Terminamos el 2013 con perspectivas inquietantes en materia
económica para el nuevo año, que como sabemos no prevé ningún evento electoral
nacional. En nuestra cultura política estos eventos dan lugar a que en el
período de la campaña, se postergan decisiones del interés nacional, se
disfrazan las realidades e incluso se dan escenas parecidas a las de la hora
loca de un evento festivo.. música, pitos, gritos y regalos.
Lo señalado es un elemento central del contexto para la toma
de decisiones económicas por parte del Gobierno. Esto a su vez apareja dos
consecuencias centrales sobre las relaciones de trabajo. Una por ser el
Gobierno el principal empleador, y quién carga a cuestas con compromisos
laborales que vienen generando tensiones con sus trabajadores, ya sea por
incumplimiento de lo firmado o acordado,
o por postergar negociaciones con sus servidores, quienes aspiran
revisiones de sus condiciones de trabajo, aspiración legítima en un contexto
inflacionario como el existente. La otra
importante consecuencia de las decisiones que en materia económica tome el
gobierno, son las repercusiones en los privados, sean los empresario y sus
empresas; así como en los trabajadores y sus empleos, condiciones de trabajo y
condiciones de su vida familiar.
Las decisiones económicas que se avizoran las impulsa el
creciente déficit fiscal que en el presente año alcanzará entre el 13-15%. El
gobierno gasta más de lo que le ingresa, a pesar de los muy buenos precios
petroleros. Compárese que cuando se elaboró el presupuesto de este año que
concluye, se fijó el déficit fiscal en 3.9%. Cierto que el presupuesto nacional
a perdido precisión para ser una referencia transparente del comportamiento administrativo
gubernamental. Véase que se presupuestan los ingresos para el 2014 con un
barril de petróleo a US$ 60, cuando se
ubica al menos un 60-70% mas arriba. El déficit fiscal se fija en 4.5%. Ante
esta realidad suena el ruido de una devaluación inminente, así como se anuncia
desde las altas esferas oficiales la subida del precio de la gasolina, y es de
esperar que habrán otras medidas que incidirán en el ambiente laboral de los
privados, sean empresarios o trabajadores.
Es oportuno destacar que los países europeos que vienen
experimentando dificultades económicas severas, como España, Grecia, Irlanda y
Portugal, ninguno alcanza los niveles de déficit fiscal que hemos tenido en Venezuela en los dos últimos
años.
¿Como podrán encarar esta situación los trabajadores? Lo
primero que ha de señalarse es que la organización de los trabajadores ha
venido resintiéndose de los efectos de las políticas públicas, y
particularmente las laborales, de estos últimos años. Resultado de ello es la fragmentación
del movimiento, y más grave es que ello ocurre en un marco de la vigencia de un
cuadro regulatorio adverso al desenvolvimiento libre y autónomo de estas
organizaciones, dada las restricciones imperantes. Mírese el juicio que se ha
seguido contra el dirigente Rubén González quién atendió sus responsabilidades
como Secretario General de su sindicato en Ferrominera, al reclamar el
cumplimiento patronal del convenio colectivo, y por ello estuvo preso un año y
medio, luego de ser sentenciado a siete y medio años; la presión de
sindicalismo logro que se le siguera un juicio penal en libertad, pero con el
absurdo de hacerlo venir desde su lejana Ciudad Piar a Caracas, una o dos veces
cada mes. Su caso es un icono de cómo desde el poder se trata la acción
sindical autónoma.
Un esfuerzo de agregación y coordinación entre las diversas
organizaciones y tendencias que activan en el movimiento de los trabajadores es
una necesidad en el escenario planteado. Por ello es plausible y se corresponde
con esa dirección la gestión judicial que acaban de hacer, al solicitar la
nulidad de varios artículos que en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica
del Trabajo, de Trabajadores y Trabajadoras, atentan contra la libertad
sindical. El más urgente de los asuntos cuestionados es el del Registro
Nacional de Organizaciones Sindicales que dio un plazo que fenece este 31 de
diciembre, con la amenaza de disolver a aquellas organizaciones que no se
registren. Esta gestión ha sido promovida por todas las corrientes y
organizaciones que activan en el sindicalismo venezolano, con la salvedad de la
central promovida por el gobierno. Hay que destacar que por años, quienes
promovieron la solicitud no realizaban acciones conjuntas de esta naturaleza e
importancia.
Los esfuerzos de agregación y coordinación como el destacado
tendrán que repetirse en acciones no sólo de tipo judicial, sino también en el
quehacer de las propias relaciones laborales, porque ha quedado evidenciado que
múltiples organizaciones y corrientes promoviendo conflictos, haciendo grandes
esfuerzos para el accionar cotidiano cada una por su lado, no han sido
suficiente para detener los niveles de deterioro de las condiciones laborales,
a pesar del enorme ingreso petrolero que el país ha recibido.
Debatir como se encarará la crisis fiscal implica formular
algunas interrogantes para el futuro cercano, como ¿que medidas tomará el
gobierno? ¿que papel jugaran los trabajadores y sus organizaciones en la
construcción de esas medidas, serán consultados? ¿Sobre quienes recaeré el
costo de la resolución de la crisis? ¿pagarán la crisis quienes han
despilfarrado los recursos de todos? ¿Hacia donde apuntar la mirada para buscar
vías para la resolución de la crisis? Todo parece indicar que será un año
definitorio en el papel que ha de jugar movimiento de los trabajadores.
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