lunes, 20 de marzo de 2017

EL NO RECONOCIMIENTO COMO FUENTE DE CONFLICTO LABORAL


Vivimos en el país una época en donde poco se dialoga. Se menciona la palabra diálogo para referirse a situaciones que no lo son precisamente. En las relaciones de trabajo ese mecanismo es imprescindible. Las negociaciones de las condiciones de trabajo descansan en el diálogo. El país con la inflación más alta del mundo, no cuenta con mecanismos para dialogar sobre el tema. Es un reflejo que para el gobierno las organizaciones del ámbito productivo y laboral no le resultan relevantes.

  Entre los poderes públicos fundamentales, en el debate y análisis del problema, hay un abismo por el no reconocimiento. Un Ejecutivo que no reconoce al Legislativo, al tiempo que los otros poderes públicos subordinados al primero hacen de comparsa que agudizan la crisis institucional. El Ejecutivo gobierna al margen del Legislativo. Incluso no hay lugar, por el nivel de las restricciones en el funcionamiento institucional, que de los otros poderes haya cualquier intento de una actuación que discrepe del deseo del Ejecutivo. 

  En este caos institucional la situación económica y política no parece encontrar límites. Por otro lado la conflictividad se mantiene expresándose en diversas maneras. Unas individualmente, otras colectivas. Las encuestas que sondean el estado de animo de los ciudadanos muestran el desencanto y rechazo al actual estado de cosas. Sin embargo la conflictividad individual no hace mayor mella en el diseño, mantenimiento, o sustitución de políticas oficiales tales o cuales. Por supuesto que el malestar de los ciudadanos se forma y persiste al sentir cotidianamente el desmejoramiento de su calidad de vida y la falta de expectativas. Ese malestar usualmente se expresa es en los procesos electorales, de ahí la gravedad de su negación.

  Las manifestaciones de la conflictividad colectiva son recurrentes en las relaciones de trabajo; no le son extrañas. Cierto que existen visiones que ven en la relación de empleadores y trabajadores solo la dimensión de la cooperación, y por tanto soslayan la de la conflictividad, algunas lo hacen por estricta orientación gerencial y otras por razones ideológicas de querer someter corporativamente a los trabajadores a un determinado comportamiento afín con el régimen político dominante. 

  Pero es evidente que trabajadores y patronos tienen encuentros y desencuentros, consensos y disensos. Estos últimos sustentan la conflictividad; la que es posible en tanto haya organización colectiva. Por ello en lo individual, es un desafío aquel que asume enfrentar a un patrono para que adopte o deje de adoptar una determinada decisión, en salarios, en condiciones de trabajo. Para los trabajadores individuales enfrentar al patrono es tener que irse o someterse a un empleo sin mayores expectativas de progreso o del ascenso en la carrera organizacional.

  Por entender que desafiar el poder patronal es riesgoso, es por lo que las organizaciones de los trabajadores han sobrevivido a tantos esfuerzos gubernamentales y patronales por minimizar su papel e importancia. Agreguemos que en el propio seno de las organizaciones de los trabajadores también se incuban prácticas que minimizan su accionar. Claro que ellas son organizaciones vulnerables a prácticas que generan controversias y por tanto sujetas a un escrutinio colectivo mayor que la generalidad de las organizaciones en el ámbito laboral.

  Con el objeto de eludir las pretensiones gubernamentales y patronales de erosionar y hacer mella en el seno de las organizaciones de los trabajadores, es universal el principio de la libertad sindical, enfatizando la autonomía y la prohibición de injerencia de terceros. 

  La representación de los trabajadores es un asunto de ellos. Si no fuera así, entonces no tendría sentido su existencia. Es igual que la representación de las organizaciones de los militares, del clero, de las transnacionales, están sólo enmarcadas en el interés común de la convivencia con el resto de la sociedad y del cumplimiento de sus roles.


  Toda la reflexión anterior se plantea porque una vez más el gobierno pretende decidir quién representa a determinados sectores para la revisión y negociación de sus condiciones de trabajo. En el ámbito universitario, en este pasado 31 de diciembre del 2016 venció la convención colectiva -llamada en este caso normativa laboral- y empieza este año con su revisión, pero el primer escollo para esta comunidad es nuevamente el problema de la injerencia patronal estatal en los asuntos internos de la representación de los distintos sectores laborales universitarios. Ya ocurrió otro tanto con ocasión de la negociación de la primera y segunda normativa laboral en 2013 y 2015. De ahí derivan tensiones, escaramuzas y conflictos que se agregan a una sociedad que ya vive en extremas penurias y zozobras por la hiperinflación, la escasez y la inseguridad personal. 
  



martes, 14 de marzo de 2017

INFLACION, RENDICION DE CUENTAS Y METADATA

   

La Asamblea Nacional acaba de iniciar la publicación de datos de la inflación acaecidos mes a mes, y la acumulada tanto en lo que va del año como en la del año completo. Llena un vacío dejado por las entidades estatales que tienen esa obligación, referimos al BCV y al INE. Señalamos que estas entidades están equipadas de los recursos tecnológicos, profesionales y humanos para responderle al país el cumplimiento de estas obligaciones. 

