martes, 27 de septiembre de 2016

LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO


  En el país hay un compromiso con el sistema productivo, su actual estado obliga a replantearse propuestas para superar las dificultades que desde el punto de vista de su funcionamiento presentan la mayoría de las empresas. Cierto que es más notorio en las estatales, sean de las tradicionales o de las incorporadas en los últimos diecisiete años, pero también en las empresas privadas el complejo contexto no le es ajeno; es por lo que la situación obliga a analizar empezando por indagar qué fue lo que ocurrió para que estemos en esta catástrofe productiva y organizacional, para inmediatamente construir propuestas de alternativas y salidas productivas.

  Es importante distinguir que antes de que una porción de las empresas pasaron a ser influenciadas unas y hasta intervenidas otras con los nuevos conceptos que emergen en el llamado período de la revolución bolivariana, no todas las empresas andaban bien. Evidente que en el país se requería una reestructuración productiva, pero la generalidad de las empresas cumplían con sus compromisos laborales, con sus proveedores, con el Estado, y el país no vivió los extremos de escasez, inflación y corrupción que hoy se conocen. Está planteado encarar el desafío explicativo sobre qué fue lo que pasó para que nuestro país pasara en tan breve tiempo de un sistema que atendía necesidades de su propio aparato productivo, y lo más importante, las necesidades de sus ciudadanos,  a la actual situación. Se  agrega que dentro de este lapso se incluye el período en el cual el país recibió la mayor riqueza en divisas de toda su historia.

  En el presente se contabilizan en lo social todo tipo de indicadores de escasez de alimentos y productos esenciales, de desnutrición, con su consecuente secuela de conflictos, violencia, y extrema pobreza. Es una tarea a ser encarada en la reconstrucción del aparato productivo nacional. 

  En cuanto a la reconstrucción productiva no es extraño oír a interesados destacar la preocupación por la actitud poco comprometida que se pueda haber estimulado hacia el trabajo, en el sentido de destacar que la revolución bolivariana  no ha mostrado mayor preocupación por fortalecer valores que se derivan del trabajo. 

  Uno de ellos es el acentuado sectarismo que ha creado situaciones de apartheid político que se han llevado a extremos al interior de las organizaciones productivas. Listas de miembros del partido, listas de opositores, que de paso se tiende incluso a concebirlos como enemigos, listas de recomendaciones, el nepotismo que es más acentuado cuando proviene de los niveles más altos de la pirámide de gobierno, y finalmente la extendida militarización que en esta fase del madurismo, amplió sus tentáculos. Y todo esto por otro lado ha sacrificado a millones de venezolanos en sus carreras, sus méritos, profesionalización, esfuerzo, y la antigüedad en las organizaciones, dejando insatisfacción no sólo en los afectados directos, sino a familiares y en especial a los jovenes que ven una perspectiva sombría a sus futuras carreras laborales. 

  Los nuevos paradigmas productivos que tarde llegaron a nuestro país, como consecuencia del retraso en industrializarse y modernizarse como país productor de bienes y servicios distintos a los hidrocarburos y los minerales, que fueron quienes sustentaron la economía por largas décadas. Los intentos de la década del sesenta en adelante por construir una nueva economía basada en la industria que a su vez sustituyera importaciones, y que años más tarde por los acuerdos de integración era necesario abrirse a los mercados regionales, para ir especializando aquellos sectores con ventajas comparativas en una primera fase. 

  En pocas actividades económicas se avanzó en crear organizaciones modernas que acogieran nuevos paradigmas productivos, conceptos de justo a tiempo, de formación permanente, de grupos de trabajo, de esquemas participativos, de énfasis en la calidad y la competitividad, de eliminar los desperdicios y evitar los re trabajo, las devoluciones y los atrasos, someterse a las auditorías de productos, de procesos y de todo aquello que conforma el quehacer productivo,  y someterse a las comparaciones con competidores para ir superando metas, en la inversión en innovación y en mejoramiento de procesos. Todo esto demandaba una gerencia disciplinada, con liderazgo, estudiosa, con credibilidad en los valores del trabajo, la disciplina, la ética, el respeto a cada miembro de los equipos de trabajo. Así también en los cuadros del equipo que tenía responsabilidades en la conducción del negocio, que reconoce a cada miembro del personal como un ser con plenas capacidades de análisis y operatividad, de aportar mejoras a los procesos, y de ser partícipe de la gestión.

