PRESTACIONES SOCIALES Y CAJAS DE AHORRO

Hay dos conquistas históricas de los ingresos de los trabajadores que forman un colchón para situaciones eventuales, que demandan erogaciones extraordinarias, como contingencias en salud, adquisiciones por deterioro de un bien del hogar, proyectos ligados al funcionamiento familiar, reparar vivienda o vehículo. Además son importantes para el período de retiro del trabajador. Estas conquistas son las prestaciones sociales y las cajas de ahorros.

  El salario es para el trabajador el ingreso para su subsistencia, y sólo cuando perciba incrementos que mejoren su salario real ello será para mantenerse en su condición y estatus socio económico. Hay que advertir que son muy pocos los asalariados que logran estos último. La política salarial finalmente en el mejor de los casos preserva el valor del salario, pero rara vez lo mejora, tal es el caso de los mejores empleos en empresas estables, cada vez instituciones mas extrañas en nuestro contexto. Pero la amplia mayoría de los asalariados experimentan una política salarial de desmejoramiento crónico, acentuado en tiempos de alta inflación.  

  De aquí que la vigilancia de las prestaciones sociales y las cajas de ahorros es un asunto delicado. Del estado emanan leyes que fijan reglas sobre su vigilancia y monitoreo, así como la entrega de informes, las responsabilidades, en fin el papel elemental de regulación estatal. Hay que subrayar que los procesos de construcción legislativa en estos temas tan sensibles a los trabajadores, no han contado ni hoy tampoco cuentan con procesos institucionales que realmente permitan la consulta y participación en un genuino marco plural de dialogo social.  

  Las prestaciones sociales que se van generando a lo largo de la vida laboral, tienen destinos específicos sea en los fideicomisos en la banca o su utilización como capital de trabajo en la empresa donde labora el trabajador. En ambos casos se remunera este capital un poco mejor que lo percibido por los ciudadanos ahorristas independientes en sus relaciones con la banca. 

  En la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral hay un número importante de reclamos sobre prestaciones sociales, pero más bien relacionados con el reconocimiento de si un trabajador tiene condición de dependiente o independiente, igualmente es frecuente lo relativo a la controversia sobre los elementos que forman parte del salario, cuales si y cuales no. Pero en general, reconocida la condición de trabajador dependiente, el sistema funciona. Los trabajadores tienen acceso a anticipos, retiros parciales, así como a los intereses de estos recursos. Al finalizar la relación de trabajo se hacen los ajustes y el trabajador se lleva sus reales. 

  Las cajas de ahorro son instituciones auto gestionadas por parte de los propios trabajadores, sencillamente porque son sus reales. Sin embargo en algunos casos se observa presencia de representación del patrono pero no en condición mayoritaria, el sentido de esta presencia se vincula con el hecho de aportar proporciones equivalentes o no, a lo aportado por el trabajador afiliado según lo que se indique en los estatutos o en los acuerdos. Pero lo sustantivo es la gestión propia de los asociados, lo que según el tamaño de la caja, es decir el número de afiliados, así como de los servicios que preste, puede requerir contratación de asalariados o de servicios externos para su funcionamiento, sin menoscabo de ninguna de las funciones y responsabilidades del equipo directivo de la caja y de su asamblea de socios. Hay que destacar que una caja de ahorros además de recibir los aportes, administrarlos y conducir la gestion de préstamos, tiene un potencial para proveer servicios conexos con la atención de necesidades fundamentales de sus afiliados.  

  Estas dos instituciones han de ser controladas por los propios interesados especialmente vía sus organizaciones colectivas, además de rendir cuentas a entes del Estado, por tanto con este doble control se espera su buen desempeño. 

  Las anomalías en el funcionamiento de los fideicomisos así como del capital de las prestaciones en manos de los empleadores, quedaría fácilmente en evidencia si un trabajador demanda un anticipo de prestaciones, o sus intereses en las fechas establecidas, o el total de las prestaciones sociales por terminación de la relación de trabajo y no lo recibe en el momento. Parte del art. 141 del Decreto LOTTT señala “Las prestaciones sociales son de créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”. Similar texto lo ofrece el art. 92 de la CRBV.  Resulta que este tipo de problema es mas frecuente en las entidades del estado, de aquí la contradicción que quién regula es quién falta y viola la ley. Por ello es de cuidado prestar atención a lo planteado por el Presidente de la República en reciente alocución -1 de Mayo- sobre estas instituciones que acumulan recursos financieros importantes aportados por los trabajadores de sus esfuerzos laborales.

  Algunas interrogantes que conviene sean respondidas por el gobierno y otros órganos del estado, incluyen: 

¿Cuanto se le debe en prestaciones a los servidores al servicio del Estado, tanto en capital como en intereses? 

¿Cual es el tiempo promedio que tardan las instituciones públicas en pagar al que egresa de sus nóminas? ¿Por que el retardo? 

¿Por que la lucha de los gremios universitarios por reivindicar la elaboración bipartita de una metodología de cálculo con los propios órganos técnicos como la Opsu, fue negada? Hoy se acumulan tensiones por las discrepancias en las metodologías entre los registros universitarios y los aplicados por el gobierno. 

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo ¿Tiene cada cotizante un estado de cuenta de su fondo? 

¿Que se ha hecho para corregir y penalizar el desfalco ocurrido en el Fondo de Jubilados de los Petroleros, de mas de 500 millones de US$? sólo se sabe de detenidos y sentenciados en los EEUU, pero no se conoce de medidas efectivas tomadas aquí en el país a responsables, ni tampoco la reparación a los afectados.

Estas preguntas son extensibles a otros órganos, como la Asamblea Nacional, la Contraloría, y a organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. Además de reclamar que los temas y preguntas como las expuestas han de ser incorporados a un debate en un ámbito de dialogo social plural y amplio.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena 

POLÍTICA ECONÓMICA y SALARIAL

En toda la política salarial que se sigue con quienes prestan sus servicios al Estado, el único procedimiento que se aproxima a preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones es el de las Normas de Homologación, claro siempre que se ajusten los salarios a los índices del costo de vida. Lo que ciertamente sólo ocurrió en los primeros años de su vigencia en la década de los ochenta. Luego se han producido brechas entre las respuestas oficialistas y los índices del BCV, a pesar de la vigilancia gremial.

  Las negociaciones salariales del pasado año para el personal académico de las Universidades no se realizaron siguiendo la metodología vigente de las Normas de Homologación. Voceros vinculados al Gobierno llegaron a afirmar que estas no estaban vigentes, pero se ha demostrado que mantienen su vigencia. Evidentemente fue premeditado ignorarlas y así imponer un procedimiento diferente, a pesar de las observaciones que oportunamente se formularon desde el gremio docente mayoritario -Fapuv-, que no cesó en su reclamo en insistir se respetara el procedimiento vigente.

  Obviamente  la fortaleza gremial es una condición necesaria para que las brechas entre los índices de aumento del costo de vida y lo acordado se minimicen. Pero ha de reconocerse que existen problemas en cuanto a fortaleza gremial  se refiere, y ello es de carácter general más allá del ámbito de las universidades, es del sindicalismo del país. Se tiene entendido que las luchas por demandas salariales en el marco de una política económica sólo es posible en condiciones de una autentica autonomía y unidad, lo que históricamente ha sido posible en muy contados momentos de la lucha gremial. En el presente, la falta de autonomía lleva a los sindicatos a repetir consignas huecas e inmovilizadoras, y a prestarse para acciones más bien de fomento de diatribas inter-sindicales, prestándole un servicio a los patronos y lo peor un daño a las bases de afiliados.   

  Es importante llamar la atención de la importancia de una lucha gremial en el marco de una política económica, porque de lo contrario no hay garantías que se preserven los salarios y su poder adquisitivo, así como disponer, invocar y usar mecanismos expeditos de revisión y actualización. Si miramos que quienes producen bienes y servicios privados están ajustando sus precios al ritmo de la evolución económica, entendido como condición necesaria para su preservación como entidades productivas, lo mismo y exactamente igual vale para la fuerza de trabajo, hay que revisar sus condiciones de manera expedita, justa y equilibrada. 

