REACCION LABORAL ANTE UN SERVICIO PUBLICO COLAPSADO

  Una circular interna del pasado 7 de Febrero del presente año de la Presidencia de Ipostel, informando de la suspensión de los servicios a una gran cantidad de países por “problemas operativos”, puso en evidencia el colapso de esta institución. Los problemas que argumentaron los directivos, se justificaron que la suspensión era por exceso de correspondencia y encomiendas. De cualquier manera estamos ante un caso de fracaso operativo. 

  Cierto que los servicios de correos en tiempos de la sociedad de la comunicación han de re evaluarse. Las cartas y comunicaciones impresas vienen siendo sustituidas por la vía virtual de la World Wide Web -www-, lo que a su vez ha catapultado el intercambio comercial mundial de encomiendas y compras, en el e business. Nuestros servicios postales no se adecuaron a los nuevos tiempos. Hoy principalmente varias empresas transnacionales y redes de franquicias, han llenado ese espacio abandonado por el ente estatal. 

  Tanto antes del predominio de la www como en el presente, los servicios de correos tienen un enorme potencial de posibilidades de apoyo a los ciudadanos, a las comunidades y a las empresas. Un servicio de correos ejemplar es el del Reino Unido, que continua diligentemente con los servicios postales tradicionales, sus 11.500 oficinas en todo el país son espacios para resolver la diversidad de los trámites públicos: tránsito terrestre, pensiones, información de empleos, identificación, además de algunos servicios bancarios y de seguros. Este alto número de oficinas permite que un 99% de los adultos viven dentro del radio de no mas de 5 kilómetros de distancia de sus hogares. Es por lo que la mitad de la población adulta y la mitad de los pequeños empresarios del país, visitan semanalmente alguna oficina de correos.   

  Retomando nuestra realidad, el hecho laboral concreto del colapso es que finalmente los trabajadores de Ipostel reaccionaron y  han iniciado una huelga en 18 estados, al mismo tiempo denunciando las graves irregularidades cometidas por quienes dirigen el ente. Una de estas que evidencia el engaño y el fraude a los usuarios y al país, es como sigue: 

“Desde hace seis meses el presidente de Ipostel prohibió los envíos, y hay 35 toneladas de encomiendas represadas en los camiones que nunca salieron de aquí y a las que les ponen una calcomanía para hacerles creer a los clientes que el paquete fue devuelto en el país de destino.. para la devolución de los paquetes, el cliente debe hacer el reclamo y, luego de un engorroso procedimiento, se le obliga a cancelar un importe extra, desconociendo que esa persona ya había pagado para el envío que nunca se realizó. (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/denuncian-fraude-de-ipostel-en-envios-internaciona.aspx)

  Suponemos que esta huelga aún no es nacional porque en algunos estados, caciques locales atemorizan a pequeños núcleos de trabajadores que no se atreven al desafío. Es de suponer que este colapso moverá las fibras de este universo laboral de 6500 trabajadores activos y 2500 jubilados, que ven su futuro más oscuro que el presente. 

  El colapso de Ipostel hizo saltar a la superficie un hecho realmente extremo y hasta curioso, una convención colectiva vencida hace más de veinte años!!. Uno se pregunta ¿donde han estado las sensibilidades por los derechos de los trabajadores? El respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, y ¿que del nuevo bautizado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo?

  Nuestra institucionalidad es más retórica que real. Mucha protección a los trabajadores en los textos y en el discurso,  pero cuando el patrono es el Estado entonces ignoramos la retórica y las instituciones se disipan. 

  No deja de ser oportuno que este colapso sirva para llamar la atención de la debilidad de los trabajadores de Ipostel, los que aún organizados en sindicatos requieren del músculo de la solidaridad para emprender las acciones de defensa a la cual la situación de colapso los lleva, es decir las acciones y movilizaciones para sensibilizar a los entes que tienen en sus manos medios y capacidad de decisión para corregir la situación, así como sancionar y establecer responsabilidades, que son tantas que suele ocurrir que igualmente se diluyen, y  que las instituciones fracasan y colapsan pero finalmente no hay culpables ni responsables. 

  Es lo mismo que se observa en otros servicios públicos prestados por entes estatales, como son los casos de suministro de electricidad, de agua y de gas, en donde el colapso es un hecho, y que son entes que no se autofinancian, a pesar del monopolio con el cual son prestados los servicios. Destacamos que en ellos igualmente se observa un buen  nivel de organización sindical, que ante el caos y fracasos operativos vienen planteando sus justas criticas y demandas, pero lo que más bien da lugar es a la estigmatización de los dirigentes por parte de las jerarquías sindicales y políticas oficialistas.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

PRESTACIONES SOCIALES Y CAJAS DE AHORRO

Hay dos conquistas históricas de los ingresos de los trabajadores que forman un colchón para situaciones eventuales, que demandan erogaciones extraordinarias, como contingencias en salud, adquisiciones por deterioro de un bien del hogar, proyectos ligados al funcionamiento familiar, reparar vivienda o vehículo. Además son importantes para el período de retiro del trabajador. Estas conquistas son las prestaciones sociales y las cajas de ahorros.

