MILITARIZACION Y EL MUNDO DEL TRABAJO

 

La unidad cívico-militar ha sido reiterada en la última década y media, y en el mundo de el trabajo ha tenido obviamente su eco. Por ello hemos abordado en previas contribuciones el tema de la militarización en la Administración del Trabajo y en las Relaciones Laborales. http://hectorlucena.blogspot.com/2011/04/administracion-del-trabajo-de-la.html  y http://hectorlucena.blogspot.com/2012/01/las-relaciones-de-trabajo-hacia-donde.html  

 

Se observa que el fenómeno se acentúa. Incluso en el breve periodo que lleva en ejercicio el actual gobernante, la militarización excede sus manifestaciones a un ritmo más acelerado que en los años previos de revolución bolivariana. Las consecuencias de este proceso ameritan una reflexión y análisis, ya que indicadores productivos, de eficiencia y de conflictividad en las instituciones no muestran un impacto favorable. Por el otro lado, lo tradicional militar evidencia deterioro como es la situación de las cárceles; el devenir en las zonas fronterizas así como en las de escaso desarrollo puestas bajo la responsabilidad militar. Vease el caso de la depredación humana y ambiental que se observa en la explotación de minerales preciosos en la Guayana y Amazonas. Hasta denuncias de sometimiento de nuestros indígenas a trabajo esclavo, en donde se involucran a mineros extranjeros y locales ante la inercia de la vigilancia y el control militar.

 

Veamos diversas manifestaciones de la militarización que va más allá de las relaciones laborales, y que por tanto cubre este campo de la vida nacional.

 

1.     En primer lugar es importante el contexto nacional en donde desde el poder se caracterizan las dificultades de funcionamiento del aparato productivo, tanto en la elaboración de bienes y servicios, como su distribución y comercialización como evidencia la insistencia de una llamada “Guerra Económica”.

 

2.     Identificar como respuesta organizacional en el nivel superior a lo señalado en el punto 1, y en general a los diversos problemas de la responsabilidad estatal, la constitución de los llamados “Estados Mayores”, al más puro estilo militar.

 

3.     Reivindicar teorías de seguridad nacional, muy cuestionadas por el conocimiento que se tiene de ellas por haber sido la expresión de regímenes militares caracterizados por su represión extrema, como las conocidas en países del Cono Sur en los años setenta y ochenta.

 

4.     Continuar la producción de leyes que militarizan la actividades civiles, dificultando el desenvolvimiento de las organizaciones sociales de naturaleza no militar. En buena medida los más tres mil procesados por protestar son expresión de la militarización. En este colectivo se encuentran dirigentes sindicales, campesinos, estudiantes, indígenas. Entre estas leyes se destacan Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, Ley Antiterrorismo.

 

5.     En 2009 se aprobó la reforma a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y se creó en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción -lo que atentaría contra el derecho constitucional a la huelga-, empleando a estos cuerpos como esquiroles o grupos de choque.

 

6.     A esto se suma la prohibición de realizar manifestaciones en diferentes empresas bajo administración del Estado, tras ser calificadas como “Zonas de seguridad”.  Según la ong Control Ciudadano el 30% del territorio nacional posee ahora esa tipificación, lo cual impide el derecho a la manifestación pacífica como se encuentra contemplado en la Carta Magna.

 

7.     Colocar en funciones gerenciales de alto nivel a Militares; especialmente ejerciendo su influencia en el funcionamiento del área de Relaciones de Trabajo, traduciéndose en una ruptura en el funcionamiento dialógico y negocial propio y natural de las relaciones laborales.

 

8.     Conducción por parte de militares de áreas de naturaleza civil, como salud, infraestructura, puertos, comunicaciones, producción de diversos bienes y servicios, finanzas, gestión judicial. Se destaca que desde hace décadas ha existido un sector de empresas militares (Cavim por ejemplo), que si era propio de la gestión por parte militares, sin dejar de recordar la existencia de ciertas tensiones, ya que el personal civil resentía el tratamiento del estilo militar para sus asuntos de administración y relación laboral.

 

9.     Fortalecimiento de las Milicias, lo que se traduce en su alta visibilidad en  centros productivos estatales. Han asumido inicialmente actividades de vigilancia y seguridad; pero están prestos a ocupar otros puestos desempeñados por trabajadores, tal es el caso de cajeros en supermercados.

 

10.  Creación de organizaciones militares en el seno de los trabajadores. Batallones, Unidades, Patrullas; incluso con demostración de equipamiento militar en desfiles públicos.

 

11.  Intervenir en asuntos propios de la Administración del Trabajo (especialmente en conflictos laborales). Por ejemplo, casos recientes: Junio 2013, doscientos efectivos de la GNB ingresaron en Ferrominera con la orden de desactivar huelga. Otro caso, el deCVG Minerven, cuando 45 efectivos militares ingresaron el 27.07.13 a la empresa, luego que los trabajadores realizaran una huelga que se prolongó por más de 45 días, en demanda de reivindicaciones salariales y en reclamo por el deterioro de la industria.

 

12.  Citaciones de trabajadores participantes de actividades propias de las relaciones de trabajo a unidades militares con el objeto de intimidarlos y someterlos a interrogatorios. Un caso patético fue el de un grupo de trabajadores de la construcción que reclamaban deudas laborales a contratista privado. Demandaban el bono de alimentación, el registro en el Seguro Social, el Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, el bono de transporte y los sueldos caídos a la empresa privada Xocobeo C.A., fueron “invitados” a una sede militar para tratar el asunto, y ahí mismo fueron apresados. Liberados al cabo de quince días, continúan sometidos a procesos judiciales. Se conoce de otros casos similares.

 

Indudablemente que la llamada unión cívico-militar se ha traducido más bien en la militarización de lo civil. La civilidad acusa perdida de espacios y garantías para su funcionamiento. Reflexionar y analizar las consecuencias que todo esto tiene para el funcionamiento en general del país y muy particularmente de el mundo del trabajo es una necesidad para todos.

 

LAS RELACIONES DE TRABAJO: HACIA DONDE HAN IDO

Cerca de la otrora apacible Bejuma en el estado Carabobo, un grupo de ciudadanos se presentaron en una obra civil para una empresa procesadora de alimentos, con el fin de buscar empleo. Un hecho natural y normal en el mercado laboral. Los desempleados buscan empleo. Además los empleos en el sector de la construcción disfrutan de un buen convenio colectivo.

Lo que nos lleva a detenernos y reflexionar sobre el presente caso (reportado en Notitarde el día 27-1-12, así como en http://www.entornointeligente.com/articulo/1219769/Desur-aprehendio-a-supuestos-sindicalistas-con-armas-rss-27012012?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter), es que los más de veinte desempleados se presentaron acompañados de seis sindicalistas, quienes intentaron ingresar de manera violenta en la obra en construcción.

La oportuna intervención de la Guardia Nacional Bolivariana retuvo a treinta personas para verificar identificaciones y finalmente quedaron seis detenidas – los “sindicalistas”-. Es destacable que todos estaban armados y que de ellos, uno tenía orden de captura, otro estaba en régimen de presentación, y otros tres tenían denuncias por distintos delitos en la policía de investigaciones.

Señalan las autoridades militares que la pretensión del grupo invasor, era intimidar a los trabajadores de la obra y a los encargados de esta, para que dejaran sus puestos y posteriormente ocuparlos. En este caso se reúnen varios fenómenos laborales mezclados con otras áreas, como la inseguridad y la militarización.