 Una aspiración en las acciones gremiales en temas salariales es no subordinarlas a los esquemas de polarización existente en otros ámbitos de la relación Gobierno y Sociedad. Un ejemplo en este sentido es la cohesión que muestran los empresarios para reclamar sus aspiraciones ante las instancias estatales, como es la política de precios y cobro de deudas, es una sola voz.

  El gobierno por su parte dispone del ingreso petrolero que recibe en divisas duras, de los impuestos que le pagamos que son siempre crecientes, y de otras tasas que vienen expresadas en unidades tributarias indexadas anualmente, por tanto preserva buena parte de sus ingresos, además incurre en la impresión de dinero inorgánico, que hoy y a futuro le crea problemas a todo el mundo en el país como generador de inflación, aparte de incurrir cíclicamente en nuevas paridades cambiarías, que de hecho representan devaluaciones que sustraen poder adquisitivo a nuestros salarios. 

  A la política económica gubernamental no hay quien le ponga límites. Si bien no se maneja con predominio de criterios de mercado, tampoco se maneja con los límites de acuerdos y consensos con los productores reales como son empresas y trabajadores. Afortunadamente el único producto que se maneja con criterio de mercado es la venta y exportaciones de petróleo, que justamente por razones de mercado disfruta de un precio que nada tiene que ver con los costos de producción, sino más bien con la oferta y la demanda. Este cuadro determina que los limites de la política económica  son los problemas de gobernabilidad y desabastecimiento, con un continuado deterioro del tejido productivo y de la institucionalidad. El peor de los escenarios para quienes somos sus destinatarios.  

   Aparentemente a favor de los consumidores, si bien existen en algunos productos suministrado por empresas estatales que son subsidiados como la gasolina y el gas, y en algunas zonas la electricidad. Así también pasa con productos de varias empresas estatales, caso cemento, alimentos, agroindustria, cabillas, acero, aluminio, entre otros, suele ocurrir que se crean mafias en estas empresas y en la cadena productiva con conexiones y vinculaciones con personas de entidades estatales y privadas externas que se lucran promoviendo y sosteniendo un mercado negro, tanto para el mercado interno como externo, que a la postre determina precios elevados que sustraen dinero del salario de los trabajadores. 

  Las negociaciones salariales en un país con tan débil institucionalidad como es el caso nuestro, obligan a que ellas requieran de un esfuerzo titánico desde el lado de los trabajadores, esto pasa por apelar a las movilizaciones que tengan el tema salarial en el centro de las acciones, claro que vinculado con la política oficial. Recordemos que no existen mecanismos establecidos para que los trabajadores exterioricen su voz en esta materia. La negociación tripartita era un mecanismo alcanzado como conquista sindical pero que por años ha sido satanizado por el discurso oficial, pasa el tiempo y al día de hoy no ha sido sustituido por algún otro que de voz a los trabajadores.   

  Hay que reconocer que el país ha experimentado una intensa actividad movilizadora a partir de las protestas estudiantiles, que ha agregado a otros sectores sociales, cuyas consignas son de carácter más general que las referentes a los salarios. 

  Sin embargo el deterioro creciente y continuado de la situación económica nacional estimuló la organización y celebración de masivas marchas con motivo del 1 de Mayo en varias ciudades del país, donde destacaron la necesidad de reclamar la revisión y protección de los salarios como primera consigna. Por el momento son sólo consignas que no han logrado alcanzar un mínimo de institucionalidad en la esfera estatal; la que más bien se conforma con el sólo ajuste unilateral y desconectado de un proceso coherente de revisión del salario mínimo, por lo que gradualmente se viene convirtiendo más en el salario medio de la fuerza de trabajo del país, lo que deja contento al gobierno que lo anuncia convertido en inexistentes dólares a 6.30 como el más alto de América Latina. Los empresarios cómodamente lo asimilan porque no implica mayores compromisos y los trabajadores.. cada vez más pobres. 

hector.lucena@gmail.com          

@hl_lucena

DIFICULTADES EN LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE EMPRESAS RECUPERADAS

  En la conmemoración y celebración del día del Trabajador vale considerar la situación de las muchas empresas recuperadas, y la difícil e inestable situación que viven quienes ahí laboran, así como sus proveedores y destinatarios de los productos y servicios para quienes situaciones de incertidumbre también repercuten en su fuerza de trabajo, por lo que se trata de un efecto ampliado que amerita su consideración. Hay que distinguir lo particular de estas situaciones porque son empresas que en manos de sus propietarios cerraron y abandonaron o las dejaron en estado crítico de funcionamiento, con saldos rojos en producción y económicos en general. 

  En visita a Montevideo tuve contacto con grupo de trabajadores involucrados en la conducción de empresas recuperadas, las que llevan varios años  de importantes esfuerzos por salir adelante. Hay que destacar que casi todos los gestores vienen del sindicalismo, o de la propia fuerza de trabajo de esas empresas que cayeron en bancarrota. Trabajadores que optaron entre privilegiar el reclamo de sus pasivos laborales y luego irse a buscar otros caminos, o luchar para defender la fuente de trabajo y persistir en la continuidad de la empresa. 

  Hay que resaltar que aquí en Venezuela son más los casos de empresas que han sido estatizadas, estando en plena normalidad o con un aceptable  funcionamiento. El gobierno estatizador lo justifica como una necesidad de controlar sectores que considera estratégicos, o en otros casos se trata de estatizaciones por retaliaciones, y aquí nos encontramos  las más diversas y en algunos casos con muy pocas razones económicas para tales decisiones. Con esto se destaca que hay frecuentemente más razones políticas  que económicas en las estatizaciones, que estas últimas razones son más bien subalternas. 

  Si es de particular relevancia destacar que en la mayoría de los casos de empresas recuperadas sea por razones de las identificadas en el primer párrafo, como de las que están explicadas en el tercero,  son puestas bajo la conducción de nuevos directivos y gestores, en donde no siempre son los trabajadores los que están a la cabeza, sino que los nuevos gestores son nombrados desde el gobierno y en muchos casos sin relación ni experiencia en la actividad productiva de la empresa en cuestión. Lo que amerita un esfuerzo de análisis y estudio, que muy poco se está haciendo, no obstante la relevancia que plantean estas experiencias y en particular la conducción, para contribuir a evidenciar las posibilidades de nuevas opciones de gestión y funcionamiento productivo, que trasciendan los modelos y las prácticas de la forma anterior que dio lugar a la bancarrota o las dificultades de funcionamiento. Esta distinción es importante, entender como empresa recuperada la que proviene de la bancarrota o de una situación de funcionamiento difícil y accidentado, de aquella que fue estatizada en condiciones normales de funcionamiento  productivo.

  Es importante destacar que el tema no es debatido suficientemente, ni el mismo forma parte de la agenda de organismos que deben velar por el buen uso de los recursos públicos, porque esa sería también la ocasión para identificar errores y enmendar  e incluso llegar a plantearse ¿que tan viable puede ser llegar a normalizar la empresa?. Todo esto conlleva análisis sociales, en primer lugar por los empleos en juego, pero también análisis económicos, para que se opte por alternativas que no se constituyan finalmente en problemas mayores para las finanzas públicas, que en definitiva son los aportes de los contribuyentes para contar con los servicios que el Estado les debe prestar.

  La inquietud más importante en principio en torno a las empresas recuperadas es su sobrevivencia y normalización. El tema es muy espinoso ya que son empresas que llegaron a paralizarse porque funcionaban en condiciones muy deplorables, y por tanto es un compromiso titánico regresarlas a la normalidad.

  Un problema común a las empresas recuperadas es el que los trabajadores más calificados abandonan el barco al ver señales inestables, lo que deja un vacío importante a la hora de reactivarlas. Lo otro es que el hecho de la parálisis produce un enorme desasosiego e incertidumbre, que no necesariamente es respondido de igual manera por el colectivo laboral. Se conoce que aquellos que vienen de una prolongada militancia sindical tienen mayores posibilidades de cohesionarse en la búsqueda y construcción de alternativas, igualmente  si tienen contactos políticos o ventajas para construirlos, ellos van a ser importantes para gestiones en instancias públicas que apunten a conseguir los apoyos y recursos para la reactivación. También ser parte de una organización colectiva es un espacio idóneo para ir monitoreando el desenvolvimiento de la empresa con anterioridad al colapso. Por supuesto que la dirección de la empresa lo vendrá haciendo incluso con las ventajas de la información confidencial privilegiada, y que no toda ella esta al alcance del sindicato, aún más cuando la organización es sólo de los operarios y al nivel de la empresa, como suele ser el modelo organizacional sindical predominante en el caso venezolano. 

