jueves, 18 de agosto de 2016

AUMENTOS SALARIALES E INCERTIDUMBRE


De nuevo un anuncio de incrementos del salario mínimo y del bono de alimentación levanta más inquietudes y preocupaciones que satisfacciones. Es un reflejo de la incertidumbre que alcanza a trabajadores y empleadores. Predomina la desconfianza en los actos gubernamentales. Analicemos algunos elementos que explican el por qué de la incertidumbre. 

1-  En primer lugar ver y decidir sobre los ingresos de los trabajadores sólo desde la perspectiva del Ejecutivo. Se continúa ignorando al poder Legislativo para tratar la materia, aún más cuestionable esta marginación tratándose de un poder electo en fecha reciente con una marcada mayoría. Obviamente es un reflejo de la crisis de relación entre los poderes. Igualmente esta fractura nos comunica la falta de diálogo no sólo entre los poderes públicos, sino del Ejecutivo con la sociedad en general.

 2- Un segundo elemento de incertidumbre es tratar el tema del precio del trabajo al margen de otras variables económicas como la inflación, el consumo, la producción y de los actores representativos de las empresas y de trabajadores. Al aumento que significan estos ingresos, al trabajador y a los consumidores en general la primera inquietud que les asalta es plantearse cuanto tendrán que pagar por los bienes y servicios.

Se tiene la certeza que el deterioro del tejido productivo y la baja de los ingresos por exportación de petróleo, así como los compromisos internacionales que limitan nuevos financiamientos y por el contrario se destacan las amenazas y riesgos por  compromisos de pagos, que han dado lugar a concesiones de activos de la nación que comprometen nuestro presente y futuro.

 3- Un tercer elemento es la opacidad que persiste en asuntos sensibles al seguimiento de la vida productiva y de consumo. No se publican desde las entidades estatales existentes para tales fines los datos necesarios para el seguimiento que requieren los actores. El BCV es un instrumento de la política del Ejecutivo y por tanto ha perdido la capacidad de orientar y tener posiciones que lo hagan creíble ante la sociedad. Un país en donde sus autoridades no publican los datos económicos básicos no ofrece certezas a sus ciudadanos ni a la comunidad internacional, en donde existen entidades económicas con las cuales tenemos relaciones. Somos miembros de instituciones como: ONU, Opep, OEA, Mercosur, Unasur, BID, FMI, OMC, CAF, Banco del Sur.

4- Favorecer el incremento de los ingresos de los trabajadores por vía del bono de alimentación que como se sabe no es salario, y por tanto sin incidencias en otros beneficios ni la seguridad social. Esto fue llamado en el pasado, década de los ochenta, como la bonificación salarial, y obviamente condenado por el movimiento sindical autónomo de la izquierda de entonces, quienes gestionaron judicialmente la demanda de que se considerar la bonificación como salario y lograron  una respuesta favorable de la Corte Suprema de Justicia, lo que sería el TSJ de esa época.

Luego derivó en medidas legislativas que impusieron un tope a estos ingresos, señalado en la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, que no debían de exceder en más de un 20% del salario de los trabajadores. Mas tarde la Ley de Alimentación para los Trabajadores y Trabajadoras promulgada en 2004 subió este tope a un 30%, pero esto fue derogado el pasado año. Se ha regresado nuevamente a la bonificación salarial, y en esta ocasión el sindicalismo ha formulado sus cuestionamientos sin impacto alguno. Importante es tener presente la falta de autonomía del poder judicial, lo que obviamente es un factor determinante de la incertidumbre.

5- Igualmente, se destacaba que la bonificación salarial perjudicaba también a la seguridad social, ya que ella percibía sus ingresos en base al salario, sin incluir lo bonificado, que en su situación más extrema llegó a tener una relación que un salario mínimo de Bs15.000, de los de entonces, que serían hoy 15 millones ya que con el Bolívar fuerte en el 2008 se le quitaron los tres ceros y si se los regresamos entonces se multiplican por un mil.

