VENEZUELA A OSCURAS ¿SABOTAJE O MALA GESTIÓN ?

  Todo un país a oscuras, es un hecho que no conocíamos desde tiempos cuando en el país no había llegado la electricidad. Llamativo que Maracaibo que fue  la primera ciudad venezolana en disponer  del alumbrado público eléctrico en 1888, con motivo del centenario del natalicio de Rafael Urdaneta; y también la segunda en América Latina, después de Buenos Aires. 

  Todo esto contrasta que hoy 140 años más tarde,  es la ciudad más castigada por el pésimo servicio eléctrico, y que en esta reciente contingencia sufrió los mayores daños, entre ellos el saqueo de más de 700 establecimientos comerciales.   

 ¿Cuál fue el origen de este mega apagón? Según diversos reportes de instituciones y de especialistas, se señala que el verano en las sabanas del Estado Bolívar, como en todo el país, aprovechó la maleza seca circundante de la estación Malena -Estado Bolívar-, y produjo un incendio que provocó un excesivo recalentamiento del tendido de las líneas de 765 kV que provienen del Guri,  con consecuencias  que afectaron la generación y la transmisión de electricidad a 23 estados, el país completo. 

  Al mismo tiempo quedó en evidencia que el sistema de generación termoeléctrica está casi paralizada y no pudo intervenir para reponer parte de la falla de la transmisión y generación hidroeléctrica.  

  La versión oficial nos tiene acostumbrados a señalar que estas interrupciones son la resultante de sabotajes, pero a la larga no se ofrecen evidencias convincentes y suministradas por las investigaciones dirigidas por equipos con independencia de criterios, no partidizados  ni parcializados con lo que el gobierno quiere que se diga. Se viene alertando que no ahondar en las causas de los múltiples accidentes en el servicio de electricidad, expone a país a contingencias de mayor gravedad y de más dificultades para su resolución, con el perjuicio para toda una nación. 

  Los expertos venezolanos que crearon el sistema eléctrico nacional, y lo administraron hasta fines del pasado siglo, coinciden en afirmar que el sistema fue diseñado con las prevenciones para administrar las contingencias regulares de un sistema eléctrico nacional, pero sin consecuencias mayores para los usuarios, hasta tal grado que lo típico de las contingencias es que ellas se presentan y se resuelven sin que los usuarios se den cuenta, dado los protocolos y mecanismos propios de la planificación, gestión y operación general del sistema. 

  Pero todo esto es bajo el supuesto de la existencia y gestión técnica de las empresas operadoras, y que si bien un servicio tan esencial como el de electricidad, conlleva la necesidad de funcionar en un marco de decisiones más allá de las operativas, digamos las políticas y las regulatorias, ya que se han de asumir conceptos fundamentales para el desarrollo social y económico de toda la sociedad, es por lo que hay un alto nivel de definiciones políticas y de desarrollo, que han de ser parte de instancias diferentes a las propias de tipo operacional como es la gestión de las empresas operadoras, en este caso el monopolio existente, como es Corpoelec. 

  Lo anterior es lo que tiene relación con las definiciones de modelos de desarrollo, favorecimientos y prioridades de regiones, sectores productivos, aperturas y financiamientos, tipos de usuarios, segmentos poblacionales. Aquí son importantes los legisladores, los políticos, los actores de la vida productiva y social, los planificadores, los financistas, los científicos, los académicos. Pero en la propia generación, transmisión, distribución y mercadeo de electricidad, son los operadores, entendidas las empresas con sus gerentes, profesionales, técnicos y trabajadores en general, quienes constituyen el cuerpo permanente para conducir las operaciones. Estos a su vez con la relación y el intercambio de un entorno de proveedores de servicios y tecnologías, tanto nacionales como globales.

  El problema de origen es que el manejo del servicio de la electricidad viene funcionando, integrando lo político, regulatorio y operacional en una misma entidad, todo confundido en los mismos criterios politizados y partidizados, con una ausencia de transparencia y de rendición de cuentas, a órganos públicos y privados que sean independientes del gobierno. 

