SALARIOS EMPOBRECIDOS PARA MANTENER A UN GOBIERNO OCIOSO Y DISPENDIOSO

Ya es tradición que cada 1 de Mayo el gobierno chavista decide un incremento de los salarios mínimos. La principal política de remuneración al trabajo desde que se inició el régimen han sido los decretos de aumento del salario mínimo. Y en épocas electorales hasta la elección del 2012, se decretaban incrementos ventajosos para que rindieran efectos en los resultados de las elecciones. Con Maduro desaparecieron las elecciones presidenciales competitivas. De todos modos estos aumentos a precios constantes, se evidencia que no han generado ganancias significativas en las remuneraciones.

  Hasta hace poco un alto porcentaje de la fuerza de trabajo ganaba solo el salario mínimo, más el bono de alimentación. Al mismo tiempo, con solo aumentar regularmente este salario, él tenía un cierto impacto en los salarios inmediatos más altos, ya que se movían las escalas en los niveles más cercanos al mínimo, y de esa manera los salarios se fueron achatando, los diferenciales se reducían entre un a categoría y otra. Hasta que vino el zarpazo final con el  paquete de medidas Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, llamado en la media como el paquete rojo, tenemos la repercusión en los precios y salarios. Aquí nos vino el Memorando - Circular No.2792, documento interno dirigido por Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo, que pretende la eliminación de las normales diferencia salariales establecidos gradualmente en los convenios colectivos, por los mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas.

  Pero en los últimos dos o tres años, ha explotado una nueva situación, y es que los empleadores para poder conseguir personas interesadas en trabajar, han de pagarle muy por encima del salario mínimo. De lo contrario no se llenan las vacantes, muy a pesar de los miles de cierres de fuentes de trabajo y el consiguiente aumento del desempleo. Es la demostración más cristalina de la precarización del empleo, que se rechaza con niveles que no permiten cubrir la salida de la casa al trabajo, con transportación y alimentación. Los ingresos no alcanzar para alimentarse ni cubrir las necesidades básicas. Datos fidedignos, como son las encuestas del Cenda, en este pasado marzo demuestran que el salario mínimo alcanzaba solo para menos de un 3% de la canasta alimentaria, no alimenta siquiera a una familia de cuatro personas en un día. Igual señalan que la canasta alimentaria ya pasó de los 702.240 de bolívares soberanos.

  Ante esa realidad, igual hay que reconocer que no hay producción ni dinero en las instituciones públicas y privadas para pagar tal salario mínimo que cubra la canasta alimentaria, se vive un estado de colapso. La destrucción del tejido productivo, de la infraestructura, de los servicios básicos, no permite disponer de una producción suficiente para las necesidades del país. Tratando de llenar ese hueco, a la población le están ingresando en remesas, servicios prestados y bienes traídos del exterior el equivalente a mas de 4 mil millones de dólares, eso es más de la mitad de las reservas del país. El dinero nacional, los bolívares soberanos, cada día valen menos, pierden significación en los análisis y comparaciones.

  Toca preguntarse y ¿cómo se mantiene un Estado como el que tenemos? tan cargado de nóminas improductivas, programas sociales demagógicos, de frondosos organismos y cuerpos armados, de inteligencia y de control de la población que a cada rato exhiben más sofisticados equipos e instrumentos de represión, activismo en políticas y relaciones internacionales, campañas y propaganda, en fin predominantemente actividades de mantenimiento de quienes gobiernan y no del crecimiento de la producción, del bienestar, salud y de la estabilidad de la sociedad en su conjunto.

  ¿Cuánto cuesta todo eso? Lo cierto es que ya no hay exportaciones petroleras que puedan cubrir tamaños gastos, por eso la fiebre del oro, del coltán, y de otras riquezas del suelo nacional. Todo enmarcado en oscuras operaciones de explotación de los bienes de todos los que aquí vivimos y de las generaciones futuras.

  Pero realmente donde está una de las principales fuentes de sustento de todo el gobierno chavista es en la reducción de los ingresos de los trabajadores venezolanos, quienes hoy tienen salarios de 7, 10, 15 dólares mensuales, es decir 35.000, 50.000 o 75.000 Bs S mensuales, con lo cual como ya se mencionó no se puede vivir, se pasa hambre, penuria y se reduce la calidad de vida. Buena parte de esos exiguos ingresos de los trabajadores retornan al gobierno, a través del IVA -16% de la mayor parte de los productos y servicios-. Dado que el Estado se ha hecho más dependiente de los ingresos tributarios de los ciudadanos y de empresas.

  Venezuela es uno de los pocos países que no tienen política de retorno del IVA, y por el contrario su recaudación representa el 55.8% del PIB; el fiscalismo es tan exacerbado que el país de América Latina que más se le acerca en este sentido -Chile- está 15 puntos por debajo, lo que permite afirmar que es  el consumidor venezolano quién a pesar de sus bajos salarios y pobreza,  ha venido convirtiéndose en el principal sustento de los gastos del gobierno, vista la desaparición o la  merma de ingresos de las empresas  en poder del Gobierno, incluyendo los grandes otrora aportantes, como Pdvsa, Sidor, Ferrominera, Cantv, eléctricas, y por el lado privado un aparato productivo pagando impuestos sobre ganancias.   

hector.lucena@gmail.com

EL DAÑO AL SISTEMA PRODUCTIVO Y SU REPARACION.

Entre los seguidores del curso del acontecer económico venezolano, hay consenso en reconocer que este gobierno no tiene la capacidad de reparar el daño que ha realizado. La acumulación de errores y desaciertos, han configurado un nivel de deterioro que este país es hoy otro diferente al que 20 o 30 años atrás conocimos. 

  ¿De cuales seguidores hablamos? de varios tipos, tanto los que están inmersos en los asuntos económicos, sea por razones académicas, entre los cuales están lo que algo teorizan y los que hacen descripciones de diversos aspectos del funcionamiento del campo. Pero también hay seguidores prácticos, como los que están conduciendo organizaciones productivas, de asesorías, de gremios, los divulgadores. En fin, un espectro amplio.

  Y ¿qué de la gente que está en el gobierno? De paso, es bastante ya que el aparato burocrático gubernamental ha crecido frondosamente. Y todas las organizaciones que se encontró al inicio de funcionamiento descentralizado, les quitó tal carácter, así que por supuesto todo lo creado, expropiado, intervenido, confiscado, de cualquier manera ha pasado a su control. Las posibilidades de expresión no son sin precio, tienen su costo, que van desde el acoso, el señalamiento, el congelamiento de ascensos, las jubilaciones anticipadas, la discriminación, el despido, y hasta la represión. 

  Pero dentro del aparato burocrático, quiénes ahí laboran logran ver de cerca las actuaciones irregulares, injustas y discriminatorias en la forma como se manejan los recursos públicos. Digno de apreciar, el que algunos sectores de trabajadores al servicio del Estado, han logrado preservar su capacidad de crítica y de movilización para dar a conocer los desmanes que ven cotidianamente, tal es el caso de quienes trabajan en salud y educación, como los más extendidos en todo el país. 

  Los trabajadores al servicio del Estado, aprecian que quienes han destruido y lo siguen haciendo no es para crear organizaciones y sistemas de funcionamiento mejores, más modernos, más eficientes; como la llamada “destrucción creativa”, del pensamiento de J Schumpeter, que sustenta los cambios de paradigmas productivos.

  Quienes trabajan para el monopolio de la electricidad, y que a pesar de todo aún persisten cumpliendo sus labores, reconociendo la exacerbada huida de trabajadores de esta empresa, por no compartir con la manera como se ha manejado, saben que los apagones se explican por razones muy diferentes a las inventadas por el gobierno, y que cuando esos trabajadores lo han expresado han corrido hasta con el precio de su vida, su libertad y su empleo. 

 Entonces, estamos en un nivel del proceso de deterioro, que los que gobiernan, que sí tuvieron la capacidad de destruir, no tienen la capacidad ni la voluntad de reparar. Que su visión ideológica los llevó a actuar de un modo que destruyeron lo que teníamos, pero que a cambio no construyeron, y por eso estamos en esta catástrofe. 

  Los que se han separado del régimen de Maduro, y se auto identifican como chavistas, se les hace difícil reconocer que los errores que nos han llevado a donde estamos, no empezaron con Maduro. Lo que sin duda ha ocurrido es que éste los aceleró, a partir  del 2014, la baja de precios petroleros y lo mas importante la disminución de la producción por el mal manejo de la industria, y por otro lado, parte de ella hipotecada con cubanos, rusos y chinos. Total, menos recursos para atender las necesidades nacionales, aparte del festín sin rendición de cuentas de la clase militar-civil que gobierna. Esto igual puede decirse si hablamos de energía eléctrica, suministro de agua, producción de alimentos, de manufacturas o de servicios, todo ha sido regresivo. Por eso el PIB, que llegó a alcanzar cerca de 350 mil millones de US$, hoy apenas llega a la mitad, con tendencia a la baja.  