  El salario es para el trabajador el ingreso para su subsistencia, y sólo cuando perciba incrementos que mejoren su salario real ello será para mantenerse en su condición y estatus socio económico. Hay que advertir que son muy pocos los asalariados que logran estos último. La política salarial finalmente en el mejor de los casos preserva el valor del salario, pero rara vez lo mejora, tal es el caso de los mejores empleos en empresas estables, cada vez instituciones mas extrañas en nuestro contexto. Pero la amplia mayoría de los asalariados experimentan una política salarial de desmejoramiento crónico, acentuado en tiempos de alta inflación.  

  De aquí que la vigilancia de las prestaciones sociales y las cajas de ahorros es un asunto delicado. Del estado emanan leyes que fijan reglas sobre su vigilancia y monitoreo, así como la entrega de informes, las responsabilidades, en fin el papel elemental de regulación estatal. Hay que subrayar que los procesos de construcción legislativa en estos temas tan sensibles a los trabajadores, no han contado ni hoy tampoco cuentan con procesos institucionales que realmente permitan la consulta y participación en un genuino marco plural de dialogo social.  

  Las prestaciones sociales que se van generando a lo largo de la vida laboral, tienen destinos específicos sea en los fideicomisos en la banca o su utilización como capital de trabajo en la empresa donde labora el trabajador. En ambos casos se remunera este capital un poco mejor que lo percibido por los ciudadanos ahorristas independientes en sus relaciones con la banca. 

  En la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral hay un número importante de reclamos sobre prestaciones sociales, pero más bien relacionados con el reconocimiento de si un trabajador tiene condición de dependiente o independiente, igualmente es frecuente lo relativo a la controversia sobre los elementos que forman parte del salario, cuales si y cuales no. Pero en general, reconocida la condición de trabajador dependiente, el sistema funciona. Los trabajadores tienen acceso a anticipos, retiros parciales, así como a los intereses de estos recursos. Al finalizar la relación de trabajo se hacen los ajustes y el trabajador se lleva sus reales. 

  Las cajas de ahorro son instituciones auto gestionadas por parte de los propios trabajadores, sencillamente porque son sus reales. Sin embargo en algunos casos se observa presencia de representación del patrono pero no en condición mayoritaria, el sentido de esta presencia se vincula con el hecho de aportar proporciones equivalentes o no, a lo aportado por el trabajador afiliado según lo que se indique en los estatutos o en los acuerdos. Pero lo sustantivo es la gestión propia de los asociados, lo que según el tamaño de la caja, es decir el número de afiliados, así como de los servicios que preste, puede requerir contratación de asalariados o de servicios externos para su funcionamiento, sin menoscabo de ninguna de las funciones y responsabilidades del equipo directivo de la caja y de su asamblea de socios. Hay que destacar que una caja de ahorros además de recibir los aportes, administrarlos y conducir la gestion de préstamos, tiene un potencial para proveer servicios conexos con la atención de necesidades fundamentales de sus afiliados.  

  Estas dos instituciones han de ser controladas por los propios interesados especialmente vía sus organizaciones colectivas, además de rendir cuentas a entes del Estado, por tanto con este doble control se espera su buen desempeño. 

  Las anomalías en el funcionamiento de los fideicomisos así como del capital de las prestaciones en manos de los empleadores, quedaría fácilmente en evidencia si un trabajador demanda un anticipo de prestaciones, o sus intereses en las fechas establecidas, o el total de las prestaciones sociales por terminación de la relación de trabajo y no lo recibe en el momento. Parte del art. 141 del Decreto LOTTT señala “Las prestaciones sociales son de créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”. Similar texto lo ofrece el art. 92 de la CRBV.  Resulta que este tipo de problema es mas frecuente en las entidades del estado, de aquí la contradicción que quién regula es quién falta y viola la ley. Por ello es de cuidado prestar atención a lo planteado por el Presidente de la República en reciente alocución -1 de Mayo- sobre estas instituciones que acumulan recursos financieros importantes aportados por los trabajadores de sus esfuerzos laborales.

  Algunas interrogantes que conviene sean respondidas por el gobierno y otros órganos del estado, incluyen: 

¿Cuanto se le debe en prestaciones a los servidores al servicio del Estado, tanto en capital como en intereses? 

¿Cual es el tiempo promedio que tardan las instituciones públicas en pagar al que egresa de sus nóminas? ¿Por que el retardo? 

