LOS CONFLICTOS COMO EXPRESIÓN DE DEFICIT DEMOCRATICO

  Se vienen haciendo comparaciones entre la situación existente en el presente con la víspera y la emergencia del “caracazo” o “sacudón” del 27 y 28 de febrero de 1989. Está entendido y aceptado que aquel evento significó un quiebre del sistema por las magnitud y el desbordamiento de las protestas, que decían fundamentalmente que no se estaba dando respuestas a problemas muy sentidos de la población, como era el acceso a bienes y servicios en cantidad y en costos accesibles, además de un deficit de participación política; y por otro, lado significó un quiebre en el tratamiento militar por la severa represión aplicada para contener el desbordamiento social. 

  El sindicalismo mayoritario -CTV- de entonces reaccionó convocando a un paro nacional de un día contra las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos A Pérez, pero la mayoría de la dirigencia sindical subordinada al partido gobernante lo reorientó y lo hizo contra los especuladores. No se pudo desatar la dependencia partidista.

  El descontento que quedó del “caracazo” trajo consigo traumas que han pervivido ya por más de un cuarto de siglo. Inmediatamente a esos hechos se desataron otros de gran profundidad en la vida política del país, como dos alzamientos militares, una destitución de un presidente y la debacle de los partidos que habían gobernado por cuarenta años. 

  La nueva etapa que se abrió con los resultados de las elecciones de 1998 trajo propuestas que encantaron a las mayorías, e incluso ello se extendió más allá de nuestras fronteras en intelectuales y militantes en America Latina y en Europa. Y con mucho más razones, por dos fenómenos que se venían imponiendo con avances vertiginosos, como era la caída del socialismo real y el predominio del neoliberalismo sobre los esquemas desarrollistas y keynesianos, que habían dominado las políticas económicas post Segunda Guerra Mundial. Tal parecía que la aparición de la propuesta del socialismo del siglo XXI llegaba oportunamente, encontrándo seguidores aquí y en varios países de la región.

 Las protestas y en general los conflictos más genuinos son expresión de los sectores que no están en el poder.  Claro que desde el poder en situaciones de riesgo de su permanencia, apela discursivamente a la retórica del conflicto contra aquellos que identifica como sus enemigos externos e internos, y promueve movilizaciones, pero que no significan conflictos genuinos porque no demandan nada, sino que son barreras de contención en defensa del status quo. En la medida que la situación de los sectores populares vaya empeorando, los discursos sin hechos que los sustenten seguirán perdiendo su original efecto de identidad.

  A partir  de 1999 se vivió una efervescente etapa de protestas y movilizaciones que desde el poder estatal se atendían con interés y prontitud. La permisividad a las manifestaciones de conflictos se asociaban con la necesidad que la gente se expresara, ya que por un lado se trataba de corregir males endémicos y estructurales, y por otro ahuyentar a los reales y potenciales enemigos de los cambios en curso. Las protestas conseguían eco en los poderes estatales que las atendían. Reforzaba la retórica que enfatizaba el peso del poder popular.

  En lo electoral a todos los niveles se fomentaba la consulta. Se popularizaron los referendos en el ámbito sindical para dar respuesta a situaciones de existencia de más de un sindicato en un mismo ámbito de representación y negociación. Revolución bolivariana era sinónimo de elecciones y sus triunfos. Era invencible. Las elecciones son válvulas y espacios de expresión que le dan energía a un sistema socio político.

  En estos últimos tres años (2014-2016) tenemos la mayor explosión de conflictividad en la historia de la Venezuela moderna. Creíamos que la conflictividad opositora del 2002-3 era la máxima, pero ha sido ampliamente superada. Esas eran protestas políticas, pero estas de hoy son además económicas y sociales, es decir cubren todas las dimensiones, son atendidas por un espectro más diverso de segmentos de la población, están extendidas en grandes, medianas y pequeñas ciudades, no se ubican en una fecha dada como resultado de una convocatoria partidista opositora, surgen como en un terreno ya sembrado de semillas cuando empiezan a germinar las nuevas plantas. Se entiende que las semillas también fueron sembradas desde el poder, porque levantó expectativas y construyó una retórica para explicar las dificultades y las soluciones, que ha perdido conexión con la vida cotidiana.

