En las Relaciones de Trabajo en Venezuela la intervención estatal en el mundo sindical ha sido un fenómeno de vieja data. La intervención se remonta al los inicios mismos de las regulaciones laborales en la década de los treinta, al legislarse una primera ley del trabajo que el Estado asumió su implementación, sin intervención sindical, creando las instituciones fundantes de la Administración del Trabajo.
La libertad sindical ha sido a lo largo del período que se inicia en 1999 un tema altamente controversial, por ello tanto los gremios de trabajadores como los de empresarios han tenido constantes fricciones con el gobierno. A lo largo de seis años consecutivos en la agenda de la Comisión de Expertos de la OIT, casos relacionados con Venezuela fueron analizados, en un primer momento dieron lugar a la visita de Misiones de OIT, lo que gradualmente ha venido dando lugar a una relación difícil entre esta institución y el gobierno venezolano. En el año 2008, Venezuela fue retirada de la lista de países con problemas de libertad sindical, pero un año después fue nuevamente incluida, y cuya situación debía ser examinado por la Conferencia Internacional del Trabajo. Ahora por casos calificados de urgentes y graves, ya que tenían que ver con exclusiones y agresiones a organizaciones y sus dirigentes, tanto de gremios de empresarios como de trabajadores.
El punto de partida de las denuncias sindicales de violación de la libertad sindical está asociado a la intromisión estatal en la vida sindical, como se refleja en la incorporación en la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, aprobada en diciembre de 1999, del polémico artículo 293 que establece “El poder electoral tiene por función: (…) Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley (…).”.
En el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98ª reunión de 2009 reiteró al gobierno “la necesidad de tomar medidas para que el Consejo Nacional Electoral deje de inmiscuirse en las elecciones sindicales”. Dirigentes gremiales revelaron que esa intromisión establece una serie de trabas para la concreción de los comicios, y con ello el desarrollo de las negociaciones colectivas, ya que hasta tanto el CNE no emite un certificado electoral, los sindicatos a quienes se les haya vencido el plazo reglamentario están en mora electoral, y no pueden ejercer sus funciones de representación para la negociación de convenios colectivos.
Es notoria la disminución del número de convenios al tiempo que ha ocurrido el incremento del número de sindicatos, lo que resulta paradojico. Lo primero es una muestra de debilidad y fuerza para obligar a los empleadores a negociar, y lo segundo de dispersión y división. En ambas anormalidades el problema se acentúa en las relaciones de trabajo en el ámbito público.
El crecimiento del empleo público con múltiples regímenes laborales y formas de representación, explica el interés del Ejecutivo en "diseñar y proponer una política laboral centralizada y común para los entes y órganos que conforman la Administración Pública”, para ello se emite el decreto contentivo del plan "Políticas Laborales y Negociación Colectiva 2009", elaborado por el, que dicta los pasos a seguir para lograr la transición al socialismo. El Minpptss -Ministerio del Poder Popular de Trabajo y la Seguridad Social- ha sido vulnerado y puesto en entredicho por las propias entidades públicas en el sentido de desacatar sus decisiones. Es una situación contradictoria ya que la misma política laboral, se caracteriza por su restricción en el procesamiento de los reclamos laborales por parte de los trabajadores que laboran en el sector público. De aquí que los sindicalistas oficialistas se ven en una difícil situación para el ejercicio de sus funciones; y cuando logran un pronunciamiento favorable por parte del Minpptss, se encuentran ante una nueva problemática, como es lograr el acatamiento por parte de la gerencia de los entes públicos. Los casos de desacatos por parte de entes públicos se pueden ver en Pdvsa, las empresas hidrológicas, electricas, Metro de Caracas, Mercal, VTV, Corporación Venezolana de Alimentos, entre otras.
Normas recientes dejan en manos de los sindicatos decidir si recurren al CNE para la realización de sus elecciones , el hecho es que ese organismo continúa disfrutando de una notable influencia en el proceso electoral, al supeditar la celebración de las elecciones a la notificación al CNE de los actos relacionados con los procesos electorales, de su convocatoria y al condicionar su posterior homologación a la publicación en Gaceta Electoral. La notificación demanda requisitos excesivos, lo cual nuevamente permite una discrecionalidad por parte de las autoridades. Los sindicatos tienen que esperar que se publique una Resolución en la Gaceta Oficial, lo que tarda varios meses y dificulta la actividad sindical. Otra intromisión la constituye la obligación de entregar un listado definitivo de los votantes al CNE, previa notificación al Minpptrass. Por otra parte, se impone al CNE como ente rector en caso de impugnación. Dirigentes sindicales afirman que esta medida permite que se suspendan a discreción las elecciones en repetidas oportunidades (Provea 2009:101). Un caso emblemático ocurrido a lo largo de 2009, fue la suspensión en cinco oportunidades de las elecciones sindicales petroleras de su organización nacional, adecuándose el CNE a exigencias que facilitaban a la empresa ir modificando la composición del listado de votantes y favoreciendo al final a corrientes oficialistas. Incluso se trataba de suspensiones sin convocar a las partes involucradas, además algunas impugnaciones fueron formuladas fuera del cronograma inicialmente establecido.
Digno de destacar las gestiones exitosas de la agrupación de empleados de nómina profesional de la CVG (SunepCVG), quienes denunciaron ante la Organización Internacional del Trabajo la situación de la indefensión de las organizaciones sindicales de Guayana ante el Estado venezolano, presentó hace meses atrás una queja ante este órgano multilateral. Finalmente el Comité de Libertad Sindical -órgano adscrito a la OIT, con sede en Ginebra- admitió examinar las denuncias de violaciones a la libertad sindical, que reseñan varios casos de persecución judicial y bloqueos a la organización de huelgas legales. Ver más detalles en:
http://www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=149597
viernes, 26 de marzo de 2010
domingo, 14 de marzo de 2010
Funcionamiento Laboral antes y durante la Revolución Bolivariana
El período que nace en 1999, que se identifica como revolución bolivariana, plantea profundos cambios en el funcionamiento laboral. Se trata en primer lugar de marcar una ruptura con el régimen que venía gobernando a Venezuela desde 1958, conocido popularmente y en la literatura política el régimen “puntofijista”.