6- En los últimos años se ha incrementado el número de beneficiarios de las pensiones de jubilación, resulta contradictorio que se favorezca una política que vaya en detrimento del fortalecimiento de la seguridad social. De todas maneras la opacidad en el manejo de los ingresos que aportan los trabajadores y los empleadores a la caja de la seguridad social, que por muchos años ha sido y sigue siendo inauditable, desde lejos no alcanzan para cubrir las erogaciones que representan las pensiones. Tal modo de manejar la seguridad social coloca el sistema pensional como un híbrido entre la seguridad y la asistencia social.

7- Al establecerse el salario mínimo en Venezuela en 1975, por un período fue solamente referencial, hasta fines de los 80, ya que era el salario de ingreso. Al poco tiempo de estar desempeñando sus ocupaciones los trabajadores recibían mayores ingresos, por eso había una brecha notable entre el salario mínimo y los salarios promedios. Hoy resulta que es el salario de ingreso y de estadía laboral, y se deben tener ciertas calificaciones para estar por encima del salario mínimo, lo que determina que eso es lo que percibe la mayor parte de la población asalariada.


8- Finalmente, véase que se vienen decretando incrementos de salarios y de bonos, tres y cuatro veces al año, pero continúa el empobrecimiento de los trabajadores y el cierre de empresas. Todo lo cual sugiere la necesidad de replantear la manera de darle a los trabajadores soluciones que reviertan su empobrecimiento. Una meta sin cumplirse y un reto para mañana.





viernes, 12 de agosto de 2016

DIVERSAS CONFLICTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES


Los conflictos por motivaciones laborales venían siendo los más frecuentes en los reportes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social -OVCS-, alrededor del 40% tenían estas motivaciones. Así se registró en los cinco años que van desde 2011 al 2015. Pero en el presente año, el informe del primer semestre los coloca en el 18%.

  Nos informa el OVCS que las causas de la mayor frecuencia de conflictos laborales ocurren por “demanda de un salario justo, respeto a las contrataciones colectivas y a la libertad sindical son parte de la lucha cotidiana de los trabajadores, que han utilizado los cierres de calle, concentraciones, paros y huelgas como mecanismos democráticos y constitucionales para llamar la atención de las autoridades y patronos.” -Informes del OVCS-

  El despacho del ramo no informa de este asunto tan importante de la vida laboral del país. La más reciente memoria hecha pública en su página web -2014- la expresión “conflictos laborales” no existe en su contenido. Es insólito, ya que es tan natural que en las relaciones laborales existan diferencias y conflictos, así también negociaciones y acuerdos. Es propio a la convivencia productiva.  

  En las décadas del ochenta y principios de los noventa, una memoria del despacho laboral informaba de los pliegos de peticiones,  de ellos los conflictivos, y en éstos cuantos trabajadores y empresas abarcaban, así como las horas de trabajo perdidas en los diferentes sectores. Una información que se deplora no se suministre hoy con la ventaja de contar con más recursos tecnológicos para facilitarlos. Acaso por no informar la situación pueda ser mejor, por supuesto que es ingenuidad y no cumplimiento de funciones elementales. El seguimiento de los reclamos, conflictos y paralizaciones es un dato revelador del estado de las relaciones laborales. De todos modos si no se informa de otros datos básicos de la economía como inflación, crecimiento, escasez, hay que entender que lo que ocurre con los datos de las relaciones de trabajo no van a ser objeto de un trato diferente.    

  Que los conflictos laborales alcancen en este primer semestre del 2016 un porcentaje menor a los que se venía observando en años anteriores se explica por la emergencia de situaciones extraordinarias en la vida de los ciudadanos. Hay que mencionar en primer lugar que las razones de mayor frecuencia de protesta comprenden mayoritariamente a los trabajadores, pero se trata de protestas que demandan la atención de necesidades que se salen del marco de la relación con los empleadores. En ese orden se tiene en primer lugar el rechazo a la escasez y desabastecimiento 27% de las protestas, luego las protestas por vivienda y servicios especialmente de agua, electricidad 24%, y hasta seguridad ciudadana, cárceles y justicia que alcanza el 15% casi se empareja en frecuencia con las protestas laborales.