  Pero resulta que ahora materializar las consultas electorales es un verdadero via crucis. Los órganos estatales en vez de facilitarlas, imponen obstáculos. Sean elecciones sindicales, universitarias, incluso refrendario nacional, todas encuentran ahora más y nuevas limitaciones. Se vence un periodo de una directiva y con extrema diligencia surgen obstáculos que impiden la renovación de los directivos vencidos, mientras tanto surgen restricciones para realizar la gestión cotidiana. Se impide con ello el ejercicio democrático que significa la consulta electoral, sea para confirmar una gestión o para dar oportunidad a otros.

   Lo expuesto como déficit democrático se trata de ser resuelto con el uso de la presencia militar, en un principio disuasiva, especialmente con todo el arsenal de equipos modernos que despliegan ante el público, pero eventualmente deviene en represora material. Y aún más, complementada con la presencia de civiles armados que se desenvuelven libremente como si fueran órganos del Estado, y peor aún, lo hacen ante quienes han sido facultados para tener el monopolio de las armas y del orden público. Hay que recordar que a todas las entidades públicas se las mantiene presupuestariamente con los recursos de la nación y las tributaciones de los ciudadanos, pero es para que sea un verdadero árbitro y no obstáculos a los ejercicios democráticos.

CONVIVENCIA y REINSTITUCIONALIZACION PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO

El trabajo construye riqueza para una sociedad, pero ello requiere el acompañamiento de convivencia e instituciones de consenso que funcionen, y que existan elementos que integren. En nuestro país se está ejerciendo la actividad laboral en condiciones donde no existen ejes integradores. Un importante eje integrador es una interpretación compartida del texto constitucional, y vemos que cada vez ello no se logra. De resultas, la actividad laboral más que riqueza y progreso, lo que apenas ayuda es a la sobrevivencia.

  Se vive en el centro de una tormenta. Marchas, movilizaciones, actos públicos que se convocan tanto desde el gobierno como de la oposición, unas veces para reafirmar y otros para cuestionar.  Ambiente de tensiones y hasta de provocaciones. Amenazas y advertencias. No todo apunta a favorecer el ambiente adecuado para el trabajo, para la creación y la innovación. Además, buena parte del tiempo y de la energía de los ciudadanos se va en la búsqueda de los bienes esenciales para la vida. Nos hemos alejado de la construcción de las respuestas para los desafíos que tienen las sociedades modernas. Ni siquiera se dialoga de verdad  para una convivencia democrática.

  La calidad de vida del venezolano se ha venido a menos. Ya no sólo se trata de las condiciones materiales de vida las que desmejoran, sino algo peor, el que las perspectivas y el futuro se ve complicado. 

  Se siguen buscando senderos para avanzar hacia un futuro mejor. Mientras tanto, muchos han optado por irse. No ha sido necesario que una guerra haya devastado ciudades y campos, como ocurrió con la diáspora europea post Segunda Guerra Mundial. Tampoco las cruentas dictaduras del cono sur que ahuyentaron a parte de la población, o una guerra donde guerrillas se convirtieron en ejércitos y se enfrentaron al gobierno con una respetable cantidad de efectivos y armamento -Colombia-. 

  Nuestra emigración masiva ha sido por la pérdida de oportunidades, por un lado la política económica tomó un camino que desperdició enormes recursos, desaprovechando las propias capacidades que ofrecía su gente y sus empresas. 

  Por otro lado, los recursos del país se desperdician en tanto predominen la exclusión y el sectarismo. Véanse cuanta parálisis productiva en el campo y en las ciudades como consecuencias de la práctica de esquemas que privilegian a unos en detrimento de otros. Conducir económicamente un país como poder omnipotente y supremo por encima de los productores, es desperdiciar sus experiencias y conocimientos.    

