La grave crisis que experimenta el movimiento de los trabajadores empieza a dar lugar a necesarias reflexiones que apuntan a procesos de legitimación, aunque deseable y necesario sería un proceso más profundo como el de una refundación. Conviene distinguir entre legitimación y legalización. Este último refiere a la tramitación burocrática requerida según las regulaciones establecidos en la institucionalidad vigente; en tanto la legitimación privilegia para las organizaciones de masas, el someterse al escrutinio e interpelación por parte de los representados en condiciones llanas y democráticas.
Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.
En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegitimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum –dic. 2007-, la cual no fue aprobada. Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular – art 8-. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.
La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.
El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estimulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción. Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.
Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.
El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.
En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legitima.
Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.
Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores.
domingo, 13 de febrero de 2011
domingo, 6 de febrero de 2011
ACUERDOS O IMPOSICION EN LO LABORAL
El centro de interés de las Relaciones de Trabajo es el estudio y el análisis de la convivencia de los actores que representan al capital y al trabajo en los ámbitos productivos. La actividad productiva demanda capital y trabajo para su ejecución. Con el primero se alude a la propiedad. Los bienes, las instalaciones, los equipos, las marcas, los registros, pertenecen a alguien. Puede ser una persona natural o jurídica, una familia, un colectivo de propietarios ausentes o presentes, el Estado, sea en su expresión nacional o local, o cualquiera combinación de los anteriores. En todo caso hay responsables, hay dolientes, hay a quién rendir cuenta. Un tanto aparte, porque requiere un análisis específico, se tiene a la Propiedad Social, sobre la cual hemos prestado atención en varias oportunidades en esta misma columna.
Con el trabajo, las opciones a tener presente corresponden a las categorías que conforman la fuerza de trabajo. Se tiene en primer lugar a los segmentos que suelen ser los mayoritarios, que son los trabajadores directos, los que realizan las actividades operativas básicas de la empresa, y por otro lado, no menos importante, los trabajadores indirectos, que prestan apoyo a la actividad de los primeros. En este último se ubican los profesionales, técnicos, administrativos. Finalmente hay una capa gerencial, que normalmente representa a los propietarios, pero que también desarrolla aspiraciones e intereses propios. Los dos segmentos previos desarrollan determinada capacidad de organizarse gremialmente, pero no pasa así con el tercero.
En la fuerza de trabajo no hay que dejar de tener presente aquellos segmentos llamados los tercerizados. Se trata de trabajadores que en muchos casos fueron de la nómina de la empresa central, y luego transferidos a un tercero, normalmente otra empresa de menor tamaño o con un grado de especialización en la actividad que realiza. También la denominación de tercerizado, proviene de los ámbitos manufactureros, es decir el sector secundario, que siguiendo un esquema determinado de competitividad, lleva a expulsar trabajadores de la nómina de esas empresas del secundario, para que sean absorbidos por empresas del sector servicios o terciario, lo que también da sentido a la denominación en cuestión.
El objetivo de lograr condiciones adecuadas para la convivencia productiva entre capital y trabajo no es nada sencillo. Los intereses de uno y de otro no son siempre coincidentes y la armonización no es natural. Alcanzar el punto de equilibrio para que el desarrollo productivo se produzca en condiciones de satisfacción para ambas partes, ya que brinde los resultados que den rentabilidad al capital y calidad de vida al trabajo es un asunto bien serio y nada sencillo. Indispensable agregar que también hay que dar satisfacción a los destinatarios (clientes, usuarios, consumidores) de estos bienes y servicios, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. Ello se complementa con la intervención estatal que promueve políticas de desarrollo económico y social, que vigila y media para facilitar el funcionamiento de este complejo engranaje.
La reflexión anterior es oportuna porque se observan dificultades crecientes en el funcionamiento de este campo. Para las Relaciones de Trabajo son esenciales los acuerdos. Se admite que los acuerdos no son inmutables. Es decir, los que se construyen en una etapa dada, no necesariamente son válidos para un lapso indefinido. Los actores y los contenidos logrados en dichos acuerdos, han de dar respuesta a las personas, al desarrollo productivo y a la sociedad. Para ello han de establecerse mecanismos de funcionamiento y evaluación. También es importante tener presente que los acuerdos no tienen que ser formales, con documentos firmados y sellados para todos los asuntos. Lo que importa es reconocer al otro, admitir su legitimidad y representatividad. Contrario a los acuerdos existe la imposición, con las consecuencias de rechazo y conflictividad que ello trae, amén de la falta de logros en el ámbito productivo, que es como decir calidad de vida de la sociedad en general.
A propósito del interés de nuestro país en ingresar al Mercosur, que se ha tornado complicado y largo, vale mencionar que los tres miembros más desarrollados como son Brasil, Argentina y Uruguay, en ellos funciona lo que hemos señalado, el reconocimiento y los acuerdos entre los actores fundamentales del capital y del trabajo. Si bien estos países han tenido etapas de fracturas y autoritarismo, en donde el reconocimiento, particularmente de las organizaciones de los trabajadores fue ignorado, desde la vuelta a la democracia una característica es la fluidez entre las organizaciones representativas y el desenvolvimiento del país, con mejoras sustanciales en la calidad de la vida y de las metas productivas.
Con el trabajo, las opciones a tener presente corresponden a las categorías que conforman la fuerza de trabajo. Se tiene en primer lugar a los segmentos que suelen ser los mayoritarios, que son los trabajadores directos, los que realizan las actividades operativas básicas de la empresa, y por otro lado, no menos importante, los trabajadores indirectos, que prestan apoyo a la actividad de los primeros. En este último se ubican los profesionales, técnicos, administrativos. Finalmente hay una capa gerencial, que normalmente representa a los propietarios, pero que también desarrolla aspiraciones e intereses propios. Los dos segmentos previos desarrollan determinada capacidad de organizarse gremialmente, pero no pasa así con el tercero.