 Se oye también a personas de buena fe, decir que en el régimen hay tanto nivel de maldad, por lo que deliberadamente se destruye infraestructura, se destruye el tejido productivo, los bienes de la república, los recursos naturales, en fin se hace todo tan mal, para que la gente se desanime, se vayan del país, y cunda el desengaño, y que al final lleguen a la conclusión que quienes dirigen se quedarán indefinidamente, no sea posible expulsarlos. Sobre esto, hay que reconocer que la desinformación no deja de ejercer influencias, igual el control de todo el aparato divulgativo. No se clarifica viendo TV; igual leyendo prensa nacional, ya no hay, y la que existe viven de avisos oficiales y por tanto más que divulgar, hacen propaganda; oír emisoras, las pocas que incluyen algunos programas críticos, viven más preocupadas por mantenerse, y se ven obligadas a auto-censura. El gobierno atosiga de propaganda al país, cadenas casi a diario, control de cientos de emisoras, decenas de canales de TV; condicionamiento para entrega de bienes de la minimizada política asistencial.   

  Finalmente, ¿Cómo entonces recuperamos el país? condición primaria erradicar el actual régimen. Y junto a ello, reconocer la magnitud del daño, construir medidas de emergencia para detener el deterioro, ya que con lo ya destruido hay persistencia de una inercia destructiva, pero también se cuenta con el entusiasmo de las más amplias mayorías de recuperar el país, que es el espacio de vida, de familia, de futuro, de construcción para todos, de erradicación de vicios y prácticas ya claramente vistas como dañinas. Todo esto requiere un alto nivel de madurez política, que hasta este momento no se había mencionado en este breve artículo, pero el mal que ha azotado a este sociedad vino por ese flanco de la inmadurez política.

VENEZUELA A OSCURAS ¿SABOTAJE O MALA GESTIÓN ?

  Todo un país a oscuras, es un hecho que no conocíamos desde tiempos cuando en el país no había llegado la electricidad. Llamativo que Maracaibo que fue  la primera ciudad venezolana en disponer  del alumbrado público eléctrico en 1888, con motivo del centenario del natalicio de Rafael Urdaneta; y también la segunda en América Latina, después de Buenos Aires. 

  Todo esto contrasta que hoy 140 años más tarde,  es la ciudad más castigada por el pésimo servicio eléctrico, y que en esta reciente contingencia sufrió los mayores daños, entre ellos el saqueo de más de 700 establecimientos comerciales.   

 ¿Cuál fue el origen de este mega apagón? Según diversos reportes de instituciones y de especialistas, se señala que el verano en las sabanas del Estado Bolívar, como en todo el país, aprovechó la maleza seca circundante de la estación Malena -Estado Bolívar-, y produjo un incendio que provocó un excesivo recalentamiento del tendido de las líneas de 765 kV que provienen del Guri,  con consecuencias  que afectaron la generación y la transmisión de electricidad a 23 estados, el país completo. 

  Al mismo tiempo quedó en evidencia que el sistema de generación termoeléctrica está casi paralizada y no pudo intervenir para reponer parte de la falla de la transmisión y generación hidroeléctrica.  

  La versión oficial nos tiene acostumbrados a señalar que estas interrupciones son la resultante de sabotajes, pero a la larga no se ofrecen evidencias convincentes y suministradas por las investigaciones dirigidas por equipos con independencia de criterios, no partidizados  ni parcializados con lo que el gobierno quiere que se diga. Se viene alertando que no ahondar en las causas de los múltiples accidentes en el servicio de electricidad, expone a país a contingencias de mayor gravedad y de más dificultades para su resolución, con el perjuicio para toda una nación. 

  Los expertos venezolanos que crearon el sistema eléctrico nacional, y lo administraron hasta fines del pasado siglo, coinciden en afirmar que el sistema fue diseñado con las prevenciones para administrar las contingencias regulares de un sistema eléctrico nacional, pero sin consecuencias mayores para los usuarios, hasta tal grado que lo típico de las contingencias es que ellas se presentan y se resuelven sin que los usuarios se den cuenta, dado los protocolos y mecanismos propios de la planificación, gestión y operación general del sistema. 

  Pero todo esto es bajo el supuesto de la existencia y gestión técnica de las empresas operadoras, y que si bien un servicio tan esencial como el de electricidad, conlleva la necesidad de funcionar en un marco de decisiones más allá de las operativas, digamos las políticas y las regulatorias, ya que se han de asumir conceptos fundamentales para el desarrollo social y económico de toda la sociedad, es por lo que hay un alto nivel de definiciones políticas y de desarrollo, que han de ser parte de instancias diferentes a las propias de tipo operacional como es la gestión de las empresas operadoras, en este caso el monopolio existente, como es Corpoelec. 

  Lo anterior es lo que tiene relación con las definiciones de modelos de desarrollo, favorecimientos y prioridades de regiones, sectores productivos, aperturas y financiamientos, tipos de usuarios, segmentos poblacionales. Aquí son importantes los legisladores, los políticos, los actores de la vida productiva y social, los planificadores, los financistas, los científicos, los académicos. Pero en la propia generación, transmisión, distribución y mercadeo de electricidad, son los operadores, entendidas las empresas con sus gerentes, profesionales, técnicos y trabajadores en general, quienes constituyen el cuerpo permanente para conducir las operaciones. Estos a su vez con la relación y el intercambio de un entorno de proveedores de servicios y tecnologías, tanto nacionales como globales.

  El problema de origen es que el manejo del servicio de la electricidad viene funcionando, integrando lo político, regulatorio y operacional en una misma entidad, todo confundido en los mismos criterios politizados y partidizados, con una ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, a órganos públicos y privados que sean independientes del gobierno. 

  Aquí resulta que el Ministerio del Poder Popular para la Energía Electrica y el Presidente del monopolio de todas las actividades operativas del servicio eléctrico, Corpoelec, son dirigidos por la misma persona. Es lo mismo que ha venido ocurriendo con el sector petrolero, con iguales funestos resultados para la república que ha visto perder producción, eficiencia y aportes de beneficios para la redistribución. Un gobierno que no reconoce la división de poderes, que ha subordinado el conocimiento y la ciencia, a criterios de control de instituciones y de personas, como condición para llevar adelante su modelo centralizado y excluyente, trae a la larga estas consecuencias.  

  En el presente accidente que afectó a los 23 estados de la república, y en algunos casos con la suspensión del suministro eléctrico de hasta más de 100 horas continuas. Con perdidas humanas y materiales aún no cuantificadas. En torno a ello el gobierno esgrime unas explicaciones en la misma línea de contingencias anteriores, es decir el saboteo. 

  Otras explicaciones, procedentes del campo técnico, profesional y laboral, no coinciden razonadamente con el gobierno, y apuntan a que la contingencia es derivada de una gestión que ha desatendido los criterios y las altas exigencias técnicas para un manejo eficiente del sector, sumado a ello la enorme perdida de personal con experiencia y conocimiento que se ha marchado de la empresa, e incluso mayormente del país, por lo que se carece también de recursos suficientes para atender la complejidad operativa del sector. 

  Afortunadamente, especialmente para el futuro deseable, se han manifestado argumentaciones desde el exterior a las propias instituciones gubernamentales, razonamientos que avizoran que a pesar de los enormes daños hay evidencias para considerar que el país cuenta con elementos para asumir las emergencias derivadas de la errática gestión del sector. 

  No es descartable que a pesar de las renuncias masivas de personal del sector eléctrico, haya aún en la plantilla talentos con valores, conocimientos y perspectivas, similares a las que fundamentan lo que hemos expuesto, pero que si la gestión autoritaria que predomina en el sector logra advertir posturas que discrepen de sus dogmas, corren riesgos y peligros no solo de despidos arbitrarios e ilegales, sino riesgos de la propia integridad a la libertad y a la persona.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

PERDIMOS CINCUENTA AÑOS DE EVOLUCION SALARIAL. PRIORIDAD PARA LA TRANSICION

  Para ubicar en perspectiva lo que para la sociedad venezolana representa la hiperinflación, veamos la situación salarial en tiempos que las personas de mayor edad reconocen y recuerdan, y sobre lo cual hay la literatura de nuestra evolución económica-social-laboral. Es de importancia tenerlo presente, porque el país ha de ir de nuevo a vivir con una inflación de un dígito, como la amplia mayoría del mundo, donde los salarios si satisfacen no solo la sobrevivencia, como pudiera admitirse o esperarse de un salario mínimo de ingreso a la vida productiva, sino un buen nivel de vida y bienestar como compensación por la dedicación continuada, acumulando experiencias y conocimientos en la vida laboral.