  Aquí resulta que el Ministerio del Poder Popular para la Energía Electrica y el Presidente del monopolio de todas las actividades operativas del servicio eléctrico, Corpoelec, son dirigidos por la misma persona. Es lo mismo que ha venido ocurriendo con el sector petrolero, con iguales funestos resultados para la república que ha visto perder producción, eficiencia y aportes de beneficios para la redistribución. Un gobierno que no reconoce la división de poderes, que ha subordinado el conocimiento y la ciencia, a criterios de control de instituciones y de personas, como condición para llevar adelante su modelo centralizado y excluyente, trae a la larga estas consecuencias.  

  En el presente accidente que afectó a los 23 estados de la república, y en algunos casos con la suspensión del suministro eléctrico de hasta más de 100 horas continuas. Con perdidas humanas y materiales aún no cuantificadas. En torno a ello el gobierno esgrime unas explicaciones en la misma línea de contingencias anteriores, es decir el saboteo. 

  Otras explicaciones, procedentes del campo técnico, profesional y laboral, no coinciden razonadamente con el gobierno, y apuntan a que la contingencia es derivada de una gestión que ha desatendido los criterios y las altas exigencias técnicas para un manejo eficiente del sector, sumado a ello la enorme perdida de personal con experiencia y conocimiento que se ha marchado de la empresa, e incluso mayormente del país, por lo que se carece también de recursos suficientes para atender la complejidad operativa del sector. 

  Afortunadamente, especialmente para el futuro deseable, se han manifestado argumentaciones desde el exterior a las propias instituciones gubernamentales, razonamientos que avizoran que a pesar de los enormes daños hay evidencias para considerar que el país cuenta con elementos para asumir las emergencias derivadas de la errática gestión del sector. 

  No es descartable que a pesar de las renuncias masivas de personal del sector eléctrico, haya aún en la plantilla talentos con valores, conocimientos y perspectivas, similares a las que fundamentan lo que hemos expuesto, pero que si la gestión autoritaria que predomina en el sector logra advertir posturas que discrepen de sus dogmas, corren riesgos y peligros no solo de despidos arbitrarios e ilegales, sino riesgos de la propia integridad a la libertad y a la persona.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

PERDIMOS CINCUENTA AÑOS DE EVOLUCION SALARIAL. PRIORIDAD PARA LA TRANSICION

  Para ubicar en perspectiva lo que para la sociedad venezolana representa la hiperinflación, veamos la situación salarial en tiempos que las personas de mayor edad reconocen y recuerdan, y sobre lo cual hay la literatura de nuestra evolución económica-social-laboral. Es de importancia tenerlo presente, porque el país ha de ir de nuevo a vivir con una inflación de un dígito, como la amplia mayoría del mundo, donde los salarios si satisfacen no solo la sobrevivencia, como pudiera admitirse o esperarse de un salario mínimo de ingreso a la vida productiva, sino un buen nivel de vida y bienestar como compensación por la dedicación continuada, acumulando experiencias y conocimientos en la vida laboral.

  La mas famosa huelga por aspiraciones salariales que se registra en la historia laboral de Venezuela, es la de los trabajadores petroleros en diciembre de 1936, que concluyó con la emisión de un decreto presidencial que elevó el salario en un bolívar. Los salarios de los obreros petroleros oscilaban entre los 5 y 8 bolívares diarios. No existían las negociaciones colectivas, y había que ejercer presiones muy arriesgadas para lograr un aumento como este.

  Una década más tarde -1945-, otras presiones del movimiento obrero determina un aumento de dos bolívares diarios, para entonces los salarios petroleros rondaban los 10 bolívares diarios. Todo esto sin que aún existieran las convenciones colectivas, estos logros eran el resultado de presiones del movimiento. Estos dos casos corresponden al sector en donde se otorgaban los mejores salarios, además es importante destacar que el país no conocía la inflación, y el bolívar equivalía a casi un tercio del dólar (1$ = 3.15).