En la fuerza de trabajo no hay que dejar de tener presente aquellos segmentos llamados los tercerizados. Se trata de trabajadores que en muchos casos fueron de la nómina de la empresa central, y luego transferidos a un tercero, normalmente otra empresa de menor tamaño o con un grado de especialización en la actividad que realiza. También la denominación de tercerizado, proviene de los ámbitos manufactureros, es decir el sector secundario, que siguiendo un esquema determinado de competitividad, lleva a expulsar trabajadores de la nómina de esas empresas del secundario, para que sean absorbidos por empresas del sector servicios o terciario, lo que también da sentido a la denominación en cuestión.
El objetivo de lograr condiciones adecuadas para la convivencia productiva entre capital y trabajo no es nada sencillo. Los intereses de uno y de otro no son siempre coincidentes y la armonización no es natural. Alcanzar el punto de equilibrio para que el desarrollo productivo se produzca en condiciones de satisfacción para ambas partes, ya que brinde los resultados que den rentabilidad al capital y calidad de vida al trabajo es un asunto bien serio y nada sencillo. Indispensable agregar que también hay que dar satisfacción a los destinatarios (clientes, usuarios, consumidores) de estos bienes y servicios, tanto en cantidad, calidad y oportunidad. Ello se complementa con la intervención estatal que promueve políticas de desarrollo económico y social, que vigila y media para facilitar el funcionamiento de este complejo engranaje.
La reflexión anterior es oportuna porque se observan dificultades crecientes en el funcionamiento de este campo. Para las Relaciones de Trabajo son esenciales los acuerdos. Se admite que los acuerdos no son inmutables. Es decir, los que se construyen en una etapa dada, no necesariamente son válidos para un lapso indefinido. Los actores y los contenidos logrados en dichos acuerdos, han de dar respuesta a las personas, al desarrollo productivo y a la sociedad. Para ello han de establecerse mecanismos de funcionamiento y evaluación. También es importante tener presente que los acuerdos no tienen que ser formales, con documentos firmados y sellados para todos los asuntos. Lo que importa es reconocer al otro, admitir su legitimidad y representatividad. Contrario a los acuerdos existe la imposición, con las consecuencias de rechazo y conflictividad que ello trae, amén de la falta de logros en el ámbito productivo, que es como decir calidad de vida de la sociedad en general.
A propósito del interés de nuestro país en ingresar al Mercosur, que se ha tornado complicado y largo, vale mencionar que los tres miembros más desarrollados como son Brasil, Argentina y Uruguay, en ellos funciona lo que hemos señalado, el reconocimiento y los acuerdos entre los actores fundamentales del capital y del trabajo. Si bien estos países han tenido etapas de fracturas y autoritarismo, en donde el reconocimiento, particularmente de las organizaciones de los trabajadores fue ignorado, desde la vuelta a la democracia una característica es la fluidez entre las organizaciones representativas y el desenvolvimiento del país, con mejoras sustanciales en la calidad de la vida y de las metas productivas.
domingo, 30 de enero de 2011
DELEGADOS DE PREVENCION: FOMENTO Y FRENO
Una de las características de la política laboral en los últimos años, ha sido la puesta en práctica de mecanismos que fragmentan a los colectivos laborales. En esta ocasión se aborda una de las aristas de la variada constelación de procesos fragmentadores: los Delegados de Prevención y de los Comités de Salud y Seguridad Laboral –CSSL- o Comités de Higiene y Seguridad Industrial. La reforma de 2005, dio impulso a esta nueva forma de representación de los trabajadores. El art. 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones, y Medio Ambiente del Trabajo –Lopcymat- “Los Delegados y Delegadas de Prevención son representantes de los trabajadores y las trabajadoras en la promoción y defensa de la seguridad y salud en el trabajo...”.
Un primer elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral, y no del desarrollo autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de políticas disociadas de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.
Los Delegados de Prevención han sido objeto de una privilegiada atención por parte del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral –Inpsasel-, dependiente del Minpptss. Se encarga de sus procesos de formación, capacitación y coordinación. La Memoria del Minpptss (2009) reporta que en tan sólo cuatro años se habían organizado 35.621 CSSL y 111.584 Delegados que recibieron formación y acreditación.
La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten “José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado Inpsasel que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una formación integral de los empleados” (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95 % la inspección se dirige hacia las empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población laboral. También se ha señalado que "Los comités funcionan como consejos de trabajadores que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos" -Pablo Castro, El Nacional, 2-10-08, p.8-
El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel, “por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además la obligación de presentar “Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-.
El segundo elemento a destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención; la legislación le otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso. Areas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas.
El papel del Delegado de Prevención en el proceso productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53 Lopcymat-.
Un elemento a favor de la representación, es que los Delegados tienen presencia independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “Hasta diez (10) trabajadores… un delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y solapamientos entre una y otra organización.
Está pendiente profundizar en los impactos de esta figura representativa. A quién ha servido más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su fomento oficial.
Un primer elemento a destacar es que su fomento proviene de la política laboral, y no del desarrollo autónomo del movimiento de los trabajadores. Cierto que desde la primera se pueden fomentar políticas que contribuyan al desarrollo del segundo. No se juzga negativamente que por ser una política promovida desde el Estado, ella tenga efectos negativos en el movimiento de los trabajadores. El problema que se destaca es el carácter fragmentador de políticas disociadas de este movimiento. Interesante sería si desde el movimiento se produce una articulación con las políticas públicas para el fomento de determinado propósito.