En cuanto al funcionamiento laboral, hay que tomar en cuenta que nuevos actores acceden al poder, una combinación de militares y parte de la izquierda (Lucena 2003). Los militares no ejercían directamente el poder desde los años cincuenta, pero aquellos eran abiertamente de derecha, sin discursos populistas e izquierdistas, anticomunistas a rabiar. Los de ahora, se proponen desde un primer momento, producir modificaciones en el cuadro sindical venezolano, y con ello en el funcionamiento de las relaciones laborales. Las ventajas de haber contado con amplia mayoría electoral en los órganos elaboradores de los instrumentos normativos, como fue en la Asamblea Constituyente –redactora de una nueva Constitución- y luego en la Asamblea Nacional, permitió al gobierno, emprender modificaciones significativas en los aspectos normativos.
La sociedad en general tuvo una actitud de expectativa y aceptación ante estas intervenciones, dado el grado de descomposición y exclusión alcanzado en los últimos veinte años, en donde las organizaciones sindicales fueron percibidas como corresponsables de tal situación. Por ejemplo, a pesar del notable crecimiento del sector informal, hicieron muy poco para atenderlo y prestarle atención. Ello ofrece bases ciertas para comprender el porqué hubo una actitud tolerante de amplios sectores de los trabajadores, ante los planteamientos oficialistas de intromisión y protagonismo en el mundo sindical. Solo que a medida que el gobierno promovió iniciativas de intervención sindical de orientación más bien autoritarias, como se analizará más adelante, la percepción general de aceptable paso a ser más bien de criticismo.
En las manifestaciones de política laboral oficial ha sido persistente enunciar un abierto criticismo al sindicalismo, originalmente se centraba en el sindicalismo organizado en la CTV, por considerarlo parte del establecimiento puntofijista. Luego las confrontaciones agudas de los años 2002 y 2003, condujeron al total desconocimiento de la CTV, y con ello a la emergencia de una central promovida por el gobierno, como es el caso de la Unión Nacional de Trabajadores –UNT-
El gobierno bolivariano se plantea en un principio, despojar al movimiento sindical de las prebendas que fueron acumuladas en el régimen anterior. Para quienes no dudaban de la orientación revolucionaria del régimen, se trataba de combatir a un movimiento sindical reaccionario al servicio de la derecha. Además, para combatirlo se promovió y alentó a otras corrientes sindicales. La revolución bolivariana nace con poca fuerza sindical. Sin embargo acumula un historial de triunfos electorales nacionales.
Hay que tener presente que la población trabajadora no sindicalizada es mayoritaria, especialmente por la informalidad. Ha aumentado el número de sindicatos, pero no la población sindicalizada, más bien lo que ha venido ocurriendo es un continuado proceso de fragmentación, el denominado paralelismo sindical, que refiere a la legalización de sindicatos en donde ya los hay, generando tensiones y fricciones entre los propios trabajadores.
Por otro lado la UNT en su nacimiento -2003- no deja de observar rasgos, que conllevan limitaciones que afloran en el corto plazo. En primer lugar, el hecho de que su nacimiento es parte de una retaliación organizacional hacia el tradicional movimiento sindical cetevista. La UNT, no obstante la ventaja que otorga disponer del apoyo oficial, comete el pecado de nacer sin celebrar un congreso fundacional y sin estatutos, en condiciones apresuradas, beneficiándose del apoyo y facilidades recibidas del Ministerio del Trabajo, tras un acuerdo de las principales corrientes y dirigentes que venían enfrentando al liderazgo de la CTV, ya sea en su seno o desde afuera. Este nacimiento se caracteriza por ser del tipo acuerdista por arriba, sin asambleas constitutivas. Sus dirigentes lo justifican por la crisis política reinante para entonces. Nace como la propia acción de los dirigentes, en un ambiente estrecho, de su propia y circunstancial convergencia, y algunos de ellos sin una cierta y efectiva trayectoria sindical.
Pero al poco tiempo se evidencian dificultades para satisfacer los elementos mínimos de una organización democrática, como es la definición de sus estatutos y reglas de funcionamiento, así como la elección directa y democrática de sus autoridades. Obstáculos en su propio seno y dificultades derivadas de las políticas del propio gobierno han impedido un funcionamiento democrático de esta central. La situación se complejiza porque el gobierno promueve otras formas de representación de los trabajadores.
En cuanto al funcionamiento laboral, hay que tomar en cuenta que nuevos actores acceden al poder, una combinación de militares y parte de la izquierda (Lucena 2003). Los militares no ejercían directamente el poder desde los años cincuenta, pero aquellos eran abiertamente de derecha, sin discursos populistas e izquierdistas, anticomunistas a rabiar. Los de ahora, se proponen desde un primer momento, producir modificaciones en el cuadro sindical venezolano, y con ello en el funcionamiento de las relaciones laborales. Las ventajas de haber contado con amplia mayoría electoral en los órganos elaboradores de los instrumentos normativos, como fue en la Asamblea Constituyente –redactora de una nueva Constitución- y luego en la Asamblea Nacional, permitió al gobierno, emprender modificaciones significativas en los aspectos normativos.
La sociedad en general tuvo una actitud de expectativa y aceptación ante estas intervenciones, dado el grado de descomposición y exclusión alcanzado en los últimos veinte años, en donde las organizaciones sindicales fueron percibidas como corresponsables de tal situación. Por ejemplo, a pesar del notable crecimiento del sector informal, hicieron muy poco para atenderlo y prestarle atención. Ello ofrece bases ciertas para comprender el porqué hubo una actitud tolerante de amplios sectores de los trabajadores, ante los planteamientos oficialistas de intromisión y protagonismo en el mundo sindical. Solo que a medida que el gobierno promovió iniciativas de intervención sindical de orientación más bien autoritarias, como se analizará más adelante, la percepción general de aceptable paso a ser más bien de criticismo.
En las manifestaciones de política laboral oficial ha sido persistente enunciar un abierto criticismo al sindicalismo, originalmente se centraba en el sindicalismo organizado en la CTV, por considerarlo parte del establecimiento puntofijista. Luego las confrontaciones agudas de los años 2002 y 2003, condujeron al total desconocimiento de la CTV, y con ello a la emergencia de una central promovida por el gobierno, como es el caso de la Unión Nacional de Trabajadores –UNT-
El gobierno bolivariano se plantea en un principio, despojar al movimiento sindical de las prebendas que fueron acumuladas en el régimen anterior. Para quienes no dudaban de la orientación revolucionaria del régimen, se trataba de combatir a un movimiento sindical reaccionario al servicio de la derecha. Además, para combatirlo se promovió y alentó a otras corrientes sindicales. La revolución bolivariana nace con poca fuerza sindical. Sin embargo acumula un historial de triunfos electorales nacionales.
