RADICALISMOS Y REPLANTEOS PARA UNA SOCIEDAD PRODUCTIVA VIABLE

Los opositores radicales de la propiedad privada fundan sus críticas en destacar que los propietarios privados por su egoísmo y por el afán de lucro, contribuyen a la desigualdad al maximizar su ganancia al tiempo que se explota a la fuerza de trabajo, remunerando al mínimo su aporte al proceso productivo. 

  Por su parte los radicales críticos de la propiedad estatal, argumentan que sus conductores son burócratas que desarrollan intereses propios pero distintos a los de la Nación, la propietaria del ente productivo, al tiempo que no tienen mayor sensibilidad para el mejor uso de los bienes confiados para su conducción, lo que los lleva igual al afán de lucro personal, así como a un manejo gerencial errático ya que no se traduce en mayores consecuencias patrimoniales personales y finalmente igual incurren en la explotación de los sectores subordinados, ya sea por precarización más que explotación. 

  La historia del siglo XX abunda en experiencias que permitieron corregir los planteamientos de los críticos radicales, y la gran mayoría de las economías y las sociedades en general encontraron acuerdos entre las fuerzas sociales representativas del capital y del trabajo para implementar mecanismos que permitieran la convivencia y el bienestar, con ciclos de crecimiento, de estancamiento y crisis, lo que exigía de nuevo re encontrar ajustes y adaptación de los mecanismos previos para la continuidad de la vida de las sociedades preservando el bienestar de los ciudadanos. 

  El grado de crisis que vive nuestra sociedad está justo en esa situación de necesidad de replanteos de su funcionamiento. Los radicales fracasaron. Unos le abrieron la puerta a la revolución chavista, y ésta a su vez ha mostrada su incapacidad para dirigir un país con la diversidad normal de toda sociedad. A lo sumo ha gobernado para una parte, que hoy hay serias dudas si en verdad es la mayoría, como efectivamente lo fue en sus primeros años. En todo caso se gobierna con conceptos y esquemas que la mitad del país no reconoce como los que corresponden a nuestras necesidades. Los hechos año a año van hablando y evidenciando. 

  Importante enfatizar que esta crisis que nos cubre no es universal ni regional, es fundamentalmente nuestra, de manufactura endógena, “Hecha en Venezuela”, con la ayudita de nuestros nuevos socios. Nuestra región Latinoamericana y del Caribe, muestra signos saludables en su política económica y social. Y destaco que hasta el único país con un conflicto armado histórico -Colombia-, nos ha superado en estos años en todos los índices económicos y de bienestar ciudadano.  

  De nuestros nuevos socios, uno -Cuba- nos ha invadido con la muy particular invitación unilateral de nuestros gobernantes,  y hoy ocupa espacios privilegiado en ámbitos estratégicos y de seguridad, lo que ha sido absolutamente innecesario teniendo presente el nivel de desarrollo tanto nuestro como del nuevo socio, que por largas décadas ha subsistido en muy estrechas condiciones materiales, de apertura y de libertad. Por supuesto que hoy con los aportes que le brinda el gobierno nacional alivia sus penurias, al tiempo que se acrecientan las nuestras. 

  Otro socio, ávido de materias primas para su espectacular crecimiento económico -China-, apuntalado con una masiva penetración de capitales y tecnologías de potencias del primer mundo capitalista, se ha asegurado desde ya el suministro de nuestro petróleo, hierro, aluminio, coltran, diamantes, oro para los tiempos que vienen. Además en sus manos está el levantamiento para hacer estudios geofísicos y geoquímicos con el fin de identificar los minerales susceptibles de ser explotados, según el Acuerdo Marco de Prospección Geológica Nacional de Venezuela es el documento que presentaron los chinos al gobierno nacional y base de este levantamiento. 

(http://www.el-nacional.com/siete_dias/ejercito-hierro-Dorado-Venezolano_0_125389550.html)

  Desde ya existen compromisos en pleno cumplimiento con la República Popular China,  al exportarle casi lo único en donde estamos en capacidad de hacerlo, la cantidad de 600 mil barriles diarios de petróleo crudo, pagando así con dos tercios de esta exportación los recursos que ya ha recibido el gobierno nacional, en préstamos que no se manifiestan en equivalente nueva infraestructura y mejoramiento de la capacidad productiva. Hipotecamos el futuro nuestro, así como de hijos, y posiblemente de nietos.

  Un tercer socio importante en esta nueva geopolítica es nuestro principal proveedor de armamento de todo tipo y para todas las fuerzas -Rusia-. Nos aprovisionamos de armas como si estuviéramos en guerra, hasta ahora solo han servido para atemorizar y también atacar a la propia población que protesta el estado de la situación política y económica. Las fronteras terrestres y marítimas siguen desguarnecidas, siendo territorios libres para el libre desenvolvimiento de grupos irregulares y el sustancioso negocio del contrabando.  