  Llegado ya al momento del colapso de la empresa, digamos la parálisis productiva,  uno de los principales riesgos que obliga a poner en práctica una extrema vigilancia es la amenaza de vaciamiento y la vandalización de la empresa, de sus instalaciones y equipos. Lo primero como opción consciente y ventajosa de sus dueños, y lo segundo como dramática realidad social del entorno que ve en el abandono de un sede productiva la oportunidad para hacerse de bienes vendibles e incluso para contar con un techo y vivir. Contrarrestar estas dos situaciones es normalmente una opción de los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales, por entender la importancia de preservar el centro productivo como garantía de sus reclamos laborales, y lo más importante como alternativa para lograr la continuidad de la fuente de trabajo. 

  Esta etapa de vigilancia y protección de las instalaciones productivas es de duración indefinida, sin horarios, sin descansos, sin feriados, es un sacrificio auto impuesto por los trabajadores organizados para la defensa de las instalaciones. En este lapso la fuerza laboral se integra y homogeneiza en un sólo cuerpo, que gradualmente clarifica sus objetivos de alcanzar los medios para que la fuente de trabajo no se pierda. 

Este punto de partida en la transición de empresa de propietarios capitalistas a propietarios trabajadores, abona a favor de que la reapertura se logre en condiciones de homogeneidad de intereses, lo que teóricamente abona a favor de contar con una mística y férrea voluntad para superar complejos obstáculos de la reactivación productiva. Por ello es un contrasentido que a estas experiencias el estado o el gobierno las condicione al imponerle una dirección con personas advenedizas, ajenas al natural proceso de construcción del proyecto socio productivo y sus propias identidades. 

Sociedad de la comunicación y déficit de debate

  Sin duda que la reunión entre gobierno y oposición transmitida en directo y en cadena nacional, con acompañamiento internacional es un hecho extraordinario en la vida del país. Complace que se nos permita ver y oír a aquellos que hablan en nombre del pueblo, del soberano, tanto del gobierno como de la oposición, especialmente verlos construir ideas, comentarios y proposiciones. Es lo menos que se le puede pedir a un dirigente. El déficit de debate se ha acentuado a medida que la atmósfera de su lugar natural como es el Parlamento ha sido escenario de atropellos de sus conductores o con su venia a quienes disientan.

  Es un lugar común afirmar que estamos en la sociedad de la información y de la comunicación a escala global, pero aquí en nuestro país cuán lejos se ha estado de esos paradigmas y realidades mundiales en estos años que los canales del Estado han estado secuestrados. Además qué atraso es el que para cada asunto de rutina administrativa del Ejecutivo se le imponga a la ciudadanía las cadenas de radio y TV, negándote el derecho a escoger oír o ver lo que quieras.

  Cuando Radio Caracas Televisión y Globovisión dominaban la captación de la audiencia en las ondas televisivas, y mantenían una posición crítica del gobierno, se argumentaba que las cadenas del Ejecutivo eran para alcanzar el equilibrio informativo. Hoy que no existe ningún canal que se pueda calificar de neutral, ya que son del gobierno abiertamente o actúan autocensurados y con temor, por tanto se afecta su misión de informar con amplitud a la sociedad, entonces qué sentido tienen las cadenas al menos para sustentar el equilibrio informativo.

  A lo anterior se agrega que empiezan a asignarse canales a corporaciones estatales o no, pero controladas por el pensamiento único dominante, tal es el caso del nuevo canal de la Fuerza Armada, ya en funcionamiento. Así como la anunciada Televisora Venezolana de los Trabajadores próxima a abrir, que se propone como el canal de la central oficialista promovida por el gobierno. Con estos orígenes estas nuevas televisoras presagian más instrumentos al servicio de un pensamiento que rechaza el pluralismo, y se presta para discriminar y excluir. Si fueran instrumentos informativos y comunicacionales para la pluralidad estaríamos en un caso de progreso y desarrollo, pero si se trata de reiterar lo que ocurre en VTV, es más bien una pena y una acentuación de la exclusión.

  Efectivamente que es un hecho positivo para el movimiento de los trabajadores contar con un canal televisivo para el uso y beneficio de la diversidad de pensamiento y propuestas que coexisten. Debates, formación, campañas, cultura, divulgación de sus acciones, en fin es una oportunidad para disponer de una herramienta prototipo de la sociedad de la información y de la comunicación. Hoy se impone con mayor razón la formación en línea, y para ello la televisión y el internet son aliados estratégicos. ¿Hay garantías de que esto sea así? No las vemos por ningún lado, de ahí la importancia de plantear la inquietud.

  En el último mes dos eventos vinculados con la crisis política de nuestro país en el seno de la OEA estuvieron marcados por el debate de determinar si la sesión fuera pública o privada. Uno, el análisis de la crisis a partir de planteamiento del Gobierno panameño y el otro momento era la intervención de la diputada María Corina Machado y otros representantes populares venezolanos. En ambos casos fue necesario dirimir en un ambiente tenso y de múltiples esfuerzos de cabildeo, si la sesión en cuestión fuera con presencia de periodistas y cámaras de TV. Los resultados fueron negativos a la aspiración de debate público.

  Con lo anterior queremos significar cuán importante es el debate abierto y público. Acumulamos un prolongado déficit de poder contrastar cara a cara planteamientos y propuestas. Por supuesto las partes en conflicto tienen múltiples oportunidades para el intercambio privado y confidencial, para decirse o plantearse lo que consideren. Pero ante la audiencia televidente al menos habrá un momento para que oigamos y veamos, es lo menos que nos merecemos en estos tiempos de la sociedad de la información y comunicación, en donde los ciudadanos a través de las redes sociales masificadas evalúan y diagnostican en tiempo real lo que se ve y oye. Igualmente es importante preservar esta conquista de la sociedad moderna, en permanente amenaza por las tentaciones autoritarias.   

DISENTIR E INTERVENCIONISMO EN LAS RELACIONES LABORALES

 Alcanzar y sostener un comportamiento democrático en el seno de las organizaciones de los trabajadores es un objetivo complejo. Por un lado la relación constructiva entre los altos dirigentes, los intermedios y de las bases del propio movimiento, así como con los afiliados supone una madurez y equilibrio entre sus diversos miembros,  que alcanzarlo implica vencer resistencias. Estas proceden de diversas fuentes, por un lado las organizaciones partidistas con sus visiones y perspectivas del papel que han de jugar estas organizaciones de los trabajadores, para acompañar el desarrollo y materialización de la ideología profesada por el partido. Téngase presente que un movimiento sindical democrático respeta las posiciones que política e ideológicamente tengan sus afiliados, ya que el objetivo central es la representación de todos. 

  Por otro lado los empleadores generalmente están interesados en contar con un sindicato confiable, amigable y hasta dócil para el alcance de las funciones propias de la actividad productiva. Finalmente los gobiernos, interesados en el apoyo pleno del movimiento a su estabilidad, al alcance de sus objetivos y a enfrentar a sus contrarios y críticos. Esto es aún mas complicado sin quienes gobiernan identifican a quienes disienten o piensan diferente, no solo como opuestos sino como enemigos.  

  

  Con lo anterior nos remitimos a una etapa que así como la actual, evidenció la dificultad en el propio seno del movimiento para el alcance de este equilibrio. Veamos que en los primeros años de la década del ochenta, consecuencia del conflicto ínter sindical se intervinieron sindicatos importantes como Sutiss (Sidor) y Sutrahierro (Ferrominera) en el Estado Bolívar, el interventor era el mismo movimiento sindical desde sus instancias superiores. Sutiss estuvo intervenido arbitrariamente por siete largos años, desde 1982 hasta 1989. El lamento de los interventores nacía del hecho que la victoria electoral en el sindicato, había sido alcanzado por una fuerza disidente que criticaba abiertamente a las cúpulas. 