Hay que tener presente que la población trabajadora no sindicalizada es mayoritaria, especialmente por la informalidad. Ha aumentado el número de sindicatos, pero no la población sindicalizada, más bien lo que ha venido ocurriendo es un continuado proceso de fragmentación, el denominado paralelismo sindical, que refiere a la legalización de sindicatos en donde ya los hay, generando tensiones y fricciones entre los propios trabajadores.
Por otro lado la UNT en su nacimiento -2003- no deja de observar rasgos, que conllevan limitaciones que afloran en el corto plazo. En primer lugar, el hecho de que su nacimiento es parte de una retaliación organizacional hacia el tradicional movimiento sindical cetevista. La UNT, no obstante la ventaja que otorga disponer del apoyo oficial, comete el pecado de nacer sin celebrar un congreso fundacional y sin estatutos, en condiciones apresuradas, beneficiándose del apoyo y facilidades recibidas del Ministerio del Trabajo, tras un acuerdo de las principales corrientes y dirigentes que venían enfrentando al liderazgo de la CTV, ya sea en su seno o desde afuera. Este nacimiento se caracteriza por ser del tipo acuerdista por arriba, sin asambleas constitutivas. Sus dirigentes lo justifican por la crisis política reinante para entonces. Nace como la propia acción de los dirigentes, en un ambiente estrecho, de su propia y circunstancial convergencia, y algunos de ellos sin una cierta y efectiva trayectoria sindical.
Pero al poco tiempo se evidencian dificultades para satisfacer los elementos mínimos de una organización democrática, como es la definición de sus estatutos y reglas de funcionamiento, así como la elección directa y democrática de sus autoridades. Obstáculos en su propio seno y dificultades derivadas de las políticas del propio gobierno han impedido un funcionamiento democrático de esta central. La situación se complejiza porque el gobierno promueve otras formas de representación de los trabajadores.
martes, 2 de marzo de 2010
De Privatizaciones a Re Estatizaciones
Un Capitalismo de Estado como el venezolano ofrecía un amplio margen para un proceso masivo de privatizaciones, por tanto era un elemento importante en la política pública en el período de 1989 a 1998. Sin embargo este proceso no tuvo un amplio desarrollo.
Las privatizaciones se llevaron a cabo en dos tiempos, uno en el período de Carlos Andrés Pérez (1989 a 1993), de aquí las más notables fueron las de la Aerolíneas Viasa, Aeropostal Venezolana y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos. La otra tanda de privatizaciones ocurre en el período de Rafael Caldera (1994 a 1998). Hay que destacar que la crisis financiera de 1994, da lugar a que inesperadamente el Estado se haga dueño de bancos, empresas de seguros, bienes inmuebles, hoteles, entre otras empresas, como resultante de la masiva asistencia financiera que el Estado brindó a los banqueros y a los ahorristas, en la debacle justo al iniciarse este quinquenio gubernamental. La erogación de dinero público para enfrentar la crisis financiera agotó las finanzas estatales y trajo consigo varias devaluaciones. Este año el PIB decrece en – 2,23%, y para contrarrestar la fuga de capitales, se imponen una serie de controles.
La privatización de la Aerolínea Viasa, línea bandera venezolana, había sido originalmente una empresa mixta, luego adquirida por el Estado, y en el marco de las políticas económicas fue privatizada en 1991, adquirida por Iberia, empresa estatal española. Lo que llama la atención que al final no fue privatizada en el sentido estricto, sino que paso a ser parte de una empresa aerocomercial estatal, que para entonces se había expandido en América Latina con la adquisición de otras aerolíneas. La experiencia de esta privatización evidenció al poco tiempo resultados frustrantes, ya que Iberia confrontó problemas financieros en su sede, y empresas como Viasa y otras aerolíneas latinoamericanas fueron expoliadas, sometiéndolas a insostenibles presiones financieras, perdiendo gradualmente competitividad, todo lo contrario de lo que los apologistas de la privatización argumentaron para que el Estado saliera de ella, además perdiendo su capital y sus activos en general, de aquí que a los pocos años de la privatización Viasa entró en bancarrota . Demás esta señalar que las relaciones con los trabajadores fueron traumáticas, y que las condiciones de trabajo se venían a menos. A más de tres lustros de su cierre, aún están abiertos juicios y reclamos laborales, como evidencias de un proceso fracasado. http://www.volarenvenezuela.com/vev/modules.php?name=News&file=article&sid=1408 consulta 20-2-2010.
Menos complejo fue la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela –CANTV-. Si bien formó parte de la misma política neoliberal en donde se inscribió la de Viasa, su privatización no estuvo dirigida a liquidarla, sino a extraerle los mayores beneficios, además el estado de las comunicaciones telefónicas existentes eran tan deplorables, que quienes se opusieron a su privatización encontraban poco eco en la sociedad. De todos modos hubo un tanto más de resistencia sindical. Lo que permitió que se destinara un 20% de las acciones para ser vendidas a los trabajadores y al público general, con trato especial en el financiamiento. Sin embargo en lo relativo a las Relaciones Laborales, los nuevos propietarios, originalmente consorcio con predominio de capital de EEUU, pusieron en prácticas nuevas políticas de remuneración, de negociaciones colectivas, de contratación y subcontratación, todas ellas modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. Una de las primeras medidas fue replantear quienes eran los beneficiarios de los convenios colectivos, y la empresa presionó para colocar fuera de su cobertura a una importante cantidad de trabajadores
En el período de Rafael Caldera II, de 1994 a 1998, la privatización bancaria es la más activa en los primeros años. La crisis financiera -1994- puso en sus manos una importante cantidad de instituciones del área financiera. Esta privatización fue mayormente aprovechada por el capital español, quién se hizo de las más importantes instituciones financieras subastadas; en menor proporción participó el capital de USA y de Chile. Terminada la década del noventa la mayor parte del sistema financiero se había desnacionalizado.
