Es casi inevitable no referirse a las redes sociales como instrumento de comunicación en la sociedad de hoy. Las noticias vuelan más rápido por este medio que por todos los anteriores. En tiempo real se entera uno de acontecimientos en pleno desarrollo. Las herramientas que han alcanzado mayor difusión son el Facebook y el Twitter. A nivel mundial con más de quinientos millones de usuarios el primero y más de ciento cincuenta millones el segundo. Este último alcanzó en Japón el día 1 de enero, con motivo del anuncio y saludos de año nuevo, el record mundial del envió del increíble número de 6.939 Twits por segundo (http://blog.es.twitter.com/ consulta 8-1-11).
De Venezuela se indica que cuenta con seis millones de usuarios de Facebook, se trata de cerca del veinte por ciento de toda la población. Es una proporción que supera la media mundial. El Twitter tiene un poco menos de penetración, pero su ritmo va en un ascenso vertiginoso. El twitter del Presidente Hugo Chavez. @chavezcandanga es quizás el que cuente con más seguidores, alcanzando los 1.134.891 al día de hoy. Se trata de un número considerable de destinatarios, a quienes les llega cualquier mensaje emitido por esta cuenta, que según hemos conocido dispone de un numeroso equipo de coordinación y operación. De todos modos, para tal cantidad de usuarios el número de emitidos es modesto, apenas ochocientos cuarenta.
En el plano político es reconocida la utilidad de las redes sociales para hacer llegar los mensajes de campaña, para la organización de los actos, el intercambio con los votantes. Por ejemplo de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional ciento veinticinco son usuarios de Twitter; 65 del Gobierno y 60 de la oposición. Evidentemente que estos últimos recurren más a este medio. Es oportuno mencionar que recurrentemente se leen mensajes, que critican que en ocasiones se hace oposición más desde las redes sociales que en la propia vida real.
En las redes sociales, y particularmente entre los usuarios de Facebook, frecuentemente se formulan recomendaciones que orientan en materia de seguridad, ya que hay usuarios que colocan informaciones de su vida personal y de sus actividades que ofrecen oportunidades y riesgos para la propia seguridad de las personas.
En el ámbito de las Relaciones de Trabajo, este riesgo también lo conocemos en un caso que llevo a abogada y sus representados a presentar queja ante el Ministerio del ramo, ya que un trabajador había agregado en su Facebook, a un "naciente Sindicato". La idea del grupo era que a través de la famosa red social iban a fijar reuniones, estrategias, y en fin, establecer todo para la constitución de un Sindicato. Los jefes, de un conocido banco, se enteraron del asunto, tuvieron acceso a la red social, imprimieron los nombres de sus miembros y decidieron despedir a todos los trabajadores que estaban allí.
Planteaba en un foro público el Diputado Andrés Velásquez, de cómo desde cárceles en el Estado Bolívar, se contacta a personas para amenazarlas, así como también se mantienen vínculos con delegados sindicales que participan de la venta de empleos en el sector de la construcción.
Otro contraste de estos tiempos de redes sociales en el marco de la masificación del uso del internet, se observa la permanencia de procesos arcaicos en la Administración del Trabajo, como el que las empresas tengan que presentar un registro trimestral ante el Ministerio. Teniendo sus representantes que hacer filas en las calles desde altas horas de la madrugada, con las mayores incomodidades y riesgos. De paso esta información no parece ser utilizada en la construcción de políticas y brindarla a los usuarios para análisis y recomendaciones en los procesos productivos y de funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
Por el extraordinario impacto de las Redes Sociales en las relaciones entre la personas, es necesario que desde los actores laborales se hagan los esfuerzos para integrarlas a su cotidianidad.
sábado, 8 de enero de 2011
miércoles, 5 de enero de 2011
EMPLEO: EJECUTIVO, PARLAMENTO Y COMPROMISO SOCIAL
El país termina por segundo año consecutivo con cifras negativas en materia de crecimiento y desarrollo. Sin embargo las autoridades anuncian que este primer semestre del 2011 se empezará a revertir esta crítica situación. Analistas diversos llenan páginas impresas y virtuales sobre estas expectativas. Sobre esta particular nos vamos a referir solamente a la dimensión empleo. Apuntaremos tangencialmente algunas áreas que aspiramos sean abordadas en las actividades y comunicaciones entre el Ejecutivo, el Parlamento y la Sociedad.
En primer lugar, no parece servir de mucha utilidad al país seguirle edulcorando las cifras de empleo. Unos índices de desempleo que no se afectan a pesar de dos años de decrecimiento económico, parecen contradecir el más elemental sentido común; como es el hecho que disminuyendo la producción en casi todos los sectores productivos, el órgano responsable de decirnos de estos índices, sigue publicando que el desempleo continúa campante apenas por 7 u 8 %. Es cierto que el mercado laboral es heterogéneo y complejo. De ahí que los aspectos técnicos para que los datos se parezcan más a lo que la sociedad experimenta sea una meta esperable, y no seguir construyendo datos que poco sirven, incluso a la misma imagen gubernamental.
A manera referencial, de los países de la Unión Europea, siete de ellos manifiestan sus datos de desempleo con tasas de dos cifras, en posición extrema Letonia (23%) y España (19%) -2010-. Este reconocimiento además va en correspondencia con el hecho de la integración europea, que conlleva políticas comunitarias en materia de empleo, siguiéndose metodologías armonizadas para diagnosticar el problema. Lo que implica la existencia de un monitoreo creíble. En nuestro país, nuestras instituciones con responsabilidades en informarnos en esta materia no están expuestas a un monitoreo responsable.
Es necesario que el Ejecutivo y el Parlamento construyan y revisen políticas, en conjunto con los actores sociales y aquellas entidades vinculadas con el problema del empleo, para plantearle a la sociedad ¿Cuántos empleos se van a crear en este año? ¿En cuales sectores productivos? ¿En cuales regiones?
Sabemos que el desempleo es más dañino para quienes tienen carga familiar, especialmente si en la misma hay personas discapacitadas y menores en edad escolar ¿Cómo se distribuirán esos empleos a crearse tomando en cuenta las exigencias de formación, edad, género? Téngase en cuenta las mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo.
¿Cuáles son las implicaciones que todo esto conlleva en materia de movilidad geográfica? ¿A cuál o cuáles costos todo esto? ¿De donde se obtendrá el dinero para tales propósitos? ¿Cuál es el cronograma de recaudación de esos recursos? ¿Cómo vigilamos que todo esto se vaya cumpliendo en el tiempo y el espacio? Decir que ahí están los consejos comunales, no es suficiente, ya que también disponemos de organizaciones con papeles directos en el asunto, como los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones formativas. Todas experimentadas y con talentos que hacen falta para las grandes metas y proyectos.
