martes, 21 de febrero de 2017

SALARIOS Y BONIFICACIONES PARA ESTAR PEOR


Empezando el año se decreto una revisión del salario mínimo a partir del 1 de Enero. Era la 3era revisión consecutiva cuyos lapsos entre una y otra era de 60 días, reflejo directo del camino sostenido hacia una hiperinflación en el presente año. Para este 1ero de Marzo se completa otro nuevo ciclo de sesenta días, el aumento del ingreso de los trabajadores ya está decretado con el aumento del valor de la unidad tributaria que a partir de la presente fecha pasa de Bs 177 a Bs 300, lo que representa un incremento del 70% que repercute directamente en el bono de alimentación que pasaría de Bs 63.720 a Bs 108.000 mensuales.

  Este proceso que da lugar a que los trabajadores perciban más ingresos por la bonificación (Bs 108.000) que por el salario mínimo (40.638), donde lo primero representa 2.65 veces los segundo, lo que se traduce en una real situación de bonificación de los salarios.  Este fenómeno nos remite al proceso que a lo largo del período  que va desde fines de los años 80s hasta 1997, que llegó al extremo de que la bonificación representaba cuatro veces más el salario mínimo, por lo que en un momento dado los trabajadores percibían de salario mínimo Bs15 bolívares diarios, en cambio tenían Bs 75 de bonificación, cuatro veces más. En este momento tenemos una relación que fomenta la bonificación al tiempo que desalariza el ingreso de los trabajadores, el fenómeno ha sido continuado y en cada ocasión de revisión del ingreso la brecha se amplia a favor de la bonificación. 

  Esta tendencia es de consecuencias muy importantes para que sea promovida al margen de los actores productivos y laborales. Existen países en donde las cargas distintas al salario son de poca monta, y ofrecen un pago sustancioso de los salarios. En nuestro caso se han fomentado cargas al empleador basadas en la condición de asalariado tutelado, pero manteniendo muy bajos salarios. Todo ha ocurrido sin que se ha haya fomentado la creación de empleos de calidad. ¿Que es lo que se quiere? ¿Hacia donde se pretende llevar la situación de los ingresos del trabajo? Son temas pendiente de debatir.

  Está muy bien entendido la distinción entre bonificación y salario porque este último implica repercusiones directas en todos los conceptos que han de retribuirse al trabajador en su condición de dependiente, en cambio la bonificación tiene algunas restricciones por no tener carácter salarial, especialmente en la relativa a las utilidades, en las bonificaciones por vacaciones y en las prestaciones sociales, entre las más importantes. 

  Esta evolución de la bonificación que es del mismo valor para todos los trabajadores que lo perciben,  también implica que al revisarse sólo el nivel de los salarios mínimos,  no se tocan las categorías que ganan por encima, salvo que este incremento los supere, entonces se corrige para que no quede nadie por debajo del mínimo. De ello deriva una tendencia a homogeneizar los salarios y en general los ingresos laborales de los trabajadores. Tendemos a ser una sociedad más igualitaria, pero aceleradamente más pobre con la igualación hacia abajo.

  Para mantener los diferenciales una opción es incrementar las categorías superiores en las mismas proporciones en que fue incrementado el propio salario mínimo, obviamente este incremento ensancha la brecha en valores nominales, pero no en términos relativos. En otras palabras esto serían aumentos generales de salarios. Es la opción que evita la continuada reducción de los diferenciales. 

 Colateralmente la bonificación tiene consecuencias perversas para el sistema de la seguridad social ya que le resta recursos. Los aportes que se hacen en función de los salarios, tanto los patronales como de los trabajadores, dejan de tomar en cuenta el 73% de los ingresos ordinarios de los trabajadores. Agreguemos que la justa incorporación al jubilado del equivalente de la bonificación por alimentos, hace más dependiente sus ingresos pensionales del presupuesto público y no del sistema de seguridad social. Esto en el fondo implica unas pensiones más inestables, si bien se pueden estar cobrando regularmente, mes a mes, pero con billetes con menor poder adquisitivo, emitidos para mantener las pensiones como un programa más de la asistencia social.

  Por supuesto que los planteamientos expuestos no atienden a la preservación del poder adquisitivo de los salarios, es decir los salarios reales. La teoría que reconoce que los salarios han de incrementarse porque dinamizan la economía exige que haya producción nacional. De lo contrario estos incrementos se convierten en cada vez menor adquisición de productos y servicios, cada vez más escasos y por tanto más caros. Y si aparecen de pronto en los anaqueles, ello proviene de misteriosas importaciones con precios claramente dolarizados a tasas cercanas o equivalentes a las del mercado paralelo. En este contexto las revisiones de los  salarios son un espejismo, solo sirven para fines propagandísticos del Ejecutivo, pero para quienes lo perciben lo ven con preocupación y como una abierta falacia.  

