Modernización de las Relaciones de Trabajo y la industrialización sustitutiva.

En este marco hemos leído el enjundioso aporte “Procesos de trabajo, productividad, acuerdos y desacuerdos en Argentina 1945-1955: contribuciones para el estudio de las relaciones de trabajo”. Los conocidos autores  Julio Cesar Neffa y Héctor Cordone, del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales han publicado este libro en el presente año. Es un metódico esfuerzo que brinda amplia información y análisis a los interesados en la construcción del funcionamiento de las relaciones de trabajo de Argentina, ya que en el período analizado ocurrió una modernización económica y política, que significo avances democráticos e impulso a la industrialización por sustitución de importaciones. 

 Refleja la inusual extensión del libro, 1058 páginas, que debió de haber tomado un largo tiempo en recopilar y revisar publicaciones, unas de autores y textos reconocidos, y otras de instituciones estatales, multilaterales, profesionales, empresariales, gremiales, especialmente de los empleadores. Las instituciones analizadas fueron determinantes en la convocatoria a eventos definitorios y orientadores de las relaciones de trabajo de la nación Argentina.  Algunas de ellas publicaron revistas informativas del interés de los asociados, también divulgativas e incluso algunas con contenido académico de autores relevantes en los temas abordados. Se destaca que algunas de las instituciones así como sus publicaciones, buena  parte de ellas hoy no existen, otras más bien fueron reconstituidas en los años posteriores al período investigado, 1945-55. En fin, todo un gran esfuerzo en  entrevistar, procesar y analizar abundantes materiales, tantos escritos como orales.  

 Entendiendo que esta investigación es un aporte fundamental en una de las áreas menos estudiadas en la construcción y modernización de las relaciones de trabajo, como es su concentración en los empleadores. Evidente, que son más frecuentes los estudios del movimiento de los trabajadores así como de las políticas laborales de los gobiernos. Por un lado, los cientistas socio políticos han estado más inclinados al estudio de los movimientos sindicales y de las políticas laborales estatales, ofrecen y se inclinan más al debate público, son más dados a publicar para fijar posiciones en las polémica en las que generalmente están estos temas, vinculados a la relación de poder de la que es parte el estudio de las relaciones de trabajo. 

En cambio, el sector de los empleadores, ideologizado como también los movimientos de los trabajadores y los conductores de las políticas públicas, pero, también son más pragmáticos, en lo que tiene que ver con las relaciones que entabla con los otros actores. Aparte que hay diversidad entre el mismo sector empleador, por un lado las corporaciones de capital extranjero, que si bien para el período analizado no había tomado cuerpo la globalización, mantenían su cordón umbilical con las casas matrices, y por el otro el capital nacional enraizado en lo idiosincrásico y el devenir de los nacional. Además otros aspectos sectoriales, que ofrecen rasgos que sería largo de analizar en esta breve reseña.

  A los empleadores se tiene el cuidado de distinguirlos entre los propietarios, o quien en su nombre lo representa, al estar en la cima o cúspide la acción ejecutiva del negocio, es decir el Presidente de la empresa, como se ha popularizado mediáticamente el denominado CEO - Chief Executive Officer-, y por otro lado quienes dirigen el área laboral, los Directores de Personal, era la nomenclatura dominante para el inicio de la época del  estudio, luego pasó a Directores o Gerentes de Relaciones Industriales. La investigación se ocupa mayormente de estos últimos, pero no como gremio al estilo de aquellos que se agrupan por la disciplina académica, carrera o profesión, en este caso era un agrupamiento más por los cargos, los asuntos comunes contenidos a ser atendidos, la responsabilidad asociada a los mismos, y finalmente centrándose en el ejercicio en el sector privado, dado que iguales cargos y responsabilidades también se ejercen en el sector estatal, pero con énfasis en el servicio público y/o los aportes a las arcas del estado, más que la rentabilidad de los inversores privados. 