  Lo que de manera emergente empieza a realizar la Asamblea Nacional es una situación extraordinaria. Esta iniciativa ha tenido como promotor y vocero al Diputado José Guerra, quién en sus antecedentes profesionales ha sido jefe de investigaciones del BCV, y por tanto familiarizado con los métodos de recopilación, procesamiento y presentación de los índices inflacionarios. En todo caso son métodos aceptados por estas instituciones como el BCV y el INE para brindarle a la sociedad la certeza del curso que sigue la economía en lo relativo a las áreas de indagación.

  Evidentemente la no publicación de los índices por parte de los entes a quienes corresponden es un incumplimiento de responsabilidades institucionales del Poder Ejecutivo. A pesar de los llamados de atención por parte del Legislativo, los índices dejaron de publicarse. Evidente que existe una pugna entre los poderes que trasciende este tema particular. Cabe también señalar que nuestro país tiene a lo largo de su historia un sistema de gobierno de marcado carácter presidencialista y la Constitución Bolivariana del año 1999 lo ha acentuado. Que el Poder Legislativo logre el grado de control de la actividad del ejecutivo mencionado en la Constitución Bolivariana no se ha alcanzado.

  La Asamblea Nacional no ha podido materializar la comparecencia de ningún alto funcionario para que exponga y rinda cuenta de las funciones encomendadas. Tan solo el Presidente de la República recién instalada esta Asamblea Nacional presentó su informe en los inicios de las sesiones, en enero de 2016. De ahí en adelante han sido en vano los esfuerzos de la AN por requerir la comparecencia de altos funcionarios a rendir cuentas ante las comisiones especializadas del Parlamento. 

  La Constitución Bolivariana sobre estos asuntos indica: 

“Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el reglamento.

Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los y las particulares, a quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta Constitución reconoce.”

  
No habían transcurridos los primeros dos meses de la nueva AN, por primera vez con amplia mayoría opositora, cuando el 1 de marzo del 2016  el TSJ a través de la  Sala Constitucional fija posición limitativa para que se realice la actividad de control que se menciona en los artículos transcritos. 

  Las personas naturales y jurídicas están obligadas a presentar diversidad de datos a los entes estatales, que han de ser utilizados para la construcción de políticas e índices para  su utilización en el funcionamiento del país. 

  En ese orden se destaca que es inmensa la recopilación de datos que el Estado recoge por vía de sus funciones de recaudación tributaria, de identificación, de dador de educación, de salud, de justicia, de seguridad y asistencia social, de administración del trabajo y de justicia.

Martin Hilbert “estima que el Estado posee alrededor de un tercio de los datos de un país, lo que es mucho… El gobierno sabe todo lo que pasa en los colegios, en los hospitales, en los servicios de impuestos… Se puede aprovechar mucho más para políticas sociales y económicas, sobre todo en América Latina”

  El mismo experto señala a propósito de los censos nacionales que con los datos que se obtienen de los celulares y usando solamente lo que se llama metadata, o sea sin escuchar conversaciones ni saber con quién se habla, sino sólo con qué frecuencia y con qué duración usas el celular, con eso se puede hacer ingeniería reversa y reproducir el 85% de los resultados de un censo: si eres hombre o mujer, cuál es tu rango de ingresos, si tienes niños, si estás casado, tu origen étnico…
(Martin Hilbert en http://www.theclinic.cl/2017/01/19/martin-hilbert-experto-redes-digitales-obama-trump-usaron-big-data-lavar-cerebros/ ). 

  En nuestro caso el Gobierno venezolano ha dejado de publicar los índices más necesarios para orientar la actividad económica, se observan varios años de desinformación que se ha pretendido llenar con propaganda por un lado, pero de opacidad y falta de transparencia al mismo tiempo. 

  Quienes compran y venden, quienes negocian salarios, contratos, inversiones, ahorros, se desenvuelven en los mercados sin el fundamental apoyo de las entidades estatales que existen para orientar y brindar información, pero también que quienes tienen acceso a los recursos sofisticados de alta tecnología disponen de data e índices que les permite mayores ventajas por el vacío institucional.