  Recordemos que no se maneja en la toma de decisiones ninguno de los típicos índices propios de la revisión salarial, como son:

  • Los de costo de vida, ya sea generales, por regiones, por segmentos de ingresos; de los niveles de precios por rubros; 
  • Del estado del uso de la capacidad productiva, de la producción en unidades y en valores monetarias; 
  • De la productividad por el uso eficiente de los recursos; 
  • De los niveles y de la calidad de los empleos; 
  • De las inversiones para mejorar y mantener la capacidad productiva; de estímulos a los productores. 

  Todas las decisiones sobre salarios que se han venido tomando desde el Ejecutivo no son debatidas con los factores de la producción,  y tampoco con las instituciones que disponen de la representación propia de una sociedad con una constitución que fija estos procedimientos. Lo acordado unilateralmente no pasa de ser intentos de muy corto alcance para corregir las anomalías que predominan en el acceso a los bienes para la sociedad y en el funcionamiento normal del sistema productivo.

  Se afirma de parte del Ejecutivo que esta política salarial está enmarcada en leyes de emergencia económica, del plan de la patria y del presupuesto nacional, pero es evidente que se trata de instrumentos referenciales que no han sido discutidos y debatidos en los espacios propios establecidos en la constitución de la república. Todo ello agrega desconfianza a los agentes económicos. No hay rumbos claros en lo económico, por tanto continúa el deterioro para la sociedad tanto del lado del trabajo como de las empresas. 

sábado, 24 de diciembre de 2016

BILLETES DE 100 y PROTESTAS



La liquidez en manos del público se incrementa notablemente en los meses de noviembre y diciembre, a ello contribuye el pago de utilidades y bonificaciones de fin de año al personal de los sectores formales y parte de la informalidad; además, por doquier se observan solicitudes del tradicional aguinaldo, el del cochinito de plástico, especialmente en comercios y servicios en establecimientos y en manos de trabajadores informales, y así como en cierta proporción entre muchas de las actividades y entes productivos formales. Por otro lado, las generalizadas vacaciones colectivas  facilitan  que en estas fechas las personas disponen de mayor tiempo para hacer sus compras de temporada, las que con los problemas crecientes de escasez da lugar a tener que visitar varios establecimientos para poder completar una lista de compras.

También resulta que al retirar de la circulación monetaria más del cincuenta por ciento de esa liquidez, la representada en los billetes de mayor denominación, los de cien bolívares, al tiempo que aún no están disponibles los nuevos billetes, recordemos que los de quinientos bolívares se anunciaron para este pasado 15 del presente mes,  se produce entonces un enorme vacío de medios de pagos que crea incomodidades para densos sectores de la población, justamente aquellos más frágiles que viven al día y estos ingresos extraordinarios de fin de año vienen siendo ansiosamente esperados.

Los recientes saqueos ocurridos en decenas de poblaciones en los cuatro puntos cardinales del país, Ciudad Bolivar, La Fría, Maturin, Maracaibo, Guasdualito, Valera, Tumeremo, Barinas, El Callao, entre otras poblaciones, son reacciones de malestar, indignación y desespero por lo sorpresivo que este tipo de medida les resulta, que los obliga con todo nerviosismo a deshacerse de los billetes de mayor denominación. 

Las nerviosas carreras han dejado ver situaciones dramáticas entre los sectores más pobres. Casos de persistencia de numerosas personas no bancarizadas, que toda su modesta relación de ingresos y egresos la resuelven directamente con dinero en efectivo. Otros que si bien tienen su cuenta de ahorro no disponen de tarjetas de plástico, sea de débito o crédito para facilitar transacciones. 

A toda la población le ha creado incomodidades la situación de retiro de los billetes de cien bolívares al tiempo que no se cuenta con los nuevos, pero quienes menores incomodidades han experimentado son quienes disponen de medios alternos de pago y en general de recursos y familiaridad para hacer transacciones electrónicas. 

Curiosidades derivadas de esta medida ha determinado que personas que han entregado luego de larga e incómoda espera sus billetes de cien bolívares, acuden luego a un cajero automático para disponer de efectivo y resulta que los cajeros le emiten también billetes de esa misma denominación, ocurre una suerte de centrífuga, aunque advirtiendo sin tener nada que ver esta con un conocido eslabón de la parte financiera de ciertos negocios oscuros.

Al comprar con tarjetas predominan los establecimientos que solo te permiten que los clientes paguen con debito y eluden cobrar con las de crédito, a veces se agrega un adicional y el cliente termina pagando un precio más caro por esa razón. 

En la informalidad viene extendiéndose el anuncio "tenemos punto de venta", pero casi siempre el equipo electrónico pertenece a un tercero o a un establecimiento cercano que facilita el servicio cobrando un porcentaje adicional ya sea al cliente o al pequeño comerciante vendedor del bien o servicio.

