La distribución del tiempo de trabajo y no trabajo

En el año 2007 la propuesta no aprobada de reforma constitucional promovida por el gobierno introdujo planteamiento sobre la reducción de la jornada. Nuevamente en el borrador de propuesta, que viene circulando a propósito de la reforma de la ley orgánica del trabajo, se incluyen varios artículos dirigidos a la reducción del tiempo de trabajo.

Un denominador común de las propuestas, la primera del ejecutivo y la segunda un borrador de comisión legislativa, es que no hay razonamientos que las acompañen. De todos modos, en la segunda - la propuesta legislativa- se abre un período para el intercambio, ya que inicialmente se planteaba con una sorprendente celeridad y afán aprobatorio. Lo importante es razonar, tanto en lo que tiene que ver con el interés en reducir el tiempo de trabajo, como en cualquier otra alternativa que afecte el tiempo de trabajo.

Algunas consideraciones necesarias a ser parte del análisis, incluirían en primer lugar disponer de datos del desenvolvimiento que ha venido ocurriendo en el tiempo de trabajo. El sólo tener como referente las jornadas legales anteriores, no nos dice mucho. Sería necesario conocer dos datos gruesos, por un lado cual es el tiempo real o efectivo de trabajo en el aparato productivo venezolano, entendido en sus más heterogéneas instituciones productivas y usuarias de fuerza de trabajo. En segundo lugar disponer de información de los patrones de uso del tiempo, en las diversas actividades que forman parte del llamado tiempo reproductivo, que se refiere al tiempo de no trabajo, pero que demanda de las personas que trabajan invertir tiempo suyo, aquí va el transporte, la familia, la educación, los servicios para la vida familiar y comunitaria, que incluiría asuntos como la salud, el recreo, la seguridad, entre otros.

Abarcar lo anterior implica involucrar en el análisis del tiempo de trabajo, también el tiempo de no trabajo, y con ello al trabajador, a la familia, a la comunidad y las dadores de los servicios esenciales, así como a la administración de la ciudad. Con esto se va perfilando que abordar el tiempo de trabajo y su distribución no es un asunto ligero, ya que no reposa en los puros intereses de la producción. Que de paso, son muy importantes en escenarios de dificultades económicos como las que se vienen experimentando, y no se menciona esto por el hecho de haber transcurridos dos trimestres consecutivos de decrecimiento económico, y expectativas de otros trimestres con similares resultados; sino que el modelo productivo imperante en el país, que descansa en exportar un productor primario, casi sin diversificación y más bien en un continuado proceso de desindustrialización temprana, nos coloca ante un escenario muy incierto, en el sentido de darle viabilidad y sustento a las aspiraciones de reducir el tiempo de trabajo. Aqui cabe preguntarse haste que punto somos una sociedad productiva y en cuanto somos una sociedad rentista.

Dejamos sólo esta inquietud inicial, con el deseo de continuarla, pero si pudiéramos contar con los datos que el Ejecutivo está obligado a suministrar, de temas como los indicados, el avance sería mucho mayor. Lo otro que resulta de interés consistiría en hacer análisis en ciertas zonas pilotos del país y en ciertas actividades productivas, que tengan algún grado de representatividad, para de ahí derivar propuestas para la discusión. Es evidente que esto no es tarea de una sóla institución, ni de un solo sector. Ojala debatir sobre este particular encuentre eco y a la vuelta de un proceso de análisis interdisciplinario del problema, nos encontremos más conscientes de adonde dirigirnos. Aunque mientras tanto, los actores laborales en sus convenios colectivos han adelantado propuestas que se deben conocer y considerar, sin ignorar el hecho de la vasta participación en el mercado laboral, de los sectores no beneficiarios de la actividad laboral contractualizada - los informales-, para quienes en muchos casos las jornadas legales no dicen mucho. Por eso el tiempo efectivo de trabajo es tan importante.

Conflictos laborales y HCM

Reciente conflicto suscitado en la Ford Motors -Valencia-, por el reclamo de una mayor cobertura de la póliza de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, trae a la reflexión varios asuntos importantes, en las relaciones de trabajo. El conflicto paralizó de manera intempestiva la producción de esta ensambladora de vehículos, la cual en los últimos tiempos se había salvado de paralizaciones, hecho notable por ser un sector que presenta un historial de frecuentes conflictos laborales en los últimos tres años.