  Sí reconocemos que no se avanzó suficiente en estos esquemas organizacionales para lograr mejores productos, ambientes de trabajo y altas calificaciones de los trabajadores, pero sí se estaban dando pasos algo tímidos en algunos sectores y empresas. Incluso con insuficiente orientación desde el Estado y las políticas públicas, y también con insuficiente integración con el sistema académico de las universidades nacionales, en cuanto a la formación de los recursos humanos y a la investigación, ya que todo esto tiene un importante potencial de aportes.    

  Hay que reconocer que estos esquemas en aquellos centros productivos en donde alcanzaron un cierto grado de avance, el contexto de funcionamiento económico y político de estos últimos años ha dado lugar al surgimiento y existencia de obstáculos para su permanencia y desarrollo. 

  Toca reconstruir el maltrecho tejido productivo, replantearse cuales han de ser los esquemas mas idóneos para atender un país que lleva años sin invertir, sin actualizarse tecnológicamente, que hoy cualquier otro país de menor dimensión en su economía nos supera, para que se relance a recuperar los niveles de consumo y producción perdidos, y que al mismo tiempo construya una visión de país que supere las heridas y traumas que se han multiplicado en estos últimos años, que son un lastre para ver con optimismo una mejor sociedad para todos.

@hl_lucena



lunes, 19 de septiembre de 2016

OBSTACULOS A LA ORGANIZACION DEL TRABAJO


Sobre los procesos de trabajo así como la organización que demanda que en las empresas se desarrollen normalmente las actividades, las que dan lugar a lograr la elaboración de los productos y servicios para las cuales fueron creadas, hemos destacado que no han sido temas noticiosos, es decir que no han dado lugar a la atracción de la opinión pública. Que más bien los temas del mundo del trabajo más referidos en los medios son aquellos que ocurren en el contexto que lo circunda y no tanto en el centro de las actividades productivas, es decir en el foco de los procesos y de la organización del trabajo.

  Entendiendo los procesos de trabajo como aquellas actividades que ocurren directamente entre un trabajador y lo que se le demanda desde la empresa para contribuir a elaborar un bien o servicio. Y en cuanto a la organización del trabajo se refiere al conjunto de aspectos técnicos y sociales que intervienen en la producción, así como a la división del trabajo entre las personas y entre estas y los equipos que se requieren, enmarcado todo en el medio ambiente de políticas públicas, de reglas, normas y tradiciones de ese campo productivo. Es una construcción social, histórica, modificable y cambiante.  

Y ¿Cuáles son las actividades o los hechos del mundo del trabajo que mas frecuentemente levantan la atención mediática? No son temas menores, ya que refieren a asuntos esenciales en la vida de las personas, las empresas y las sociedades. Veamos: 

  1.   La insuficiencia de los salarios para vivir dignamente. Cuando estos están por debajo de la inflación se deteriora la vida de las personas, con toda razón es un hecho que ha de llamar la atención. Por eso todos los días se conversa de precios, costo de vida, escasez, y las dificultades que ello acarrea para la vida familiar y social. 
  2.   Tener o no tener un empleo, o que tipos de empleo son los que se crean en una sociedad. Del otro lado la pérdida de empleos es un hecho alarmante, ya que las personas lo requieren. No tener trabajo es un hecho grave en la sociedad moderna y la vida urbana. Por eso los despidos son equivalentes a pérdidas de vida y tiempo productivo. Es deseable poder conocer mes a mes cuantos empleos se crean y cuantos se pierden, verlos por sectores, por estados, así como que tipos de empleos, habida cuenta que los hay estables e inestables, dignos e indignos, tutelados e informales . 
  3.   Que haya continuidad en la vida productiva no es noticia, pero sí lo es cuando ella se quebranta aunque no todo tipo de quebrantamiento, sino aquellos que vienen acompañados de acciones sindicales en la diatriba y la confrontación de las relaciones laborales entre sindicatos y patronos. Agreguemos que las paralizaciones con motivos de controversias laborales alcanzan proyección cuando refieren a productos y servicios que afectan a numerosas porciones de la población y de las empresas. 

  En nuestra sociedad dado su modelo productivo que identificamos en pasada contribución como MEEE (Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor), ha producido un hecho notorio como es haber dado lugar a que los procesos y la organización del trabajo se hayan convertido en asuntos relevantes y del interés de la sociedad toda, y de esa manera llamar la atención de la cotidianidad de estas dimensiones del mundo laboral. 

  Una importante muestra de lo afirmado en los anteriores numerales se deduce de lo informado recientemente por el principal grupo empresarial privado en la producción de alimentos ( “Polar puede elevar su producción en un 67%, El Mundo, Economía y Negocios del 13-9-16).