Necesario destacar que la saturación del uso de los medios electrónicos para el pago tanto en los establecimientos proveedores de las ventas como en otras sedes residenciales y comerciales, desde donde se hacen transacciones, da inevitablemente lugar a frecuentes caídas del internet, y por tanto la repetición de operaciones, además de lentitud y más razones para otras nuevas y largas colas. 


En este cuadro de desasosiego no faltarán aquellas lecturas de la realidad que pretendan adjudicar estas reacciones de malestar y protesta a tal o cual grupo político opositor, pero se sabe que los cuerpos oficiales de inteligencia se precipitan en estas situaciones e incurren en arbitrariedades al tratar de hacerse de chivos expiatorios. Recordemos que el "caracazo" o "sacudón" de febrero de 1989, a pesar de las tantas indagaciones e investigaciones no dejo claridad alguna en determinar qué tal o tales grupos políticos de entonces jugaron un papel de promotores de esas protestas, más bien al final toca asignar la promoción de los mismos a las propias acciones y la inhabilidad del alto gobierno en la toma de decisiones. 

martes, 13 de diciembre de 2016

VACACIONES SIN VACACIONAR


  El análisis del tiempo de trabajo conlleva distinguirlo entre el tiempo activo y el pasivo. El primero que corresponde al estadio bajo la subordinación del empleador, y el segundo que es tiempo del trabajador para recuperación del desgaste que el trabajo conlleva. Las regulaciones sobre el tiempo de trabajo se hacen a partir de la unidad hora, pasando luego por el turno, la jornada, el día, la semana, el mes, el año, la carrera y toda la vida laboral.

  Al final de cada año suele plantearse dos hechos significativos en el tiempo de los negocios y con ello del trabajo, por un lado casi toda la manufactura cierra para conceder vacaciones colectivas, especialmente a las áreas en donde participa más personal, como son las de producción y operativas.

  En los servicios públicos también se producen pausas, lo más notable es la del sistema educativo, pero en general se reduce el ritmo de actividades prestadas por el Estado. Por otro lado, el comercio y buena parte de los servicios llevan a cabo en los dos últimos meses del año su mayor volumen de ventas y prestación de servicios. De alguna manera para estos establecimientos en el ámbito privado, estas últimas seis u ocho semanas laborales del año representan un período de zafra, y con ello se alivia su funcionamiento dado que quedan con mínimo de inventarios y por tanto con pocas ventas para los dos o tres primeros meses del nuevo año.

 Lo anterior va aparejado con el hecho de ser noviembre el mes del año en donde los trabajadores reciben sus mayores ingresos por el pago de utilidades y bonificaciones de fin de año, además parte de ese dinero drena a aquellos trabajadores informales que operan por cuenta propia y reciben más demanda de sus servicios. El circulante da un salto en noviembre y diciembre.

 Todo lo anterior responde a nuestras estacionalidades en el uso del tiempo y del consumo, pero este año se presentan situaciones inéditas en el funcionamiento económico afectando la situación de las vacaciones laborales, empezando porque vamos por tercer año seguido en decrecimiento económico, y este año acentuado por bajos precios y disminución de la producción petrolera.

  Del lado de los industriales, Conindustria en sus encuestas registran "El pesimismo se debe a que al cierre del mes de septiembre, 17% de los consultados aseveró que están parados por falta de materia prima y 41% afirmó que solo contaba con un mes de insumos y de trabajo asegurado, lo que significa que actualmente se registran 58% de industrias no operativas.” (El Nacional, 9-12-16)

“A esto se suma la reciente descapitalización que les ocasionó la caída del valor de cambio del bolívar, que les dejó con recursos insuficientes para reponer inventarios y mantener las líneas de producción operativas en enero del próximo año. Gran cantidad de las industrias no podrán abrir el próximo año debido a la falta de capital de trabajo, el cual se redujo hasta en dos terceras partes por la devaluación del bolívar y esto agudizará la escasez de bienes básicos en enero 2017 por la caída de la productividad”, informó Juan Pablo Olalquiaga, presidente del gremio.

 Ya este desempeño es más que suficiente para alterar el consumo familiar y del conjunto de los trabajadores, pero su mayor alteración viene dada por el salto inflacionario de este fin de año, que nos introduce en ambiente hiperinflacionario afectando el consumo y toda la cadena productiva. De aquí que todo esto ha llevado al comercio, particularmente en esta situación a recurrir deliberada y tempranamente al cierre de los establecimientos y por tanto al uso del régimen de vacaciones colectivas, no habitual en este sector.  
   
  Para los trabajadores el descanso que supone el período vacacional se resiente, cuando los recursos que se perciben por el pago de ese tiempo de receso más las bonificaciones, están comprometidas con las mayores exigencias de consumo estacional y ahora con el impacto de los elevados precios, especialmente de alimentos y bienes escasos que se adquieren en el mercado negro, o también en el mercado formal que ha venido incorporando alimentos importados a precios dolarizados en niveles cercanos a los del bachaquerismo.