  Hay una clara situación de inseguridad alimentaria que da lugar a protestas en todos los estratos sociales que tienen una creciente frecuencia, con el agravante que se empieza a manifestar con actos radicales como son los saqueos e intentos de saqueo. En los primeros meses del presente año eran más frecuentes los intentos que los saqueos efectivos. Pero a partir de marzo se ha invertido y los saqueos son los hechos más frecuentes, el último mes reportado -Junio 2016- alcanzaron los 97, y los intentos sumaron 65. 

  Sobre las dificultades de acceso a alimentos y productos básicos, la conflictividad no ha alcanzado mayores niveles porque en los centros de trabajo generalmente el personal consigue receptividad y flexibilidad para invertir tiempo en su búsqueda, pero es una situación anormal e insostenible porque reproduce un circulo vicioso, ya que existiendo cada vez menos producción, como es que al mismo tiempo se laboran  menos horas de trabajo efectivas en aquellos que quienes tienen empleo o manejan pequeños negocios. 

  Todo esto genera una situación regresiva con efectos perjudiciales para los trabajadores en sus posibilidades de mejoramiento de sus ingresos e incluso en el puro mantenimiento de los salarios reales. Si los empresarios se quejan justificadamente por las dificultades que tienen para el desarrollo productivo, véase el más dramático cuadro para los trabajadores subordinados y autónomos.  

  ¿Cuáles son las respuestas de las políticas públicas? En términos efectivos no hay respuestas. Los intentos son a lo sumo contraproducentes, nos referimos a la pretendida militarización de las cadenas productivas del ramo alimentario, además de la pugnacidad y el maltrato a los productores, la ficción de diálogo con los actores productivos. En esta onda de desaciertos se ubica el intento de promover el trabajo obligatorio para aquellos que están trabajando en centros que dentro de las dificultades están activos. Aún cuando sea en términos de sentido común una resolución inaplicable, nos referimos a la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”.  Su elaboración deja en evidencia el modo de ver el problema así como las soluciones. 


   La guerra económica que se invoca regularmente, realmente la experimentan quienes realizan la actividad productiva tanto del lado del trabajo como de las empresas en no contar con certidumbres, equidad y estímulos de parte de las políticas pública, todo lo cual crea condiciones para el incremento de la conflictividad, y la militarización, que su mayor efecto es intimidar, pero no crea condiciones para los actos productivos, para la eficiencia y la solución real de las carencias.  

lunes, 1 de agosto de 2016

TRABAJO OBLIGATORIO IGNORA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR


La voluntad del individuo y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores son dos conquistas alcanzadas por el esfuerzo y luchas sociales y políticas, y que son parte de los fundamentos de las relaciones de trabajo.

  El trabajador decide cuando y para quién trabajar. Lo voluntario es lo opuesto a lo obligatorio. Por supuesto que ha de hacerlo para subsistir tanto él como su familia, entendida la obligación con aquellos miembros que no pueden hacerlo.

  En cuanto a lo colectivo, muy importante por la necesidad de reducir las brechas entre el poder de los empleadores y el del trabajador visto individualmente, los trabajadores al agruparse en organizaciones lo hacen voluntariamente, así como ha de ser la vida regular de las mismas. Es el fundamento esencial de la libertad sindical. Se trata de organizaciones que no han de ser interferidas por el estado, ni por el patrono.

  En condiciones de calamidad, siniestros, tragedias, hambre, guerras, los intereses superiores de la sobrevivencia de una colectividad algunos Estados imponen demandas que pueden dar lugar a excepciones a la definición de trabajo forzoso u obligatorio. Igual se excepcionan los pequeños trabajos comunales realizados por miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma. Pero el Convenio No. 105 sobre la abolición del trabajo forzoso de1957 que complementa el No.29 sobre trabajo forzoso de 1930, demanda la abolición completa de este tipo de trabajo, incluso como “método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico”. Ambos convenios han sido ratificados por la República.

