martes, 6 de junio de 2017

LA REVOLUCION BOLIVARIANA Y SUS CICLOS ECONÓMICOS



Venezuela lleva cuatro años con el peor desempeño económico en toda América Latina y el Caribe. Desde el 2013 al día de hoy ha sido de retroceso económico continuado, y con perspectivas similares para el presente año. Para presentarlo en un marco comparativo véase que desde hace varios años Venezuela tiene la inflación más alta del mundo así como el mayor riesgo país para la inversión extranjera, déficit fiscal de dos dígitos por sexto año consecutivo, las reservas internacionales -2016- más bajas en todo el período chavista. Fijemonos que la economía se contrajo en un 10 por ciento en 2016, más que la de Siria que está en plena guerra. Se estima que la inflación en el 2017 superará un 720 por ciento, casi el doble que Sudán del Sur que ocupa el segundo lugar en la lista de países con mayor tasa, lo que ha convertido al bolívar en una divisa casi sin valor. 

  Para analizar los ciclos económicos que han transcurrido en los 18 años de la Revolución Bolivariana hay que tener en cuenta la opacidad del régimen en el suministro de datos del desenvolvimiento económico. Las entidades estatales responsables de su suministro han cedido a intereses de gobierno mas que sus responsabilidades de estado, y con ello colocando en riesgo una confianza lograda a través de toda su historia institucional. Se trata del Instituto Nacional de Estadísticas -INE- y el Banco Central de Venezuela, este que de organismo tradicionalmente autónomo ha pasado a ser un apéndice gubernamental y brinda información según conveniencias del gobierno. En el presente todo su directorio es propuesto y nombrado por el Ejecutivo. Para ello en el marco de medidas de emergencia se modificó su ley por medio de decretos que eliminaron la potestad que tuvieron por décadas el Parlamento, los gremios de trabajadores y de empresarios de nombrar sus representantes en el Directorio.

   Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. El Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda y falta de transparencia al mismo tiempo.  La Asamblea Nacional desde que la oposición asumió la Junta Directiva no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. 

  La RB ha pasado por cinco distinguibles etapas en su evolución económica. 


  1. La primera entre 1999 y 2003, en lo económico inicialmente fue de inercia ya que el gobierno no se ocupó del tema económico, ya que concentró su accionar en la Asamblea Constituyente y la elaboración del nuevo texto, todo ello implicó tres convocatorias al electorado para su participación a lo largo de 1999, un -6% del PIB, y luego las reacciones de su aplicación que se tradujeron obviamente en efectos económicos por la conflictividad abierta con sectores empresariales y laborales confrontados con el gobierno de H Chávez, y que llegaron a crear una situación  que desembocó en un paro casi nacional de dos meses. 
  2. A lo anterior sucede un período de crecimiento extraordinario entre el 2004 y 2008, percibiendo los más altos ingresos petroleros cuyo precio sobrepasó los 100$ el barril; el boom de las materias primas por la demanda China y de otros países emergentes. 
  3. La crisis global y la baja del petróleo determinan dos años de descenso del PIB, el 2009 y 2010, que con los ingresos extraordinarios del período anterior pudo evitar mayores consecuencias.
  4. Los años 2011 y 2012 otra vez los precios petroleros suben y la economía muestran cierta recuperación, pero ocurre en sectores no determinantes  en la estabilidad productiva como es la construcción de viviendas, comercio y servicios, con notables componentes importados. Por el contrario los sectores primario (agricultura, ganadería, pesca, minería) y secundario (manufactura) no son la base de este crecimiento, muy por el contrario hay un estancamiento en casi todas estas ramas productivas.
  5. Finalmente el actual período que ya va por cuatro años consecutivos (2014-2017) de descenso del PIB, luego de un estancamiento en el 2013, hacen de este quinquenio transcurrido del gobierno de N Maduro una radical regresión no conocida en la Venezuela petrolera de casi un siglo. En buena medida es esta situación de mal manejo de los recursos lo que ha levantado los primeros malestares, por el efecto de la escasez de alimentos y medicinas en la población a todos los niveles. Luego por el manejo de estas situaciones se agregaron otros factores para llevar el país a un nuevo ciclo de protestas que excede las anteriores, vista la movilización de personas y los más diversos lugares del país.

jueves, 18 de mayo de 2017

Seguridad social: tercera edad y pensiones


 Las protestas se multiplican y se extienden a diversos sectores y en los cuatro puntos cardinales de la geografía, ya van por su sexta semana y en esta ocasión convocaron a las personas de la tercera edad. Sobre este sector importa hacer algunas consideraciones sobre las pensiones de jubilación, así como la seguridad social en general.
 