  Se destaca que al haberse convertidos algunas corporaciones y entes determinados por el Estado en los únicos que manejan la importación de alimentos, así como de las materias primas para su fabricación local, se producen situaciones que afectan los procesos y la organización del trabajo en al amplio y diverso tejido productivo. Esto se ha traducido en ritmos enlentecidos, irregulares o en parálisis de los procesos de trabajo, en quebrantamientos de los flujos entre las distintas fases al interior de una empresa y en las relaciones entre varias de ellas que conforman la cadena correspondiente. Se agrega que han tenido que pagar materias primas por encima de lo que le costaría a esta corporación si los importara directamente. 

  En un principio lo anterior da lugar a un uso irregular del tiempo de trabajo de las personas, de los equipos y de la infraestructura productiva toda. La nación pierde al no producir la riqueza para la cuales están diseñados esos diversos elementos. 

 Que el grupo Polar informe que deja de producir mensualmente 35 millones de kilos de alimentos, lo que es un hecho centrado en la manera como se desenvuelven los procesos y la organización del trabajo en esas plantas, que en su larga tradición era ejemplo de no parálisis, de eficiencia, de un efectivo ambiente laboral para la continuidad, la innovación y la entrega de productos a los consumidores. Como todos perdemos con estos hechos, es por lo que las políticas públicas han logrado un hecho notorio, que la sociedad toda aprecie lo fundamental que es una organización del trabajo efectiva para su mejor funcionamiento.  

hector.lucena@gmail.com
@hl_lucena

lunes, 12 de septiembre de 2016

Modelo Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor - MEEE -


 Ver gobernar un país y apreciar el constante y continuado deterioro, sin que se tomen medidas que lo reviertan, y que más bien aquellas que se ponen en práctica lo que logran es ahondar las dificultades, se convierte en un tema de muy seria consideración. De allí las consecuencias y los impactos para el país, para la sociedad toda y las personas que lo viven.  

  Los indicadores sociales y económicos se dejaron de publicar, los pocos que aún se dan a conocer entran en la duda de por qué unos si y otros no, lo que estimula percibir sus sesgos. Le sirve al régimen para edulcorar su fachada.

  Las consecuencias de las políticas sociales y económicas nos empujan a escenarios alarmantes, como crisis humanitarias, hiperinflación, estancamiento y hasta pérdida de soberanía. 

  Seguir respondiendo con la tesis de la guerra económica no aminora en nada la situación, sólo sirve para seguir militarizando la sociedad, y recientemente la cesión del pleno control de la cadena alimentaria en manos militares. Los ministerios de la economía y la producción se subordinan a los criterios militares, y junto a ello la gran cantidad de corporaciones, empresas estatales y entes subordinados que participan de esta cadena. Es lo que lleva a identificar el régimen de militarista y estatista, pero además se observan consecuencias como la pérdida de soberanía y el empobrecimiento de la población. 

  Se ha manifestado, con razones que la soberanía implica tener seguridad alimentaria. Contar con más de 170 mil miembros de los cuerpos armados, y con amplia dotación de armamento adquirido aún bajo las dificultades económicas de estos tiempos, puede permitir que el control militar de la cadena alimentaria se haga con rigor y en las distintas instancias desde los espacios agrícolas, pasando por los procesos de transformación y llegando hasta los de distribución a los consumidores, pero todo ello en absoluto no hace crear la producción en los rubros o ramas donde no la hay, ni incrementar aquella existente. 

  Para crear producción, incrementar la existente y mejorar los procesos productivos, lo que más  falta hace es la confianza, la certeza de reglas claras para los que producen, el respeto a la propiedad, los incentivos para quién corre riesgo, el trabajo asalariado o autónomo con protección tanto de los individuos como de sus organizaciones gremiales, el dejar en manos de quienes tengan los saberes y los conocimientos el manejo de las instituciones del sector de la alimentación, la formación para mejorar las calificaciones, el promover la carrera de los productores, el fomento de la innovación y la investigación en alianzas con los centros dedicados a estas actividades, el hacer convenios que permitan llegada de inversores que realmente nos transfieran tecnologías.   

  Es en estos procesos descritos en donde está la soberanía. Ella cuando se refiere a la producción no es un problema de armas y aprestos militares, es un problema de la sociedad con énfasis en los productores tanto los que aportan capital como los que aportan trabajo y saberes. Lo militar es bienvenido para que contribuya en dar seguridad al territorios del campo y de la vida productiva en esas amplias extensiones. Si hay abandono del campo en buena medida es porque el Estado dejó de prestar la protección que ahí se necesita. 