Por un lado es notoria la dificultad del mercado laboral, que lleva a la confrontación directa, violenta y armada en la búsqueda de empleos. Luego se observa un tipo de intermediación entre oferta y demanda, liderada por un tipo de sindicalismo constituido por personas para quienes la institucionalidad le es inexistente. Lo que nos obliga a interrogarnos sobre el papel de la Administración del Trabajo. Evidentemente, se le ha venido escapando de las manos ejercer su papel de garantizar el desempeño normal de las relaciones entre empresas y trabajadores, con motivo de las actividades productivas.

La ausencia de la Administración del Trabajo, en vista de la violencia presente en los centros de trabajo, especialmente en los del sector de la construcción, la llena entonces el sector militar (La Administración del Trabajo de la Civilidad a la Militarización http://hectorlucena.blogspot.com/search?q=la+militarizaci%C3%B3n ). En la medida que se continúe con esta intervención, el papel de la Administración del Trabajo va disminuyendo, y otro tanto pasa con las propias organizaciones de los trabajadores. Evidentemente un retroceso institucional en el ámbito de las Relaciones de Trabajo.

Por supuesto que no se puede dejar de mencionar en el análisis de situaciones como esta, que se vienen repitiendo en distintos lugares del país, la intervención estatal en la vida sindical. Un intervencionismo deformante y abusivo, ya que no es papel del Estado el introducirse en la vida interna de los sindicatos, sea para favorecer a unos y/o dificultar a otros. El que las autoridades de la Administración del Trabajo y de los Entes estatales se conviertan en partes en las relaciones empresas-sindicatos, trae consigo deformaciones. A las organizaciones de los trabajadores se les sustrae su autonomía. Igual criticismo es aplicable cuando esa misma intromisión proviene del patronato privado.

Una de las deformaciones más graves del intervencionismo estatal en la vida interna sindical, es la imposición de los jefes sindicales, o al menos poner al servicio de amigos los recursos institucionales que debían de ser imparciales. Al final los jefes impuestos confían en la relación con las autoridades como mecanismo de legitimación, y no tanto en la relación y aprobación de las bases, ni tampoco en los nuevos logros reivindicativos y el mantenimiento de los existentes.

Esto se manifiesta en las organizaciones de base, aquellas beneficiarias del estimulo estatal promotor de nuevas organizaciones sindicales, en donde ya las había y por tanto multiplicando su número, trayendo como consecuencia al ejercicio sindical la improvisación de dirigentes, tanto en conocimientos del área laboral como en la consistencia ética, que viene dada por la militancia y constancia en el proceso de ascenso y construcción de liderazgos genuinos.

Hoy, todo lo expuesto le ha hecho un enorme daño al genuino sindicalismo. Por eso lo deformante de la intervención estatal. La imagen de lo sindical, además de sus conquistas históricas la construye también lo negativo, como son los procesos de mercantilización de empleos y del ejercicio de la representación, tan extendido en el sector de la construcción.

Quienes promueven nuevas formas de representación, ayer apenas los delegados y los comités de prevención, así como las organizaciones depseudocooperativas, sobreviviendo con obstáculos. Pero que en lo inmediato dirigen su mirada hacia otros experimentos, como el control obrero y los consejos de los trabajadores, están eludiendo analizar y admitir las deformaciones de políticas públicas que han contribuido a deformar las formas de representación de los trabajadores.

ADMINISTRACION DEL TRABAJO: DE LA CIVILIDAD A LA MILITARIZACION

Las áreas de acción civil y las de acción militar han venido confundiéndose. Algunas áreas son claramente del campo civil así como otras igualmente lo son del campo militar. Aunque luce conveniente el intercambio entre el mundo de lo civil y el mundo de lo militar para la colaboración y el mejor desarrollo de la vida de una nación, asegurándose que no se restrinjan ni amenacen los derechos de los ciudadanos.

Entendiendo lo anterior, es llamativo como se viene desarrollando una tendencia a la militarización de esta área de la civilidad, como es la Administración del Trabajo. Hay que aclarar que este texto no tiene como propósito el tema de la puesta bajo gobierno o gerencia militar de una gran cantidad de instituciones productivas y de servicios cuyos objetivos son eminentemente civiles, como es manejar entes para producir o distribuir alimentos, de viviendas, salud, educación, tributarios, petróleo, papel, entre otros. Igualmente no analizamos el caso de las políticas antisindicales que se observan en las llamadas empresas militares, que cuentan con una numerosa fuerza de trabajo civil sujeta de la legislación laboral, como es el caso de Cavim. No son de menor importancia estos asuntos, pero su tratamiento requiere un análisis aparte.

La inquietud anterior viene a propósito del funcionamiento de un área prototipo de la civilidad, como es la Administración del Trabajo. Que como se sabe, comprenden las políticas, instituciones y procedimientos que atienden las relaciones entre capital y trabajo a los fines de la convivencia en el ámbito productivo, resguardando los derechos y obligaciones de las partes involucradas. Es una temática cuyos principales instrumentos de acción descansan fundamentalmente en el dialogo y las negociaciones. La controversia, las posiciones opuestas, el ejercicio de mecanismos la presión de una parte sobre la otra, son los comportamientos a los cuales ha de enfrentarse la Administración del Trabajo, por ello herramientas como la inspección, mediación, la conciliación y el arbitraje son puestas en ejercicio para lograr sus fines.

La intervención de la Administración del Trabajo incluye como asuntos relevantes, el tema de los conflictos. Uno se pregunta ¿Con cuales herramientas e instrumentos específicos, dispone el ámbito militar para aportar a estas situaciones de la controversia laboral? El hecho de que la nación le ha otorgado el monopolio de las armas de la República y de los poderes para las situaciones de emergencia más extrema, más bien se contraponen para el ejercicio de la búsqueda de soluciones en donde armas y este tipo de fuerza, estarían demás. Se entiende que los trabajadores y los patronos hacen uso de sus mecanismos de fuerza para imponer o defender sus posiciones, pero ellas están enmarcadas en procedimientos para los cuales la Administración del Trabajo ha de intervenir.

Cabe plantearse si la Administración del Trabajo ha permitido la militarización de las actividades que son de su ámbito, ¿o es que desde el ámbito militar hay una estrategia para minimizar al Ministerio que se ocupa del Trabajo? Llevar los conflictos laborales y los procesos que tienen que ver con la Administración del Trabajo a ser objeto de convocatoria, conducción y gestión, en los espacios militares y bajo la temida mirada vigilante de oficiales de la Fuerza Armada, es inédito en las Relaciones de Trabajo. Lo llamativo del asunto es que dirigentes sindicales oficialistas empiezan a admitir con normalidad este fenómeno, aunque también es destacable que otros la condenan por razones de principio.

Elecciones en ámbitos estadales de alguna manera se interponen en el problema que analizamos, y en aquellos estados con una nutrida población laboral industrial – casos de Carabobo y Aragua, por ejemplo-, se hace visible que el afán electoral juegue a practicar una Administración del Trabajo Militarizada, que no tiene sustento en la institucionalidad de las Relaciones de Trabajo.