  El estado de la economía y de la difícil convivencia, plantea esfuerzos extraordinarios de re institucionalización en los años por venir. Desde el mundo del trabajo, algunas consideraciones previas que han de tenerse presente incluyen:

• Superar la pugnacidad y confrontación que caracteriza hoy la relación de quienes gobiernan, con sectores que tienen otras visiones de sociedad. Entender que el hecho de no compartir visiones no es ser enemigo. El ser venezolano o residente de esta tierra ha de acercar a las personas. No se justifica usar lenguaje descalificador por el hecho de tener perspectivas diferentes sobre la sociedad. Imponer una visión de sociedad es más convincente cuando la amplia mayoría de la población mejora sus condiciones materiales y espirituales, pero ello no está ocurriendo.

• Dentro de la compleja situación que vivimos hay sin duda violencia. Cierto que en contadas, determinadas y específicas áreas esta situación es un hecho -cárceles, algunas áreas mineras, ciertos espacios urbanos y rurales-, pero se estima que con los recursos legítimos de parte de quienes gobiernan se puede controlar y recuperar la paz en tales situaciones. Lo importante es planteárselo como objetivo, todo en el marco constitucional.

• A la sociedad le inquieta y preocupa el fortalecimiento de grupos armados del mundo del hampa, pero también se observa en la esfera de la política, en donde grupos civiles armados con visible padrinazgo e inclinaciones políticas participen en la represión de opositores. Importante destacar que a pesar la alta violencia general, no se ha logrado evidenciar que haya reacciones organizadas para enfrentar esta desviación en la acción política. Se confía en que tal situación no emerja, porque significa entrar en una espiral más complicada de resolver. Los países latinoamericanos que llegaron a esos extremos han venido saliendo, los casos más recientes El Salvador, Guatemala y ahora Colombia. Hoy, es anti histórico y regresivo que se pretenda resolver las discrepancias armando a la población civil. Y entonces ¿para qué son las instituciones?

• Para encarar situaciones como las identificadas en las anteriores viñetas es necesario re institucionalizar el país, que permita aclarar los papeles que distintos órganos del poder ejecutivo y particularmente el militar, el control policial, la administración de justicia y el llamado poder moral han venido desempeñando. Hay extensos sectores de la sociedad civil y de la ciudadanía que han venido perdiendo la confianza y la credibilidad de estos órganos. Es necesario que el ciudadano logre recuperar la confianza en el profesionalismo y la neutralidad de estos entes estatales.

• Los menguados niveles de producción que el país experimenta, son posibles de superar con los aportes del trabajo y del capital. Sin embargo, la difícil convivencia y el deterioro institucional no son favorables acompañantes para la reactivación productiva.   

  Nuestro esfuerzo de análisis ha sido y sigue siendo los estudios del trabajo, pero hay la convicción que el deterioro de hoy impone plantearse unas condiciones previas para que los hechos productivos y laborales, puedan disponer de un escenario que genere confianza para que el trabajo pueda llegar a ser efectivamente de mejora familiar y de la sociedad toda. 

SAQUEOS: Del neoliberalismo al estatismo

El año 1989 quedó en la historia moderna como el año de los saqueos, todos en dos días y en algunas pocas ciudades importantes del país. En lo que va del presente año la escasez se ha agudizado y junto a ello los saqueos, tanto de establecimientos públicos como privados, y unidades que transportan alimentos y en general productos escasos, además en ciudades grandes, medianas y pequeñas, y en todo el país. Así como en los saqueos de 1989 ha habido consenso en adjudicarlos a las políticas neoliberales de ese entonces, en los que van en curso, son por tanto, resultante de las vigentes políticas económicas.  

  ¿Quiénes son los saqueadores? Es la misma población que lleva largo tiempo experimentando incomodidades para abastecerse, pero advierte que cada vez las colas son más largas, por más horas y con menores resultados en lo que finalmente logra comprar. Sus expectativas son de incertidumbre.También, se agregan elementos que ven la oportunidad para bachaquear lo saqueado, en las colas de cada día convergen tanto personas que buscan sus alimentos, como otras que buscan productos para la reventa especulativa. 

  Igualmente la población observa que la escasez se presta para que a todos los niveles de la cadena productiva hayan mercados negros, desde el fabricante o importador hasta el detallista y consumidor. Las distintas políticas de control implementadas por el Ejecutivo no han alcanzado sus objetivos, ya que ocurren desviaciones, abusos, sobreprecios, y finalmente el consumidor, la población sufre con dificultades diversas, por un lado pagando sobreprecios por los productos, comprando lo que consiga en cantidades por debajo de sus reales necesidades y sin poder escoger características, además en ambientes de tensión donde igual se exponen las personas a inclemencias, incomodidades, robos, y hasta fraudes cuando la buena fe les lleva a ponerse en manos inescrupulosas por el desespero de conseguir lo necesario para alimentarse o curarse. 