@hl_lucena

miércoles, 1 de marzo de 2017

EVOLUCION DE LA PERDIDA DEL VALOR DEL TRABAJO


  En un plazo amplio la situación del asalariado se ha degradado a niveles impensables. Si bien día a día, semana a semana, mes a mes, en tiempos de hiperinflación se siente sus efectos, es importante ver la evolución de las condiciones de trabajo y de vida en una perspectiva más amplia, y que al menos tengamos a nuestro alrededor evidencias en las propias personas que nos rodean, de testimonios que señalen el contraste llamando la atención y alarma que plantea la degradación del asalariado. 

   A principios de los años setentas el ingreso a la carrera académica era con un sueldo mensual que oscilaba de Bs 3700 a 4000, para entonces el dólar se cotizaba a un valor único de Bs 4.30, por tanto en dólares el ingreso a esta carrera era con $USA de 860 - 930 mensuales. Si el ingreso fuera hoy y se mantuviera el mismo nivel de salario en bolívares a tasa dicom  -Bs 690- el ingreso a esta carrera sería con un sueldo mensual entre 593 - 641 mil bolívares.

  Si 25 años más tarde, mediados de los noventas, este mismo trabajador se acoge a la jubilación y por tanto egresa, recibía unas prestaciones sociales que le permitieron adquirir un apartamento en zona residencial, equiparlo y le alcanzaría para adquirir un vehículo nuevo. Generalmente ya estos bienes los había adquirido con su sueldo, pero podía agregarlos para asegurar una renta por alquiler o provisiones para dependientes, o bien decidía darle otro destino a estos ingresos de prestaciones sociales. 

  ¿Qué tenemos hoy para el que ingresa y para el que egresa de la carrera académica? En el primer caso un salario que estará por los Bs 55.000 mensual y que traducido a dólares dicom representan $79.71. Por otro lado quienes egresan de la carrera al menos 25 años más tarde, hoy difícilmente tengan sus prestaciones completas porque la misma depauperación salarial lleva a pedir anticipos de manera permanente, por lo que el cobro de prestaciones puede representar la compra de una nevera y algún otro artefacto de menor valor, o la reparación del motor del vehículo. 

  Los salarios y las condiciones materiales de vida se han desplomado en este lapso que va desde 1998 hasta nuestros días. Este mismo ciclo ocurre para quienes trabajan como asalariados en salud -médicos, enfermeras, empleados y obreros- , en justicia -jueces, secretarias, alguaciles, asistentes- en administración pública -funcionarios de todas las categorías-, en la industria manufacturera - obreros, técnicos, administrativos -, en el comercio y servicios -agentes de ventas al mayor, vendedores de mostrador, informáticos, mantenimiento-. En síntesis la población asalariada ha experimentado un desmejoramiento absoluto de sus condiciones de trabajo y de vida. 

  En este ciclo siguen existiendo las organizaciones representativas de los trabajadores, los convenios colectivos y los mecanismos de reclamo y de demanda para el cumplimiento y revisión de las condiciones de trabajo, pero la situación de deterioro de las condiciones de vida sigue su curso indetenible y todas las instituciones que otrora sirvieron para mejorarlas de manera real y efectiva, hoy se han vuelto impotentes.  

  Se cree que existe la protección de los trabajadores porque hay leyes y reglamentos que así lo declaran en su exposición de motivos, en su articulado, pero la situación de los trabajadores se sigue deteriorando. Se siguen formando sindicatos, federaciones e incluso nuevas centrales nacionales, pero ello por si solo no logra revertir la situación de deterioro permanente. 

  Igualmente en el sector público se continúa negociando convenios colectivos aunque con algunas dificultades, ya que no se negocia con fluidez apenas vence el convenio vigente, los procesos para negociar y su desarrollo son traumáticos, engorrosos, las organizaciones han perdido libertad por la dependencia a conceptos y procesos que los hacen ser menos autónomos, trayendo como resultados incluso el sacrificio de beneficios de los trabajadores. 

  En el sector privado, más escrutado por las autoridades, lo que no ocurre con el sector público, de aquí que  las negociaciones tienden a ser más expeditas, pero aún los resultados de los convenios solos no pueden evitar el deterioro del sistema productivo en su capacidad para ofrecer suficientes bienes y servicios, por lo que las distorsiones que dan lugar a escasez y mercados negros le arrebatan sus ingresos.