  La mas famosa huelga por aspiraciones salariales que se registra en la historia laboral de Venezuela, es la de los trabajadores petroleros en diciembre de 1936, que concluyó con la emisión de un decreto presidencial que elevó el salario en un bolívar. Los salarios de los obreros petroleros oscilaban entre los 5 y 8 bolívares diarios. No existían las negociaciones colectivas, y había que ejercer presiones muy arriesgadas para lograr un aumento como este.

  Una década más tarde -1945-, otras presiones del movimiento obrero determina un aumento de dos bolívares diarios, para entonces los salarios petroleros rondaban los 10 bolívares diarios. Todo esto sin que aún existieran las convenciones colectivas, estos logros eran el resultado de presiones del movimiento. Estos dos casos corresponden al sector en donde se otorgaban los mejores salarios, además es importante destacar que el país no conocía la inflación, y el bolívar equivalía a casi un tercio del dólar (1$ = 3.15).

  Ochenta años más tarde, contamos una situación realmente alarmante. Ya no tenemos el 3.15 de aquél entonces, sino los tres mil y tanto por cada dólar -Dicom-,  para simplificar y no complicarnos con los ajustes por tantos ceros eliminados, dejemos así esta arbitraria comparación, lo que se quiere destacar es que hemos regresado 80 y 70 años en materia salarial.

  Pero en los primeros años de la década del setenta, ya contábamos con una bien establecida prácticas de negociaciones colectivas, con el salario como el elemento central, pero acompañado de otras cláusulas económicas importantes, vacaciones, utilidades, pago de las horas extras y otras bonificaciones. El país seguía disfrutando de una envidiada estabilidad de precios, no conocíamos la inflación, pero justo en el transcurso de esa década por primera vez tuvimos años con una inflación de dos dígitos bajos. 

  Las negociaciones salariales estaban en manos de los propios actores laborales, es decir las empresas y los sindicatos. Siempre en el ámbito del establecimiento y no en el plano sectorial ni nacional. Los aumentos oscilaban entre los dos y tres bolívares diarios. El dólar había pasado del 3.15 al 4.30, y seguía siendo el bolívar la moneda mas dura de toda América Latina. Para los extranjeros éramos un país caro, pero atractivo ya que se disfrutaba de un alto nivel de vida, de buenos servicios, los empleos permitían ahorrar y hacer inversiones en bienes durables, de amplias oportunidades para conseguir empleo, crecer en las organizaciones, y para los inversionistas era un país atractivo para establecer empresas.   

  Las negociaciones salariales se realizaban en valores nominales, una vez cada tres años. Fue la irrupción de la inflación de dos dígitos bajos, posterior al primer boom petrolero de la década del setenta que dio lugar a las primeras negociaciones en valores relativos, en porcentajes, así como a los aumentos escalonados, tanto de incremento para el primer año, algo menos para el segundo y tercer año de vigencia. Los aumentos salariales aún seguían mejorando los salarios reales del trabajador. Las relaciones laborales directas le seguían sirviendo a las partes, sin necesidad de decretos y de la intervención estatal en este sentido. Ella sí era importante facilitando las actividades productivas, promoviendo y mejorando la infraestructura económica y social, y muy particular la formación profesional, la seguridad social, entendiendo que estas se financiaban con aportes tripartitos. 

  Al quedar de manera permanente una inflación de dos dígitos, y luego ir elevándose de manera continua, la situación salarial fue transformándose. Por un lado, una mayor intervención salarial con los decretos de salario mínimo, por otro la reducción de la duración de los convenios colectivos y los aumentos más frecuentes, ya expresado en valores relativos. Esto es lo que hemos visto desde fines de los años setenta en adelante. Aún no regresamos a la inflación de un dígito, lo dominante en el siglo XX hasta mediados de los setenta. Pero, la transición en materia económica ha de permitirnos regresar a esa inflación, como ha venido siendo en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y en casi toda América Latina; como lo están viviendo tantos de nuestros jovenes que han migrado a esos países, y constatan lo que sus padres y abuelos conocen de la Venezuela de entonces. 

  Igualmente la transición en materia laboral, ha de priorizar recuperar el valor del trabajo. El régimen bolivariano ha sido constante en su afán de destrucción de los valores inherentes al trabajo, lo ha sustituido por los bonos que se asignan con fines de control social, por su tendencia a crear empleos no productivos ni generadores del crecimiento de los individuos, sino de rendir culto a símbolos para el control ideológico y preservar un régimen dictatorial e inclinado a sacrificar la soberanía del país por responder a intereses externos.

HIPERINFLACION Y TRABAJO

  Vamos a abordar un tema sumamente importante en la vida laboral y en la vida general de una sociedad como es la hiperinflación y el trabajo, entendida la primera al alcanzarse durante al menos tres meses continuos una inflación mensual de un 50% o más. Es lo que vive Venezuela desde noviembre del 2017 y persiste en el día de hoy. 

  Al presente Venezuela es el único país en el mundo que sufre actualmente una situación hiperinflacionaria. No es un fenómenos usual en la vida de las sociedades, su ocurrencia en la mayoría de los casos ha estado ligada a catástrofes derivadas de guerras o de erráticas conducciones de la política económica, que es justo esto último el caso nuestro.  

  Lo errático de la conducción de la política económica a su vez es la consecuencia de una visión ideológica, que conlleva la toma de decisiones políticas y sociales que traen consigo efectos destructivos de las estructuras productivas, así como del valor del trabajo y de la riqueza tanto material como institucional, que conlleva con ello el deterioro de los capitales, especialmente el humano. Éste se minimiza, pierde su valor, aunque las personas pueden agudizar su ingenio para sobrevivir, sea explorando cómo tener ingresos incluso  independientemente del trabajo, sea recibir ayudas, dádivas como es el caso de muchas políticas gubernamentales; de todos modos las personas se restringen en sus consumos, en su calidad de vida; se cambian hábitos y costumbres buscando como estirar los ingresos. Otros conciudadanos
 migran a diversas actividades que brinden algunos ingresos, por esa vía se descuidan los empleos u ocupaciones matrices asumiendo actividades circunstanciales, todo porque las primeras no remuneran el esfuerzo dado. Hasta se ha generalizado el abandono de empleos porque no permiten cubrir la comida que ha de hacerse en la calle, o el pago del transporte de ida y vuelta al hogar. 

  En muchos casos se mantiene el estimulo de atender el trabajo, no tanto por la remuneración del esfuerzo, sino por que otorgan beneficios colaterales o accesorios a la remuneración, sea una comida balanceada y abundante, transporte, servicio médico, entrega de útiles de seguridad personal e industrial, que en algunos casos a su vez son vendidos en la calle, por ejemplo unas botas de seguridad pueden representar el salario de varios meses, y muy importante el acceso a los productos que se fabrican en esa empresa. La gerencia reconoce que esos beneficios representan en muchos casos, más dinero que el pago de los salarios.

  También hay los que se van del país, no aguantan tanta penuria, falta de reconocimiento a su capacidad de producir, falta o perdida de expectativas, incluso emigran corriendo riesgos de ir a lo desconocido, con informaciones insuficientes, pero asumiéndolos. Ya de tanta emigración venezolana hacia los países de la región, al fin sus gobiernos han entendido lo anormal de lo que acá había venido ocurriendo en materia política y económica, que si bien pudo ser barnizado con una política exterior del régimen, dilapidadora de riquezas para comprar apoyos en las relaciones internacionales. 

  Las consecuencias que tiene este fenómenos son harto complejas y rebasan el esfuerzo especifico que pretendemos en este breve artículo. Pero entendiendo que uno de los impactos mas sentidos en la sociedad es el que ocurre en el trabajo, en su valor y capacidad de darle respuesta a quienes lo ejecutan, que es potencialmente toda la población económicamente activa de una sociedad.

  El trabajo tiene significado porque en primer lugar permite satisfacer necesidades básicas, ello incluye alimentación, salud y gastos del hogar. Se trata de poder adquirir la canasta alimentaria y la básica, esta última contempla incluso algunos elementos que agregan la educacion, el transporte y la recreación. Entonces, si no es posible poder adquirir estos elementos imprescindibles para la vida personal y familiar, nos preguntamos ¿Qu sentido tiene el trabajo? En los diversos enfoques del significado de el trabajo, la sobrevivencia siempre representa su punto de partida, su fundamento. Si no te da para vivir decentemente ¿Qué sentido tiene trabajar?

