En toda la política salarial que se sigue con quienes prestan sus servicios al Estado, el único procedimiento que se aproxima a preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones es el de las Normas de Homologación, claro siempre que se ajusten los salarios a los índices del costo de vida. Lo que ciertamente sólo ocurrió en los primeros años de su vigencia en la década de los ochenta. Luego se han producido brechas entre las respuestas oficialistas y los índices del BCV, a pesar de la vigilancia gremial.
Las negociaciones salariales del pasado año para el personal académico de las Universidades no se realizaron siguiendo la metodología vigente de las Normas de Homologación. Voceros vinculados al Gobierno llegaron a afirmar que estas no estaban vigentes, pero se ha demostrado que mantienen su vigencia. Evidentemente fue premeditado ignorarlas y así imponer un procedimiento diferente, a pesar de las observaciones que oportunamente se formularon desde el gremio docente mayoritario -Fapuv-, que no cesó en su reclamo en insistir se respetara el procedimiento vigente.
Obviamente la fortaleza gremial es una condición necesaria para que las brechas entre los índices de aumento del costo de vida y lo acordado se minimicen. Pero ha de reconocerse que existen problemas en cuanto a fortaleza gremial se refiere, y ello es de carácter general más allá del ámbito de las universidades, es del sindicalismo del país. Se tiene entendido que las luchas por demandas salariales en el marco de una política económica sólo es posible en condiciones de una autentica autonomía y unidad, lo que históricamente ha sido posible en muy contados momentos de la lucha gremial. En el presente, la falta de autonomía lleva a los sindicatos a repetir consignas huecas e inmovilizadoras, y a prestarse para acciones más bien de fomento de diatribas inter-sindicales, prestándole un servicio a los patronos y lo peor un daño a las bases de afiliados.
Es importante llamar la atención de la importancia de una lucha gremial en el marco de una política económica, porque de lo contrario no hay garantías que se preserven los salarios y su poder adquisitivo, así como disponer, invocar y usar mecanismos expeditos de revisión y actualización. Si miramos que quienes producen bienes y servicios privados están ajustando sus precios al ritmo de la evolución económica, entendido como condición necesaria para su preservación como entidades productivas, lo mismo y exactamente igual vale para la fuerza de trabajo, hay que revisar sus condiciones de manera expedita, justa y equilibrada.
Una aspiración en las acciones gremiales en temas salariales es no subordinarlas a los esquemas de polarización existente en otros ámbitos de la relación Gobierno y Sociedad. Un ejemplo en este sentido es la cohesión que muestran los empresarios para reclamar sus aspiraciones ante las instancias estatales, como es la política de precios y cobro de deudas, es una sola voz.
El gobierno por su parte dispone del ingreso petrolero que recibe en divisas duras, de los impuestos que le pagamos que son siempre crecientes, y de otras tasas que vienen expresadas en unidades tributarias indexadas anualmente, por tanto preserva buena parte de sus ingresos, además incurre en la impresión de dinero inorgánico, que hoy y a futuro le crea problemas a todo el mundo en el país como generador de inflación, aparte de incurrir cíclicamente en nuevas paridades cambiarías, que de hecho representan devaluaciones que sustraen poder adquisitivo a nuestros salarios.
A la política económica gubernamental no hay quien le ponga límites. Si bien no se maneja con predominio de criterios de mercado, tampoco se maneja con los límites de acuerdos y consensos con los productores reales como son empresas y trabajadores. Afortunadamente el único producto que se maneja con criterio de mercado es la venta y exportaciones de petróleo, que justamente por razones de mercado disfruta de un precio que nada tiene que ver con los costos de producción, sino más bien con la oferta y la demanda. Este cuadro determina que los limites de la política económica son los problemas de gobernabilidad y desabastecimiento, con un continuado deterioro del tejido productivo y de la institucionalidad. El peor de los escenarios para quienes somos sus destinatarios.
Aparentemente a favor de los consumidores, si bien existen en algunos productos suministrado por empresas estatales que son subsidiados como la gasolina y el gas, y en algunas zonas la electricidad. Así también pasa con productos de varias empresas estatales, caso cemento, alimentos, agroindustria, cabillas, acero, aluminio, entre otros, suele ocurrir que se crean mafias en estas empresas y en la cadena productiva con conexiones y vinculaciones con personas de entidades estatales y privadas externas que se lucran promoviendo y sosteniendo un mercado negro, tanto para el mercado interno como externo, que a la postre determina precios elevados que sustraen dinero del salario de los trabajadores.
Las negociaciones salariales en un país con tan débil institucionalidad como es el caso nuestro, obligan a que ellas requieran de un esfuerzo titánico desde el lado de los trabajadores, esto pasa por apelar a las movilizaciones que tengan el tema salarial en el centro de las acciones, claro que vinculado con la política oficial. Recordemos que no existen mecanismos establecidos para que los trabajadores exterioricen su voz en esta materia. La negociación tripartita era un mecanismo alcanzado como conquista sindical pero que por años ha sido satanizado por el discurso oficial, pasa el tiempo y al día de hoy no ha sido sustituido por algún otro que de voz a los trabajadores.
Hay que reconocer que el país ha experimentado una intensa actividad movilizadora a partir de las protestas estudiantiles, que ha agregado a otros sectores sociales, cuyas consignas son de carácter más general que las referentes a los salarios.
Sin embargo el deterioro creciente y continuado de la situación económica nacional estimuló la organización y celebración de masivas marchas con motivo del 1 de Mayo en varias ciudades del país, donde destacaron la necesidad de reclamar la revisión y protección de los salarios como primera consigna. Por el momento son sólo consignas que no han logrado alcanzar un mínimo de institucionalidad en la esfera estatal; la que más bien se conforma con el sólo ajuste unilateral y desconectado de un proceso coherente de revisión del salario mínimo, por lo que gradualmente se viene convirtiendo más en el salario medio de la fuerza de trabajo del país, lo que deja contento al gobierno que lo anuncia convertido en inexistentes dólares a 6.30 como el más alto de América Latina. Los empresarios cómodamente lo asimilan porque no implica mayores compromisos y los trabajadores.. cada vez más pobres.
@hl_lucena
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