  La manera como se ha venido conduciendo el país no permite que estos problemas puedan ser resueltos, aún manteniendo aparentemente las instituciones laborales, si bien ellas fueron las que otrora contribuyeron y permitieron al asalariado el mejoramiento de las condiciones de trabajo y de vida, como aumentos reales de salarios, fomento de organizaciones de los trabajadores, de negociaciones colectivas, pero hoy han cambiado radicalmente las condiciones del contexto en las cuales se desenvuelve la actividad productiva y el funcionamiento político y social, lo que restringe directamente las condiciones para que en el país se reactive su desarrollo productivo.


  El valor del trabajo se ha reducido, al tiempo que el país produce menos. Hay menos empleos productivos. Por un lado se multiplican actividades de sobrevivencia, y en contraste el país repite formas de administrar errática y dispendiosamente sus cada vez más escasos recursos. Iniciamos este año con incertidumbre y desasosiego. Hay que empezar por encontrar y construir más certidumbre. 

martes, 21 de febrero de 2017

SALARIOS Y BONIFICACIONES PARA ESTAR PEOR


Empezando el año se decreto una revisión del salario mínimo a partir del 1 de Enero. Era la 3era revisión consecutiva cuyos lapsos entre una y otra era de 60 días, reflejo directo del camino sostenido hacia una hiperinflación en el presente año. Para este 1ero de Marzo se completa otro nuevo ciclo de sesenta días, el aumento del ingreso de los trabajadores ya está decretado con el aumento del valor de la unidad tributaria que a partir de la presente fecha pasa de Bs 177 a Bs 300, lo que representa un incremento del 70% que repercute directamente en el bono de alimentación que pasaría de Bs 63.720 a Bs 108.000 mensuales.

  Este proceso que da lugar a que los trabajadores perciban más ingresos por la bonificación (Bs 108.000) que por el salario mínimo (40.638), donde lo primero representa 2.65 veces los segundo, lo que se traduce en una real situación de bonificación de los salarios.  Este fenómeno nos remite al proceso que a lo largo del período  que va desde fines de los años 80s hasta 1997, que llegó al extremo de que la bonificación representaba cuatro veces más el salario mínimo, por lo que en un momento dado los trabajadores percibían de salario mínimo Bs15 bolívares diarios, en cambio tenían Bs 75 de bonificación, cuatro veces más. En este momento tenemos una relación que fomenta la bonificación al tiempo que desalariza el ingreso de los trabajadores, el fenómeno ha sido continuado y en cada ocasión de revisión del ingreso la brecha se amplia a favor de la bonificación. 

  Esta tendencia es de consecuencias muy importantes para que sea promovida al margen de los actores productivos y laborales. Existen países en donde las cargas distintas al salario son de poca monta, y ofrecen un pago sustancioso de los salarios. En nuestro caso se han fomentado cargas al empleador basadas en la condición de asalariado tutelado, pero manteniendo muy bajos salarios. Todo ha ocurrido sin que se ha haya fomentado la creación de empleos de calidad. ¿Que es lo que se quiere? ¿Hacia donde se pretende llevar la situación de los ingresos del trabajo? Son temas pendiente de debatir.

  Está muy bien entendido la distinción entre bonificación y salario porque este último implica repercusiones directas en todos los conceptos que han de retribuirse al trabajador en su condición de dependiente, en cambio la bonificación tiene algunas restricciones por no tener carácter salarial, especialmente en la relativa a las utilidades, en las bonificaciones por vacaciones y en las prestaciones sociales, entre las más importantes. 

  Esta evolución de la bonificación que es del mismo valor para todos los trabajadores que lo perciben,  también implica que al revisarse sólo el nivel de los salarios mínimos,  no se tocan las categorías que ganan por encima, salvo que este incremento los supere, entonces se corrige para que no quede nadie por debajo del mínimo. De ello deriva una tendencia a homogeneizar los salarios y en general los ingresos laborales de los trabajadores. Tendemos a ser una sociedad más igualitaria, pero aceleradamente más pobre con la igualación hacia abajo.

  Para mantener los diferenciales una opción es incrementar las categorías superiores en las mismas proporciones en que fue incrementado el propio salario mínimo, obviamente este incremento ensancha la brecha en valores nominales, pero no en términos relativos. En otras palabras esto serían aumentos generales de salarios. Es la opción que evita la continuada reducción de los diferenciales. 