Veamos además, algunos aspectos cualitativos del asunto, nada menores. Como es el caso del empleo público y la discriminación. Y esto refiere a entidades que ya andan por los 2.3 millones de personas de empleo directo, extendido a contratistas y organizaciones productivas que se vinculan con los entes estatales. En ellos se observa ventajismo en las contrataciones, con preferencias a quienes se vinculen con determinadas organizaciones o personeros del oficialismo, y con ello practicando una discriminación abominable en contra de la otra parte de la población, que nos coloca como sociedad en un estadio de violación de principios universales sobre la no discriminación para el empleo.
Esta práctica fue ejecutada por los adecos en la administración pública y empresas estatales, y la sociedad la repudió. Hoy se practica de nuevo, y levanta el más absoluto repudio. Buena parte de la población que se nos ha ido al exterior, ha sido ahuyentada por esta mezquindad institucional y antinacional, ya que la fuga de talentos es una sangría para el país.
Someter al que busca un empleo a rendirle culto a un pensamiento único, a personas u organizaciones ajenas a las instituciones productivas, es sencillamente humillante. Sin embargo, el que tiene la necesidad se adecua a las circunstancias, y se ve obligado en la mayoría de los casos a hacerle el juego a estos esquemas. Pero logrado el empleo, vienen circunstancias de estar expuesto a exigencias y demandas que no siempre están en correspondencia con meritos, ética y disciplina productiva, generando frustraciones y apatía laboral. Tenemos que romper este círculo vicioso.
En primer lugar, no parece servir de mucha utilidad al país seguirle edulcorando las cifras de empleo. Unos índices de desempleo que no se afectan a pesar de dos años de decrecimiento económico, parecen contradecir el más elemental sentido común; como es el hecho que disminuyendo la producción en casi todos los sectores productivos, el órgano responsable de decirnos de estos índices, sigue publicando que el desempleo continúa campante apenas por 7 u 8 %. Es cierto que el mercado laboral es heterogéneo y complejo. De ahí que los aspectos técnicos para que los datos se parezcan más a lo que la sociedad experimenta sea una meta esperable, y no seguir construyendo datos que poco sirven, incluso a la misma imagen gubernamental.
A manera referencial, de los países de la Unión Europea, siete de ellos manifiestan sus datos de desempleo con tasas de dos cifras, en posición extrema Letonia (23%) y España (19%) -2010-. Este reconocimiento además va en correspondencia con el hecho de la integración europea, que conlleva políticas comunitarias en materia de empleo, siguiéndose metodologías armonizadas para diagnosticar el problema. Lo que implica la existencia de un monitoreo creíble. En nuestro país, nuestras instituciones con responsabilidades en informarnos en esta materia no están expuestas a un monitoreo responsable.
Es necesario que el Ejecutivo y el Parlamento construyan y revisen políticas, en conjunto con los actores sociales y aquellas entidades vinculadas con el problema del empleo, para plantearle a la sociedad ¿Cuántos empleos se van a crear en este año? ¿En cuales sectores productivos? ¿En cuales regiones?
Sabemos que el desempleo es más dañino para quienes tienen carga familiar, especialmente si en la misma hay personas discapacitadas y menores en edad escolar ¿Cómo se distribuirán esos empleos a crearse tomando en cuenta las exigencias de formación, edad, género? Téngase en cuenta las mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo.
¿Cuáles son las implicaciones que todo esto conlleva en materia de movilidad geográfica? ¿A cuál o cuáles costos todo esto? ¿De donde se obtendrá el dinero para tales propósitos? ¿Cuál es el cronograma de recaudación de esos recursos? ¿Cómo vigilamos que todo esto se vaya cumpliendo en el tiempo y el espacio? Decir que ahí están los consejos comunales, no es suficiente, ya que también disponemos de organizaciones con papeles directos en el asunto, como los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones formativas. Todas experimentadas y con talentos que hacen falta para las grandes metas y proyectos.
Veamos además, algunos aspectos cualitativos del asunto, nada menores. Como es el caso del empleo público y la discriminación. Y esto refiere a entidades que ya andan por los 2.3 millones de personas de empleo directo, extendido a contratistas y organizaciones productivas que se vinculan con los entes estatales. En ellos se observa ventajismo en las contrataciones, con preferencias a quienes se vinculen con determinadas organizaciones o personeros del oficialismo, y con ello practicando una discriminación abominable en contra de la otra parte de la población, que nos coloca como sociedad en un estadio de violación de principios universales sobre la no discriminación para el empleo.
Esta práctica fue ejecutada por los adecos en la administración pública y empresas estatales, y la sociedad la repudió. Hoy se practica de nuevo, y levanta el más absoluto repudio. Buena parte de la población que se nos ha ido al exterior, ha sido ahuyentada por esta mezquindad institucional y antinacional, ya que la fuga de talentos es una sangría para el país.
Someter al que busca un empleo a rendirle culto a un pensamiento único, a personas u organizaciones ajenas a las instituciones productivas, es sencillamente humillante. Sin embargo, el que tiene la necesidad se adecua a las circunstancias, y se ve obligado en la mayoría de los casos a hacerle el juego a estos esquemas. Pero logrado el empleo, vienen circunstancias de estar expuesto a exigencias y demandas que no siempre están en correspondencia con meritos, ética y disciplina productiva, generando frustraciones y apatía laboral. Tenemos que romper este círculo vicioso.
sábado, 25 de diciembre de 2010
Trabajo Forzoso u Obligatorio
En los últimos días se ha traído al debate nacional el tema de las relaciones de trabajo esclavistas. Altos funcionarios gubernamentales invocaron la existencia de estas relaciones, entre los varios argumentos para expropiar empresas agropecuarias en el Sur del Lago de Maracaibo.
Sobre el trabajo esclavo, lo primero que hay que destacar es que el trabajador le pertenece al patrono amo. En el régimen de la esclavitud no hay mercado de trabajo sino mercado de personas. No se compra la fuerza de trabajo sino a la persona. A partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud va dejando de ser la forma dominante de trabajo y van surgiendo formas de servidumbre y especialmente el trabajo asalariado, que se impuso en todo el mundo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, los países de las Américas experimentan procesos de abolición de la esclavitud.