  Ante tamaña problemática, desde el mes de abril, el Gobierno viene anunciando los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción -Clap-. Una nueva figura promovida por el Ejecutivo, quién afirma la existencia de decenas de miles en todo el país. Surgen íntimamente ligados al partido gobernante, y empoderados para controlar y distribuir los alimentos escasos. Su visible sectarismo político en su composición y funcionamiento avizora problemas adicionales de discriminación, ergo más confrontación; y por otro lado, sin garantías de solucionar el problema de alimentación que tiene la población.

  Mientras, el eje de la producción sigue desatendido, es decir los necesarios acuerdos entre productores a todos los niveles, entendiendo empresarios de las distintas fases de la cadena productiva, sin que falten los que disponen de la mayor capacidad tanto en el campo como en la ciudad. Así como los representantes genuinos de los trabajadores. Puede verse que quienes suelen participar son sólo dirigentes oficialistas, que actúan más como voceros y representantes del gobierno que de las bases laborales. 

Quienes hacen análisis desde el lado técnico advierten que las dificultades que hoy se están viviendo tienden a acentuarse ya que no hay decisiones acertadas, e incluso predominan las no decisiones, una situación verdaderamente inercial que ha venido conduciendo a la parálisis productiva.  

  La centralización de la economía, el exacerbado estatismo, carga con la responsabilidad del deterioro de la situación nacional, en donde no hay un indicador económico que se pueda exhibir orgullosamente. Hasta hace pocos años, el Gobierno al menos exhibía algunos indicadores sociales que compensaban los magros resultados económicos, como la reducción de la pobreza por ejemplo, destacado por la CEPAL. Igual exhibía un reconocimiento por parte la FAO, la organización de las Naciones Unidas para la alimentación, pero todo quedó atrás.  Apenas bajaron los precios petroleros, se derrumbó la ficción de progreso social y más bien hemos regresado a indicadores de pobreza y alimentación desconocidos en los últimos cuarenta años. 

  La pretendida planificación centralizada con la que se ha manejado la economía venezolana apareció gradualmente a lo largo del gobierno chavista, en algunos momentos con avances rápidos, como por ejemplo después del paro cívico y petrolero de diciembre 2002 y enero 2003, igual cuando la Asamblea Nacional quedó en manos exclusivas del chavismo (2005-2010). Pero se desconoce que todas esas decisiones desde el poder cupular de la revolución haya contado con sustento de esfuerzo intelectual resultado de centros de estudios, que a lo largo del tiempo hayan previsto las dificultades en las cuales se estaba llevando al país. Ha predominado la improvisación y el aprovechamiento de este vacío de principios, de ética y responsabilidad, más grave y notorio cuando se ha dispuesto de enormes recursos financieros, los más cuantiosos en la historia venezolana. Para peor, en todo esto la revolución nos ha endeudado con montos que pagaremos tanto la generación actual como quienes hoy son unos niños. 

  La población que busca desesperadamente soluciones a necesidades de alimentación, de salud y de empleo, ya no puede calificarse de opositora, ya que no es esta condición la que involuntariamente les une en acciones de desespero y alto riesgo, sino más bien el estado de extrema necesidad y al mismo tiempo el compartir la visión de incertidumbre por el caos con el cual vive el país en estos tiempos, que les hace prever que al ritmo que se desenvuelven los acontecimientos la calidad de vida de la familia seguirá bajando por un tobogán. Además es la población que ya no le cree a los anuncios gubernamentales, que repiten las mismas gastadas explicaciones y sin asumir responsabilidad por el desastre.

 Con los saqueos nadie gana, ni siquiera los saqueadores que rápidamente lo consumen o venden y vuelven a su misma condición de necesitados. Por supuesto que menos aún los saqueados, extremadamente grave aquellos que sólo disponen de esa tienda para vivir y los que ahí tienen su empleo. Pero para todos los clientes es un problema, ya que quienes tenían previsto ir a comprar en ese establecimiento, lo conseguirán cerrado.