Los Delegados de Prevención han sido objeto de una privilegiada atención por parte del Instituto Nacional de Prevención y Seguridad Laboral –Inpsasel-, dependiente del Minpptss. Se encarga de sus procesos de formación, capacitación y coordinación. La Memoria del Minpptss (2009) reporta que en tan sólo cuatro años se habían organizado 35.621 CSSL y 111.584 Delegados que recibieron formación y acreditación.
La formación tiene componentes técnicos, políticos e ideológicos. Se señala que predominan ampliamente estos últimos. Delegados de Prevención lo admiten “José Fermín, delegado de Orinoco Iron, defendió el plan de formación que ha llevado Inpsasel que -aunque tiene un alto componente político- ha logrado crear una formación integral de los empleados” (El Correo del Caroní, 15-12-09). Por otro lado, en investigaciones sobre la inspección se ha determinado que en un 95 % la inspección se dirige hacia las empresas privadas, soslayando al sector público en donde labora el 20% de la población laboral. También se ha señalado que "Los comités funcionan como consejos de trabajadores que vigilan políticamente a sus compañeros de trabajo y a los patronos" -Pablo Castro, El Nacional, 2-10-08, p.8-
El intervencionismo del Ejecutivo en la actividad de los Delegados y los Comités mencionados, se manifiesta a partir de su propia constitución, que puede partir del Inspsasel, “por medio de sus funcionarios o funcionarias, y los Inspectores, o Inspectoras y Supervisores o Supervisoras del Trabajo quienes podrán convocar a las partes a realizar las actuaciones necesarias para su constitución” –art 49 Lopcymat-. Además la obligación de presentar “Plan de Trabajo” e informes periódicos de sus actividades - Art 46-.
El segundo elemento a destacar es el amplio contenido de las actividades realizadas por los Delegados de Prevención; la legislación le otorga facultades que incluyen condiciones y medio ambiente de trabajo, tiempo de trabajo, los programas e instalaciones para la recreación, utilización del tiempo libre y descanso. Areas de acción propias de los sindicatos, sobre las cuales históricamente han acumulado un patrimonio de conquistas.
El papel del Delegado de Prevención en el proceso productivo va más allá del poder sindical, incluso tienen facultades en dar autorización y promover la paralización del trabajo, ya que dan el visto bueno a los trabajadores cuando ejerzan su derecho a rehusarse a trabajar, alejarse de una condición insegura o interrumpir una tarea o actividad de trabajo para proteger su seguridad y salud laboral -numeral 5 art. 53 Lopcymat-.
Un elemento a favor de la representación, es que los Delegados tienen presencia independientemente de la existencia de sindicatos o del tamaño de la empresa, por tanto en numerosos casos su presencia viene a jugar un papel sindical, especialmente en las pequeñas empresas sin sindicato. Se exige que en empresas de “Hasta diez (10) trabajadores… un delegado de prevención”. Pero también en donde los hay, frecuentemente se producen roces y solapamientos entre una y otra organización.
Está pendiente profundizar en los impactos de esta figura representativa. A quién ha servido más ¿a los trabajadores, a pesar de la fragmentación? ¿a quienes se inclinan por la confrontación con el sector privado? Su accionar en el sector público ha sido más comedido, y a pesar de la alta morbilidad y accidentabilidad en su seno, apenas empiezan los Delegados a actuar, se levantan oposiciones que contradictoriamente limitan su papel, a pesar de su fomento oficial.
sábado, 22 de enero de 2011
PENSIONES Y JUBILACIONES
Presentamos algunas notas sobre pensiones y jubilaciones. Es un área que tiene una enorme importancia para los ciudadanos, la familia y la sociedad toda; y por supuesto para las políticas públicas a ser promovidas por el Estado, y su consecuente impacto en el sistema productivo.
Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del salario socializado y de la solidaridad colectiva.
En este contexto, encontramos por un lado países que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto en donde el riesgo asociado a la vejez se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones, a uno de capitalización en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos, más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina).
La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los sistemas de reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración de las ganancias salariales o a la caída de los ingresos fiscales cuando estos últimos sirven para financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien débil en América Latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a pesar de la diversificación de las carteras.
Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos. ¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados (nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera que presenciamos?
En Venezuela el debate y las decisiones sobre pensiones y jubilaciones están pendientes. En los últimos veinte años, tres hechos pueden destacarse a favor de esta materia.
Primeramente, el debate que dio lugar a la homologación de las pensiones con el salario mínimo, iniciativa que provino de la Causa R en la primera mitad de los noventa.
Luego en el famoso y satanizado ATSSI (Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral) – julio 1997-, que en este comentario sólo lo referimos la revisión que dio lugar a la desbonificación del salario. Para entonces la seguridad social percibía las cotizaciones empresariales y laborales, sólo en base a un generalizado salario de quince bolívares diarios, cuando realmente los trabajadores percibían cinco veces más, estrangulando con ello los ya debilitados fondos de la Seguridad Social.
El tercer elemento ha sido el fomento de la aprobación de pensiones a quienes no contando con el número exigido de las 750 cotizaciones, pero habiendo llegado a la edad requerida, se estableció un mecanismo para completarlas y así acceder a la pensión de vejez.
Son estos tres elementos los que han coadyuvado a que hoy tengamos un universo de jubilados que pasa de un millón cuatrocientas mil personas. Pero hay pendiente mucho sobre el tema, baste ver que los trabajadores independientes e informales no entran en esta cuenta. Amén de la sostenibilidad y transparencia del esquema.