  Importante destacar que el proceso de finiquito de la guerra en Colombia aún no ha culminado, en principio ha de esperarse el resultado del referéndum, y como se sabe por muchas décadas nuestro territorio ha sido el aliviadero de esa crisis. La soberanía que se vocea con la alimentación, y que no la tenemos, también la soberanía es de dudosa tenencia en el resguardo de las fronteras. Ya lo hemos visto con el uso indiscriminado de nuestros espacios por toda clase de negocios oscuros con el narcotráfico, la minería depredadora, grupos de irregulares armados dedicados a la extorsión y el secuestro. De alguna manera hemos sido un Estado entreguista

  Tampoco la militarización parece apuntar a hurgar en la multimillonaria pérdida de recursos en el antiguo Cadivi y el posterior Cencoex, así como en las empresas artificiales, de maletín, ya denunciadas por personeros de alto nivel en el Ejecutivo en tiempos de Hugo Chávez, al menos hasta el presente nada dice al respecto. El habla popular suele decir que quién calla otorga.

  Todos esos recursos que han sido esquilmados han empobrecidos la vida productiva y social de los venezolanos, de ahí que nuestro modelo ha sido un promotor del empobrecimiento continuado,  es por lo que este año se espera un menos 10 en el producto nacional, y una inflación de más de setecientos por ciento. 

  El modelo productivo venezolano de hoy es el MEEE,  es decir Militarista, Estatista, Entreguista y Empobrecedor.


  

lunes, 5 de septiembre de 2016

LA LIBERTAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO


  Las amenazas y los despidos a prestadores de servicios en entes estatales se han multiplicado a partir de los trámites para el ejercicio de la capacidad de revocación del Presidente. Se trata del ejercicio de un derecho establecido en el artículo 72 constitucional:  “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referéndum para revocar su mandato.

Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referéndum un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley…”

Se hace necesario referir:

1- A lo largo del siglo XX hubo un gran avance en la protección del trabajo dependiente. En nuestro país la Ley del Trabajo de 1936, las Constituciones de 1947 y de 1961, la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 y terminando el siglo la Constitución de 1999, se notaba el avance en la protección del trabajo dependiente.

El trabajo dependiente más protegido en principio fue el que se prestaba a las entidades privadas, fue algo más tarde que se conquistó la protección para quienes prestan servicios al Estado, en nuestro caso la carrera administrativa de principios de la década del 70. Los funcionarios que alcanzaron el estatus de carrera lograban estabilidad en sus cargos, en ese  sentido avanzaron a más protección que los trabajadores en el régimen de la ley del trabajo.

2- La primera experiencia de revocación presidencial ocurre con contratiempos y dificultades especialmente las planteadas por el CNE a los promotores, desde la presentación de una primera solicitud en agosto del 2003, la cual fue rechazada y obligó a una nueva recolección presentada en noviembre de ese mismo año hasta su efectiva celebración en agosto del  2004, que le dio el triunfo al gobernante. 

3- Hay que destacar que la Constitución de 1999 ahonda y fortalece el presidencialismo, y ello junto a la experiencia de la pérdida del balance de poderes le ha permitido al Ejecutivo erigirse como poder supremo por encima de los otros poderes. En ese sentido, el arbitro de los procesos que implican las consultas electorales asume posturas favorables al gobernante. Destacable su rigor con la oposición y al mismo tiempo flexibilidad con el gobernante.   

  En el marco del periodo de activación de los procedimientos para la  primera solicitud de referéndum presidencial, promovido desde  agosto de 2003, se puso en práctica por vía de Decreto Presidencial la Misión Identidad, que tenía por objeto en principio, entregar cédulas a venezolanos que no la poseían se señalaba que alcanzaba a varios millones y que no tener cédula de identidad era una situación de desigualdad, que su provisión fortalecía la ciudadanía. Esta  misión se inició en Octubre del 2003 y en un año distribuyó 8.710.804 cédulas de manera fácil, rápida y sin costos para el solicitante.

4-  Esta misma Misión Identidad se extendió a regularizar la situación de inmigrantes indocumentados, pero fue más allá facilitando procedimientos para conceder la nacionalidad. En el curso de los tres meses previos al referéndum presidencial del 2004, la cantidad de 231.791 extranjeros, casi todos antiguos indocumentados recibieron la nacionalización, y  la entrega de la cédula de identidad siendo incluidos en el registro electoral uno o dos días después. 

Campañas para regularizar la situación de indocumentados son conocidas en otros lugares del mundo, pero nunca una que al mismo tiempo les concediera la nacionalidad y los convirtiera automáticamente en poseedores de todos los derechos de un votante. Fue un proceso que no experimentó deliberación alguna. 