¿Por que la lucha de los gremios universitarios por reivindicar la elaboración bipartita de una metodología de cálculo con los propios órganos técnicos como la Opsu, fue negada? Hoy se acumulan tensiones por las discrepancias en las metodologías entre los registros universitarios y los aplicados por el gobierno. 

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo ¿Tiene cada cotizante un estado de cuenta de su fondo? 

¿Que se ha hecho para corregir y penalizar el desfalco ocurrido en el Fondo de Jubilados de los Petroleros, de mas de 500 millones de US$? sólo se sabe de detenidos y sentenciados en los EEUU, pero no se conoce de medidas efectivas tomadas aquí en el país a responsables, ni tampoco la reparación a los afectados.

Estas preguntas son extensibles a otros órganos, como la Asamblea Nacional, la Contraloría, y a organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. Además de reclamar que los temas y preguntas como las expuestas han de ser incorporados a un debate en un ámbito de dialogo social plural y amplio.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena 

POLÍTICA ECONÓMICA y SALARIAL

En toda la política salarial que se sigue con quienes prestan sus servicios al Estado, el único procedimiento que se aproxima a preservar el poder adquisitivo de las remuneraciones es el de las Normas de Homologación, claro siempre que se ajusten los salarios a los índices del costo de vida. Lo que ciertamente sólo ocurrió en los primeros años de su vigencia en la década de los ochenta. Luego se han producido brechas entre las respuestas oficialistas y los índices del BCV, a pesar de la vigilancia gremial.

  Las negociaciones salariales del pasado año para el personal académico de las Universidades no se realizaron siguiendo la metodología vigente de las Normas de Homologación. Voceros vinculados al Gobierno llegaron a afirmar que estas no estaban vigentes, pero se ha demostrado que mantienen su vigencia. Evidentemente fue premeditado ignorarlas y así imponer un procedimiento diferente, a pesar de las observaciones que oportunamente se formularon desde el gremio docente mayoritario -Fapuv-, que no cesó en su reclamo en insistir se respetara el procedimiento vigente.

  Obviamente  la fortaleza gremial es una condición necesaria para que las brechas entre los índices de aumento del costo de vida y lo acordado se minimicen. Pero ha de reconocerse que existen problemas en cuanto a fortaleza gremial  se refiere, y ello es de carácter general más allá del ámbito de las universidades, es del sindicalismo del país. Se tiene entendido que las luchas por demandas salariales en el marco de una política económica sólo es posible en condiciones de una autentica autonomía y unidad, lo que históricamente ha sido posible en muy contados momentos de la lucha gremial. En el presente, la falta de autonomía lleva a los sindicatos a repetir consignas huecas e inmovilizadoras, y a prestarse para acciones más bien de fomento de diatribas inter-sindicales, prestándole un servicio a los patronos y lo peor un daño a las bases de afiliados.   

  Es importante llamar la atención de la importancia de una lucha gremial en el marco de una política económica, porque de lo contrario no hay garantías que se preserven los salarios y su poder adquisitivo, así como disponer, invocar y usar mecanismos expeditos de revisión y actualización. Si miramos que quienes producen bienes y servicios privados están ajustando sus precios al ritmo de la evolución económica, entendido como condición necesaria para su preservación como entidades productivas, lo mismo y exactamente igual vale para la fuerza de trabajo, hay que revisar sus condiciones de manera expedita, justa y equilibrada. 

 Una aspiración en las acciones gremiales en temas salariales es no subordinarlas a los esquemas de polarización existente en otros ámbitos de la relación Gobierno y Sociedad. Un ejemplo en este sentido es la cohesión que muestran los empresarios para reclamar sus aspiraciones ante las instancias estatales, como es la política de precios y cobro de deudas, es una sola voz.

  El gobierno por su parte dispone del ingreso petrolero que recibe en divisas duras, de los impuestos que le pagamos que son siempre crecientes, y de otras tasas que vienen expresadas en unidades tributarias indexadas anualmente, por tanto preserva buena parte de sus ingresos, además incurre en la impresión de dinero inorgánico, que hoy y a futuro le crea problemas a todo el mundo en el país como generador de inflación, aparte de incurrir cíclicamente en nuevas paridades cambiarías, que de hecho representan devaluaciones que sustraen poder adquisitivo a nuestros salarios. 

  A la política económica gubernamental no hay quien le ponga límites. Si bien no se maneja con predominio de criterios de mercado, tampoco se maneja con los límites de acuerdos y consensos con los productores reales como son empresas y trabajadores. Afortunadamente el único producto que se maneja con criterio de mercado es la venta y exportaciones de petróleo, que justamente por razones de mercado disfruta de un precio que nada tiene que ver con los costos de producción, sino más bien con la oferta y la demanda. Este cuadro determina que los limites de la política económica  son los problemas de gobernabilidad y desabastecimiento, con un continuado deterioro del tejido productivo y de la institucionalidad. El peor de los escenarios para quienes somos sus destinatarios.  