De todas las privatizaciones la más importante ocurrida en el período de R Caldera II, fue la de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, culminada en 1998. Se trata de la mayor empresa en esa área, que para entonces tenía un producción de 2.5 millones de toneladas de acero y productos planos. Sidor fue adquirida por un consorcio latinoamericano, liderado por el grupo argentino-italiano Techint, en sus diez años de conducción elevó la producción a 4.5 millones. Para ello emprendió reformas productivas y laborales, algunas muy controversiales. Como todos los casos analizados en esta sección, la empresa vuelve a manos del Estado venezolano en el 2008. De paso, el Estado nunca estuvo ausente de la propiedad parcial de esta compañía, así como de sus órganos directivos, ya que la privatización fue del 60% de las acciones, quedando 20% para el Estado y 20% para los trabajadores. Este 40% accionario estuvo representado por el Estado en todo este período privatizado.
De las políticas laborales más criticadas al momento de la re estatización en el 2008, era la masificación de la externalización. La empresa había experimentado desde mucho antes de la privatización procesos de reestructuración que venían bajando su plantilla de 18 mil trabajadores, al momento de la privatización ya contaban sólo con 12 mil, y diez años más tarde al momento de la re estatización, cuenta con sólo 6 mil, y en contrapartida la producción casi se había duplicado. Aquí cuenta por un lado la puesta en ejercicio de innovaciones organizacionales y tecnológicas, pero lo verdaderamente más efectivo en la reducción de la plantilla ha sido la subcontratación que alcanzaba para el 2008, a más de diez mil trabajadores.
El sector productivo tanto público como privado en todo el período que va desde los años sesenta hasta la apertura en 1989, dispuso de amplia protección lo que le permitió disfrutar de los beneficios de la renta derivada de las exportaciones del petróleo y del hierro. También estas rentas contribuyeron a un mejoramiento de las instalaciones y la infraestructura para la producción, lo que coadyuvó a un incremento del consumo interno. Los esfuerzos por reestructurar el sistema productivo sólo son visibles a partir de la apertura económica iniciada en 1989, pero con serias dificultades políticas, que finalmente no facilitaron sus resultados estables, sino que se abrió una etapa de inestabilidad que dio al traste con lo consensos políticos y económicos que se habían establecido a fines de la década del cincuenta y que desde los primeros años de la década del sesenta, fueron claves para el desarrollo de la estabilidad política y la industrialización sustitutiva.
Las privatizaciones se llevaron a cabo en dos tiempos, uno en el período de Carlos Andrés Pérez (1989 a 1993), de aquí las más notables fueron las de la Aerolíneas Viasa, Aeropostal Venezolana y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos. La otra tanda de privatizaciones ocurre en el período de Rafael Caldera (1994 a 1998). Hay que destacar que la crisis financiera de 1994, da lugar a que inesperadamente el Estado se haga dueño de bancos, empresas de seguros, bienes inmuebles, hoteles, entre otras empresas, como resultante de la masiva asistencia financiera que el Estado brindó a los banqueros y a los ahorristas, en la debacle justo al iniciarse este quinquenio gubernamental. La erogación de dinero público para enfrentar la crisis financiera agotó las finanzas estatales y trajo consigo varias devaluaciones. Este año el PIB decrece en – 2,23%, y para contrarrestar la fuga de capitales, se imponen una serie de controles.
La privatización de la Aerolínea Viasa, línea bandera venezolana, había sido originalmente una empresa mixta, luego adquirida por el Estado, y en el marco de las políticas económicas fue privatizada en 1991, adquirida por Iberia, empresa estatal española. Lo que llama la atención que al final no fue privatizada en el sentido estricto, sino que paso a ser parte de una empresa aerocomercial estatal, que para entonces se había expandido en América Latina con la adquisición de otras aerolíneas. La experiencia de esta privatización evidenció al poco tiempo resultados frustrantes, ya que Iberia confrontó problemas financieros en su sede, y empresas como Viasa y otras aerolíneas latinoamericanas fueron expoliadas, sometiéndolas a insostenibles presiones financieras, perdiendo gradualmente competitividad, todo lo contrario de lo que los apologistas de la privatización argumentaron para que el Estado saliera de ella, además perdiendo su capital y sus activos en general, de aquí que a los pocos años de la privatización Viasa entró en bancarrota . Demás esta señalar que las relaciones con los trabajadores fueron traumáticas, y que las condiciones de trabajo se venían a menos. A más de tres lustros de su cierre, aún están abiertos juicios y reclamos laborales, como evidencias de un proceso fracasado. http://www.volarenvenezuela.com/vev/modules.php?name=News&file=article&sid=1408 consulta 20-2-2010.
Menos complejo fue la privatización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela –CANTV-. Si bien formó parte de la misma política neoliberal en donde se inscribió la de Viasa, su privatización no estuvo dirigida a liquidarla, sino a extraerle los mayores beneficios, además el estado de las comunicaciones telefónicas existentes eran tan deplorables, que quienes se opusieron a su privatización encontraban poco eco en la sociedad. De todos modos hubo un tanto más de resistencia sindical. Lo que permitió que se destinara un 20% de las acciones para ser vendidas a los trabajadores y al público general, con trato especial en el financiamiento. Sin embargo en lo relativo a las Relaciones Laborales, los nuevos propietarios, originalmente consorcio con predominio de capital de EEUU, pusieron en prácticas nuevas políticas de remuneración, de negociaciones colectivas, de contratación y subcontratación, todas ellas modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. Una de las primeras medidas fue replantear quienes eran los beneficiarios de los convenios colectivos, y la empresa presionó para colocar fuera de su cobertura a una importante cantidad de trabajadores
En el período de Rafael Caldera II, de 1994 a 1998, la privatización bancaria es la más activa en los primeros años. La crisis financiera -1994- puso en sus manos una importante cantidad de instituciones del área financiera. Esta privatización fue mayormente aprovechada por el capital español, quién se hizo de las más importantes instituciones financieras subastadas; en menor proporción participó el capital de USA y de Chile. Terminada la década del noventa la mayor parte del sistema financiero se había desnacionalizado.
De todas las privatizaciones la más importante ocurrida en el período de R Caldera II, fue la de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, culminada en 1998. Se trata de la mayor empresa en esa área, que para entonces tenía un producción de 2.5 millones de toneladas de acero y productos planos. Sidor fue adquirida por un consorcio latinoamericano, liderado por el grupo argentino-italiano Techint, en sus diez años de conducción elevó la producción a 4.5 millones. Para ello emprendió reformas productivas y laborales, algunas muy controversiales. Como todos los casos analizados en esta sección, la empresa vuelve a manos del Estado venezolano en el 2008. De paso, el Estado nunca estuvo ausente de la propiedad parcial de esta compañía, así como de sus órganos directivos, ya que la privatización fue del 60% de las acciones, quedando 20% para el Estado y 20% para los trabajadores. Este 40% accionario estuvo representado por el Estado en todo este período privatizado.