  Más allá de poder satisfacer las necesidades básicas, el trabajo tiene otros significados, ya que es una vía para crecer a la par del desarrollo del individuo y de su vida familiar, pero todo lo demás tiene sentido si se cumple la condición que el esfuerzo laboral, permita satisfacer necesidades fundamentales para la existencia. 

  En paralelo hay necesidades afectivas, de pertenencia, de identidad, espirituales, de orgullo, culturales, que pueden o no estar presentes y relacionadas con el trabajo, lo deseable es que el trabajo es más que satisfacer necesidades básicas; no solo por las implicaciones económicas para la sociedad, para las instituciones productivas, sino para el ejecutante cotidiano. De todos modos, no hay duda que las personas se vinculan con otros ámbitos de pertenencia, sea la familia, la comunidad, la religión, el gremio, los grupos o entidades de adscripción, que también satisfacen necesidades de diversa naturaleza, pero entendiendo que es el trabajo la fuente principal de la provisión de lo material. 

  Con la hiperinflación el trabajo pierde sentido. Quienes son responsables de las políticas que dan lugar a este estado, incurren en un tipo de genocidio de los trabajadores. 

RECUPERACION DE LA CALLE, OPTIMISMO Y RIESGOS

  
Los acontecimientos políticos nacionales se mueven vertiginosamente a partir del 10-1-19, con motivo de la juramentación de Maduro como Presidente de la República para los próximos seis años. Era de esperar una situación extraordinaria, visto el muy extendido cuestionamiento nacional e internacional a esas polémicas elecciones del 20 de Mayo del 2018, tanto su convocatoria por un organismo ilegitimo, como es la Asamblea Nacional Constituyente, sin la cualidad para convocar, como el desarrollo del proceso electoral,  excluyente y viciado, denunciado en su momento hasta por la misma empresa Smartmatic, que había venido manejando la parte tecnológica de los procesos electorales desde el año 2004.

  De ahí en adelante el ritmo de los acontecimientos va a una acelerada velocidad, indudablemente estaban represados y se esperaba que en algún momento se desatarían, apenas ocurriera el llamado de una dirigencia creíble, unitaria y fresca. 

 Hay que destacar en esta voluntad de protesta por parte de la población, que a lo largo del 2018 se registraron la mayor cantidad de conflictos jamas visto en la historia del país. Hasta entonces eran el 2014 y 2017, los años que registraron mayor numero de protestas, según los registros del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, pero las 12.715 protestas del 2018 superan en un tercio lo ocurrido en aquellos años.

  Destaca que lo preeminente en este último año son las protestas laborales, - más del 40% -, por el descalabro del empleo y de la merma de los ingresos, que ha hecho que hoy la pobreza supere el 80% de la población; y el estado de catástrofe económica que no guarda relación con los altos ingresos que el país ha recibido a lo largo del actual régimen,  y que explique como causa principal la descomunal diáspora venezolana.

  Entonces las protestas laborales que se tradujeron en marchas, toma de lugares públicos, en donde los trabajadores se enfrentaron al gobierno por sus políticas laborales y por su papel de patrono indolente e irresponsable en la conducción de las entidades estatales. Especial mención hemos de hacer del sector de trabajadores de la salud, particularmente de enfermería, que se lanzaron a una protesta nacional desde mediados del año 2018 y se mantuvieron firmes por varios meses, ganándose la admiración y el respeto de la sociedad en general.

  En las protestas de este inicio del 2019, se empieza por los llamados a los cabildos en las principales ciudades del país, y en muchas de ellas, no sólo uno sino varios y todo en apenas pocos días. En Valencia metropolitana se inicia con un cabildo en Prebo, y luego en Naguanagua, Tasajal, San Diego, San Blas, La Isabelica, El Palotal, cubriendo con ello toda la gran ciudad. En todos estos cabildos se precisan los objetivos a seguir por quienes se hacen parte de las movilizaciones: declarar la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, exigir el establecimiento de un gobierno de transición, y realización de elecciones libres y democráticas.

  Marca un hito trascendente las movilizaciones de millones de ciudadanos el miércoles 23E, caminando por las diversas arterias urbanas, para encontrarse con otros ríos de gente procedentes de diversas zonas de las ciudades; los amplios espacios públicos previstos quedaron pequeños, y todo ello en simultáneo en cientos de poblados, desde la capital, pasando por las principales urbes, hasta pequeños poblados de sólo decenas de miles de habitantes, que se movieron el mismo día y a la misma hora, atendiendo el llamado de la Directiva de la Asamblea Nacional, y de los diputados representantes de las regiones, y todo convocado predominantemente por redes sociales, dado el cerco informativo a toda la actividad de la AN.

  El gobierno hizo lo posible por torpedear estas convocatorias, además de recurrir al cerco informativo, dificultó los servicios de transporte, tomó militar y policialmente lugares diversos de las ciudades y exhibió equipos anti motines; intimidó a medios de comunicación, en algunos lugares -Maracaibo, por ejemplo- allanamiento de sedes de plantas televisores privadas, prohibiciones de ciertos temas en la programación radial - se conoce de suspensiones en Radio Fe y Alegria-. Estrictas advertencias a los funcionarios al servicio del Estado, de no dejar de asistir al trabajo en ese día 23-1-19. A todo lo anterior, se agrega que el pago mensual de la pensión a las personas de la tercera edad se fijó justo para ese mismo día, sin embargo este segmento de la población ampliamente necesitado de esos recursos para compras fundamentales, prefirió voluntariamente hacerse presente en la movilización y concentraciones, trasladando su cobro de pensión para el día siguiente.

  Las movilizaciones y los actos del 23E se desenvolvieren en paz y tranquilidad. Quienes se movilizaban a lo largo de calles y avenidas, mostraban su entusiasmo, fue notable las marchas familiares, padres e hijos, parejas, menores y mayores, mujeres y hombres, voceando consignas y cantos, los rostros mostraban la satisfacción de estar presentes.

  Sin embargo, hay que subrayar que antes de la marcha monumental del 23E,  algunas escaramuzas habían empezado con la represión a las protestas en sectores populares, especialmente en Caracas, en donde el 21E se conoció de las primeras dos víctimas fatales por parte de cuerpos armados gubernamentales, eso se acrecentó en el transcurso de la semana, y ya para el sábado 26E el número de víctimas alcanzaba los treinta, además de casi cuatrocientos detenidos, sin respeto alguno a los DDHH por parte del régimen.

  Podemos señalar que está terminando la semana del despertar de esperanzas y optimismo, pero que no hay que perder de vista, que igual sigue una arremetida represiva, que acumula en pocos días un balance inquietante.

  Finalmente y no menos importante, se ha evidenciado que quienes han conducido al país al presente caos, han dado lugar a que el conflicto político existente sea un problema no sólo nacional, sino que por más que insistamos en los argumentos de quienes aquí vivimos y está todo nuestro proyecto de existencia, que el régimen a lo largo de sus veinte años de mando autoritario hizo concesiones y facilitó intromisiones a varios gobiernos que confrontan con los EEUU, especialmente a Cuba, China, Rusia e Iran, que inevitablemente nos ubica como un conflicto dentro de las confrontaciones globales.

  Esto demanda atención cuidadosa en los esfuerzos de la dirigencia en el manejo de la situación nacional y en sus relaciones internacionales, ya que en tan solo pocos días el saldo de violaciones de DDHH traducido en víctimas fatales y personas detenidas, es una emergencia alarmante.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

DESINDUSTRIALIZACION CONTINUADA: AHORA ES GOOD YEAR

   Sobre el caso del cierre en Venezuela de la mundialmente conocida fabricantes de neumáticos Good Year, empecemos por mencionar las medidas de protección anunciadas a partir de ayer martes 11 por el Gobierno nacional. Todo esto nos parece tardío y ruido para las galerías tanto de adentro de la empresa como de afuera de ella, ya que si una empresa está  por varios años produciendo apenas un 10-15% de su capacidad y además continúa sometida a las restricciones cambiarias y de precios, es de elemental sentido, que en algún momento llegará a la parálisis. Entonces la tal protección que se menciona en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras -(Capítulo IV de la Protección al Trabajo, al Salario y las Prestaciones Sociales. Arts. 148 y siguientes-), y si se pretende que sea de verdad, ha de aparecer al observarse señales frecuentes de baja de producción y de rendimientos, y entonces actuar con sentido realista, en el hecho de permitir que trabajadores organizados en sindicatos y los representantes de la empresa exploren opciones y viabilidades, que son quienes conocen el problema,  y que por otro lado, aquellas instancias militares y burocráticas estatales, que han venido metiéndose,  no interfieran sino que faciliten las negociaciones directas, y que en lo posible éstas han de ser sectoriales, ya que una empresa no es un ente aislado es parte de un entramado de proveedores, de clientes y de otros relacionados, que todos son parte del problema y de la solución. Y que luego hayan las seguridades necesarias para respetar los pronunciamientos de los actores socio laborales.