LECTURAS DE UN GOBIERNO TEMEROSO DE ELECCIONES

 

  Un régimen que se planteó alcanzar el socialismo como forma de organización de la sociedad, contando para ello con la más extraordinaria riqueza que país alguno haya percibido, así como con un control casi total de los poderes públicos y una costosa maquinaria de propaganda e ideologización, pero luego de más de tres lustros los resultados de gestión no le permiten tener la confianza de ganar una contienda electoral nacional, e incluso con perspectivas de similares resultados en casi todas las elecciones regionales previstas para fines del presente año, así como tampoco perspectiva de ganar muchas de las elecciones en un área determinada como la  sindical, por ejemplo. De ahí el papel obstruccionista del CNE para que no se realicen elecciones sindicales en múltiples empresas o entes estatales.

 

 La abierta postura oficialista de impedir el referéndum revocatorio presidencial, impidiendo con ello el ejercicio de un derecho constitucional por el cual ha optado la oposición, vistas las dificultades para el funcionamiento democrático institucional y responsable entre el Ejecutivo y el Legislativo en ejercicio desde el principios de año. Los dos únicos poderes de elección directa por parte del soberano. Recordemos que los miembros del Poder Judicial, Electoral y el Moral -Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo-, todos son electos por procedimientos que se llevan a cabo en el ámbito del Poder Legislativo. 

 

  La postura gubernamental contraria al referéndum revocatorio tiene en sus explicaciones el que todo apunta a que difícilmente podrá evitar la derrota en las urnas. Por ello su objetivo es que no se realice la consulta, al menos en lo que queda del 2016, que es la que llevaría a convocar a una nueva elección presidencial. 

 

  Los resultados de las parlamentarias del pasado 6 de Diciembre del 2015, casi en la mitad del período presidencial, son de hecho un referéndum. En un régimen de tipo parlamentario, por ejemplo como el de España, con esos resultados hay inmediatamente un cambio de gobierno. En cambio, en un régimen presidencialista como el nuestro, se dispone de la figura del referéndum revocatorio. Estimamos que un ejercicio de gobierno sustentado en acuerdos ciertos de gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo hubiese sido una alternativa para evitar el referendum, pero vista la pugnacidad reinante es evidente que esta es una hipótesis descartada. Si ya el país estaba polarizado antes de las elecciones parlamentarias, en este primer semestre del 2016 la difícil convivencia entre el Ejecutivo y el Parlamento ha agudizado la polarización.   

 

 Recordemos que H Chavez también estimaba en un principio que los resultados del referéndum de aquel 2004 no le eran seguros. Recuérdese que ese no se planteó por resultado electoral alguno, sino por la crisis de gobernabilidad de abril 2002 -vacío de poder y golpe de Estado-. El gobierno corrió hábilmente su fecha hasta agosto del 2004, permitiendo recuperarse y vencer ampliamente a la oposición. Este resultado oxigenó política y electoralmente  a Chavez, que lo llevó a confiar en volver a promover un referéndum como lo hizo en el 2007 y 2009.  

 

  La revolución bolivariana había sido exitosa en promover y ganar elecciones, así lo demuestran los resultados desde 1998 hasta el 2015, salvo un par de resultados adversos. Con ese aval se mostraba orgullosamente tanto adentro como afuera del país.  

 

  La revolución bolivariana ha gobernado hegemónicamente, con una oposición en situación de permanente minoría. Es en este 2016, cuando le toca gobernar por primera vez con una mayoría parlamentaria que no controla, por cierto fenómeno que recién antes del primer triunfo de Chávez, estaba presente en el segundo gobierno de R Caldera. 

 

  Los pocos meses del intento de ejercicio plural en la política venezolana, al existir uno de los poderes públicos nacionales con mayoría opositora, han mostrado una manifiesta incapacidad del establecimiento bolivariano por conciliar y entenderse con opositores. Los triunfos en ámbitos regionales y municipales en los últimos años ya habían mostrado este talante. Así se desprende de haber creado gobernaciones o alcaldías paralelas en aquellas jurisdicciones donde el chavismo fue derrotado electoralmente.  