  En toda América Latina y el Caribe poco se ha estudiado a este actor, los Directores de Personal/ Relaciones Industriales para el estudio de la construcción de las relaciones de trabajo. Generalmente se le engloba en el amplio concepto de capitalista o de propietarios; es un hecho cierto que actúa bajo las órdenes del empleador, pero la distinción que aquí se lleva a cabo, permite una mayor disección de los temas candentes de las relaciones de trabajo, y mucho más importante en esta etapa, con instituciones en formación, que cubrieron plenamente un largo lapso, y que hoy persisten en parte del sector productivo. Por ello es relevante todo el análisis de la organización del trabajo, de la producción y la productividad, del control, del poder sancionador, la colaboración, de las relaciones con las organizaciones representativas de los trabajadores, tanto las de jerarquía nacional o sectorial, y las nacientes en los centros de trabajo, con mayor complejidad por repercutir directamente en los flujos del trabajo, en tiempos de la expansión y luego predominio de la organización científica del trabajo.

La acción colectiva ante el surgimiento y difusión del trabajo digital en Venezuela

Las Relaciones de Trabajo -RT- son configuraciones acordes con situaciones productivas, económicas políticas y sociales, el trabajo digital incorpora elementos que lo hacen diferente del trabajo tradicional en donde el sindicalismo nació, creció y se ha mantenido, aunque en este siglo XXI con más dificultades que aciertos. De otro lado el poder que predomina en el funcionamiento de las RT, se sostiene en el marco del estado de derecho, ante el cual cual estas nuevas formas de trabajo se vienen implantando al margen del mismo. Destacable, en el caso venezolano, el régimen ha tomado poco interés en ocuparse de este tipo de trabajo, al tiempo que el sindicalismo tradicional ha sido sometido presiones y restricciones, enmarcadas en disposiciones regresivas, que lo hacen experimentar pérdidas de derechos e instituciones, además de la pronunciada desindustrialización en las últimas décadas.

Este planteamiento lo presentamos en el Congreso de Alas - Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, 13 Sept. 2024, Guadalajara,Mx, y se puede acceder

https://www.youtube.com/watch?v=xDV2wiTwDoo

HÉCTOR LUCENA: NOTA BIOGRÁFICA JORNADAS “MARCOS REGULATORIOS Y NUEVOS RETOS LABORALES

 Su carrera académica se inicia con el mismo nacimiento de la Escuela de Relaciones Industriales, Universidad de Carabobo, la que surge justo en una etapa del inicio de modernización del país, en todas sus diversas dimensiones. Aún estábamos en el desarrollo del 1er quinquenio y por empezar el segundo, de una naciente etapa democrática enmarcada en el Pacto de Punto Fijo, acuerdo que también incluía el arranque de una política de desarrollo industrial, sustentada en la llamada industrialización por sustitución de importaciones.

  Carabobo fue el epicentro de la industria manufacturera y con ello el surgimiento de servicios y actividades que le son conexas, mayormente del sector terciario. Así como el Zulia y Anzoátegui habían sido el del desarrollo petrolero, y Bolívar el de las industrias básicas, para entonces todos conectados sinérgicamente.

 Democracia, industrialización y desarrollo social,  justificaron el papel vital de los estudios laborales para la UC, y a nosotros, los incorporados a la ERI, nos facilitó oportunidades para sumergirnos en comprender las relaciones capital y trabajo, al tiempo que se construía desarrollo político, económico y cívico. 

  Por supuesto que la ERI, ni ninguna otra entidad académica en el país, tenia la capacidad para darnos todo lo que cubría este campo disciplinario, pero si nos introdujo. Claro, había que remontar una carrera que exigía estudios más avanzados, que el país no los tenía, todos estábamos en la misma situación, aprender haciendo.  

 En este orden, hicimos los esfuerzos de vincularnos personal e institucionalmente con entidades más experimentadas, y con ello le dimos nacimiento a la primera maestría en el campo de los estudios del trabajo, “Administración del Trabajo y Relaciones Laborales” —1976-, OIT, Onudi, la Escuela Nacional de Administración Pública, entre la más activas. También entendimos que la formación de investigadores es esencial para el desarrollo de toda disciplina, en tal sentido, privilegiado por ejercer como Decano de Postgrado (1996-2000),  dimos impulso a la construcción de una propuesta de Doctorado en Estudios del Trabajo, en el marco de las Ciencias Sociales, que es como se le entiende en donde hay mayor experiencia, que tuvo su inicio en Octubre del 1999. 