  Somos un caso único en la historia moderna, un país que recibe una inmensa cantidad de dinero, pero no lo utiliza para su desarrollo autónomo sino que magnitudes importantes las utiliza para hipotecarse a nuevos poderes, así como para estrangular su aparato productivo y fomentar improvisadamente uno que nos ata a nuevas voracidades, en el fondo de comportamiento ante nosotros igualmente capitalistas, maximizadora de la ganancia, afán de lucro y explotación o precarización de la fuerza laboral local.  

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

  

DIALOGO PARA AFUERA PERO NO PARA ADENTRO

  Los difíciles momentos que estamos pasando casi todos los que vivimos en nuestro país, seamos locales y visitantes, son sin duda los más caóticos de los que hemos estado evaluando y haciendo sistemático seguimiento, como son los años desde la post II guerra mundial hasta nuestros días, digamos setenta años. Tomamos ese punto de partida, porque la contienda bélica afecto todas las economías del orbe, tanto para exportar lo que se producía como para comprar importando lo que necesitábamos. Ver que hoy estamos en el mundo, en las peores ubicaciones de los ranking de  más inflación, escasez e inseguridad  ¿Que peor se puede estar?

  Algunos explican la perdida de vidas humanas, el deterioro institucional, de infraestructura, de ambiente ecológico, del aparato y tejido productivo porque se viven situaciones de guerra, como lo vemos en algunos países asiáticos, africanos, y ahora amenazas en Ucrania. Pero en nuestra región Latinoamericana y del Caribe que se goza de una paz que envidiamos, hasta Colombia habrá que repensar si está en tal situación, porque su dinamismo en todos estos mismos ámbitos muestran que la confrontación con la Farc y el Eln, ya no hace mayor mella en el repunte y progreso colombiano, país que muestra el segundo lugar como receptor de inversión extranjera en el 2013, de toda América Latina, más de 16 mil millones de US, mientras nosotros recibimos apenas poco más de 3 mil millones, y buena parte de ello por reinversión de dividendos en bolívares, generalmente en propiedades inmobiliarias, que empresas transnacionales no pueden repatriar por los controles de divisas.

  Afortunadamente no estamos en guerra, aunque sí se nos quiere vender como un país con altos índices de felicidad, de progreso social, y sin embargo recurrimos a nuestro vecino para alimentarnos, energizar plantas industriales y procesar nuestros alimentos, dar oportunidades de empleo a nuestros migrantes, entre otras ventajas, amen de servir las extensas fronteras para destinar lo que importamos y lo poco que producimos para el enriquecimiento de mafias en contubernio con entes militares y civiles oficiales, destacan los contrabandos de gasolina y de alimentos, para este último véase el interesante reportaje de L Boon ( http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/la-fuga-de-leche-en-polvo-importada.aspx). 

  Incluso nuestro gobierno actúa como facilitador en La Habana de un proceso de paz entre las fuerzas en pugna del vecino país, pero aquí adentro no aplica ningún esfuerzo efectivo con un mínimo de dialogo para no parecernos a un país en guerra sin estarlo. Por eso es que se esgrime la teoría de la guerra económica y los frecuentes y recurrentes magnicidios. Mientras, casi todos desmejoramos nuestra calidad de vida y son muy pocos quienes la mejoran. La guerra que si es indiscutible es la de quienes atentan contra el erario público, desde adentro y afuera del Estado, atentando contra toda la gente decente que vive de su trabajo, y la de una hampa incluso protegida en algunos casos deliberadamente  contra los civiles desarmados, ya sea que protestan como lo prevé y permite la CNRB, o que simplemente transcurren su vida normal como se espera de toda sociedad civilizada.     

 Y  todo lo anterior teniendo la bendición de los precios petroleros. Véase que el año anterior a la presente etapa estuvo en apenas 8$US. Desde el 2005 el precio ha estado batiendo mes a mes su propio récord hasta alcanzar en junio del 2008, superar los 140$US, aunque fines de ese año y parte del 2009 bajó, para luego en el 2010 regresar a los 100$ y quedarse en ese nivel hasta el presente. Nada de esto ha sido por más planificación, más esfuerzo, innovación o gerencia de parte nuestra. Hemos estado despilfarrando una oportunidad histórica e inigualable en la historia de país alguno.

  Ante este cuadro no es entonces sorprendente que se siguen produciendo protestas, y este año multiplicará al menos por dos las protestas del pasado año. Véase que en los primeros tres meses del 2014, se registra 4116 protestas, casi la totalidad de todo el 2013, que fueron 4410. E incluso, más del 50% del total de protestas en un año con alta conflictividad - 2012-, año con más protestas en la última década, con 5483 (Datos del OVCS). 