  Los trabajadores llevan a lo largo de todo el año un desgaste acumulado en el esfuerzo de su tiempo de descanso ya que ha de destinarlo a la procura de alimentos, de productos del hogar y de otros bienes escasos, en condiciones de incertidumbre.

  Y nos llega el fin del año con mas carencias, por lo que hasta las vacaciones se apropian del tiempo teóricamente para recuperarse del agotamiento de todo un año de labores, es decir se pierde la esencia de la pausa anual de labores, que está planteada por la “imperiosa necesidad de disfrutar de un descanso continuado para tratar de recuperar, en parte, esa libertad que perdemos a causa del trabajo”, como lo señala Héctor Jaime -“El tiempo de trabajo”, Ucat 2013-. Más allá del tiempo libre el verdadero concepto de vacación incluye “el disfrute efectivo de las vacaciones debe aprovechar, igualmente, a la familia del trabajador y conlleva la necesidad de cambiar de ambiente, de desplazarse, lo que necesariamente se traduce en un incremento notable de los gastos del trabajador, a la par que se mantienen los gastos ordinarios”, agrega.

  Estas vacaciones del 2016 van a estar signadas por el acrecentamiento de las preocupaciones e incertidumbres que plantean más empresas paradas, menos puestos de trabajo, más inflación, y el constante deterioro institucional y que en lo político se expresa en el fracaso del diálogo, afectando el presente y las expectativas para los proyectos de los trabajadores, sus familias y la sociedad toda, por lo que se dispone de unas vacaciones, pero sin vacacionar.

lunes, 5 de diciembre de 2016

EMPRESAS BASICAS: PROPIETARIOS DESINFORMADOS


  De las llamadas empresas básicas la sociedad espera mucho más de lo que están dando. Algunas nacieron como empresas privadas y posteriormente estatizadas erogándose importantes recursos, pero se trataba de inversiones que fortalecían los activos de la Nación.  Otras que nacieron por iniciativa y con recursos financieros de la Nación. Todos los venezolanos debemos tener una gran inquietud e interés en ellas. Debemos estar informados de sus desempeños. Por eso deploramos situaciones que tienen que ver con su manejo.

  Los antecedentes de las empresas básicas se remontan a la década del cuarenta con el nacimiento de la Corporación Venezolana de Fomento -CVF-, en ese tiempo se adoptó la famosa frase de Arturo Uslar P “sembrar el petróleo”, la Acción Democrática que ejerció brevemente el poder por esos años la convirtió en la guía de su programa económico. La CVF inició estudios para el desarrollo de industria básicas en los sectores del acero, la petroquímica y la energía hidroeléctrica. 

  En los años sesenta por vía de la Corporación Venezolana de Guayana se hicieron grandes inversiones, algunas empezaron en los años cincuenta. En la década del setenta se estatizaron las actividades en manos de transnacionales en hierro -1975- y en petróleo -1976-, y se continuó con la creación de nuevas empresas básicas gracias a los ingresos, ahora mucho mayores, resultantes de las estatizadas empresas en petróleo y en hierro. Hasta principios del presente siglo estas empresas entregaban dividendos a la nación, y, especialmente, suficiente productos y servicios a los sectores públicos y privados para mejorar la capacidad productiva nacional.  

  Hoy, de las empresas básicas no siempre llegan buenas noticias. En lo productivo varias de ellas se han estancado, o han reducido su producción. En lo financiero, están endeudadas. En lo tecnológico de haber sido innovadoras hoy predomina la desactualización y la obsolecencia. En lo laboral, de haber sido las pioneras en proveer oportunidades de carreras profesionales y tecnológicas a varias generaciones, hoy muchas han perdido el liderazgo en ofrecer las mejores condiciones condiciones de trabajo, por ello se han ido talentosos profesionales y operarios.

  Tanto quienes somos parte de la sociedad venezolana como quienes prestan servicios en estas empresas somos dolientes, porque son activos que no nos están rindiendo los frutos para los cuales se crearon o adquirieron. Y quienes allí prestan sus servicios han venido cayendo en la incertidumbre y resintiendo el orgullo de trabajar en ellas, dado que han perdido liderazgo productivo, y presentan dificultades financieras y tecnológicas. 

  Además para estas empresas es muy difícil ganar las simpatías de los dueños, que es la población venezolana, así como la identidad de los trabajadores que le prestan servicios,  si en ellas predomina la opacidad y la desinformación. De hecho, la Asamblea Nacional de los dos anteriores quinquenios desatendió las denuncias sobre las empresas básicas. Y hoy los intentos de la actual AN se han estrellado ante la negativa del Ejecutivo a respetar la Constitución en este sentido, y ha apelado a evasivas como es la Ley de Emergencia Económica. Lo normal es que las propiedades productivas se sometan al escrutinio de los poderes públicos, independientemente de cual sea la relación de fuerzas en su seno, ya que eso es expresión de la voluntad de los ciudadanos.  
  