 

  En la Venezuela civil de 1959 en adelante se gobernaba por pactos entre partidos en los primeros tres lustros o gobiernos, ya que eran períodos quinquenales. Luego, con el primer gobierno de Carlos A Pérez se pasó a gobiernos de un sólo partido, así también fueron los que le siguieron, el de Luis Herrera, Jaime Lusinchi, y de nuevo, Carlos A Pérez. Con R Caldera -II- fue un gobierno multipartidista, la sorna criolla los llamaba el “chiripero” porque todos eran pequeños partidos. Importante destacar que el Poder Legislativo era un poder de convivencia entre las distintas alternativas partidistas. 

 

  La convivencia se viene tornando día a día más compleja. Por un lado la situación económica de crisis, con escasez de elementos indispensables para la vida, y una creciente implementación por parte del Ejecutivo de esquemas que no resuelven lo fundamental de las carencias como es revertir el modelo económico que permita recuperar la producción, sino que más bien se ponen en práctica medidas unilaterales sin discutirlo con quienes representan en este momento a la mayoría del soberano. 

 

  Todo luce como perseverar en una política de choques y confrontación, que evidentemente no contribuye a la salida a la crisis sino a su agudización. Tanto en la cuarta como en la quinta, el país asimiló que las salidas a las crisis han de ser electorales, y es anti histórico pretender resolver rehuyendo a ellas, y menos aún quienes llegaron al poder en elecciones respetadas y reconocidas por quienes tenían el control de los poderes.

 

        

 

CALIDAD DE VIDA: DEL PICO AL FOSO

  Las sociedades, comunidades, familias y personas, tienen un determinado nivel de calidad de vida, concepto que es complejo ya que implica condiciones económicas, sociales, políticas, de salud, y de ambiente natural.

  El nivel de la calidad de vida de los venezolanos alcanzó su pico en la segunda mitad de la década de los años 70, y luego, paulatinamente, fue desmejorando a lo largo de las décadas siguientes. Fue un desmejoramiento gradual, lo que permitía a las personas ir haciendo ajustes para adaptarse a las realidades que venían emergiendo. 

  Con los ajustes muchos lograban mantener sus niveles de vida. Muchos de estos, si se quiere, eran prácticas normales en otras sociedades, por ejemplo nos referimos al hecho de contar con dos ingresos en el hogar, ya no sólo el del hombre, sino aportes de ambos cónyuges; en las reivindicaciones gremiales vía los convenios colectivos se lograban mas beneficios para la reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente en temas como salud, acceso a los productos, comedores o bonos para alimentación, recreación y educación.

  Este período de mejoramiento continuado en las condiciones materiales del venezolano tiene en una primera etapa un gobierno no democrático, pero que promovió un desarrollismo efectivo en obras materiales, como fue el gobierno de la década de los años 50. Que luego se complementó en los años 60 y 70 con progreso social, manteniendo el mejoramiento de la infraestructura. Así que ahí están los treinta años dorados de la Venezuela moderna. 

  En la literatura sobre desarrollo en el mundo occidental, es frecuente la frase “los treinta gloriosos”, que se refieren casi a los mismos períodos que mencionamos para Venezuela. Luego vinieron en los ochenta y noventa turbulencias políticas y económicas que alteraron el ritmo evolutivo. El país dejó de crecer y mejorar, en algunos años se mantenía, pero en el balance desmejoramos en calidad de vida.

  Ahora queremos venir al momento presente que así como se hizo alusión al pico hace varias décadas, toca mencionar lo contrario, que sería la fosa en donde nos encontramos en cuanto a la calidad de vida de los ciudadanos. Veamos los distintos segmentos asociados al trabajo y los efectos en su calidad de vida por el deterioro sostenidos en varias décadas. 

  En primer lugar la débil situación de los salarios o ingresos por el trabajo realizado bajo condiciones de dependencia, los asalariados, sin duda la situación más extrema en cuanto a fragilidad ante los embates inflacionarios hasta el pasado año, pero hiperinflacionarios en el presente, es el segmento que ha experimentado el mayor deterioro en su calidad de vida. Aquí se incluyen sectores laborales de condición popular y de una medianamente desarrollada clase media que se constituyó por el avance en la educación y su inserción en actividades modernas. 