  El país no encuentra rumbo y desperdicia oportunidades que otros países cercanos si aprovechan. La historia juzgará.  

hector.lucena@gmail.com

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INTERROGANTES SOBRE EL CONVENIO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El último convenio marco de la administración pública se firmó el 27 de Agosto del 2003, hace casi once años, y luego de ocho años de su vencimiento es cuando se inicia la negociación del nuevo convenio. Tendríamos que preguntarnos ¿Por qué este prolongado retardo? Es una explicación que la han de dar los responsables, por un lado las autoridades del trabajo, por el otro el Ejecutivo y también los responsables sindicales. No existe empresa privada que tenga este retraso, ahí sí las autoridades intervienen. 

  También es importante destacar que este convenio marco es el que cubre a la mayor cantidad de trabajadores, incluye a todos los funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, tanto activos como jubilados, excluyendo a su personal obrero, así como al conjunto de los trabajadores que prestan servicios a las empresas del estado, los que se rigen por la legislación laboral y sus propios acuerdos; igual se excluye a  buena parte del personal de docencia. 

  El anterior convenio firmado en el 2003, cubría al momento de la firma a más de 640 mil funcionarios.  En este nuevo convenio, seguro serán muchos más los beneficiarios, pero los responsables de ofrecer estas informaciones no han dicho nada, a pesar del impacto que tendrá en el presupuesto nacional.  

  Por lo que se ha conocido y denunciado desde las propias bases y dirigencia no oficialista de este sector, es un proyecto de convenio marco redactado sin la consulta con los destinatarios. Si esta aseveración no fuera cierta, tampoco aún no se ha explicado como fue efectivamente el procedimiento de construcción de este proyecto. Hay que tener presente que estos son procedimientos que han de ser transparentes. Así también que sería contra natura que la redacción del proyecto la realice el patrono.  

  El proyecto es el texto con el cual el patrono hará los estudios y análisis para evaluar las posibilidades, la viabilidad, la funcionalidad y alguna otra consideración tanto conceptual como operativa que sea propia de la condición de empleador. Es con estos elementos que dará respuesta a los requerimientos de los trabajadores. Por tanto si el proyecto tiene la mano del empleador,  entonces no estamos hablando de un convenio de dos partes, sino de la imposición del más fuerte, del empleador en la generalidad de los casos.   

  Lo anterior remite tener presente la memoria histórica de los últimos quince años. Empecemos por un propósito fallido de la Presidencia de PDVSA por los años 2000, para ese entonces presidida por el Ing Héctor Ciavaldini, quien promovió el llamado contrato modelo, redactado desde su despacho. El impacto de estas pretensiones inmediatamente solivianto los ánimos de la fuerza laboral organizada en las federaciones petroleras, que se tradujo en una huelga que hizo trizas el ensayo del contrato modelo. 

  Otra pretendida innovación oficialista en su intento de cambiar las coordenadas de los trabajadores en la revisión de las condiciones salariales y de trabajo en general, ha sido la de promover el salario social, concepto impuesto sin definiciones conceptuales discutidas con los interesados, todo con la intención de la contención de las aspiraciones naturales y legítimas de los asalariados, que ven perder y desmejorar su calidad de vida por erráticas políticas económicas y laborales de las cuales son sólo observadores. 

  En el inventario e historial de proposiciones regresivas hay que agregar disposiciones directas de la Vice Presidencia de la República, de suspensión de las negociaciones colectivas y de cualquier cambio de las condiciones salariales, paralizando negociaciones en curso y congelando los convenios. 

  En los convenios colectivos petroleros también ha de mencionarse la introducción de elementos ajenos al contenido propio de esta institución. Fue el caso de obligar a la disolución de Federaciones de larga tradición histórica en el seno de los trabajadores, como fue el caso de Fedepetrol y Fetrahidrocarburos. Se trata de un asunto eminentemente sindical y absolutamente ajeno a la relación e intervencionismo  del patrono. Imaginémonos a las Federaciones de trabajadores petroleros condicionando las fusiones, creación y organización de empresas mixtas, e implementación de convenios operativos que realiza PDVSA con otras empresas del ramo para la explotación del negocio. Lo que realmente importa a estas federaciones es que se cumplan las regulaciones y convenios de trabajo establecidos. Y del patrono no se espera que se inmiscuya en la forma como los trabajadores se organizan, y si existen intereses entre la dirigencia sindical que lo acepta, realmente no esta abonando a la causa de su clase y movimiento, en el fondo le abre las puertas al patrono para que subordine a las organizaciones del movimiento de los trabajadores. 

  Con estos antecedentes, este proyecto de convenio marco para la administración pública ha de llamar la atención a los interesados y al resto del país. Ya se observan representantes de organizaciones de bases que critican a los liderazgos de Fentrasep y Fedunep, por la falta de información. Desde ya este texto ha de estar en un sitio web accesible a todos los interesados; también un cronograma de actividades de difusión e intercambio, que se aborden temas que no tienen ninguna vinculación con el mejoramiento de la calidad de vida del funcionario al servicio del estado, como incluir en el convenio marco el entrenamiento militar, la creación de milicias y el trabajo voluntario. 

