domingo, 22 de enero de 2012
CONFLICTIVIDAD LABORAL
sábado, 21 de enero de 2012
LA REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL TRABAJO
De nuevo la Reforma Laboral en Venezuela. Desde la entrada en vigencia de la Constitución Bolivariana el tema ha estado latente. También se han producido regulaciones sobre las relaciones de trabajo en determinados aspectos. Incluso un nuevo Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo entro en vigencia en el 2006, modificando una importante cantidad de conceptos y reglas. Miremos un cuadro sintético de diversas reformas adoptadas.
Algunas reformas y regulaciones han sido exitosas; vistos los resultados y opiniones de los actores laborales, como puede ser la reforma procesal del trabajo, las medidas sobre trabajadores discapacitados, trabajo doméstico, protección de la maternidad y la familia, y también sobre los bonos de alimentación.
Otras regulaciones han sido polémicas por su contenido y la manera de aplicarlas, y han dado lugar a tensas relaciones entre los actores laborales, como es el caso de algunas reformas vinculadas con el área de prevención y medio ambiente de trabajo.
También han sido complicadas en su administración y opacidad, las medidas que el ministerio del ramo ha puesto en vigencia, como exigencias a las empresas privadas, tal es el caso de la solvencia laboral y otros engorrosos registros obligatorios. En general este despacho, es indiferente de las anomalías e incumplimiento que ocurren en el sector público gestionado por la corriente gobernante.
Otras regulaciones han estado sesgadas hacia el sector privado y han obviado a tan importante empleador como es el Estado, tal es el caso de lo relativo a la inamovilidad laboral.
En el área de la libertad sindical y las negociaciones colectivas, las regulaciones han sido problemáticas. Por ello son notorias las dificultades que experimenta el movimiento sindical para su desenvolvimiento, incluso ya no se explica el asunto, porque se trata de que sea un movimiento de orientación oposicionista u oficialista, las dificultades en su accionar en el caso de las empresas y entes estatales abarcan y afectan la acción sindical en general, cualquiera sea el signo y orientación política ideológica de la dirigencia.
Esta situación ha llevado al extremo de la criminalización de la acción sindical, de casos cuando de lo que se trata es de reclamar al patrono el cumplimiento de sus obligaciones. El asunto se agudiza por la muy frecuente desobediencia de patronos públicos a las decisiones de los entes administrativos del trabajo.
El cuadro anterior lleva a la necesidad de plantearse un balance entre los avances en las regulaciones laborales, así como los retrocesos y las situaciones de estancamiento que se observan. Este balance no es sólo de textos y discursos.
Cierto que somos una sociedad aparentemente muy legalista y reglamentista, que privilegia los textos legales, antes y por encima de las instituciones y su funcionamiento. Destacamos lo de aparentemente, porque apenas puesto el ejecútese a una nueva ley o reglamento, se reduce el interés de los promotores y de la opinión pública en general, en la instrumentación y aplicación debida. Esto acentúa situaciones de discrecionalidad, así como problemas de interpretación en la aplicación de lo aprobado.
Sobre lo relativo a la valoración de las instituciones, y la transparencia en el funcionamiento de los contenidos en las regulaciones laborales hay una gran tarea por delante. Se trata de una acción permanente de monitoreo y vigilancia, que interesa a toda la sociedad, ya que refiere al tema trabajo y producción de bienes y servicios. El ministerio de ramo es opaco en la divulgación, y limitado – más bien nulo- en los análisis requeridos.
Pero al plantearse una reforma laboral pretendidamente amplia, como lo expresan diversos voceros oficialistas, en el mero centro de una campaña electoral se corre el riesgo de que los temas sean abordados atendiendo a las propias lógicas electorales, más que por las necesidades y carencias objetivamente observadas y comprobadas, en lo relativo a la naturaleza de la relación entre trabajadores y empleadores con motivo de la prestación de servicios y de la producción.