  Por supuesto que el gobierno además de ejercer las acciones de administración que le son propias regularmente, también ha de tener previsiones para las contingencias, ahí juegan un papel importante instituciones como las fuerzas armadas, policiales, bomberiles, de defensa civil, de emergencias de salud, y suministro de productos y servicios esenciales, las cuales están subordinadas a criterios claramente definidos para su intervención. En convenios con los gobiernos, se agregan a las instituciones estatales otras de naturaleza privada que han acumulado una amplia experiencia nacional e internacional en el apoyo a situaciones de emergencia, tales como la Cruz Roja Internacional y Cáritas.

  Todo lo planteado tiene relación con la Resolución No. 9855 emitida por el despacho del Ministro del poder popular para el proceso social del trabajo, que se denomina “Régimen laboral transitorio en el marco del decreto número 2.323, mediante el cual se declara el estado de excepción y de la emergencia económica”. En esencia esta resolución plantea el trabajo obligatorio y lo fundamenta en la llamada guerra económica. Llama la atención que en el mundo hay toda una acción para erradicar el trabajo forzoso, que sea el Estado venezolano quién proponga y promueva el trabajo obligatorio, sin tomar en cuenta la voluntad del trabajador, que es una forma del trabajo forzoso.

  El gobierno nacional ha insistido en la existencia de una guerra económica, pero no ha logrado convencer a la mayoría de la población de que esa sea la razón de la escasez y las dificultades que tiene la población para el acceso a productos y bienes esenciales. Predomina el criterio que las explicaciones están en el modelo seguido por el gobierno para las decisiones económicas. De ahí se deriva que la declaratoria de el estado de excepción y de la emergencia económica no logró la aprobación parlamentaria.

  La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso es uno de los cuatro principios y derechos fundamentales en el trabajo enumerados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, que todos los Miembros se comprometen «a respetar, promover y hacer realidad, de buena fe» (OIT “Intensificar la lucha contra el trabajo forzoso”, 2014).


  Habiendo el estado venezolano ratificado  en 1944 el Convenio de OIT N° 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, todas las disposiciones en la legislación venezolana posterior a esta ratificación han estado en concordancia con los principios de esta convención, hasta el día de hoy que se aprobó esta resolución No. 9855.

 A los efectos de este convenio No.29, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ocurre cuando el trabajo o el servicio, es exigido por el Estado o por personas que tienen la voluntad y el poder de amenazar a los trabajadores.

  En el nivel regional es de destacar que nuestro país como miembro de Mercosur adhiere a su Declaración Sociolaboral, que incluye los dos convenios de OIT 29 y 105, por lo que su violación se convierte también en objeto de denuncia de esta Declaración.  

La OIT estima que en el mundo “el 90 por ciento del trabajo forzoso se da actualmente en la economía privada. Tres cuartas partes de este trabajo forzoso se concentran en actividades productivas como la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción, la pesca y la fabricación, mientras que el resto implica la explotación sexual con fines comerciales”.

   El trabajo forzoso u obligatorio ocurre en el mundo predominantemente en el sector privado, lo que nos impulsa a ser más enfático en el análisis de este caso, porque quien lo fomenta sea el gobierno, el mismo que ha estatizado una importante cantidad de empresas agrícolas, agroindustriales e industriales que las ha manejadas erráticamente y hoy presentan un critico estado productivo. Resulta entonces contradictorio que quien ha de velar por la administración y el buen desempeño de las relaciones de trabajo, invoque como solución para sus actividades el trabajo obligatorio, y  que al mismo tiempo es el responsable de la inspección de la administración del trabajo en esos centros productivos. Todo esto es violatorio de los convenios mencionados, de la legislación laboral, y de un ventajismo y alevosía en contra tanto de los trabajadores como de los productores privados.  

lunes, 25 de julio de 2016

DESVALORIZACION DEL TRABAJO


Mes a mes el país lee con frustración los nuevos valores de la canasta alimentaria y la canasta de productos básicos. Su crecimiento en los últimos años expresa los resultados fallidos de los esfuerzos que se han puesto en práctica para intentar corregirlo.