  Visto el contexto del origen y desarrollo de las empresas básicas, hoy nos informamos que una de las empresas icono entre las estatales “A Sidor le va mejor sembrando girasoles que produciendo acero.. Entre enero y octubre de 2016, la industria ha logrado una producción acumulada de 230.004 toneladas de acero, menos de lo que en un mes producía Sidor en 2007. La producción acumulada en los 10 meses de 2016 equivale a 19 días de producción en la Sidor de 2007”. (reportaje de María Ramirez C. en Correo del Caroní, edición 18 al 24 de Noviembre). 

  Por mas que se quiera edulcorar su desenvolvimiento con el aporte de un sembradío de parte de sus espacios, su razón de ser es producir acero y otros productos derivados del hierro, y los datos productivos son contrastantes entre su etapa de empresa privada (realmente era mixta, pero con mayoría de acciones privada) y la de hoy como estatal, no obstante contar en la etapa post re estatización con una población laboral mucho mayor, y tener acceso a preferencias en las políticas cambiarías, tributarias y económicas en general. 

  Lo otro que se debe tener presente en el análisis del artículo es la situación de Pdvsa, primera empresa básica fundamental para el desarrollo nacional, a partir de los planteamientos hecho públicos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de los resultados preliminares de sus investigaciones, que muestran los más diversos casos de delincuencia organizada en el interior de esta empresa, que hasta ahora suman una defraudación por once mil millones de dólares. 

  Algunos pocos involucrados ya presos en los EEUU, en donde desde hace varios años se vienen tomando medidas judiciales en contra de personas vinculadas a Pdvsa, por fraudes y negocios que defraudaban tributaciones en ese país, pero en el nuestro es a lo largo del presente año que la Asamblea Nacional nos informa y por ello comunica de fraudes por más de once mil millones de dólares. 

  En el Poder Judicial y en el Poder Moral ninguna medida ha sido tomada. A los venezolanos también nos cuesta mantener a estas instituciones, que hoy se siente mucho más por las penurias en sobrevivir en medio de tanta escasez. A estos poderes no se les pide producir acero o petróleo, sino que asuman funciones de moralidad para las cuales fueron creadas. 

@hl_lucena

  

martes, 29 de noviembre de 2016

VICTIMAS DE LA INTOLERANCIA EN AMBIENTES LABORALES


 En las relaciones laborales se continúan presentando situaciones irregulares que muestran las dificultades que existen para los trabajadores al ejercer sus derechos ciudadanos y laborales, especialmente si el patrono es una institución del Estado. 

  A la condición de subordinado que caracteriza a todo trabajador ante el empleador, quién le fija y le supervisa las tareas, le da órdenes, le pide rendición de cuentas, se han establecido restricciones que agregan subordinaciones más allá de la condición de trabajador, al limitarle su autonomía para actuar con sentido crítico y autónomo. 

 Para contrarrestar y equilibrar esta asimetría, los trabajadores tienen la opción de organizarse colectivamente, como está universalmente reconocido y en el caso de nuestro país hay una tradición de largas décadas en ese sentido, que se desataron con el fin del gomecismo. Algunas pocas organizaciones petroleras y magisteriales ya cuentan con ochenta y setenta años de existencia. Sin embargo el grueso de las mismas tuvieron en las décadas del 60 y 70 un ambiente político y económico favorable para nacer y estabilizarse. 

  Además los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, a la cual pertenecemos desde su misma fundación en 1919, han venido construyendo una doctrina universal para el respeto a la condición de trabajador tanto en lo individual como en sus organizaciones creadas para su defensa y mejoramiento. Los dos convenios fundamentales en este sentido son el No. 87 de 1948 “Convenio sobre la libertad sindical y  la protección del derecho de sindicación” y el No.98 de 1949 “Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva”, ambos como se puede observar nacen al calor de la II post guerra mundial en momentos de reconocimientos de la necesidad de avances democráticos, han sido ratificados por nuestro país y por tanto su contenido forma parte de las relaciones laborales. Hecho insuficientemente conocido por los trabajadores, y ampliamente negado y violado por el pensamiento autoritario que predomina en esferas estatales. 

  Se espera que todo ciudadano, trabajador o no, tiene algún grado de inclinaciones y de identidades. De estas últimas la más elemental y temprana es con su familia, pero también con su grupo étnico, o categoría social y económica, con su país, con la religión que predomine a nivel familiar. El desarrollo de su vida va agregando vinculaciones que determinan nuevas adhesiones. Así tenemos las ideológicas, las políticas, las de aficiones determinadas. En toda sociedad funcionan acciones colectivas y movimientos sociales que se nutren de los ciudadanos, de los trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, residentes urbanos y rurales. 