La nación espera y confía de su Fuerza Armada el resguardo y la atención de sus fronteras, mares y cielos, brindar la seguridad para la vida productiva y social. Se sabe que temas como la vida cotidiana en las comunidades urbanas y rurales, calles y carreteras venezolanas se han tornado espacios que parecen estar en estado de guerra, como elocuentemente lo demuestran los registros de victimización a las personas y a los bienes. Se espera que quienes cuentan con el monopolio de las armas y de la fuerza, la pongan en práctica ahí, de esa manera los ciudadanos reforzaran sus lazos y afectos con los hombres y mujeres de las armas legítimas, que con el esfuerzo de todos financia la República.

SAQUEOS, CONSUMISMO Y MILITARISMO

Las acciones emprendidas contra el comercio en las últimas tres semanas, a partir de la orden presidencial “vacíen los anaqueles”, ha agudizado la militarización de la vida civil. Sea por el lado la conducción de los procedimientos en los establecimientos seleccionados, de las inspecciones y su correspondiente revisión, del resguardo, de la vigilancia y mantenimiento de las largas filas de compradores, y hasta en algunos casos han circulado videos y fotos de vehículos militares y policiales transportando voluminosos televisores LCD y plasma.

 

   La tienda Daka de Valencia fue el sitio del primer saqueo, que luego en los días siguientes se repitió en otros establecimientos en algunas ciudades del país. En los primeros ocho días el Observatorio de la Conflictividad Social reporta “más de 39 saqueos o intentos de saqueo a locales comerciales” . Algunos medios y las redes sociales reportaban el mismo fenómeno en ciudades de distinto tamaño, desde la gran capital hasta poblados menores como Upata o El Tigre; igualmente se reportan saqueos de camiones y vehículos con distintos tipos de mercaderías. Casi parecía una suerte de reedición del 27-28 de Febrero de 1989, un “caracazo” tolerado,  aupado y sincronizado que inevitablemente se asocian con propósitos electorales. Sin embargo la intervención militar impidió varios casos de intentos de saqueo, además la canalización de las multitudes ubicadas alrededor de los establecimientos unido a la presión gubernamental sobre los comerciantes a bajar los precios, lo que exacerbó un consumo especialmente de electrónicos, telefonía, electrodomésticos, juguetes, ropa y calzado, posiblemente el mismo de carácter estacional esperado para unas semanas más tarde.

 

   Con las compras a precios impuestos por los operativos bajo conducción militar, los inventarios se han agotado prematuramente; inmediatamente se constituyó una empresa para el manejo de las importaciones que suponemos las que están en curso en un primer momento, y las posteriores que han de ser especialmente de China. Por otro lado, se suscribieron convenios con empresas internacionales y nacionales de la electrónica avanzada, casó la coreana del sur Sansumg, y de electrodomésticos, caso Mabe, para constituir empresas mixtas para el ensamblaje.

 

    La relación de estos productos de vanguardia tecnológica en electrónica con los militares, nos permite hacer una reflexión algo diferente de lo que estamos viendo en esta cruzada militar de participación en apoyo al ensamblaje, mercadeo y distribución de productos. Veamos la vinculación militar con una de las maravillas tecnológicas de este tiempo, que cada vez un mayor número de venezolanos lo lleva en su bolsillo, nos referimos a los teléfonos inteligentes, los ya populares I Phone Apple, Samsung, Blackberry. 

 

   Estos versátiles aparatos condensan en su pequeña dimensión varios de las más vanguardistas novedades tecnológicos de esta era, a saber: el Internet, el siri,  la comunicación celular, el GPS, el microchip y “touchscreen”. 

   A propósito de los militares, todos estos logros tecnológicos fueron resultantes de las solicitudes, financiamiento y convenios de instituciones militares en primer lugar de los EEUU, así también del Reino Unido, con centros de desarrollo e investigación.

-El internet y el siri se vincula con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar.

-El caso de los microchips y la integración de circuitos fue conceptualizada por el científico de radares Geoffrey W.A. Dummer (1909-2002), que estaba trabajando para la “Royal Radar Establishment” del Ministerio de Defensa Británico.

- El GPS –Sistema de Posicionamiento Global- desarrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los EEUU. 

- El “touchscreen” – la pantalla táctil-. Fue un desarrollo promovido y financiado por la Fundación Nacional para la Ciencia, que entregó recursos a la Universidad de Delaware, para este proyecto requerido por la agencia de inteligencia de los EEUU.

 

   Como puede deducirse hay diversas maneras de ver a los militares en su relación con las tecnologías y los equipos que brindan comodidad y mejor calidad de vida a  los ciudadanos y las sociedades, por un lado concebir, promover y financiar nuevos usos para convertirlos en instrumentos al alcance de las personas y las instituciones.  Por nuestros lares, vemos que la militarización se expresa en facilitar que estos productos procedentes de los países que los conciben y manufacturan, sirvan para reponer los anaqueles vacíos de nuestros establecimientos comerciales y contribuir a aquel tipo de felicidad humana que consiste en ir de compras; y que solo se puede acceder a ella a través de las tiendas comerciales (en otras palabras, del mayor consumo). 

Se puede ver en este artículo que hay varios tipos de militarización, ambas asociados al imaginario burgués del consumo, una desde la perspectiva dominante y la otra del dominado.

  hector.lucena@gmail.com

  @hl_lucena

 

  

 

Modelo Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor - MEEE -

 Ver gobernar un país y apreciar el constante y continuado deterioro, sin que se tomen medidas que lo reviertan, y que más bien aquellas que se ponen en práctica lo que logran es ahondar las dificultades, se convierte en un tema de muy seria consideración. De allí las consecuencias y los impactos para el país, para la sociedad toda y las personas que lo viven.  

  Los indicadores sociales y económicos se dejaron de publicar, los pocos que aún se dan a conocer entran en la duda de por qué unos si y otros no, lo que estimula percibir sus sesgos. Le sirve al régimen para edulcorar su fachada.

  Las consecuencias de las políticas sociales y económicas nos empujan a escenarios alarmantes, como crisis humanitarias, hiperinflación, estancamiento y hasta pérdida de soberanía. 

  Seguir respondiendo con la tesis de la guerra económica no aminora en nada la situación, sólo sirve para seguir militarizando la sociedad, y recientemente la cesión del pleno control de la cadena alimentaria en manos militares. Los ministerios de la economía y la producción se subordinan a los criterios militares, y junto a ello la gran cantidad de corporaciones, empresas estatales y entes subordinados que participan de esta cadena. Es lo que lleva a identificar el régimen de militarista y estatista, pero además se observan consecuencias como la pérdida de soberanía y el empobrecimiento de la población. 

  Se ha manifestado, con razones que la soberanía implica tener seguridad alimentaria. Contar con más de 170 mil miembros de los cuerpos armados, y con amplia dotación de armamento adquirido aún bajo las dificultades económicas de estos tiempos, puede permitir que el control militar de la cadena alimentaria se haga con rigor y en las distintas instancias desde los espacios agrícolas, pasando por los procesos de transformación y llegando hasta los de distribución a los consumidores, pero todo ello en absoluto no hace crear la producción en los rubros o ramas donde no la hay, ni incrementar aquella existente. 

  Para crear producción, incrementar la existente y mejorar los procesos productivos, lo que más  falta hace es la confianza, la certeza de reglas claras para los que producen, el respeto a la propiedad, los incentivos para quién corre riesgo, el trabajo asalariado o autónomo con protección tanto de los individuos como de sus organizaciones gremiales, el dejar en manos de quienes tengan los saberes y los conocimientos el manejo de las instituciones del sector de la alimentación, la formación para mejorar las calificaciones, el promover la carrera de los productores, el fomento de la innovación y la investigación en alianzas con los centros dedicados a estas actividades, el hacer convenios que permitan llegada de inversores que realmente nos transfieran tecnologías.   