 Finalizamos destacando que el camino andado, y que seguimos recorriendo, ha permitido dejar rastros en libros y artículos, aquí dejo el acceso listado:

https://drive.google.com/file/d/1dyeyKMoaoUB9zloxML0Co6LMicqCcs67/view?usp=sharing

Valencia, 6 Julio de 2024.

TRABAJADORES Y ELECCIONES PRESIDENCIALES

Centrales sindicales activas en Carabobo convocaron (21 Junio 2024) a analizar la situación política y laboral del presente, al tiempo que hicieron público un pronunciamiento favorable a la más decidida participación electoral en las presidenciales convocadas para este 28 de Julio, identificándose con la candidatura de Edmundo González Urrutia, agregándose al amplio espectro de sectores y organizaciones que se suman a la más auténtica alternativa electoral. 

Es elemental preguntarse por qué el pronunciamiento, claro porque apenas estamos a poco más de un mes de estas elecciones, además que han sido convocadas por un organismo que más parece estar orientado a su no realización, por todos  los obstáculos que ha promovido y por la indiferencia ante los abusos y atropellos que pone en práctica el Ejecutivo y el partido oficialista en contra de la campaña de la auténtica oposición, la de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia. Es por ello que tanto en el país como en el exterior, millones de ciudadanos con derecho al voto, se han quedado sin poder hacerlo por la negligencia y las maniobras del organismo electoral. 

Amplias mayorías de la población civil se han resteado con la escogencia de la salida  electoral a la crisis que agobia al país y a su gente. La civilidad se ha activado por encima de los riesgos y peligros que representa un régimen que atenta contra la libertad, por solo expresar su descontento y el apoyo a la alternativa electoral realmente opositora. Los sindicatos como genuinas expresiones de la libertad y la autonomía de los trabajadores, no les queda sino condenar las perdidas de libertad, de empleos y de derechos laborales, todo por la torpe y anti democrática manera de gobernar. 

El régimen quiso diseñarse una oposición maleable y acomodaticia, he ahí las ocho candidaturas y que opositoras, que entre todas no alcanzan un 6-7 % en las encuestas más serias del país. El régimen quiso hacer creer que con ello daba una imagen de libertad y competitividad electoral. Lo verdaderamente opositor fue el esfuerzo de organizar sus propias primarias -22 Oct.2023-, convocadas sin mayores recursos y contra diversos obstáculos y atendidas por más de 2.5 millones de votantes, mostrando  los verdaderos deseos de presentarse como auténtica alternativas de oposición.  

Con las inhabilitaciones írritas, tanto a María Corina Machado como a Corina Yoris, a la primera la ganadora de las primarias, y sin duda la principal artífice del amplio movimiento pro elecciones que ha venido llenando las calles y la atención nacional. Sus inhabilitaciones representaron un golpe del régimen, desde las instituciones del llamado poder moral y así liquidar o frenar el ímpetu opositor. Pero lo  que ha venido ocurriendo es todo lo contrario, un movimiento profundo de rechazo a las políticas de arbitrariedades del régimen, y del depósito de la confianza en esta mujer que ha recorrido el país levantando afectos, energía y ganas de hacer valer sus derechos. Un movimiento que es visto como nunca había ocurrido en la historia del país. 

Si bien el tarjetón electoral tiene 38 casillas ocupadas, de ellas13 por el candidato Nicolás Maduro, actual Presidente que le permite disponer de todos los recursos del Estado, y solo 3 casillas por el candidato opositor Edmundo González. Oposición que contra todos los obstáculos, diligentemente activó los espacios disponibles en el tarjetón electoral para hacerse presente. Las restantes casillas -19-  son ocupadas por 8 candidatos, casi todos escogidos por el propio régimen.

Los dirigentes y las organizaciones sindicales presentes en el acto del  21 de Junio en Valencia, expresaron su voluntad electoral de cambiar del presente autoritarismo anti laboral a una democracia, que reconstruya nuestro país y que permita se creen empleos decentes y dignos, para en principio así detener la ya desbordada migración y pérdida de capital humano, y luego lograr el retorno de connacionales que aspiran aportar a la reconstrucción nacional.    