  En el movimiento sindical de base se planteaban cuestionamientos a métodos poco democráticos en las relaciones entre las instancias nacionales y las locales. La Federaciones Nacional de los Metalúrgicos y la Federación Regional del Estado Bolívar fueron los verdugos de las organizaciones de base intervenidas. El verticalismo en el movimiento generaba protestas desde las bases que eran apagadas con controles, amenazas e intervenciones. Las reglamentaciones mismas de los organismos nacionales eran limitativas de la democracia sindical. 

  En este contexto las protestas de siderúrgicos y mineros fueron directamente hacia las altas esferas del movimiento sindical por su limitada democracia,  y dado que esta burocracia contaban con el apoyo de las empresas fueran privadas o estatales, la protesta de las bases repercutía entonces en sus patronos. Nuevas corrientes políticas deslindadas de aquellas comprometidas con el estatus sindical sea por acciones o por omisiones,  nacieron al calor de la protesta y efervescencia obrera, así como otras que apenas venían sobreviviendo encontraron espacios para dejar oír su voz.

  Los gobiernos de Acción Democrática y Copei tenían en el movimiento sindical cetevista un aliado, que había jugado un papel importante en la estabilización del sistema democrático en la década del sesenta, que en contraprestación había acumulado ventajas y prebendas que eran monopolizadas por los niveles directivos, lo que agregaba malestar en las bases, ello se fue manifestando más abiertamente a partir de los años que el país empezó a mostrar señales de enlentecimiento de su dinámico crecimiento económico entre 1961 y 1978. 

  Los agudos cuestionamientos a esta central procedentes del sindicalismo nacido en el seno de los trabajadores siderúrgicos, se hicieron notorios a partir del amplio triunfo electoral en Sutiss en 1979 y rápidamente se fueron generalizando. Su impacto en la zona de Guayana se tradujo en una revuelta laboral por la emergencia de alternativas a la hegemonía de la CTV. Además de la victoria en Sutiss en 1979, otros importantes triunfos fueron logrados por fuerzas emergentes en Alcasa y en Harbor, otra fuerza de la izquierda El Pueblo Avanza -EPA- logro sendos triunfos. A su vez la Causa R, además alcanzo un empate en Venalum. En las empresas básicas, tan solo en Ferrominera se mantuvo bajo mayoría de Acción Democrática. Del total de las bases obreras de esta zona, tan sólo el estatus sindical controlaba el 10%.

  Treinta años mas tarde, estamos en presencia de un cuadro que demanda cuestionamientos tan complejo o quizás mas que aquel encarado por la dirigencia de entonces. Uno de los más relevante es el que tiene relación con el modo como son dirigidas estas entidades productivas, que no lo son estrictamente con criterios de empresas sino como organismos cuasi partidistas. Lo que plantea discriminaciones por pensar o profesar posturas políticas e ideológicas diferentes a las del poder gubernamental, lo que determina consecuentes conflictos que abonan a mayores dificultades para el mismo alcance de los logros productivos. Convirtiéndose en un circulo vicioso de discriminación, reacción, represión, conflicto laboral y político, y finalmente retraso y parálisis productiva, y con ello menor producción y desabastecimiento. Esta lógica no es de una guerra económica determinada por fuerzas externas, pero si es un conflicto abierto que tiene como principales contendientes al Gobierno y a quienes viven del trabajo, organizados en su movimiento.  

   Por otro lado en la legislación que se relaciona con la vida sindical se han colado textos con deliberados propósitos de control estatal, aún mayores que los existentes treinta años atrás. De hecho hoy tenemos intervenciones masivas de las organizaciones y de la vida de los trabajadores, ya sea por los controles del Consejo Nacional Electoral, de la Administración del Trabajo, de mecanismos judiciales, del llamado Poder Moral y de la militarización de la vida civil, incluso con la venía de jefes sindicales oficialistas que anuncian entrenamiento militar y milicias obreras ¿para qué? y ¿contra quién?    

hector.lucena@gmail..com

@hl_lucena

GUAYANA: POBLACION LABORAL EN INCERTIDUMBRE

   Desde los años sesenta las empresas de producción de bienes básicos para el desarrollo industrial instaladas en la región de Guayana, iniciaron proceso continuado de crecimiento y contribución al desarrollo tanto de la propia zona como del resto del país. Interesa mirar este proceso desde la perspectiva laboral. Entendiendo que así como el ya más antiguo desarrollo petrolero generó consecuencias laborales modernizadoras, por los impactos que una actividad para entonces inédita trajo para el país, y que luego se expandió a otras regiones, por lo que algunas de sus experiencias e instituciones se replicaron y fueron adoptadas en las relaciones de trabajo de otras actividades productivas.   

  Para la mejor comprensión de lo indicado es importante identificar el funcionamiento y características de las relaciones de trabajo en una región determinada y particular, y algunos de sus impactos más allá de la misma región.

  Es entendido que en el país hay un sólo marco regulatorio que tiene alcance nacional, hay unos entes nacionales que dirigen las políticas públicas en materia de trabajo, hay unas organizaciones representativas de los actores socio laborales que responden a lineamientos que provienen de sus organismos de dirección nacional. Los entes empleadores reciben sus más importantes directrices desde el alto gobierno si son estatales, o de su alta gerencia si son nacionales y su cabeza funciona en la capital como sucede con la mayor parte de las empresas de gran tamaño. Igual ocurre con las transnacionales que funcionan bajo orientación y dirección desde sus casas matrices, no importa cuan lejos estén. Total las relaciones de trabajo están bajo la influencia de una perspectiva centralizadora. 

  No obstante lo anterior las regiones tienen perfiles que han de ser tomados en cuenta para conocer mejor su funcionamiento laboral. Esos perfiles responden especialmente a cual es el tipo de actividad productiva predominante, en sus niveles tecnológicos, en su propiedad y organización, así como cuales son los componentes humanos que laboran en ella y su grado de organización colectiva,  y en cuanto al contexto,  el tipo y la naturaleza de las fuerzas sociales más influyentes en la región. 

  Igual es importante tener presente los procesos que dieron lugar al nacimiento y desarrollo de las relaciones laborales. Es entendido que las empresas al nacer o ser creadas son la resultante de proposiciones de quienes son sus iniciadores, y en el camino se topa con otros actores que inciden en que las decisiones pasan de unilaterales a bilaterales, tripartitas o multipartitas incluso. En este proceso es muy importante tener presente a los de abajo, a sus resistencias, respuestas y aportes. Estos cuentan igual con sus proyectos, que son menos explícitos que los vinculados con los empresarios y los gobiernos, pero que en tanto se constituyan en organizaciones  autónomas a partir de la condición de trabajadores se identifica una vía para expresarlo. En un escenario como el que planteamos, estamos hablando de aquellos que viven del trabajo,  que es un concepto que incluye a la tradicional clase obrera, la de braga azul y casco, pero que los procesos productivos han expandido a categorías de mediana y alta calificación que otrora se les ubicaba como cercanos  de los empleadores. 

   La fuerza laboral que conforman las empresas básicas proviene no solo de la misma Guayana, sino de todo el país, así como del exterior. El fenómeno de atracción humana que esta región representó durante varias décadas la convirtió en un ámbito con rasgos cosmopolitas como fue Maracaibo, por la explotación petrolera,  en su momento. Todos en el país recordamos el boom de atracción de personas de muchos lugares en tiempos que se ampliaba la capacidad productiva de Sidor, a mediados de los años setenta.  

  En estas empresas ocurrieron interesantes experiencias de relaciones laborales, que fueron originales y contribuyeron a enriquecer el patrimonio de este campo, y acompañaron el mejoramiento productivo y el bienestar de la población laboral. Entre ellos un continuado desarrollo y respeto a la libertad sindical, con sus correspondientes accidentes propios de las dinámicas políticas, y derivado de ello la extensión y mejoramiento de las condiciones de trabajo vía negociaciones colectivas y prácticas de gestión de recursos humanos que mejoraron la calidad de vida de los trabajadores y su familia.  Sin embargo en los últimos años se observa más bien el predominio de dificultades en la convivencia laboral que no encuentran salidas. 