  Es en estos procesos descritos en donde está la soberanía. Ella cuando se refiere a la producción no es un problema de armas y aprestos militares, es un problema de la sociedad con énfasis en los productores tanto los que aportan capital como los que aportan trabajo y saberes. Lo militar es bienvenido para que contribuya en dar seguridad al territorios del campo y de la vida productiva en esas amplias extensiones. Si hay abandono del campo en buena medida es porque el Estado dejó de prestar la protección que ahí se necesita. 

  Importante destacar que el proceso de finiquito de la guerra en Colombia aún no ha culminado, en principio ha de esperarse el resultado del referéndum, y como se sabe por muchas décadas nuestro territorio ha sido el aliviadero de esa crisis. La soberanía que se vocea con la alimentación, y que no la tenemos, también la soberanía es de dudosa tenencia en el resguardo de las fronteras. Ya lo hemos visto con el uso indiscriminado de nuestros espacios por toda clase de negocios oscuros con el narcotráfico, la minería depredadora, grupos de irregulares armados dedicados a la extorsión y el secuestro. De alguna manera hemos sido un Estado entreguista. 

  Tampoco la militarización parece apuntar a hurgar en la multimillonaria pérdida de recursos en el antiguo Cadivi y el posterior Cencoex, así como en las empresas artificiales, de maletín, ya denunciadas por personeros de alto nivel en el Ejecutivo en tiempos de Hugo Chávez, al menos hasta el presente nada dice al respecto. El habla popular suele decir que quién calla otorga.

  Todos esos recursos que han sido esquilmados han empobrecidos la vida productiva y social de los venezolanos, de ahí que nuestro modelo ha sido un promotor del empobrecimiento continuado,  es por lo que este año se espera un menos 10 en el producto nacional, y una inflación de más de setecientos por ciento. 

  El modelo productivo venezolano de hoy es el MEEE,  es decir Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor.

  

RESPONSABILIDADES DE LA ASAMBLEA NACIONAL EN LA CRISIS DE SIDOR

El conflicto entre Sidor y sus trabajadores se exacerbo esta semana, por un lado los trabajadores llevaron sus acciones a la calle incidiendo en el funcionamiento de la ciudad y el desenvolvimiento de los ciudadanos. Como reacción el Gobierno envía una misión ínter ministerial y a la cabeza el Presidente de la Asamblea Nacional, quién no podría reconocerse que actuaba en función del Parlamento, ya que en este cuerpo el problema a pesar de su importancia no había sido parte de su agenda. Lo controversial de la intervención del Presidente de la Asamblea Nacional fue que se caracterizó por insultos y descalificaciones a los directivos sindicales y a los sidoristas en general.  

   Cierto que la protesta se fue a la calle, generando dificultades a la comunidad. Pero las autoridades públicas se abstuvieron de intervenir, a pesar que otras protestas y otros sectores con menor alteración del funcionamiento de la ciudad, sí habían sido controladas. Se pensaría que al colocar en la zona a una comisión de tan alto nivel, un sindicato que es dirigido por corrientes oficialistas acataría las ordenes gubernamentales o del partido oficial. Al menos las tres principales fuerzas  en el sindicato hacen más del 90% del comité ejecutivo. De todos modos la protesta en la calle se contuvo, mediado por una invitación ministerial a negociar para fecha cercana, lunes 28-7-14. 

  Varios desaires recientes por parte de la empresa, había igualmente exacerbado la conflictividad. Era suficiente con un un contrato con cuatro años vencidos, y promesas diversas incumplidas que mantienen la incertidumbre. Agreguese que la empresa ha cambiado de Presidente y directivos casi todos los años, generando retrocesos y contratiempos en las relaciones laborales. 

  Que la comisión estatal la encabezara el propio Presidente de la Asamblea Nacional, que en fue miembro de la propia Junta Directiva de Sidor (2009-2010), y que por otra parte reconociendo que hay una deuda de este cuerpo parlamentario en darle espacio a tantos problemas de envergadura que ha mantenido una empresa,  que por muchos años fue la segunda fuente de generación de divisas para la economía venezolana,  es al menos una oportunidad para que todos los actores involucrados miraran con atención su participación. Pero esta oportunidad hasta ahora parece no aprovechada. 

  La Asamblea Nacional ha tenido la oportunidad a atender varios escándalos ocurridos en esta empresa, y en general de las empresas de la CVG, que viven un alto nivel de conflictividad laboral desde hace años, y que se desenvuelven en condiciones de subsidio y precariedad productiva y laboral en general. Solo ver los informes en las Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular de Industria que entrega a esta asamblea y ver ahí los resultados año tras año, daban toda la justificación para asumir un debate, análisis e investigación desde tan importante poder público. 

  Además otros escándalos como descubrimiento de mafias de la cabilla y de los productos que Sidor manufactura, desviaciones de productos, mercado negro de precios, comisiones irregulares, todos casos de daño a la empresa, a sus trabajadores y a la nación, han pasado de largo al interés y preocupación de poderes públicos, incluyendo la Asamblea Nacional. 

  En los últimos tiempos una exacerbada violencia en los medios laborales, que empezó en la industria de la construcción, con la práctica de violencia armada contra dirigentes y trabajadores, sea en los espacios productivos o comunitarios, también se ha extendido a personas de las empresas estatales, como el caso de Sidor, y llama la atención que todo esto no ha conmovido al parlamento, a asumir una mínima preocupación por tratar tales anormalidades.

  El mismo proceso de negociación del convenio colectivo, que en en semanas pasadas fue llevado al propio Palacio del Poder Ejecutivo, Miraflores, luego de una de las sesiones, un miembro de la delegación sindical -el gordo Bayon-  que fungía de mediador, procesado con régimen de presentación y prohibición de salida del Estado Bolívar y también procedente de los medios sindicales de la construcción,  fue asesinado y no ha pasado nada.

  Son complejos y contradictorios los factores que complican la negociación del convenio colectivo. A todo ello hay que agregar que la empresa acusa problemas agudos de atraso tecnológico, de fallas de infraestructura, de logística, de imposición de precios por debajo de los costos, de recarga de tareas sociales que limitan el quehacer productivo, alto número de trabajadores en tareas no productivas, pero engrosando la nómina de personal, militarización continuada de actividades que demandan especialización y profesionalismo específicos, asignación de altos cargos al margen de trayectoria, competencias y méritos en el mundo laboral; y  finalmente surge una nueva incertidumbre relacionada con la propiedad y sostenibilidad de la empresa. 

  Una organización productivas en situación critica como es el presente caso,  que no parece auto sustentarse en lo inmediato aún con todo el esfuerzo de buena parte de la población trabajadora, por sometimiento e imposiciones gestoras erráticas y no participativas que estrangulan sus posibilidades, lo que lleva a requerir de subsidios para funcionar, plantea un exigente panorama a todos los que ahí trabajan y tienen vínculos con estas empresas.  Para ellos reflexionar, reconocer realidades y liberarse de esquemas fracasados de conducción son opciones ineludibles de sobrevivencia.   