En Venezuela, para 1998 el sistema de seguridad social no había cedido a las políticas privatistas que se impusieron en casi toda América Latina, seguía predominando el clásico sistema de reparto. Sin embargo el nuevo régimen al llegar al poder detuvo una reciente reforma aprobada en 1998 en el gobierno precedente de Rafael Caldera, que si bien no tenía una marcada influencia neoliberal si sugería la capitalización individual como por vía optativa, pero lo más importante era que apuntaba a hacer una reestructuración y a actualizar una seguridad social que para entonces presentaba notables limitaciones.

  El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales era un ente inauditable, sobre el cual había poca confianza en el buen uso de los recursos aportados por empresas y trabajadores, y que para hacer más transparente su desenvolvimiento era necesario separar la actividad prestadora de salud, de aquella eminentemente financiera, pero ambas seguirían en manos estatales. Este primer paso fue paralizado por el Presidente Chávez al llegar al poder.

  La proporción de trabajadores que contribuye a la seguridad social, sigue siendo de sólo un 35%, lo cual guarda relación, con la tasa de desocupación y el peso de la economía informal. No es Venezuela de los países con los más altos porcentajes de cobertura en América Latina, como si son Chile, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil.

  La pensión de vejez se paga con el mismo monto del salario mínimo, cualquiera haya sido el aporte de las cotizaciones del trabajador. Una ley aprobada antes de la revolución bolivariana propuesta por la Causa R así lo establecía, además la nueva constitución aprobada en 1999 lo incorpora, la prestación se concibe como universal sin importar la afiliación al sistema.

  Para tener una idea clara de lo que representa una pensión de sólo el salario mínimo, en los años 2016-17 se necesitan entre 17 y 19 salarios mínimos para adquirir la cesta  alimentaria para una familia de 5 personas, según el monitoreo de precios y costo de vida de Cendas-FVM.

  En Venezuela en los últimos años el gobierno en el manejo unilateral y exclusivo de la política salarial ha tendido a priorizar el incremento de bonos antes que de los salarios, los primeros no tienen incidencia en las prestaciones y otros importantes beneficios. Esta tendencia plantea un doble efecto negativo a la seguridad social, resulta que por no ser salarios las contribuciones de la mayor parte de los ingresos de los trabajadores que ingresan a la caja del IVSS, ahí no se toma en cuenta los bonos, y para peor al trabajador jubilarse, ya no percibirá  estos bonos.

 Predomina en el mundo la extension progresiva de la edad para jubilarse, en Venezuela es de 55 años para la mujer y 60 para los hombres, esta cobertura se mantiene con edades que están entre las más bajas en el mundo. En los países donde se aprueba la extension de la edad es una respuesta a la crisis financiera de los sistemas de seguridad social, y al mismo tiempo evitando subir las cotizaciones, y que por lo demás la expectativa de vida ha venido subiendo, lo que en alguna manera concilia con la medida.

  En Venezuela los recursos para agregar más personas a percibir la pensión de vejez, que para el año 2017 alcanza alrededor de los tres millones de personas, consumen más allá de los recursos de los aportes de empresas y trabajadores, los que se estiman no llegar al 20% de las necesidades de pago del IVSS tanto en su funcionamiento como en las pensiones. La mayor parte de los ingresos con los cuales se sostiene este organismo así como el pago de las pensiones provienen de un impuesto regresivo como es el IVA, en menor medida de los ingresos de impuesto sobre la renta, y todos los años se recurre a créditos adicionales para subsanar deficiencias.

  Venezuela atiende con pensión contributiva y no contributiva un 40% del porcentaje de la población de adultos mayores para el 2010, es casi el promedio de América Latina -41%-.
“Las pensiones no contributivas aumentan, porque existen recursos para pagarlas y se descubre la tercera edad como un grupo electoral importante, que se debate entre la gracia y el derecho. Para evitar lo primero, la CEPAL, las contempla como un derecho de ciudadanía, hasta la formulación del piso de protección social.”, lo señala el experto Luis Díaz, de LUZ, en “Derecho a Mínimos Sociales”. Agrega que el esfuerzo por incluir es a quienes no tienen capacidad contributiva, los que menos seguridad social tienen, debido a que el costo de la formalidad es alto; o no tienen la oportunidad de conocer los beneficios, por razones de distancia o por ignorar los modos de ingreso; o porque la supervisión del trabajo no es suficiente. Las prestaciones no contributivas, son útiles para afiliar a ciudadanos, - ajenos a la realidad del mercado formal de trabajo-, en organismos paralelos de la seguridad social.