IMPROVISANDO CON LAS PENSIONES

 La seguridad social es un asunto bien serio, es una conquista del desarrollo social en el siglo XX. Tanto las dos guerras mundiales como la depresión económica de los años 1929-30, la debacle repercutió en favorecer condiciones en el mundo para concertar acuerdos que dieron lugar al establecimiento del estado de bienestar, con la seguridad social como su eje central. Tanto en el capitalismo como en el socialismo, se dieron pasos a su favor.   

Avanzado el siglo XX, el resurgimiento del neoliberalismo introdujo elementos privatizadores, que abrieron debates por sus incidencias en los pilares sustentadores de la seguridad social como servicio público, referimos a la universalidad, lo contributivo, la eficiencia, la solidaridad, unidad, integralidad y lo  intergeneracional. Sin embargo tal esquema privatizador en algunos países de la región latinoamericana ha dado pasos para adelante y para atrás, por problemas económicos y políticos que se traducen en dificultades para la sustentabilidad a lo largo del tiempo.

En nuestro país, durante el presente régimen poco se ha hecho en fortalecer la seguridad social. Aunque sí se contó con proyecto construido con sustento técnico al asumir su mandato, y en los propios inicios del régimen chavista se replanteó un avanzado esquema de seguridad social del cual casi no se avanzó, por cierto pasaron largos años sin llegar a  justificarlo. Se quedaron importantes estudios y propuestas engavetadas.

En lo que si hubo mayor acción fue en la implantación de programas de asistencia y beneficencia social, especialmente la extensión de las pensiones de vejez a toda persona que alcanzara los 55 años -mujer- y  los 60 -hombres-, al margen de haber o no cotizado,  y todo un variado abanico de asignaciones monetarias para diversos segmentos poblacionales, también se implementó el reparto de alimentos y otros bienes.  Alrededor de todo ello ha abundado la propaganda oficial, sin mayores evaluaciones y claridad en la rendición de cuentas. Finalmente tanto la inflación como  hiperinflación, resultados de erráticas y desordenadas políticas económica, hicieron  añicos estos programas. Hoy un alto porcentaje de la población trabajadora está depauperada, sin salarios que cubran la canasta básica, y en peor estado los cuatro millones y medio de pensionados. Y no menos importante, que todo esto ocurre sin que los fondos de las contribuciones de trabajadores y empleadores jugaran un papel  de estabilizador, ya que de los mismos nada se conoce, por supuesto que la improvisación en preservar los pasivos y los bienes de los trabajadores en las tres reconversiones, licuaron lo que teóricamente podía existir en tales fondos.

Ante este cuadro, en acelerada acción parlamentaria se aprueba la “Ley de Protección de Pensiones de la Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista” (LPPSS). El primer y más llamativo fundamento es asistir a los pensionados, con nuevos aportes empresariales que serán descontados del impuesto, por tanto será al final un aporte de la población al tener que pagar más por los bienes. Por tanto no hay esfuerzo del Estado en recuperar el cuantioso peculado a la vista de la población, así como corregir el continuo despilfarro y mal uso de los bienes productivos de la nación. Finalmente se reitera recurrir al atajo de las sanciones, como culpable de la bancarrota de la seguridad social.

De las tantas consideraciones críticas que se han exteriorizado a esta ley, fundamentalmente por empresarios y sus gremios, de organismos académicos como la academia de las ciencias sociales y políticas, de organizaciones de profesionales como la asociación venezolana de derecho tributario, de dirigentes  de organizaciones de trabajadores, en general dejan ver la improvisación y premura en su aprobación e implementación, lo que lleva a asociar con el afán fiscalista de que el ejecutivo cuente con recursos financieros a la brevedad, dada la cercana y significativa fecha de las elecciones presidenciales este 28 de Julio del presente año. El futuro de quienes trabajan va más allá de estas premuras. 

DEL DESPOJO DEL TRABAJO A SU RECONSTRUCCION

  En el mundo del trabajo venezolano, la preocupación fundamental de los trabajadores ha estado signada por lo salarios, su continuada perdida de poder adquisitivo en el sector público,  y su estancamiento, como mal menor, en casi todo el sector privado. De ahí el replanteamiento de la campaña sindical “Salarios Dignos”. No obstante hay que destacar, no es éste el único problema que ahoga vida de los trabajadores. Téngase presente  que el desempleo alcanza cifras con récords históricos, también la informalidad y la precarización. 