En el siglo XX la esclavitud constituye una rémora. El desarrollo socio político se opone a esta forma de explotación del trabajo humano. “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”. (Art 54, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). Además desde el punto de vista económico, el proveer alimentación y vivienda no era rentable en la vida laboral urbana, predominante del siglo XX.
Actualmente el problema de explotación laboral que más se aproxima al trabajo esclavo es el de trabajo forzoso. La OIT aprobó el Convenio No 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio y Venezuela fue de los primeros países de la región en ratificarlo - 1944-.
A los efectos de este Convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores con severas privaciones como, por ejemplo, privarles de alimentos, de la tierra o la remuneración, ejercer violencia física o abusos sexuales contra ellos, limitar sus movimientos o encerrarlos. Por ejemplo, un trabajador doméstico se encuentra en una situación de trabajo forzoso cuando el jefe de familia le saca sus documentos de identidad, le prohíbe que salga y le amenaza en caso de desobediencia. Otro ejemplo de trabajo forzoso ocurre cuando las personas, lo quieran o no, tienen que contribuir con su trabajo a la construcción de carreteras, de canales de irrigación, etc., y cuando los funcionarios del gobierno, la policía o los jefes tradicionales esgrimen amenazas concretas si no acuden a trabajar.
Según la OIT, más de 12 millones de personas en el del mundo están bajo coerción al trabajo forzado, en esclavitud o en situación similar. En América Latina, en los últimos años el país que atiende con mayor decisión este problema es Brasil. Su Plan Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo, lanzado por el gobierno Lula el 2003, ha permitido reducir sustancialmente este problema.
Desde hace más de diez años, la Organización Internacional del Trabajo fomenta el programa de Trabajo Decente, uno de sus objetivos es la erradicación del trabajo forzoso. Este programa ha sido acogido con entusiasmo en casi todos los países de América Latina, y ha sido de utilidad para mejorar los mecanismos y los procesos de dialogo social para combatir rémoras como esta en el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
En Venezuela no se llevan registros de este problema, sea del trabajo esclavo o del trabajo forzoso u obligatorio. Cierto que el problema existe. La temática exige que sea abordada con mayor detenimiento. A lo mejor una acusación judicial que enfrenta la República en tribunales del Estado de la Florida –EEUU-, le da relevancia mediática al problema. Médicos desertores del programa de asistencia entre Cuba y Venezuela reclaman indemnizaciones importantes, todo basado en conceptos derivados del trabajo forzoso u obligatorio.
Para finalizar llama la atención que en las Memorias del Ministerio del PP para el Trabajo y la Seguridad Social, de los dos últimos años, no hay referencias al trabajo esclavo, ni al trabajo forzoso u obligatorio, no obstante la argumentación esgrimida para acciones de expropiación.
Sobre el trabajo esclavo, lo primero que hay que destacar es que el trabajador le pertenece al patrono amo. En el régimen de la esclavitud no hay mercado de trabajo sino mercado de personas. No se compra la fuerza de trabajo sino a la persona. A partir de mediados del siglo XIX, la esclavitud va dejando de ser la forma dominante de trabajo y van surgiendo formas de servidumbre y especialmente el trabajo asalariado, que se impuso en todo el mundo. A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, los países de las Américas experimentan procesos de abolición de la esclavitud.
En el siglo XX la esclavitud constituye una rémora. El desarrollo socio político se opone a esta forma de explotación del trabajo humano. “Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley”. (Art 54, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999). Además desde el punto de vista económico, el proveer alimentación y vivienda no era rentable en la vida laboral urbana, predominante del siglo XX.
Actualmente el problema de explotación laboral que más se aproxima al trabajo esclavo es el de trabajo forzoso. La OIT aprobó el Convenio No 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio y Venezuela fue de los primeros países de la región en ratificarlo - 1944-.
A los efectos de este Convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores con severas privaciones como, por ejemplo, privarles de alimentos, de la tierra o la remuneración, ejercer violencia física o abusos sexuales contra ellos, limitar sus movimientos o encerrarlos. Por ejemplo, un trabajador doméstico se encuentra en una situación de trabajo forzoso cuando el jefe de familia le saca sus documentos de identidad, le prohíbe que salga y le amenaza en caso de desobediencia. Otro ejemplo de trabajo forzoso ocurre cuando las personas, lo quieran o no, tienen que contribuir con su trabajo a la construcción de carreteras, de canales de irrigación, etc., y cuando los funcionarios del gobierno, la policía o los jefes tradicionales esgrimen amenazas concretas si no acuden a trabajar.
Según la OIT, más de 12 millones de personas en el del mundo están bajo coerción al trabajo forzado, en esclavitud o en situación similar. En América Latina, en los últimos años el país que atiende con mayor decisión este problema es Brasil. Su Plan Nacional para Erradicación del Trabajo Esclavo, lanzado por el gobierno Lula el 2003, ha permitido reducir sustancialmente este problema.
Desde hace más de diez años, la Organización Internacional del Trabajo fomenta el programa de Trabajo Decente, uno de sus objetivos es la erradicación del trabajo forzoso. Este programa ha sido acogido con entusiasmo en casi todos los países de América Latina, y ha sido de utilidad para mejorar los mecanismos y los procesos de dialogo social para combatir rémoras como esta en el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
En Venezuela no se llevan registros de este problema, sea del trabajo esclavo o del trabajo forzoso u obligatorio. Cierto que el problema existe. La temática exige que sea abordada con mayor detenimiento. A lo mejor una acusación judicial que enfrenta la República en tribunales del Estado de la Florida –EEUU-, le da relevancia mediática al problema. Médicos desertores del programa de asistencia entre Cuba y Venezuela reclaman indemnizaciones importantes, todo basado en conceptos derivados del trabajo forzoso u obligatorio.
Para finalizar llama la atención que en las Memorias del Ministerio del PP para el Trabajo y la Seguridad Social, de los dos últimos años, no hay referencias al trabajo esclavo, ni al trabajo forzoso u obligatorio, no obstante la argumentación esgrimida para acciones de expropiación.
domingo, 19 de diciembre de 2010
Trabajo y modelos productivos en América Latina
Con este título, más el siguiente subtítulo “Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del modo de desarrollo neoliberal” Clacso, Buenos Aires, nos acaba de publicar esta obra; compilada por Julio Cesar Neffa y Enrique de la Garza, más las contribuciones de Damián Panigo, Jorge Carrillo, Fernando Urrea, Giovanni Alves, Marcio Pochman y Héctor Lucena.