 Esta entendido que las pensiones no contributivas son las que más se han agregado al listado de pensionados. Diversos programas se han puesto en práctica para este propósito. Todas las decisiones que dan lugar a incorporar mas beneficiarios a la recepción de pensiones no contributivas tienen un sesgo electoral y proselitista, por la manera como se establecen los criterios de elegibilidad sin arbitraje y como son administradas, porque el margen de discrecionalidad es muy amplio y el poder de escrutinio, muy bajo. Todo se desarrolla por entidades que no son auditadas imparcialmente.

lunes, 8 de mayo de 2017

Ola de saqueos en Carabobo: desorden social como efecto del desgobierno


Cuatro días continuos de saqueos en seis de los municipios del Estado Carabobo dejan saldo de más de cien establecimientos saqueados. Esos cuatro días empezaron el martes 2, y continuaron miércoles, jueves y viernes. En algunos casos ocurrían en el día, y también en otros en la noche. En este lapso no hubo gobierno; policías y guardias nacionales no aparecían en las zonas de los sucesos, y si lo hacían pasaban de largo. En redes sociales se ha podido ver varios videos donde policías en uniforme y en equipos de transporte oficiales participan de los saqueos (http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/asi-fueron-los-saqueos-carabobo-este-martes_180296); (Noticias Venezuela en Twitter_ _#4Mayo ¡Mira quien saquea! #Carabobo https___t.co_PlOi7DW8en_.htm); (https://www.youtube.com/watch?v=z75cs8jqcZI).

  Apenas recién fue al final del cuarto día de saqueos que aparecieron autoridades patrullando y tomando algunas acciones. Se concluye que los asaltos fueron realizados sin limites de ningún tipo, tan sólo algunos comerciantes que tomaron acciones directas, por ello está detenido un comerciante de origen chino, a quién se le acusa de un asesinato en la defensa de su propiedad.

  Cuando esta ola de saqueos parece haber concluido, aparece el gobierno central por intermedio del Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informando el día 6 de mayo, de 135 establecimientos saqueados y de 45 bandas criminales identificadas . Agrega que “ los detenidos serán presentados a la jurisdicción penal militar, donde tribunales de su jurisdicción se encargarán de continuar con las investigaciones”. Llama la atención que a la Fiscalía, vía natural para estas investigaciones se le excluye.

  Es deplorable la tardía reacción gubernamental no obstante que vista la aguda escasez de alimentos y de otros rubros sensibles, el país ha estado en el alto riesgo de saqueos, y de hecho se han venido presentado de manera sistemática en las principales ciudades del país, pero no se había tenido una oleada de la magnitud de la de Carabobo. El año pasado hubo saqueos en Cumaná y en Ciudad Bolívar, pero todo ocurrió en no más de dos días. El país cada vez produce menos, este 2017 sería el cuarto año consecutivo decreciendo. El parque industrial de Carabobo es hoy un cementerio de galpones vacíos, de ciudad industrial de Venezuela ha pasado en estos días a la ciudad de los saqueos.

   Mientras ocurrían los saqueos en varios sitios de la ciudad hubo las diarias protestas convocadas por la oposición, en donde los jóvenes asumen altos riesgos, la represión policial y militar es excesiva y desproporcionada, ya que las exigencias de la protesta están enmarcadas en la constitución nacional, como es solicitar un cronograma electoral, la apertura de la ayuda humanitaria por la escasez de bienes esenciales, la amnistía y la liberación de los presos políticos condenados por juicios amañados y violando el debido proceso, el desarme de grupos de paramilitares y el restablecimiento del balance de los poderes públicos, particularmente el pleno ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional.