5- Muy por el contrario de la amplitud en hacer concesiones como la indicada en el punto anterior, el Ejecutivo y todos los poderes que controlaba, fueron arbitrarios con los solicitantes del revocatorio que eran funcionarios al servicio del Estado. La llamada lista Tascón sirvió a partir de ese momento de instrumento de castigo para despidos, vetos y negativas a ingresar a la función pública o tener alguna vinculación laboral o comercial con los entes estatales. Cuatro millones de venezolanos fueron objeto desde ese entonces de un apartheid político  

6- El primer referéndum para modificar la nueva Constitución ocurrió apenas a siete años de su vigencia, 2007, pretendiendo quitar el límite a una sola re elección a todas las autoridades - la reelección indefinida- la mayoría dijo no pero poco después el gobierno insistió con ese objetivo y logró la reforma. Ahora tiene más sentido el derecho a revocar.


7- Los ejecutores de las amenazas contra los funcionarios lo hacen en nombre del partido de gobierno y autoridades ejecutivas atienden sus mandatos. Por ello las personas despedidas destacan que  prestan servicios es al Estado, y no al partido gobernante. 



  Se reconoce que un partido en el ejercicio gubernamental dispone de un pequeño segmento de funcionarios de muy alto nivel que son escogidos sin seguir procedimiento alguno, que no tienen que provenir de la carrera funcionarial ni haber ingresado por concurso como se exige a los funcionarios beneficiarios del estatuto. Ahora de ¿cuales niveles jerárquicos hablamos para que puedan ingresar por estas vías expeditas basadas en la confianza y no en los procedimientos? Se entiende que hablamos de los Ministros, Vice-Ministros y otros cargos de similar jerarquía. No puede estar sujeto a presiones del partido gobernante un funcionario que lleva toda o buena parte de su vida laboral en el servicio público. Respetar sus criterios en hacer uso de derechos constitucionales, como es revocar a un Presidente que ya una amplia mayoría de la población manifestó la perdida de su confianza en su gestión pública, como fueron los resultados del pasado 6 de Diciembre.    

jueves, 25 de agosto de 2016

MAS SALARIOS, PERO NO MENOS POBREZA


Cada vez es más inusual que se pueda tener un empleo estable y bien remunerado. Lo primero es más viable que lo segundo. La estabilidad puede ser forzada por la aplicación puramente de regulaciones y la vigilancia de autoridades, pero también puede ser de otra mejor manera como cuando  el empleador y la entidad productiva permite las posibilidades y la viabilidad para ofrecer condiciones estables de empleo y remuneraciones.

  En los entes públicos la situación es diferente, la estabilidad deja de existir si se mantiene públicamente una posición de oposición o de discrepancia. Esto se entiende como parte de una cultura autoritaria que administra los empleos al servicio del Estado como empleos al servicio de la parcela política gobernante, y que por tanto se puede desde esas esferas decidir sobre el ingreso, la permanencia y el término de la relación de trabajo de los trabajadores, independientemente de la antigüedad acumulada, de la calidad y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.

  En ese orden, en los últimos meses se han vuelto a repetir situaciones penosas para funcionarios y trabajadores al servicio del Estado venezolano, quienes haciendo uso de derechos constitucionales han sido objeto de amenazas y atropellos por parte de personeros y funcionarios de mayor jerarquía, que han determinado procedimientos para impedir el ejercicio de derechos y en casos más extremos el despido arbitrario, con el agravante de no tener a quién apelar para que con autonomía trate el caso, para estos trabajadores no existe administración del trabajo, ni administración de justicia.

  Lo de tener un empleo bien remunerado si resulta en estos tiempos muy excepcional. Y no tiene solo que ver con el desempeño del trabajador, ni tampoco con la organización del trabajo, ni con la conducción de la empresa, tiene más que ver con factores externos al centro productivo que provienen del contexto, y por tanto la empresa y su personal son receptores de consecuencias que no determinan.

  Es por ello que la revisión salarial es un asunto que demanda analizar varios factores, en primer lugar el costo de vida, tanto en salarios como en productos necesarios para las familias y junto con ello la permanencia de la fuente de trabajo. Hay que mirar el costo de la canasta alimentaria y de la normativa. Verla en el momento de la revisión, en el reciente pasado y estimarla para el futuro inmediato. Y para estas estimaciones en los tres tiempos, ha de existir una metodología compartida por los reguladores (gobierno), empresas y trabajadores, en la que se consideran diversas formas de ajustes y sus mecanismos de financiamiento, entendido que es con mayor producción y productividad como son sostenibles los incrementos.