  Para los trabajadores esta es una de las expresiones más brutales de la desvalorización de su esfuerzo laboral: que su ingreso cada vez le alcanza para menos productos y servicios, lo que lo lleva a ir prescindiendo de algunos de ellos, reduciendo cantidades, calidades y desmejorar su nivel de vida, en fin empobreciéndose. 

  En nuestro país los trabajadores estaban acostumbrados a medir sus ingresos en valores nominales. Los proyectos de convenios colectivos de elaboración por parte de los sindicatos, solicitaban aumentos en cantidades nominales. En general así funcionaba gran parte de las demandas laborales. Por supuesto que no era la forma más objetiva para la discusión salarial. Desde siempre ha debido plantearse en valores reales. Nada extraordinario si tomamos en cuenta que así es como ha funcionado y funciona la administración empresarial para fijar sus precios y costos.  

  La desvalorización del trabajo tiene además otras expresiones aparte de la elocuencia de ver la brecha que se aprecia entre los valores salariales y sus ajustes periódicos, y la manera como se comportan los precios semana a semana, mes a mes.

  La escuela de los clásicos de la economía liberal, sustentó que el trabajo es esencial para la creación de riqueza. La escuela marxista fue más lejos y señaló que era el trabajo la más genuina fuente para crearla. Diferencias importantes surgieron en el control del proceso de trabajo, en la determinación de los precios y en la distribución de la ganancia. Pero en común se sustentaba el reconocimiento de la valorización del trabajo. 

  En nuestra cultura y tradición familiar se concibe que la educación es para prepararse para ser un buen ciudadano y para que con el trabajo asegurar el sustento y el progreso personal y familiar.  Hay ejemplos y realidades que confrontan con esta perspectiva. 

  En la realidad que se vive en la Venezuela de estos años, uno de los fenómenos más notables es que el trabajo ha perdido valor. Por eso el empobrecimiento del que trabaja. A tal punto que personas que llevan a cabo casi cualquier actividad informal sin inversión ni complejidad alguna logran obtener mayores ingresos que muchos de aquellos que trabajan convencionalmente, sometidos a horarios y subordinación. 

  Lo anterior también atenta contra la preparación sistemática para el ejercicio de tareas laborales. Teóricamente el valor del trabajo tiene entre sus sustentos más importantes la de la formación y la experiencia, el conocimiento. Preservar esta relación es conveniente para cualquier sociedad porque para un progreso real y sustentable no son los atajos las vías más indicadas, sino la preparación, el conocimiento. 

  La desvalorización del trabajo en los países no desarrollados también se expresa en el hecho de como se distribuye el ingreso entre el capital y el trabajo. En los países desarrollados del total de los ingreso va al trabajo un porcentaje mucho mayor que al capital. En esta distribución ha sido muy importante la evolución luego de la I Guerra Mundial, y aún luego de la II. Estos fenómenos dieron lugar a acuerdos y pactos que fortalecieron la distribución más equilibrada, por eso dando mayor participación a quiénes eran los aportantes del trabajo. En ese sentido, en los países latinoamericanos y africanos no han logrado estos niveles. Seguimos a lo sumo mostrando una distribución aún mayor para el capital que para el trabajo. 

  Obviamente la desvalorización del trabajo también resulta no sólo de la relación entre los precios y salarios, ni de como se reparte el ingreso entre capital y trabajo, sino también como se dirige y organiza la economía y la sociedad en general.  Al respecto en nuestro caso en donde la renta petrolera juega un papel central, y el acceso a ella determina riqueza y pobreza. 

  Históricamente se han creado riquezas no sustentadas en el trabajo sino más bien en el acceso a la renta petrolera. El tema es de envergadura para profundizarlo en pocas líneas. Pero si es indiscutible destacar que el control y la vinculación con el Estado, es de primera importancia para aclarar el peso y las formas que adopta la distribución de la renta petrolera y el trabajo.

  Por diversas razones se observa la disminución del ingreso petrolero, no sólo por los precios del barril, sino por la pérdida de producción, de eficiencia, de productividad, por los mayores costos, por el manejo de su producción con esquemas políticos e ideológicos dirigidos a ganar adhesiones y compromisos que le cuestan grandes cantidades de dinero al país,  y que por otro lado se ha mostrado cuan frágiles son estas “inversiones“. Total que esta renta se ha achicado.