  Los gremios empresariales locales reportan más de cien establecimientos saqueados. Los invasores tomaron la mercancía, y por supuesto con destrozos de muebles e instalaciones, y no pocos casos que tomaban más allá de la mercancía en venta, como desintalar y llevarse los aires acondicionados, equipos y herramientas de trabajo. Los primeros saqueos se dirigieron a ventas de alimentos, pero luego se extendió otros establecimientos que expenden productos de otros ramos.  Ademas de comercios, también se incluyen invasiones y saqueos a industrias, tal es el caso de una fábrica de embutidos y otra de pastas. Otros saqueos que han venido ocurriendo es de los camiones que transportan alimentos, los mas frecuentes, pero también de otros productos. En estos días se recrudecieron los asaltos.

  La población nerviosamente abarrota los locales comerciales para compra de alimentos y otros productos esenciales. Los comerciantes reaccionan con miedo, algunos apenas abren parte de sus puertas y controlan el ingresos. Otros no abren. Parte de la cadena de suministros se ha interrumpido.

  En los sectores residenciales temen que los saqueos se re orienten a sus casas. Algunos pocos casos han ocurrido, y su divulgación por redes sociales ha multiplicado las medidas preventivas.

  Las protestas empezaron hace 33 días, y aún nada indica que dejarán de mantenerse, más bien por el contrario cada respuesta del gobierno las enardece. De las recientes:

El retiro de la Organización de Estados Americanos sin tener presente los procedimientos que han de seguirse "Nuestra Constitución establece que todos los acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos son parte de la Constitución, por tanto ni que el Parlamento ni que el Ejecutivo quisiera salirse de cualquiera de estos acuerdo pudiera hacerlo, porque una vez que el Estado venezolano ha suscrito acuerdos que protege derechos humanos ya es parte sustancial de nuestra Constitución..”, declaraciones del Presidente de la Asamblea Nacional.
 La propuesta por parte del Gobierno de una convocatoria a una Asamblea Constituyente que pretende excluir la votación directa del ciudadano para elegir a los constituyentistas.

  Pero lo real y auténtico es que no hay medidas que hayan contrarrestado el desplome de los niveles de consumo, que han sido constantes en estos últimos cuatro años, desde el 2013 a hoy.

lunes, 17 de abril de 2017

UNA CONSTITUCION A LA MEDIDA DEL REGIMEN


 El gobierno Bolivariano tuvo en estos años de ejercicio del poder las mayores oportunidades para construir un mejor país del que encontró. Empezando por reconocer que los actores políticos a quienes enfrentó en el camino para su ascenso al poder no le ofrecieron mayores resistencias. Su entrada en escena nacional fue a partir de las rebeliones militares de 1992, para el país fue una sorpresa, sólo avezados analistas podían haber advertido las turbulencias en el seno militar y su posterior emergencia en asonadas armadas. Al propio gobierno de C A Peréz II le agarró por sorpresa. 

  En Suramérica, en donde los militares habían copado casi todo el mapa, para 1992 eran parte del pasado recién superado, los militares salieron del poder por distintas vías, pero rápidamente en donde estuvieron hubo un mea culpa por la sociedad civil por haber estado el poder político en manos militares. Todo esto hace más llamativo cuan a destiempo fue la emergencia militar venezolana si se mira el continente latinoamericano.

  Los actores políticos tradicionales perdieron la capacidad de ejercer un liderazgo efectivo para conducir a las masas y para orientar al país. Ese vacío dio lugar a que en las elecciones presidenciales de 1998, poco antes de la fecha de inscripciones de candidatos el partido más influyente -AD- en los cuarenta años precedentes se desprendía y dejaba de lado la opción que venía anunciando, y decidieron apoyar al candidato con mayores posibilidades de enfrentar al ascendente H Chávez. Abonó todo ello para su amplio triunfo. Basó su campaña electoral en una crítica radical al sistema político imperante. Criticó a la democracia representativa y promovió la democracia participativa. Calificó que la primera había sido hipotecada por el liderazgo político partidista de los partidos dominantes, que se había repartido el poder a lo largo de varias décadas. 
Llenó el vacío del momento que se satisfizo con una imagen y un discurso diferente en el espectro político. 

  Más que el triunfo de Chávez fue la derrota de sus opositores lo que permitió que este nuevo gobierno se empoderara más allá de su caudal electoral. Los actores políticos tradicionales no fueron efectivos para defender lo que habían construido. 