   Aparentemente a favor de los consumidores, si bien existen en algunos productos suministrado por empresas estatales que son subsidiados como la gasolina y el gas, y en algunas zonas la electricidad. Así también pasa con productos de varias empresas estatales, caso cemento, alimentos, agroindustria, cabillas, acero, aluminio, entre otros, suele ocurrir que se crean mafias en estas empresas y en la cadena productiva con conexiones y vinculaciones con personas de entidades estatales y privadas externas que se lucran promoviendo y sosteniendo un mercado negro, tanto para el mercado interno como externo, que a la postre determina precios elevados que sustraen dinero del salario de los trabajadores. 

  Las negociaciones salariales en un país con tan débil institucionalidad como es el caso nuestro, obligan a que ellas requieran de un esfuerzo titánico desde el lado de los trabajadores, esto pasa por apelar a las movilizaciones que tengan el tema salarial en el centro de las acciones, claro que vinculado con la política oficial. Recordemos que no existen mecanismos establecidos para que los trabajadores exterioricen su voz en esta materia. La negociación tripartita era un mecanismo alcanzado como conquista sindical pero que por años ha sido satanizado por el discurso oficial, pasa el tiempo y al día de hoy no ha sido sustituido por algún otro que de voz a los trabajadores.   

  Hay que reconocer que el país ha experimentado una intensa actividad movilizadora a partir de las protestas estudiantiles, que ha agregado a otros sectores sociales, cuyas consignas son de carácter más general que las referentes a los salarios. 

  Sin embargo el deterioro creciente y continuado de la situación económica nacional estimuló la organización y celebración de masivas marchas con motivo del 1 de Mayo en varias ciudades del país, donde destacaron la necesidad de reclamar la revisión y protección de los salarios como primera consigna. Por el momento son sólo consignas que no han logrado alcanzar un mínimo de institucionalidad en la esfera estatal; la que más bien se conforma con el sólo ajuste unilateral y desconectado de un proceso coherente de revisión del salario mínimo, por lo que gradualmente se viene convirtiendo más en el salario medio de la fuerza de trabajo del país, lo que deja contento al gobierno que lo anuncia convertido en inexistentes dólares a 6.30 como el más alto de América Latina. Los empresarios cómodamente lo asimilan porque no implica mayores compromisos y los trabajadores.. cada vez más pobres. 

hector.lucena@gmail.com          

@hl_lucena

DIFICULTADES EN LA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE EMPRESAS RECUPERADAS

  En la conmemoración y celebración del día del Trabajador vale considerar la situación de las muchas empresas recuperadas, y la difícil e inestable situación que viven quienes ahí laboran, así como sus proveedores y destinatarios de los productos y servicios para quienes situaciones de incertidumbre también repercuten en su fuerza de trabajo, por lo que se trata de un efecto ampliado que amerita su consideración. Hay que distinguir lo particular de estas situaciones porque son empresas que en manos de sus propietarios cerraron y abandonaron o las dejaron en estado crítico de funcionamiento, con saldos rojos en producción y económicos en general. 

  En visita a Montevideo tuve contacto con grupo de trabajadores involucrados en la conducción de empresas recuperadas, las que llevan varios años  de importantes esfuerzos por salir adelante. Hay que destacar que casi todos los gestores vienen del sindicalismo, o de la propia fuerza de trabajo de esas empresas que cayeron en bancarrota. Trabajadores que optaron entre privilegiar el reclamo de sus pasivos laborales y luego irse a buscar otros caminos, o luchar para defender la fuente de trabajo y persistir en la continuidad de la empresa. 

  Hay que resaltar que aquí en Venezuela son más los casos de empresas que han sido estatizadas, estando en plena normalidad o con un aceptable  funcionamiento. El gobierno estatizador lo justifica como una necesidad de controlar sectores que considera estratégicos, o en otros casos se trata de estatizaciones por retaliaciones, y aquí nos encontramos  las más diversas y en algunos casos con muy pocas razones económicas para tales decisiones. Con esto se destaca que hay frecuentemente más razones políticas  que económicas en las estatizaciones, que estas últimas razones son más bien subalternas. 

  Si es de particular relevancia destacar que en la mayoría de los casos de empresas recuperadas sea por razones de las identificadas en el primer párrafo, como de las que están explicadas en el tercero,  son puestas bajo la conducción de nuevos directivos y gestores, en donde no siempre son los trabajadores los que están a la cabeza, sino que los nuevos gestores son nombrados desde el gobierno y en muchos casos sin relación ni experiencia en la actividad productiva de la empresa en cuestión. Lo que amerita un esfuerzo de análisis y estudio, que muy poco se está haciendo, no obstante la relevancia que plantean estas experiencias y en particular la conducción, para contribuir a evidenciar las posibilidades de nuevas opciones de gestión y funcionamiento productivo, que trasciendan los modelos y las prácticas de la forma anterior que dio lugar a la bancarrota o las dificultades de funcionamiento. Esta distinción es importante, entender como empresa recuperada la que proviene de la bancarrota o de una situación de funcionamiento difícil y accidentado, de aquella que fue estatizada en condiciones normales de funcionamiento  productivo.