  En tanto trabajador se plantean diversas opciones de identidades, como con el oficio, la profesión o actividad que realice, con las organizaciones para las cuales trabaja y con las que aglutinan por la condición de trabajador.

  La condición de miembro de una organización de trabajadores y al mismo tiempo tener simpatías por una determinada alternativa ideológica y política diferente a la oficial, se le ha convertido en un   problema  a aquellos trabajadores que no comulgan con quienes gobiernan. Es decir, esto se traduce que si trabajas para un ente estatal pierdes la autonomía de pensar, criticar, ser parte de una organización partidista o de alguna iniciativa social disidente y crítica, por tanto la participación en eventos públicos trae como consecuencias que el trabajador es hostigado en su trabajo, visto con desconfianza, sujeto a discriminaciones para acceder a derechos y hacer normalmente su carrera laboral y profesional.

  Se trata de manifestaciones de intolerancia que describen un ejercicio gubernamental alejado de principios democráticos y participativos. La verdadera democracia en un ambiente laboral es convivir para el progreso y la paz en tanto la condición de trabajador, independientemente de la ideología, cultura, religión, sexo o preferencia sexual, edad, nacionalidad. Lo laboral es una condición necesaria para varias dimensiones empezando por la satisfacción de las necesidades más elementales como es la alimentación y el hogar. Los ingresos percibidos por el esfuerzo laboral se destinan en primer lugar a esas necesidades, pero se amplían más allá como es el vestido, salud, educación, recreación. Por ello negar el desarrollo de las personas en las instituciones estatales, o el mismo empleo sólo por no pensar de la misma manera que como piensan quienes en un momento circunstancial ejercen el gobierno es una situación violatoria de principios básicos de la condición humana. Todo discurso de desarrollo social, de socialismo o cualquier ideología que peque e incurra en esta violación merece el más contundente repudio.


   Observamos que los trabajadores que disienten de las políticas que han traído escasez, penurias, empobrecimiento y el que se hayan perdido extraordinarias oportunidades para el mejoramiento del país y sus ciudadanos, ejercen con valentía su disentimiento muy a pesar de las gravosas consecuencias personales y familiares. Es un tema central a resolver en cualquier diálogo que pretende al menos la convivencia. 

viernes, 18 de noviembre de 2016

El diálogo porque hay fracaso y frustración


¿Por qué Venezuela está en la actual caótica situación política, social y económica? Esta situación es el resultado de la confrontación y de la polarización, y de la ausencia de diálogos sin balances de los poderes públicos. En lo social, debido a los altos índices de violencia y el deterioro de algunos indicadores sociales, como los de salud y educación. En lo económico, por el aumento de la pobreza, la disminución generalizada de la calidad de vida, la inflación alta y tres años continuos de decrecimiento. Por su parte, el régimen da importancia al fomento de nuevos discursos y relatos y de los programas sociales, a través del control comunicacional en diferentes medios.

Lo político

  La confrontación y la polarización ha sido una constante en lo que corre del presente siglo. Inicialmente, la revolución bolivariana levantó muchas expectativas. Sus triunfos electorales a partir de diciembre de 1998 fueron repetidos hasta 2007, momento en que sufrió su primer revés importante al no ser aprobada una propuesta de reforma constitucional.

  Este proyecto ha tenido fuertes contratiempos para mantener buenos resultados electorales en las elecciones parlamentarias nacionales, las cuales ha perdido en las dos últimas votaciones. En las elecciones de 2015 se dio el resultado más amplio a favor de la oposición, que obtuvo las dos terceras partes del parlamento. Hasta entonces la revolución bolivariana había gobernado hegemónicamente con una oposición en situación de permanente minoría.

  La reacción gubernamental ha sido obstaculizar la actividad parlamentaria utilizando al Tribunal Supremo de Justicia, en particular la Sala Constitucional que el Ejecutivo controla como su apéndice y que ha venido anulando casi todos los actos legislativos, inclusive la suspensión de los parlamentarios del Estado Amazonas. Dicha Sala Constitucional es un elemento clave de la agudización de la crisis política al apoyar todas las solicitudes del Ejecutivo. La fortaleza que tuvo la revolución bolivariana de medirse electoralmente y batir a los opositores hoy se ve disminuida.

Lo social
La calidad de vida del venezolano se ha venido a menos. Y no sólo son las condiciones materiales de vida las que desmejoran; el futuro se diagnostica muy complicado. Si bien se plantean opciones para avanzar hacia un mundo mejor, muchos han optado por irse.
  No ha sido necesario que una guerra haya devastado ciudades y campos como ocurrió con la diáspora europea post Segunda Guerra Mundial. Tampoco las cruentas dictaduras del cono sur que ahuyentaron a parte de la población, o una guerra donde guerrillas se convirtieron en ejércitos y se enfrentaron al gobierno con una respetable cantidad de efectivos y armamento, como en Colombia. Nuestra emigración masiva ha sido por la pérdida de oportunidades y porque la política económica tomó un camino que desperdició enormes recursos y desaprovechó las capacidades que ofrecía su gente y sus empresas.