  Ochenta años más tarde, contamos una situación realmente alarmante. Ya no tenemos el 3.15 de aquél entonces, sino los tres mil y tanto por cada dólar -Dicom-,  para simplificar y no complicarnos con los ajustes por tantos ceros eliminados, dejemos así esta arbitraria comparación, lo que se quiere destacar es que hemos regresado 80 y 70 años en materia salarial.

  Pero en los primeros años de la década del setenta, ya contábamos con una bien establecida prácticas de negociaciones colectivas, con el salario como el elemento central, pero acompañado de otras cláusulas económicas importantes, vacaciones, utilidades, pago de las horas extras y otras bonificaciones. El país seguía disfrutando de una envidiada estabilidad de precios, no conocíamos la inflación, pero justo en el transcurso de esa década por primera vez tuvimos años con una inflación de dos dígitos bajos. 

  Las negociaciones salariales estaban en manos de los propios actores laborales, es decir las empresas y los sindicatos. Siempre en el ámbito del establecimiento y no en el plano sectorial ni nacional. Los aumentos oscilaban entre los dos y tres bolívares diarios. El dólar había pasado del 3.15 al 4.30, y seguía siendo el bolívar la moneda mas dura de toda América Latina. Para los extranjeros éramos un país caro, pero atractivo ya que se disfrutaba de un alto nivel de vida, de buenos servicios, los empleos permitían ahorrar y hacer inversiones en bienes durables, de amplias oportunidades para conseguir empleo, crecer en las organizaciones, y para los inversionistas era un país atractivo para establecer empresas.   

  Las negociaciones salariales se realizaban en valores nominales, una vez cada tres años. Fue la irrupción de la inflación de dos dígitos bajos, posterior al primer boom petrolero de la década del setenta que dio lugar a las primeras negociaciones en valores relativos, en porcentajes, así como a los aumentos escalonados, tanto de incremento para el primer año, algo menos para el segundo y tercer año de vigencia. Los aumentos salariales aún seguían mejorando los salarios reales del trabajador. Las relaciones laborales directas le seguían sirviendo a las partes, sin necesidad de decretos y de la intervención estatal en este sentido. Ella sí era importante facilitando las actividades productivas, promoviendo y mejorando la infraestructura económica y social, y muy particular la formación profesional, la seguridad social, entendiendo que estas se financiaban con aportes tripartitos. 

  Al quedar de manera permanente una inflación de dos dígitos, y luego ir elevándose de manera continua, la situación salarial fue transformándose. Por un lado, una mayor intervención salarial con los decretos de salario mínimo, por otro la reducción de la duración de los convenios colectivos y los aumentos más frecuentes, ya expresado en valores relativos. Esto es lo que hemos visto desde fines de los años setenta en adelante. Aún no regresamos a la inflación de un dígito, lo dominante en el siglo XX hasta mediados de los setenta. Pero, la transición en materia económica ha de permitirnos regresar a esa inflación, como ha venido siendo en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y en casi toda América Latina; como lo están viviendo tantos de nuestros jovenes que han migrado a esos países, y constatan lo que sus padres y abuelos conocen de la Venezuela de entonces. 

  Igualmente la transición en materia laboral, ha de priorizar recuperar el valor del trabajo. El régimen bolivariano ha sido constante en su afán de destrucción de los valores inherentes al trabajo, lo ha sustituido por los bonos que se asignan con fines de control social, por su tendencia a crear empleos no productivos ni generadores del crecimiento de los individuos, sino de rendir culto a símbolos para el control ideológico y preservar un régimen dictatorial e inclinado a sacrificar la soberanía del país por responder a intereses externos.

HIPERINFLACION Y TRABAJO

  Vamos a abordar un tema sumamente importante en la vida laboral y en la vida general de una sociedad como es la hiperinflación y el trabajo, entendida la primera al alcanzarse durante al menos tres meses continuos una inflación mensual de un 50% o más. Es lo que vive Venezuela desde noviembre del 2017 y persiste en el día de hoy. 

  Al presente Venezuela es el único país en el mundo que sufre actualmente una situación hiperinflacionaria. No es un fenómenos usual en la vida de las sociedades, su ocurrencia en la mayoría de los casos ha estado ligada a catástrofes derivadas de guerras o de erráticas conducciones de la política económica, que es justo esto último el caso nuestro.  