Es destacable que voceros miembros de la comisión presidencial declaran al país que aspectos específicos van a ser reformados, más allá del mandato constitucional. Pero la sociedad no conoce de un texto, de un proyecto sobre el cual analizar. En estos tiempos de la sociedad de la información, la sociedad debe contar con el acceso a ese texto completo. Es una condición para una verdadera consulta.
Los juicios valorativos que formulan algunos voceros de la comisión presidencial, especialmente los ligados a funciones político partidistas y/o en ejercicio burocrático de una parcela sindical favorecida gubernamentalmente, llevan una visible carga electoral. Evidentemente que ello forma parte de la extrema polarización existente.
La construcción legislativa descansa en el dialogo. No tener al Parlamento ocupándose del asunto, cuando es la institución prevista para legislar es de por sí una limitante en el dialogo mismo. El llamado parlamentarismo de calle, es bienvenido; incluso aún más cuando se nutre de todas las corrientes y sectores vinculados con el tema en discusión, pero no sustituye a aquel previsto en la carta magna.
jueves, 19 de enero de 2012
REVISTAS ACADEMICAS
La colección de la Revista TRABAJO, cuyo Director es el Dr Enrique de la Garza Toledo de la Universidad Autonoma Metropolitana de México. La Revista Trabajo es una publicación semestral del Centro de Análisis del Trabajo, A.C.
La Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estuvimos editando en el trienio 2008-2010, y que a partir del año 2011 pasó a Brasil, sede de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, y es editada por los Dres Adalberto Cardoso y José Ricardo Ramalho.
The Asian Journal of Latin American Studies, Editado en la República de Corea, su Director es el Dr Donmoon Cho, professor of Sociology for the Catholic University of Korea and President of National Association of Professors for Democratic Society.
sábado, 14 de enero de 2012
LA POBREZA: ABATIRLA, ATENDERLA U OCULTARLA
revolución bolivariana. El discurso sobre la pobreza ha sido central,
nunca antes el tema recibió en nuestro país la atención que ha tenido
en estos tiempos. Pero hay que reconocer que ello es coincidente con
una atención igualmente preferente que el tema ha tenido a nivel
regional. Siempre es importante mirar hacia afuera para no caer en la
simplicidad del excepcionalismo.
Se puede señalar que una característica del post neoliberalismo ha
sido una mayor preocupación por el tema de la pobreza. En cuanto al
postulado de una etapa Postneoliberal, conviene destacar que los
países de la región no recibieron los impactos de manera uniforme de
estas políticas. Hay que tener presente que la implementación se
realizó sobre unas condiciones que variaron de un país a otro. Países
en donde estas políticas empezaron a imponerse al momento de estar
sometidos gobiernos autoritarios, y otros que conservaron gobiernos
democráticos y la implantación ocurrió con algún grado de
resistencia. Este reconocimiento de las diferencias y los contextos,
es lógico si se tiene en cuenta incluso el hecho de que organismos
como el FMI al diseñar sus propuestas a ser aplicadas, no deja de
reconocer algunas diferencias en el país en donde se pretende la
implantación de un paquete de medidas.
En la continuidad de las diferencias y los contextos, no hay que
olvidar que en los tiempos de crisis que el mundo conoce en estos
últimos años, el precio del petróleo ha seguido subiendo. La cesta
OPEP era de 10 US$ en el 1998 y para el 2011 estaba cercana a los 100
US$, en ese período ocurrieron dos grandes crisis con impactos
globales. Empezó el período con la crisis asiática, y luego del 2008
en adelante emerge la crisis de las hipotecas en los Estados Unidos,
que luego se expanda al sector financiero, y se traslada a Europa,
afectando la economía real en el conjunto de los países desarrollados.
En estas crisis el precio del petróleo es percibido como un verdugo,
un coadyuvante al aumento de las dificultades. Si bien el petróleo
está asociado a la condición de insumo en los procesos productivos,
que naturalmente la crisis les reduce su ritmo y demanda de insumos
básico como éste. Pero también el petróleo está directamente ligado al
consumo y al bienestar y calidad de vida de la población. Se convierte
esta dimensión un tanto más rígida para eventuales reducciones de los
niveles de consumo, ya que conlleva problemas de gobernabilidad para
los liderazgos en funciones gubernamentales.