En nuestra Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estará en web la semana próxima, Nos 23-24, se presenta un debate sobre este tema,proveniente de seminario organizado en Montevideo, y que con la colaboración de Mariela Quiñones, de la Universidad de la República, hemos incluido interesantes ponencias del mismo.
Durante los últimos decenios, la mayor parte de los países se han empeñado en reformar sus sistemas de pensiones argumentando que era el único modo de salvaguardar la “sostenibilidad de las finanzas públicas”, las cuales, según el discurso reformador habrían sido amenazadas por el peso del envejecimiento demográfico y la disminución del crecimiento económico. Según esta lógica sería necesario desarrollar el ahorro financiero y la responsabilidad individual y reducir el espacio del salario socializado y de la solidaridad colectiva.
En este contexto, encontramos por un lado países que han transformado radicalmente sus sistemas de pensiones. Entre ellos se observan quienes eligieron un cambio radical, pasando de un sistema en reparto en donde el riesgo asociado a la vejez se soporta mediante cotizaciones sociales inmediatamente convertidas en prestaciones, a uno de capitalización en donde este mismo riesgo se soporta mediante ahorros colectivos y/o individuales acumulados e invertidos en los mercados financieros (Chile, México, Bolivia), o al contrario, aquellos, más escasos, que han operado una vuelta desde la capitalización hacia la repartición (Argentina).
La crisis económica y financiera que se ha propagado al conjunto de los países del planeta pone en tensión estos distintos sistemas de pensiones. Lo hace sin embargo con modalidades y temporalidades distintas, de acuerdo con el modo dominante de financiación de estos sistemas. Los sistemas de reparto tienen una sensibilidad particular al descenso del empleo y a la desaceleración de las ganancias salariales o a la caída de los ingresos fiscales cuando estos últimos sirven para financiar parte de la cotización social mediante el impuesto. Además, tienen una cobertura más bien débil en América Latina, dejando de lado sin derecho a pensión a los trabajadores independientes así como a los del sector informal. Los sistemas por capitalización a su vez padecen directamente la pérdida de valor de los activos financieros y su efecto inmediato sobre los ahorros acumulados, a pesar de la diversificación de las carteras.
Cada sistema conlleva por lo tanto sus riesgos específicos. ¿Cómo resisten estos diferentes sistemas la crisis? ¿Cuáles son los ajustes o cambios operados (nacionalización de los fondos de pensiones en Argentina, reformas en curso en Bolivia)? ¿Cuáles son los nuevos términos del debate en el contexto de empeoramiento de la crisis económica y financiera que presenciamos?
En Venezuela el debate y las decisiones sobre pensiones y jubilaciones están pendientes. En los últimos veinte años, tres hechos pueden destacarse a favor de esta materia.
Primeramente, el debate que dio lugar a la homologación de las pensiones con el salario mínimo, iniciativa que provino de la Causa R en la primera mitad de los noventa.
Luego en el famoso y satanizado ATSSI (Acuerdo Tripartito de Seguridad Social Integral) – julio 1997-, que en este comentario sólo lo referimos la revisión que dio lugar a la desbonificación del salario. Para entonces la seguridad social percibía las cotizaciones empresariales y laborales, sólo en base a un generalizado salario de quince bolívares diarios, cuando realmente los trabajadores percibían cinco veces más, estrangulando con ello los ya debilitados fondos de la Seguridad Social.
El tercer elemento ha sido el fomento de la aprobación de pensiones a quienes no contando con el número exigido de las 750 cotizaciones, pero habiendo llegado a la edad requerida, se estableció un mecanismo para completarlas y así acceder a la pensión de vejez.
Son estos tres elementos los que han coadyuvado a que hoy tengamos un universo de jubilados que pasa de un millón cuatrocientas mil personas. Pero hay pendiente mucho sobre el tema, baste ver que los trabajadores independientes e informales no entran en esta cuenta. Amén de la sostenibilidad y transparencia del esquema.
En nuestra Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, que estará en web la semana próxima, Nos 23-24, se presenta un debate sobre este tema,proveniente de seminario organizado en Montevideo, y que con la colaboración de Mariela Quiñones, de la Universidad de la República, hemos incluido interesantes ponencias del mismo.
domingo, 16 de enero de 2011
Elecciones y refundación para enfrentar la fragmentación
El anuncio de llevar a cabo las elecciones sindicales por parte de la CTV, nos lleva a recordar algunos elementos propios de la libertad sindical. De entrada, se reconoce que la legitimidad de un liderazgo en cualquier institución colectiva, se fundamenta en el reconocimiento por parte de los afiliados o representados. La omisión electoral trae pérdida de legitimidad, de estima institucional y es una poderosa razón para el cuestionamiento y la pérdida de energía para acometer las acciones que le son propias.
La ejecución de las elecciones exige garantías y condiciones mínimas para que los candidatos y los electores no se expongan a riesgos de ninguna naturaleza, más allá de ganar o perder, por el número de votos que se obtenga.
Una primera garantía es que en estos procesos no se inmiscuyan otros intereses distintos a los de los electores y los candidatos. Sabido es la tradicional intervención estatal en esferas que van más allá de su ámbito, así como la intervención patronal pretendiendo contar con una organización sumisa. Estas intervenciones han sido una constante. De hecho, la disposición constitucional que hace intervenir al CNE en las elecciones sindicales es objeto de fundados cuestionamientos. La Administración del Trabajo se aferra a estos conceptos, para exigir a las organizaciones sindicales estar solventes en esta materia, inventando el concepto de “mora sindical electoral”, que lesiona a estas organizaciones en el ejercicio de sus actividades de representación.