  Lo errático de la conducción de la política económica a su vez es la consecuencia de una visión ideológica, que conlleva la toma de decisiones políticas y sociales que traen consigo efectos destructivos de las estructuras productivas, así como del valor del trabajo y de la riqueza tanto material como institucional, que conlleva con ello el deterioro de los capitales, especialmente el humano. Éste se minimiza, pierde su valor, aunque las personas pueden agudizar su ingenio para sobrevivir, sea explorando cómo tener ingresos incluso  independientemente del trabajo, sea recibir ayudas, dádivas como es el caso de muchas políticas gubernamentales; de todos modos las personas se restringen en sus consumos, en su calidad de vida; se cambian hábitos y costumbres buscando como estirar los ingresos. Otros conciudadanos
 migran a diversas actividades que brinden algunos ingresos, por esa vía se descuidan los empleos u ocupaciones matrices asumiendo actividades circunstanciales, todo porque las primeras no remuneran el esfuerzo dado. Hasta se ha generalizado el abandono de empleos porque no permiten cubrir la comida que ha de hacerse en la calle, o el pago del transporte de ida y vuelta al hogar. 

  En muchos casos se mantiene el estimulo de atender el trabajo, no tanto por la remuneración del esfuerzo, sino por que otorgan beneficios colaterales o accesorios a la remuneración, sea una comida balanceada y abundante, transporte, servicio médico, entrega de útiles de seguridad personal e industrial, que en algunos casos a su vez son vendidos en la calle, por ejemplo unas botas de seguridad pueden representar el salario de varios meses, y muy importante el acceso a los productos que se fabrican en esa empresa. La gerencia reconoce que esos beneficios representan en muchos casos, más dinero que el pago de los salarios.

  También hay los que se van del país, no aguantan tanta penuria, falta de reconocimiento a su capacidad de producir, falta o perdida de expectativas, incluso emigran corriendo riesgos de ir a lo desconocido, con informaciones insuficientes, pero asumiéndolos. Ya de tanta emigración venezolana hacia los países de la región, al fin sus gobiernos han entendido lo anormal de lo que acá había venido ocurriendo en materia política y económica, que si bien pudo ser barnizado con una política exterior del régimen, dilapidadora de riquezas para comprar apoyos en las relaciones internacionales. 

  Las consecuencias que tiene este fenómenos son harto complejas y rebasan el esfuerzo especifico que pretendemos en este breve artículo. Pero entendiendo que uno de los impactos mas sentidos en la sociedad es el que ocurre en el trabajo, en su valor y capacidad de darle respuesta a quienes lo ejecutan, que es potencialmente toda la población económicamente activa de una sociedad.

  El trabajo tiene significado porque en primer lugar permite satisfacer necesidades básicas, ello incluye alimentación, salud y gastos del hogar. Se trata de poder adquirir la canasta alimentaria y la básica, esta última contempla incluso algunos elementos que agregan la educacion, el transporte y la recreación. Entonces, si no es posible poder adquirir estos elementos imprescindibles para la vida personal y familiar, nos preguntamos ¿Qu sentido tiene el trabajo? En los diversos enfoques del significado de el trabajo, la sobrevivencia siempre representa su punto de partida, su fundamento. Si no te da para vivir decentemente ¿Qué sentido tiene trabajar?

  Más allá de poder satisfacer las necesidades básicas, el trabajo tiene otros significados, ya que es una vía para crecer a la par del desarrollo del individuo y de su vida familiar, pero todo lo demás tiene sentido si se cumple la condición que el esfuerzo laboral, permita satisfacer necesidades fundamentales para la existencia. 

