sábado, 2 de noviembre de 2013

SE PIERDE LA CONVIVENCIA EN EL MUNDO LABORAL



Sobre Trabajo y Derechos Humanos se debatió en el II Congreso de Investigación de la Universidad de Carabobo. Muchas son las aristas que tiene un simposio con este título. De ellas abordamos la que consideramos más extrema e inquietante para el ámbito trabajo, referimos a la pérdida de la vida por la pura actividad sindical.

            Los datos que se han acumulado en víctimas de la violencia en este ámbito no guarda relación con el poco impacto que ha producido en diversos actores que tienen relación directa con el problema. Los trescientos sesenta y ochos asesinados entre dirigentes sindicales y trabajadores vinculados con actividades de estas organizaciones, en los ochos años que van desde el 2005 hasta el 2013, constituyen un problema que verdaderamente alarma el que no haya dado lugar a mayores reacciones.  Los datos provienen de entidades privadas (Provea, OVCS, Vicaría DDHH), con una alta sensibilidad y credibilidad para atender el tema de los derechos humanos. Aunque los entes públicos que les concierne el problema continúan ignorándolo. No hay registros en las Memorias del Ministerio Público, tampoco de la Defensoría del Pueblo, ni del Ministerio del Trabajo, ni de ningún otro Despacho o dependencia nacional relacionada. Si no hay registro, por supuesto mucho menos acciones. La impunidad en el país es alta, pero en estos casos es aún mayor.

En la oportunidad que le tocó al gobierno dar respuesta a este problema, con ocasión de reunión de comité especializado de la Organización Internacional del Trabajo, la respuesta gubernamental provino del Ministro de Relaciones Interiores y Justicia (al que luego se le agrego por cierto la palaba Paz): por cierto, no fue del Ministerio del Trabajo. Notable que el problema fue desestimado, más bien el representante oficial argumentó que la bonanza del sector en el construcción daba lugar a abundancia de empleos, buenos salarios y  condiciones de trabajo, y que los problemas de violencia no estaban asociados a la actividad sindical. Admitía apenas cinco casos para quienes la justicia estaba abocada.

La realidad es lamentablemente más ruda y dramática. El que haya sido minimizada por los entes estatales, nos recuerda que igual pasaba en Colombia en una primera etapa en la evolución de este problema y la búsqueda de medidas para contrarrestarlo. Las organizaciones que llevaban registros de estos casos, fueron descalificadas por voceros del gobierno de Alvaro Uribe. En este contexto La Escuela Nacional Sindical –ENS-, fue llamada “traficante de cadáveres”.. que ..”inflaba las cifras de homicidios contra sindicalistas con finalidades políticas dado que entre más muertos reporten, mayor cooperación reciben” acusaba Botero, Libardo (“El gran fraude. Violencia antisindical en Colombia? Historia de la conspiración contra el TLC”) . Hay que destacar que la ENS es una entidad que acumula una valiosa experiencia de investigación en el medio laboral,  cuenta con la colaboración internacional del sindicalismo de los EEUU, Canadá, España, Alemania, Finlandia, entre otros, lo que es decisivo en la construcción de un equipo profesional de alta calificación para emprender las investigaciones y llevar los registros necesarios para campañas tan delicadas y exigentes como las que implica disentir del poder estatal y empresarial.  Así como tener la proyección internacional para divulgar los estudios y sus conclusiones.  Sin embargo poco a poco estas organizaciones defensores de los derechos humanos y las propias entidades sindicales, fueron ganando la credibilidad nacional e internacional, y al final el gobierno reconoció una realidad inocultable, dando lugar al establecimiento de medidas que han permitido reducir el problema, aún cuando sigue existiendo violencia contra sindicalistas en alguna medida.  

En nuestro caso, ha de reconocerse que la fragmentación sindical da lugar a que las víctimas de la violencia en los medios sindicales reciben solidaridad de un determinado colectivo sólo si pertenecen a esa corriente, y hoy con tantas alternativas desenvolviéndose en los medios sindicales, las víctimas no llegan a recibir una solidaridad significativa, que se convierta en un movimiento efectivo de repudio, que haga que los entes públicos investiguen y tomen medidas efectivas que contrarresten este problema.

Igualmente hay que destacar que el grueso de la violencia que abordamos  es de naturaleza intra sindical, ya que ocurre principalmente entre facciones sindicales derivadas del extremado proceso de paralelismo sindical que se fomento desde la política oficial a partir del 2001.  Es un capítulo de la política laboral que es necesario discutirlo, evaluarlo y hacer las modificaciones que correspondan para un futuro mejor, porque ya el precio pagado en violencia es irrecuperable, en víctimas, familias destruidas, desplazadas y ambientes de trabajo en estado caótico. Ojalá no se repita en los espacios productivos, lo que ya se ve en otros espacios.. cárceles gobernadas por pranes, la calle por motorizados, barrios por pandillas. Vemos que los espacios productivos corren el riesgo de desplazarse hacia el gobierno de la violencia. El capital pierde, pero más pierde el trabajo.

El fenómeno perverso del paralelismo sindical es hijo de una política laboral que se instrumenta a través del registro sindical. Mecanismo del cual disfruta el gobierno para dar o no dar la credencial o matricula sindical. Es un poder que colide con los principios superiores de una genuina libertad sindical, que no requiere que exista tal dispositivo en manos del gobierno que coarte, interviene e intimida el libre desenvolvimiento de la libertad sindical. La experiencia de la violencia sindical extrema que hoy vivimos también es resultado de un manejo sectario y anti democrático del registro sindical.

@hl_lucena