De las políticas laborales más criticadas al momento de la re estatización en el 2008, era la masificación de la externalización. La empresa había experimentado desde mucho antes de la privatización procesos de reestructuración que venían bajando su plantilla de 18 mil trabajadores, al momento de la privatización ya contaban sólo con 12 mil, y diez años más tarde al momento de la re estatización, cuenta con sólo 6 mil, y en contrapartida la producción casi se había duplicado. Aquí cuenta por un lado la puesta en ejercicio de innovaciones organizacionales y tecnológicas, pero lo verdaderamente más efectivo en la reducción de la plantilla ha sido la subcontratación que alcanzaba para el 2008, a más de diez mil trabajadores.
El sector productivo tanto público como privado en todo el período que va desde los años sesenta hasta la apertura en 1989, dispuso de amplia protección lo que le permitió disfrutar de los beneficios de la renta derivada de las exportaciones del petróleo y del hierro. También estas rentas contribuyeron a un mejoramiento de las instalaciones y la infraestructura para la producción, lo que coadyuvó a un incremento del consumo interno. Los esfuerzos por reestructurar el sistema productivo sólo son visibles a partir de la apertura económica iniciada en 1989, pero con serias dificultades políticas, que finalmente no facilitaron sus resultados estables, sino que se abrió una etapa de inestabilidad que dio al traste con lo consensos políticos y económicos que se habían establecido a fines de la década del cincuenta y que desde los primeros años de la década del sesenta, fueron claves para el desarrollo de la estabilidad política y la industrialización sustitutiva.
martes, 23 de febrero de 2010
Venezuela: Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana
Los esfuerzos por emprender la industrialización, se ubican a partir de la década del cincuenta y sesenta del pasado siglo. Un fenómeno tardío si se compara con otros países de la región. Se ha sustentado la tesis que la industrialización venezolana estuvo motivada a aumentar el consumo interno de bienes y servicios, para compensar los desequilibrios favorables de la balanza de pagos con los Estados Unidos de Norteamérica, es decir el país les exportaba (petróleo) pero no consumía, así que la industrialización le permitió al capital norteamericano asegurar un enclave para el consumo de sus productos (Malavé Mata, 1973: 56). Importa destacar que antes de la industrialización el ingreso per cápita del venezolano era de las más altas de América Latina.
También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario; lo que afectó en una primera etapa las posiciones del sector agroexportador tradicional, benefició las importaciones, y no facilitó las exportaciones manufactureras. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten (Baptista y Mommer, 1989). En tanto en los últimos años varios países latinoamericanos han sobrevaluado su moneda, en Venezuela la devaluación ha sido un fenómenos persistente en las últimas tres décadas.
Las inversiones estatales con recursos provenientes de las exportaciones petroleras, sirvieron para la instalación de las industrias básicas de energía y materias primas como el acero, la petroquímica y el aluminio, así como infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria recibieron cuantiosos recursos en los años cincuenta, sesenta y setenta. Todo esto respondía a una realidad, el Estado disponía de los recursos de la renta petrolera, lo que lo convertía en un distribuidor, y no sólo un redistribuidor de los ingresos derivados de la actividad productiva de capital y trabajo. De tal modo que la distribución factorial del ingreso en Venezuela es el resultado de dos procesos de distribución con características muy distintas entre sí (Baptista y Mommer, 1989:16); fortaleciendo así el peso del Estado en la determinación del modelo productivo.
En lo relativo al sector manufacturero, la década del sesenta fue clave para su establecimiento y crecimiento, ya que se adoptaron políticas estatales de estimulo y fomento. Fue un modelo que tuvo notables carencias en el limitado encadenamiento con la producción de materias primas e insumos nacionales, por tanto se le ha llamado un modelo ensamblador, que requería un fuerte componente de importaciones para su funcionamiento. Las inversiones extranjeras se sintieron atraídas por las facilidades otorgadas, y por otro lado, algunos pocos empresarios que detentaban riquezas adquiridas en la agricultura y el comercio, asumieron iniciativas en el sector secundario. Resultado de este proceso se alcanzó para los fines de los sesenta, una contribución del sector manufacturero al PIB de un 18%. Sin embargo a muy temprana fecha, el sector manufacturero empieza a vivir un acelerado proceso de cambio estructural con un marcado sesgo desindustrializador.
Algunos autores llaman la atención que la des-industrialización venezolana es de naturaleza temprana o prematura, pues parece haber comenzado a finales de los años ochenta cuando los niveles de PIB per capita eran bajos (Vera, 2009:89; Valecillos, 1993; Carmona, 2009). Hecho más llamativo y se toma en cuenta que la industrialización venezolana es de las más recientes en el continente, el despegue comenzó en los años cincuenta y se consolidó en los sesenta, es decir empezó sesenta años más tarde que Argentina, Brasil, Chile, México, e incluso veinte años más tarde que en Colombia. (Echavarría y Villamizar, 2010). Este proceso ha continuado persistentemente en los noventa y en lo que va del siglo XXI, en contrapartida ha ocurrido que la economía venezolana se ha primarizado, ya que su composición de actividades con valor agregado han venido a menos, a cambio de actividades basadas en la exportación de petróleo, así como en la importación de bienes de consumo.
Por supuesto que también ha ocurrido un amplio proceso de tercerización, que se expresa en que el sector servicios representa cerca del 70% de la estructura ocupacional, con énfasis en el empleo en la administración pública, en los servicios personales y en el comercio. El peso de los servidores al servicio gubernamental subió entre el 2004 y el 2008, con 517.600 nuevos trabajadores, para alcanzar a 2.257.126 (octubre 2009), representando un 18,2 % de la p.e.a. Para el 2003 el porcentaje era de 14%.
Un plan de re-industrialización es una tarea necesaria para el futuro del país. Es un tema para la discusión, el acuerdo y una visión amplia del país.
También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario; lo que afectó en una primera etapa las posiciones del sector agroexportador tradicional, benefició las importaciones, y no facilitó las exportaciones manufactureras. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten (Baptista y Mommer, 1989). En tanto en los últimos años varios países latinoamericanos han sobrevaluado su moneda, en Venezuela la devaluación ha sido un fenómenos persistente en las últimas tres décadas.