  En paralelo hay necesidades afectivas, de pertenencia, de identidad, espirituales, de orgullo, culturales, que pueden o no estar presentes y relacionadas con el trabajo, lo deseable es que el trabajo es más que satisfacer necesidades básicas; no solo por las implicaciones económicas para la sociedad, para las instituciones productivas, sino para el ejecutante cotidiano. De todos modos, no hay duda que las personas se vinculan con otros ámbitos de pertenencia, sea la familia, la comunidad, la religión, el gremio, los grupos o entidades de adscripción, que también satisfacen necesidades de diversa naturaleza, pero entendiendo que es el trabajo la fuente principal de la provisión de lo material. 

  Con la hiperinflación el trabajo pierde sentido. Quienes son responsables de las políticas que dan lugar a este estado, incurren en un tipo de genocidio de los trabajadores. 

RECUPERACION DE LA CALLE, OPTIMISMO Y RIESGOS

  
Los acontecimientos políticos nacionales se mueven vertiginosamente a partir del 10-1-19, con motivo de la juramentación de Maduro como Presidente de la República para los próximos seis años. Era de esperar una situación extraordinaria, visto el muy extendido cuestionamiento nacional e internacional a esas polémicas elecciones del 20 de Mayo del 2018, tanto su convocatoria por un organismo ilegitimo, como es la Asamblea Nacional Constituyente, sin la cualidad para convocar, como el desarrollo del proceso electoral,  excluyente y viciado, denunciado en su momento hasta por la misma empresa Smartmatic, que había venido manejando la parte tecnológica de los procesos electorales desde el año 2004.

  De ahí en adelante el ritmo de los acontecimientos va a una acelerada velocidad, indudablemente estaban represados y se esperaba que en algún momento se desatarían, apenas ocurriera el llamado de una dirigencia creíble, unitaria y fresca. 

 Hay que destacar en esta voluntad de protesta por parte de la población, que a lo largo del 2018 se registraron la mayor cantidad de conflictos jamas visto en la historia del país. Hasta entonces eran el 2014 y 2017, los años que registraron mayor numero de protestas, según los registros del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, pero las 12.715 protestas del 2018 superan en un tercio lo ocurrido en aquellos años.

  Destaca que lo preeminente en este último año son las protestas laborales, - más del 40% -, por el descalabro del empleo y de la merma de los ingresos, que ha hecho que hoy la pobreza supere el 80% de la población; y el estado de catástrofe económica que no guarda relación con los altos ingresos que el país ha recibido a lo largo del actual régimen,  y que explique como causa principal la descomunal diáspora venezolana.

  Entonces las protestas laborales que se tradujeron en marchas, toma de lugares públicos, en donde los trabajadores se enfrentaron al gobierno por sus políticas laborales y por su papel de patrono indolente e irresponsable en la conducción de las entidades estatales. Especial mención hemos de hacer del sector de trabajadores de la salud, particularmente de enfermería, que se lanzaron a una protesta nacional desde mediados del año 2018 y se mantuvieron firmes por varios meses, ganándose la admiración y el respeto de la sociedad en general.

  En las protestas de este inicio del 2019, se empieza por los llamados a los cabildos en las principales ciudades del país, y en muchas de ellas, no sólo uno sino varios y todo en apenas pocos días. En Valencia metropolitana se inicia con un cabildo en Prebo, y luego en Naguanagua, Tasajal, San Diego, San Blas, La Isabelica, El Palotal, cubriendo con ello toda la gran ciudad. En todos estos cabildos se precisan los objetivos a seguir por quienes se hacen parte de las movilizaciones: declarar la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, exigir el establecimiento de un gobierno de transición, y realización de elecciones libres y democráticas.

  Marca un hito trascendente las movilizaciones de millones de ciudadanos el miércoles 23E, caminando por las diversas arterias urbanas, para encontrarse con otros ríos de gente procedentes de diversas zonas de las ciudades; los amplios espacios públicos previstos quedaron pequeños, y todo ello en simultáneo en cientos de poblados, desde la capital, pasando por las principales urbes, hasta pequeños poblados de sólo decenas de miles de habitantes, que se movieron el mismo día y a la misma hora, atendiendo el llamado de la Directiva de la Asamblea Nacional, y de los diputados representantes de las regiones, y todo convocado predominantemente por redes sociales, dado el cerco informativo a toda la actividad de la AN.