  Finalmente se desvaloriza el trabajo cuando se promueven soluciones a problemas a partir del no trabajo, como se ha manejado la crisis de energía, minimizando el trabajo, así como desde el poder se promueve frecuentemente actos sectarios en tiempo de trabajo que erosionan la cultura laboral. 

  Se confunde trabajo con estar en nóminas para hacer tareas no laborales. Se confunde trabajo con asistencialismo.

  Igual cabe señalar el presentismo, es decir, atender el horario laboral pero sin llevar a cabo las tareas propias de los cargos. 

  Las políticas económicas han llevado a innumerables centros productivos a no contar con materiales para trabajar por lo que han de tener a los trabajadores sin ejecutar tareas.  Las nóminas abultadas en los centros de trabajo tanto públicos como privados, también es una forma de desvalorizar el trabajo. 


  Para los trabajadores y para el país es necesario recuperar la valorización del trabajo. Ello demanda políticas bien diferentes a las que se han venido aplicando.

miércoles, 20 de julio de 2016

IMPLICACIONES DEL CIERRE DE UNA TRANSNACIONAL



La empresa transnacional Kimberly-Clark terminó de paralizar sus operaciones en Venezuela este 30 de junio, luego de 24 años produciendo en el país. Es una transnacional con 140 años de funcionamiento y es de las líderes mundiales en los productos que fabrica.

  Salen del mercado productos en situación de extrema escasez y que son esenciales para la población -pañales, papel y toallas sanitarias, toallas de cocina-. Poco antes de paralizar venía trabajando a una mínima capacidad. En el pasado año del 2015, hubo algunas paradas por carencia de materia prima. La situación se agudizaba en el transcurso del presente año, no era de sorprender que de un momento a otro se paralizaría.

  Este caso no es único, esta generalizado en las transnacionales de la industria manufacturera. Ha habido muchos casos de cierres, y la situación no se detiene. El gremio de los industriales Conindustria, los documenta y expone al público frecuentemente. Las acciones gubernamentales para revertir esta situación no han tenido éxito.

  Hay que advertir que la situación que conllevó al cierre Kimberly-Clark no es un caso aislado. En este momento justamente ha vuelto a parar otra empresa transnacional del mismo ramo Johnson & Johnson de Valencia, por la carencia de materias primas.

  Verlo como parte de una conspiración internacional o de una guerra no convencional por supuesto que invita a la alarma, aún más si se trata de productos que hoy escasean. Pero según como se vea, el gobierno adopta determinada respuesta. En lo inmediato asume las instalaciones y trata de mantenerla operativa. Sin embargo las complejidades operativas y tecnológicas se harán presente y la salida del mercado de la cantidad de productos no será sustituida en las mismas proporciones.

  En otro sector altamente transnacionalizado como es el automotriz, la directiva de FCA Venezuela (antigua Chrysler) informa que no ha producido ningún vehículo desde hace seis meses. Esta empresa optó por seguir los pasos de Ford de Venezuela, que consiguió el pasado año autorización para que, junto a los concesionarios que distribuyen los vehículos pudieran reunir un pote de dólares, y así importar los elementos para ensamblar vehículos. Pero el resultado no ha sido muy alentador, ya que los pocos vehículos producidos salieron muy costosos. En el caso de la ex-Chrysler “lo único que se pudo levantar fue capital para la compra de 144 unidades. Eso es todo lo que ensamblaremos este año”, dijo Christian Pereira, Secretario General del . Sindicato.

  En general, en todas las principales ensambladoras del sector automotriz no han producido vehículos en lo que va del año, estamos hablando de grandes transnacionales como General Motors, Ford, Toyota, Mitsubishi. A pesar de la situación estas empresas no han despedido personal,  han promovido y estimulado renuncias que sólo han sido aceptadas por el personal profesional. Los que trabajan en operaciones han seguido los lineamientos sindicales de no renunciar y mantenerse en las nóminas a pesar de la merma de ingresos, ya que solo reciben los salarios básicos, la mayor parte se mantienen en sus casas y no asisten a las plantas.