  Además recordemos que la política del avestruz que ha seguido este régimen, ante aquellos esfuerzos necesarios para diagnosticar el funcionamiento del país, por lo que se ha extendido la ausencia de recopilación, procesamiento y publicación de la data socio económica, es decir estadísticas fiables, coherentes y comparables, que se deben producir en un país de funcionamiento medianamente abierto, dado que al no publicarlas se sustituye con discursos y relatos vacíos o fantasiosos del estado de la nación. La crudeza de la pobreza, sea con o sin empleo, pensionado o jubilado es atroz, y la sociedad está cansada de estar sujeta a unas condiciones de existencia de pérdida de sentido al esfuerzo laboral y de una muerte lenta.

 Está claro que en la CNRBV -art.91- se garantiza un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. En los años que van del presente siglo ha sido una constante la brecha entre ambos conceptos, con el agravante que año tras año se ha venido ampliando, a extremos que en los hechos el actual salario mínimo se considera inexistente - $3,50 mensual-, no satisface siquiera el valor de !una comida en el mes!. Para las relaciones de trabajo, en Venezuela no existe salario mínimo, de facto ha sido abolido. Queda a las partes establecerlo según sus propias capacidades y niveles de entendimiento. 

 Pero ha de remarcarse que el país ha experimentado un proceso paulatino de desmontaje de las propias relaciones de trabajo. Las regulaciones del régimen, desde su propia constitución nacional, hecha a su medida, más las que han nacido de ella, han estado abonando al desmontaje y al empobrecimiento del trabajo. Lo que ha dado lugar a que la relación de la distribución de los ingresos haya alcanzado un grado de desigualdad extremo. En cuanto a la participación del trabajo en el ingreso nacional en América Latina, Venezuela ha llegado a estar con solo 10%, como lo muestran datos publicados en OIT 2022 “Estadísticas del trabajo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible” https://ilostat.ilo.org/es/topics/sdg/#), en tanto la mayoría de los países de la región estaban por encima del 50%. Difícil encontrar otro indicador más elocuente de un funcionamiento contrario al reconocimiento del valor del trabajo. Demás está reconocer que los cuatro años de hiperinflación 2018-2021, volvieron añicos las percepciones dinerarias de los trabajadores.

  El régimen ha venido huyendo de la obligación de remunerar con los correspondientes  salarios al esfuerzo laboral, por la vía del uso de bonificaciones, por cierto casi todas discrecionales, que por supuesto pulverizan todos los compromisos históricos derivados sea de regulaciones conquistadas, de acuerdos igualmente históricos alcanzados en las relaciones de patronos y organizaciones de los trabajadores, de beneficios basados en tradiciones y prácticas, que tienen al salario como la base de su determinación. Hay sectores que logran acumular muchas décadas de construcción regulatoria entre las partes empresarias y laborales, y que la política laboral del régimen ha destruido, cuando estatiza empresas, o interviene el funcionamiento de amplios sectores productivos privados, o impone medidas vía memorándum (MPPTSS 2792) o instructivos (tipo Onapre) y buena parte del contenido en lo relativo a sindicatos y convenios colectivos, del “Decreto con rango y fuerza de ley orgánica del trabajo, los trabajadoras y las trabajadoras”. En estos hechos, ha predominado la intención anti laboral, la centralización estatal, la desconfianza en los propios actores socio laborales, de su autonomía y relación directa.

  En la perspectiva de los estudios del trabajo, esto representa un atropello del Estado contra los trabajadores y un fracaso de la política socio laboral. Se ha regresado a etapas que se creían superadas en la relación capital-trabajo. Sin duda que el patronato ha aprovechado la situación para el uso del trabajo dependiente, igualmente también ha ocurrido el relajamiento de la dedicación al trabajo, muy notable en el sector público. Coloquialmente se dan situaciones donde el patrono hace como si cumpliera con sus obligaciones  y el trabajador hace como si trabajara. Los mejores tiempos del capitalismo se caracterizaron por el predominio de la ética del trabajo que se exigía a ambas partes, lo ocurrido en la Venezuela chavista por el contrario ha facilitado el relajamiento laboral. 