El control en el trabajo: coercitivo, sutil y con fusiles

  El control patronal sobre el trabajo es un factor clave para alcanzar los fines de la empresa, es decir producir y ganar. Desde la esclavitud el control ha sido un tema importante para lograr este objetivo. Para esa forma de trabajo, la aplicación del látigo era el medio de control, además de alimentar y dar techo, que era la retribución recibida por el esclavo, y según criterios del patrono suministraba estos bienes. Como se ve, la coerción en manos del patrono es ejercida con total rudeza y crueldad (La película ganadora del Oscar 2013 “12 años de esclavitud”, lo muestra con toda claridad).

  Al superarse la esclavitud como sistema productivo, los esclavos pasaron a ser hombres y mujeres libres, y su relación con el trabajo pasó a ser a base del salario. Nacieron los asalariados y la sociedad salarial. El patrono ya no aplicaba el látigo. 

  Modernamente el control no deja de ser ejercido pero ahora con otros métodos. El control de la actividad productiva, va acompañado de una dosis de consentimiento de los trabajadores. Son mecanismos mediante los cuales la empresa busca poner la inteligencia y la voluntad de los trabajadores al servicio de la misma, y a la vez integrarlo y hacerlo sentir parte de ella.

  No todo es coerción. A más coerción menos identidad, más rechazo y tensión laboral. Lo que se traduce en dificultades para la producción y la ganancia. Los métodos de control han pasado fundamentalmente por la supervisión, originalmente muy estricta, aunque gradualmente con el tiempo y la evolución de las organizaciones sociales, de las políticas públicas y de la legislación laboral, se ha tornado más laxa. 

  Pero la laxitud de la supervisión no implica menos controles sobre los trabajadores, sólo que cambiaron los instrumentos y los métodos. El desarrollo de la tecnología y los procesos de trabajo ha contribuido a que los controles sean menos directos. Se fijan metas, se registran y luego se analizan los resultados. Las metas son de cantidad, de calidad, de tiempos, de satisfacción del cliente, de compromiso, de lealtad, en fin el patrono dispone de resultados para mantener el control en sus manos, según se alcancen o no estas metas. Los criterios y las prioridades siguen estando en sus manos. 

  En nuestro tiempo presente, sin duda el patrono privado privilegia con la actividad productiva a la ganancia y estabilidad de su negocio. Sea transnacional o nacional, grande o pequeño, industrial o de comercio, estos objetivos son prioritarios. 

  Sin embargo en nuestro medio el gran patrono, el Estado venezolano, tiende a atender a otras lógicas distintas a la producción y la ganancia. Se trata de colocar el compromiso y la lealtad con el proceso político como prioridad. Por ello no se detiene en que los resultados y objetivos de cantidad o de calidad de los producido sea un bien o un servicio, no se alcancen, así tampoco los tiempos de ejecución, la satisfacción del cliente. Pero lo que si es esencial es que la lealtad y el compromiso de los trabajadores con el proceso político en ejecución no guarde dudas. Se entiende que esta condición es funcional al mantenimiento del régimen y su estabilidad, eso si sacrificando resultados productivos. De ahí la postración generalizada de muchas entidades productivas. 

  A propósito de la situación laboral de Sidor y los intentos de arrancar su producción, un titular reciente de las declaraciones de un miembro de la directiva sindical de esta empresa indica “Con fusil y con la Guardia en la pata de los hornos, haciendo terrorismo de Estado, arrancan la planta”. Vemos que el control perdió la sutileza de estos tiempos de modernas formas de organización del trabajo, y regresa a ser ejercido con métodos rudos y coercitivos. Sin duda es una forma resultante de la militarización y distinta a los principios del dialogo y la convivencia productiva.

DESINDUSTRIALIZACIÓN Y RELACIONES DE TRABAJO

DESINDUSTRIALIZACIÓN  Y RELACIONES DE TRABAJO 

POLITICAS PARA DESINDUSTRIALIZAR: EFECTOS Y REACCIONES DE LOS ACTORES SOCIO LABORALES

RESUMEN 

Si tiene interés en el informe completo, escribe a nuestro correo. 

HÉCTOR LUCENA

Universidad de Carabobo 

hector.lucena@gmail.com

VALENCIA, JUNIO 2020

Resumen: 

Resultados de una investigación efectuada a lo largo de los últimos meses del 2019 y primer cuatrimestre del años 2020, sobre el sector industrial en el Estado Carabobo, tiene como objeto presentar elementos de la situación de la industria manufacturera, que evidencian las dificultades del sector para mantener activas sus operaciones, así como las opciones observados tanto en el comportamiento de la  gerencia y de los sindicatos, sean unilaterales o en el marco de las relaciones de trabajo, por negociadas y acordadas, para tratar de mantener sus operaciones. En la misma se hace referencias a las políticas públicas que tuvieron un impacto en los centros productivos y sus actores. Se realizaron encuestas y entrevistas en el Estado Carabobo a gerentes de empresas y dirigentes sindicales, de distintos sectores de la industria, aunado a la revisión de documentos de los sectores analizados y de seguimiento sistemático del funcionamiento laboral en el marco de conducción de proyectos de investigación y de formación en relaciones de trabajo a actores laborales del sector.

  El informe final comprende una introducción que razona lo que se quiere estudiar y cómo se llevará a cabo. Luego los capítulos 1 y 2, refiere brevemente a los antecedentes de la industria tanto en Venezuela como en el Estado Carabobo. En el capítulo 3 nos ocupamos de uno de los temas centrales de la investigación, la desindustrialización, ofreciendo una visión de su profundidad en las consecuencias. En el 4, las relaciones de trabajo, el otro tema central del proyecto, se ofrece una caracterización de su funcionamiento en el país y en particular en la industria.

  El capítulo 5, aborda las dificultades para el funcionamiento productivo, lo que lleva a considerar factores de políticas públicas que dificultan tanto el funcionamiento productivo como el laboral. Las respuestas de gerentes de las empresas a lo anterior son desarrolladas en el capítulo 6, tanto en el impacto en el funcionamiento general de la industria, como de la actividad productiva de un determinado grupo de empresas del Estado Carabobo, algunas con actividades fabriles en otros estados, pero todas con una producción destinada al mercado nacional, y casi todas en sus momentos de normalidad productiva con exportaciones en el ámbito regional latinoamericano y del caribe. El otro componente de este capítulo es cómo las empresas han respondido a las exigencias de conducir sus relaciones de trabajo dentro de estas circunstancias. 

  Con la misma intención anterior se analiza en el siguiente capítulo -7-, es decir los impactos que reciben las empresas y cómo afectan el funcionamiento de las relaciones con los sindicatos, y ante tal situación ¿qué hacen estos, cómo responden? y una aproximación a los efectos. Se entiende que las políticas laborales gubernamentales han afectado a todo el sistema productivo, con consecuencias que repercutieron en el ámbito sindical, pero no para su fortalecimiento sino más bien para su fragmentación, con la inobservancia de los conceptos fundamentales de libertad sindical y de las negociaciones colectivas - Convenios OIT 87 y 98-, que habían alcanzado vigencia y reconocimiento en las relaciones de los actores participantes en el modelo laboral venezolano. 

 Finalmente las conclusiones, que las hemos clasificado en tres ámbitos:  

 - En productivo nacional.

 - En el laboral.

 - En las Relaciones de Trabajo.

   Las conclusiones son resultantes de la tarea de investigación llevada a cabo, consciente que hemos abordado temas y problemas que están en plena ebullición, y que inevitablemente agregan la visión que tenemos de lo productivo y lo laboral en este sector para la sociedad que deseamos.