La presentación del libro nos indica, que el punto de partida de este esfuerzo de investigación, fue la situación posterior a la crisis de los años setenta, el auge del neoliberalismo y su crisis al iniciarse el siglo XXI. El foco del análisis fue tratar de identificar los nuevos modelos productivos, que estaban emergiendo en América Latina, o su continuidad, y si los mismos tenían similares orientaciones y características, si su dinámica los llevaba a homogeneizarlos o si las trayectorias
institucionales, históricas de cada formación social conducían a una especificidad. Esta última hipótesis es la que se verificó.
Tal vez, el fenómeno que los atravesaba a todos era la “vuelta del Estado”. Luego de la crisis de los años setenta se observó que tanto para consolidar el modo de producción capitalista (son los casos de México y de Colombia), como para intentar un nuevo modelo productivo crítico de las políticas económicas neoliberales (son los casos de Brasil y de Argentina), o para tratar de crear un modelo socialista latinoamericano, del siglo XXI (es el caso de Venezuela), siempre se necesitó la
intervención del Estado a fin de consolidar los cambios introducidos y que, en todos los casos, ello tenía impacto muy diferente sobre las instituciones y las reglas que configuraban el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de la relación salarial.
Los autores abordan el tema desde la economía, la sociología y las relaciones de trabajo, pero recurren a la historia económica y social y a la ciencia política de una sociedad heterogénea, para contextualizar la dinámica del modo de desarrollo propio de cada país, y analizar los actores sociales que intervinieron para promover un nuevo modelo productivo diferente (Venezuela); tratar de configurar otro modelo
con ingredientes posneoliberales, pero que encuentra una fuerte oposición por parte de los grupos económicos cuyo poder fue reducido y que pretenden retomar el modelo neoliberal a pesar de haberse beneficiado con los cambios introducidos, o que para justificarse invocan el federalismo, la vigencia plena de las instituciones, el respeto del derecho de propiedad y volver a dar prioridad al mercado sobre el Estado
(Brasil y Argentina); o reformar el viejo modelo capitalista neoliberal,
para hacerlo más eficiente y enfrentar las crisis (México y Colombia).
La crisis financiera internacional desatada en el corazón del capitalismo
impactó de manera diferente a los países estudiados, pero también, en este caso, los intentos de controlarla y reducir los efectos perversos tuvieron al Estado como actor protagónico.
Todo esto nos lleva a concluir que el neoliberalismo económico con sus diversas dimensiones está en crisis, pero que no es inminente el derrumbe del modo de producción capitalista y que, en cada país,los grupos y clases sociales hegemónicos y los que reivindican cambios profundos, que por medio de sus luchas contradictorias o de los compromisos establecen mutuas concesiones negociadas y tratan de
imprimir al Estado una determinada orientación.
Las crisis debilitaron el movimiento obrero y disminuyeron su capacidad de iniciativa y de hacer propuestas alternativas, pero a mediano o a largo plazo su activa presencia es una condición necesaria para que emerja y sea sustentable un nuevo modo de desarrollo económico y social y otro modelo productivo, entre cuyos objetivos figuren:el pleno empleo; salarios reales que se ajusten según la inflación pasada y el incremento de la productividad; un aumento de la parte de los salarios
en la distribución funcional del ingreso; la universalización del sistema de seguridad social; el derecho a la formación y reconversión profesional; el combate a la pobreza, la indigencia y la exclusión social; procesos de humanización del trabajo para preservar la vida y la salud de los trabajadores; y la vigencia de la democracia económica dentro de las empresas y las organizaciones.
Los autores desean que el marco teórico y la diversidad de los
casos presentados estimulen un debate necesario, para sacar conclusiones
adecuadas a cada país y promover el compromiso social y político
para que “la vuelta del Estado” se oriente al logro de los objetivos
mencionados.
La presentación del libro nos indica, que el punto de partida de este esfuerzo de investigación, fue la situación posterior a la crisis de los años setenta, el auge del neoliberalismo y su crisis al iniciarse el siglo XXI. El foco del análisis fue tratar de identificar los nuevos modelos productivos, que estaban emergiendo en América Latina, o su continuidad, y si los mismos tenían similares orientaciones y características, si su dinámica los llevaba a homogeneizarlos o si las trayectorias
institucionales, históricas de cada formación social conducían a una especificidad. Esta última hipótesis es la que se verificó.
Tal vez, el fenómeno que los atravesaba a todos era la “vuelta del Estado”. Luego de la crisis de los años setenta se observó que tanto para consolidar el modo de producción capitalista (son los casos de México y de Colombia), como para intentar un nuevo modelo productivo crítico de las políticas económicas neoliberales (son los casos de Brasil y de Argentina), o para tratar de crear un modelo socialista latinoamericano, del siglo XXI (es el caso de Venezuela), siempre se necesitó la
intervención del Estado a fin de consolidar los cambios introducidos y que, en todos los casos, ello tenía impacto muy diferente sobre las instituciones y las reglas que configuraban el uso y la reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, de la relación salarial.
Los autores abordan el tema desde la economía, la sociología y las relaciones de trabajo, pero recurren a la historia económica y social y a la ciencia política de una sociedad heterogénea, para contextualizar la dinámica del modo de desarrollo propio de cada país, y analizar los actores sociales que intervinieron para promover un nuevo modelo productivo diferente (Venezuela); tratar de configurar otro modelo
con ingredientes posneoliberales, pero que encuentra una fuerte oposición por parte de los grupos económicos cuyo poder fue reducido y que pretenden retomar el modelo neoliberal a pesar de haberse beneficiado con los cambios introducidos, o que para justificarse invocan el federalismo, la vigencia plena de las instituciones, el respeto del derecho de propiedad y volver a dar prioridad al mercado sobre el Estado
(Brasil y Argentina); o reformar el viejo modelo capitalista neoliberal,
para hacerlo más eficiente y enfrentar las crisis (México y Colombia).
La crisis financiera internacional desatada en el corazón del capitalismo
impactó de manera diferente a los países estudiados, pero también, en este caso, los intentos de controlarla y reducir los efectos perversos tuvieron al Estado como actor protagónico.
Todo esto nos lleva a concluir que el neoliberalismo económico con sus diversas dimensiones está en crisis, pero que no es inminente el derrumbe del modo de producción capitalista y que, en cada país,los grupos y clases sociales hegemónicos y los que reivindican cambios profundos, que por medio de sus luchas contradictorias o de los compromisos establecen mutuas concesiones negociadas y tratan de
imprimir al Estado una determinada orientación.