  El mayor cuestionamiento a la democracia representativa  del Pacto de Punto Fijo en sus treinta años para 1989 fue el “caracazo" o “sacudon”. La primera explosión abierta de naturaleza social que ocurrió tanto en Venezuela como en América Latina, a propósito de la disconformidad y rechazo a las políticas neoliberales. El manejo de la situación de ese momento, y las repuestas posteriores no lograron superar el impacto traumático de lo ocurrido. El sistema político quedó agrietado y si bien se emprendieron algunas reformas favorables a la descentralización, desde cierto tiempo en discusión, la elección directa de gobernadores y alcaldes, ellas no fueron suficientes para repararlo. Por cierto que más tarde, la descentralización se detuvo con la nueva institucionalidad puesta en ejercicio desde 1999, que recentralizó en el Poder Ejecutivo nacional estas mismas actividades. 

  En este ventajoso marco el gobierno bolivariano tuvo las mejores oportunidades para revisar, promover y ensayar conceptos e instituciones en todos los órdenes posibles de la vida nacional.  El país le dio la más amplia oportunidad. En la misma convocatoria al primer referéndum consultivo, el que preguntaba a los ciudadanos si querían que se convocara a una Asamblea Constituyente, hay que destacar que la Constitución del momento, la de 1961, no tenía tal figura. Se invocó desde sus promotores bolivarianos que esa institución era el más autentico poder originario ya que era el pueblo quién iba a decidirlo. En el país no había antecedentes. Con la euforia del reciente triunfo electoral, y con la casi postración de los actores políticos tradicionales, lo que vino de ahí en adelante fue el llenado de los requisitos para hacer un proyecto a la medida del nuevo gobierno. 

  La amplia mayoría conseguida por el Polo Patriótico en las elecciones de la Asamblea Constituyente le permite diseñar una nueva Constitución en donde no tuvo necesidad de hacer concesión alguna a las fuerzas opositoras. El proceso fue acelerado y el Gobierno contó con la ventaja de que en una Asamblea Constituyente de 132 miembros, tan sólo seis fueron electos fuera de la fórmula gubernamental, verdaderamente un dominio total. Aunque es necesario destacar que el carácter absolutamente uninominal del sistema electoral, determinó que con un 62% de votos el Gobierno obtuvo el 95% de los constituyentistas, en tanto, la oposición con un 35% apenas alcanzó un 5%. 

  La oposición sin brújula por varios años, dieron lugar a un errático desempeño en la política electoral de 1998 y los años siguientes, incluso llegando abandonar su participación en las elecciones parlamentarias del 2005. 

  Dos traspiés electorales efectivos se cuentan en tantos años de manejo por parte de los actores políticos del régimen bolivariano, el referéndum para modificar la CRBV en el 2007 y las elecciones parlamentarias del 2015. El partido gobernante tuvo un tercer traspié electoral, el de las mismas elecciones parlamentarias del 2010, cuando con sólo el 47% de los votos obtuvo más del 60% de los curules. Pero esas mismas matemáticas engañosas le sirvieron a la oposición en las elecciones del 2015 para que con menos del 60% de los votos lograra más de dos tercios de los diputados. 

  Hoy el régimen bolivariano viola la Constitución que hizo a su medida. ¿Y cómo lo hace?, negando elecciones, desconociendo poderes legítimamente electos, ejerciendo poderes inconstitucionales desde el Ejecutivo, comprometiendo a la República ante poderes externos sin el debido proceso legislativo, y todo con una sala constitucional del TSJ legislando más que interpretando, con la existencia de cuerpos paramilitares agrediendo a mujeres y hombres electos para representar al pueblo en el parlamento, y por supuesto a indefensos ciudadanos, y todo a la vista de cuerpos militares y policiales que olvidan el cumplimiento constitucional.




lunes, 3 de abril de 2017

IMPLOSION EN EL AUTORITARISMO


Escribir sobre temas del mundo del trabajo y de políticas públicas que ejercen influencia en su desenvolvimiento demanda tener presente la situación política del país. Es válido para todo análisis en la materia, con igual jerarquía cabe reconocer a los temas socio económicos. 

  Esta semana ocurrió una implosión en los poderes públicos que hasta diciembre del 2015 venían actuando al unísono. El llamado régimen chavista tuvo hasta esa fecha el control de los cinco poderes públicos constitucionales. El amplio triunfo opositor en las elecciones parlamentarias que les condujo a alcanzar los dos tercios de la Asamblea Nacional produjo un cisma en la ventaja de la que dispuso el chavismo para ejercer su gobierno.