 Colateralmente la bonificación tiene consecuencias perversas para el sistema de la seguridad social ya que le resta recursos. Los aportes que se hacen en función de los salarios, tanto los patronales como de los trabajadores, dejan de tomar en cuenta el 73% de los ingresos ordinarios de los trabajadores. Agreguemos que la justa incorporación al jubilado del equivalente de la bonificación por alimentos, hace más dependiente sus ingresos pensionales del presupuesto público y no del sistema de seguridad social. Esto en el fondo implica unas pensiones más inestables, si bien se pueden estar cobrando regularmente, mes a mes, pero con billetes con menor poder adquisitivo, emitidos para mantener las pensiones como un programa más de la asistencia social.

  Por supuesto que los planteamientos expuestos no atienden a la preservación del poder adquisitivo de los salarios, es decir los salarios reales. La teoría que reconoce que los salarios han de incrementarse porque dinamizan la economía exige que haya producción nacional. De lo contrario estos incrementos se convierten en cada vez menor adquisición de productos y servicios, cada vez más escasos y por tanto más caros. Y si aparecen de pronto en los anaqueles, ello proviene de misteriosas importaciones con precios claramente dolarizados a tasas cercanas o equivalentes a las del mercado paralelo. En este contexto las revisiones de los  salarios son un espejismo, solo sirven para fines propagandísticos del Ejecutivo, pero para quienes lo perciben lo ven con preocupación y como una abierta falacia.  

  Recordemos que no se maneja en la toma de decisiones ninguno de los típicos índices propios de la revisión salarial, como son:

  • Los de costo de vida, ya sea generales, por regiones, por segmentos de ingresos; de los niveles de precios por rubros; 
  • Del estado del uso de la capacidad productiva, de la producción en unidades y en valores monetarias; 
  • De la productividad por el uso eficiente de los recursos; 
  • De los niveles y de la calidad de los empleos; 
  • De las inversiones para mejorar y mantener la capacidad productiva; de estímulos a los productores. 

  Todas las decisiones sobre salarios que se han venido tomando desde el Ejecutivo no son debatidas con los factores de la producción,  y tampoco con las instituciones que disponen de la representación propia de una sociedad con una constitución que fija estos procedimientos. Lo acordado unilateralmente no pasa de ser intentos de muy corto alcance para corregir las anomalías que predominan en el acceso a los bienes para la sociedad y en el funcionamiento normal del sistema productivo.

  Se afirma de parte del Ejecutivo que esta política salarial está enmarcada en leyes de emergencia económica, del plan de la patria y del presupuesto nacional, pero es evidente que se trata de instrumentos referenciales que no han sido discutidos y debatidos en los espacios propios establecidos en la constitución de la república. Todo ello agrega desconfianza a los agentes económicos. No hay rumbos claros en lo económico, por tanto continúa el deterioro para la sociedad tanto del lado del trabajo como de las empresas. 

sábado, 24 de diciembre de 2016

BILLETES DE 100 y PROTESTAS



La liquidez en manos del público se incrementa notablemente en los meses de noviembre y diciembre, a ello contribuye el pago de utilidades y bonificaciones de fin de año al personal de los sectores formales y parte de la informalidad; además, por doquier se observan solicitudes del tradicional aguinaldo, el del cochinito de plástico, especialmente en comercios y servicios en establecimientos y en manos de trabajadores informales, y así como en cierta proporción entre muchas de las actividades y entes productivos formales. Por otro lado, las generalizadas vacaciones colectivas  facilitan  que en estas fechas las personas disponen de mayor tiempo para hacer sus compras de temporada, las que con los problemas crecientes de escasez da lugar a tener que visitar varios establecimientos para poder completar una lista de compras.

También resulta que al retirar de la circulación monetaria más del cincuenta por ciento de esa liquidez, la representada en los billetes de mayor denominación, los de cien bolívares, al tiempo que aún no están disponibles los nuevos billetes, recordemos que los de quinientos bolívares se anunciaron para este pasado 15 del presente mes,  se produce entonces un enorme vacío de medios de pagos que crea incomodidades para densos sectores de la población, justamente aquellos más frágiles que viven al día y estos ingresos extraordinarios de fin de año vienen siendo ansiosamente esperados.

Los recientes saqueos ocurridos en decenas de poblaciones en los cuatro puntos cardinales del país, Ciudad Bolivar, La Fría, Maturin, Maracaibo, Guasdualito, Valera, Tumeremo, Barinas, El Callao, entre otras poblaciones, son reacciones de malestar, indignación y desespero por lo sorpresivo que este tipo de medida les resulta, que los obliga con todo nerviosismo a deshacerse de los billetes de mayor denominación. 