  Por supuesto que una revisión salarial, no es ajena a otros factores del quehacer económico en donde se ubica la política salarial. Necesario asegurar condiciones para que las empresas funcionen en su quehacer productivo, que tengan recursos o accedan a ellos para sus materias primas, equipos de trabajo, mercado para sus productos, y relaciones estables y justas con su personal. Reglas claras y certidumbres. Lo contrario genera incertidumbres o aún peor dificultades para cumplir con las remuneraciones justas y el empleo estable.

  Hacer publicidad destacando que en los últimos tres lustros se ha incrementado el salario mínimo en 30 ocasiones, no es un indicador que revele una política salarial exitosa, ni siquiera razonable. Refleja que no se ha logrado la estabilidad salarial para que trabajadores y empleadores funcionen regularmente en cuanto al precio de la fuerza de trabajo. Estas intervenciones estatales niegan a los actores de la producción, quienes no cuentan con autonomía para el ejercicio de una política de remuneraciones acorde con sus esfuerzos y posibilidades.

Igualmente, destacar que el salario mínimo es una política del ejecutivo que beneficia directamente a más de diez millones de trabajadores que devengan este monto, es un abierto fracaso. El salario mínimo es para el ingreso a la actividad de trabajador dependiente. Que luego de adquirir una cierta experiencia y conocimiento, ha de pasar a un nivel mayor de remuneración, mantenerlo en el salario mínimo sólo aplica para trabajos que no demandan ningún conocimiento específico o experiencia de tiempo dada.

  El sentido común que se aplica en una empresa, cabe igual en una familia; en un hogar se administra un presupuesto de ingresos y egresos. El funcionamiento familiar implica acuerdo entre todos los miembros, con la conducción de los adultos, en quienes recae la mayor responsabilidad para que los ingresos y egresos se equilibren; y si no fuera posible se toman decisiones, se identifican planes y estrategias para ir resolviendo.

  En una empresa se tiene a los propietarios, a los gerentes y a los trabajadores. Se administran ingresos y egresos. Hay que responderle a los tres componentes internos. El papel del Estado es vigilar que esto funcione, que se produzca para el mercado por un lado, y que se cumpla con los trabajadores por el otro; y que se paguen los impuestos y las tasas correspondientes.

  Pero también el Estado es productor, tanto de bienes como de servicios. Los ciudadanos requieren tener mecanismos para exigirle el cumplimiento de sus funciones. Por ello los poderes públicos han de ser independientes del Ejecutivo, es decir gobierno. Los  poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano deben tener autonomía e independencia del ejecutivo, de lo contrario no hay control en quién administra los ingresos de la nación, y además maneja los activos de todo orden que pertenecen a la República.

  En la presente situación del país los ciudadanos, tanto actuando como trabajadores o como empresarios, no tienen la posibilidad de ejercer control en los actos del gobierno, es una condición esencial para que se pueda construir una política salarial. Resulta una simplificación pretender resolver el problema salarial al margen de la producción y  de los actores laborales, y que solo por vía de decretos de aumentos salariales y bonificaciones, la calidad de vida del  venezolano podrá  revertir el deterioro sostenido que lleva luego de varios años de recesión y de alta inflación.

jueves, 18 de agosto de 2016

AUMENTOS SALARIALES E INCERTIDUMBRE


De nuevo un anuncio de incrementos del salario mínimo y del bono de alimentación levanta más inquietudes y preocupaciones que satisfacciones. Es un reflejo de la incertidumbre que alcanza a trabajadores y empleadores. Predomina la desconfianza en los actos gubernamentales. Analicemos algunos elementos que explican el por qué de la incertidumbre. 

1-  En primer lugar ver y decidir sobre los ingresos de los trabajadores sólo desde la perspectiva del Ejecutivo. Se continúa ignorando al poder Legislativo para tratar la materia, aún más cuestionable esta marginación tratándose de un poder electo en fecha reciente con una marcada mayoría. Obviamente es un reflejo de la crisis de relación entre los poderes. Igualmente esta fractura nos comunica la falta de diálogo no sólo entre los poderes públicos, sino del Ejecutivo con la sociedad en general.

 2- Un segundo elemento de incertidumbre es tratar el tema del precio del trabajo al margen de otras variables económicas como la inflación, el consumo, la producción y de los actores representativos de las empresas y de trabajadores. Al aumento que significan estos ingresos, al trabajador y a los consumidores en general la primera inquietud que les asalta es plantearse cuanto tendrán que pagar por los bienes y servicios.