  Finalizando, llama la atención que las autoridades han establecido un conjunto de exigencias a las organizaciones de trabajadores para ejercer sus facultades de presentar y negociar convenios colectivos, pero que en este caso han sido obviadas a las dos federaciones promotoras. Desde un ángulo favorable a la liberad sindical lo celebramos, y así ha de ser para todas las organizaciones que se les permita ejercer sus derechos sin las restricciones que se han impuesto a lo largo de estos últimos años, que sean los trabajadores desde las bases y por métodos democráticos que determinen sus asuntos. Sirva esta observación para que se pongan de lado  restricciones que han sistemáticamente vulnerado y violado la libertad sindical. Fentrasep nunca ha hecho elecciones, y Fedeunep la hizo en el año 2001, afortunadamente no se les exigió la solvencia electoral, que usualmente se les exige a los demás sindicatos en las relaciones laborales del país.

REACCION LABORAL ANTE UN SERVICIO PUBLICO COLAPSADO

  Una circular interna del pasado 7 de Febrero del presente año de la Presidencia de Ipostel, informando de la suspensión de los servicios a una gran cantidad de países por “problemas operativos”, puso en evidencia el colapso de esta institución. Los problemas que argumentaron los directivos, se justificaron que la suspensión era por exceso de correspondencia y encomiendas. De cualquier manera estamos ante un caso de fracaso operativo. 

  Cierto que los servicios de correos en tiempos de la sociedad de la comunicación han de re evaluarse. Las cartas y comunicaciones impresas vienen siendo sustituidas por la vía virtual de la World Wide Web -www-, lo que a su vez ha catapultado el intercambio comercial mundial de encomiendas y compras, en el e business. Nuestros servicios postales no se adecuaron a los nuevos tiempos. Hoy principalmente varias empresas transnacionales y redes de franquicias, han llenado ese espacio abandonado por el ente estatal. 

  Tanto antes del predominio de la www como en el presente, los servicios de correos tienen un enorme potencial de posibilidades de apoyo a los ciudadanos, a las comunidades y a las empresas. Un servicio de correos ejemplar es el del Reino Unido, que continua diligentemente con los servicios postales tradicionales, sus 11.500 oficinas en todo el país son espacios para resolver la diversidad de los trámites públicos: tránsito terrestre, pensiones, información de empleos, identificación, además de algunos servicios bancarios y de seguros. Este alto número de oficinas permite que un 99% de los adultos viven dentro del radio de no mas de 5 kilómetros de distancia de sus hogares. Es por lo que la mitad de la población adulta y la mitad de los pequeños empresarios del país, visitan semanalmente alguna oficina de correos.   

  Retomando nuestra realidad, el hecho laboral concreto del colapso es que finalmente los trabajadores de Ipostel reaccionaron y  han iniciado una huelga en 18 estados, al mismo tiempo denunciando las graves irregularidades cometidas por quienes dirigen el ente. Una de estas que evidencia el engaño y el fraude a los usuarios y al país, es como sigue: 

“Desde hace seis meses el presidente de Ipostel prohibió los envíos, y hay 35 toneladas de encomiendas represadas en los camiones que nunca salieron de aquí y a las que les ponen una calcomanía para hacerles creer a los clientes que el paquete fue devuelto en el país de destino.. para la devolución de los paquetes, el cliente debe hacer el reclamo y, luego de un engorroso procedimiento, se le obliga a cancelar un importe extra, desconociendo que esa persona ya había pagado para el envío que nunca se realizó. (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/denuncian-fraude-de-ipostel-en-envios-internaciona.aspx)

  Suponemos que esta huelga aún no es nacional porque en algunos estados, caciques locales atemorizan a pequeños núcleos de trabajadores que no se atreven al desafío. Es de suponer que este colapso moverá las fibras de este universo laboral de 6500 trabajadores activos y 2500 jubilados, que ven su futuro más oscuro que el presente. 

  El colapso de Ipostel hizo saltar a la superficie un hecho realmente extremo y hasta curioso, una convención colectiva vencida hace más de veinte años!!. Uno se pregunta ¿donde han estado las sensibilidades por los derechos de los trabajadores? El respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, y ¿que del nuevo bautizado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo?

  Nuestra institucionalidad es más retórica que real. Mucha protección a los trabajadores en los textos y en el discurso,  pero cuando el patrono es el Estado entonces ignoramos la retórica y las instituciones se disipan. 