Las nerviosas carreras han dejado ver situaciones dramáticas entre los sectores más pobres. Casos de persistencia de numerosas personas no bancarizadas, que toda su modesta relación de ingresos y egresos la resuelven directamente con dinero en efectivo. Otros que si bien tienen su cuenta de ahorro no disponen de tarjetas de plástico, sea de débito o crédito para facilitar transacciones. 

A toda la población le ha creado incomodidades la situación de retiro de los billetes de cien bolívares al tiempo que no se cuenta con los nuevos, pero quienes menores incomodidades han experimentado son quienes disponen de medios alternos de pago y en general de recursos y familiaridad para hacer transacciones electrónicas. 

Curiosidades derivadas de esta medida ha determinado que personas que han entregado luego de larga e incómoda espera sus billetes de cien bolívares, acuden luego a un cajero automático para disponer de efectivo y resulta que los cajeros le emiten también billetes de esa misma denominación, ocurre una suerte de centrífuga, aunque advirtiendo sin tener nada que ver esta con un conocido eslabón de la parte financiera de ciertos negocios oscuros.

Al comprar con tarjetas predominan los establecimientos que solo te permiten que los clientes paguen con debito y eluden cobrar con las de crédito, a veces se agrega un adicional y el cliente termina pagando un precio más caro por esa razón. 

En la informalidad viene extendiéndose el anuncio "tenemos punto de venta", pero casi siempre el equipo electrónico pertenece a un tercero o a un establecimiento cercano que facilita el servicio cobrando un porcentaje adicional ya sea al cliente o al pequeño comerciante vendedor del bien o servicio.

Necesario destacar que la saturación del uso de los medios electrónicos para el pago tanto en los establecimientos proveedores de las ventas como en otras sedes residenciales y comerciales, desde donde se hacen transacciones, da inevitablemente lugar a frecuentes caídas del internet, y por tanto la repetición de operaciones, además de lentitud y más razones para otras nuevas y largas colas. 


En este cuadro de desasosiego no faltarán aquellas lecturas de la realidad que pretendan adjudicar estas reacciones de malestar y protesta a tal o cual grupo político opositor, pero se sabe que los cuerpos oficiales de inteligencia se precipitan en estas situaciones e incurren en arbitrariedades al tratar de hacerse de chivos expiatorios. Recordemos que el "caracazo" o "sacudón" de febrero de 1989, a pesar de las tantas indagaciones e investigaciones no dejo claridad alguna en determinar qué tal o tales grupos políticos de entonces jugaron un papel de promotores de esas protestas, más bien al final toca asignar la promoción de los mismos a las propias acciones y la inhabilidad del alto gobierno en la toma de decisiones. 

martes, 13 de diciembre de 2016

VACACIONES SIN VACACIONAR


  El análisis del tiempo de trabajo conlleva distinguirlo entre el tiempo activo y el pasivo. El primero que corresponde al estadio bajo la subordinación del empleador, y el segundo que es tiempo del trabajador para recuperación del desgaste que el trabajo conlleva. Las regulaciones sobre el tiempo de trabajo se hacen a partir de la unidad hora, pasando luego por el turno, la jornada, el día, la semana, el mes, el año, la carrera y toda la vida laboral.

  Al final de cada año suele plantearse dos hechos significativos en el tiempo de los negocios y con ello del trabajo, por un lado casi toda la manufactura cierra para conceder vacaciones colectivas, especialmente a las áreas en donde participa más personal, como son las de producción y operativas.

  En los servicios públicos también se producen pausas, lo más notable es la del sistema educativo, pero en general se reduce el ritmo de actividades prestadas por el Estado. Por otro lado, el comercio y buena parte de los servicios llevan a cabo en los dos últimos meses del año su mayor volumen de ventas y prestación de servicios. De alguna manera para estos establecimientos en el ámbito privado, estas últimas seis u ocho semanas laborales del año representan un período de zafra, y con ello se alivia su funcionamiento dado que quedan con mínimo de inventarios y por tanto con pocas ventas para los dos o tres primeros meses del nuevo año.

 Lo anterior va aparejado con el hecho de ser noviembre el mes del año en donde los trabajadores reciben sus mayores ingresos por el pago de utilidades y bonificaciones de fin de año, además parte de ese dinero drena a aquellos trabajadores informales que operan por cuenta propia y reciben más demanda de sus servicios. El circulante da un salto en noviembre y diciembre.

 Todo lo anterior responde a nuestras estacionalidades en el uso del tiempo y del consumo, pero este año se presentan situaciones inéditas en el funcionamiento económico afectando la situación de las vacaciones laborales, empezando porque vamos por tercer año seguido en decrecimiento económico, y este año acentuado por bajos precios y disminución de la producción petrolera.