  El proyecto contó con la cooperación de empresas y sindicatos, con quiénes se han realizado eventos para la presentación de los resultados, y en el equipo de trabajo participaron de la UCV J Ritcher, K Stephany, y de la UC, D Alvarado y D García.

1- Antecedentes. La industria venezolana es joven comparativamente con otros países de América Latina. En un corto lapso logró avances significativos que la llevaron a hacer una contribución de hasta el 20% del PIB, eso en un país que fue la 4ta economía de la región durante casi toda la mitad del pasado siglo XX, y hoy a duras penas su economía es la décimo tercera, y su PIB per capita en América Latina y el Caribe solo supera a Haiti y Nicaragua, esa debacle global de toda su estructura productiva no deja indemne a ninguna actividad productiva. Por tanto, el sector industrial en el 2020 apenas produce un 15-20% de lo que producía hace pocos años, según señalan nuestras entrevistados y otras fuentes acreditadas, como son los propios organismos gremiales del sector. 

  Esta debacle nos lleva a prestar atención al sector industrial una visión global de sus dificultades, qué factores llevaron a tan bajo nivel productivo y luego centrarse en el modelo laboral que sostuvo, y que le permitió tener un desempeño razonable hasta hace ocho - diez años. 

Las preguntas que promueven esta 1era parte, incluyen: 

• ¿Cuál fue el modelo de desarrollo y en su seno cuál de industrialización?
• ¿Cuál fue el nivel de desarrollo de la industria en Venezuela? 
• ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones al país? 
• ¿Cuáles ramas se desarrollaron más? Por qué?

2-  Período de análisis 2013-2020. Los años que transcurren a partir del 2013 han mostrado un deterioro del sector productivo industrial, como no se conoce en otros momentos de su historia. Se destruyen seis décadas de construcción del tejido industrial del Estado Carabobo. En este reciente sexenio ocurrió el desenlace de dificultades que venían gestándose en lo que va del siglo XXI. Para algunas ramas y empresas los efectos han sido devastadores, como ensamblaje y partes automotrices, metal-mecánico, cauchero, farmacéutico, calzado, construcción. Otros se mantienen con disminución acentuada de su producción, como el de alimentos y bebidas, plástico, químico y productos del hogar. 

Venezuela es un caso de estudio de ¿cómo la economía de un país se deterioró tan aceleradamente en tan corto tiempo?

3- Promocion y ejecución de la investigación. La actividad académica regular permite estar en contacto con datos y situaciones como las que llevan y se desarrollan en este proyecto, así como con diversos actores del campo laboral. Los pasos más recientes, incluyen encuesta respondida de manera anónima por miembros del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales del Estado Carabobo en el mes de septiembre de 2019, que laboran o han laborado en actividades vinculadas a las relaciones de trabajo, y con ello hubo insumos de motivaron hacer un esfuerzo de investigación más detenido.  Por lo que desde fines del pasado año 2019 se venían haciendo contactos empresariales y sindicales promoviendo la investigación, y la importancia de la colaboración para hacer entrevistas a profundidad, que se realizaron entre enero y marzo del 2020,  orientadas con guías que se entregaron previamente a los entrevistados, algunos datos fueron complementados con información de la web. Para el momento del inicio de la cuarentena a mediados de marzo, se había casi completado un número de casos que permitían los análisis de los problemas a investigar. 

4- Casos estudiados. Se abordaron con las entrevistas a 18 casos, algunos con entrevistados empresariales (10), otras con dirigentes sindicales (8), y sólo dos en donde coinciden ambos actores. Hay que hacer notar, que algunos de nuestros entrevistados disfrutan de posiciones gerenciales o sindicales con ámbitos más allá de la empresa caso incluido en el proyecto, por lo que podían hacer referencias con propiedad a otras empresas de su grupo corporativo o de la acción sindical, según el caso. También es destacable que las entrevistas sindicales fueron al secretario general, el cargo de mayor responsabilidad en la junta directiva, y en casi todos los casos con el acompañamiento de otros directivos.

 La mayoría de los casos corresponden a grandes empresas transnacionales, y las restantes empresas estudiadas son nacionales del sector privado. De las 18 empresas, 13 están operativas y 5 entre cerradas o de cero producción. De las operativas, apenas hay una con el 40% de uso de su capacidad instalada, la mayoría está entre 5 y 15%, y con tendencia a la baja, dada la situación de cuarentena que se presentó mientras elaboramos este informe final. La mayor parte del parque industrial de Carabobo esta conformado por fábricas de bienes de consumo de personas y familias, y muy poco de bienes de capital, en el presente grupo analizado, se tiene 16 de las primeras y 2 de las segundas.

5- Relaciones de trabajo que se construyeron en el sector, sus fundamentos y modos de funcionar. Sus raíces y modelos de referencia. Luego su evolución y estado actual en tanto sector manufacturero. Con las preguntas siguientes encaramos este campo:

¿Contribuciones y aportes de la industria a las Relaciones de Trabajo? 

¿Corporativización de las rel.laborales y del sindicalismo?

¿Caracterización del modelo laboral adoptado en la industria ? 

¿Patrón contractual reivindicativo? 

¿Predominio de lo reproductivo sobre lo productivo? 

Hay nuevos parámetros en el ámbito laboral venezolano? ¿en el industrial? ¿Llevará a nuevas reconfiguraciones? ¿Cuán diferentes?

6- Desindustrialización del país.  Aborda los factores que en este pasado reciente han limitado el funcionamiento industrial, lo que ha llevado en el Estado Carabobo a cientos de cierres de empresas y achicamiento de casi todas, igual ha ocurrido en el resto del país.

  En los años del actual régimen lo que se ha visto es un fenómeno más complejo, que no es el replanteo o reorientación del modelo de desarrollo industrial, sino algo que consideramos más complejo, como es el sesgo anti industrialista que evidencian las políticas y su instrumentación desde la esfera gubernamental, influenciada por un enfoque ideológico cuestionador y desconfiado del manejo privado de los medios de producción, al menos de la amplia mayoría.

Nos interrogamos, como motor de la investigación, consciente que hay necesidad de investigar más para satisfacer la complejidad de estas preguntas:

• ¿Cuánto ha sido la pérdida total de producción, de empleos y de montos de salarios y otros beneficios? Visto en la perspectiva de las empresa y los trabajadores del sector, así como de la sociedad venezolana.
• ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno en estos resultados? ¿Los empresarios? ¿Los sindicatos?
• ¿Cuáles y cuántas empresas que hoy están tambaleándose o en dificultades, no estarán en el corto plazo?

7- Empresas estatales. Fundamental proveedor de materias primas, el Estado tiene el monopolio de las empresas productoras de derivados petroleros, petroquímica básica, del hierro, acero y aluminio. Estatizaciones dejó en manos del gobierno a sectores completos de provisión de servicios y productos de amplio uso en diversidad de actividades productivas. Principal comprador que ha cambiado sus fuentes de suministro, dejando de lado tradicionales proveedores. Nuestras referencias a estas empresas es porque todos los casos estudiadnos resienten el corte o disminución de la provisión de materias primas e insumos de estas empresas, así como de las prestadoras de servicios públicos esenciales.