  Es importante destacar que el tema no es debatido suficientemente, ni el mismo forma parte de la agenda de organismos que deben velar por el buen uso de los recursos públicos, porque esa sería también la ocasión para identificar errores y enmendar  e incluso llegar a plantearse ¿que tan viable puede ser llegar a normalizar la empresa?. Todo esto conlleva análisis sociales, en primer lugar por los empleos en juego, pero también análisis económicos, para que se opte por alternativas que no se constituyan finalmente en problemas mayores para las finanzas públicas, que en definitiva son los aportes de los contribuyentes para contar con los servicios que el Estado les debe prestar.

  La inquietud más importante en principio en torno a las empresas recuperadas es su sobrevivencia y normalización. El tema es muy espinoso ya que son empresas que llegaron a paralizarse porque funcionaban en condiciones muy deplorables, y por tanto es un compromiso titánico regresarlas a la normalidad.

  Un problema común a las empresas recuperadas es el que los trabajadores más calificados abandonan el barco al ver señales inestables, lo que deja un vacío importante a la hora de reactivarlas. Lo otro es que el hecho de la parálisis produce un enorme desasosiego e incertidumbre, que no necesariamente es respondido de igual manera por el colectivo laboral. Se conoce que aquellos que vienen de una prolongada militancia sindical tienen mayores posibilidades de cohesionarse en la búsqueda y construcción de alternativas, igualmente  si tienen contactos políticos o ventajas para construirlos, ellos van a ser importantes para gestiones en instancias públicas que apunten a conseguir los apoyos y recursos para la reactivación. También ser parte de una organización colectiva es un espacio idóneo para ir monitoreando el desenvolvimiento de la empresa con anterioridad al colapso. Por supuesto que la dirección de la empresa lo vendrá haciendo incluso con las ventajas de la información confidencial privilegiada, y que no toda ella esta al alcance del sindicato, aún más cuando la organización es sólo de los operarios y al nivel de la empresa, como suele ser el modelo organizacional sindical predominante en el caso venezolano. 

  Llegado ya al momento del colapso de la empresa, digamos la parálisis productiva,  uno de los principales riesgos que obliga a poner en práctica una extrema vigilancia es la amenaza de vaciamiento y la vandalización de la empresa, de sus instalaciones y equipos. Lo primero como opción consciente y ventajosa de sus dueños, y lo segundo como dramática realidad social del entorno que ve en el abandono de un sede productiva la oportunidad para hacerse de bienes vendibles e incluso para contar con un techo y vivir. Contrarrestar estas dos situaciones es normalmente una opción de los propios trabajadores y sus organizaciones sindicales, por entender la importancia de preservar el centro productivo como garantía de sus reclamos laborales, y lo más importante como alternativa para lograr la continuidad de la fuente de trabajo. 

  Esta etapa de vigilancia y protección de las instalaciones productivas es de duración indefinida, sin horarios, sin descansos, sin feriados, es un sacrificio auto impuesto por los trabajadores organizados para la defensa de las instalaciones. En este lapso la fuerza laboral se integra y homogeneiza en un sólo cuerpo, que gradualmente clarifica sus objetivos de alcanzar los medios para que la fuente de trabajo no se pierda. 

Este punto de partida en la transición de empresa de propietarios capitalistas a propietarios trabajadores, abona a favor de que la reapertura se logre en condiciones de homogeneidad de intereses, lo que teóricamente abona a favor de contar con una mística y férrea voluntad para superar complejos obstáculos de la reactivación productiva. Por ello es un contrasentido que a estas experiencias el estado o el gobierno las condicione al imponerle una dirección con personas advenedizas, ajenas al natural proceso de construcción del proyecto socio productivo y sus propias identidades. 

Sociedad de la comunicación y déficit de debate

  Sin duda que la reunión entre gobierno y oposición transmitida en directo y en cadena nacional, con acompañamiento internacional es un hecho extraordinario en la vida del país. Complace que se nos permita ver y oír a aquellos que hablan en nombre del pueblo, del soberano, tanto del gobierno como de la oposición, especialmente verlos construir ideas, comentarios y proposiciones. Es lo menos que se le puede pedir a un dirigente. El déficit de debate se ha acentuado a medida que la atmósfera de su lugar natural como es el Parlamento ha sido escenario de atropellos de sus conductores o con su venia a quienes disientan.