  Desde el anuncio de la empresa desde este lunes 10 de Diciembre, intentamos conocer la mayor información posible del desenlace, incluso en la circular que la empresa emitió se señalaba unos números telefónicos, y de los intentos se observó que contrataron a un outsourcing (Call Center), muy  especializado para responder a cualquier interesado (sea de la prensa, trabajadores, proveedores y clientes). Sin mayores detalles, pero contundentemente muy bien manejado, emitían sus respuestas sin salirse de un guión que evitara compromisos.

  Luego hemos visto las reacciones en las horas siguientes a ese lunes de cierre hasta el presente, claro viendo el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera ya que no tenemos información interna del problema, pero indudablemente nos parece que quienes conducen la organización sindical en esa empresa, tienen encima una enorme responsabilidad, incluso la circular de la empresa les asigna la de administrar la entrega de los neumáticos que forman parte esencial del pago de salida del personal, 10  de estas piezas por trabajador, que en precios de divisas y según las diversas medidas puede referirse a un global de 1300-1600 US$. Monto que los despedidos o liquidados en el sector público ven como cifras astronómicas, claro por la pulverización de todo beneficio laboral pagado simplemente en Bolívares, sean lo de ayer “fuertes” o los hoy soberanos.

  El sindicalismo ha sido víctima de la fragmentación, que en condiciones extraordinarias y exigentes como las presentes, carece de estructuras que de manera rápida y efectiva respondan a las contingencias como la de Good Year en este momento, y tantas otras situaciones semejantes en los últimos tiempos. Esto lo aprovechan intereses del mundo burocrático para someter la situación a los exclusivos intereses gubernamentales, buscando evadir sus responsabilidades en la errática conducción económica que es el marco de los problemas productivos del país, y la fuente originaria y continuada de estos cierres de centros productivos, que en el caso de Good Year, cierra un capítulo que empezó en los años sesenta, más de medio siglo produciendo neumáticos en el país, y con una amplia experiencia de exportación.

 Con la entrada de la burocracia gubernamental y partidista en el escenario, luego se hacen actos, discursos, pancartas, cadenas de radio y tv, se hacen acusaciones, pero después del ruido, viene el silencio y la calma.. y las condiciones económicas que disfrutaban los trabajadores no se preservan.. los esfuerzos por mantener la actividad productiva, se topan con las dificultades propias de toda producción, pero sin una organización del trabajo adecuada, los problemas menores se vuelven grandes, y gradualmente se hace más limitada una reapertura exitosa.. al final a duras penas la empresa se convierte en una nueva carga ya que no logra auto financiarse para pagar salarios dignos, pagar impuestos y ni brindar riqueza al país. Esto es lo que hemos visto, desde la 1era empresa que se paralizó en Carabobo -Venepal en Morón, el 2005-, que luego de las dificultades para funcionar se vino a menos, aparecieron las intervenciones, el supuesto auxilio gubernamental y todo gradualmente se fue viniendo abajo lo poco que quedaba, ya en el país se cuentan varios cientos de casos con ciertas semejanzas hasta más recientes. Quisiéramos que os hechos nos desmientan y que se evidencia lo equivocada de estas apreciaciones.

¿Será Good Year un caso más de esta película que ya conocemos? ¿Podrá ser diferente? Por supuesto si se hace lo que ya conocemos, no veremos más producción eficiente, ni los buenos salarios del trabajador cauchero. Habrá que hacer todo bien diferente a lo que cientos de empresas cerradas y tomadas por el gobierno muestran en su fracasado historial.

APORTES DESEABLES DE UNA POLÍTICA LABORAL

  Siguiendo con algunas consideraciones sobre la política laboral del régimen y su pretensión de eliminar conquistas muy sentidas en las relaciones de trabajo, como ocurre con los llamados lineamientos del despacho laboral -Memorando No. 2792- sobre negociaciones colectivas.

  Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres categorías:

1- Por un lado la administración pública en sus ámbitos nacional, estadual y municipal;

2- En segundo lugar el sector de empresas constituido por aquellas que producen bienes y servicios, aquí tenemos a unas de propiedad estatal y otras privadas;

3- Un tercer sector de carácter social que no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo en residencias, en asociaciones.

  Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El presupuesto nacional contempla como se erogarán estos recursos.

  El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente  están constituidos por lo que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente las distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento de la sociedad.

  El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos, tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. En el presente al lado de los dos primeros, es el sector  con menor población.

  ¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones de quienes presten servicios deben resolver la alimentación y los servicios básicos para la vida personal y familiar. Todo aquél que trabaja a tiempo completo ha de tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo.

  Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados.

  Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias, competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan. Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo, para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa organización, que se aprecie su justeza.

  Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional.

  Cuando el memorando que comentamos - No. 2793 del MPPPST- pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso lo es para los actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores y escalas. Por supuesto, no se afirma que  las mismas estén libres de la necesidad de revisiones y mejoramientos,  son procesos que se alteran por los mismos cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones.

  El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5900%, cuando el país avanza hacia una inflación del millón anual.

  ¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las remuneraciones y las convenciones colectivas?.

1-  Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas.

2-  Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado, y se escojan los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones.

3-  Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas públicas ante los organismos de control, y que de la misma se deriven decisiones que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean las evaluaciones profesionales y públicas.

4-  La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes actúan y conocen sus realidades.

5-  Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el desenvolvimiento de las relaciones laborales sea creíble y respetada. El sectarismo, la partidización, la desprofesionalización, la ausencia de carreras, atentan contra eso.

6-  El gobierno, en particular aquellos entes del área laboral, deben procesar y publicar todos aquellos datos que los actores laborales requieren para sus relaciones y negociaciones. Empezando por los datos de los costos de vida en las distintas regiones, y de los diversos rubros, igual los datos de la distribución de los ingresos según las distintas categorías, de todas las remuneraciones, de las productividades de empresas, de las ramas. Se debe tener acceso a publicar desde los ingresos del Presidente de la República, salario y otros beneficios, hasta los niveles más bajos de las estructuras. Las únicas excepciones a la apertura deben ser aquellos datos que atentan contra el derecho a la privacidad de las personas y aquellos que son considerados relevantes para la seguridad nacional, como reza la Carta Internacional de Datos Abiertos.

7-   Que las autoridades aporten el procesamiento de los datos que recogen de la sociedad y que sean necesarios para las negociaciones y en general para el desarrollo de las relaciones laborales. Transparencia y claridad en la propia casa seguro nos hará una sociedad que genere mayor confianza, no más regresividad y controles.

MAS INTERVENCIONISMO LABORAL REGRESIVO

   Vamos a analizar algunos elementos que se vinculan con el Memorando - Circular No.2792, documento interno dirigido por Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo a subalternos en el área de Derechos y Relaciones Laborales, desde la Viceministra y toda la cadena supervisora hasta los niveles operativos, además a los directores estatales del propio ministerio, inspectorías y procuradurías, en fin el área que constituye la columna vertebral de un ministerio del trabajo en cualquier país.

  Se ubica este memorando en el marco del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica de la RBV. Dos meses después de su anuncio -17 agosto del 2018-, los indicadores económicos a pesar de cinco años de regresión siguen sin levantar vuelo. Analicemos en esta primera entrega, algunos elementos del contexto que llevan a criticar los supuestos de la política salarial del régimen.

1- En el 2013, la economía nacional no alcanzó siquiera un crecimiento del 1%, fue cuando entramos en recesión, y que luego  en los cinco años siguientes, 2014-2018, fue de continuado retroceso, al punto que hoy somos la economía del mundo que más se ha deprimido en el siglo que corre. 

  Lo anterior, un logro universal de los conductores del socialismo del siglo XXI, por ello cargan a cuestas la negativa fama del modelo, que hoy se le menciona en foros, debates y centros académicos como un milagro al revés, que luego de experimentar los efectos perniciosos del inusitado aumento de ingresos, el llamado síndrome holandés, no logran paralizar la pendiente y la catástrofe que han causado. Lo insólito es que con las mismas maneras de dirigir el país, particularmente su economía, proponen pomposamente recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Creemos que lo único que cabe en la presente situación es emergencia y cambios radicales de orientación política, social y económica.