  Las ensambladoras de autos produjeron en los dos últimos años 19.745 unidades en el 2014, y 18.300 en el 2015, datos de la cámara de las ensambladoras -Cavenez-. Este año se perfila que la producción será aun menor. Tómese en cuenta que la capacidad instalada de estas empresas está por encima de los 250 mil vehículos anuales, tenemos entonces tres años seguidos sin alcanzar siquiera el 8% de producción.

  Algunas empresas ensambladoras resultante de los convenios del gobierno nacional con China e Irán tienen una modesta producción. Realmente con los chinos lo que mas ha  ocurrido es la importación de vehículos.

  Las empresas transnacionales en todas las áreas realizan sus operaciones en el mundo con el objeto de producir sus productos, atender un mercado y ganar dinero. En nuestro caso, cobran sus ventas locales en bolívares con los cuales cubren sus gastos nacionales, pero el remanente necesitan convertirlos en dólares para cubrir costos en divisas incluyendo los beneficios que sus accionistas aspiran. Esta elemental práctica la realizan normalmente las empresas transnacionales en China, Cuba, así como en cualquier lugar del mundo, independientemente de como se denomine el modelo económico.

  Es deseable que las empresas transnacionales reinviertan sus ganancias en el país, pero eso requiere condiciones y garantías que la inestabilidad política no ofrece. Estudios de la Cepal señalan que en América Latina y el Caribe  “La proporción de las utilidades que las empresas transnacionales reinvirtieron en la misma economía permaneció más o menos estable en un 50%; el resto se enviaron a los países de origen de las inversiones. La tendencia a la baja de la rentabilidad media de la IED observada desde 2008 continuó, de manera que la tasa de rentabilidad fue del 5% en 2014” (La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe, 2015).

  Por otro lado la conversión de los bolívares en divisas (dólares o euros) aquí no es fluida y se ha convertido en un problema dada las políticas cambiarias. Los bolívares no son aceptados en ningún lugar del mundo, apenas en los establecimientos de nuestras fronteras terrestres.

  Lo anterior determina que la realidad productiva en las empresas transnacionales que operan en el país no ofrece un futuro atractivo para sus casas matrices, y tampoco para los trabajadores y consumidores. Se mantienen restringidas las que han estado desde hace años, y sólo llegan empresas o inversiones chinas, en el marco de los poco conocidos convenios con el gobierno nacional.

martes, 12 de julio de 2016

LOS CONFLICTOS COMO EXPRESIÓN DE DEFICIT DEMOCRATICO



  Se vienen haciendo comparaciones entre la situación existente en el presente con la víspera y la emergencia del “caracazo” o “sacudón” del 27 y 28 de febrero de 1989. Está entendido y aceptado que aquel evento significó un quiebre del sistema por las magnitud y el desbordamiento de las protestas, que decían fundamentalmente que no se estaba dando respuestas a problemas muy sentidos de la población, como era el acceso a bienes y servicios en cantidad y en costos accesibles, además de un deficit de participación política; y por otro, lado significó un quiebre en el tratamiento militar por la severa represión aplicada para contener el desbordamiento social. 

  El sindicalismo mayoritario -CTV- de entonces reaccionó convocando a un paro nacional de un día contra las políticas neoliberales del segundo gobierno de Carlos A Pérez, pero la mayoría de la dirigencia sindical subordinada al partido gobernante lo reorientó y lo hizo contra los especuladores. No se pudo desatar la dependencia partidista.

  El descontento que quedó del “caracazo” trajo consigo traumas que han pervivido ya por más de un cuarto de siglo. Inmediatamente a esos hechos se desataron otros de gran profundidad en la vida política del país, como dos alzamientos militares, una destitución de un presidente y la debacle de los partidos que habían gobernado por cuarenta años. 