Lo económico
El principal problema económico es el modelo de regresividad productiva. Transcurridos más de década y media, el balance en cuanto a modelo productivo es poco alentador. Desde hace tres años tenemos una inflación de más de tres dígitos, una de las más altas del mundo. Desde hace tres años hay un decrecimiento del PIB; -3, en 2014; -6, en 2015; y se estima que al cerrar el 2016 será de -10.
Cada vez se importan más bienes porque aquí no se producen. Se da la paradoja de plantas paradas o casi paradas y la llegada de similares productos, cuando esas plantas han estado esperando lo necesario para activarse. En función de lo anterior, se han creado desde el Gobierno o con su aliento, multitud de empresas sólo con fines de importación. Asimismo, no hay un debate público e institucional de los precios que se pagan por las importaciones, por lo que se evidencian problemas con los precios la calidad y otros aspectos sensibles en los procesos de adquisiciones, como en el caso de la importación de alimentos y medicinas.
Se han paralizado plantas de fabricación de bienes porque no se les asignan divisas para materias primas o elementos necesarios para la manufactura. La asignación además es irregular y sin fechas que permitan planificar. No hay bases para que los cronogramas entre proveedores y clientes puedan cumplirse. Hay empresas que han acumulado deudas con proveedores, con quienes se han perdido relaciones de confianza comercial. Hay plantas que han parado porque no reciben los insumos de empresas nacionales como proveedoras, que igualmente tienen problemas con la consecución de los suyos; y no se está invirtiendo en capacidad productiva para renovar el parque industrial. Se estatizan plantas porque se acusa a sus propietarios de ser conspiradores, o de hacer guerra económica.

 Se  han aplicado sanciones basadas en inspecciones y motivaciones ajenas a lo productivo y a lo económico. Se ha descalificado a empresarios y a determinadas marcas comerciales. Empresarios han dejado de invertir por incertidumbre, miedo y falta de confianza. Las plantas que venían exportando fueron acusadas de desatender el mercado interno y sobre esa base fueron estatizadas, dejaron de exportar, bajaron la producción y ahora se importan esos bienes que antes se exportaban. Algunas de estas plantas estatizadas también han paralizado, no obstante las ventajas y privilegios en la asignación de divisas, en la permisividad de los trámites públicos y en asegurarles la compra de lo que produzcan.

Efecto dominó
  Las condiciones de trabajo también tienden a desmejorar: se incumplen o se congelan los beneficios de los convenios colectivos. Estas incertidumbres han dado lugar a las migraciones de personal, gran parte muy calificada.
  Los trabajadores organizados están aislados o marginados del debate sobre el modelo productivo. Los mecanismos históricos de organización y acción reivindicativa de los trabajadores no son estimulados por las políticas públicas, sino que se promueven otras alternativas que se superponen sobre aquellos y generan situaciones de fricciones y controversias en el seno de los trabajadores de las entidades productivas.
  Los centros de formación de talento y de investigación experimentan restricciones que las lleva a invertir sus energías en sobrevivir, ante el acoso de las reducciones presupuestarias y de medidas que les obligan a sacrificar la calidad y la profundización del conocimiento, y así satisfacer contradictorias exigencias gubernamentales que nos alejan de la construcción de bases soberanas de independencia tecnológica y científica, en tiempos de las sociedades del conocimiento.

  Y por parte del gobierno solo vemos que firman acuerdos comerciales que se traducen en nuevas importaciones, lo que incide en la estabilidad productiva con efectos en los empleos, salarios, y pagos fiscales que de estar plenamente en producción ingresarían en las arcas públicas.

jueves, 10 de noviembre de 2016

REVISION SALARIAL DESINSTITUCIONALIZADA


Este primero de noviembre se inicia con nuevos incrementos en los ingresos de los trabajadores, tanto del salario mínimo como del bono de alimentación. Apenas sesenta días antes, el primero de septiembre se hizo el anterior incremento. El cuarto incremento en lo que va del año, pero no tienen mayor repercusión en evitar el deterioro de la calidad de la vida de la población, que se sigue deteriorando. 

  Estos incrementos de los ingresos tanto salariales como bonificaciones, ya superan el cuatrocientos por ciento anual. Pero sin que lo mencionen los órganos oficiales, la inflación va muy por arriba de esos porcentajes, por ejemplo Cenda institución dedicada al seguimiento de los índices de precios, registra para septiembre un incremento en alimentos del 670%, algunos de ellos muy por encima, como azúcar y similares 2.780%, cereales y derivados 2.393%, grasas y aceites 1.830%. En fin, día a día a los trabajadores se les rebaja su salario real, aquél que más importa porque tiene que ver con el poder adquisitivo, con su capacidad de compra de bienes y servicios. 