  No deja de ser oportuno que este colapso sirva para llamar la atención de la debilidad de los trabajadores de Ipostel, los que aún organizados en sindicatos requieren del músculo de la solidaridad para emprender las acciones de defensa a la cual la situación de colapso los lleva, es decir las acciones y movilizaciones para sensibilizar a los entes que tienen en sus manos medios y capacidad de decisión para corregir la situación, así como sancionar y establecer responsabilidades, que son tantas que suele ocurrir que igualmente se diluyen, y  que las instituciones fracasan y colapsan pero finalmente no hay culpables ni responsables. 

  Es lo mismo que se observa en otros servicios públicos prestados por entes estatales, como son los casos de suministro de electricidad, de agua y de gas, en donde el colapso es un hecho, y que son entes que no se autofinancian, a pesar del monopolio con el cual son prestados los servicios. Destacamos que en ellos igualmente se observa un buen  nivel de organización sindical, que ante el caos y fracasos operativos vienen planteando sus justas criticas y demandas, pero lo que más bien da lugar es a la estigmatización de los dirigentes por parte de las jerarquías sindicales y políticas oficialistas.

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PRESTACIONES SOCIALES Y CAJAS DE AHORRO

Hay dos conquistas históricas de los ingresos de los trabajadores que forman un colchón para situaciones eventuales, que demandan erogaciones extraordinarias, como contingencias en salud, adquisiciones por deterioro de un bien del hogar, proyectos ligados al funcionamiento familiar, reparar vivienda o vehículo. Además son importantes para el período de retiro del trabajador. Estas conquistas son las prestaciones sociales y las cajas de ahorros.

  El salario es para el trabajador el ingreso para su subsistencia, y sólo cuando perciba incrementos que mejoren su salario real ello será para mantenerse en su condición y estatus socio económico. Hay que advertir que son muy pocos los asalariados que logran estos último. La política salarial finalmente en el mejor de los casos preserva el valor del salario, pero rara vez lo mejora, tal es el caso de los mejores empleos en empresas estables, cada vez instituciones mas extrañas en nuestro contexto. Pero la amplia mayoría de los asalariados experimentan una política salarial de desmejoramiento crónico, acentuado en tiempos de alta inflación.  

  De aquí que la vigilancia de las prestaciones sociales y las cajas de ahorros es un asunto delicado. Del estado emanan leyes que fijan reglas sobre su vigilancia y monitoreo, así como la entrega de informes, las responsabilidades, en fin el papel elemental de regulación estatal. Hay que subrayar que los procesos de construcción legislativa en estos temas tan sensibles a los trabajadores, no han contado ni hoy tampoco cuentan con procesos institucionales que realmente permitan la consulta y participación en un genuino marco plural de dialogo social.  

  Las prestaciones sociales que se van generando a lo largo de la vida laboral, tienen destinos específicos sea en los fideicomisos en la banca o su utilización como capital de trabajo en la empresa donde labora el trabajador. En ambos casos se remunera este capital un poco mejor que lo percibido por los ciudadanos ahorristas independientes en sus relaciones con la banca. 

  En la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral hay un número importante de reclamos sobre prestaciones sociales, pero más bien relacionados con el reconocimiento de si un trabajador tiene condición de dependiente o independiente, igualmente es frecuente lo relativo a la controversia sobre los elementos que forman parte del salario, cuales si y cuales no. Pero en general, reconocida la condición de trabajador dependiente, el sistema funciona. Los trabajadores tienen acceso a anticipos, retiros parciales, así como a los intereses de estos recursos. Al finalizar la relación de trabajo se hacen los ajustes y el trabajador se lleva sus reales. 

  Las cajas de ahorro son instituciones auto gestionadas por parte de los propios trabajadores, sencillamente porque son sus reales. Sin embargo en algunos casos se observa presencia de representación del patrono pero no en condición mayoritaria, el sentido de esta presencia se vincula con el hecho de aportar proporciones equivalentes o no, a lo aportado por el trabajador afiliado según lo que se indique en los estatutos o en los acuerdos. Pero lo sustantivo es la gestión propia de los asociados, lo que según el tamaño de la caja, es decir el número de afiliados, así como de los servicios que preste, puede requerir contratación de asalariados o de servicios externos para su funcionamiento, sin menoscabo de ninguna de las funciones y responsabilidades del equipo directivo de la caja y de su asamblea de socios. Hay que destacar que una caja de ahorros además de recibir los aportes, administrarlos y conducir la gestion de préstamos, tiene un potencial para proveer servicios conexos con la atención de necesidades fundamentales de sus afiliados.  

  Estas dos instituciones han de ser controladas por los propios interesados especialmente vía sus organizaciones colectivas, además de rendir cuentas a entes del Estado, por tanto con este doble control se espera su buen desempeño. 