8- Política estatal hacia el sector, controles y regulaciones. Por medio de Leyes habilitantes entró el Caballo de Troya. El Ejecutivo gobierna vía decretos y de mecanismos de excepción. Se han producido modificaciones de fondo del sistema económico, lo que ha dado lugar  a un país con orientación extractivista, que significa más dependencia de explotaciones primarias, más minero y más importador en consumo y necesidades de bienes de capital. Hay críticas al extractivismo por ir contracorriente de la orientación industrialista, por tanto contribuyendo acentuar la desindustrialización que venía en camino y se aceleró en el período 2013-2020. La expresión más regresiva  de esta política se observa en el fomento y existencia del “Arco Minero del Orinoco”, que ha dado lugar a una notable depredación de una parte del territorio nacional, de mayor tamaño de muchos países, por ejemplo de Cuba, de Corea del Sur. La opacidad en lo que ahí ocurre, no permite a los interesados en el país, saber a profundidad las prácticas productivas y laborales que ahí se ejecutan. 

9- El control de cambio, se utilizó como un entramado e instrumento de control, de premios y castigos, así como de aprovechamiento de comisiones. Finalmente fue liberalizado a principios del 2019, y más atrás ocurrió otro tanto con los precios, al tener el sector privado que utilizar divisas propias o adquirirlas  en el mercado. La dolarización vino como una “bendición” se dijo desde la Presidencia de la República, se perdonaron 17 años de condena al “maldito dólar”. De todas maneras estas liberalizaciones llegaron tarde para algunas empresas que agotaron sus capacidades de preservar sus operaciones. 

Diversas regulaciones de precios, zonas de seguridad, acceso a bienes y servicios, condiciones de trabajo y de ambientes laborales, colocan a los dirigentes sindicales y gremiales en situaciones de riesgo de ser criminalizados.

10-  Militarización de actividades productivas, y en ámbitos de tradición civil. La reiterada auto identificación como régimen cívico-militar, es el sustento de la asignación a órganos militares de amplias actividades públicas unas de regulación y otras de involucramiento directo en actividades de producción, especialmente en sectores que tienen relación con alimentación, productos y servicios básicos. Además, en los específico de las RRTT, se observa el ejercicio de funciones en el propio ámbito de la Administración del Trabajo, algunas clásicas de este campo civil, como  la mediación, la inspección y vigilancia, y sumase la clásica militar de la represión. El fomento de los CPT, que integra a milicianos en la vida productiva apunta a mayor profundización de lo militar en lo civil. 

Respuestas del sector industrial empresarial

11- El esquema de negocios; cambios de dueños; reorganización productiva; desconsolidación; de fabricante integral a importador , distribuidor o proveedor de servicios; cierres temporales y definitivos.

  Todos los 18 casos estudiados han reducido su producción de manufacturas, 13 aún están operativas y 3 sin manufacturar, en cero producción y orientadas a importar bienes terminados y distribuir, y 2 cerradas indefinidamente, todas las de estos últimos segmentos son transnacionales.  De las que continuan operativas, apenas hay una con un 40% de uso de su capacidad instalada, le sigue otra con 25%, y  la mayoría está entre 5 y 15%, y todas con tendencia a la baja.

 La principal causa de tan extrema reducción está en el estado del mercado, el empobrecimiento sostenido de la población en los seis años que analizamos. Se han producido reestructuraciones que llamaremos de facto, porque han sido determinadas por la aguda baja de las ventas, son redimensionamientos con cambios en la organización del trabajo, las políticas de RRHH y RRTT. Todas las transnacionales desconsolidaron sus operaciones en Venezuela.

12- Adaptaciones a regulaciones laborales. De rigidez a liberalización de facto de algunos procedimientos. Esta flexibilidad ya existía a lo largo del régimen en la gestión de las entidades públicas, pero no para las privadas. Tampoco fue producto de la derogación de las regulaciones originales, sino de la permisividad en la fiscalización por parte de los entes gubernamentales, dicha liberalización provino como recurso para atender le extrema escasez de alimentos y productos esenciales en el hogar. De la inamovilidad absoluta a las suspensiones temporales de la relación del trabajo, estimular renuncias y finalmente despidos.

  Se generalizó y materializó la aplicación del Art 148 Dlottt; suspensión temporal de la vigencia de los convenios colectivos o facilidades para el despido, establecimiento de Junta administradora colegiada e Instancia de Protección de Derechos.

13- Hiperinflación. Se hizo presente  a partir de septiembre del 2017 y persiste al día de hoy. Para el año pasado se afirmaba tratarse de la tercera más prolongada de la historia. Hoy sin duda pasó al 1er lugar, luego de 33 meses continuos. 

 Precios pasan por dos situaciones extremas, una de precios subsidiados con extrema regulación y no se produce con fluidez, frecuentes paralizaciones por falta de materias primas; a otra y de extrema desregulación, pero los precios no permiten que las compras regresen a sus niveles. Los salarios tendrían que recuperar varios cientos, y en algunos casos miles por cientos perdidos. 

  

14-Convenios colectivos,  remuneraciones, reducción de personal. De haber sido un país de importantes costos laborales, ha pasado de ser uno de los más bajos del continente. Los salarios de gran cantidad de trabajadores, están en niveles que no logran pasar de pobreza extrema a pobreza.

 No se negociaron en base a salarios reales, solo nominales, lo que sería propio de una economía de estabilidad de precios que dejó de existir a mediados de los años setenta. y no se adecuó la manera de negociar remuneraciones, más allá de incrementos escalonados en lapsos que con el tiempo se han reducido, pero persistiendo la prescindencia de las técnicas que centren el proceso en salarios reales.  

  Predomina la prorroga de algunas cláusulas de los convenios colectivos, la monetización de ciertos beneficios, y el congelamiento de la amplia mayorías de las condiciones restantes. El incremento de las bonificaciones ha dado lugar a que es usual cobrar más en bonos que en salarios. La circular interna 2792, facilitó y flexibilizo las RRTT.

  La dolarización no está extendida, al menos en pagos con esa moneda, sólo se usa como referencia en algunos casos. Pero, el trabajador convierte en sus cálculos personales y  para sus erogaciones, lo que gana en dólares, porque en esa moneda ha de pagar diversos conceptos cotidianos.

  Cambio del cono monetarios establecido a partir del 01 septiembre del 2018, al eliminar cinco ceros al bolívar fuerte,  desvanecieron las prestaciones sociales, los fideicomisos, las cajas de ahorro, y los pasivos laborales, reduciéndolos a cantidades insignificantes. Un verdadero despojo, pendiente de su compensación.

  Diversas experiencias se encontraron para reducir las plantillas, algunas previstas en los propios convenios colectivos, con estímulos económicos. La concesión de estímulos extras fue creativa desde quien los ofrecía, como de quien los solicitaba. 

Los sindicatos aceptaron al final las suspensiones, con el mínimo de lesiones económicas para los trabajadores. Las empresas fueron diseñando y ejecutando compensaciones para aquellos que se mantenían activos. En el año 2019 se generalizó agregar divisas para estimular las renuncias, según antigüedad y jerarquía.  

-  ¿Hasta cuándo las remuneraciones estaban ancladas a los convenios colectivos?

¿Qué cambios experimentó la convención colectiva en esta etapa?

 - ¿Cómo responde la empresa para adecuar costos de personal con la baja de producción? 

15.  De la relación colectiva a la individualizada.  Con la no no renovación de los convenios colectivos ha ocurrido en todos los casos estudiados, sustituyéndose por actas de extensión, siempre con intervención de la Inspectoría del Trabajo en la primera ocasión. Esto ha dado pié a procesos de sustitución de la relación colectiva por la individualizada.