  Por supuesto esto no es ajeno al deterioro de las capacidades productivas que son en primer lugar las que posibilitan la progresividad de las condiciones de trabajo. Esto lleva a plantearse cuanta vigencia tiene el presente modo como estas empresas son administradas. El haber pasado de ser la segunda fuente de generación de divisas para la economía del país, a la de organizaciones productivas en situación critica que no se sustentan con todo el esfuerzo de buena parte de la población trabajadora, por sometimiento e imposiciones gestoras no participativas que estrangulan sus posibilidades, por lo que requieren de subsidios para funcionar, esto les plantea un oscuro panorama a todos los que ahí trabajan y tienen vínculos con estas empresas.  Para ellos reflexionar, reconocer realidades y liberarse de esquemas fracasados de conducción son opciones de sobrevivencia.   

DESABASTECIMIENTO, EMPRESARIOS Y PROTESTA POPULAR

La parálisis productiva explica el desabastecimiento de productos y servicios de los más variados, pero que la población resiente más cuando se trata de alimentos y de productos de primera necesidad. A su vez se ha destacado que el malestar de una sociedad emerge clara y contundentemente cuando observa que estos problemas no son bien atendidos por quienes le compete. Más bien éstos por el contrario argumentan explicaciones que no resisten cualquier análisis imparcial, no comprometido con justificar errores y desaciertos en la conducción de las políticas económicas. Es por eso que reiteramos que el argumento de la guerra económica o de la amenaza de fuerzas extranjeras, son entendidas más bien como evasivas para justificar incompetencias y fracasos en la conducción económica. 

  China y Vietnam son ejemplos contundentes como países que confrontaron abiertamente con el poder económico y político mundial, encontraron las vías para construir un sistema económico que les ha venido dando resultados, incluso reconociendo el avance tecnológico de quienes eran sus opuestos. También podemos observar que países que llevan adelante políticas de incuestionable énfasis en la soberanía no presentan este tipo de problemas de escasez, tales como Brasil, Ecuador, Nicaragua, ni siquiera llevan registros de índices de escasez que en nuestro caso es una preocupación cotidiana y fundamental de consumidores y productores.

  Cuando se habla de parálisis productiva, se puede establecer algunas diferenciaciones. Por un lado la parálisis total. Caso de empresas cerradas, totalmente paradas. Otra situación es la parálisis parcial, aquellas  que han cerrado solo algunas líneas de producción, o ya no elabora parte de su producción. Si es una manufacturera se observan casos de empresas que optaron por adquirirla de otro fabricante nacional o internacional y así mantener su mercado. Si es el segundo caso, se plantea el problema del acceso a las divisas, que pasan por complejos procesos de procura y permisos. 

  Total estamos en presencia de una pronunciada disminución de la actividad productiva transformadora, que es la que agrega más valor y la que motoriza los encadenamientos productivos, tan necesario para la actividad económica general. Igual es parálisis parcial cuando de su capacidad productiva sólo puede utilizar un porcentaje, por carencia de elementos indispensables sean materias primas o equipos parados. Un caso de parálisis peligrosa se observa en el sector automotriz, especialmente ensamblaje, que en estos dos primeros meses del año, han utilizado tan solo un 5% de su capacidad instalada, lo que acarrea igual consecuencia con los fabricantes de auto partes que producen fundamentalmente para equipos originales. Esto es resultado de una política errática, y la respuesta oficial es la importación de vehículos completos o al semi ensamblaje tipo maquila, sin incidencia en la cadena productiva,  con trabajo precarizado y sin libertad sindical, haciendo caso omiso de las regulaciones que imponen la incorporación de partes nacionales. 

  Si algo que parece novedoso, ha ocurrido en estas semanas de protesta de calle iniciada por la juventud venezolana, y a la cual se han agregado otros sectores sociales, es que se ha abierto un intercambio entre el Gobierno y los Empresarios. Estos tenían años pidiendo ser atendidos, y a lo sumo hubo algunos momentos de encuentros de dialogo, que posteriormente los mismos empresarios convocados resentían que sus planteamientos no eran tomados en cuenta, por lo que estos diálogos eran más bien de apariencia. Por lo demás eran procesos acompañados de desconfianzas, y de las continuadas amenazas y expropiaciones sin indemnizaciones al empresariado. 

  La confianza que es un factor económico se vino al suelo. Ahora, levantarla no será fácil, y estas reuniones ocurridas en el medio de una crisis política no muestran suficiente señales para no entenderla como mecanismos oficiales para tratar de calmar la turbulencia de la protesta. Y cuando se mencionan las presentes reuniones de dialogo Gobierno y Empresarios, no se quiere decir que se haya superado el  grave estado de desconfianza, sino que dentro de la crisis sirve al gobierno intentar conseguir un entente con quienes ha acusado de promover la guerra económica, pero que muestran más capacidad para producir que lo que viene ocurriendo en las empresas tomadas por las expropiaciones y confiscaciones, a pesar de los sesgos de las políticas oficiales a favor de las empresas del estado. 

  Las respuestas oficiales a la paralización productiva no son muy diferentes a las que viene ejecutando para aplacar la protesta civil, es decir la militarización. Los despachos oficiales claves que vigilan, supervisan y controlan los procesos productivos han sido militarizados, o aún estando en manos civiles, se comportan con métodos más bien propios de los operativos militares cuando se fijan como objetivo conocer de la situación productiva de una empresa determinada.  

   Las conversaciones con los empresarios han tenido un perfil bajo, no se sabe suficiente de ellas, pero visto que están en desarrollo al tiempo que hay una agudización de medidas severas a las instituciones civiles y a los sectores que participan y se exponen en las protestas, origen de los diálogos con empresarios, bien debieran  tantos éstos como los sectores laborales, que poco se han sentido en la presente situación, plantear exigencias que brinden atención no sólo a cambios en aspectos económicos sino también  políticos y sociales. Es importante que aspiraciones sentidas por la sociedad sean integradas y evitar su fragmentación. 

PARALISIS PRODUCTIVA: CAUSAS, REPERCUSIONES E INCERTIDUMBRE

En medio de la peor crisis política de los últimos años, otra empresa del sector automotriz ha enviado a los trabajadores a sus hogares por no contar con materiales para producir. Este viernes 14 de marzo Chrysler se suma a Toyota que ya lo había hecho el mes pasado. La Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez) también reporta que la ensambladora de camiones Iveco de Venezuela tampoco armó vehículos en los dos primeros meses del año. La situación del resto de ensambladoras no es muy diferente, por lo pronto trabajan a un mínimo de su capacidad,  con parte de la fuerza de trabajo en sus hogares o con horarios reducidos.

  El estado de convulsión política que vive el país en estas ultimas semanas contrarresta la atención a estos hechos complejos del mundo productivo y laboral, como es la parálisis de importantes centros de trabajo. Consideramos que las protestas generalizadas del último mes responden a varias preocupaciones de la población, una de ellas es el desabastecimiento de diversos productos, los más sentidos son los alimentos y medicinas, pero aunque menos expresado sabemos también las enormes dificultades de las familias, para adquirir un vehículo que por las limitadas condiciones del transporte colectivo y la inseguridad general, se ha convertido en un producto de primera necesidad de la población,  y que su escasez por la baja de la producción haya dado lugar a la elevación de los precios.

  Las dificultades de funcionamiento de todo el aparato económico han sido visibles por varios años. Lamentablemente ausencia de dialogo con los actores reales del funcionamiento productivo,  tanto del capital como del trabajo, facilitaron la promoción y  fomento de políticas que desde un principio mostraban sus fragilidades,  y hoy  muestran limitaciones y contradicciones extremas con elementales propósitos de la búsqueda de bienestar para los trabajadores y de fortalecimiento del sistema productivo. El discurso carismático y emocional del oficialismo no contó con el acompañamiento de resultados tangibles en materia productiva. Sus carencias se ha tratado de subsanar con importaciones dadas por la bonanza petrolera y no por la eficiente administración, bonanza que ha sido la más generosa de toda nuestra historia como exportador de este bien primario. Este circulo lleva el país gradual e inevitablemente a peores situaciones en materia de bienestar. Tener la capacidad de ver este panorama es obviamente un estimulo de la protesta social. 