Las inversiones estatales con recursos provenientes de las exportaciones petroleras, sirvieron para la instalación de las industrias básicas de energía y materias primas como el acero, la petroquímica y el aluminio, así como infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria recibieron cuantiosos recursos en los años cincuenta, sesenta y setenta. Todo esto respondía a una realidad, el Estado disponía de los recursos de la renta petrolera, lo que lo convertía en un distribuidor, y no sólo un redistribuidor de los ingresos derivados de la actividad productiva de capital y trabajo. De tal modo que la distribución factorial del ingreso en Venezuela es el resultado de dos procesos de distribución con características muy distintas entre sí (Baptista y Mommer, 1989:16); fortaleciendo así el peso del Estado en la determinación del modelo productivo.
En lo relativo al sector manufacturero, la década del sesenta fue clave para su establecimiento y crecimiento, ya que se adoptaron políticas estatales de estimulo y fomento. Fue un modelo que tuvo notables carencias en el limitado encadenamiento con la producción de materias primas e insumos nacionales, por tanto se le ha llamado un modelo ensamblador, que requería un fuerte componente de importaciones para su funcionamiento. Las inversiones extranjeras se sintieron atraídas por las facilidades otorgadas, y por otro lado, algunos pocos empresarios que detentaban riquezas adquiridas en la agricultura y el comercio, asumieron iniciativas en el sector secundario. Resultado de este proceso se alcanzó para los fines de los sesenta, una contribución del sector manufacturero al PIB de un 18%. Sin embargo a muy temprana fecha, el sector manufacturero empieza a vivir un acelerado proceso de cambio estructural con un marcado sesgo desindustrializador.
Algunos autores llaman la atención que la des-industrialización venezolana es de naturaleza temprana o prematura, pues parece haber comenzado a finales de los años ochenta cuando los niveles de PIB per capita eran bajos (Vera, 2009:89; Valecillos, 1993; Carmona, 2009). Hecho más llamativo y se toma en cuenta que la industrialización venezolana es de las más recientes en el continente, el despegue comenzó en los años cincuenta y se consolidó en los sesenta, es decir empezó sesenta años más tarde que Argentina, Brasil, Chile, México, e incluso veinte años más tarde que en Colombia. (Echavarría y Villamizar, 2010). Este proceso ha continuado persistentemente en los noventa y en lo que va del siglo XXI, en contrapartida ha ocurrido que la economía venezolana se ha primarizado, ya que su composición de actividades con valor agregado han venido a menos, a cambio de actividades basadas en la exportación de petróleo, así como en la importación de bienes de consumo.
Por supuesto que también ha ocurrido un amplio proceso de tercerización, que se expresa en que el sector servicios representa cerca del 70% de la estructura ocupacional, con énfasis en el empleo en la administración pública, en los servicios personales y en el comercio. El peso de los servidores al servicio gubernamental subió entre el 2004 y el 2008, con 517.600 nuevos trabajadores, para alcanzar a 2.257.126 (octubre 2009), representando un 18,2 % de la p.e.a. Para el 2003 el porcentaje era de 14%.
Un plan de re-industrialización es una tarea necesaria para el futuro del país. Es un tema para la discusión, el acuerdo y una visión amplia del país.
sábado, 20 de febrero de 2010
REESTRUCTURACIÓN PRODUCTIVA EN VENEZUELA: BALANCE LABORAL
Con este título hemos venido elaborando contribución para publicación colectiva que reune análisis de autores de varios países. La obra es dirigida por Julio Cesar Neffa -Argentina- y Enrique de la Garza -México-, pero además reune contribuciones de Marcio Pochman y Giovanny Alves -Brasil-, Jorge Carrillo -México-, Fernando Urrea -Colombia- y la contribución nuestra, caso venezolano obviamente, cuyo índice es que sigue, aunque cada contribución presente su propio esquema:
• I Introducción. Rasgos sobresalientes del modelo productivo
• Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana
• Manifestaciones de agotamiento del modelo de desarrollo productivo previo; 1983-1989.
• Reestructuración Productiva: Apertura, Privatización, Descentralización, 1989-1998
• II Caracterización del funcionamiento laboral en Venezuela. Nuevas institucionalidades; ruptura del pacto tripartito; recentralización y tensiones políticas.
• Libertad Sindical
• Sindicalismo fragmentado. Paralelismo y consecuencias. Conflictos inter e intra sindicales. Violencia Laboral y Sindical.
• La Violencia Sindical
• Criminalización de la Protesta Laboral
• El fomento de nuevas formas de representación.
• Los Delegados de Prevención
• Los Consejos de Trabajadores
• Los Consejos Comunales
• Las Milicias Obreras
• Las luchas reivindicativas: negociaciones colectivas
• La reforma de la Legislación Laboral
• Salarios Mínimos: Inflación, Dialogo, Cobertura y Dolarización
• Política Social
• III Estatización del aparato productivo. Nuevos esquemas productivos. Nuevas Relaciones de Trabajo, 2003-2008.
• Fomento del Cooperativismo
• Las Empresas de Producción Social
• Las Empresas de Propiedad Social
• Las expropiaciones
• Sistema Productivo y Relaciones Internacionales
• Conclusiones
• Bibliografía
• Apéndice Estadístico
Es un esquema de fenómenos controversiales en el desarrollo productivo y laboral de los últimos 25 años, y desde ya el mayor interés en intercambiar sobre los mismos.
• I Introducción. Rasgos sobresalientes del modelo productivo
• Industrialización Tardía y Desindustrialización Temprana
• Manifestaciones de agotamiento del modelo de desarrollo productivo previo; 1983-1989.
• Reestructuración Productiva: Apertura, Privatización, Descentralización, 1989-1998
• II Caracterización del funcionamiento laboral en Venezuela. Nuevas institucionalidades; ruptura del pacto tripartito; recentralización y tensiones políticas.
• Libertad Sindical
• Sindicalismo fragmentado. Paralelismo y consecuencias. Conflictos inter e intra sindicales. Violencia Laboral y Sindical.
• La Violencia Sindical
• Criminalización de la Protesta Laboral
• El fomento de nuevas formas de representación.
• Los Delegados de Prevención
• Los Consejos de Trabajadores
• Los Consejos Comunales
• Las Milicias Obreras
• Las luchas reivindicativas: negociaciones colectivas
• La reforma de la Legislación Laboral
• Salarios Mínimos: Inflación, Dialogo, Cobertura y Dolarización
• Política Social
• III Estatización del aparato productivo. Nuevos esquemas productivos. Nuevas Relaciones de Trabajo, 2003-2008.