Lo anterior nos coloca como exportadores de petróleo del lado de los
países que la generalidad de las crisis le resulta menos perjudicial.
El problema de muchos se convierte en la bonanza de pocos.
De lo expuesto se quiere destacar que en tiempos de crisis global, se
presenta para un exportador de petróleo como una oportunidad favorable
para combatir y abatir la pobreza. Hay que destacar que la crisis
global de los últimos diez años ha sido favorable para la generalidad
de las llamadas commodities, las materias primas o bienes de poco
valor agregado, como es lo predominante en las exportaciones
latinoamericanas. Es por ello que la Comisión Económica para América
Latina – Cepal- informa que de dieciocho países analizados en reciente
estudio, muestra que para el período 2010 y 2011, diecisiete habían
reducido la pobreza (“La hora de la igualdad. Brechas por cerrar,
caminos por abrir”).
Venezuela registra índices favorables en la reducción de la pobreza
en este principio de siglo. Así se observa en informe de de organismos
técnicos como la CEPAL-. Sin embargo es importante destacar que este
organismo, como en general en aquellos dependientes de las Naciones
Unidas, elabora sus estudios con los datos que procesan y producen las
entidades oficiales de los países miembros. De tal manera que Cepal,
utiliza para sus estudios e informes, lo que publica el Banco Central
de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas, y en general las
entidades oficiales venezolanas.
La pobreza y su medición es un tema aparentemente técnico, pero en el
fondo lo político siempre está determinando. Es elocuente lo que acaba
de suceder en China, se subió el nivel de ingreso para ser calificado
de pobre a $US 1.00 diario, que es un criterio ampliamente difundido y
aplicado por el Banco Mundial concretamente para precisar la pobreza
extrema o indigencia. Pues bien en China de un solo viaje se agregaron
cien millones de nuevos pobres
(http://www.youtube.com/watch?v=_GzqzTLTK6k). Esto tiene implicaciones
en la comparación internacional, y en los programas sociales al
interior del país. Los criterios y las estadísticas te pueden ocultar
o visibilizar a los pobres, incluso disfrazarlos.
sábado, 7 de enero de 2012
RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL ANTE EL DETERIORO LABORAL EN TIEMPOS ELECTORALES
ubica la primera, nos ha preocupado desde hace varios años. Es así
que en nuestro blog, el primer documento que colgamos fue sobre este
tema, puede verse con fecha 19-9-2007. Van cuatro años de seguimiento
del tema, y no se observan reacciones acordes con la complejidad del
problema por parte de los diversos involucrados.
Del lado sindical y de las organizaciones sociales a las cuales se
vinculaban las víctimas, apenas se observa la sensibilidad para
recordar algunos nombres de asesinados en sitios de Internet,
declaraciones ante medios y comunicados.
La amplia mayoría de los asesinados en este ámbito, sus nombres pasan
rápidamente al anonimato, no hay organizaciones que asuman el
recordarlos y gestionar la demanda de justicia.
Pero incluso víctimas afiliadas a organizaciones sindicales de
orientación oficialista, éstas no han tenido la capacidad de
sensibilizar a las autoridades para que asuman posiciones firmes en
contra de esta desviación extrema como es la violencia sindical. Ni
siquiera han tenido éxito en llegar a los niveles decisorios para que
emitan un discurso condenatorio y actúen con los recursos legales que
administran para el ejercicio de una acción responsable ante la
magnitud del problema. Hay que recordar que entre el 2003 y el 2011,
suman doscientos setenta y nueve asesinados. Se aprecia que hay una
política de ignorar este problema, e incluso banalizarlo.
La preocupación en torno al tema que venimos analizando por supuesto
está enmarcada en una situación de violencia generalizada de todas las
áreas de acción social del país, es decir en la vida de las
comunidades, de los centros educativos, de las cárceles, de las
empresas.