  Es un lugar común afirmar que estamos en la sociedad de la información y de la comunicación a escala global, pero aquí en nuestro país cuán lejos se ha estado de esos paradigmas y realidades mundiales en estos años que los canales del Estado han estado secuestrados. Además qué atraso es el que para cada asunto de rutina administrativa del Ejecutivo se le imponga a la ciudadanía las cadenas de radio y TV, negándote el derecho a escoger oír o ver lo que quieras.

  Cuando Radio Caracas Televisión y Globovisión dominaban la captación de la audiencia en las ondas televisivas, y mantenían una posición crítica del gobierno, se argumentaba que las cadenas del Ejecutivo eran para alcanzar el equilibrio informativo. Hoy que no existe ningún canal que se pueda calificar de neutral, ya que son del gobierno abiertamente o actúan autocensurados y con temor, por tanto se afecta su misión de informar con amplitud a la sociedad, entonces qué sentido tienen las cadenas al menos para sustentar el equilibrio informativo.

  A lo anterior se agrega que empiezan a asignarse canales a corporaciones estatales o no, pero controladas por el pensamiento único dominante, tal es el caso del nuevo canal de la Fuerza Armada, ya en funcionamiento. Así como la anunciada Televisora Venezolana de los Trabajadores próxima a abrir, que se propone como el canal de la central oficialista promovida por el gobierno. Con estos orígenes estas nuevas televisoras presagian más instrumentos al servicio de un pensamiento que rechaza el pluralismo, y se presta para discriminar y excluir. Si fueran instrumentos informativos y comunicacionales para la pluralidad estaríamos en un caso de progreso y desarrollo, pero si se trata de reiterar lo que ocurre en VTV, es más bien una pena y una acentuación de la exclusión.

  Efectivamente que es un hecho positivo para el movimiento de los trabajadores contar con un canal televisivo para el uso y beneficio de la diversidad de pensamiento y propuestas que coexisten. Debates, formación, campañas, cultura, divulgación de sus acciones, en fin es una oportunidad para disponer de una herramienta prototipo de la sociedad de la información y de la comunicación. Hoy se impone con mayor razón la formación en línea, y para ello la televisión y el internet son aliados estratégicos. ¿Hay garantías de que esto sea así? No las vemos por ningún lado, de ahí la importancia de plantear la inquietud.

  En el último mes dos eventos vinculados con la crisis política de nuestro país en el seno de la OEA estuvieron marcados por el debate de determinar si la sesión fuera pública o privada. Uno, el análisis de la crisis a partir de planteamiento del Gobierno panameño y el otro momento era la intervención de la diputada María Corina Machado y otros representantes populares venezolanos. En ambos casos fue necesario dirimir en un ambiente tenso y de múltiples esfuerzos de cabildeo, si la sesión en cuestión fuera con presencia de periodistas y cámaras de TV. Los resultados fueron negativos a la aspiración de debate público.

  Con lo anterior queremos significar cuán importante es el debate abierto y público. Acumulamos un prolongado déficit de poder contrastar cara a cara planteamientos y propuestas. Por supuesto las partes en conflicto tienen múltiples oportunidades para el intercambio privado y confidencial, para decirse o plantearse lo que consideren. Pero ante la audiencia televidente al menos habrá un momento para que oigamos y veamos, es lo menos que nos merecemos en estos tiempos de la sociedad de la información y comunicación, en donde los ciudadanos a través de las redes sociales masificadas evalúan y diagnostican en tiempo real lo que se ve y oye. Igualmente es importante preservar esta conquista de la sociedad moderna, en permanente amenaza por las tentaciones autoritarias.   

DISENTIR E INTERVENCIONISMO EN LAS RELACIONES LABORALES

 Alcanzar y sostener un comportamiento democrático en el seno de las organizaciones de los trabajadores es un objetivo complejo. Por un lado la relación constructiva entre los altos dirigentes, los intermedios y de las bases del propio movimiento, así como con los afiliados supone una madurez y equilibrio entre sus diversos miembros,  que alcanzarlo implica vencer resistencias. Estas proceden de diversas fuentes, por un lado las organizaciones partidistas con sus visiones y perspectivas del papel que han de jugar estas organizaciones de los trabajadores, para acompañar el desarrollo y materialización de la ideología profesada por el partido. Téngase presente que un movimiento sindical democrático respeta las posiciones que política e ideológicamente tengan sus afiliados, ya que el objetivo central es la representación de todos. 

  Por otro lado los empleadores generalmente están interesados en contar con un sindicato confiable, amigable y hasta dócil para el alcance de las funciones propias de la actividad productiva. Finalmente los gobiernos, interesados en el apoyo pleno del movimiento a su estabilidad, al alcance de sus objetivos y a enfrentar a sus contrarios y críticos. Esto es aún mas complicado sin quienes gobiernan identifican a quienes disienten o piensan diferente, no solo como opuestos sino como enemigos.  