  Otro segmento que aglutina a densos sectores laborales con un marcado deterioro de su calidad de vida son los trabajadores en condiciones de independencia, pero íntimamente ligados a actividades llevadas a cabo por empresas de mediano y gran tamaño que también resienten la situación económica y han disminuido su actividad productiva, repercutiendo directamente en el recorte de actividad de aquellos independientes que giran alrededor de las anteriores. Aquí se incluyen los que venden los productos, los que surten de insumos, los que transportan, los que prestan servicios por ser actividades no centrales al negocio principal, ya sea en comedores, informática, seguridad, limpieza, servicios profesionales y gestiones diversos. 

  Entre los trabajadores independientes también se tienen a los que prestan sus servicios o venden sus productos al consumidor final, por tanto no forman parte de la periferia de otras empresas, hay una independencia más visible que el grupo del párrafo anterior. Sus condiciones de vida están atadas a que puedan conseguir los elementos para poder hacer sus bienes o prestar sus servicios, y ya ese es un problema central, porque la escasez los lleva a parálisis recurrentes, dejándolos inclusos sin ingresos, teniendo que comerse los ahorros o migrar a otras actividades. ¿Habrá mayor incertidumbre que esa?

  Una cuarta categoría son los rentistas privados. Aquellos que en sus años de mayor capacidad productiva ahorraron e invirtieron en propiedades inmobiliarias, o también  quienes recibieron de sus antepasados en herencia, bienes inmobiliarios o tierras que las rentaban y que de su administración lograban el sustento para vivir. Aquí hay un contingente importante de personas de la tercera edad. Su nivel de vida ha bajado, porque las propiedades para su alquiler están sometidas a regulaciones que los atemoriza, independientemente que sean de grandes propiedades o de modestas que apenas alcancen para vivir, las regulaciones y la manera de administrarlas ahogan la vida de quienes optaron en sus años más productivos por esta opción. 

  El segmento de los propietarios de empresas medianas y grandes, convencionalmente, es considerado el capitalista. Se sabe que al capital le importa, en primer lugar, la acumulación y la preservación de las propiedades. Capital que no logra acumular y no tenga capacidad de renovarse está destinado a sucumbir. Si bien, las propiedades son las que menos sufren en un ambiente inflacionario como el reinante, no es el objetivo central del capital preservar el valor real de las propiedades productivas, sino poder hacer con ellas lo suficiente para ampliarse. Hoy se cuentan por miles las empresas cerradas, y por cientos las que se han ido del país. Así que alrededor de ellas hay personas a quienes se les ha disminuido su calidad de vida. 

  Se asume en líneas generales que en cuanto calidad de vida se ha llegado al foso, y es por ello las turbulencias que hoy se observan a diario en materia política.

EMPRESAS TOMADAS Y SUBSIDIADAS

Sostenemos la tesis que la amenaza de “Empresa parada, empresa tomada”, para quién realmente debiera dirigirse es para las empresas que están en manos del Estado. Ya que son empresas mantenidas por los contribuyentes, entendido trabajadores, empresas privadas y consumidores, por tanto toda una sociedad carga en sus espaldas las consecuencias de la mala gestión, con el agravante que se suelen mostrar como modelos de eficiencia por puras razones propagandísticas e ideológicas. 

  Por años, estuvimos viendo propaganda que elogiaba los logros productivos de la fábrica de papel Invepal (antigua Venepal). Toda una ficción, como muchas otras que la brevedad nos impide describir. También, en la autopista regional del centro aún se mantienen paradas algunas vallas que hacen propaganda de empresas agrícolas de espacios que eran productivos, fueron expropiados o confiscados y que hoy están ociosos.   

  Recordemos que con la recaudación del Seniat tanto por IVA como ISR a empresas y personas, se obtiene cerca del 80% del presupuesto nacional, estimaciones del Superintendente del Seniat. Las empresas en manos del Estado, que no son productivas son subsidiadas por los Ministerios o entes estatales de adscripción, ya sea porque previamente los recursos están contemplados en el presupuesto nacional o porque se incluyen en créditos adicionales. 