  La nueva etapa que se abrió con los resultados de las elecciones de 1998 trajo propuestas que encantaron a las mayorías, e incluso ello se extendió más allá de nuestras fronteras en intelectuales y militantes en America Latina y en Europa. Y con mucho más razones, por dos fenómenos que se venían imponiendo con avances vertiginosos, como era la caída del socialismo real y el predominio del neoliberalismo sobre los esquemas desarrollistas y keynesianos, que habían dominado las políticas económicas post Segunda Guerra Mundial. Tal parecía que la aparición de la propuesta del socialismo del siglo XXI llegaba oportunamente, encontrándo seguidores aquí y en varios países de la región.

 Las protestas y en general los conflictos más genuinos son expresión de los sectores que no están en el poder.  Claro que desde el poder en situaciones de riesgo de su permanencia, apela discursivamente a la retórica del conflicto contra aquellos que identifica como sus enemigos externos e internos, y promueve movilizaciones, pero que no significan conflictos genuinos porque no demandan nada, sino que son barreras de contención en defensa del status quo. En la medida que la situación de los sectores populares vaya empeorando, los discursos sin hechos que los sustenten seguirán perdiendo su original efecto de identidad.

  A partir  de 1999 se vivió una efervescente etapa de protestas y movilizaciones que desde el poder estatal se atendían con interés y prontitud. La permisividad a las manifestaciones de conflictos se asociaban con la necesidad que la gente se expresara, ya que por un lado se trataba de corregir males endémicos y estructurales, y por otro ahuyentar a los reales y potenciales enemigos de los cambios en curso. Las protestas conseguían eco en los poderes estatales que las atendían. Reforzaba la retórica que enfatizaba el peso del poder popular.

  En lo electoral a todos los niveles se fomentaba la consulta. Se popularizaron los referendos en el ámbito sindical para dar respuesta a situaciones de existencia de más de un sindicato en un mismo ámbito de representación y negociación. Revolución bolivariana era sinónimo de elecciones y sus triunfos. Era invencible. Las elecciones son válvulas y espacios de expresión que le dan energía a un sistema socio político.

  En estos últimos tres años (2014-2016) tenemos la mayor explosión de conflictividad en la historia de la Venezuela moderna. Creíamos que la conflictividad opositora del 2002-3 era la máxima, pero ha sido ampliamente superada. Esas eran protestas políticas, pero estas de hoy son además económicas y sociales, es decir cubren todas las dimensiones, son atendidas por un espectro más diverso de segmentos de la población, están extendidas en grandes, medianas y pequeñas ciudades, no se ubican en una fecha dada como resultado de una convocatoria partidista opositora, surgen como en un terreno ya sembrado de semillas cuando empiezan a germinar las nuevas plantas. Se entiende que las semillas también fueron sembradas desde el poder, porque levantó expectativas y construyó una retórica para explicar las dificultades y las soluciones, que ha perdido conexión con la vida cotidiana.

  Pero resulta que ahora materializar las consultas electorales es un verdadero via crucis. Los órganos estatales en vez de facilitarlas, imponen obstáculos. Sean elecciones sindicales, universitarias, incluso refrendario nacional, todas encuentran ahora más y nuevas limitaciones. Se vence un periodo de una directiva y con extrema diligencia surgen obstáculos que impiden la renovación de los directivos vencidos, mientras tanto surgen restricciones para realizar la gestión cotidiana. Se impide con ello el ejercicio democrático que significa la consulta electoral, sea para confirmar una gestión o para dar oportunidad a otros.


   Lo expuesto como déficit democrático se trata de ser resuelto con el uso de la presencia militar, en un principio disuasiva, especialmente con todo el arsenal de equipos modernos que despliegan ante el público, pero eventualmente deviene en represora material. Y aún más, complementada con la presencia de civiles armados que se desenvuelven libremente como si fueran órganos del Estado, y peor aún, lo hacen ante quienes han sido facultados para tener el monopolio de las armas y del orden público. Hay que recordar que a todas las entidades públicas se las mantiene presupuestariamente con los recursos de la nación y las tributaciones de los ciudadanos, pero es para que sea un verdadero árbitro y no obstáculos a los ejercicios democráticos.

martes, 28 de junio de 2016