• Fomento del Cooperativismo
• Las Empresas de Producción Social
• Las Empresas de Propiedad Social
• Las expropiaciones
• Sistema Productivo y Relaciones Internacionales
• Conclusiones
• Bibliografía
• Apéndice Estadístico
Es un esquema de fenómenos controversiales en el desarrollo productivo y laboral de los últimos 25 años, y desde ya el mayor interés en intercambiar sobre los mismos.
martes, 16 de febrero de 2010
Violencia Laboral en Carabobo
Quienes hacemos estudios de las Relaciones de Trabajo, hemos venido viendo paulatinamente la descomposición de su funcionamiento. Múltiples manifestaciones lo vienen mostrando. Y preocupa que se haga muy poco para contrarrestarlo. Un proceso de descomposición laboral avanza y hace la convivencia más difícil en los espacios productivos.
En ese marco parece ubicarse lo ocurrido el pasado jueves 12 del presente mes, con asesinato de gerente de Recursos Humanos de la empresa italiana Ghella C.A., constructora contratada para las obras del ferrocarril.
Todo parece apuntar a una víctima más de la existencia de anormalidades en el funcionamiento laboral que desembocan en la violencia. Hechos como la existencia de múltiples organizaciones sindicales, así como múltiples mecanismos de representación, - paralelismo pronunciado-, ya que además de la diversidad de sindicatos actuantes en un mismo sector productivo, y por encima de ellos las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado (federaciones y centrales sindicales), funcionan los delegados de prevención y los comités de esa misma actividad, los consejos comunales que se vinculan con los repartos de los empleos, las “pseudocooperativas”, a todo ellos agréguese que se vienen promoviendo las milicias obreras, y los consejos de trabajadores. Con tal diversidad de instituciones imaginemos la complejidad y dificultad para el ejercicio de una representación laboral efectiva, autónoma y transparente. Para las empresas que se desenvuelven en esos escenarios la actividad productiva se torna heroica. Por eso la competitividad para un mejoramiento sustentable y sostenido de las condiciones de trabajo se convierte en una quimera.
El fenómeno de la violencia laboral adquiere magnitudes extremas a partir del 2005. El Informe de Provea, institución no gubernamental que lleva registros de violaciones de los derechos humanos, indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y petrolero. El año siguiente -2006- el Informe de Provea correspondiente indica un número de 48 asesinados, el más alto en toda la historia del país; el fenómeno sigue ocurriendo por el acceso al empleo, en los sectores mencionados.
El número baja a 29 en el 2007, este año “se instala una mesa de dialogo de alto nivel constituida en el 2007 para buscar soluciones a esta problemática fue abandonada tanto por los trabajadores como por el gobierno sin haber logrado resultado alguno” (Provea 2008:128). Nuevamente en el 2009, se tienen 46 casos. La amplia mayoría ocurren en el sector de la construcción, y en menor proporción en el sector petrolero y el automotriz.
Con los datos anteriores Provea informa que ya para el año 2007 “Venezuela es el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas, luego de Colombia” . Sin embargo, comparando y analizando los datos recopilados por la Escuela Nacional Sindical –ENS-, resulta discutible esta afirmación, véase lo siguiente: Disponiendo de dos fuentes por un lado la ESN, que da cuenta de 22 homicidios de sindicalistas –Colombia- en el 2007 y de 34 en el 2008. Estos números son más bajos que los de Venezuela en esos mismos años. Aunque otra fuente importante como es la Confederación Sindical Internacional, a la cual está afiliado el sindicalismo colombiana, presenta un registro de 39 y 45 de asesinatos de sindicalistas para igual período.
Hay que destacar que en Colombia se inició en el 2006 un programa de dialogo y varias medidas para combatir el problema – “Acuerdo sobre Libertad Sindical y Democracia”-, que incluye por cierto la instalación permanente de una misión de OIT coadyuvando a la solución del problema. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT informa de los adelantos, entre ellos el aumento de las sentencias condenatorias, la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. La Comisión sigue considerando bajo el número de de condenas, y que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores.
Volviendo al caso del gerente de RRHH asesinado el pasado 12 del presente, hay que destacar, que hasta ahora, no ha habido ninguna declaración de funcionarios públicos sobre el particular, ni de la empresa ni de los sindicatos del ramo. En cuanto a la Administración del Trabajo, hace rato que se le ha venido escapando su papel orientador, pedagógico y vigilante de las relaciones entre empresas y trabajadores, para una convivencia favorable el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y de una mejor producción para la sustentabilidad productiva y el bienestar general de sociedad.
En ese marco parece ubicarse lo ocurrido el pasado jueves 12 del presente mes, con asesinato de gerente de Recursos Humanos de la empresa italiana Ghella C.A., constructora contratada para las obras del ferrocarril.
Todo parece apuntar a una víctima más de la existencia de anormalidades en el funcionamiento laboral que desembocan en la violencia. Hechos como la existencia de múltiples organizaciones sindicales, así como múltiples mecanismos de representación, - paralelismo pronunciado-, ya que además de la diversidad de sindicatos actuantes en un mismo sector productivo, y por encima de ellos las organizaciones sindicales de segundo y tercer grado (federaciones y centrales sindicales), funcionan los delegados de prevención y los comités de esa misma actividad, los consejos comunales que se vinculan con los repartos de los empleos, las “pseudocooperativas”, a todo ellos agréguese que se vienen promoviendo las milicias obreras, y los consejos de trabajadores. Con tal diversidad de instituciones imaginemos la complejidad y dificultad para el ejercicio de una representación laboral efectiva, autónoma y transparente. Para las empresas que se desenvuelven en esos escenarios la actividad productiva se torna heroica. Por eso la competitividad para un mejoramiento sustentable y sostenido de las condiciones de trabajo se convierte en una quimera.
El fenómeno de la violencia laboral adquiere magnitudes extremas a partir del 2005. El Informe de Provea, institución no gubernamental que lleva registros de violaciones de los derechos humanos, indica para ese año, el asesinato de 45 dirigentes sindicales, la amplia mayoría relacionados con la obtención de empleos en los sectores de la construcción y petrolero. El año siguiente -2006- el Informe de Provea correspondiente indica un número de 48 asesinados, el más alto en toda la historia del país; el fenómeno sigue ocurriendo por el acceso al empleo, en los sectores mencionados.
