaron políticas económicas neoliberales con resultados conflictivos a nivel popular. 

  Entonces los tres casos ameritan considerar la importancia de estudiar y analizar las propuestas económicas emergentes, así como su evaluación y viabilidad, tomando en cuenta las interrogantes expuestas. 

  El ciclo de estas experiencias gubernamentales coincidió con el incremento de los precios de las materias primas. Sabemos que en este orden la región ha sido históricamente un proveedor importante en la división internacional del trabajo. En este ciclo el gran comprador de las materias primas ha sido China por su espectacular crecimiento, y en menor medida India y otros países asiáticos. China ha modificado sustancialmente su papel en la división internacional del trabajo y gradualmente ha pasado a ser un receptor de grandes inversiones de sectores transformadores de todos los niveles tecnológicos, incluyendo por supuesto su asociación para el desarrollo de actividades de alta tecnología. Al mismo tiempo se ha convertido en el proveedor mundial de productos manufacturados, desplazando a proveedores de la región latinoamericana. 

  En tanto China ha venido demandando más materias primas, la región se ha beneficiado tanto en volúmenes como en precios de exportación, sin embargo las señales de un crecimiento más moderado de esta nueva potencia plantea preocupaciones a las perspectivas en la región. 

  Lo anterior remite al hecho que la región no ha experimentado transformaciones estructurales importantes de su sistema económico, para apoyar su estabilidad económica en la provisión de productos y servicios con más valor agregado, basado en innovaciones y especialización. Se continua subordinado al desarrollo tecnológico del primer mundo. 

  De los tres casos mencionados de gobiernos de centro izquierda e izquierda, el que presenta la situación más problemática es Venezuela, ya que en esta experiencia política económica ha desmantelado su ya modesta estructura productiva primaria y secundaria, sin la construcción de un modelo productivo alternativo. Por otro lado en el período político precedente no se llego a construir un movimiento social vigoroso para contrarrestar una orientación gradualmente autoritaria y mesiánica, que luego de quince años gobernando el país se ha retrocedido en institucionalidad. 

  La economía se ha hecho más dependiente de las exportaciones petroleras de crudos, y su lotes de zonas de explotación están funcionando bajo esquemas de empresas mixtas con socios de distintas procedencias que hacen a este sector una autentica torre de babel. En este enfoque el gran proyecto es seguir extrayendo y vendiendo crudos de la gran reserva contenida en la faja petrolífera del Orinoco. La que ha sido dividida en veintinueve lotes, dando participación a más de veinte países, incluso algunos lotes refieren a bloques de países como los integrados en Alba y en Petrocaribe, y unos pocos países repiten sus banderas en la participación en las empresas mixtas, Rusia, China y Cuba. Hasta cabe preguntarse si el sector petrolero no es ahora menos nacional que hace quince años.   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

Jornada, Trabajo por Turnos y la Contratación Colectiva en el Sector Papelero Venezolano

Compartiendo con el Dr. Hermes Carmona, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, elaboramos este artículo publicado en la Revista Trabajo, 

Revista Trabajo, Año 8, No. 11, tercera época, enero-junio 2014, pp 169-188. Edit por el Centro de Análisis del Trabajo, Uam, OIT en México. 

Se puede acceder al artículo, pulsando en la sección de REVISTAS ACADEMICAS (Revista Trabajo), en la parte lateral del blog. 

TRES FACETAS DE LA CRIMINALIZACION SINDICAL

La criminalización de la actividad sindical nos presenta varias situaciones que conviene precisar.  Por un lado la que deriva de la acción del Estado al promover un conjunto de regulaciones que restringen la actividad sindical, particularmente las acciones de reclamo y de protesta. Habría que destacar el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad que descansan en una concepción militarizada de asuntos de naturaleza más civil, como es el desenvolvimiento de las relaciones laborales. Son regulaciones que entran en colisión con conceptos vinculados con la libertad sindical, necesaria para el ejercicio de la organización de los trabajadores y sus acciones propias de representación que incluyen la protesta. Organizaciones no gubernamentales -Provea y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social-  llevan registros de la cantidad de dirigentes sindicales y trabajadores criminalizados por acciones de protesta y reclamo ante sus patronos.

 La otra lectura de la criminalización es un poco menos estudiada y analizada. Se trata de fenómenos que precisaremos en dos categorías. Por un lado asesinatos de dirigentes y de trabajadores con motivo de la actividad sindical,  pero una muy particular, ya que se observan  vínculos con el hampa. Este fenómeno viene ocurriendo desde el año 2005 en el sector de la construcción, y en mucho menor escala en el petrolero. Entre el 2005 y el 2013 suman 427 personas asesinadas, en los primeros años era por vía de sicariato, pero en los últimos años se perpetran a la vista de todos, con la cara descubierta y algunos hasta informan de la acción a los relacionados. Los casos están asociado a la mercantilización del ingreso a empleos, así como a la venta de protección y paz laboral en las obras, y obviamente a la degradación e impunidad que reina en estos medios. 