Una segunda reflexión tiene que ver con el órgano de vigilancia de los procesos electorales. Si se trata de un órgano propio o de un órgano ajeno. Lo primero sería lo preferible, pero siempre que responda al equilibrio de la diversidad y pluralidad existente entre los votantes. Las experiencias cuestionables en este orden se observan por el sectarismo, las hegemonías, y la negación de las fuerzas emergentes. La construcción de las reglas de los métodos universales que atiendan a la universalidad, a la elección directa y a la proporcionalidad son los antídotos que hacen de las reglas electorales y el funcionamiento de su supervisión, expresiones de madurez y responsabilidad en los procesos.
La otra opción, la de la conducción por un órgano ajeno, es lo que viene resultando de la intervención del CNE, sea en el procedimiento original, como en el que resultó de ciertas reformas derivadas de las críticas formuladas, que algo alivianó la intervención, pero que mantenía controles aún limitativos de la autonomía de las organizaciones sindicales. Una evidencia se observó en las elecciones de la FUT Petrolera, que influencias oficialistas pudieron suspender cinco veces las elecciones, sin que las otras corrientes pudieran hacer poco para revertir estos hechos, aún lesionándoles.
Las elecciones más notorias en el medio sindical fueron las celebradas en el 2001. Por un lado alcanzaron en un mismo día a más de 2.700 organizaciones sindicales, fueron organizadas por organismos propios del movimiento sindical. Si bien los registros fueron presentados al CNE, y ello permitió hacer un auténtico censo sindical, que nunca antes se había logrado; la administración electoral quedó en manos de comisiones electorales nacidas del seno del movimiento de los trabajadores. Se puede observar una suerte de administración mixta, por un lado los registros se llevan al organismo ajeno, y el resto del proceso lo realizan las organizaciones de los trabajadores constituyendo órganos representativos propios para estos fines.
Finalmente, sumamente importante son las garantías de no represalias. Hoy contamos con un universo de empresas en manos del Estado que se ha multiplicado con relación a las elecciones del 2001. Su manejo ha sido sectario, la imposición de condiciones discriminatorias para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso y el desarrollo de carrera, son elementos que no abonan a un maduro ambiente electoral.
Plantearse, cómo se va hacer para que las condiciones mínimas de respeto al empleo, a la estabilidad, a la carrera y al progreso no se vean afectadas, por el ejercicio de una campaña electoral, que en un ambiente democrático lleva necesariamente al debate y análisis de políticas económicas, sociales y productivas, y cómo se ven ellas reflejadas en la organización productiva y laboral del sector o ente en el cual se aspira desempeñar una actividad sindical.
Este es un dilema que ha de abordarse. El ambiente sindical no ha estado exento de violencia, y por tanto un esfuerzo genuino para realizar elecciones sindicales en todo este ámbito, es una opción importante que puede contribuir a sentar las bases para su saneamiento, para su refundación, y para enfrentar un proceso de desgaste y fragmentación continuado que demanda elecciones más allá de una central dada, y es una necesidad de todo el movimiento.
La ejecución de las elecciones exige garantías y condiciones mínimas para que los candidatos y los electores no se expongan a riesgos de ninguna naturaleza, más allá de ganar o perder, por el número de votos que se obtenga.
Una primera garantía es que en estos procesos no se inmiscuyan otros intereses distintos a los de los electores y los candidatos. Sabido es la tradicional intervención estatal en esferas que van más allá de su ámbito, así como la intervención patronal pretendiendo contar con una organización sumisa. Estas intervenciones han sido una constante. De hecho, la disposición constitucional que hace intervenir al CNE en las elecciones sindicales es objeto de fundados cuestionamientos. La Administración del Trabajo se aferra a estos conceptos, para exigir a las organizaciones sindicales estar solventes en esta materia, inventando el concepto de “mora sindical electoral”, que lesiona a estas organizaciones en el ejercicio de sus actividades de representación.
Una segunda reflexión tiene que ver con el órgano de vigilancia de los procesos electorales. Si se trata de un órgano propio o de un órgano ajeno. Lo primero sería lo preferible, pero siempre que responda al equilibrio de la diversidad y pluralidad existente entre los votantes. Las experiencias cuestionables en este orden se observan por el sectarismo, las hegemonías, y la negación de las fuerzas emergentes. La construcción de las reglas de los métodos universales que atiendan a la universalidad, a la elección directa y a la proporcionalidad son los antídotos que hacen de las reglas electorales y el funcionamiento de su supervisión, expresiones de madurez y responsabilidad en los procesos.
La otra opción, la de la conducción por un órgano ajeno, es lo que viene resultando de la intervención del CNE, sea en el procedimiento original, como en el que resultó de ciertas reformas derivadas de las críticas formuladas, que algo alivianó la intervención, pero que mantenía controles aún limitativos de la autonomía de las organizaciones sindicales. Una evidencia se observó en las elecciones de la FUT Petrolera, que influencias oficialistas pudieron suspender cinco veces las elecciones, sin que las otras corrientes pudieran hacer poco para revertir estos hechos, aún lesionándoles.
Las elecciones más notorias en el medio sindical fueron las celebradas en el 2001. Por un lado alcanzaron en un mismo día a más de 2.700 organizaciones sindicales, fueron organizadas por organismos propios del movimiento sindical. Si bien los registros fueron presentados al CNE, y ello permitió hacer un auténtico censo sindical, que nunca antes se había logrado; la administración electoral quedó en manos de comisiones electorales nacidas del seno del movimiento de los trabajadores. Se puede observar una suerte de administración mixta, por un lado los registros se llevan al organismo ajeno, y el resto del proceso lo realizan las organizaciones de los trabajadores constituyendo órganos representativos propios para estos fines.