El contexto y situación analizada contrasta con una experiencia que
nos muestran movimientos de trabajadores en Argentina a partir del
asesinato de Mariano Ferreira, en el marco de protesta contra la
tercerización en los ferrocarriles, hecho ocurrido el 20 de Octubre
del 2010. En nuestro blog puede leerse en documento “Institucionalidad
laboral en crisis”, del 27-11-2010, análisis del caso. Pero lo que se
quiere destacar es el grado de movilización que ha generado este
asesinato en la sociedad argentina, un día después de ocurrido se hizo
la primera movilización, luego otras a medida que era necesario para
promover los procesos de investigación y de acción de la justicia.
Total que a los pocos días estaban detenidos los autores materiales y
a los pocos meses los autores intelectuales. Aún la protesta persiste
por estimar que quedan ramificaciones responsables que no han sido aún
detenidas, aparte de que aún no ha habido las sentencias del caso. La
movilización ha sido importante para contrarrestar intereses que en
casos de asesinatos aspiran a conseguir coartadas y vías que protejan
a responsables, e incluso llegar a desviar las investigaciones.
Es muy importante destacar que con toda la sensibilidad mostrada por
las organizaciones sociales y políticas vinculadas con las acciones
del movimiento de los trabajadores y que fueron reprimidas
violentamente, se fue produciendo informaciones y estudios que han
contribuido al conocimiento amplio sobre la situación. Por ello el
caso Mariano Ferryra, a un año de su ocurrencia ha dado lugar a la
publicación de dos libros "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?", del
periodista Diego Rojas, abril 2011, Editorial Norma, de 188 páginas. Y
el otro "Trabajadores, tercerización y burocracia sindical. El caso
Mariano Ferreyra" del analista y militante Christian Rath, Editorial
Biblos, de 191 páginas.
Estamos empezando un nuevo año, complicado por ser un año electoral
en un ambiente polarizado. En los medios laborales se exteriorizan por
supuesto las pugnacidades del ámbito político. Y si ya venimos de una
situación violenta en este medio, conviene hacer esfuerzos
extraordinarios para que no se agreguen más elementos inflamables a la
atrofiada situación laboral presente. Aunque lo más importante para
desinflamar, es investigar y actuar en los doscientos setenta y nueve
casos que se contabilizan en la violencia sindical – pueden verse
nombres, fechas de asesinatos y algunos otros datos en los Informes de
Provea-. Que la sociedad sienta que la violencia sindical la castigan
las instituciones que existen para resguardar el funcionamiento
social.
domingo, 18 de diciembre de 2011
Violencia sindical persiste y poco se hace para contrarrestarla
Esta recopilación que viene haciendo Provea es una de las pocas fuentes que informan sobre esta grave situación. Entes estatales del ámbito laboral, como de los derechos y defensas de los ciudadanos, ignoran el problema. También el movimiento sindical en general no ha tenido éxito en colocar el tema en lugar relevante para ejercer presión sobre las entidades encargadas de investigar y tomar medidas.
La recopilación adquiere mayor valor si observamos que existen disposiciones legales que tienen una posición limitativa del accionar de instituciones. Por ejemplo, el artículo 6 de Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional establece: “Las organizaciones con fines políticos u organizaciones para la defensa de los derechos políticos, que a través de sus directivos, personas interpuestas o por vía anónima reciban ayudas económicas o aportes financieros por parte de personas u organismos extranjeros, serán sancionadas con multa equivalente al doble del monto recibido, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en otras leyes”. Como se ve hay una predisposición a la criminalización de las actividades que tienen como objetivo indagar en temas de derechos humanos.
De las víctimas del ámbito sindical reportadas en el informe que se comenta se destaca el Estado Bolívar, que continua como en años anteriores siendo el de mayor número de casos con diez, seguido de Aragua con siete, Carabobo con cuatro, Monagas con tres. Estas cuatro entidades representan dos tercios de los casos. El resto se reparte en ochos estados diferentes. Del total apenas dos son mujeres sindicalistas. En cuanto a la edad, el promedio es de sólo treinta y dos años.