   Si bien el fenómeno de la mercantilización del empleo no es nuevo, data de largas décadas, pero antes no se había fomentado el exacerbado paralelismo sindical promovido como política laboral del actual régimen, y mucho menos que estuviera vinculado con el hampa.  El fenómeno en la industria de la construcción predomina en las obras públicas, en aquellas que son de gran escala, que requieren de cientos y miles de trabajadores y que generalmente son obras del Estado; aunque también se ha extendido a obras de menor envergadura, de capital privado.

En Miraflores: Mediador del mundo criminal

  La tercera manifestación de la criminalización en las actividades sindicales, es la que sale a flote con el asesinato de Yorman Márquez Rodríguez, conocido como "El Gordo Bayón”. Se trata de una persona con un amplio prontuario policial por asesinatos y secuestros, entre otros. Estaba sometido a juicio y tenía prohibición de salida del Estado Bolívar, pero lo llamativo es que participaba como mediador en representación de los trabajadores de la construcción, en las negociaciones del convenio colectivo de la Siderúrgica del Orinoco y el Sindicato identificado con las siglas Sutiss, negociaciones que se desarrollaban en el Palacio Presidencial. 

El papel estelar del Estado

  Todas estas manifestaciones de la criminalización de la actividad sindical tienen en el Estado el papel estelar. En el primer caso por la promulgación de leyes para cercenar la libertad sindical, sean producto de la Asamblea Nacional o contenidas en leyes habilitantes otorgadas al Poder Ejecutivo. De ambas procedencias emana una intencionalidad de control y restricción de la actividad sindical, que ha sido característico del régimen desde el mismo momento de la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999-2000. En el texto de la CRBV se creó el marco para una legislación restrictiva que se ha aprobado en los años siguientes. A ello se suma un férreo control de las entidades que acusan y sentencian, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial. De aquí deriva la existencia de cientos de dirigentes y trabajadores criminalizados por su actividad sindical.  

  En estos casos tenemos como víctima institucional de estas restricciones a la libertad sindical,  y consecuentemente al desarrollo de las negociaciones colectivas y al ejercicio del derecho de huelga.

  En el segundo caso, la responsabilidad estatal reposa en haber promovido directamente la multiplicación de organizaciones sindicales, no siendo ello una función estatal, ya que corresponde a los propios trabajadores darse sus organizaciones sin interferencia del Estado y de los patronos,  y a lo sumo registrarlas ante el organismos del trabajo. Con esta multiplicación de organizaciones emergieron al frente de ellas,  un aluvión de personas ajenas a las prácticas, valores y tradiciones propias del accionar sindical, que si bien no era que se trataba de un movimiento modelo, si cuenta en su trayectoria histórica con formas de confrontación no vinculadas directamente con el hampa, como efectivamente ocurre en la gran mayoría de las actividades productivas. 

  Además es evidente la responsabilidad de las entidades estatales que tienen relación con el problema de la actividad sindical, así como de las acusaciones, investigaciones y de la aplicación de justicia,  todas han evadido admitir este fenómeno, ya que empezar por reconocerlo es un punto de partida para que existan acciones contundentes que permitan mejorar el ambiente laboral en aquellos sectores más afectados por esta anormalidad.  

  La tercera manifestación, caso Bayon, levanta preguntas que si bien han sido formuladas no han sido respondidas. Unos han evadido con excusas, otros guardan silencio. Explicaciones y aclaratorias deben dirigentes sindicales de Sutiss, directivos de Sidor, autoridades regionales, autoridades del trabajo y hasta la Presidencia de la República, anfitriona de las reuniones de las negociaciones en donde el personaje fungía de mediador.

Desmarque del Movimiento de los Trabajadores

  Históricamente el movimiento de los trabajadores no ha tenido mayores apoyos mediáticos, por el contrario le ha costado proyectar una imagen favorable por las resistencias que había de vencer. Fue estratégico el presente régimen, que en sus primeros años promovió sistemáticamente una campaña de desprestigio de las organizaciones de los trabajadores, que ahora con estos nuevos fenómenos tendrá que profundizar sus acciones para distanciarse de prácticas censurables, y desmontar esquemas militaristas en el manejo de las relaciones laborales para así conquistar reconocimientos ante la sociedad.  

  Finalmente, todos los tres casos considerados de criminalización son la resultante de políticas gubernamentales que hacen un daño directo a la convivencia, al mejoramiento socio económico de los trabajadores, a la lucha contra la pobreza y a la actividad productiva en general. 

hector.lucena@gmail.com

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