Una primera reflexión, es que los trabajadores no confían en los servicios que ofrece el Estado en esta materia. Esto no es nuevo, ya que las pólizas como objetivo y conquista laboral viene de los años setenta. Hubo tiempos de mejores servicios en los hospitales públicos, y otras entidades no lucrativas, como la Cruz Roja, Ascardio y otras entidades similares. Pero toca admitir que a pesar de los recursos inyectados al sector salud, los trabajadores no confían en ellos.

Otra reflexión es el hecho de que a los trabajadores reclamantes, que guardan una notable fidelidad con el proceso político en curso, es impensable acusarles de poner deliberadamente en entredicho las políticas públicas de salud.

De la reflexión anterior, se extrae una inquietud, y es la relativa a los paros intempestivos. Es cierto que en el movimiento de los trabajadores, las estrategias y los recursos para la presión son diversos y no sólo responden a aquellos que las empresas y el gobierno prefieran, pero hubo gestiones ante las autoridades del trabajo para abordar este asunto? y como se desarrollaron esas gestiones? que se aportó a la búsqueda de salidas? que aportó cada quién?. La recurrencia frecuente a los paros intempestivos evidencia señales peligrosas de incompetencia de la institucionalidad. Claro que ninguna institucionalidad para atender las normales controversias entre empresas y trabajadores es estática, por tanto ha de experimentar un monitoreo constante, para adecuar y hacer los ajustes. A quienes competa este asunto, hay que pedirles respuesta.

También el conflicto invita a reflexionar en los crecientes costos de los servicios de salud privados. En el caso que comentamos, la póliza era de 20 mil Bolívares (o 20 millones de los antiguos) y los trabajadores fueron al conflicto reclamando una cobertura de 80 mil, es decir cuatro veces más. Han sido tan acelerados los incrementos de estos servicios privados? Que dice la medicina privada?

Otra reflexión es la fragmentada actuación de los actores laborales, tanto empresas como sindicatos, en atender el problema. Es cierto que la negociación por empresa que predomina en el sistema laboral venezolano, no es una ventaja para atender problemas de la magnitud del que se comenta, pero parece existen suficientes razones para encarar el asunto en el marco de una política de análisis e intercambio, por supuesto esto requiere dialogo, y quién tiene en primer lugar la obligación de promoverlo es el Estado, y especialmente el Gobierno.

Los costos de los conflictos laborales al final de cuentas los pagamos todos, los productos se encarecen y escasean.

Ezequiel Vivas Terán y los Estudios de Relaciones Industriales

Está en imprenta el libro de elaboración colectiva, en donde se incluye un capítulo nuestro que titulamos "Relaciones Industriales ¿que trata y para que?" en su contenido se hace una referencia a la manera como se iniciaron los estudios de las RRII en Venezuela. A propósito de la reciente desaparición de Ezequiel Vivas Terán, hoy es su entierro, fundador de estos estudios a nivel universitario Venezuela, he recogido unos párrafos de la contribución mencionada, que recogen lo significativo de este hecho:

".. Cuando la Universidad de Carabobo –UC- dio los primeros pasos concretos para promover los estudios de RRII –año 1964- estábamos en pleno despegue de la industrialización por sustitución de importaciones. El Estado Carabobo a través de sus líderes, jugó un papel protagónico en gestionar la aprobación de políticas públicas, que favorecieran la instalación de plantas industriales en su suelo.

El antecedente de esta denominación para una disciplina profesional en Venezuela, no pasaba de las denominaciones que para entonces habían logrado establecerse en las compañías petroleras y otras pocas empresas mineras e industriales. Ellas asignaban esta denominación, a sus funciones de gestión del personal y relaciones gerenciales con los sindicatos.