  Del lado de los industriales, Conindustria en sus encuestas registran "El pesimismo se debe a que al cierre del mes de septiembre, 17% de los consultados aseveró que están parados por falta de materia prima y 41% afirmó que solo contaba con un mes de insumos y de trabajo asegurado, lo que significa que actualmente se registran 58% de industrias no operativas.” (El Nacional, 9-12-16)

“A esto se suma la reciente descapitalización que les ocasionó la caída del valor de cambio del bolívar, que les dejó con recursos insuficientes para reponer inventarios y mantener las líneas de producción operativas en enero del próximo año. Gran cantidad de las industrias no podrán abrir el próximo año debido a la falta de capital de trabajo, el cual se redujo hasta en dos terceras partes por la devaluación del bolívar y esto agudizará la escasez de bienes básicos en enero 2017 por la caída de la productividad”, informó Juan Pablo Olalquiaga, presidente del gremio.

 Ya este desempeño es más que suficiente para alterar el consumo familiar y del conjunto de los trabajadores, pero su mayor alteración viene dada por el salto inflacionario de este fin de año, que nos introduce en ambiente hiperinflacionario afectando el consumo y toda la cadena productiva. De aquí que todo esto ha llevado al comercio, particularmente en esta situación a recurrir deliberada y tempranamente al cierre de los establecimientos y por tanto al uso del régimen de vacaciones colectivas, no habitual en este sector.  
   
  Para los trabajadores el descanso que supone el período vacacional se resiente, cuando los recursos que se perciben por el pago de ese tiempo de receso más las bonificaciones, están comprometidas con las mayores exigencias de consumo estacional y ahora con el impacto de los elevados precios, especialmente de alimentos y bienes escasos que se adquieren en el mercado negro, o también en el mercado formal que ha venido incorporando alimentos importados a precios dolarizados en niveles cercanos a los del bachaquerismo.

  Los trabajadores llevan a lo largo de todo el año un desgaste acumulado en el esfuerzo de su tiempo de descanso ya que ha de destinarlo a la procura de alimentos, de productos del hogar y de otros bienes escasos, en condiciones de incertidumbre.

  Y nos llega el fin del año con mas carencias, por lo que hasta las vacaciones se apropian del tiempo teóricamente para recuperarse del agotamiento de todo un año de labores, es decir se pierde la esencia de la pausa anual de labores, que está planteada por la “imperiosa necesidad de disfrutar de un descanso continuado para tratar de recuperar, en parte, esa libertad que perdemos a causa del trabajo”, como lo señala Héctor Jaime -“El tiempo de trabajo”, Ucat 2013-. Más allá del tiempo libre el verdadero concepto de vacación incluye “el disfrute efectivo de las vacaciones debe aprovechar, igualmente, a la familia del trabajador y conlleva la necesidad de cambiar de ambiente, de desplazarse, lo que necesariamente se traduce en un incremento notable de los gastos del trabajador, a la par que se mantienen los gastos ordinarios”, agrega.

  Estas vacaciones del 2016 van a estar signadas por el acrecentamiento de las preocupaciones e incertidumbres que plantean más empresas paradas, menos puestos de trabajo, más inflación, y el constante deterioro institucional y que en lo político se expresa en el fracaso del diálogo, afectando el presente y las expectativas para los proyectos de los trabajadores, sus familias y la sociedad toda, por lo que se dispone de unas vacaciones, pero sin vacacionar.

lunes, 5 de diciembre de 2016

EMPRESAS BASICAS: PROPIETARIOS DESINFORMADOS


  De las llamadas empresas básicas la sociedad espera mucho más de lo que están dando. Algunas nacieron como empresas privadas y posteriormente estatizadas erogándose importantes recursos, pero se trataba de inversiones que fortalecían los activos de la Nación.  Otras que nacieron por iniciativa y con recursos financieros de la Nación. Todos los venezolanos debemos tener una gran inquietud e interés en ellas. Debemos estar informados de sus desempeños. Por eso deploramos situaciones que tienen que ver con su manejo.

  Los antecedentes de las empresas básicas se remontan a la década del cuarenta con el nacimiento de la Corporación Venezolana de Fomento -CVF-, en ese tiempo se adoptó la famosa frase de Arturo Uslar P “sembrar el petróleo”, la Acción Democrática que ejerció brevemente el poder por esos años la convirtió en la guía de su programa económico. La CVF inició estudios para el desarrollo de industria básicas en los sectores del acero, la petroquímica y la energía hidroeléctrica. 