Las crisis debilitaron el movimiento obrero y disminuyeron su capacidad de iniciativa y de hacer propuestas alternativas, pero a mediano o a largo plazo su activa presencia es una condición necesaria para que emerja y sea sustentable un nuevo modo de desarrollo económico y social y otro modelo productivo, entre cuyos objetivos figuren:el pleno empleo; salarios reales que se ajusten según la inflación pasada y el incremento de la productividad; un aumento de la parte de los salarios
en la distribución funcional del ingreso; la universalización del sistema de seguridad social; el derecho a la formación y reconversión profesional; el combate a la pobreza, la indigencia y la exclusión social; procesos de humanización del trabajo para preservar la vida y la salud de los trabajadores; y la vigencia de la democracia económica dentro de las empresas y las organizaciones.
Los autores desean que el marco teórico y la diversidad de los
casos presentados estimulen un debate necesario, para sacar conclusiones
adecuadas a cada país y promover el compromiso social y político
para que “la vuelta del Estado” se oriente al logro de los objetivos
mencionados.
sábado, 11 de diciembre de 2010
PRESENTISMO, PRODUCTIVIDAD Y MODELO ECONOMICO
En fecha reciente con motivo de la defensa de tesis doctoral, en el desarrollo del intercambio se abordó el concepto de “presentismo”. Se refería a aquel comportamiento laboral que supone estar físicamente en el sitio de trabajo, sería lo contrario del ausentismo, pero en este caso, con muy limitada dedicación al cumplimiento de las tareas, sea por desinterés o por no estar en adecuadas condiciones personales, de salud incluidas. Por otro lado, la persona incursa además hace ver que está ocupada. También encontramos que refiere a trabajar más allá del horario normal con la única intención de que se note la presencia del trabajador en su puesto. En tiempos de crisis, con decrecimiento económico y obviamente reducciones de las nóminas de personal, el “presentismo” es una respuesta. En estos tiempos aumenta el temor de perder el puesto de trabajo.
¿Y la Productividad qué?
Está demás afirmar que el “presentismo” no contribuye al incremento de la productividad. Por otro lado, ésta aumenta cuando se reducen las nóminas. Pero no ocurre lo mismo cuando se cierra un establecimiento o una empresa, ya que lo que suele ocurrir es que la productividad se mantenga igual. Pero lo que si se afirma es que el “presentismo” reduce la productividad.
Con la productividad, es decir la generación de más productos y servicios con un uso óptimo de los recursos disponibles, una sociedad gana. Por supuesto acompañado de una distribución justa de la riqueza derivada, ya sea para los productores directos como para la sociedad en general. Los primeros con mejores remuneraciones para el trabajo, y dividendos para los propietarios; y para la sociedad en general, ella gana con mejores productos y servicios a precios justos, así como con los pagos que se entregan al sistema tributario y todas las tasas públicas.
También es importante destacar que una sociedad productiva, con metas de productividad crecientes y con distribución justa, estimula la conciencia colectiva para vigilar que los recursos sean usados de la mejor manera, y sea más exigente en sus reclamos a aquellos comportamientos institucionales que despilfarran recursos o hacen usos poco transparentes de los mismos.
De todos modos hay que advertir que en el país no se mantiene el necesario ambiente para el incremento de la productividad. El tema no tiene relevancia, lamentablemente. El ambiente necesario conlleva que el tema sea asumido por todos los actores productivos, políticos y sociales. Resulta difícil que el tema sólo descanse en las empresas, al tiempo que el Estado no lo incentive y reconozca; ya que las políticas públicas tienen directa influencia en la disciplina productiva, tanto para los propietarios como para los trabajadores. La confusión reinante en la definición de un modelo económico determinado, desestimula las conductas necesarias para el fomento de la productividad de manera sostenida y a largo plazo.
¿Hacia cual modelo económico vamos?
Lo del modelo económico es sumamente determinante. La discusión que si estamos en socialismo? o vamos para él? O ya estamos en comunismo? Esto último un tanto exagerado, pero sólo indicamos lo que se ha leído sobre el particular en estos tiempos. También que si estamos en capitalismo, y que si este es el del tipo salvaje, de los más extremos en el neoliberalismo. Lo otro es que si estamos en una transición? Además en el mundo existen todo tipo de transiciones, aquellas que fueron y siguen, del socialismo y comunismo al capitalismo (China y Vietnam son de los mejores ejemplos). En el caso cubano, hay todo una expectativa de ver la evolución de sus tímidas medidas económicas, pero que traen consigo repercusiones laborales tremendas, como es desprenderse de quinientos mil trabajadores al servicio estatal, y lanzarlos al “cuentapropismo”, ya que no hay otras opciones, que permitan pensar en emprendimientos con dotación de capital suficiente.
Por otro lado se tienen las transiciones del capitalismo al socialismo. Estas son menos frecuentes, quizás porque los años de socialismo y sus dificultades aun están frescos en la mente de la sociedad contemporánea, al menos en la gente adulta, de haber visto que aquellos países que dejaron el socialismo real y se pusieron a un lado, hoy les va mejor. Queda por reconocer que hay diversos capitalismos y diversos socialismos, y ahí está el respiro, que sin dogmas dominando las sociedades construyan en procesos democráticos y participativos lo que ha de ser su camino a escoger.
¿Y la Productividad qué?
Está demás afirmar que el “presentismo” no contribuye al incremento de la productividad. Por otro lado, ésta aumenta cuando se reducen las nóminas. Pero no ocurre lo mismo cuando se cierra un establecimiento o una empresa, ya que lo que suele ocurrir es que la productividad se mantenga igual. Pero lo que si se afirma es que el “presentismo” reduce la productividad.
Con la productividad, es decir la generación de más productos y servicios con un uso óptimo de los recursos disponibles, una sociedad gana. Por supuesto acompañado de una distribución justa de la riqueza derivada, ya sea para los productores directos como para la sociedad en general. Los primeros con mejores remuneraciones para el trabajo, y dividendos para los propietarios; y para la sociedad en general, ella gana con mejores productos y servicios a precios justos, así como con los pagos que se entregan al sistema tributario y todas las tasas públicas.
También es importante destacar que una sociedad productiva, con metas de productividad crecientes y con distribución justa, estimula la conciencia colectiva para vigilar que los recursos sean usados de la mejor manera, y sea más exigente en sus reclamos a aquellos comportamientos institucionales que despilfarran recursos o hacen usos poco transparentes de los mismos.