También es importante destacar que la UC promovía esta nueva carrera de las Relaciones Industriales, a partir de una incipiente experiencia de un Departamento y luego convertido en una División Docente, para entonces marcada por una Escuela de Administración y Contaduría, y en una Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, donde las carreras existentes eran con una abierta orientación empresarial, sin espacios para desarrollar ejercicios académicos que reconocieran que se trata de una relación bilateral de la empresas con los trabajadores y sus organizaciones. Por tanto es razonable deducir que la denominación de Relaciones Industriales, no guarda una relación con la literatura ya existente, de origen fundamentalmente anglosajona, que asignaba la denominación de RRII al estudio de la dinámica, controversial y compleja relación de empresas y trabajadores organizados, en el marco de la búsqueda de sociedades más justas, participativas y mejoramiento del bienestar colectivo. Además en la academia venezolana no se habían promovido estos estudios en el resto de las universidades existentes, aunque ha de señalarse que la iniciativa de la UC es coincidente con iguales propósitos en la Universidad Católica “Andrés Bello”. Dos ilustres profesores procedentes de la formación jurídica, fueron personas claves en las gestiones fundacionales de estos estudios, Ezequiel Vivas Terán en la UC y Arístides Calvani en la UCAB."

Estos planteamientos tuvimos la fortuna de exponerlos el pasado 17 de Septiembre, con motivo de la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales del Estado Carabobo. Ese día el Dr Ezequiel Vivas Terán fue el personaje central del acto y tomó el juramento de los directivos. Un auditorium colmado de sus discipulos, le brindo por varios minutos un aplauso de reconocimiento, ya que se sabía que últimamente sufría quebrantos de salud, y era un hecho excepcional contar con su presencia en el acto. Indudablemente este fue un momento de su despedida de quienes creyeron en su obra y lo recuerdan con respeto y cariño.

PROPIEDAD SOCIAL

En el primer semestre del presente año, empezó a circular públicamente un texto del llamado anteproyecto de “Ley de Propiedad Social”. Organizaciones empresariales, sindicales y políticas partidistas reaccionaron llamando la atención de sus implicaciones; especialmente empresarios y sindicatos, sintieron que para ellos las consecuencias planteaban limitaciones importantes. El fomento de una nueva forma de propiedad por un lado, y la no mención en ellas de las organizaciones sindicales, constituían suficiente preocupación.
Por diversas razones el texto ha quedado relegado en la agenda legislativa de este segundo semestre. Otros proyectos sobre temas igualmente medulares, han sido prioritarios para quienes definen esta agenda (educación, elecciones, lo militar, el trabajo).
De todos modos, este tema de la propiedad social está latente, habida cuenta que desde hace unos cinco años, viene fomentándose las empresas de producción social, diríamos que hermanas de la propiedad social.
Una de las justificaciones enunciadas para el fomento de la propiedad social consiste en superar la propiedad capitalista, así como también la experiencia socialista que se ha conocido desde el surgimiento de la extinta Unión Soviética y quienes siguieron este modelo. Tamaña pretensión obliga a un esfuerzo considerable de análisis, estudios, debate para una construcción que implicará impactos y riegos considerables en el futuro de la nación. Donde se elaboran estos estudios y análisis, parece un secreto bien guardado. Donde se debate y quienes participan de ello, igualmente pareciera ser algo clandestino.
Un cierto adelanto es asomado desde el escenario parlamentario, al afirmarse “que la propiedad social es de carácter colectivo no cooperativo”, ya que se considera “la propiedad cooperativa es una forma de propiedad privada, y no una forma de propiedad social” (Diputado Alfredo Murga, www.aporrea del 14-3-09).
En el movimiento cooperativo este enfoque ha creado inquietud, ya que la naturaleza social de la propiedad construida en su ámbito, así como su forma autentica de funcionamiento, lo hace sin duda expresarse como propiedad social, y con componentes socialistas, que dan ejemplo a muchas entidades que llevan la palabra socialista en su propio nombre. Ojala se discuta el asunto entre quienes le quitan lo social al cooperativismo, quienes le ponen socialismo a formas tradicionales de estatismo, y por supuesto quienes practican el cooperativismo genuino.