  Destacable el hecho que luego de cuatro reconversiones monetarias, eliminando catorce ceros a la moneda nacional, pulverizaron los activos de los trabajadores en sus prestaciones sociales, cajas y fondos de ahorro. Con las primeras, es condenable que la conducción estatal autoritarias de los diversos programas de ajuste, no previeron la protección debida al sector trabajador. Es sabido que los programas de ajustes clásicos, emprendidos en el marco de abiertas orientaciones neoliberales, las medidas compensatorias protegen los activos de los trabajadores, al tiempo que instalan a partir del momento de la aplicación del ajuste, prácticas a favor de mayores flexibilidades regulatorias. Aquí, se fue más allá en la explotación del trabajo en un supuesto socialismo militarista del sigloXXI, con la venia del dócil sindicalismo oficialista claramente entregado a las políticas anti laborales del régimen. 

  Llamativo que los conductores del régimen, hicieron coro satanizando la reforma del régimen de prestaciones del 1997, acordado en el marco del dialogo social, al calificar como robo, el establecimiento del esquema de abonar trimestralmente las prestaciones a fideicomisos constituidos por cada trabajador, que a su vez le remuneraban esos capitales a tasas favorables. Estaba también disponible la opción de retirar esos capitales por parte del trabajador dueño. 

 Hoy, este esquema con salarios decentes constituiría un objetivo significativo para la economía de los trabajadores, al tiempo que eludiría el problema de la retroactividad en economías inflacionarias. 

 Con políticas laborales asistencialistas así como intervencionismo extremo, el régimen ha pretendido sustituir las relaciones de trabajo que solo requieren libertad de trabajo, libertad sindical, de asociación autónoma, de fomento de las negociaciones colectivas, de administración del trabajo profesional así como una justicia laboral, sin dependencia de partidos políticos y con personal estable de incorporación por concurso, de acceso sin carnets, pero si por formación y capacitación. Tales aspiraciones, incluso van más allá de lo practicado en la Venezuela pre chavista, que también tuvo sus falencias, se trata de aspirar y construir un verdadero funcionamiento laboral para  tiempos de revolución 4.0, de la innovación y el conocimiento como base central de las actividades productivas.

 Reconstruir el funcionamiento laboral es imperioso. Se confía que los trabajadores en sus diversas categorías profesionales, ocupaciones, con mayores o menores calificaciones, han experimentado el despojo de garantías y pérdida de esperanza, de ahí la diáspora con todos los riesgos que ello conlleva. Lo que junto con quienes tienen capitales, igualmente desenvolviéndose en un contexto de mengua económica, de inseguridad jurídica, han de estar preparados y dispuestos para reconstruir la organización de su relación con madurez, innovación, responsabilidad y respeto.  

     

A QUIENES LES DUELE LA PREVISION SOCIAL UNIVERSITARIA

 Mas de cien profesores de la UC se dieron cita en la sede de su Instituto de Previsión -IPAPEDI- este  2-5-24. Una gestión más de grupo de incansables afiliados en su justificado reclamo que aspira su urgente regularización. Los mismos que desde el pasado año, lograron luego de innumerables gestiones, que se diera inicio a las pendientes asambleas de delegados por facultades, para la presentación y consideración de informes de gestión del Consejo de Administración, él que en ese momento ya pasaba del decenio en tales funciones; por otra parte con varios años de atraso en la rendición de cuentas, ese marzo del 2023 apenas se empezó con la del año 2019; ocurrida la presentación, la amplia mayoría de los afiliados la ímprobo. Pero esta improbación paralizó lamentablemente la regularización de la conducción,; por tanto quedó pendiente completar las presentaciones de los informes de gestión de los años siguientes, evidente un injustificado atraso, que inevitablemente levanta sospechas de quienes administran. Si ellos quisieran evitarlas, el camino es la responsabilidad reconociendo errores y desaciertos, y no, nada peor, que ignorar las presentaciones de los restantes informes, y evadir la convocatoria a elecciones.

  Cuando se administra dinero de una comunidad tan numerosa - entre tres y cuatro mil-, al mismo tiempo experimentando un proceso de empobrecimiento continuado en estos años de precarización extrema, además portadores de una formación profesional que incluye entender los asuntos de cálculos, administración y derechos, para casi todo el universo de este colectivo profesional; todo ello concluye, que se hace más visible cualquier manejo extraño, opaco, evasivo y sin duda fuera de los cánones propios de este tipo de entidad de previsión social en su amplio sentido, que son propias de las instituciones universitarias autónomas. 