  

  Con lo anterior nos remitimos a una etapa que así como la actual, evidenció la dificultad en el propio seno del movimiento para el alcance de este equilibrio. Veamos que en los primeros años de la década del ochenta, consecuencia del conflicto ínter sindical se intervinieron sindicatos importantes como Sutiss (Sidor) y Sutrahierro (Ferrominera) en el Estado Bolívar, el interventor era el mismo movimiento sindical desde sus instancias superiores. Sutiss estuvo intervenido arbitrariamente por siete largos años, desde 1982 hasta 1989. El lamento de los interventores nacía del hecho que la victoria electoral en el sindicato, había sido alcanzado por una fuerza disidente que criticaba abiertamente a las cúpulas. 

  En el movimiento sindical de base se planteaban cuestionamientos a métodos poco democráticos en las relaciones entre las instancias nacionales y las locales. La Federaciones Nacional de los Metalúrgicos y la Federación Regional del Estado Bolívar fueron los verdugos de las organizaciones de base intervenidas. El verticalismo en el movimiento generaba protestas desde las bases que eran apagadas con controles, amenazas e intervenciones. Las reglamentaciones mismas de los organismos nacionales eran limitativas de la democracia sindical. 

  En este contexto las protestas de siderúrgicos y mineros fueron directamente hacia las altas esferas del movimiento sindical por su limitada democracia,  y dado que esta burocracia contaban con el apoyo de las empresas fueran privadas o estatales, la protesta de las bases repercutía entonces en sus patronos. Nuevas corrientes políticas deslindadas de aquellas comprometidas con el estatus sindical sea por acciones o por omisiones,  nacieron al calor de la protesta y efervescencia obrera, así como otras que apenas venían sobreviviendo encontraron espacios para dejar oír su voz.

  Los gobiernos de Acción Democrática y Copei tenían en el movimiento sindical cetevista un aliado, que había jugado un papel importante en la estabilización del sistema democrático en la década del sesenta, que en contraprestación había acumulado ventajas y prebendas que eran monopolizadas por los niveles directivos, lo que agregaba malestar en las bases, ello se fue manifestando más abiertamente a partir de los años que el país empezó a mostrar señales de enlentecimiento de su dinámico crecimiento económico entre 1961 y 1978. 

  Los agudos cuestionamientos a esta central procedentes del sindicalismo nacido en el seno de los trabajadores siderúrgicos, se hicieron notorios a partir del amplio triunfo electoral en Sutiss en 1979 y rápidamente se fueron generalizando. Su impacto en la zona de Guayana se tradujo en una revuelta laboral por la emergencia de alternativas a la hegemonía de la CTV. Además de la victoria en Sutiss en 1979, otros importantes triunfos fueron logrados por fuerzas emergentes en Alcasa y en Harbor, otra fuerza de la izquierda El Pueblo Avanza -EPA- logro sendos triunfos. A su vez la Causa R, además alcanzo un empate en Venalum. En las empresas básicas, tan solo en Ferrominera se mantuvo bajo mayoría de Acción Democrática. Del total de las bases obreras de esta zona, tan sólo el estatus sindical controlaba el 10%.

  Treinta años mas tarde, estamos en presencia de un cuadro que demanda cuestionamientos tan complejo o quizás mas que aquel encarado por la dirigencia de entonces. Uno de los más relevante es el que tiene relación con el modo como son dirigidas estas entidades productivas, que no lo son estrictamente con criterios de empresas sino como organismos cuasi partidistas. Lo que plantea discriminaciones por pensar o profesar posturas políticas e ideológicas diferentes a las del poder gubernamental, lo que determina consecuentes conflictos que abonan a mayores dificultades para el mismo alcance de los logros productivos. Convirtiéndose en un circulo vicioso de discriminación, reacción, represión, conflicto laboral y político, y finalmente retraso y parálisis productiva, y con ello menor producción y desabastecimiento. Esta lógica no es de una guerra económica determinada por fuerzas externas, pero si es un conflicto abierto que tiene como principales contendientes al Gobierno y a quienes viven del trabajo, organizados en su movimiento.  

   Por otro lado en la legislación que se relaciona con la vida sindical se han colado textos con deliberados propósitos de control estatal, aún mayores que los existentes treinta años atrás. De hecho hoy tenemos intervenciones masivas de las organizaciones y de la vida de los trabajadores, ya sea por los controles del Consejo Nacional Electoral, de la Administración del Trabajo, de mecanismos judiciales, del llamado Poder Moral y de la militarización de la vida civil, incluso con la venía de jefes sindicales oficialistas que anuncian entrenamiento militar y milicias obreras ¿para qué? y ¿contra quién?    

hector.lucena@gmail..com

@hl_lucena

GUAYANA: POBLACION LABORAL EN INCERTIDUMBRE

   Desde los años sesenta las empresas de producción de bienes básicos para el desarrollo industrial instaladas en la región de Guayana, iniciaron proceso continuado de crecimiento y contribución al desarrollo tanto de la propia zona como del resto del país. Interesa mirar este proceso desde la perspectiva laboral. Entendiendo que así como el ya más antiguo desarrollo petrolero generó consecuencias laborales modernizadoras, por los impactos que una actividad para entonces inédita trajo para el país, y que luego se expandió a otras regiones, por lo que algunas de sus experiencias e instituciones se replicaron y fueron adoptadas en las relaciones de trabajo de otras actividades productivas.   