La violencia sindical en el sector de la construcción

La mayor parte de la violencia sindical que se ha venido observando se ubica en el sector de la construcción. Se reitera que no es el único sector en donde ocurre, pero se destaca que en la construcción los casos de víctimas de este fenómeno son ampliamente mayoritarios. El otro factor destacable es el hecho de lo desproporcionado del fenómeno en el Municipio Caroní, del Estado Bolívar. En los últimos cuatro años las fuentes periodísticas locales acumulan más de ciento veinte asesinatos. Por tanto la población de esta comunidad se empieza a acostumbrar a convivir con esta nueva barbarie.
Al sector de la construcción se incorporan grandes contingentes de trabajadoras. Es un sector con una gran capacidad de empleo. Por otro lado una gran parte de esa mano de obra es de poca calificación. Los empleos son por obra determinada, y por tanto inestables. El trabajador rota de una obra a otra. Estas características dan lugar a una mayor dependencia de los trabajadores de quienes dirigen los sindicatos, que son quienes controlan el ingreso a los puestos de trabajo. El trabajo es la mercancía que se ofrece de una obra a otra, y la intermediación sindical maneja la relación con los patronos. La venta de los empleos “pueden costar entre Bs. 600 mil y 1 millón, y en ocasiones, hasta 5 millones”.. Tres variables participan de valor del empleo, se trata del tiempo de la obra, la zona y la calificación del trabajador (Provea,2006). En una sola obra importante en la zona “El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción –(Sutic) Bolívar, afirma que para la obra del Puente II sobre el río Orinoco se vendieron más de 800 empleos” (Provea, 2005).
Desde la fundación de los sindicatos por rama de industria de los trabajadores de la construcción, los primeros en la década del cuarenta, y luego se multiplicarían en el aluvión sindical de la década de los sesenta, los adecos mantuvieron la hegemonía absoluta. Para entonces la violencia era fundamentalmente de cabillas y batazos. Los activistas de los sindicatos de la construcción eran generalmente los de las brigadas de choque en las manifestaciones sindicales, como las del 1 de Mayo. En la década del sesenta se popularizó en el medio sindical hablar con temor de “los cabilleros de Juan Herrera”, el por muy largo tiempo presidente-fundador de Fetraconstrucción.
Pero que ha pasado en estos años recientes, para que la contabilidad de la barbarie impacte a todos. Se asoman algunas inquietudes, para seguirlas profundizando.
En primer lugar se ha estimulado la constitución de nuevos sindicatos paralelos, en el mismo sector de la construcción. Ahora los patronos y las obras que ejecutan son conquistados en una lucha hombro a hombro por el sindicato tradicional o por el de reciente constitución, en algunos casos son varios los nuevos sindicatos. Este fenómeno si se quiere se observa en casi todo el país. Pero que tiene el Municipio Caroní, es decir Ciudad Guayana de especial, para que los números de violencia sean un record rojo en la historia del país. Las obras que aquí se han ejecutado en los últimos años son monumentales, un puente sobre el río Orinoco, luego un segundo puente, la construcción de nuevas represas, la ampliación de obras en centros productivos, la construcción de un stadium olímpico –Cachamay-. Son obras que congregan a miles de trabajadores, además son obras que se toman varios años para su ejecución. Todo ello implica un gran poder en el ingreso de trabajadores a la obra y el manejo de las finanzas.
Lo anterior ocurre en el marco de unas cifras respetables de desempleo, aunque ha venido bajando, no hay que olvidar que el empleo mayormente es el de la informalidad, sin tutela ni protección de ningún tipo. Se recuerda que el empleo de la construcción tiene la tutela de la legislación laboral y gozan de un buen contrato colectivo, por lo que si bien su naturaleza lo hace temporal, es plenamente formal.
Otro elemento perturbador de las relaciones de trabajo en este sector y en general en todas las relaciones de trabajo, es el de la fragmentada situación del movimiento sindical. Al paralelismo confrontador de los sindicatos de reciente constitución contra los viejos de dominio adeco, se ha sumado la fragmentación en el ámbito de los sindicatos de orientación oficialista, que ahora responden a diversas corrientes internas. Unas con el beneplácito de las autoridades de la Administración del Trabajo y otras marginadas. Esto determina que las obras de construcción en Ciudad Guayana se las pelean no dos organizaciones sindicales, sino tres y cuatro diferentes. La multiplicación de organizaciones ha llevado a improvisar dirigentes. En la medida que esto ha ocurrido el nivel de la dirigencia ha venido bajando, apareciendo las prácticas violentas como el medio dominante para dirimir las diferencias. Dado que se manejan cifras importantes de recursos económicos, ello ha llevado a la contratación de guardaespaldas y personas que manejan la violencia como práctica cotidiana. En algunos casos los guardaespaldas devienen en delegados en obras y aplican los métodos que conocen.
Algunos dirigentes del sector de la construcción en el Municipio Caroni han conversado en busca de la paz, y admiten que han logrado reducir el número de asesinatos:
“Se ha minimizado pero no escapa a los delincuentes que se meten en los sindicatos y allí cometen sus fechorías, para ejemplo mi amigo Vladimir Deivis que hicimos un proyecto de integración y al día siguiente lo asesinaron, era de Sutic, en esa institución no se puede levantar la voz, viven una presión de el que levanta la voz es golpeado, por eso se hace necesario el rescate de Sutic Bolívar”. Declaraciones de de Angel Fajardo, Secretario General de SINATRACOM, el Correo del Caroní, 18-8-09.
Para terminar este problema se ha extendido a otros estados del país, y ya se observa en el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua, Guarico, Zulia. Se trata de un problema nacional. Lamentablemente los esfuerzos necesarios para contrarrestar esta situación no se observan, especialmente desde el Estado, garante de la seguridad y del buen funcionamiento de las instituciones.