La información provista señala que continua siendo el sector de la construcción, la actividad económica que aporta el mayor número de casos. Desde que este fenómeno adquirió dimensión alarmante, es decir desde el 2005, una constante marcada es que el sector de la construcción presenta por muy amplia mayoría el mayor porcentaje de casos. En otras contribuciones hemos analizado el caso. Los factores relevantes que generan este problema persisten. No hay acciones contundentes orientadas a la superación del problema, ni estatales ni privadas.
Los casos muestran orígenes diversos, pero son distinguibles dos grupos. El primero proviene de una acción sindical deformada que ha negociado con las necesidades de trabajo de los trabajadores, mercantilizando los puestos de trabajo, buscando el control de obras civiles que derivan beneficios económicos sea por la venta de empleos, como por cobro de cuotas a los patronos, ello junto al desbordado paralelismo sindical, abonan el terreno para que la violencia sea el camino para ganar espacios y dirimir las diferencias.
El segundo grupo, notablemente mucho menor que el anterior, se observa un determinado número de casos asociados a situaciones de intolerancia política e ideológica. En este gran número de treinta y seis víctimas son pocos, pero existen y ese es un verdadero problema.
Finalmente, es importante llamar la atención la tendencia a banalizar lo planteado, así como englobarlo en la situación de violencia generalizada que experimenta la sociedad venezolana, y mantener desde las instituciones y personas con responsabilidades en ellas una postura expectante y pasiva.
lunes, 12 de diciembre de 2011
“Hay una brecha entre el discurso y los indicadores laborales”
Héctor Lucena, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo, analiza el escenario sindical venezolano y las políticas laborales en vísperas de un año eminentemente electoral.
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta
[El especialista en relacionales laborales Héctor Lucena destaca la importancia de escuchar las experiencias positivas en la administración de conflictos]
El especialista en relacionales laborales Héctor Lucena destaca la importancia de escuchar las experiencias positivas en la administración de conflictos
Héctor Lucena es un curioso del mundo del trabajo. Como estudioso de este campo ha escudriñado con rigurosidad los sucesos en el movimiento sindical, especialmente los convulsionados últimos 10 años de la Venezuela “revolucionaria”.
Por eso, cuando dice que la conformación de la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores hay que verla “con prudencia”, lo sugiere como conocedor de esos ciclos.
Y para referirse a este nacimiento mira en retrospectiva. Se enfoca en los hechos que desencadenaron la génesis y agonía de la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), la cual resume en la omisión de la discusión de base, entre otros agravantes.
“El origen de una central sindical deben ser las federaciones, y el origen de las federaciones deben ser los sindicatos, y de los sindicatos la asamblea de trabajadores, es decir, ése es el ciclo. Ese ciclo debe desembocar en una central sindical”, señala el coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo y autor de Las Relacionales Laborales en Venezuela y Lo Laboral en Tiempos de Transición.
Los últimos intentos del movimiento de los trabajadores no han tenido esas características. En principio, señala, porque no son súbitos. Al contrario, son lentos.
“La CTV nació en el año 36, por arriba, y duró poco, pero luego se reconstituyó en otro tiempo, en otro momento, y tuvo su estabilidad en una etapa importante; la Unete también nació de arriba. ¿Cuál es el balance? Se fragmentó rápidamente. Se volvió pedazos porque nació sin ese proceso. Nació por la facilidad que se le da desde el Gobierno en darle un registro y luego darle convocatoria, acceso y entrada”, expone.
La estructura de presidente y de secretarios generales planteada en la nueva organización, a diferencia de las coordinaciones planteadas en la Unete, no son garantía de que se resuelvan los problemas de fondo, como la estabilidad y la autonomía del movimiento.
“Si tienes buenas relaciones con el Gobierno, ese no es el pecado. Esa es una alianza importante para las metas, pero también es una alianza que tiene que tener unos límites en su modo de funcionar, porque de lo contrario se convierte en un instrumento del Ejecutivo, en una etapa donde hay decisiones importantes que son del interés del movimiento de los trabajadores”.