De todos modos hay que advertir que en el país no se mantiene el necesario ambiente para el incremento de la productividad. El tema no tiene relevancia, lamentablemente. El ambiente necesario conlleva que el tema sea asumido por todos los actores productivos, políticos y sociales. Resulta difícil que el tema sólo descanse en las empresas, al tiempo que el Estado no lo incentive y reconozca; ya que las políticas públicas tienen directa influencia en la disciplina productiva, tanto para los propietarios como para los trabajadores. La confusión reinante en la definición de un modelo económico determinado, desestimula las conductas necesarias para el fomento de la productividad de manera sostenida y a largo plazo.
¿Hacia cual modelo económico vamos?
Lo del modelo económico es sumamente determinante. La discusión que si estamos en socialismo? o vamos para él? O ya estamos en comunismo? Esto último un tanto exagerado, pero sólo indicamos lo que se ha leído sobre el particular en estos tiempos. También que si estamos en capitalismo, y que si este es el del tipo salvaje, de los más extremos en el neoliberalismo. Lo otro es que si estamos en una transición? Además en el mundo existen todo tipo de transiciones, aquellas que fueron y siguen, del socialismo y comunismo al capitalismo (China y Vietnam son de los mejores ejemplos). En el caso cubano, hay todo una expectativa de ver la evolución de sus tímidas medidas económicas, pero que traen consigo repercusiones laborales tremendas, como es desprenderse de quinientos mil trabajadores al servicio estatal, y lanzarlos al “cuentapropismo”, ya que no hay otras opciones, que permitan pensar en emprendimientos con dotación de capital suficiente.
Por otro lado se tienen las transiciones del capitalismo al socialismo. Estas son menos frecuentes, quizás porque los años de socialismo y sus dificultades aun están frescos en la mente de la sociedad contemporánea, al menos en la gente adulta, de haber visto que aquellos países que dejaron el socialismo real y se pusieron a un lado, hoy les va mejor. Queda por reconocer que hay diversos capitalismos y diversos socialismos, y ahí está el respiro, que sin dogmas dominando las sociedades construyan en procesos democráticos y participativos lo que ha de ser su camino a escoger.
sábado, 4 de diciembre de 2010
EL REGISTRO SINDICAL: AUTONOMIA O SUBORDINACION
En nuestro artículo anterior mencionamos brevemente, el fenómeno del exterminio de sindicalista y del paralelismo sindical. En lo primero se destaco la insensibilidad y opacidad ante el problema; y en cuanto a lo segundo, la fragmentación y debilidad que trae aparejado. Volvemos a lo segundo.
En cordial intercambio con colega, indicaba que él advertía en el fomento del paralelismo más virtudes que defectos. Razonaba que en primer lugar se recuperaron sindicatos que estaban en poder de la burocracia; ejemplificaba con el sector automotriz – se supone del Estado Carabobo, donde están instaladas la mayoría de las plantas ensambladoras y autopartistas-. Su segundo ejemplo, era la creación de sindicatos en donde no los había o se desplazaba a sindicatos patronales.
Nuestra apreciación del problema difiere, hemos venido identificando el fomento del paralelismo como resultante de una política oficial. En un principio de la presente etapa política, se anunció que la política laboral venía con el interés en la democratización del funcionamiento del movimiento sindical. En los primeros años del presente proceso político, 1999 y 2000, el registro sindical se mantuvo en los mismos parámetros previos, es decir el registro de nuevos sindicatos se ubicaba alrededor de 300 anualmente. La prioridad era que los trabajadores en un espacio plural, activaran mecanismos democratizantes en los sindicatos existentes. Pero ya en el 2001 en el proceso de establecimiento de las nuevas institucionalidades, el registro se disparó a más de 500 sindicatos. Recuérdese que este fue el año del Referéndum Sindical, que obligo a la celebración de elecciones bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Luego vino la turbulencia de los años 2002 y 2003, en la cual la CTV al lado del empresariado, se comprometió abiertamente en la confrontación más política que laboral contra el gobierno.
De lo anterior derivó que entre el 2002 y el 2005 se agregaban más de quinientos nuevos sindicatos anualmente. Importante tener presente que en los conflictos del 2002-2003, el sindicalismo oficial se deslindó totalmente de la CTV, en la que hasta entonces existían algunas organizaciones afectas al oficialismo; y simultáneamente se inició la construcción de una central nacional –UNT- con sus ramificaciones regionales. Esta central disfrutó de la ventaja de la cercanía con el gobierno, para que su registro no implicara todas las exigencias burocráticas que el interventor sistema venezolano impone a este tipo de organizaciones.
En los últimos años, del 2006 para acá, el registro ha seguido in crescendo. Ubicándose que cada año se registran más de seiscientos nuevos sindicatos. Importa destacar que se aplica explícitamente una política oficial vía del Ministerio del ramo, dirigida a lo que en sus postulados llama eufemísticamente “Impulsar la democratización y orientación de los sectores laborales del país.. consolidando la democracia participativa y protagónica” (MPPTSS de 2009, pag 58). Es así que cada año el Ministerio se fija metas de registro de nuevos sindicatos. La meta fijada para el 2007 fue cumplida, se registraron 623 nuevos sindicatos; para el 2008 la meta fue sustancialmente incrementada, no obstante el registro alcanza a 604 nuevos sindicatos. Finalmente los últimos datos que disponemos llevan a 790 nuevos registros en el 2009, aproximándose a la meta fijada.
Hay que advertir que tanto los patronos como el Estado no deben intervenir en la vida sindical. Por tanto es un contrasentido que el Gobierno fije metas de registro sindical; mucho más cuando hay tantos espacios desatendidos en el ámbito laboral. Metas convendría fijarse, para empezar, en la creación de empleos productivos y decentes; en el fomento de la negociación y acuerdos colectivos de trabajo. Por ahora se destacan estas dos, pero sería larga una lista de metas necesarias a fijarse en política laboral para consolidar a los actores.
En cuanto a recursos para el proceso de registro, llama la atención los cuantiosos recursos que se destinan a tal fin, en el 2009 se destinaron más de veintidós millones de Bolívares F, para los 790 registros. Realmente es una cifra monumental para una actividad interventora. Son mecanismos que le restan autonomía a la vida de los actores laborales.
Regresando a nuestra cordial discrepancia anotada en el segundo párrafo, el ejemplificar como virtuoso el paralelismo en el sector automotriz del Estado Carabobo, peca de no advertir que se trató desafortunadamente de fracturar una organización por rama, aglutinaba a casi todo el sector tanto de ensambladoras como de autopartistas, y que fue sucedida por organizaciones de empresas que representan la figura organizacional sindical más débil ante los poderes patronales y estatales. Un sindicato de rama, extiende sus facultades en amplio número de organizaciones productivas y limita la emergencia de organizaciones estructuralmente débiles y de fácil control.