Finalmente, sumamente importante son las garantías de no represalias. Hoy contamos con un universo de empresas en manos del Estado que se ha multiplicado con relación a las elecciones del 2001. Su manejo ha sido sectario, la imposición de condiciones discriminatorias para el ingreso, para la permanencia, para el ascenso y el desarrollo de carrera, son elementos que no abonan a un maduro ambiente electoral.
Plantearse, cómo se va hacer para que las condiciones mínimas de respeto al empleo, a la estabilidad, a la carrera y al progreso no se vean afectadas, por el ejercicio de una campaña electoral, que en un ambiente democrático lleva necesariamente al debate y análisis de políticas económicas, sociales y productivas, y cómo se ven ellas reflejadas en la organización productiva y laboral del sector o ente en el cual se aspira desempeñar una actividad sindical.
Este es un dilema que ha de abordarse. El ambiente sindical no ha estado exento de violencia, y por tanto un esfuerzo genuino para realizar elecciones sindicales en todo este ámbito, es una opción importante que puede contribuir a sentar las bases para su saneamiento, para su refundación, y para enfrentar un proceso de desgaste y fragmentación continuado que demanda elecciones más allá de una central dada, y es una necesidad de todo el movimiento.
sábado, 8 de enero de 2011
REDES SOCIALES Y RELACIONES DE TRABAJO
Es casi inevitable no referirse a las redes sociales como instrumento de comunicación en la sociedad de hoy. Las noticias vuelan más rápido por este medio que por todos los anteriores. En tiempo real se entera uno de acontecimientos en pleno desarrollo. Las herramientas que han alcanzado mayor difusión son el Facebook y el Twitter. A nivel mundial con más de quinientos millones de usuarios el primero y más de ciento cincuenta millones el segundo. Este último alcanzó en Japón el día 1 de enero, con motivo del anuncio y saludos de año nuevo, el record mundial del envió del increíble número de 6.939 Twits por segundo (http://blog.es.twitter.com/ consulta 8-1-11).
De Venezuela se indica que cuenta con seis millones de usuarios de Facebook, se trata de cerca del veinte por ciento de toda la población. Es una proporción que supera la media mundial. El Twitter tiene un poco menos de penetración, pero su ritmo va en un ascenso vertiginoso. El twitter del Presidente Hugo Chavez. @chavezcandanga es quizás el que cuente con más seguidores, alcanzando los 1.134.891 al día de hoy. Se trata de un número considerable de destinatarios, a quienes les llega cualquier mensaje emitido por esta cuenta, que según hemos conocido dispone de un numeroso equipo de coordinación y operación. De todos modos, para tal cantidad de usuarios el número de emitidos es modesto, apenas ochocientos cuarenta.
En el plano político es reconocida la utilidad de las redes sociales para hacer llegar los mensajes de campaña, para la organización de los actos, el intercambio con los votantes. Por ejemplo de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional ciento veinticinco son usuarios de Twitter; 65 del Gobierno y 60 de la oposición. Evidentemente que estos últimos recurren más a este medio. Es oportuno mencionar que recurrentemente se leen mensajes, que critican que en ocasiones se hace oposición más desde las redes sociales que en la propia vida real.
En las redes sociales, y particularmente entre los usuarios de Facebook, frecuentemente se formulan recomendaciones que orientan en materia de seguridad, ya que hay usuarios que colocan informaciones de su vida personal y de sus actividades que ofrecen oportunidades y riesgos para la propia seguridad de las personas.
En el ámbito de las Relaciones de Trabajo, este riesgo también lo conocemos en un caso que llevo a abogada y sus representados a presentar queja ante el Ministerio del ramo, ya que un trabajador había agregado en su Facebook, a un "naciente Sindicato". La idea del grupo era que a través de la famosa red social iban a fijar reuniones, estrategias, y en fin, establecer todo para la constitución de un Sindicato. Los jefes, de un conocido banco, se enteraron del asunto, tuvieron acceso a la red social, imprimieron los nombres de sus miembros y decidieron despedir a todos los trabajadores que estaban allí.
Planteaba en un foro público el Diputado Andrés Velásquez, de cómo desde cárceles en el Estado Bolívar, se contacta a personas para amenazarlas, así como también se mantienen vínculos con delegados sindicales que participan de la venta de empleos en el sector de la construcción.
Otro contraste de estos tiempos de redes sociales en el marco de la masificación del uso del internet, se observa la permanencia de procesos arcaicos en la Administración del Trabajo, como el que las empresas tengan que presentar un registro trimestral ante el Ministerio. Teniendo sus representantes que hacer filas en las calles desde altas horas de la madrugada, con las mayores incomodidades y riesgos. De paso esta información no parece ser utilizada en la construcción de políticas y brindarla a los usuarios para análisis y recomendaciones en los procesos productivos y de funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
Por el extraordinario impacto de las Redes Sociales en las relaciones entre la personas, es necesario que desde los actores laborales se hagan los esfuerzos para integrarlas a su cotidianidad.
De Venezuela se indica que cuenta con seis millones de usuarios de Facebook, se trata de cerca del veinte por ciento de toda la población. Es una proporción que supera la media mundial. El Twitter tiene un poco menos de penetración, pero su ritmo va en un ascenso vertiginoso. El twitter del Presidente Hugo Chavez. @chavezcandanga es quizás el que cuente con más seguidores, alcanzando los 1.134.891 al día de hoy. Se trata de un número considerable de destinatarios, a quienes les llega cualquier mensaje emitido por esta cuenta, que según hemos conocido dispone de un numeroso equipo de coordinación y operación. De todos modos, para tal cantidad de usuarios el número de emitidos es modesto, apenas ochocientos cuarenta.