Se tiene la certeza que el deterioro del tejido productivo y la baja de los ingresos por exportación de petróleo, así como los compromisos internacionales que limitan nuevos financiamientos y por el contrario se destacan las amenazas y riesgos por  compromisos de pagos, que han dado lugar a concesiones de activos de la nación que comprometen nuestro presente y futuro.

 3- Un tercer elemento es la opacidad que persiste en asuntos sensibles al seguimiento de la vida productiva y de consumo. No se publican desde las entidades estatales existentes para tales fines los datos necesarios para el seguimiento que requieren los actores. El BCV es un instrumento de la política del Ejecutivo y por tanto ha perdido la capacidad de orientar y tener posiciones que lo hagan creíble ante la sociedad. Un país en donde sus autoridades no publican los datos económicos básicos no ofrece certezas a sus ciudadanos ni a la comunidad internacional, en donde existen entidades económicas con las cuales tenemos relaciones. Somos miembros de instituciones como: ONU, Opep, OEA, Mercosur, Unasur, BID, FMI, OMC, CAF, Banco del Sur.

4- Favorecer el incremento de los ingresos de los trabajadores por vía del bono de alimentación que como se sabe no es salario, y por tanto sin incidencias en otros beneficios ni la seguridad social. Esto fue llamado en el pasado, década de los ochenta, como la bonificación salarial, y obviamente condenado por el movimiento sindical autónomo de la izquierda de entonces, quienes gestionaron judicialmente la demanda de que se considerar la bonificación como salario y lograron  una respuesta favorable de la Corte Suprema de Justicia, lo que sería el TSJ de esa época.

Luego derivó en medidas legislativas que impusieron un tope a estos ingresos, señalado en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, que no debían de exceder en más de un 20% del salario de los trabajadores. Mas tarde la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras promulgada en 2004 subió este tope a un 30%, pero esto fue derogado el pasado año. Se ha regresado nuevamente a la bonificación salarial, y en esta ocasión el sindicalismo ha formulado sus cuestionamientos sin impacto alguno. Importante es tener presente la falta de autonomía del poder judicial, lo que obviamente es un factor determinante de la incertidumbre.

5- Igualmente, se destacaba que la bonificación salarial perjudicaba también a la seguridad social, ya que ella percibía sus ingresos en base al salario, sin incluir lo bonificado, que en su situación más extrema llegó a tener una relación que un salario mínimo de Bs15.000, de los de entonces, que serían hoy 15 millones ya que con el Bolívar fuerte en el 2008 se le quitaron los tres ceros y si se los regresamos entonces se multiplican por un mil.

6- En los últimos años se ha incrementado el número de beneficiarios de las pensiones de jubilación, resulta contradictorio que se favorezca una política que vaya en detrimento del fortalecimiento de la seguridad social. De todas maneras la opacidad en el manejo de los ingresos que aportan los trabajadores y los empleadores a la caja de la seguridad social, que por muchos años ha sido y sigue siendo inauditable, desde lejos no alcanzan para cubrir las erogaciones que representan las pensiones. Tal modo de manejar la seguridad social coloca el sistema pensional como un híbrido entre la seguridad y la asistencia social.

7- Al establecerse el salario mínimo en Venezuela en 1975, por un período fue solamente referencial, hasta fines de los 80, ya que era el salario de ingreso. Al poco tiempo de estar desempeñando sus ocupaciones los trabajadores recibían mayores ingresos, por eso había una brecha notable entre el salario mínimo y los salarios promedios. Hoy resulta que es el salario de ingreso y de estadía laboral, y se deben tener ciertas calificaciones para estar por encima del salario mínimo, lo que determina que eso es lo que percibe la mayor parte de la población asalariada.


8- Finalmente, véase que se vienen decretando incrementos de salarios y de bonos, tres y cuatro veces al año, pero continúa el empobrecimiento de los trabajadores y el cierre de empresas. Todo lo cual sugiere la necesidad de replantear la manera de darle a los trabajadores soluciones que reviertan su empobrecimiento. Una meta sin cumplirse y un reto para mañana.





viernes, 12 de agosto de 2016

DIVERSAS CONFLICTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES


Los conflictos por motivaciones laborales venían siendo los más frecuentes en los reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social -OVCS-, alrededor del 40% tenían estas motivaciones. Así se registró en los cinco años que van desde 2011 al 2015. Pero en el presente año, el informe del primer semestre los coloca en el 18%.