  En Latinoamérica y en muchos otros lugares del globo, en donde el régimen en su primera década invirtió mucho dinero en propaganda, además ya como no hay caja, los otrora “amigos” ven con pesar la conducción gubernamental en Venezuela, al menos dejaron de mencionarla como alternativa.  

  Por supuesto que con esta depresión los sectores que dependen de su trabajo para vivir, no tienen perspectivas de preservar su calidad de vida.

2- El memorando asume que con el nuevo salario mínimo establecido a partir del 1 de septiembre, en BS S 1.800, el gobierno no incurre en una actuación aislada, ya que el aumento es parte de “perseguir racionalizar la justa distribución de la riqueza”. Entonces, hemos de referirnos a la creación de riqueza. Esta se ha venido a menos con la continuada depresión económica, que da lugar a tener una economía que produce la mitad de lo que producía apenas hace seis años. Entonces lo que se distribuye es más pobreza que riqueza. 

Con una desigualdad, por un lado entre los niveles crematísticos, los militares, y todos los que tienen acceso a prebendas (comisiones, vehículos, bienes, divisas), que se financian con los impuestos de todos, el persistente endeudamiento y las cada vez menores exportaciones de petróleo, y por otro lado la amplia porción de la población trabajadora con ingresos cada vez más menguados por la hiperinflación.

  Recordemos que al establecerse el nuevo salario mínimo en BsS 1800, se acompañó de una devaluación que llevó el precio del dólar Dicom de 250.000 a 6.000.000 Bs F, para entonces la tasa predominante en el mercado negro. Con el nuevo cono monetario, al rebajarle cinco ceros, es igual BsS 60. 

  Pero resulta que en menos de dos meses el mercado negro hace que el dólar ya ronda los BsS 200. En nuestra economía cada vez está mas extendido el dólar como referente de nuestras adquisiciones. Nuestro consumo dolarizado, representa un alto porcentaje de bienes y servicios, ya se nos ha encarecido en más de tres veces. La hiperinflación destruye aceleradamente nuestros ingresos y obliga a liquidar activos para sobrevivir, y aquellos que tienen ingresos en divisas, también empezaron a experimentar la pérdida de poder adquisitivo.

  Una acreditada consultora, observa que “La aceleración del proceso hiperinflacionario ha provocado un ´encarecimiento en la vida en dólares´. Así, por ejemplo, en febrero era necesario recibir USD 156 para comprar la misma canasta de bienes que antes se compraban con USD 100. A medida que los niveles de inflación escalaron nuevas posiciones, esta remuneración tendría que haber ascendido hasta USD 935 en septiembre” (http://ecoanalitica.com/noticias/graficodelasemana-el-mito-de-pagar-en-dolares). 

3- El memorando introduce un viejo recurso del más rancio populismo, al abordar la política económica  y lo salarial, y referir la búsqueda de la  “justa distribución de la riqueza”, por la vía de aplanar los ingresos de los trabajadores asalariados. Se menciona “la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores..”. Esta retórica apunta a justificar la eliminación de los normales diferenciales salariales, establecidos gradualmente en los convenios colectivos por los mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas. 

  Es un recurso muy rebuscado hablar de privilegios entre asalariados cubiertos por los mismos convenios colectivos. Lo que si se deja ver en estas propuestas del régimen es continuar minando los procesos de negociaciones colectivas, que efectivamente dan espacios para la participación de los trabajadores organizados en gremios y sindicatos, y sustituirlos por procesos interventores del gobierno, muy especialmente a travez de los funcionarios, generalmente partidistas, del despacho laboral. Del citado memorando, hay otros elementos que en próximo artículo ahondaremos.

  Muy razonable y esperanzador estar observando que trabajadores de las diversas actividades, regiones y orientaciones políticas, se han unido para reaccionar con abierto y amplio rechazo a estas pretensiones del régimen de seguir corrompiendo las instituciones de las relaciones laborales. 

hector.lucena@gmail.com

Palabras clave: intervencionismo estatal, relaciones laborales, salarios, depresión económica, dolarización.

  

   

   

LA PERDIDA DEL CAPITAL HUMANO

  Toda persona que se ofrece al mercado laboral es portadora de un capital, que consiste en su actitud y voluntad de trabajo, además su experiencia, formación, calificación, saberes; hablamos entonces de capital humano. Puede que el cargo que consiga en una determinada oportunidad no permita que todo su aporte sea aprovechado, pero ya eso estará relacionado con lo que demande el empleador y con el ambiente organizacional que reine en ese espacio laboral.

  Las intenciones de eliminar, restringir o achatar los tabuladores, es equivalente a atentar contra las carreras laborales que se han construido en los diversos espacios productivos con los aportes de las empresas, de los trabajadores y aquellas instituciones que apoyan la formación y capacitación. Se puede considerar que se trata de un capítulo más de la restricción del desarrollo del capital humano en el país. Hay que señalar que los diferenciales establecidos en los tabuladores y en carreras, al menos por los convenios colectivos, no se caracterizan por ser muy altos, se han venido achatando. 

  En este orden de atentar contra el capital humano, no es posible dejar de mencionar el fenómeno insólito del despido de más de 20 mil trabajadores con un promedio de 15 años de experiencia c/u en la actividad petrolera, la fuente principal del sustento de los venezolanos, más de la mitad del total del personal de la empresa estatal Pdvsa, y en algunas áreas especializadas hubo un vaciamiento casi total. 

  A partir de ahí, el capital humano verdaderamente dejó de ser una categoría de valor en la conducción de la revolución. Luego se ha visto gradualmente la castración de ese capital en otros sectores importantes de la actividad productiva, como el eléctrico, siderúrgico, y empresas básicas en general, así como restricciones a entidades de servicios, formación y centros de investigación. Igual ocurre con todo aquello que cae en manos de esta concepción, que no concilia con ver a los trabajadores como el capital humano de la nación, y que la palabra meritocracia es percibida negativamente. 

  Tanto los trabajadores como las empresas en los marcos construidos por las relaciones de trabajo o relaciones laborales, han configurado los mercados laborales internos que es generalmente la primera fuente a la cual se recurre para llenar las vacantes por creación de nuevos cargos, por la sustitución de otro trabajador sea por haberse ido o por los ascensos y promociones de los titulares. Entendido que  en todo centro de trabajo hay un mercado interno, y que también existe una movilidad laboral de entrada y salida, todo ello inserto en un ámbito mayor que son los mercados laborales externos.

  Los mercados laborales más inmediatos para los trabajadores son los internos, ya que al estar dentro de una organización productiva se abre la posibilidad de una carrera. En tiempos de abundante empleo, los trabajadores tienden a rotar de una empresa a otra, porque en general los cambios traen algunas ventajas, casi siempre económicas, pero igual puede ser de tiempo de trabajo, de localización y distancia, de ambiente humano, de aprendizaje. Pero en nuestro país hace años que no se ha producido un crecimiento estable para que se haya producido un crecimiento sostenido del empleo productivo, de ahí que se ve con mayor atención las alternativas de los mercados internos.

  Si bien en estos años de la llamada revolución, desde las políticas públicas se ha tendido  a rigidizar el mercado laboral con las reiteradas regulaciones de inamovilidad, sólo que funcionando con un doble rasero. Era efectiva en los empleos del sector privado, sometidos al escrutinio y a las inspecciones, pero no en los estatales, en donde la exclusión empezaba desde las mismas condiciones y requisitos para el ingreso, y luego, ya empleado, el sometimiento a exigencias ajenas al trabajo, determinaban la permanencia. 

  Por supuesto que no es dable hablar de mercados en los términos de la teoría neoclásica, pero igual tampoco en los de la institucionalista, porque supuestamente las regulaciones y los acuerdos contractuales se sustentaban en el derecho al trabajo, y la permanencia en el cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de trabajo; pero el modo de dirigir las organizaciones con preeminencia de los intereses ideológicos del partido gobernante, erosionó estos valores en los empleos del mayor empleador.

  La brutal caída de los salarios y el desmejoramiento general de las condiciones de trabajo visto en los últimos cinco años, pudo más que las pretendidas fidelidades obligadas a servir al ideario revolucionario, y es por lo que del sector estatal se ha producido una estampida de personas que ven con impotencia la destrucción de las organizaciones, y con ellos el derrumbe de sus empleos. ¿Y hacia donde se dirigen? La mayor parte hacia otros países, y en menor proporción hacia los mercados laborales locales. De los primeros, ya se menciona la salida precipitada de cerca de tres millones de venezolanos, huyendo de la falta de oportunidades en los mercados laborales, o si se consiguen empleos, no permiten una vida digna. 

