El
planteamiento llevó de nuestra parte a solicitar que estableciéramos un
criterio o definición de que se entendería por empresa recuperada. La solicitud
fue respondida por los colegas argentinos, con el siguiente texto: “.. le decimos empresas recuperadas a las
empresas autogestionadas por sus trabajadores; empresas que anteriormente
tenían un dueño o patrón que la quebró y dejó a esos trabajadores sin trabajo.
Es en ese momento en que los trabajadores deciden luchar para poder quedársela,
armar una cooperativa y autogestionarla”.
En nuestro caso venezolano,
señalamos que lo predominante en las experiencias locales es que el Estado
se queda con las empresas, y pasan a ser identificadas como empresas de
propiedad social y/o empresas de producción social, y que no pasan a manos de
los trabajadores desde el punto de vista de la propiedad.
En cuanto a la preocupación por
el número de experiencias de empresas recuperadas, es un número variable en el
tiempo, porque además de que se agregan por diversas razones, y no solamente el
hecho de que los propietarios las hayan quebrado, sino que también el Estado se
interesa por estatizar empresas que están en pleno desarrollo productivo, nada
quebradas, y en la mayoría de los casos, pasan luego a experimentar serias
dificultades, dando lugar a que parte de ellas quiebren, pero ya en manos de la
administración estatal.
Pero la opacidad con la cual
se maneja este sector de empresas recuperadas, expropiadas, estatizadas, no da
lugar a que se conozca públicamente los detalles operativos y financieros
correspondientes, ya sea la situación pre estatización, como la que se
configura a lo largo del período en manos estatales. La exigencia de
información, se trata de reclamo pertinente, habida cuenta de que estas
empresas pasan a ser patrimonio de la nación y del interés de los ciudadanos.
También hay que señalar que
los controles que desde el Estado se aplican a las empresas, plantean la necesidad de analizar si la manera
como los controles son administrados conllevan a agudizar el problema de
funcionamiento de una empresa, o son los controles en si mismo generadores de
dificultades. Esto es importante, para contrastarlo con la apreciación más frecuentemente esbozada por las autoridades que asignan a
los propietarios y administradores, la causa de una gestión errática, y es ello
lo que lleva a situaciones de bancarrota.
A priori no se trata de hacer señalamientos que
se inclinen por una u otra situación y caer en generalizaciones, sino que la
temática demanda apertura, información y transparencia para poder evaluar y
concluir las razones que llevan a la situación de crisis de la firma.
El hecho de establecer a
través de regulaciones controles y congelaciones de precios, tarifas, cuotas de
servicios y/o productos en situación preferencial, plantea junto a la
asignación de divisas en condiciones discriminatorias, así como un tratamiento
desigual en la aplicación de la legislación laboral, en lo que tiene que ver
empresas privadas y públicas, conlleva a que determinadas empresas deban
sobrevivir en situaciones que gradualmente se va afectando la calidad de sus
productos y servicios, levantando quejas de los consumidores y usuarios, y
teniendo dificultades para cumplir con los trabajadores en los compromisos
legales y contractuales.
El número de empresas sean
estatizadas, expropiadas, con pago de sus bienes o sin pago de ellos, en fin,
se asoma el número de 988 empresas en estas situaciones en los últimos cinco
años, siendo el caso del presente año -2011- el de mayor acción estatal en este
orden al alcanzar 402 casos, casi la mitad de este quinquenio. Estos datos son
provistos por el gremio empresarial Fedecámaras, sin embargo no son refutados
por el gobierno, y por otro lado las entidades públicas que tiene que ver con
el tema, informan de casos muy limitados, y se carece de una información
centralizada que trate el tema.
Del Estado se espera una
función reguladora para conciliar intereses de la nación, de trabajadores,
consumidores y empresas. Si el ejercicio de esta función se traduce en la
creación de un ambiente de dificultades para producir, y que lamentablemente se
intenta resolverlo con importaciones, se está atentando con los intereses de la
nación completa, porque se destruye su tejido productivo. Le importa a la
actual generación y a las futuras.
Concluyendo, por lo que leímos al principio de este artículo, no es el mismo
fenómeno lo que entienden los colegas argentinos por empresas recuperadas y lo
que viene ocurriendo por estos lares.
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