  

  Las políticas económicas que han venido arrinconando a las empresas, al final se traducen en dificultades para quienes en ella trabajan. El discurso anti empresarial indiscriminado finalmente deviene en consecuencias para quienes viven de su trabajo, es decir la clase trabajadora, no solo porque se pone en entredicho la  viabilidad del mejoramiento progresivo de sus condiciones de trabajo, del sostenimiento y avance de los convenios colectivos, sino por el propio mantenimiento de la fuente de empleo. Y con ello las repercusiones en el encadenamiento productivo, que es inherente a todo tipo de producción que siempre está vinculada con proveedores, suministros, clientes, es decir mercado de uno y otro lado. Además al producir menos, ofertar menor cantidad de bienes y servicios, se reducen las contribuciones fiscales y parafiscales de las cuales se alimentan los entes públicos. 

  Los ingresos del Seniat todos los años se incrementan, ya que si bien ha habido un mayor control fiscal tanto a las empresas reales como a las personas naturales, también son incrementos de ingresos más nominales que reales, por la persistente alta inflación, además son ingresos que llenan el vacío que gradualmente va dejando la reducción de los aportes petroleros, ya sea por las deudas externas e internas de Pdvsa, como por sus compromisos adquiridos como proveedor subsidiario de  otros países, lo que al final se traduce en que la sociedad venezolana no mejora su ingreso. 

  Destacamos en el párrafo anterior el mayor control sobre las empresas reales, ya que a mas controles al final éstos son evadidos y emergen empresas de maletín que violan no sólo al estado a través del Seniat, sino a toda la sociedad venezolana al succionarle recursos que le hacen falta a los servicios esenciales de la población. 

  Ante las dificultades operacionales de empresas, es importante hacer un diagnóstico que se acerque a la verdad. Ya que si se asumen explicaciones como la de la llamada guerra económica, es decir que las empresas optan deliberadamente por producir menos, por no distribuir los productos, lo más expedito entonces es que se llegue a creer que estatizando se resuelva el problema, ya hemos visto bastantes casos que no es así. Es una lista larga de estatizaciones que al estar la empresa en manos del Estado, resulta en menos producción, menos pago de impuestos y servicios suministrados por otros entes estatales, mas deuda con terceros, desmejoramiento de las condiciones de trabajo y de los convenios colectivos, menor estabilidad en el empleo por la incertidumbre y muy importante porque se aplican sesgos políticos e ideológicos por encima de la disciplina y responsabilidad laboral.     

  En el sector automotriz, las dificultades de las ensambladoras y las autopartistas, y toda la cadena de comercialización y distribución, hará que sus miles de trabajadores vean con nerviosismo e incertidumbre, una política automotriz que privilegia la maquila y la importación indiscriminada, y si a esto se le agregan improvisadas aspiraciones de estatización de las empresas manufactureras, vemos que la guerra económica es de estas políticas contra los que viven de su trabajo. 

DIVERSOS ANGULOS DE LA PROTESTA POPULAR

  Se sigue mencionando que en el país existe un proceso de dialogo y paz. Sin embargo no participan en el mismo los principales actores de la controversia, a pesar que a casi un mes de protestas el país se mantiene con un funcionamiento dificultoso. Por supuesto que las autoridades, en esta época como en cualquier otra, son los últimos en reconocer la existencia de un clima problemático, que demanda iniciar procesos de dialogo conducentes a la búsqueda de soluciones.  Resiente que se trataría de una manifestación de debilidad gubernamental. Atribuye a lo sumo que se trata de una conspiración que responde a intereses extranjeros y que la minoría de quienes se incorporan a la protesta están siendo manipulados. Este tipo de percepción oscurece y restringe la capacidad de entender que quienes protestan deban ser escuchados y que han ser parte de un proceso de dialogo. Por el contrario el gobierno conversa con personalidades y entidades de poco peso en el desarrollo de estas manifestaciones agudas del conflicto abierto. Por ahora sólo le sirve para mostrar que si ha convocado a un proceso de dialogo que se mantiene activo, independientemente de la evolución del mismo y sus conexiones con los problemas que mantienen la protesta.

  Los planteamientos de quienes protestan son diversos porque no son acciones que están siendo ejecutadas, por personas aglutinadas alrededor de una organización y liderazgo partidista o ideológico determinado. El componente social y colectivo que tiene mayor notoriedad en la protesta son los estudiantes y los jóvenes en general, pero también entre quienes protestan se observa a trabajadores dependientes e independientes, informales, desempleados, amas de casa, pequeños propietarios, jubilados, algunos de ellos como parte de movimientos sociales. Además buena parte de quienes estudian se ven obligados a tener alguna actividad laboral para ayudar a su propia formación, y aliviar la carga de los padres; entonces, no hay que perder de vista que los estudiantes reconocen que están en una etapa temporal, que ha de dar paso luego a la condición de trabajadores y de participar en la constitución de su propia familia. 

  En este diversidad social predomina quienes no son militantes de partidos políticos, a lo mejor simpatizantes de determinados liderazgos, pero el componente de personas independientes es mayoritario. Por supuesto que los pocos militantes son los que cuentan generalmente con algunas experiencias en organización de protestas. Pero al estar presente la diversidad de personas que mencionamos, éstas no responden disciplinadamente  a lineamientos de un liderazgo determinado. Es por lo que se ejecutan acciones voluntarias de protesta que en algunos casos más bien levantan controversias entre sus ejecutantes y el entorno, ya sea por incomodidad o por diversidad tanto en los objetivos como en el enfoque o medio  para alcanzar lo que aspiran.

  Hay que destacar que las protestas ocurren predominantemente en donde residen los sectores medios, así como en lugares abiertos de acceso general, como arterias viales importantes, plazas, monumentos públicos. En menor proporción hay manifestaciones de protestas en zonas y urbanismos populares, pero las hay. En este fenómeno hay que subrayar el hecho que los mismos programas sociales existentes lleva  a controles rigurosos de la población en estos espacios de vida comunitaria y vecinal. Téngase presente por ejemplo que la misma conformación de un consejo comunal, pasa por construir y mantener un censo detallado de cada grupo familiar, como también para la incorporación al censo correspondiente por cada programa social que se implemente. Toda la estructura de los consejos comunales son supervisadas por un órgano de poder central ministerial a cargo del poder comunal. 

  En cuanto al desarrollo de esta organización comunal el censo del 2013, indicó “Más de 44 mil 400 Consejos Comunales funcionan en el país”. La viceministra Margaud Godoy, de Participación Comunal del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección, “calificó como un éxito de las políticas revolucionarias que exista más de un millón y medio de voceros y voceras del Poder Popular trabajando de manera voluntaria”. (http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/01/31/mas-de-44-mil-400-consejo-comunales-hacen-vida-en-el-pais-5670.html). Téngase presente que tal cantidad de voceros son el vértice de un movimiento que abarca varios millones de personas. 

  Todo lo anterior marca un contraste con los espacios de vida de los sectores medios, que si bien en muchos de ellos se diligenciaron la constitución de sus consejos comunales, el papel de las entidades estatales no fue de su padrinazgo sino más bien de desconfianza en su apoyo y dotación. De aquí que esto contribuye a que existe una relación de menor contenido en padrinazgo gubernamental y en la deuda de lealtades por parte de estas comunidades, es por lo que la capacidad de reclamo y protesta ante el gobierno en los sectores medios se desenvuelve con mayor autonomía. Agréguese que en los sectores medios se resiente con mayor agudeza, el fomento de políticas que han tendido a procesos de igualdad más bien por frenar su ascenso, antes que subir la calidad de vida tanto de los más pobres como de los mismos sectores medios.  