  Apenas ocurrido ese amplio triunfo parlamentario opositor, el chavismo empezó a blindarse para sustraer facultades a la nueva Asamblea. Así como lo había hecho en aquellas derrotas electorales puntuales en algunas pocas gobernaciones y alcaldías; en ese sentido hay que citar la creación desde el ejecutivo nacional de los gobiernos paralelos en los Estados Miranda y Lara, así como en la Alcaldía Metropolitana.

  En la situación particular de sustraer facultades a la nueva Asamblea, es destacable la de pedir la renuncia de aquellos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a quienes se les vencería su termino de doce años en el transcurso del mandato de la nueva Asamblea, y abocarse de inmediato a nombrar los nuevos magistrados. Pero para cumplir con este proceso no había posibilidades que se cumplieran los lapsos reglamentarios antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea, por lo que se violentaron los procedimientos y esa aceleración llevó a que en el argot parlamentario se hablara desde entonces de los magistrados express

  A partir del inicio de actividades de la nueva Asamblea, el TSJ se ha convertido por intermedio de la Sala Constitucional en el fabricante de decisiones que cuestionan y anulan casi todos los actos de la mayoría parlamentaria. El inicio de los cuestionamientos empezó contra los diputados indigenas del Estado Amazonas, tres opositores. Sin juicios ni defensa se les ha suspendido del ejercicio de sus actividades parlamentarias, no obstante haber recibido la credencial del órgano electoral y juramentado formalmente. 

  De ahí en adelante suman 54 decisiones del TSJ oponiéndose al libre ejercicio de las mas importantes facultades de la Asamblea Nacional,  que se listan en el artículo 187 de la CNRBV, destacándose legislar, controlar al gobierno y a la administración pública, organizar la participación ciudadana, amnistiar, aprobar el presupuesto nacional, todo lo relativo a tributos, crédito público, planes de desarrollo económico y social, contratos de la República con gobiernos o empresas no domiciliadas en Venezuela. 

  A lo largo del 2016 las relaciones del resto de los poderes con la Asamblea Nacional ha sido tensa y llena de dificultades. Casi todas las leyes aprobadas por la AN son rechazadas por el TSJ, por otro lado el Ejecutivo ha extendido de manera permanente el ejercicio gubernamental con poderes habilitantes cedidos antes del ejercicio de la presente AN.

  La implosión aludida anteriormente refiere a la discrepancia de la Fiscal General de la República con las Sentencias del TSJ Nos. 155 y 156,  que las ha calificado de significar “la ruptura del orden constitucional”, es decir un golpe de estado, como desde un primer momento las identificaron la mayoría parlamentaria. El gobierno nacional sólo reconoce como un impasse entre poderes y convoca a un órgano consultivo, el Consejo de Defensa de la la Nación, solicitando que el TSJ enmiende las sentencias, que lo hace parcialmente con las Sentencias 157 y 158. 

  Sin embargo con los antecedentes de las actuaciones de la Sala Constitucional del TSJ, esta enmienda no resuelve la crisis desarrollada a lo largo del gobierno chavista de tener poderes subordinados al Ejecutivo y enfrentados en este pasado año y tercio a la Asamblea Nacional, el poder electo de más reciente fecha y reflejo de una realidad electoral nacional ejercida en condiciones adversas bajo un Consejo Electoral Nacional controlado políticamente por el oficialismo, lo que se expresó en restricciones y falta de imparcialidad.  

  Todo esto ocurre en un país que tiene hoy 30 millones de habitantes, más de dos siglos de vida republicana, que logró en la segunda mitad del siglo XX establecer un sistema político que eligió consecutivamente a ocho gobiernos civiles en amplias y abiertas elecciones, sin traumas y en paz, que si bien el sistema político dejó franjas de exclusión, hubo la oportunidad para que otras opciones, como por ejemplo la representada por el auto denominado chavismo experimentara su proyecto. Además con justo orgullo esta corriente destaca sus consecutivos triunfos electorales empezando por el logrado en diciembre del 1998, cuando accede al poder, en elecciones organizadas y administradas por autoridades electorales imparciales,  y en los años sucesivos acumuló otros importantes triunfos electorales, pero que en cierto momento el CNE fue puesto al servicio del modelo chavista y perdió la imparcialidad, como ocurrió con todos los otros poderes, y es ese marco de subordinación que los ha hecho funcionar al margen de los mandatos constitucionales, sin control ni balance de poderes, lo que ha llevado a la sociedad venezolana a una situación de autoritarismo, caos y retroceso. 