En el plano político es reconocida la utilidad de las redes sociales para hacer llegar los mensajes de campaña, para la organización de los actos, el intercambio con los votantes. Por ejemplo de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional ciento veinticinco son usuarios de Twitter; 65 del Gobierno y 60 de la oposición. Evidentemente que estos últimos recurren más a este medio. Es oportuno mencionar que recurrentemente se leen mensajes, que critican que en ocasiones se hace oposición más desde las redes sociales que en la propia vida real.
En las redes sociales, y particularmente entre los usuarios de Facebook, frecuentemente se formulan recomendaciones que orientan en materia de seguridad, ya que hay usuarios que colocan informaciones de su vida personal y de sus actividades que ofrecen oportunidades y riesgos para la propia seguridad de las personas.
En el ámbito de las Relaciones de Trabajo, este riesgo también lo conocemos en un caso que llevo a abogada y sus representados a presentar queja ante el Ministerio del ramo, ya que un trabajador había agregado en su Facebook, a un "naciente Sindicato". La idea del grupo era que a través de la famosa red social iban a fijar reuniones, estrategias, y en fin, establecer todo para la constitución de un Sindicato. Los jefes, de un conocido banco, se enteraron del asunto, tuvieron acceso a la red social, imprimieron los nombres de sus miembros y decidieron despedir a todos los trabajadores que estaban allí.
Planteaba en un foro público el Diputado Andrés Velásquez, de cómo desde cárceles en el Estado Bolívar, se contacta a personas para amenazarlas, así como también se mantienen vínculos con delegados sindicales que participan de la venta de empleos en el sector de la construcción.
Otro contraste de estos tiempos de redes sociales en el marco de la masificación del uso del internet, se observa la permanencia de procesos arcaicos en la Administración del Trabajo, como el que las empresas tengan que presentar un registro trimestral ante el Ministerio. Teniendo sus representantes que hacer filas en las calles desde altas horas de la madrugada, con las mayores incomodidades y riesgos. De paso esta información no parece ser utilizada en la construcción de políticas y brindarla a los usuarios para análisis y recomendaciones en los procesos productivos y de funcionamiento de las Relaciones de Trabajo.
Por el extraordinario impacto de las Redes Sociales en las relaciones entre la personas, es necesario que desde los actores laborales se hagan los esfuerzos para integrarlas a su cotidianidad.
miércoles, 5 de enero de 2011
EMPLEO: EJECUTIVO, PARLAMENTO Y COMPROMISO SOCIAL
El país termina por segundo año consecutivo con cifras negativas en materia de crecimiento y desarrollo. Sin embargo las autoridades anuncian que este primer semestre del 2011 se empezará a revertir esta crítica situación. Analistas diversos llenan páginas impresas y virtuales sobre estas expectativas. Sobre esta particular nos vamos a referir solamente a la dimensión empleo. Apuntaremos tangencialmente algunas áreas que aspiramos sean abordadas en las actividades y comunicaciones entre el Ejecutivo, el Parlamento y la Sociedad.
En primer lugar, no parece servir de mucha utilidad al país seguirle edulcorando las cifras de empleo. Unos índices de desempleo que no se afectan a pesar de dos años de decrecimiento económico, parecen contradecir el más elemental sentido común; como es el hecho que disminuyendo la producción en casi todos los sectores productivos, el órgano responsable de decirnos de estos índices, sigue publicando que el desempleo continúa campante apenas por 7 u 8 %. Es cierto que el mercado laboral es heterogéneo y complejo. De ahí que los aspectos técnicos para que los datos se parezcan más a lo que la sociedad experimenta sea una meta esperable, y no seguir construyendo datos que poco sirven, incluso a la misma imagen gubernamental.
A manera referencial, de los países de la Unión Europea, siete de ellos manifiestan sus datos de desempleo con tasas de dos cifras, en posición extrema Letonia (23%) y España (19%) -2010-. Este reconocimiento además va en correspondencia con el hecho de la integración europea, que conlleva políticas comunitarias en materia de empleo, siguiéndose metodologías armonizadas para diagnosticar el problema. Lo que implica la existencia de un monitoreo creíble. En nuestro país, nuestras instituciones con responsabilidades en informarnos en esta materia no están expuestas a un monitoreo responsable.
Es necesario que el Ejecutivo y el Parlamento construyan y revisen políticas, en conjunto con los actores sociales y aquellas entidades vinculadas con el problema del empleo, para plantearle a la sociedad ¿Cuántos empleos se van a crear en este año? ¿En cuales sectores productivos? ¿En cuales regiones?
Sabemos que el desempleo es más dañino para quienes tienen carga familiar, especialmente si en la misma hay personas discapacitadas y menores en edad escolar ¿Cómo se distribuirán esos empleos a crearse tomando en cuenta las exigencias de formación, edad, género? Téngase en cuenta las mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo.
¿Cuáles son las implicaciones que todo esto conlleva en materia de movilidad geográfica? ¿A cuál o cuáles costos todo esto? ¿De donde se obtendrá el dinero para tales propósitos? ¿Cuál es el cronograma de recaudación de esos recursos? ¿Cómo vigilamos que todo esto se vaya cumpliendo en el tiempo y el espacio? Decir que ahí están los consejos comunales, no es suficiente, ya que también disponemos de organizaciones con papeles directos en el asunto, como los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones formativas. Todas experimentadas y con talentos que hacen falta para las grandes metas y proyectos.