  Las anomalías en el funcionamiento de los fideicomisos así como del capital de las prestaciones en manos de los empleadores, quedaría fácilmente en evidencia si un trabajador demanda un anticipo de prestaciones, o sus intereses en las fechas establecidas, o el total de las prestaciones sociales por terminación de la relación de trabajo y no lo recibe en el momento. Parte del art. 141 del Decreto LOTTT señala “Las prestaciones sociales son de créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”. Similar texto lo ofrece el art. 92 de la CRBV.  Resulta que este tipo de problema es mas frecuente en las entidades del estado, de aquí la contradicción que quién regula es quién falta y viola la ley. Por ello es de cuidado prestar atención a lo planteado por el Presidente de la República en reciente alocución -1 de Mayo- sobre estas instituciones que acumulan recursos financieros importantes aportados por los trabajadores de sus esfuerzos laborales.

  Algunas interrogantes que conviene sean respondidas por el gobierno y otros órganos del estado, incluyen: 

¿Cuanto se le debe en prestaciones a los servidores al servicio del Estado, tanto en capital como en intereses? 

¿Cual es el tiempo promedio que tardan las instituciones públicas en pagar al que egresa de sus nóminas? ¿Por que el retardo? 

¿Por que la lucha de los gremios universitarios por reivindicar la elaboración bipartita de una metodología de cálculo con los propios órganos técnicos como la Opsu, fue negada? Hoy se acumulan tensiones por las discrepancias en las metodologías entre los registros universitarios y los aplicados por el gobierno. 

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo ¿Tiene cada cotizante un estado de cuenta de su fondo? 

¿Que se ha hecho para corregir y penalizar el desfalco ocurrido en el Fondo de Jubilados de los Petroleros, de mas de 500 millones de US$? sólo se sabe de detenidos y sentenciados en los EEUU, pero no se conoce de medidas efectivas tomadas aquí en el país a responsables, ni tampoco la reparación a los afectados.

Estas preguntas son extensibles a otros órganos, como la Asamblea Nacional, la Contraloría, y a organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. Además de reclamar que los temas y preguntas como las expuestas han de ser incorporados a un debate en un ámbito de dialogo social plural y amplio.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena 

POLÍTICA ECONÓMICA y SALARIAL

En toda la política salarial que se sigue con quienes prestan sus servicios al Estado, el único procedimiento que se aproxima a preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones es el de las Normas de Homologación, claro siempre que se ajusten los salarios a los índices del costo de vida. Lo que ciertamente sólo ocurrió en los primeros años de su vigencia en la década de los ochenta. Luego se han producido brechas entre las respuestas oficialistas y los índices del BCV, a pesar de la vigilancia gremial.

  Las negociaciones salariales del pasado año para el personal académico de las Universidades no se realizaron siguiendo la metodología vigente de las Normas de Homologación. Voceros vinculados al Gobierno llegaron a afirmar que estas no estaban vigentes, pero se ha demostrado que mantienen su vigencia. Evidentemente fue premeditado ignorarlas y así imponer un procedimiento diferente, a pesar de las observaciones que oportunamente se formularon desde el gremio docente mayoritario -Fapuv-, que no cesó en su reclamo en insistir se respetara el procedimiento vigente.

  Obviamente  la fortaleza gremial es una condición necesaria para que las brechas entre los índices de aumento del costo de vida y lo acordado se minimicen. Pero ha de reconocerse que existen problemas en cuanto a fortaleza gremial  se refiere, y ello es de carácter general más allá del ámbito de las universidades, es del sindicalismo del país. Se tiene entendido que las luchas por demandas salariales en el marco de una política económica sólo es posible en condiciones de una autentica autonomía y unidad, lo que históricamente ha sido posible en muy contados momentos de la lucha gremial. En el presente, la falta de autonomía lleva a los sindicatos a repetir consignas huecas e inmovilizadoras, y a prestarse para acciones más bien de fomento de diatribas inter-sindicales, prestándole un servicio a los patronos y lo peor un daño a las bases de afiliados.   

  Es importante llamar la atención de la importancia de una lucha gremial en el marco de una política económica, porque de lo contrario no hay garantías que se preserven los salarios y su poder adquisitivo, así como disponer, invocar y usar mecanismos expeditos de revisión y actualización. Si miramos que quienes producen bienes y servicios privados están ajustando sus precios al ritmo de la evolución económica, entendido como condición necesaria para su preservación como entidades productivas, lo mismo y exactamente igual vale para la fuerza de trabajo, hay que revisar sus condiciones de manera expedita, justa y equilibrada. 

 Una aspiración en las acciones gremiales en temas salariales es no subordinarlas a los esquemas de polarización existente en otros ámbitos de la relación Gobierno y Sociedad. Un ejemplo en este sentido es la cohesión que muestran los empresarios para reclamar sus aspiraciones ante las instancias estatales, como es la política de precios y cobro de deudas, es una sola voz.

  El gobierno por su parte dispone del ingreso petrolero que recibe en divisas duras, de los impuestos que le pagamos que son siempre crecientes, y de otras tasas que vienen expresadas en unidades tributarias indexadas anualmente, por tanto preserva buena parte de sus ingresos, además incurre en la impresión de dinero inorgánico, que hoy y a futuro le crea problemas a todo el mundo en el país como generador de inflación, aparte de incurrir cíclicamente en nuevas paridades cambiarías, que de hecho representan devaluaciones que sustraen poder adquisitivo a nuestros salarios. 

