De la “guerra económica” se ha venido hablando y
escribiendo. Quienes exponen la tesis la sustentan en ciertos problemas
económicos muy sentidos por la población. En primer lugar, las dificultades de
consecución de productos fundamentales en la dieta, en el hogar y en la vida de
las familias; en segundo lugar la elevación abrupta de los precios en los
últimos meses, y finalmente escasez en la asignación de divisas en el sistema
de control cambiario y la elevación de la paridad del dólar estadounidense en
el mercado paralelo.
Al escribir
en comillas, lo que se quiere enfatizar es que no estamos convencidos de que se
trate en este caso de una verdadera guerra económica. O mejor decirlo, que si
bien las anomalías que se destacan como consecuencia de la supuesta
confrontación bélica, si lo siente agudamente la sociedad, sea en los niveles
de consumidores como de productores.
Si se
quiere insistir en que las dificultades económicas mencionadas provienen de una
guerra económica, forzosamente hay apuntar la mirada hacia el lugar de donde
provendría. Veamos con más detalles algunos de los problemas relevantes.
Empecemos
por preguntarnos ¿quién dirige la economía, tanto en establecimiento de
regulaciones como en un importante papel en la condición productora? En nuestro
caso no es difícil afirmar que es el gobierno. Es responsable directamente de
mas de un 30% del PIB, pero también es el receptor de un 95% de las divisas que
ingresan a la economía nacional. Es productor y proveedor monopólico de algunos
rubros básicos, como petróleo y derivados, energía, acero, aluminio, gas,
cemento, agua, entre otros. Controla directamente sin autonomía alguna el Banco
Central, instrumento creador de dinero inorgánico. Por otro lado, es el
empleador directo de más de 2.5 millones de personas, de un total en la
economía formal de seis millones.
Esta
dimensión obliga a considerar que el más sospechoso de una supuesta guerra
económica es quién tenga tales dimensiones. Son tantas las instancias que lo
conforman que un control efectivo de si mismo, ya es una tarea compleja y no
libre de los riesgos que teóricamente pueden llevar a escenarios de guerra
económica, como son el desempeño errático deliberado o no, puede ser por
negligencia, por impericia, por improvisación, por falta de entendimiento con
quienes están vinculados con estas entidades productoras.
Si no
queremos apuntar la mirada hacia el gobierno en su condición de rector de la
economía y productor importante, entonces veamos a los productores privados.
Aquí están las empresas y los trabajadores. Con las empresas y sus dificultades
es claro identificar que su razón de ser es producir y vender. Lo que lo impida
choca con la naturaleza de la empresa. Aquellas que opten por estrategias que
dificulten su producción y ventas están condenadas a desaparecer. No se niega
que una empresa, un sector, o una amplia gama de empresas opten por un
arriesgado comportamiento tipo lock-out, de negarse a producir como estrategia
de protesta, lo que puede encajar en la denominación guerra económica. De
alguna manera ello ocurrió en el paro cívico de diciembre 2002 y enero 2003, cubriendo a amplios sectores
productivos.
En la
presente etapa las dificultades operativas del sector empresarial privado son
variadas, así como ampliamente
visibilizadas las que derivan de políticas estatales que son concebidas,
instrumentadas y aplicadas sin procesos de consultas y dialogo con los
empresarios.
Entre las
dificultades y desestímulos al sector productivo nacional es relevante
mencionar el enorme esfuerzo que se observa en las políticas gubernamentales en
construir acuerdos y convenios con otros
países, tanto con sus gobiernos como con
sus empresarios. Es por ello el notable aumento de las importaciones en rubros
que en otros tiempos la producción nacional abastecía el consumo, en algunos casos
con excedentes exportables. El trato discriminatorio y desdeñoso hacia los
productores nacionales, tanto empresarios como trabajadores abona al estado de
pérdida de producción, en beneficio de otros países. Parece más bien una guerra al revés.
Y los
trabajadores ¿que situación experimentan en esta llamada guerra económica? En
primer lugar se pierden empleos o desmejora la calidad de los que quedan. Se
dificultan los procesos de mejoramiento de condiciones de trabajo, dando lugar
a mayores presiones conflictivas, con riesgos de sanciones gubernamentales como
los casos de criminalización; así también amenazas de disolución de
organizaciones sindicales o declaratorias de mora electoral por procesos
cuestionables de intervencionismo externo. Se violentan comportamientos en algunas ramas
productivas, con total inacción de quienes tendrían que imponer la paz. Se
desalientan muchos trabajadores jóvenes para los procesos de formación y
certificación por las limitaciones de acceso y de hacer carrera en el sistema
productivo. Téngase presente que la tasa de desempleo para los jóvenes
multiplica por dos y tres la del total de la población. Se acentúa un proceso
de fuga de recursos humanos calificados, que van a ser aprovechados en otras
economías. Tanto los desempleados, desalentados, precarizados, los amenazados
por comportamientos violentos que vienen imponiéndose en las relaciones
laborales, los del salario mínimo, como los que se aventuran a irse del país, son
de verdad perjudicados y desplazados por la guerra económica, pero ¿la guerra
de quién y contra quién?
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