 Por varios años somos el país con la inflación más alta del mundo, y el peor desempeño en el continente, y no obstante se siguen repitiendo los mismos formatos para conducir y tomar decisiones. La incapacidad para rectificar ante tan negativos resultados se sustenta en acusar a terceros como los culpables, se sigue repitiendo que el país es víctima de las consecuencias de una guerra económica, conducida por las conspiraciones de la derecha apátrida en alianza con el imperialismo y factores internacionales. 

  Resolver el bienestar de la población trabajadora requiere esfuerzos mayores que los puros decretos de aumentos de salarios, decididos unilateralmente al margen de otras consideraciones y compromisos institucionales en lo económico y político. Si fuera así, que fácil sería el funcionamiento de una sociedad. El asunto es más complejo, de aquí que la variable salarios y bonos de alimentación funcionan en un sistema de relaciones con otros factores que si no se vinculan e integran, el impacto de los incrementos no logran sus propósitos. Lo predominante en América Latina es la negociación tripartita.

  Se ha demostrado que los ingresos de los trabajadores generan importantes impactos en la economía, porque estos ingresos se convierten directa e inmediatamente en la adquisición de bienes y servicios, lo que motoriza al sector productivo. En cambio, el ingreso del capital y de quienes disfrutan de los más altos niveles de ingresos, tiene destinos más diversos, entre ellos algunos más allá del impacto en la economía interna, porque parte de sus ingresos tienen la posibilidad de convertirse en ahorros, en adquisiciones en el exterior, tanto por inversiones como  gastos.

  La capacidad de ahorro de los trabajadores se ha reducido a su mínima expresión. Ello se evidencia en la solicitud de adelantos de prestaciones sociales, también en la permanente recurrencia a las cajas de ahorros hasta el mismo limite estatutario de atender las solicitudes de acuerdo a la capacidad del solicitante. 

  El gobierno ha creado y mantiene un ejército de funcionarios para el control de los precios, de la producción y distribución, sin embargo se incrementa el nivel del costo de vida  a niveles inéditos en la historia de la economía del país, con el contraste que la baja de la producción va por su cuarto año de descenso.

  Los intercambios para mejorar los salarios se iniciaron en el país por las negociaciones colectivas, que si bien ocurrían en los sectores modernos y mejor organizados, pero servían de referencia a aquellos sectores en donde no había ni sindicalización ni convenios. En la década del 60 fue clave en el fomento de estas prácticas de mejoramiento salarial. No hubo ningún decreto de incremento salarial, pero sí hubo mejorías en el nivel de vida de la población trabajadora. Incluso el único decreto que se registra en esta década fue para desmejorar los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, que les rebajó en un 10% sus salarios apenas iniciaba su gobierno Romulo Betancourt, en el marco de ley de medidas económicas de emergencia. 

  Para entonces los salarios mínimos sólo existían en algunos convenios colectivos. Fue en 1975 que por primera vez se estableció por decreto un salario mínimo nacional. El impacto de los ingresos extraordinarios que la economía venezolana recibió como consecuencia del primer boom petrolero dio lugar a que por primera vez se alcanzara una inflación de dos dígitos, al llegar a 11% anual.   

  En la Ley Orgánica del Trabajo de 1990 se estableció un avance importante en cuanto a involucrar en la revisión del salario mínimo a los propios actores productivos y a la exigencia de consultar a dos órganos del ámbito económico, el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Economía Nacional. De aquí que se institucionalizó un mecanismo que exigía la negociación de los órganos representativos de los empleadores y de los trabajadores. Los empresarios contaban por supuesto con una tradición de disponer de asesores con larga tradición en el análisis económico. Por su parte los trabajadores, ya desde principios de los años ochenta se venían apoyando en las orientaciones de académicos de reconocida trayectoria, destacándose el papel jugado por D.F Maza Zavala, el más reconocido economista para su tiempo. 

  Todos estos procesos de consulta y negociaciones permitían arribar a un acuerdo que debía someterse al Parlamento, en donde se producía un debate que involucraba a fracciones parlamentarias tanto gubernamentales como opositoras de todas las corrientes. Finalmente se concluía en una decisión que firmaba el Presidente de la República.


  Hoy, el camino que se ha seguido prescinde de los propios actores del mundo de la producción, empresarios y trabajadores, de los órganos especializados en materia económica, y del más genuino ente de la representación popular como es el Parlamento. Un Presidente que acumula una trayectoria de desacertada conducción económica que ha empobrecido a todo un país, sigue ejerciendo de manera total el ejercicio de lo que tiene que ver con asuntos fundamentales como son salarios, producción y nivel de vida de toda una sociedad.