  Ante una situación como esta, el régimen recurre a eliminar o quitarles contenidos a las carreras laborales, y ya no solo en donde es el patrono directo, que ya es bastante gente involucrada, sino en el conjunto del mercado laboral nacional. 

  Finalizando, dada la deficiente atención gubernamental a las instituciones que juegan un papel importante en la formación y sostenimiento del capital humano, como son las empresas, las universidades, las organizaciones gremiales y sindicales, los centros de formación profesional y entrenamiento, de investigación y desarrollo, el país sigue perdiendo tan importante recurso como es el capital humano. 

CONSECUENCIAS LABORALES DEL PAQUETE EN PRECIOS Y SALARIOS

  Entre las preocupaciones y manifestaciones más sentidas entre los trabajadores, luego del anunciado paquete de medidas Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, llamado en la media como el paquete rojo, tenemos la repercusión en los precios y salarios.

¿Que ha ocurrido sobre esos particulares? Para Agosto la inflación diaria alcanzó el 4%, la mensual el 223% y 200.005%  la interanual, según los cálculos de la Asamblea Nacional. Salarios pulverizados. El valor del trabajo ha venido disminuyendo a niveles tales, que en muchos empleos los trabajadores los dejan voluntariamente por lo bajo de sus ingresos, más  las dificultades para movilizarse y la necesidad de invertir tiempo y esfuerzos para conseguir los alimentos y productos básicos en el hogar.

  Si bien en el paquete gubernamental se incrementó el salario mínimo en un 5.900%, lo que produjo cierta sorpresa, ya que dio realmente un pronunciado salto, de hecho, en las pequeñas empresas muchas de ellas aún no se han repuesto. 

  Sigue persistiendo la unilateralidad del ejecutivo en las decisiones que dan lugar a los incremento salariales del mínimo, sin que se asomara algún intercambio con las organizaciones de los trabajadores y de los empresarios, además por las caras de los miembros del gabinete ministerial en esa alocución del viernes 17 de agosto, tal parecía que también les resultaba sorpresivo. A los primeros, ya se ha hecho habitual que se les excluyera de las consultas relacionadas con la revisión de los salarios mínimos, pero en esta ocasión se trataba mucho más que ello, ya que lo anunciado era todo un plan de ajuste. 

  Hay que admitir que para los niveles de inflación acumulados en el lapso hiperinflacionario - 200.005% interanual -, desde fines del pasado año 2017, no obstante las consecuentes revisiones del mínimo salarial trimestral o hasta bimensual, no se ha logrado mantener su poder adquisitivo. Incluso este último aumento del 5.900%, con la subida de precios ocurridos con su solo anuncio, antes de la vigencia, no ha aliviado la situación de precariedad de los trabajadores asalariados que ganan el mínimo o poco más, es por que apenas transcurrido un mes de su anuncio, este incremento ha perdido un 50% de su capacidad de compra “El bolívar soberano perdió la mitad de su valor en 19 días”, señaló el economista Steve Hanke (El Universal, 20-9-18). 

  Pero este aumento del salario mínimo en un 5.900% vino acompañado de varios aditivos que han levantado una polvareda en los sectores laborales. De ellos se destaca, el que tiende a agregar mayor número de personas percibiendo sólo el salario mínimo. En el sector público incluso se pretende establecer una tabla única de salarios, con un extremo achatamiento de las escalas y tabuladores, que históricamente provienen de procesos sostenidos de negociaciones y evaluaciones para establecer las carreras en cada cargo, ocupación, de los diversos sectores que integran las funciones estatales. Por supuesto que igual consecuencia del achatamiento, pero en magnitud menor, se aprecia en los tabuladores del sector privado.

  Estos diferenciales que en nuestros sistemas de remuneraciones se han venido achatando sostenidamente en el sector público a lo largo de los últimos veinte años, han llegado al grado que ahora son solamente simbólicos por las minúsculas diferencias de remuneraciones entre una categoría y otra, que en modo alguno guardan relación con las distintas responsabilidades y exigencias que se integran y complejizan a lo largo del ejercicio laboral, y que van justificando el avance en ese tabulador a lo largo del tiempo y del esfuerzo formativo. Todo ello en el fondo  es un reconocimiento a las carreras de todo tipo,  sean las sustentadas en el puro ejercicio práctico o las que exigen a priori una formación media o superior. 

  Otra amenaza incluida en las pretensiones gubernamentales es pretender que el aumento de este salario mínimo, de una vez absorba un conjunto de ingresos que están asociados con dimensiones diversas del trabajador y su ejecución laboral, sea por producción, productividad, calidad, por riesgos, por conocimiento, por carga y responsabilidades familiares, por transporte, comida, entre las más comunes. Planteando que ellas pasarán a ser parte del salario y no permitir su existencia autónoma en los convenios colectivos o en los esquemas  de remuneraciones. Por supuesto que estas pretensiones de erradicar de un plumazo o socavar una política laboral  de remuneraciones de sostenida construcción bilateral, encuentra la resistencia de los actores laborales, más decididamente por supuesto de parte de los trabajadores y sus organizaciones, que serían los más perjudicados.

27-09-18

AUMENTO SALARIO MINIMO DECRETO EJECUTIVO Y AUMENTO CONTRACTUAL

EY: nos hizo un planteamiento, en sus propias palabras.. 

" Si tengo el aumento al salario mínimo decretado por el jefe de estado a partir del primero (1) de Septiembre y a su vez un aumento de 40%  a partir de la misma fecha por convención colectiva ¿cual aplica primero?. "

Le respondimos lo siguiente..

Bien importante el asunto para la acción inmediata, y confío que habrá oportunidad para que el intercambio que planteas, se analice y aborde. Sin embargo, no puede uno que le importa como funcionan las Relaciones Laborales, dejar de mencionar lo siguiente.

La falta de consultas previas en importantes desiciones que tienen repercusión laboral general, han de ser tomadas por los actores Sindicatos, Empresarios y Estado, así reza en los convenios de la OIT ratificados por Venezuela sobre la Consulta Tripartita y el Diálogo Social, y por tanto es de obligación tenerlos presente para el funcionamiento de las Relaciones Laborales en el país. De no hacerlo, traen lugar a situaciones que bien pudieran haberse previsto dado los intereses de los afectados, tanto en esta consulta, como también, no olvidar, en lo propio de un estado de derecho que implica la participación de la discusión parlamentaria de estos asuntos del interés nacional, lo cual agrega otra instancia de análisis, precisiones y consideraciones. 

Tradicionalmente los aumentos de salarios mínimos como resultante de la negociación tripartita preveían estas situaciones. Entonces, cuando los aumentos contractuales ocurrían en un determinado lapso antes o después de este nuevo mínimo, pero que llevaban el mínimo por debajo del decreto, entonces se imponía este último por ser mayor.

En cuanto al asunto puntual planteado, si tomamos el aumento contractual del 40%, ya que es un compromiso que viene de cuando fue negociado el vigente CC, es decir de antes del reciente Decreto, él llevaría el salario a un 40% más alto de lo que están previamente. 

  Pero en lo que hay que estar claro es que nunca alcanzarían el aumento del Decreto  del Ejecutivo que incrementa el salario mínimo general en un 5900%, que seguro no será en esa proporción en el caso de una empresa que tiene CC, ya que el salario mínimo en esas empresas será mucho mayor  de los Bs 3.000 mens. Entonces, al aplicarse el aumento del X % que corresponde a este caso, va a subir entonces el salario mínimo a BsS 1.800,00 mens. o 60 diarios.

CANASTA BASICA Y ALIMENTARIA, AGOSTO 2018

Su formación universitaria es en estudios de educación, pero se ha hecho conocido por su dedicación al seguimiento de la publicación mes a mes de la canasta básica y alimentaria. Acumula ya 40 años de dedicación al tema. Originalmente, en el Centro de Documentación y Análisis (Cenda). Luego se separa de este centro y funda su propio organismo para similares estudios y cuyo nombre es casi el mismo, Cendas, pero cambia de institución de adscripción ahora se vincula con la FVM, la conocida Federación Venezolana de Maestros, fundada a fines de los años treinta, y una de las las organizaciones sindicales de mayor antigüedad y reconocimiento en el país. Este Cendas-FVM, ya  alcanzó sus veinte años de vida. Hablamos de su director, Oscar Meza, quién con la publicación mensual del informe de los valores de la canasta alimentaria y de la básica, genera un alto rating al inicio de cada mes para conocer de su informe. Igualmente el antiguo Cenda, continúa publicando los datos de precios al consumidor.

