Poderes Públicos, Sindicatos y Violencia

Continuando con el análisis de nuestra interrogante ¿A que tipo de conflicto responde la violencia sindical? Nos detendremos en el análisis del tipo de conflicto entre los Poderes Públicos y Sindicatos.

Conviene tener presente la homogenización que en la última década caracteriza al conjunto de los distintos poderes involucrados. Es frecuente el señalamiento que destaca la inexistencia del clásico balance entre estos poderes, que todos responden a la voluntad presidencial. Que si no hay un llamado decidido del poder presidencial a actuar en una determinada área de estos otros poderes, estos no formulan acciones autónomas. Este elemento es relevante al observar la inacción de los poderes públicos ante el problema de la violencia laboral. En los últimos dos años, que acumulan más de cien casos de asesinatos, tan sólo en tres ha habido sentencia.

Es oportuno señalar que la sociedad ha venido perdiendo su confianza en los órganos de recepción de denuncias, investigación y de justicia. Por ello la aprobación del linchamiento en porcentajes cercanos al 70%, como lo revelan las encuestas del Observatorio Venezolano de la Violencia –OVV-. También ocurre, aunque cuesta mencionarlo, que el sicariato al haber alcanzado tal grado de difusión, sus contratantes entienden que hacen “justicia”.

La violencia en el medio sindical no ha sido atacada por las autoridades. Los casos que las autoridades judiciales han llegado a penalizar son aislados, y a pesar de la naturaleza de muertes por encargo en la mayoría de los asesinatos, son pocos los casos en donde las investigaciones policiales han dado lugar a la detención de los acusados del hecho material, y lo mas grave es que no se ha llegado a la identificación de los responsables intelectuales.

En 1998 por cada cien homicidios, se hacían 111 detenciones. En tanto en el 2009, por cada cien homicidios se realizan 9 detenciones. Por ello se habla de 91%de impunidad, con la concesión de que una detención no es sinónimo de juicio, sino de una averiguación que si no arroja resultados, el sospechoso o testigo queda libre (OVV).

Esta inercia de los poderes públicos lleva a la hipótesis que este problema es un conflicto tácito entre el Estado y el Sindicalismo; ya que el dejar hacer, el no hacer intervenir los poderes públicos, da lugar a interpretar, que se trata de una política de Estado, que en el fondo apunta al desprestigio del mundo sindical y la pérdida de adherentes buscando con ello su mayor subordinación y/o sustitución por otras formas de representación. De hecho el Estado ha promovido sistemáticamente el paralelismo sindical que fomenta la división y la violencia entre los trabajadores, así como otras formas de representación, cuya diversidad y complejidad amerita un análisis aparte.

También se ha querido soslayar y minimizar la situación, al señalarse como una “colombianización” del problema. Pero, lamentablemente en el vecino país, en donde la violencia verdaderamente existe y es de vieja data, pero tiene raíces diferentes. Y al menos hay una gran sensibilidad social y hasta internacional por el problema, hasta el punto, que el tema ha sido clave en dificultar la firma del tratado comercial Estados Unidos-Colombia, no obstante llevar consigo altos intereses económicos; así también es un elemento permanente de la agenda de la OIT, dando lugar al inicio en el 2006 de un programa de dialogo y varias medidas para combatir el problema – “Acuerdo sobre Libertad Sindical y Democracia”-, que incluye la instalación permanente de una misión de OIT coadyuvando a la solución del problema. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT informa de los adelantos, entre ellos el aumento de las sentencias condenatorias, la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. La Comisión sigue considerando bajo el número de de condenas, y que las sentencias que han sido dictadas sólo refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores.

De las tímidas acciones del gobierno, se registra un esfuerzo del Ministro Roberto Hernández, cuando estuvo al frente del Despacho del Trabajo en el 2008, quién promovió mesas de diálogo en la zona de mayor violencia sindical –Guayana-, de hecho puede apreciarse que para entonces se venía en el país, de 45 asesinatos en el 2005, 48 en el 2006, 29 en el 2007, y ese año – el 2008-, con ese modesto esfuerzo institucional, bajó a 19 casos de asesinatos, pero al abandonarse la iniciativa (cambio de Ministro, incluido; su estadía fue breve), en el 2009 se volvió a los niveles escalofriantes de 46 asesinados. Tanto antes como después no ha existido promoción del diálogo en esta materia. Además no hay que dejar de considerar, que el puro diálogo no resuelve el problema, pero al menos es el punto de partida. Eso si se convoca a los involucrados, y se asumen compromisos realmente institucionales.