 Ante el hecho censurado, en la comunidad de afiliados se ha destacado un segmento que no ha cesado de llamar la atención, ha de admirarse estos esfuerzos puestos al servicio del reclamo desde la propia base, sin suficiente apoyo de entidades que también tendrían que hacerse parte de los reclamos de la necesidad de la regularización. Empezando por las propias instancias de vigilancia de Ipapedi, evidentemente cooptadas, perdiendo la objetividad requerida para el ejercicio de esa función, la que finalmente dejaron de cumplirla. 

 También al propio gobierno universitario toca destacarle, que si desde que Ipapedi asumió diversos programas de previsión social, bajo la gestión de profesores electos para tales fines, con el apoyo de una burocracia dependiente directamente de Ipapedi, que se especializó en la gestión de estos servicios que configuran la previsión social de un colectivo exigente, visto sus perfiles profesionales, comunidad de afiliados que por largas décadas atendió sus necesidades de ahorro, salud, vivienda, recreación, todas áreas neurálgicas de la previsión social, y con un alto grado de satisfacción. Como lo evidenciaba un viejo decir en los medios profesorales, a la hora de ejercer sus derechos a votación para elegir los equipos de dirección en Ipapedi y en el gremio Apuc, se comportaban los mismos votantes escogiendo para la previsión social a personas probadas en la ética y pulcritud, generalmente conservadores en las posiciones políticas, y para el gremio, por otro lado, escogían comecandelas que no vacilan ni titubean para enfrentar a las autoridades y llamar a presiones enérgicas.    

 Lo central de lo anterior es que el empleador, en este caso la UC,  delegó el grueso de la previsión social en la autogestión, liberó de estas tarea a diversas dependencias de la administración universitaria, especialmente las vinculadas con la gestión de la gente. Más bien, una parte del grueso de tareas de previsión social las realizaban dependencias de la administración universitaria, pero especialmente para el personal administrativo y obrero. Resultando al final que la autogestión -Ipapedi- brindaba notablemente mejores atenciones en previsión social a sus afiliados que lo que ocurría por parte de la gestión universitarias y los otros segmentos del personal de la institución. 

  Esta heterologación ciertamente, empezó a encarar un ecosistema que le empezaba a cuestionar tal desempeño, y provenía de muy altos niveles, más allá de la propia UC, provenía de los gobernantes que asumieron en 1999, y empezaron a homologar, a eliminar diferenciales en remuneraciones, a desestimar la carrera académica, y englobar a todos los segmentos del mundo universitarios en una categoría, la de trabajador. Se simplificaba un esfuerzo de la preservación de varias carreras, en donde se le otorgaba a una de ellas mayores responsabilidades en el espíritu y razón de ser, la academia. 

  La alta administración de la universidad, es recién que levanta claramente su voz de reclamo ante la negativa de Ipapedi a incorporar a los Instructores recién ingresados. Pero no se hizo sentir, desde que la previsión social fue menguando y el perfil de Ipapedi fue abandonando esa responsabilidad, que en la institución académica se realizaba conjuntamente entre la Universidad -empleadora- y el Instituto, creado para esos fines, que bien los cumplió por más de medio siglo. Esto ha llegado al extremo que los gestores de estos dos últimos lapsos regulares, más dos años extras, se auto definen como gestores financieros de una caja de ahorros. Una visión ajena, retrógrada, y anti histórica en lo que son los logros del personal académico de la institución.

  Otro factor ausente en este breve análisis de la situación de previsión social, es el gremial. La Apuc de estos años recientes, ha sido solo un espectador, cuando le corresponde ejercer el protagonismo que tienen los gremios en la defensa de los derechos adquiridos, y en contra del despojo de los logros históricos, tanto por los enfoques de la política gubernamental en contra de la academia, en sus diversas dimensiones, formación, investigación y extensión. En este sentido el Ipapedi y la Apuc que tenemos hoy se parecen.

  A todos no nos queda sino hacernos presente y brindar mas apoyo para rescatar nuestro Instituto de Previsión Social de los Profesores. Empezando por insistir en las elecciones, como toda entidad democrática y al servicio de sus afiliados.