Lo virtuoso corresponde en ganar electoralmente y con procesos democráticos las organizaciones existentes, y no tener que recurrir a la protección estatal, que brinde privilegios para registros, que luego comprometen y limitan.
En cordial intercambio con colega, indicaba que él advertía en el fomento del paralelismo más virtudes que defectos. Razonaba que en primer lugar se recuperaron sindicatos que estaban en poder de la burocracia; ejemplificaba con el sector automotriz – se supone del Estado Carabobo, donde están instaladas la mayoría de las plantas ensambladoras y autopartistas-. Su segundo ejemplo, era la creación de sindicatos en donde no los había o se desplazaba a sindicatos patronales.
Nuestra apreciación del problema difiere, hemos venido identificando el fomento del paralelismo como resultante de una política oficial. En un principio de la presente etapa política, se anunció que la política laboral venía con el interés en la democratización del funcionamiento del movimiento sindical. En los primeros años del presente proceso político, 1999 y 2000, el registro sindical se mantuvo en los mismos parámetros previos, es decir el registro de nuevos sindicatos se ubicaba alrededor de 300 anualmente. La prioridad era que los trabajadores en un espacio plural, activaran mecanismos democratizantes en los sindicatos existentes. Pero ya en el 2001 en el proceso de establecimiento de las nuevas institucionalidades, el registro se disparó a más de 500 sindicatos. Recuérdese que este fue el año del Referéndum Sindical, que obligo a la celebración de elecciones bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral. Luego vino la turbulencia de los años 2002 y 2003, en la cual la CTV al lado del empresariado, se comprometió abiertamente en la confrontación más política que laboral contra el gobierno.
De lo anterior derivó que entre el 2002 y el 2005 se agregaban más de quinientos nuevos sindicatos anualmente. Importante tener presente que en los conflictos del 2002-2003, el sindicalismo oficial se deslindó totalmente de la CTV, en la que hasta entonces existían algunas organizaciones afectas al oficialismo; y simultáneamente se inició la construcción de una central nacional –UNT- con sus ramificaciones regionales. Esta central disfrutó de la ventaja de la cercanía con el gobierno, para que su registro no implicara todas las exigencias burocráticas que el interventor sistema venezolano impone a este tipo de organizaciones.
En los últimos años, del 2006 para acá, el registro ha seguido in crescendo. Ubicándose que cada año se registran más de seiscientos nuevos sindicatos. Importa destacar que se aplica explícitamente una política oficial vía del Ministerio del ramo, dirigida a lo que en sus postulados llama eufemísticamente “Impulsar la democratización y orientación de los sectores laborales del país.. consolidando la democracia participativa y protagónica” (MPPTSS de 2009, pag 58). Es así que cada año el Ministerio se fija metas de registro de nuevos sindicatos. La meta fijada para el 2007 fue cumplida, se registraron 623 nuevos sindicatos; para el 2008 la meta fue sustancialmente incrementada, no obstante el registro alcanza a 604 nuevos sindicatos. Finalmente los últimos datos que disponemos llevan a 790 nuevos registros en el 2009, aproximándose a la meta fijada.
Hay que advertir que tanto los patronos como el Estado no deben intervenir en la vida sindical. Por tanto es un contrasentido que el Gobierno fije metas de registro sindical; mucho más cuando hay tantos espacios desatendidos en el ámbito laboral. Metas convendría fijarse, para empezar, en la creación de empleos productivos y decentes; en el fomento de la negociación y acuerdos colectivos de trabajo. Por ahora se destacan estas dos, pero sería larga una lista de metas necesarias a fijarse en política laboral para consolidar a los actores.
En cuanto a recursos para el proceso de registro, llama la atención los cuantiosos recursos que se destinan a tal fin, en el 2009 se destinaron más de veintidós millones de Bolívares F, para los 790 registros. Realmente es una cifra monumental para una actividad interventora. Son mecanismos que le restan autonomía a la vida de los actores laborales.
Regresando a nuestra cordial discrepancia anotada en el segundo párrafo, el ejemplificar como virtuoso el paralelismo en el sector automotriz del Estado Carabobo, peca de no advertir que se trató desafortunadamente de fracturar una organización por rama, aglutinaba a casi todo el sector tanto de ensambladoras como de autopartistas, y que fue sucedida por organizaciones de empresas que representan la figura organizacional sindical más débil ante los poderes patronales y estatales. Un sindicato de rama, extiende sus facultades en amplio número de organizaciones productivas y limita la emergencia de organizaciones estructuralmente débiles y de fácil control.
Lo virtuoso corresponde en ganar electoralmente y con procesos democráticos las organizaciones existentes, y no tener que recurrir a la protección estatal, que brinde privilegios para registros, que luego comprometen y limitan.
sábado, 27 de noviembre de 2010
INSTITUCIONALIDAD LABORAL EN CRISIS
La crisis de la convivencia en nuestro país sigue creciendo. Pugnacidad por doquier. Protestas por miles a lo largo del año que está por terminar. De ellas más de un tercio son de naturaleza laboral. El próximo 9-12-10 conoceremos los datos que recopila Provea, en su informe que cubre desde fines del pasado año hasta octubre del presente, pero informe parciales nos permiten manifestar lo afirmado.
En la difícil convivencia laboral la peor evidencia se observa en el exterminio de sindicalistas del sector de la construcción. Pero también hay casos en otros sectores, como petróleo, automotriz, entre otros. La magnitud entre el 2005 y el 2009, alcanzaba a cerca de doscientos asesinatos. La vasta mayoría son jóvenes dirigentes, delegados con pocos años en el quehacer sindical.
Téngase en cuenta que de los dos mil setecientos sindicatos existentes para el 2001, cuando se celebró el censo sindical previo a las elecciones impuestas como derivación del polémico referéndum que obligó a los sindicatos a celebrar elecciones subordinadas al CNE, se pasa en el año 2009 a siete mil. Tal crecimiento es artificial. No responde a procesos autónomos del movimiento de los trabajadores. Intereses ajenos se hicieron presentes, y promovieron el llamado paralelismo sindical, facilitando estos procesos de registro.
De las tantas consecuencias de este crecimiento artificial, una de ellas fue que se le dio carácter de dirigentes a trabajadores y activistas sin la preparación y el conocimiento de este campo, dando lugar a un ejercicio sindical cada vez más basado en la amenaza y la fuerza, con el agravante de contar con apoyo de los organismos públicos de este ámbito. Así mismo en el marco legal que constituye la nueva institucionalidad, el empoderamiento a diversas figuras representativas, pone en escena a varios actores que se pelean los espacios de representación.