  Para la mejor comprensión de lo indicado es importante identificar el funcionamiento y características de las relaciones de trabajo en una región determinada y particular, y algunos de sus impactos más allá de la misma región.

  Es entendido que en el país hay un sólo marco regulatorio que tiene alcance nacional, hay unos entes nacionales que dirigen las políticas públicas en materia de trabajo, hay unas organizaciones representativas de los actores socio laborales que responden a lineamientos que provienen de sus organismos de dirección nacional. Los entes empleadores reciben sus más importantes directrices desde el alto gobierno si son estatales, o de su alta gerencia si son nacionales y su cabeza funciona en la capital como sucede con la mayor parte de las empresas de gran tamaño. Igual ocurre con las transnacionales que funcionan bajo orientación y dirección desde sus casas matrices, no importa cuan lejos estén. Total las relaciones de trabajo están bajo la influencia de una perspectiva centralizadora. 

  No obstante lo anterior las regiones tienen perfiles que han de ser tomados en cuenta para conocer mejor su funcionamiento laboral. Esos perfiles responden especialmente a cual es el tipo de actividad productiva predominante, en sus niveles tecnológicos, en su propiedad y organización, así como cuales son los componentes humanos que laboran en ella y su grado de organización colectiva,  y en cuanto al contexto,  el tipo y la naturaleza de las fuerzas sociales más influyentes en la región. 

  Igual es importante tener presente los procesos que dieron lugar al nacimiento y desarrollo de las relaciones laborales. Es entendido que las empresas al nacer o ser creadas son la resultante de proposiciones de quienes son sus iniciadores, y en el camino se topa con otros actores que inciden en que las decisiones pasan de unilaterales a bilaterales, tripartitas o multipartitas incluso. En este proceso es muy importante tener presente a los de abajo, a sus resistencias, respuestas y aportes. Estos cuentan igual con sus proyectos, que son menos explícitos que los vinculados con los empresarios y los gobiernos, pero que en tanto se constituyan en organizaciones  autónomas a partir de la condición de trabajadores se identifica una vía para expresarlo. En un escenario como el que planteamos, estamos hablando de aquellos que viven del trabajo,  que es un concepto que incluye a la tradicional clase obrera, la de braga azul y casco, pero que los procesos productivos han expandido a categorías de mediana y alta calificación que otrora se les ubicaba como cercanos  de los empleadores. 

   La fuerza laboral que conforman las empresas básicas proviene no solo de la misma Guayana, sino de todo el país, así como del exterior. El fenómeno de atracción humana que esta región representó durante varias décadas la convirtió en un ámbito con rasgos cosmopolitas como fue Maracaibo, por la explotación petrolera,  en su momento. Todos en el país recordamos el boom de atracción de personas de muchos lugares en tiempos que se ampliaba la capacidad productiva de Sidor, a mediados de los años setenta.  

  En estas empresas ocurrieron interesantes experiencias de relaciones laborales, que fueron originales y contribuyeron a enriquecer el patrimonio de este campo, y acompañaron el mejoramiento productivo y el bienestar de la población laboral. Entre ellos un continuado desarrollo y respeto a la libertad sindical, con sus correspondientes accidentes propios de las dinámicas políticas, y derivado de ello la extensión y mejoramiento de las condiciones de trabajo vía negociaciones colectivas y prácticas de gestión de recursos humanos que mejoraron la calidad de vida de los trabajadores y su familia.  Sin embargo en los últimos años se observa más bien el predominio de dificultades en la convivencia laboral que no encuentran salidas. 

  Por supuesto esto no es ajeno al deterioro de las capacidades productivas que son en primer lugar las que posibilitan la progresividad de las condiciones de trabajo. Esto lleva a plantearse cuanta vigencia tiene el presente modo como estas empresas son administradas. El haber pasado de ser la segunda fuente de generación de divisas para la economía del país, a la de organizaciones productivas en situación critica que no se sustentan con todo el esfuerzo de buena parte de la población trabajadora, por sometimiento e imposiciones gestoras no participativas que estrangulan sus posibilidades, por lo que requieren de subsidios para funcionar, esto les plantea un oscuro panorama a todos los que ahí trabajan y tienen vínculos con estas empresas.  Para ellos reflexionar, reconocer realidades y liberarse de esquemas fracasados de conducción son opciones de sobrevivencia.