  A la política económica gubernamental no hay quien le ponga límites. Si bien no se maneja con predominio de criterios de mercado, tampoco se maneja con los límites de acuerdos y consensos con los productores reales como son empresas y trabajadores. Afortunadamente el único producto que se maneja con criterio de mercado es la venta y exportaciones de petróleo, que justamente por razones de mercado disfruta de un precio que nada tiene que ver con los costos de producción, sino más bien con la oferta y la demanda. Este cuadro determina que los limites de la política económica  son los problemas de gobernabilidad y desabastecimiento, con un continuado deterioro del tejido productivo y de la institucionalidad. El peor de los escenarios para quienes somos sus destinatarios.  

   Aparentemente a favor de los consumidores, si bien existen en algunos productos suministrado por empresas estatales que son subsidiados como la gasolina y el gas, y en algunas zonas la electricidad. Así también pasa con productos de varias empresas estatales, caso cemento, alimentos, agroindustria, cabillas, acero, aluminio, entre otros, suele ocurrir que se crean mafias en estas empresas y en la cadena productiva con conexiones y vinculaciones con personas de entidades estatales y privadas externas que se lucran promoviendo y sosteniendo un mercado negro, tanto para el mercado interno como externo, que a la postre determina precios elevados que sustraen dinero del salario de los trabajadores. 

  Las negociaciones salariales en un país con tan débil institucionalidad como es el caso nuestro, obligan a que ellas requieran de un esfuerzo titánico desde el lado de los trabajadores, esto pasa por apelar a las movilizaciones que tengan el tema salarial en el centro de las acciones, claro que vinculado con la política oficial. Recordemos que no existen mecanismos establecidos para que los trabajadores exterioricen su voz en esta materia. La negociación tripartita era un mecanismo alcanzado como conquista sindical pero que por años ha sido satanizado por el discurso oficial, pasa el tiempo y al día de hoy no ha sido sustituido por algún otro que de voz a los trabajadores.   

  Hay que reconocer que el país ha experimentado una intensa actividad movilizadora a partir de las protestas estudiantiles, que ha agregado a otros sectores sociales, cuyas consignas son de carácter más general que las referentes a los salarios. 

  Sin embargo el deterioro creciente y continuado de la situación económica nacional estimuló la organización y celebración de masivas marchas con motivo del 1 de Mayo en varias ciudades del país, donde destacaron la necesidad de reclamar la revisión y protección de los salarios como primera consigna. Por el momento son sólo consignas que no han logrado alcanzar un mínimo de institucionalidad en la esfera estatal; la que más bien se conforma con el sólo ajuste unilateral y desconectado de un proceso coherente de revisión del salario mínimo, por lo que gradualmente se viene convirtiendo más en el salario medio de la fuerza de trabajo del país, lo que deja contento al gobierno que lo anuncia convertido en inexistentes dólares a 6.30 como el más alto de América Latina. Los empresarios cómodamente lo asimilan porque no implica mayores compromisos y los trabajadores.. cada vez más pobres. 

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@hl_lucena

DIFICULTADES EN LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE EMPRESAS RECUPERADAS

  En la conmemoración y celebración del día del Trabajador vale considerar la situación de las muchas empresas recuperadas, y la difícil e inestable situación que viven quienes ahí laboran, así como sus proveedores y destinatarios de los productos y servicios para quienes situaciones de incertidumbre también repercuten en su fuerza de trabajo, por lo que se trata de un efecto ampliado que amerita su consideración. Hay que distinguir lo particular de estas situaciones porque son empresas que en manos de sus propietarios cerraron y abandonaron o las dejaron en estado crítico de funcionamiento, con saldos rojos en producción y económicos en general. 

  En visita a Montevideo tuve contacto con grupo de trabajadores involucrados en la conducción de empresas recuperadas, las que llevan varios años  de importantes esfuerzos por salir adelante. Hay que destacar que casi todos los gestores vienen del sindicalismo, o de la propia fuerza de trabajo de esas empresas que cayeron en bancarrota. Trabajadores que optaron entre privilegiar el reclamo de sus pasivos laborales y luego irse a buscar otros caminos, o luchar para defender la fuente de trabajo y persistir en la continuidad de la empresa. 

  Hay que resaltar que aquí en Venezuela son más los casos de empresas que han sido estatizadas, estando en plena normalidad o con un aceptable  funcionamiento. El gobierno estatizador lo justifica como una necesidad de controlar sectores que considera estratégicos, o en otros casos se trata de estatizaciones por retaliaciones, y aquí nos encontramos  las más diversas y en algunos casos con muy pocas razones económicas para tales decisiones. Con esto se destaca que hay frecuentemente más razones políticas  que económicas en las estatizaciones, que estas últimas razones son más bien subalternas. 