  También es importante mencionar que las políticas sociales que han jugado un papel importante en ganar y mantener lealtades, pero que se han venido a menos en los últimos años por las mismas dificultades fiscales, y la pérdida de recursos por ineficiencia gerencial y por problemas de corrupción, vienen levantando malestar en los mismos sectores populares que incorporaron a su bienestar social programas que han perdido calidad y son reclamados cada vez con mayor fuerza por sus beneficiarios. Finalmente hay que destacar que los llamados colectivos, organizados como fuerza de choque y represión, sus integrantes proceden y están radicados en los espacios populares por lo que agrega en estos espacios un elemento intimidatorio a la protesta.   

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

DIALOGO Y PAZ ¿POR DONDE EMPEZAR?

  Todo llamado a paz exige dialogar. Este verbo está satanizado desde que empezó el proceso bolivariano. Se ha oído insistentemente que la revolución llegó para quedarse. Que ésta es una revolución armada, con el pueblo en armas. El lema “Patria, Socialismo o Muerte” no estaba muy en sintonía con el dialogo; al final se le dejó de lado porque enfermó el líder de la revolución, y se prefirió ya en su avanzado  estado de gravedad,  optar mejor por eliminar la última palabra, y usar “Venceremos”, es decir apelar más bien a la Vida.

  Los diálogos en situación de guerra real y cierta,  cada lado está armado como el caso colombiano, es un dialogo entre el Gobierno, en representación del Estado, y los guerrilleros congregados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Las sedes de estos diálogos han sido Oslo y La Habana, al mismo tiempo los gobiernos de las respectivas sedes son facilitadores, pero en las actuales negociaciones las partes decidieron agregar más facilitadores, la guerrilla propuso al gobierno de Venezuela, y el gobierno de Colombia al de Chile. Es un proceso complejo porque se trata de desactivar un conflicto armado, una guerra que tiene más de sesenta años. 

  En nuestro caso superada la guerrilla de los sesenta,  no existe luego una guerra, donde de un lado está el gobierno que centraliza todos lo poderes,  y del otro unos insurgentes armados. La presente acción de movilización y protesta de la oposición es de naturaleza civil sin armas. Las constantes referencias a los opositores de fascistas no resiste el menor análisis, igual que la generalización de calificar de oligarcas y burgueses a modestos miembros de la clase media. El lenguaje del líder del proceso bolivariano aún se sigue utilizando, seguro que por inercia. Ningún país de las características de Venezuela, como nuestros socios de Mercosur utilizan esta caracterización que oímos diariamente de voceros oficiales. 

  El Ministro de Interior informa que en los dos últimos años más de 5.500 armas con permiso han sido robadas y "andan circulando en manos de la delincuencia”. Otra fuente oficial, la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional,“estimaba entre 9 y 15 millones de armas -legales e ilegales- en manos de la población venezolana”. Sus datos de las que si tenían porte legal eran muy diferentes a las del Ministro “Sólo 1 millón 300 mil portes se conocían como lícitos, agrega el informe”. Este arsenal sin control del gobierno, también ayuda a entender como es que en un año el número de homicidios está por encima de las 24 mil personas, como se ha reportado en el 2013.

  En este contexto bélico por desintitucionalización y descomposición social, es importante destacar que la vida política no se desenvuelva marcada por enfrentamientos armados. Hay áreas particulares en donde el predominio de las armas es la vía para resolver las discrepancias o hasta para la pura convivencia, como ocurre en las cárceles, en determinados lugares fronterizos, en el tráfico de drogas y hasta en ciertos ámbitos del mundo laboral, como se ha visto en el sector de la construcción en algunas regiones del país. 

  Sin embargo hay que llamar la atención que desde temprano ciertos procesos emprendidos por  la revolución bolivariana, conllevan la acción armada como parte del desenvolvimiento político.  Por un lado una carrera armamentista que hace de la adquisición de armamento y material militar una prioridad en las erogaciones del Estado. Se agrega la politización y partidización de las instituciones militares; luego el surgimiento de las milicias, integrada en su mayor parte por militantes del partido oficial; la militarización de núcleos de obreros, campesinos y ciudadanos en general. 

  De lo anterior se desprende que las movilizaciones de protesta que han arreciado en los últimos años  con predominio de participación de población joven, han sido reprimidas con el uso por parte de cuerpos militares y policiales de condenas al pensamiento y posición política de quienes protestan. Se ha observado este fenómeno en el pasado año 2013 y el presente. Finalmente se ha mencionado por parte de militares retirados la presencia cubana en el seno de los cuerpos armados, lo que permite considerar si esta presencia no está introduciendo prácticas ideologizadas que se expresan en las acciones represivas de las protestas civiles. Las respuestas oficiales a este problema aún no han sido claras. 

  El otro elemento más complicado es el accionar de civiles equipados con motos y armas, se supone suministradas por el partido oficial o entidades gubernamentales,  para ejercer funciones de represión a las protestas opositoras ante la mirada o,  según se ha visto en vídeos, con el acompañamiento de cuerpos militares regulares.  Esos grupos llamados con eufemismo como colectivos, son grupos parapoliciales o paramilitares, que generan temor y en cuanto a la normal diatriba política introducen una invitación a la violencia, que pueden estimular acciones equivalentes de grupos que escapen al control del liderazgo opositor. Dada su existencia real y comprobada, y la inacción gubernamental por desarmarlos, uno se pregunta si es que ya estos grupos han escapado del control estatal o si existe una acción deliberada de llevar la vida política a escenarios de mayor violencia.  El espaldarazo que ha dado el gobierno a algunas de estas acciones lo deja a uno preocupado. Queda la inquietud e interrogante.  

Finalmente y volviendo al tema del dialogo para la paz, podemos ver que el tema de la violencia y la represión vienen alcanzando dimensiones que justifican todo esfuerzo por detenerla. Si el país quiere ahorrarse una etapa de mayor violencia, depende en primer lugar del gobierno ya que en sus manos se ha venido desinstitucionalizando el país, al permitir los fenómenos que hemos destacado. No hay equivalencia entre la violencia de quién tiene todos los elementos constitucionales, más otros ilegítimos que se han permisado, y las acciones de protesta civil que al día de hoy son quienes aportan el grueso de las víctimas tanto asesinados, como heridos, torturados, detenidos y criminalizados. El dialogo y la paz sólo son posibles reconociendo a los actores reales y encarar una agenda en donde desactivar la violencia armada e institucional es lo prioritario. 

ENCRUCIJADA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ y POSICIÓN SINDICAL

  Publicado en El Mundo.Economia y Negocios, del 24-02-14, pags 4-5.

  Los sindicatos del sector automotriz prenden sus señales ante la situación critica que vive este sector. Tanto para el gobierno como para los sindicatos el asunto es muy relevante, por las implicaciones que conlleva la paralización del sector de las ensambladoras. El asunto es importante para las empresas por razones de inversión y de mercado, pero téngase presente que el grueso de la actividad de ensamblaje es realizado por las propias transnacionales que lideran a nivel global, y Venezuela representa un productor modesto. Los 71.753 vehículos ensamblados el año pasado representan menos del 0.1% de la producción mundial automotriz, de 84 millones de unidades -año 2012-. Todas las plantas trabajaron el pasado año a menos del 50% de su capacidad productiva, el nivel más bajo desde el 2003, luego de crisis política y prolongado paro nacional. Toyota, General Motors, Ford, Chrysler y Mitsubishi son tanto líderes a nivel nacional como global. En el país operan otras pocos ensambladores pero con menos pesó en ambos niveles.

  La industria de ensamblaje. 
  
  Las empresas importan de sus propias plantas dispersas en todo el mundo, los componente para armar que llaman material ckd -complete knock-down-. Un vehículo automotor es la resultante de la integración unas diez mil piezas, que lo hace ser el bien más complejo alrededor de la vida cotidiana en nuestras sociedades. La pura conjunción o ensamble de todas ellas es una obra de coordinación y organización, que agrega suficiente complejidad a los asuntos propios de ingeniería de manufactura y materiales. La complejidad operativa de este sector lo hace escenario de importantes innovaciones en materia de organización del trabajo. El siglo XX empezó con el impacto de las innovaciones conocidas comofordismo y bien avanzado el siglo, emergieron las innovaciones denominadastoyotismo, todas nacidas en plantas automotrices.