Criminalización de la Protesta Laboral

La polarización y la confrontación política en los años del actual gobierno, han estimulado al sector gobernante a hacerse de un paquete de leyes que exponen la protesta social a acusaciones penales.
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 incluye un avance importante en los derechos humanos, el problema es que luego de los agitados años 2001 al 2003, los poderes públicos al unísono convinieron en implementar una serie de reformas legales, que dan lugar y propician el que las protestas sociales sean criminalizadas. Marino González (2009), Coordinador General de Provea, menciona el número de 2.200 personas en esta situación.Fuentes del medio sindical identifican más de un centenar de sus dirigentes bajo esta situación.
Se han venido cerrando los espacios institucionales para la protesta social, obligando a los sectores afectados a recurrir a la protesta “no institucional” quedando expuestos; R Uzcategui, de Provea (2009), señala:
“hombres y mujeres sometidas a procesos penales bajo condición de presentación periódica. Campesinos, trabajadores, estudiantes, habitantes de las comunidades populares, acuden cada quince días, o una vez al mes, a los tribunales penales a cumplir con la obligación de presentarse porque de lo contrario pueden terminar tras las rejas. A todas esas personas se les prohíbe circular libremente por el territorio nacional y a muchas de ellas se les priva de poder participar en manifestaciones o declarar de manera pública sobre su caso. Otras son sometidas durante años a dicho régimen de presentación afectando sus estudios, trabajos y vida comunitaria”.

Es en el año 2008 y a lo largo del 2009, que las protestas laborales han recrudecido, y se han localizado especialmente entre quienes le prestan sus servicios a las entidades públicas. Hay que tener en cuenta que los ingresos petroleros experimentaron una baja notable en estos años, y por ello los procesos de negociaciones colectivas se han dificultado aún mas, aparte del cumplimiento de compromisos previamente adquiridos por el Estado patrono. La continuada criminalización de la protesta laboral, acosa el funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.