  En los años sesenta por vía de la Corporación Venezolana de Guayana se hicieron grandes inversiones, algunas empezaron en los años cincuenta. En la década del setenta se estatizaron las actividades en manos de transnacionales en hierro -1975- y en petróleo -1976-, y se continuó con la creación de nuevas empresas básicas gracias a los ingresos, ahora mucho mayores, resultantes de las estatizadas empresas en petróleo y en hierro. Hasta principios del presente siglo estas empresas entregaban dividendos a la nación, y, especialmente, suficiente productos y servicios a los sectores públicos y privados para mejorar la capacidad productiva nacional.  

  Hoy, de las empresas básicas no siempre llegan buenas noticias. En lo productivo varias de ellas se han estancado, o han reducido su producción. En lo financiero, están endeudadas. En lo tecnológico de haber sido innovadoras hoy predomina la desactualización y la obsolecencia. En lo laboral, de haber sido las pioneras en proveer oportunidades de carreras profesionales y tecnológicas a varias generaciones, hoy muchas han perdido el liderazgo en ofrecer las mejores condiciones condiciones de trabajo, por ello se han ido talentosos profesionales y operarios.

  Tanto quienes somos parte de la sociedad venezolana como quienes prestan servicios en estas empresas somos dolientes, porque son activos que no nos están rindiendo los frutos para los cuales se crearon o adquirieron. Y quienes allí prestan sus servicios han venido cayendo en la incertidumbre y resintiendo el orgullo de trabajar en ellas, dado que han perdido liderazgo productivo, y presentan dificultades financieras y tecnológicas. 

  Además para estas empresas es muy difícil ganar las simpatías de los dueños, que es la población venezolana, así como la identidad de los trabajadores que le prestan servicios,  si en ellas predomina la opacidad y la desinformación. De hecho, la Asamblea Nacional de los dos anteriores quinquenios desatendió las denuncias sobre las empresas básicas. Y hoy los intentos de la actual AN se han estrellado ante la negativa del Ejecutivo a respetar la Constitución en este sentido, y ha apelado a evasivas como es la Ley de Emergencia Económica. Lo normal es que las propiedades productivas se sometan al escrutinio de los poderes públicos, independientemente de cual sea la relación de fuerzas en su seno, ya que eso es expresión de la voluntad de los ciudadanos.  
  
  Visto el contexto del origen y desarrollo de las empresas básicas, hoy nos informamos que una de las empresas icono entre las estatales “A Sidor le va mejor sembrando girasoles que produciendo acero.. Entre enero y octubre de 2016, la industria ha logrado una producción acumulada de 230.004 toneladas de acero, menos de lo que en un mes producía Sidor en 2007. La producción acumulada en los 10 meses de 2016 equivale a 19 días de producción en la Sidor de 2007”. (reportaje de María Ramirez C. en Correo del Caroní, edición 18 al 24 de Noviembre). 

  Por mas que se quiera edulcorar su desenvolvimiento con el aporte de un sembradío de parte de sus espacios, su razón de ser es producir acero y otros productos derivados del hierro, y los datos productivos son contrastantes entre su etapa de empresa privada (realmente era mixta, pero con mayoría de acciones privada) y la de hoy como estatal, no obstante contar en la etapa post re estatización con una población laboral mucho mayor, y tener acceso a preferencias en las políticas cambiarías, tributarias y económicas en general. 

  Lo otro que se debe tener presente en el análisis del artículo es la situación de Pdvsa, primera empresa básica fundamental para el desarrollo nacional, a partir de los planteamientos hecho públicos por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de los resultados preliminares de sus investigaciones, que muestran los más diversos casos de delincuencia organizada en el interior de esta empresa, que hasta ahora suman una defraudación por once mil millones de dólares. 

  Algunos pocos involucrados ya presos en los EEUU, en donde desde hace varios años se vienen tomando medidas judiciales en contra de personas vinculadas a Pdvsa, por fraudes y negocios que defraudaban tributaciones en ese país, pero en el nuestro es a lo largo del presente año que la Asamblea Nacional nos informa y por ello comunica de fraudes por más de once mil millones de dólares. 

  En el Poder Judicial y en el Poder Moral ninguna medida ha sido tomada. A los venezolanos también nos cuesta mantener a estas instituciones, que hoy se siente mucho más por las penurias en sobrevivir en medio de tanta escasez. A estos poderes no se les pide producir acero o petróleo, sino que asuman funciones de moralidad para las cuales fueron creadas. 

@hl_lucena