Veamos además, algunos aspectos cualitativos del asunto, nada menores. Como es el caso del empleo público y la discriminación. Y esto refiere a entidades que ya andan por los 2.3 millones de personas de empleo directo, extendido a contratistas y organizaciones productivas que se vinculan con los entes estatales. En ellos se observa ventajismo en las contrataciones, con preferencias a quienes se vinculen con determinadas organizaciones o personeros del oficialismo, y con ello practicando una discriminación abominable en contra de la otra parte de la población, que nos coloca como sociedad en un estadio de violación de principios universales sobre la no discriminación para el empleo.
Esta práctica fue ejecutada por los adecos en la administración pública y empresas estatales, y la sociedad la repudió. Hoy se practica de nuevo, y levanta el más absoluto repudio. Buena parte de la población que se nos ha ido al exterior, ha sido ahuyentada por esta mezquindad institucional y antinacional, ya que la fuga de talentos es una sangría para el país.
Someter al que busca un empleo a rendirle culto a un pensamiento único, a personas u organizaciones ajenas a las instituciones productivas, es sencillamente humillante. Sin embargo, el que tiene la necesidad se adecua a las circunstancias, y se ve obligado en la mayoría de los casos a hacerle el juego a estos esquemas. Pero logrado el empleo, vienen circunstancias de estar expuesto a exigencias y demandas que no siempre están en correspondencia con meritos, ética y disciplina productiva, generando frustraciones y apatía laboral. Tenemos que romper este círculo vicioso.
En primer lugar, no parece servir de mucha utilidad al país seguirle edulcorando las cifras de empleo. Unos índices de desempleo que no se afectan a pesar de dos años de decrecimiento económico, parecen contradecir el más elemental sentido común; como es el hecho que disminuyendo la producción en casi todos los sectores productivos, el órgano responsable de decirnos de estos índices, sigue publicando que el desempleo continúa campante apenas por 7 u 8 %. Es cierto que el mercado laboral es heterogéneo y complejo. De ahí que los aspectos técnicos para que los datos se parezcan más a lo que la sociedad experimenta sea una meta esperable, y no seguir construyendo datos que poco sirven, incluso a la misma imagen gubernamental.
A manera referencial, de los países de la Unión Europea, siete de ellos manifiestan sus datos de desempleo con tasas de dos cifras, en posición extrema Letonia (23%) y España (19%) -2010-. Este reconocimiento además va en correspondencia con el hecho de la integración europea, que conlleva políticas comunitarias en materia de empleo, siguiéndose metodologías armonizadas para diagnosticar el problema. Lo que implica la existencia de un monitoreo creíble. En nuestro país, nuestras instituciones con responsabilidades en informarnos en esta materia no están expuestas a un monitoreo responsable.
Es necesario que el Ejecutivo y el Parlamento construyan y revisen políticas, en conjunto con los actores sociales y aquellas entidades vinculadas con el problema del empleo, para plantearle a la sociedad ¿Cuántos empleos se van a crear en este año? ¿En cuales sectores productivos? ¿En cuales regiones?
Sabemos que el desempleo es más dañino para quienes tienen carga familiar, especialmente si en la misma hay personas discapacitadas y menores en edad escolar ¿Cómo se distribuirán esos empleos a crearse tomando en cuenta las exigencias de formación, edad, género? Téngase en cuenta las mayores dificultades que tienen los jóvenes para acceder al primer empleo.
¿Cuáles son las implicaciones que todo esto conlleva en materia de movilidad geográfica? ¿A cuál o cuáles costos todo esto? ¿De donde se obtendrá el dinero para tales propósitos? ¿Cuál es el cronograma de recaudación de esos recursos? ¿Cómo vigilamos que todo esto se vaya cumpliendo en el tiempo y el espacio? Decir que ahí están los consejos comunales, no es suficiente, ya que también disponemos de organizaciones con papeles directos en el asunto, como los gobiernos locales, sindicatos, organizaciones empresariales, instituciones formativas. Todas experimentadas y con talentos que hacen falta para las grandes metas y proyectos.
Veamos además, algunos aspectos cualitativos del asunto, nada menores. Como es el caso del empleo público y la discriminación. Y esto refiere a entidades que ya andan por los 2.3 millones de personas de empleo directo, extendido a contratistas y organizaciones productivas que se vinculan con los entes estatales. En ellos se observa ventajismo en las contrataciones, con preferencias a quienes se vinculen con determinadas organizaciones o personeros del oficialismo, y con ello practicando una discriminación abominable en contra de la otra parte de la población, que nos coloca como sociedad en un estadio de violación de principios universales sobre la no discriminación para el empleo.
Esta práctica fue ejecutada por los adecos en la administración pública y empresas estatales, y la sociedad la repudió. Hoy se practica de nuevo, y levanta el más absoluto repudio. Buena parte de la población que se nos ha ido al exterior, ha sido ahuyentada por esta mezquindad institucional y antinacional, ya que la fuga de talentos es una sangría para el país.
Someter al que busca un empleo a rendirle culto a un pensamiento único, a personas u organizaciones ajenas a las instituciones productivas, es sencillamente humillante. Sin embargo, el que tiene la necesidad se adecua a las circunstancias, y se ve obligado en la mayoría de los casos a hacerle el juego a estos esquemas. Pero logrado el empleo, vienen circunstancias de estar expuesto a exigencias y demandas que no siempre están en correspondencia con meritos, ética y disciplina productiva, generando frustraciones y apatía laboral. Tenemos que romper este círculo vicioso.
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