El “enganche” de personal

La mayor parte de la violencia sindical se observa en sectores productivos donde concurren dos factores, por un lado una situación de paralelismo sindical y por el otro, el sindicato tiene un papel relevante en el ingreso o contratación de trabajadores, ambos fenómenos han venido mostrando su mayor evidencia en el sector de la construcción, pero también se observa en el sector petrolero.
Hay que tener presente que la vinculación de los sindicatos con el ingreso a los puestos de trabajo tiene una dilatada historia, y se remonta a las viejas organizaciones por oficio, las que disfrutaron del reconocimiento de estar dirigidas por los trabajadores más capaces y calificados en un oficio artesanal determinado. De ahí derivaba que era el sindicato quién otorgaba la certificación de formación y capacitación, la que se adquiría por la propia práctica en los centros productivos, bajo la tutoría de trabajadores experimentados.
Luego con la descalificación del trabajo de los artesanos y de los obreros calificados, por el desarrollo de las prácticas tayloristas en el seno de la organización de la producción, se vino a menos el sindicato de trabajadores calificados con funciones de certificador de oficios, pero a cambio surge la necesidad de preservar las organizaciones, a su vez puestas en entredicho porque la descalificación de los oficios permitía fácilmente la sustitución de los trabajadores, y habiendo abundante mano de obra, los empleadores no pensaban dos veces para la sustitución de un trabajador. A su vez este cambio profundo en la organización y el proceso de trabajo, dio lugar al surgimiento de las organizaciones por empresa y por rama productiva.
Sin embargo, bajo estas nuevas condiciones en el funcionamiento productivo y su repercusión que dio lugar a adversas condiciones de mercado laboral, los sindicatos lucharon para mantener al menos la preferencia de la contratación por su intermedio. En el contrato colectivo de la construcción la proporción es 70% y 30%, para el sindicato y la empresa, respectivamente. Con ello, se le daba al sindicato una función que los trabajadores desempleados en busca de empleo valoraban efectivamente. El sindicato como institución se justificaba ante los buscadores de empleos, era una puerta de entrada a la obtención de un empleo y con ello a la condición de asalariado, que implicaba la inclusión en la cobertura de las Relaciones de Trabajo. Y por otro lado, la dirigencia sindical ganaba lealtades y apoyos a la institución y organización sindical. Los orígenes de esta práctica se observan en los convenios colectivos, luego incorporada de manera discreta en la Constitución Nacional de 1961 .
En cuanto a los apoyos a la organización sindical, con los tiempos estos era más bien a la corriente ideológica o partidista que tenía el control del sindicato; y gradualmente se fue convirtiendo en el apoyo directo al propio dirigente, que en un principio asumió el ingreso o postulación de determinado trabajador. Se trata de un proceso que al empezar con el ingreso al empleo, se produce una deuda de este nuevo trabajador con el liderazgo sindical. Deuda que se paga, inicialmente con un aporte económico, así como también con los apoyos exigidos para los procesos electorales y las gestiones que adelante el dirigente facilitador del ingreso. En el seno de las organizaciones sindicales estos ingresos de personal se reparten en forma de cuotas entre los dirigentes. Originalmente, el reparto era por dirigente y grupo político de pertenencia, ya que en el seno de las organizaciones convivían diversas corrientes partidarias o grupos políticos de naturaleza solamente sindical. Pero en los últimos años el fomento del paralelismo ha dado lugar a organizaciones sindicales menos plurales.
Del ingreso o “enganche” de los trabajadores por vía sindical se derivó una consecuencia desventajosa para el trabajador “enganchado”, ya que además de su sujeción al control de la empresa ejercido por supervisores o capataces, se agrega el del dirigente sindical que le facilitó el ingreso o lo postuló. De aquí que el control sobre el trabajador es doble, el de la supervisión de la empresa, que se hace presente a lo largo de la jornada laboral, y el del dirigente sindical, que es eventual, ocurre ante el llamado de atención que la empresa formule sobre el desenvolvimiento del trabajador, y en los asuntos eminentemente sindicales en donde el dirigente dispone de este trabajador en cuanto a los temas de orden sindical y político.
Finalmente el fenómeno del “enganche” se complejiza a extremos que nos coloca en el umbral de la violencia. Se trata de la mercantilización del empleo. Se trafica con un derecho como es el derecho al trabajo, y con ello las necesidades básicas del trabajador y de su familia. ¿De que se trata? Se refiere al cobro por el ingreso del trabajador desempleado. ¿Quién cobra y por que? Cobra la dirigencia sindical. Los sindicatos son precarios en el registro y control de sus ingresos, obviamente ellos entran a bolsillos de los dirigentes y no a las finanzas de las organizaciones. En las razones que contribuyen a explicar porque los desempleados se ven obligados a pagar por la consecución de un empleo, hay que mencionar el hecho de que se trata de empleos que relativamente son buenos, ya que existe una contratación colectiva que ha alcanzado beneficios que superan ampliamente los contenidos de la Ley Orgánica del Trabajo y la legislación laboral en general. Aunque ha de remarcarse que tanto en la industria de la construcción como en la petrolera, estos son empleos por tiempo y obra determinada, lo cual le da al negocio de la mercantilización una ventaja para quienes se benefician de este tráfico, ya que un trabajador desempleado accede a un empleo y ha de pagar por él, y ello puede ocurrir con cierta frecuencia en su vida laboral. En estos empleos el largo plazo no existe.