@hl_lucena

lunes, 20 de marzo de 2017

EL NO RECONOCIMIENTO COMO FUENTE DE CONFLICTO LABORAL


Vivimos en el país una época en donde poco se dialoga. Se menciona la palabra diálogo para referirse a situaciones que no lo son precisamente. En las relaciones de trabajo ese mecanismo es imprescindible. Las negociaciones de las condiciones de trabajo descansan en el diálogo. El país con la inflación más alta del mundo, no cuenta con mecanismos para dialogar sobre el tema. Es un reflejo que para el gobierno las organizaciones del ámbito productivo y laboral no le resultan relevantes.

  Entre los poderes públicos fundamentales, en el debate y análisis del problema, hay un abismo por el no reconocimiento. Un Ejecutivo que no reconoce al Legislativo, al tiempo que los otros poderes públicos subordinados al primero hacen de comparsa que agudizan la crisis institucional. El Ejecutivo gobierna al margen del Legislativo. Incluso no hay lugar, por el nivel de las restricciones en el funcionamiento institucional, que de los otros poderes haya cualquier intento de una actuación que discrepe del deseo del Ejecutivo. 

  En este caos institucional la situación económica y política no parece encontrar límites. Por otro lado la conflictividad se mantiene expresándose en diversas maneras. Unas individualmente, otras colectivas. Las encuestas que sondean el estado de animo de los ciudadanos muestran el desencanto y rechazo al actual estado de cosas. Sin embargo la conflictividad individual no hace mayor mella en el diseño, mantenimiento, o sustitución de políticas oficiales tales o cuales. Por supuesto que el malestar de los ciudadanos se forma y persiste al sentir cotidianamente el desmejoramiento de su calidad de vida y la falta de expectativas. Ese malestar usualmente se expresa es en los procesos electorales, de ahí la gravedad de su negación.

  Las manifestaciones de la conflictividad colectiva son recurrentes en las relaciones de trabajo; no le son extrañas. Cierto que existen visiones que ven en la relación de empleadores y trabajadores solo la dimensión de la cooperación, y por tanto soslayan la de la conflictividad, algunas lo hacen por estricta orientación gerencial y otras por razones ideológicas de querer someter corporativamente a los trabajadores a un determinado comportamiento afín con el régimen político dominante. 

  Pero es evidente que trabajadores y patronos tienen encuentros y desencuentros, consensos y disensos. Estos últimos sustentan la conflictividad; la que es posible en tanto haya organización colectiva. Por ello en lo individual, es un desafío aquel que asume enfrentar a un patrono para que adopte o deje de adoptar una determinada decisión, en salarios, en condiciones de trabajo. Para los trabajadores individuales enfrentar al patrono es tener que irse o someterse a un empleo sin mayores expectativas de progreso o del ascenso en la carrera organizacional.

  Por entender que desafiar el poder patronal es riesgoso, es por lo que las organizaciones de los trabajadores han sobrevivido a tantos esfuerzos gubernamentales y patronales por minimizar su papel e importancia. Agreguemos que en el propio seno de las organizaciones de los trabajadores también se incuban prácticas que minimizan su accionar. Claro que ellas son organizaciones vulnerables a prácticas que generan controversias y por tanto sujetas a un escrutinio colectivo mayor que la generalidad de las organizaciones en el ámbito laboral.

  Con el objeto de eludir las pretensiones gubernamentales y patronales de erosionar y hacer mella en el seno de las organizaciones de los trabajadores, es universal el principio de la libertad sindical, enfatizando la autonomía y la prohibición de injerencia de terceros. 

  La representación de los trabajadores es un asunto de ellos. Si no fuera así, entonces no tendría sentido su existencia. Es igual que la representación de las organizaciones de los militares, del clero, de las transnacionales, están sólo enmarcadas en el interés común de la convivencia con el resto de la sociedad y del cumplimiento de sus roles.