  Si es de particular relevancia destacar que en la mayoría de los casos de empresas recuperadas sea por razones de las identificadas en el primer párrafo, como de las que están explicadas en el tercero,  son puestas bajo la conducción de nuevos directivos y gestores, en donde no siempre son los trabajadores los que están a la cabeza, sino que los nuevos gestores son nombrados desde el gobierno y en muchos casos sin relación ni experiencia en la actividad productiva de la empresa en cuestión. Lo que amerita un esfuerzo de análisis y estudio, que muy poco se está haciendo, no obstante la relevancia que plantean estas experiencias y en particular la conducción, para contribuir a evidenciar las posibilidades de nuevas opciones de gestión y funcionamiento productivo, que trasciendan los modelos y las prácticas de la forma anterior que dio lugar a la bancarrota o las dificultades de funcionamiento. Esta distinción es importante, entender como empresa recuperada la que proviene de la bancarrota o de una situación de funcionamiento difícil y accidentado, de aquella que fue estatizada en condiciones normales de funcionamiento  productivo.

  Es importante destacar que el tema no es debatido suficientemente, ni el mismo forma parte de la agenda de organismos que deben velar por el buen uso de los recursos públicos, porque esa sería también la ocasión para identificar errores y enmendar  e incluso llegar a plantearse ¿que tan viable puede ser llegar a normalizar la empresa?. Todo esto conlleva análisis sociales, en primer lugar por los empleos en juego, pero también análisis económicos, para que se opte por alternativas que no se constituyan finalmente en problemas mayores para las finanzas públicas, que en definitiva son los aportes de los contribuyentes para contar con los servicios que el Estado les debe prestar.

  La inquietud más importante en principio en torno a las empresas recuperadas es su sobrevivencia y normalización. El tema es muy espinoso ya que son empresas que llegaron a paralizarse porque funcionaban en condiciones muy deplorables, y por tanto es un compromiso titánico regresarlas a la normalidad.

  Un problema común a las empresas recuperadas es el que los trabajadores más calificados abandonan el barco al ver señales inestables, lo que deja un vacío importante a la hora de reactivarlas. Lo otro es que el hecho de la parálisis produce un enorme desasosiego e incertidumbre, que no necesariamente es respondido de igual manera por el colectivo laboral. Se conoce que aquellos que vienen de una prolongada militancia sindical tienen mayores posibilidades de cohesionarse en la búsqueda y construcción de alternativas, igualmente  si tienen contactos políticos o ventajas para construirlos, ellos van a ser importantes para gestiones en instancias públicas que apunten a conseguir los apoyos y recursos para la reactivación. También ser parte de una organización colectiva es un espacio idóneo para ir monitoreando el desenvolvimiento de la empresa con anterioridad al colapso. Por supuesto que la dirección de la empresa lo vendrá haciendo incluso con las ventajas de la información confidencial privilegiada, y que no toda ella esta al alcance del sindicato, aún más cuando la organización es sólo de los operarios y al nivel de la empresa, como suele ser el modelo organizacional sindical predominante en el caso venezolano. 

  Llegado ya al momento del colapso de la empresa, digamos la parálisis productiva,  uno de los principales riesgos que obliga a poner en práctica una extrema vigilancia es la amenaza de vaciamiento y la vandalización de la empresa, de sus instalaciones y equipos. Lo primero como opción consciente y ventajosa de sus dueños, y lo segundo como dramática realidad social del entorno que ve en el abandono de un sede productiva la oportunidad para hacerse de bienes vendibles e incluso para contar con un techo y vivir. Contrarrestar estas dos situaciones es normalmente una opción de los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales, por entender la importancia de preservar el centro productivo como garantía de sus reclamos laborales, y lo más importante como alternativa para lograr la continuidad de la fuente de trabajo. 

  Esta etapa de vigilancia y protección de las instalaciones productivas es de duración indefinida, sin horarios, sin descansos, sin feriados, es un sacrificio auto impuesto por los trabajadores organizados para la defensa de las instalaciones. En este lapso la fuerza laboral se integra y homogeneiza en un sólo cuerpo, que gradualmente clarifica sus objetivos de alcanzar los medios para que la fuente de trabajo no se pierda. 

Este punto de partida en la transición de empresa de propietarios capitalistas a propietarios trabajadores, abona a favor de que la reapertura se logre en condiciones de homogeneidad de intereses, lo que teóricamente abona a favor de contar con una mística y férrea voluntad para superar complejos obstáculos de la reactivación productiva. Por ello es un contrasentido que a estas experiencias el estado o el gobierno las condicione al imponerle una dirección con personas advenedizas, ajenas al natural proceso de construcción del proyecto socio productivo y sus propias identidades.