- Considerando las características con las que se constituye esta nueva Central Socialista, ¿hay perspectivas de que pueda cumplir un papel de liderazgo entre los trabajadores?
- Hay que verlo con prudencia. No es para brincar de alegría. Un gobierno, por más poderoso que sea, tiene prioridades que no son, necesariamente, las del movimiento de los trabajadores. Tiene prioridades electorales, de gobernabilidad, alianza con otros sectores, política exterior…
El proceso de hoy es más direccionado de arriba para abajo, y eso trae una dificultad de cohesión. Si se buscan los estatus de la Unete no existen, eso es muy revelador de un trato, desde la administración del trabajo, muy generoso.
Concepción universal
El investigador considera que Unete cumplió un papel invaluable para los objetivos del Gobierno: desplazar a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).
“Su pura presencia, su vocería en los escenarios internacionales, fue colocando a la CTV en situación cada vez más difícil hasta que hoy está casi invisible. El Gobierno le debe a la Unete que eso haya ocurrido. Una función que se sabía que estaba planteada, pero hay funciones que se plantean y no resultan. Pues ésta resultó”, asevera.
- Pareciera haber la intención de que la central sea un instrumento político que, si bien no cohesiona a los trabajadores, mediáticamente cumple sus objetivos.
- Una central sindical es una estructura que le sirve a cualquier Gobierno en cualquier país para que haya interlocución, para que haya diálogo, para que haya intercambio, sin necesidad de que eso se vea peyorativo. No es, para nada, peyorativo. Pero si en esa central sindical es el Gobierno quien determina cómo ha de cumplir esa función, esa no es una regla muy clara. Esa es una cosa que tienen que decidir las centrales, porque sino el movimiento pierde una oportunidad importante de definiciones propias.
- La participación a través del control obrero, ¿es un hecho positivo en sí o trae peligros para el movimiento sindical?
- Uno oye a algunos conocedores y participantes de la experiencia que reiteran que el control obrero y el sindicato no se solapan, que son definiciones muy delimitadas, pero no es fácil aceptar tal definición porque a quien sí se les tiene bien definidas las reglas del juego, de hasta dónde llegan sus facultades, es al sindicato. El sindicato es una concepción universal donde concurren corrientes diversas, pero el control obrero es una concepción del régimen con un sesgo mayor.
- Después de casi 10 años de la formación de Unete ¿Percibe un movimiento emergente de los trabajadores?
- Por el lado de las corrientes tradicionales creo que ha habido un decantamiento a lo que ha sido AD (Acción Democrática) y Copei (Comité de Organización Política Electoral Independiente). Han aparecido personas con interés en constituir otras opciones, como el Fadess (Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato) o el MSL (Movimiento Solidaridad Laboral). Claro, construir un movimiento implica voluntad y también recursos, (porque) hay que organizar actos, movilizar gente, etcétera. Fadess es un ensayo, pero pienso que es modesto en cuanto al alcance. Así que, pensar refundar o replantearse (el movimiento sindical) en un año como el que viene, donde se prioriza lo electoral, va a estar en un papel no prioritario.
Pienso que cualquiera sea el resultado de octubre, va a ser un momento bueno para los trabajadores porque significa el cierre de un ciclo.
- Se analizó, hace algunos años, que la crisis de los partidos, el ascenso de Chávez y la participación de la CTV en el paro petrolero dinamitaron las bases del movimiento sindical. ¿Ahora hay un retorno de los trabajadores a las organizaciones políticas?
- Lo que veo es mucho reclamo. La gente reclama y tiene más reclamos. Hay quienes dicen que es por la permisividad. Yo no le creo así, porque sino no hubiesen casos como los de criminalización de la protesta.
La conflictividad no siempre es expresada en parar la fábrica, o parar la planta, o hacer una marcha para ir al Ministerio del Trabajo… es la actitud, lo que se oye en la conversa de la gente.
- El Presidente ha fomentado esa actitud contestaría al promover la contraloría social y otros mecanismos de empoderamiento. ¿Eso se ha revertido hacia el propio Ejecutivo?