16-Modificaciones en el tiempo de trabajo.  Se han perdido horas-trabajo, sea por las reducciones, por las suspensiones, como la reducción del tiempo efectivo de trabajo. Las de turnos rotativos, los fueron dejando hasta quedar en uno solo, salvo los casos de trabajo continuo que es reducido a su mínima expresión. Encontramos casos de aumento de jornada para así reducir la presencia en la planta a solo tres o cuatro días semanales.

  En su pico, el ausentismo subió a niveles desconocidos, se entiende que las dificultades para la procura de alimentos, servicios, medicinas, eran argumentos incontestables.

  A los problemas de falta de materias primas, baja de ventas, acumulación de inventarios, se agregó el colapso de los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica y el transporte. Las empresas aprovechaban para reducir beneficios establecidos en los convenios colectivos.  

Respuestas del sector sindical industrial al entorno político y económico.

17- Nuevas realidades en el ámbito productivo, político y sindical. Ideología del gobierno no admite autonomías de los actores socio laborales. Por ello se los inventaba a su propia manera de entender el papel que debían de desempeñar. Considerando que el primer deber de los gremios y sindicatos es defender al gobierno, por encima de cualquier otro interés. Esto obviamente lleva a discrepancias, que pueden devenir en confrontaciones y desconocimiento, lo que tiende a tener mayores consecuencias y perjuicios para los sindicatos y gremios. La crítica de parte de los dirigentes a los actos del régimen los convertía en un adversario.

  Las tasas de sindicalización aunque oficialmente no se publican, fuentes reconocidas, como Encovi, señalan su notable disminución. El régimen promueve otras formas de representación y afiliación, en un momento inicial fomentó cooperativas, fracasó luego de pocos años, pero persistió fragmentado con los delegados de prevención y en los últimos años con los Consejos Productivos de Trabajadores.

  La ambigüedad en torno a los CPT se observa, en que por un momento se mostraban claramente como sustitutos de los sindicatos y de la lucha reivindicativa de los trabajadores, y en otro como expresiones de un oportunismo político. Nuestras investigaciones muestra que estos esfuerzos oficialistas por imponerlos han sido fallidos, y sin duda ahuyentan al capital, fragmentan a los trabajadores, aunque en ellos hay poca inclinación a esta figura, finalmente se conoce que en las empresas estatizadas que se desenvuelven cómodamente, no mejoran la producción. 

  En los 18 casos estudiados, tenemos que no existen juntas directivas en seis sindicatos, y todo ocurrido en el último par de años, directivos salieron por renuncia o por calificación. Además en tres de ellos tienen la junta directiva incompleta, dando lugar a desconocimientos y restricciones para ejercer regulares relaciones con los empleadores. 

  La edad de las empresas suman muchos más años que la de los sindicatos, una amplia mayoría de reciente data, un 72.3% nacieron en el mismo período del actual régimen bolivariano, lo que indica que fueron promovidos por el gobierno en procesos de paralelismo del año 2000 en adelante. Son sindicatos jóvenes que suplantaron a organizaciones de larga edad vinculados con los partidos que gobernaban anteriormente, y que no resistieron la euforia bolivariana en sus primeros años. No obstante esa juventud, es notable la corta edad que alcanzaron la mitad de ellos, un 50% en tal situación sea porque están sin junta directiva o incompleta, con dificultades de ejercer su representación.  

 Un sindicalismo organizado por  empresa requiere mucho más articulación sectorial y nacional, e igual vinculación con los escenarios donde se pueda incidir en los procesos de toma de decisiones que les afectan, como son de las políticas públicas nacionales,  sectoriales y regionales. Toda esa desarticulación  lo limita para  la construcción de respuestas acordes con las complejidades que se derivan del funcionamiento político y económico de estos años.     

18-  La pérdida de las convenciones colectivas. La pérdida de las convenciones colectivas, ocurre en primer lugar porque al ser de empresas, y éstas cerrar o paralizarse entonces muere o se congela el sindicato negociador y co administrador del convenio. Dadas las dificultades en el sector industrial en la presente etapa, hay condiciones expresadas en cláusulas que no tendrán aplicación, u otras que requieren ser adaptadas, pero también cabe la vigencia de algunas en la situación de suspensión.

 Ante la situación que no haya activo ningún miembro de la directiva sindical en la empresa, y si se trata de un sindicato de ese ámbito, es cierto que no hay con quién negociar en esa coyuntura, pero el sindicato sigue existiendo porque tiene afiliados. Tendrían ellos que renunciar a su afiliación. No es un acto que depende de la voluntad del empleador, sino de lo que los afiliados se planteen. 

  Los trabajadores cuentan con los sindicatos y los convenios colectivos como sus instituciones propias, en las relaciones de trabajo ellas son expresión de la bilateralidad. En una sociedad para su gobernabilidad existen acuerdos entre los factores de la producción, decimos el trabajo y el capital con el estado de regulador, para que se produzca, se genere riqueza, se distribuya y redistribuya la ganancia, para que se destinen medios para fortalecer el aparato productivo y la población trabajadora. Es el consenso nacional, que se reproduce en los sectores y ramas, y por supuesto en los centros de trabajo.    

19-  Acciones de protesta, restricciones, represión, resultados. Hasta antes del 2013, los reclamos laborales se realizaban por motivos convencionales: por pagos incompletos de prestaciones sociales, salario, horas extras, de vacaciones, de utilidades, de retención indebida de algún concepto; denuncias diversas sobre incumplimientos de la legislación laboral y otras normativas; finalmente había mas recurrencia a la AT, que actuaba con su favoritismo sindical bolivariano. 

En la medida que el país y los trabajadores llegaron a niveles de deterioros nunca conocidos, los móviles de la protesta laboral cambiaron; los más frecuentes han sido mantener el empleo y  oponerse al despido, exigen la reactivación del aparato productivo, solicitan aumentos de salarios independientemente del convenio colectivo,  y denuncian sus diversas violaciones.

La AT ha flexibilizado sus respuestas al reclamo patronal, estimula que empresas y sindicatos busquen acuerdos directos, hay sindicatos que se habían acostumbrado a que la AT estuviera siempre de su lado.

Las reacciones gubernamentales de asegurarse la gobernabilidad no permitió que los conflictos se extendieran a otros espacios y se prolongaran. La atomización y fragmentación sindical en la industria, como factor debilitante ante situaciones complejas como la presente, no han permitido dar respuestas suficientes para influir en reorientar en diversas instancias con influencia en la solución de los problemas de cierres, de apoyos, de regulaciones, de financiamientos.

20- Pandemia y confinamiento. Ya habíamos casi terminado las entrevistas y reuniones propias del trabajo de campo, justo cuando se inició la cuarentena convertida por dos prórrogas en noventena, y que paralizó a casi toda la industria, salvo parte de alimentos y determinados productos esenciales; lo que redujo aún más los registros de producción que habíamos recopilado, con todas las implicaciones laborales. De todas maneras las expectativas económicas que se avizoraban antes de la pandemia, eran cercanas a lo ocurrido en los últimos tres año un -15% del PIB, que parece será un poco más al evaluarse los efectos. Nos resta afirmar que es difícil encontrar un peor cuadro para la industria y los trabajadores. A Venezuela la encuentra la pandemia en una situación ya de catástrofe económica y social. Titánica la voluntad de quienes aspiran un mejor país con estas adversidades.