  Un control de cambios, en donde se reconoce que ha funcionado y dirigido desde el gobierno sin planificación -declaración de Rafael Ramirez-, ha contribuido a la presente parálisis en el sector.  Compárese con sectores  menos complejos como los vinculados al campo, afirman  “El principal obstáculo para producir es la imposibilidad de tener los insumos a tiempo”  Antonio Pestana, Presidente Fedeagro (El Mundo, 13-2-14, p 6).

  El sector automotriz demanda para armar un vehículo un complejo encadenamiento productivo, ya que recibe piezas de múltiples sectores, como el siderúrgico, metal mecánico, metalúrgico, químico, plástico, eléctrico, electrónico, caucho, textiles, vidrio, cueros, baterías, por lo que tiene un notable efecto multiplicador en generación de riqueza, empleos y actividad económica en general.  Luego de ensamblado el vehículo es objeto de la administración de las cadenas de comercialización, financiamiento, de servicios de garantía y posventa, para más adelante ser objeto del mercado de reposición de las piezas que se desgastan y consumen. Entonces los empleos y actividad económica representa una población laboral que los sindicatos automotrices han estimado conservadoramente en ochenta mil empleos entre directos e indirectos (El Mundo, 14-2-14, página 12).

  En lo sindical 

  Recientemente se constituyó la Federación de Trabajadores Automotrices, Autopartistas y Actividades Conexas (FUTAAC), de esa manera llena un espacio de articulación que había ocupado desde los años sesenta hasta principios del presente siglo, la Federación de Trabajadores del Metal (Fetrametal), pero que en los últimos años buena parte de los sindicatos optaron por buscar otra alternativa de representación federativa, que finalmente resulta ser la Futaac que agrupa a todas las ensambladoras, salvo a las que han nacido bajo el actual gobierno, resultante de acuerdos con capital chino e iraní - tres empresas-, donde predomina una política anti sindical.  

   La Futaac tiene en sus manos una exigente responsabilidad, como es la de dar repuesta a unas políticas laborales estatales que han ignorado por muchos años a los trabajadores, y que en el presente tienen a este sector productivo en situación de parálisis general, con consecuencias directas en las condiciones de trabajo, laboriosamente conquistadas a lo largo de décadas de acción sindical. Más grave aún los riesgos de reducción de la plantilla y hasta de cierre de plantas, con la pérdida de empleos directos e indirectos que ello representa. 

   Veamos planteamientos de la FUTAAC, aludiendo y condenando algunos elementos de las políticas estatales automotrices:

"rechazamos y de manera muy categórica, que en el mismo decreto 625 se permita la libre importación de vehículos; la apertura de más de cincuenta y siete mil (57.000) solicitudes de importación de vehículos, significan casi el ochenta por ciento (80%) de lo que se produjo en el año dos mil trece (2013). Esto es más bien, promoción a la fuga de divisas y entra en contradicción con la “Venezuela Productiva” y hasta da para creer que se impulsa desde intereses ajenos al desarrollo industrial de la patria. Ponemos como ejemplo a la empresa Civetchi, cuyas ventas totales fueron (8.831 unidades) y sólo el tres por ciento (3%) se produjo en la planta de Valencia, el resto fue importación. No está de más recordar que estas las produjeron con condiciones de trabajo precarias y en arremetida en contra de sus trabajadores.” 
(http://www.aporrea.org/trabajadores/n244682.html )

  Sobre los controversiales cupos de vehículos, del lado sindical señala el Presidente de la Futaac, C Pereira, que la asignación de vehículos para el personal en las automotrices no es la causa del problema del incremento de los precios ya que esta cantidad "no representa ni un 10% de la producción nacional anual y que este beneficio no es la causa de los altos precios de los autos en la actualidad..Son las empresas y los concesionarios que manejan el 90% de la producción los que especulan… Hoy nuestra principal exigencia es que nos escuchen. Señalan que la política automotriz oficial violenta cláusulas de la convención colectiva, amenaza la producción, pone en riesgo nuestros puestos de trabajo, en fin, va por el camino incorrecto. Los trabajadores automotrices, con democracia, con amplitud, y con mucha combatividad, saldremos a defender nuestros derechos en cualquier escenario.”

   De todos modos un porcentaje de la producción cercano al 10%, sólo para el personal de las ensambladoras, con los actuales muy disminuidos niveles de producción, tan alejados de las exigencias de los consumidores, resulta evidentemente un problema. 

Política automotriz 

  En el comunicado de Futaac se menciona el programa gubernamental Venezuela Productiva, que nació el pasado junio 2013, que invita a adquirir vehículos con financiamiento y subsidio estatal, y en apenas pocas semanas logro que se registraran 350 mil personas. A la fecha ha favorecido a más de seis mil personas con la adquisición de vehículos. Hay que señalar que éstos proceden de plantas de reciente creación, empresas de capital estatal y por otra lado venezolano privado, chino e iraní,  que realizan un proceso que llaman semi-ensamblaje, que implica menor integración de partes nacionales, teniendo obviamente menos impactos en la cadena de autopartistas nacionales. 

  Los planteamientos  de FUTAAC son importantes y críticos en torno al problema del sector, aunque nos parece una reacción tardía por la magnitud que ya ha alcanzado el problema, y la dilatada expansión de políticas mal fundadas y peor elaboradas para referirse a un sector complejo. Se considera que  posiblemente por la necesidad de articular un mecanismo de acción sindical sectorial, que es mucho más efectivo que la pura reacción de los sindicatos de empresa cada uno por su lado, se ha dejado para el presente reaccionar abiertamente, reclamando un dialogo que no ha existido en este sector, y en la generalidad de la activadas productiva.

  La política de control cambiaría es de efectos muy directos en este sector por la complejidad del encadenamiento productivo. La inexistencia de un mecanismo oportuno para la entrega de divisas, los retrasos en la emisión de los permisos para importar el material de ensamblaje y los conflictos laborales, son algunos de los factores que explican el actual deterioro.

 A estas alturas, las cuatro principales empresas del sector presentan un estado complicado:

 Toyota presenta parada indefinida de la producción de planta desde el 13 de febrero. La empresa afirma que los salarios serán garantizados por dos semanas, y ya venció la primera.

Ford plantea para prolongar el limitado inventario de materiales, no hay insumos para operar normalmente, trabajar sólo de lunes a miércoles sin afectar el salario de los trabajadores. La reacción sindical fue adversa, ya que discuten convenio colectivo y lo interpretan como maniobra de la empresa.

General Motors tuvo vacaciones colectivas, y al retorno a mitad de enero, pidió al personal operativo que regresara  a sus casas, pagándoles su salario. Prevé ensamblar 1500 vehículos con el material que dispone, en sus buenos tiempos es la producción de una semana.  Además GM ha anunciado desde Detroit, su preocupación por las perdidas de la filial en Venezuela de 162 millones de dólares como consecuencia de la devaluación. 

Chrysler,  C Pereira el Presidente de Futaac, señala que para este trimestre no tienen licencia de importación, solo hay material para 130 unidades, representa la producción de 3 días; para el resto del trimestre no hay material.

  No obstante este cuadro, la dirigencia que se asume como socialista, denuncian que los empresarios “conspiran con la escasez y el desabastecimiento, en un evidente golpe económico silencioso” Precisó Will Rangel, Presidente de la Confederación sindical socialista. (El Mundo 14-2-14). Otros advierten que se trata más bien que la política automotriz adoptada son medidas económicas que favorecen.. “la burguesía parasitaria importadora, que han sido los más favorecidos económicamente en estos 15 años de revolución." A Pacheco/Futaac  29/01/2014 "Los trabajadores se manifiestan. Pronunciamiento sobre la actual situación del sector Automotriz”.

 Para terminar, el sector automotriz experimenta un declive desde el 2008, algunas regulaciones teóricamente apuntaron al fortalecimiento de la producción nacional, pero otras favorecieron el surgimiento de una suerte de maquilas como es el semi-ensamblaje, y aun más grave la masificación de la importación, y al lado de ello el trabajo precarizado, con obstáculos para la actividad sindical.

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