- El asistencialismo sigue siendo fuerte, y si la situación económica de las empresas es difícil y no se crean empleos y el país tiene un PIB estancado, entonces el movimiento encuentra dificultades estructurales para poder tener más garra como organización.
En una situación como esa, el asistencialismo encuentra más oportunidad, porque te brinda apoyo sin contraprestación del trabajo.
Históricamente, la conciencia la da para reclamar que eres explotado, subordinado, que creas riquezas para otros, pero ahora la conciencia también tiene que ver con el hecho de que no se te cumple con una beca o con una asignación que estaba programada, y eso ocurre porque se hace de eso mucha propaganda.
Allí hay un fenómeno que no es que se le escapa al Gobierno, sino que se le sobrecarga de asistencialismo y eso le crea la dificultad para crear empleos dignos, decentes y productivos.
- ¿Hasta cuándo ese discurso puede ser efectivo en los trabajadores?
- Ese discurso es efectivo en el nivel emocional; es empático, pero al final de los procesos el contrato colectivo está congelado y hay problemas de inserción laboral. Entonces, hay una brecha entre el discurso y la cotidianidad expresada en los indicadores laborales.
Un indicador importante laboral es cómo se distribuye el ingreso nacional entre trabajo y capital. Ya sabemos que capital es capital privado o público. El ingreso a lo largo de los últimos años se ha distribuido más hacia el capital que hacia el trabajo. Claro, el trabajador en la base lo siente de alguna manera.
Iban muy bien los indicadores de la disminución de la pobreza pero se han estancado, y combatir la pobreza no es exactamente igual a una mejor distribución de capital trabajo; se trata de otras aspiraciones mayores, lo que debe ser fluidez productiva, ambiente de convivencia, calidad de vida y progreso de la gente. Eso es lo que importa.
Marco legal
- ¿Es necesaria una reforma o una nueva Ley Orgánica del Trabajo?
- Eso hay que verlo. Hay quienes hablan de reformas puntuales que están en la Constitución, y hay quienes hablan de una nueva relación laboral. Hay que oírlos a todos pero, como este es un asunto muy amarrado al Presidente, hay que ver por cuál se inclina.
- En comparación con otras legislaciones del mundo, ¿Venezuela está regazada o todavía es una ley de avanzada?
- Hay países que tienen leyes más avanzadas pero cubren a más gente, y hay países que tienen leyes muy avanzadas pero cubren a menos gente. Aquí lo que importa es que de una población laboral de 13 millones, ¿cuántas están cubiertas por la legislación laboral?
- ¿Qué indicadores hay?
- Bueno, los indicadores son cómo está distribuida la población entre formales e informales. Eso es tajante. Y (además) cómo se observa en la justicia laboral en que la mayoría de los reclamos tiene que ver con que si es o no trabajadora dependiente.
-¿Qué riesgos se corren si no se da una discusión profunda?
- El primer riesgo es dificultades de aplicación, que no sea coherente, que no sea precisa y que genere más conflictos encontrados, y entonces se desate una cadena de problemas adicionales a los existentes. Y el otro riesgo que existe es que, por generar expectativas económicas determinadas, las empresas migren a cooperativistas, a contratistas y se produzca un retroceso.
La voluntad de los líderes a veces no encaja con la realidad económica ni con el sistema productivo, ni con las capacidades; para que encaje hay que debatir mucho, consultar y bajar a los empresarios, no sólo a los trabajadores.
Hay empresas como Polar, que es un grupo que cumple y trata de tener a la gente contenta. Menciono esa porque es casi un caso emblemático. Hay otros ejemplos menos sonoros. Esos ambientes, que funcionan bien, hay que oírlos porque esos son los mejores referentes. Los mejores referentes no son esas empresas que andan con tanto lío.
¿Quién es Héctor Lucena?
- Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Glasgow.
- Coordinador del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Carabobo.
- Autor de Las Relacionales Laborales en Venezuela y Lo Laboral en Tiempos de Transición, entre otras publicaciones.
- Titular de la columna Mundo laboral en el diario Correo del Caroní.