  Nos informa el OVCS que las causas de la mayor frecuencia de conflictos laborales ocurren por “demanda de un salario justo, respeto a las contrataciones colectivas y a la libertad sindical son parte de la lucha cotidiana de los trabajadores, que han utilizado los cierres de calle, concentraciones, paros y huelgas como mecanismos democráticos y constitucionales para llamar la atención de las autoridades y patronos.” -Informes del OVCS-

  El despacho del ramo no informa de este asunto tan importante de la vida laboral del país. La más reciente memoria hecha pública en su página web -2014- la expresión “conflictos laborales” no existe en su contenido. Es insólito, ya que es tan natural que en las relaciones laborales existan diferencias y conflictos, así también negociaciones y acuerdos. Es propio a la convivencia productiva.  

  En las décadas del ochenta y principios de los noventa, una memoria del despacho laboral informaba de los pliegos de peticiones,  de ellos los conflictivos, y en éstos cuantos trabajadores y empresas abarcaban, así como las horas de trabajo perdidas en los diferentes sectores. Una información que se deplora no se suministre hoy con la ventaja de contar con más recursos tecnológicos para facilitarlos. Acaso por no informar la situación pueda ser mejor, por supuesto que es ingenuidad y no cumplimiento de funciones elementales. El seguimiento de los reclamos, conflictos y paralizaciones es un dato revelador del estado de las relaciones laborales. De todos modos si no se informa de otros datos básicos de la economía como inflación, crecimiento, escasez, hay que entender que lo que ocurre con los datos de las relaciones de trabajo no van a ser objeto de un trato diferente.    

  Que los conflictos laborales alcancen en este primer semestre del 2016 un porcentaje menor a los que se venía observando en años anteriores se explica por la emergencia de situaciones extraordinarias en la vida de los ciudadanos. Hay que mencionar en primer lugar que las razones de mayor frecuencia de protesta comprenden mayoritariamente a los trabajadores, pero se trata de protestas que demandan la atención de necesidades que se salen del marco de la relación con los empleadores. En ese orden se tiene en primer lugar el rechazo a la escasez y desabastecimiento 27% de las protestas, luego las protestas por vivienda y servicios especialmente de agua, electricidad 24%, y hasta seguridad ciudadana, cárceles y justicia que alcanza el 15% casi se empareja en frecuencia con las protestas laborales.

  Hay una clara situación de inseguridad alimentaria que da lugar a protestas en todos los estratos sociales que tienen una creciente frecuencia, con el agravante que se empieza a manifestar con actos radicales como son los saqueos e intentos de saqueo. En los primeros meses del presente año eran más frecuentes los intentos que los saqueos efectivos. Pero a partir de marzo se ha invertido y los saqueos son los hechos más frecuentes, el último mes reportado -Junio 2016- alcanzaron los 97, y los intentos sumaron 65. 

  Sobre las dificultades de acceso a alimentos y productos básicos, la conflictividad no ha alcanzado mayores niveles porque en los centros de trabajo generalmente el personal consigue receptividad y flexibilidad para invertir tiempo en su búsqueda, pero es una situación anormal e insostenible porque reproduce un circulo vicioso, ya que existiendo cada vez menos producción, como es que al mismo tiempo se laboran  menos horas de trabajo efectivas en aquellos que quienes tienen empleo o manejan pequeños negocios. 

  Todo esto genera una situación regresiva con efectos perjudiciales para los trabajadores en sus posibilidades de mejoramiento de sus ingresos e incluso en el puro mantenimiento de los salarios reales. Si los empresarios se quejan justificadamente por las dificultades que tienen para el desarrollo productivo, véase el más dramático cuadro para los trabajadores subordinados y autónomos.  

  ¿Cuáles son las respuestas de las políticas públicas? En términos efectivos no hay respuestas. Los intentos son a lo sumo contraproducentes, nos referimos a la pretendida militarización de las cadenas productivas del ramo alimentario, además de la pugnacidad y el maltrato a los productores, la ficción de diálogo con los actores productivos. En esta onda de desaciertos se ubica el intento de promover el trabajo obligatorio para aquellos que están trabajando en centros que dentro de las dificultades están activos. Aún cuando sea en términos de sentido común una resolución inaplicable, nos referimos a la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”.  Su elaboración deja en evidencia el modo de ver el problema así como las soluciones. 


   La guerra económica que se invoca regularmente, realmente la experimentan quienes realizan la actividad productiva tanto del lado del trabajo como de las empresas en no contar con certidumbres, equidad y estímulos de parte de las políticas pública, todo lo cual crea condiciones para el incremento de la conflictividad, y la militarización, que su mayor efecto es intimidar, pero no crea condiciones para los actos productivos, para la eficiencia y la solución real de las carencias.