El número baja a 29 en el 2007, este año “se instala una mesa de dialogo de alto nivel constituida en el 2007 para buscar soluciones a esta problemática fue abandonada tanto por los trabajadores como por el gobierno sin haber logrado resultado alguno” (Provea 2008:128). Nuevamente en el 2009, se tienen 46 casos. La amplia mayoría ocurren en el sector de la construcción, y en menor proporción en el sector petrolero y el automotriz.
Con los datos anteriores Provea informa que ya para el año 2007 “Venezuela es el segundo país en el mundo más peligroso para los sindicalistas, luego de Colombia” . Sin embargo, comparando y analizando los datos recopilados por la Escuela Nacional Sindical –ENS-, resulta discutible esta afirmación, véase lo siguiente: Disponiendo de dos fuentes por un lado la ESN, que da cuenta de 22 homicidios de sindicalistas –Colombia- en el 2007 y de 34 en el 2008. Estos números son más bajos que los de Venezuela en esos mismos años. Aunque otra fuente importante como es la Confederación Sindical Internacional, a la cual está afiliado el sindicalismo colombiana, presenta un registro de 39 y 45 de asesinatos de sindicalistas para igual período.
Hay que destacar que en Colombia se inició en el 2006 un programa de dialogo y varias medidas para combatir el problema – “Acuerdo sobre Libertad Sindical y Democracia”-, que incluye por cierto la instalación permanente de una misión de OIT coadyuvando a la solución del problema. La Comisión de Aplicación de Normas de la OIT informa de los adelantos, entre ellos el aumento de las sentencias condenatorias, la creación de un fondo de reparación para las víctimas de la violencia. La Comisión sigue considerando bajo el número de de condenas, y que las sentencias que han sido dictadas sólo se refieren a los autores materiales de la violencia y no a los instigadores.
Volviendo al caso del gerente de RRHH asesinado el pasado 12 del presente, hay que destacar, que hasta ahora, no ha habido ninguna declaración de funcionarios públicos sobre el particular, ni de la empresa ni de los sindicatos del ramo. En cuanto a la Administración del Trabajo, hace rato que se le ha venido escapando su papel orientador, pedagógico y vigilante de las relaciones entre empresas y trabajadores, para una convivencia favorable el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores, y de una mejor producción para la sustentabilidad productiva y el bienestar general de sociedad.
jueves, 11 de febrero de 2010
Desarrollo Endógeno y Socialismo no Participativo
El modelo productivo dominante en el discurso promovido desde el Estado se le identifica como un modelo de desarrollo endógeno. Indudablemente bien distante a la orientación de un modelo abierto con proyección exportadora. Hay que recordar que el modelo productivo que se pretende sustituir tampoco llegó a alcanzar niveles de exportaciones importantes. El patrón de consumo dominante descansaba en una producción desarticulada sin encadenamientos productivos estables, con un alto nivel de importaciones.
Para alcanzar sus propósitos se ha fomentado un mayor control del sistema productivo por parte del Estado. Hay que señalar que las primeras medidas de control, que fueron enunciadas y aprobadas a fines del 2001, generaron inmediatamente una relación tirante con el empresariado, que se ha profundizado año tras año, a pesar de ciertas muestras de acercamiento que buena parte del empresariado parecería estar dispuesto a aceptar, si al menos el gobierno hiciera algún gesto. Pero éste recurre sistemáticamente a recordar hechos ocurridos en el 2002 y 2003, para invocar y justificar el distanciamiento y hasta la "lucha de clases".
El modelo productivo y las consecuencias en las Relaciones de Trabajo se hacen más impactantes, a partir del fomento de formas de propiedad y organización del trabajo por parte del Estado. En este sentido se destacan el reimpulso al Cooperativismo que ha resultado más bien en pseudocooperativismo, el fomento de nuevas organizaciones productivas, como son las Empresas de Producción Social por un lado, y más recientemente la Empresas de Propiedad Social. A ello hay que agregar las estatizaciones, fundadas en un primer momento en el carácter de sectores productivos estratégicos, en otros casos la ansiada búsqueda de la soberanía alimentaria, en otros casos como resultado de situaciones conflictivas laborales, no siempre bien conducidas por la Administración del Trabajo, y finalmente estatizaciones que no expresan claramente sus fundamentos, en donde las justificaciones surgen es a posteriori de la propia estatización, sin ningún debate con nadie ni en ningún ámbito que pueda corresponder con la más mínima dosis de participación, resultando algo así como "Socialismo no participativo", que caso tras caso van minando la capacidad productiva del país, y no vamos ni al desarrollo exógeno, ni al endógeno, más bien al no desarrollo.
Para alcanzar sus propósitos se ha fomentado un mayor control del sistema productivo por parte del Estado. Hay que señalar que las primeras medidas de control, que fueron enunciadas y aprobadas a fines del 2001, generaron inmediatamente una relación tirante con el empresariado, que se ha profundizado año tras año, a pesar de ciertas muestras de acercamiento que buena parte del empresariado parecería estar dispuesto a aceptar, si al menos el gobierno hiciera algún gesto. Pero éste recurre sistemáticamente a recordar hechos ocurridos en el 2002 y 2003, para invocar y justificar el distanciamiento y hasta la "lucha de clases".
El modelo productivo y las consecuencias en las Relaciones de Trabajo se hacen más impactantes, a partir del fomento de formas de propiedad y organización del trabajo por parte del Estado. En este sentido se destacan el reimpulso al Cooperativismo que ha resultado más bien en pseudocooperativismo, el fomento de nuevas organizaciones productivas, como son las Empresas de Producción Social por un lado, y más recientemente la Empresas de Propiedad Social. A ello hay que agregar las estatizaciones, fundadas en un primer momento en el carácter de sectores productivos estratégicos, en otros casos la ansiada búsqueda de la soberanía alimentaria, en otros casos como resultado de situaciones conflictivas laborales, no siempre bien conducidas por la Administración del Trabajo, y finalmente estatizaciones que no expresan claramente sus fundamentos, en donde las justificaciones surgen es a posteriori de la propia estatización, sin ningún debate con nadie ni en ningún ámbito que pueda corresponder con la más mínima dosis de participación, resultando algo así como "Socialismo no participativo", que caso tras caso van minando la capacidad productiva del país, y no vamos ni al desarrollo exógeno, ni al endógeno, más bien al no desarrollo.
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