  No se puede seguir repitiendo que es la renta petrolera la que subsidia, somos los contribuyentes que con nuestro trabajo y consumo le entregamos al Estado el dinero para que lo administre, esperando a cambio servicios públicos de calidad, y en cuanto a las empresas estatales, se esperan productos y servicios que lleguen a los anaqueles y que sean accesibles a los consumidores. Y si fuera la renta petrolera, como efectivamente lo fue décadas atrás con menor presión tributaria para entonces, tampoco justifica de ninguna manera, la administración errática de las propiedades de la Nación. 

  Al papá Estado lo mantienen los ciudadanos. Internalizar y estar convencido de esta realidad incomoda al establecimiento político tradicional venezolano, tanto en el régimen que ha gobernado en los últimos 17 años, como el anterior. Mas bien, buena parte de esos recursos se utilizan para convencer que el poder no es del ciudadano sino de los gobernantes. Elocuente es que entidades e instituciones que el Gobierno controla, ignoran decisiones de otro ente público que recientemente ha recibido un endoso mayoritario de apoyo ciudadano. 

  En un reciente estudio sobre las decisiones del TSJ, se constató que en análisis de casos de querellas entre los particulares y el Estado, se han dictado 45.474 sentencias en las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno. Los abogados Antonio Canova, Luis Alfonso Herrera, Rosa Rodríguez y Giussepe Graterol las analizaron una a una. Las conclusiones de la investigación están vertidas en el libro “El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013)”, y revelan que en ningún caso el máximo tribunal ha fallado en contra del oficialismo.

  Se tiene que decir que no se está cumpliendo con los ciudadanos contribuyentes. Peor aún, estamos viendo saqueos casi a diario, de establecimientos públicos y privados, así como de camiones y gándolas que transportan productos, todo un desespero de la población ávida especialmente de alimentos. No se puede dejar de mencionar que en algunos casos al lado de estos hechos también ocurren acciones vandálicas que se aprovechan del caos reinante. 

  Agreguemos a la situación de empresas tomadas hoy subsidiadas, que los propios trabajadores que venían prestando servicios en esas empresas, son desmejorados en sus condiciones de trabajo, en la mayoría de los casos están mal pagados, se les incumplen compromisos contractuales y legales. También se incorporan los nuevos gestores, que llegan con actitud de interventores, con nuevo personal de dirección y de confianza, que agrandan las nóminas con nuevas personas, y dificultan la convivencia productiva y laboral. 

  Por supuesto que esto no está desconectado de las políticas públicas a las que se ven sometidas esas empresas, en muchos casos se trata de que responden a criterios de gestión ajenos a los principios de organización y administración de empresas destinadas a producir, ya que en muchos casos los criterios ideológicos que animan a los gestores complejizan la viabilidad productiva y auto sustentable de las mismas. 

  Resultan contundentes las comparaciones que se hace inevitable comentar, que dada la postura hostil del gobierno nacional hacia el principal grupo empresarial industrial productor de alimentos -Polar-, resulta que en los distintos rubros en donde coexisten plantas en manos de ese grupo y también en manos del gobierno nacional, estas como resultado de empresas tomadas, los desempeños son  altamente diferentes, en términos de cantidad, calidad y eficiencia a favor de los primeros, a pesar que la misma hostilidad va acompañada de retrasos en asignaciones, excesivo número de inspecciones y campañas detractoras, que se hacen efectivas en entes estatales que tienen que ver con decisiones administrativas y judiciales de querellas propias de las actividades económicas. 

Contra todo este ambiente, resulta que el grupo privado logra objetivos y resultados que las empresas tomadas no logran alcanzar aún con el trato preferente.  La comparación anterior no significa per se que todo Estado ha de ser un mal administrador y que los privados sí lo son en todos los casos. Esa es una discusión que dejamos para otro momento. 

  “Empresa parada, empresa tomada” ¿Por que paran? las respuestas son variadas y en las políticas económicas hay una buena parte de ellas;  y ¿Para que tomarlas? no debiera ser para empeorarlas, pero mucho de eso es lo que ha ocurrido.