  Toda la reflexión anterior se plantea porque una vez más el gobierno pretende decidir quién representa a determinados sectores para la revisión y negociación de sus condiciones de trabajo. En el ámbito universitario, en este pasado 31 de diciembre del 2016 venció la convención colectiva -llamada en este caso normativa laboral- y empieza este año con su revisión, pero el primer escollo para esta comunidad es nuevamente el problema de la injerencia patronal estatal en los asuntos internos de la representación de los distintos sectores laborales universitarios. Ya ocurrió otro tanto con ocasión de la negociación de la primera y segunda normativa laboral en 2013 y 2015. De ahí derivan tensiones, escaramuzas y conflictos que se agregan a una sociedad que ya vive en extremas penurias y zozobras por la hiperinflación, la escasez y la inseguridad personal. 
  



martes, 14 de marzo de 2017

INFLACION, RENDICION DE CUENTAS Y METADATA

   

La Asamblea Nacional acaba de iniciar la publicación de datos de la inflación acaecidos mes a mes, y la acumulada tanto en lo que va del año como en la del año completo. Llena un vacío dejado por las entidades estatales que tienen esa obligación, referimos al BCV y al INE. Señalamos que estas entidades están equipadas de los recursos tecnológicos, profesionales y humanos para responderle al país el cumplimiento de estas obligaciones. 

  Lo que de manera emergente empieza a realizar la Asamblea Nacional es una situación extraordinaria. Esta iniciativa ha tenido como promotor y vocero al Diputado José Guerra, quién en sus antecedentes profesionales ha sido jefe de investigaciones del BCV, y por tanto familiarizado con los métodos de recopilación, procesamiento y presentación de los índices inflacionarios. En todo caso son métodos aceptados por estas instituciones como el BCV y el INE para brindarle a la sociedad la certeza del curso que sigue la economía en lo relativo a las áreas de indagación.

  Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. A pesar de los llamados de atención por parte del Legislativo, los índices dejaron de publicarse. Evidente que existe una pugna entre los poderes que trasciende este tema particular. Cabe también señalar que nuestro país tiene a lo largo de su historia un sistema de gobierno de marcado carácter presidencialista y la Constitución Bolivariana del año 1999 lo ha acentuado. Que el Poder Legislativo logre el grado de control de la actividad del ejecutivo mencionado en la Constitución Bolivariana no se ha alcanzado.

  La Asamblea Nacional no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. Tan solo el Presidente de la República recién instalada esta Asamblea Nacional presentó su informe en los inicios de las sesiones, en enero de 2016. De ahí en adelante han sido en vano los esfuerzos de la AN por requerir la comparecencia de altos funcionarios a rendir cuentas ante las comisiones especializadas del Parlamento. 

  La Constitución Bolivariana sobre estos asuntos indica: 

“Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta Constitución reconoce.”

  
No habían transcurridos los primeros dos meses de la nueva AN, por primera vez con amplia mayoría opositora, cuando el 1 de marzo del 2016  el TSJ a través de la  Sala Constitucional fija posición limitativa para que se realice la actividad de control que se menciona en los artículos transcritos. 

  Las personas naturales y jurídicas están obligadas a presentar diversidad de datos a los entes estatales, que han de ser utilizados para la construcción de políticas e índices para  su utilización en el funcionamiento del país. 

  En ese orden se destaca que es inmensa la recopilación de datos que el Estado recoge por vía de sus funciones de recaudación tributaria, de identificación, de dador de educación, de salud, de justicia, de seguridad y asistencia social, de administración del trabajo y de justicia.

Martin Hilbert “estima que el Estado posee alrededor de un tercio de los datos de un país, lo que es mucho… El gobierno sabe todo lo que pasa en los colegios, en los hospitales, en los servicios de impuestos… Se puede aprovechar mucho más para políticas sociales y económicas, sobre todo en América Latina”

  El mismo experto señala a propósito de los censos nacionales que con los datos que se obtienen de los celulares y usando solamente lo que se llama metadata, o sea sin escuchar conversaciones ni saber con quién se habla, sino sólo con qué frecuencia y con qué duración usas el celular, con eso se puede hacer ingeniería reversa y reproducir el 85% de los resultados de un censo: si eres hombre o mujer, cuál es tu rango de ingresos, si tienes niños, si estás casado, tu origen étnico…
(Martin Hilbert en http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/ ). 

  En nuestro caso el Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda por un lado, pero de opacidad y falta de transparencia al mismo tiempo. 

  Quienes compran y venden, quienes negocian salarios, contratos, inversiones, ahorros, se desenvuelven en los mercados sin el fundamental apoyo de las entidades estatales que existen para orientar y brindar información, pero también que quienes tienen acceso a los recursos sofisticados de alta tecnología disponen de data e índices que les permite mayores ventajas por el vacío institucional.


@hl_lucena