 Durante un periodo los datos del Cenda y de Cendas-FVM eran contrastados por los seguidores de la información,  con los publicados por los organismos estatales a cargo de llevar las estadísticas nacionales, el INE y el BCV. Algunas recriminaciones y críticas de parte de autoridades oficiales intentaban descalificar los informes paralelos de estas entidades privadas, que respondían razonando los fundamentos de su metodología. Especialmente recriminador fue el director del INE, Elias Eljuri quién venía de la gestión universitaria al frente de la más antigua Facultad de Ciencias Económicas del país, la de UCV, por lo que inicialmente  ello le dió audiencia a sus cuestionamientos.

  Pero al final, hoy sobreviven los informes del Cenda y del Cendas-FVM, y son objeto de la atención de empresarios, trabajadores, los profesionales libres, de la academia, en tanto que desaparecieron los del INE y del BCV, con todo su obligación legal de brindarlos a la sociedad.

  ¿Como explicarlo? Pensamos que la misma realidad inflacionaria con su crudeza desmentía los informes oficiales, e incrementaba la incredulidad general en las informaciones gubernamentales. De ahí, que siendo un régimen que poco le importa desconocer sus propias obligaciones y no ha hecho caso a ningún otro ente estatal que haya intentado reclamárselo, como lo ha hecho la Asamblea Nacional, finalmente nos hemos quedado sin estas importantes estadísticas de obligación gubernamental. Sin embargo, este organismo parlamentario, no obstante sus penurias, por la limitación en la asignación de recursos que del presupuesto nacional han de asignárseles, tomó el sartén por el mango y desde el inicio del presente año ha venido presentado el índice inflacionario mes a mes.

  Hasta el 2015, el gobierno informaba a la sociedad de los datos de inflación, precios y canastas. En el 2016, sólo por informes que el gobierno presentó a un organismo multilateral fue la última vez que conocimos de su versión de la inflación, para entonces teníamos regularmente una inflación de tres y cuatro dígitos, y éramos cómodamente el país con la inflación más alta del mundo.

  Se ha afirmado de múltiples maneras, en todos los países y ocasiones históricas de alta inflación, que a quiénes más maltrata es a los trabajadores asalariados, que son dependientes laboralmente y tienen un ingreso fijo. Pero también maltrata a los empresarios que son obligados a vender a precios fijos, cuando sus insumos y factores de producción suben indiscriminadamente. La ortodoxa planificación centralizada recurre a controles, decretos, emergencias, inspecciones, sanciones, penalidades, encarcelamiento, pero el asunto se le escurre, y la inflación se une con la escasez y nos lleva al peor de los mundos para preservar la calidad de vida e incluso la misma sobrevivencia. Agreguemos que en las mismas trapisondas de la maraña burocrática, se desarrollan mecanismos que se aprovechan de hacer uso de los permisos, concesiones, alcabalas, censos, registros, carnets y todo un menú que nunca termina de dejar de crecer, todo desde el poder gubernamental le sirven para expoliar a los ciudadanos.

  En este mes de agosto hemos estado en shock, con el improvisado e insustentable paquete rojo, del cual tendremos un adelanto de sus consecuencias, cuando se nos informe de los valores de las canastas básicas y alimentaria, que siguen su ritmo ascendente pero que con toda seguridad agosto del 2018 será inolvidable para la historia de Venezuela. Atentos al informe de Cenda y Cendas-FVM, veremos como hasta el mismo aumento de 59 veces del salario mínimo o de 35 veces el ingreso mínimo, que cualquiera de ellos es un récord mundial de la improvisación, ya que se ignoran y/o subestiman las variables que mas pesan en la determinación de los precios que se incluyen en la canasta básica y la alimentaria.

CATASTROFE Y PAQUETE ROJO

En los últimos años hemos sido testigos de la peor catástrofe de la Venezuela petrolera, ningún país exportador de este bien tan preciado registra similar experiencia, salvo el caso de principios de los noventa en Irak e Irán, quienes se vieron envueltos en guerras destructivas de sus instalaciones petroleras y de otros bienes productivos. Pero Venezuela en años de paz y de bonanza petrolera ¿Cómo es que presentamos tan pobres registros económicos? Hemos perdido capacidad productiva, tenemos cinco años consecutivos de decrecimiento por lo que la economía venezolana sea hoy la mitad de lo que fue en 2012. Al mismo tiempo hemos perdido fuerza de trabajo en plena edad activa, preparada y formada, han partido cerca de 4 millones de personas que optaron por irse por encontrar en casa cerradas las opciones para su crecimiento profesional, personal y familiar. Estamos perdiendo el bono demográfico. Finalmente, con una hiperinflación  empobreciendo aceleradamente a casi toda la población, precios que se duplican en lapsos de cada dos o tres semanas, y con estimaciones de llegar a diciembre de 2018 con una inflación superior al millón por ciento.

  Con la descripción anterior, somos uno de los centros de la atención mundial. El caso más llamativo de como un país con tantas bondades dadas por la naturaleza, y que tuvo una evolución llamativa a lo largo de casi todo el siglo XX, del aprovechamiento de la riqueza petrolera para la modernización de sus estructuras sociales, políticas y económicas, convirtiéndose en una referencia a nivel regional, y que en estos últimos años haya caído por un tobogán del deterioro y de destrucción. 

  Por supuesto que esta evolución replantea las valoraciones con las cuales se ha juzgado nuestro devenir contemporáneo, ya que luego de etapas de crecimiento político, educativo y mejoramiento material, y pasar en tan corto tiempo, en perspectiva histórica, a descender a un estado de deterioro como el presente, obliga a reflexionar la consistencias que teníamos como sociedad y su desarrollo, e indagar qué factores ocultos y adversos subyacían bajo esa fachada de desarrollo y estabilidad. Todo ello es una deuda que tenemos que responder para nosotros mismos, los descendientes de hoy y los que vendrán mañana. 

  Quienes detentan el poder, hoy nos presentan un paquete de ajustes, reconociendo de súbito algunos fenómenos que negaban reiteradamente, como la paridad de Dólar Today, por largo tiempo señalada como gran culpable de nuestros males; también admitir el que se haya venido imprimiendo dinero inorgánico para cumplir compromisos; y por tanto, el que se administran las finanzas publicas abusando del déficit fiscal, que ha venido a formar parte regular del funcionamiento de las cuentas gubernamentales. 

  Por el lado salarial, se observa que con el anuncio de un nuevo mínimo mensual de BsF180 millones, que hoy con el nuevo cono monetario -elimina 5 ceros- equivalen a BsS 1.800, un incremento de 59 veces que traducido a la nueva paridad adoptada por el gobierno, equivale a $ 30 mensuales o $ 1 diario, monto reconocido internacionalmente como expresión de pobreza extrema. Es por ello que hoy nuestros registros de desigualdad y pobreza están mas bajos que en Haití, siendo por tanto los peores del continente americano. Apenas hace seis años, la propaganda oficial hacia gala orgullosa de estar entre los países con menor porcentaje de pobreza en América Latina. Cabe recordar que en la propaganda de la política salarial del régimen, estuvo mencionando que nuestro salarios eran los más altos del continente, ya que hacía la conversión con el extremo opuesto a Dolar Today, como era la exclusiva tarifa preferencial en la asignación de divisas, que por varios años era de 1 $ igual  BsF 10 resultando por tanto un salario mínimo por !encima de los $800! 

  Se comparte que la situación económica del país reclama un programa de ajustes, se está ante una manifiesta emergencia nacional. El país está parado. Lo que funciona ocurre por inercia. A quienes gobiernan, el país se les fue de las manos. No mostraron la capacidad de sostener el aparato productivo. Intentan proponer unas salidas, pero repitiendo los mismos principios, como es el totalitarismo, el cierre gradual y paulatino de los espacios y métodos democráticos, negar a quienes tienen visiones diferentes.  No se ven alternativas si se pretende resolver los problemas económicos de las actuales magnitudes con los mismos esquemas, métodos y personeros que nos llevaron a la presente catástrofe. 

  El paquete rojo luce como un plan para ahuyentar a más venezolanos a irse, o a seguir perdiendo las esperanzas. Sin embargo se vienen manifestando análisis y reflexiones que apuntan rápidamente a ir desmontando lo contradictorio de este paquete rojo, entre lo que dice resolver y las medidas que se anuncian, ademas de lo nada participativo de los procesos de consulta y diálogo, que la magnitud del problema exige.