Resultado de lo anterior los espacios productivos son escenarios de la acción de múltiples figuras que dicen representar a los trabajadores, y también la representación de las comunidades se hace presente en estos espacios. Por supuesto que la actividad productiva está sumamente resentida por todo esto. Pero el hecho más complejo, viene por la dificultad de convivencia no sólo entre patronos y trabajadores, sino entre diversas fracciones o segmentos de estos últimos. Por supuesto que no afirmamos que este cuadro se extiende a todos los espacios productivos existentes en el país, pero si cabe afirmar que un porcentaje importante lo evidencia.
En el marco de lo descrito, es donde se ubican los doscientos jóvenes dirigentes caídos hasta el 2009, en casi todos los casos por manos que se desconocen, ya que las autoridades poco investigan y nada dicen. Lo ven tan normal. Se pregunta uno, será que todo es funcional a que se agudice la situación, y con ello se profundiza la mala imagen y el desprestigio de las organizaciones de los trabajadores.. “déjalos que se maten..” Sería deseable debatir esto con quienes tienen responsabilidades en esta materia.
Como referente, cabe mencionar que al pasado 20 de octubre en Buenos Aires, en el marco de una protesta, hubo confrontación intersindical, y un militante de una corriente minoritaria fue asesinado –Mariano Ferreyra-, incluso no era un trabajador activo, estaba desempleado y participaba de una protesta por reinserción laboral, al día siguiente la Central de Trabajadores Argentinos –CTA- convocó a un paro nacional, y en los Ferrocarriles hubo un paro nacional de una hora, no obstante que en este servicio domina el sindicato la corriente sindical a la cual pertenecen los primeros acusados. A los pocos días, la Presidenta C Fernández de Kirchner se pronunció sobre el asunto, comprometiéndose a las investigaciones necesarias. Al cabo de un mes, ya hay seis detenidos. Sirva esta reseña, para que se compare con el poco valor de se da en nuestro país a la vida y a la institucionalidad.
Pronto conoceremos el informe anual de Provea, y seguiremos leyendo la inercia de las autoridades en estos casos. Continuará la descomposición de los ambientes laborales. Más familias llorando a sus victimas. La capacidad productiva se seguirá resintiendo. La convivencia se hará más difícil, y por supuesto menos productos y servicios suficientes para mejorar el bienestar de la sociedad.
Quisiéramos un compromiso de los poderes públicos, con empresarios y fuerzas diversas del mundo sindical para detenerse en este tema.
En la difícil convivencia laboral la peor evidencia se observa en el exterminio de sindicalistas del sector de la construcción. Pero también hay casos en otros sectores, como petróleo, automotriz, entre otros. La magnitud entre el 2005 y el 2009, alcanzaba a cerca de doscientos asesinatos. La vasta mayoría son jóvenes dirigentes, delegados con pocos años en el quehacer sindical.
Téngase en cuenta que de los dos mil setecientos sindicatos existentes para el 2001, cuando se celebró el censo sindical previo a las elecciones impuestas como derivación del polémico referéndum que obligó a los sindicatos a celebrar elecciones subordinadas al CNE, se pasa en el año 2009 a siete mil. Tal crecimiento es artificial. No responde a procesos autónomos del movimiento de los trabajadores. Intereses ajenos se hicieron presentes, y promovieron el llamado paralelismo sindical, facilitando estos procesos de registro.
De las tantas consecuencias de este crecimiento artificial, una de ellas fue que se le dio carácter de dirigentes a trabajadores y activistas sin la preparación y el conocimiento de este campo, dando lugar a un ejercicio sindical cada vez más basado en la amenaza y la fuerza, con el agravante de contar con apoyo de los organismos públicos de este ámbito. Así mismo en el marco legal que constituye la nueva institucionalidad, el empoderamiento a diversas figuras representativas, pone en escena a varios actores que se pelean los espacios de representación.
Resultado de lo anterior los espacios productivos son escenarios de la acción de múltiples figuras que dicen representar a los trabajadores, y también la representación de las comunidades se hace presente en estos espacios. Por supuesto que la actividad productiva está sumamente resentida por todo esto. Pero el hecho más complejo, viene por la dificultad de convivencia no sólo entre patronos y trabajadores, sino entre diversas fracciones o segmentos de estos últimos. Por supuesto que no afirmamos que este cuadro se extiende a todos los espacios productivos existentes en el país, pero si cabe afirmar que un porcentaje importante lo evidencia.
En el marco de lo descrito, es donde se ubican los doscientos jóvenes dirigentes caídos hasta el 2009, en casi todos los casos por manos que se desconocen, ya que las autoridades poco investigan y nada dicen. Lo ven tan normal. Se pregunta uno, será que todo es funcional a que se agudice la situación, y con ello se profundiza la mala imagen y el desprestigio de las organizaciones de los trabajadores.. “déjalos que se maten..” Sería deseable debatir esto con quienes tienen responsabilidades en esta materia.
Como referente, cabe mencionar que al pasado 20 de octubre en Buenos Aires, en el marco de una protesta, hubo confrontación intersindical, y un militante de una corriente minoritaria fue asesinado –Mariano Ferreyra-, incluso no era un trabajador activo, estaba desempleado y participaba de una protesta por reinserción laboral, al día siguiente la Central de Trabajadores Argentinos –CTA- convocó a un paro nacional, y en los Ferrocarriles hubo un paro nacional de una hora, no obstante que en este servicio domina el sindicato la corriente sindical a la cual pertenecen los primeros acusados. A los pocos días, la Presidenta C Fernández de Kirchner se pronunció sobre el asunto, comprometiéndose a las investigaciones necesarias. Al cabo de un mes, ya hay seis detenidos. Sirva esta reseña, para que se compare con el poco valor de se da en nuestro país a la vida y a la institucionalidad.
Pronto conoceremos el informe anual de Provea, y seguiremos leyendo la inercia de las autoridades en estos casos. Continuará la descomposición de los ambientes laborales. Más familias llorando a sus victimas. La capacidad productiva se seguirá resintiendo. La convivencia se hará más difícil, y por supuesto menos productos y servicios suficientes para mejorar el bienestar de la sociedad.
Quisiéramos un compromiso de los poderes públicos, con empresarios y fuerzas diversas del mundo sindical para detenerse en este tema.
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