  El gobierno hizo lo posible por torpedear estas convocatorias, además de recurrir al cerco informativo, dificultó los servicios de transporte, tomó militar y policialmente lugares diversos de las ciudades y exhibió equipos anti motines; intimidó a medios de comunicación, en algunos lugares -Maracaibo, por ejemplo- allanamiento de sedes de plantas televisores privadas, prohibiciones de ciertos temas en la programación radial - se conoce de suspensiones en Radio Fe y Alegria-. Estrictas advertencias a los funcionarios al servicio del Estado, de no dejar de asistir al trabajo en ese día 23-1-19. A todo lo anterior, se agrega que el pago mensual de la pensión a las personas de la tercera edad se fijó justo para ese mismo día, sin embargo este segmento de la población ampliamente necesitado de esos recursos para compras fundamentales, prefirió voluntariamente hacerse presente en la movilización y concentraciones, trasladando su cobro de pensión para el día siguiente.

  Las movilizaciones y los actos del 23E se desenvolvieren en paz y tranquilidad. Quienes se movilizaban a lo largo de calles y avenidas, mostraban su entusiasmo, fue notable las marchas familiares, padres e hijos, parejas, menores y mayores, mujeres y hombres, voceando consignas y cantos, los rostros mostraban la satisfacción de estar presentes.

  Sin embargo, hay que subrayar que antes de la marcha monumental del 23E,  algunas escaramuzas habían empezado con la represión a las protestas en sectores populares, especialmente en Caracas, en donde el 21E se conoció de las primeras dos víctimas fatales por parte de cuerpos armados gubernamentales, eso se acrecentó en el transcurso de la semana, y ya para el sábado 26E el número de víctimas alcanzaba los treinta, además de casi cuatrocientos detenidos, sin respeto alguno a los DDHH por parte del régimen.

  Podemos señalar que está terminando la semana del despertar de esperanzas y optimismo, pero que no hay que perder de vista, que igual sigue una arremetida represiva, que acumula en pocos días un balance inquietante.

  Finalmente y no menos importante, se ha evidenciado que quienes han conducido al país al presente caos, han dado lugar a que el conflicto político existente sea un problema no sólo nacional, sino que por más que insistamos en los argumentos de quienes aquí vivimos y está todo nuestro proyecto de existencia, que el régimen a lo largo de sus veinte años de mando autoritario hizo concesiones y facilitó intromisiones a varios gobiernos que confrontan con los EEUU, especialmente a Cuba, China, Rusia e Iran, que inevitablemente nos ubica como un conflicto dentro de las confrontaciones globales.

  Esto demanda atención cuidadosa en los esfuerzos de la dirigencia en el manejo de la situación nacional y en sus relaciones internacionales, ya que en tan solo pocos días el saldo de violaciones de DDHH traducido en víctimas fatales y personas detenidas, es una emergencia alarmante.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

DESINDUSTRIALIZACION CONTINUADA: AHORA ES GOOD YEAR

   Sobre el caso del cierre en Venezuela de la mundialmente conocida fabricantes de neumáticos Good Year, empecemos por mencionar las medidas de protección anunciadas a partir de ayer martes 11 por el Gobierno nacional. Todo esto nos parece tardío y ruido para las galerías tanto de adentro de la empresa como de afuera de ella, ya que si una empresa está  por varios años produciendo apenas un 10-15% de su capacidad y además continúa sometida a las restricciones cambiarias y de precios, es de elemental sentido, que en algún momento llegará a la parálisis. Entonces la tal protección que se menciona en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras -(Capítulo IV de la Protección al Trabajo, al Salario y las Prestaciones Sociales. Arts. 148 y siguientes-), y si se pretende que sea de verdad, ha de aparecer al observarse señales frecuentes de baja de producción y de rendimientos, y entonces actuar con sentido realista, en el hecho de permitir que trabajadores organizados en sindicatos y los representantes de la empresa exploren opciones y viabilidades, que son quienes conocen el problema,  y que por otro lado, aquellas instancias militares y burocráticas estatales, que han venido metiéndose,  no interfieran sino que faciliten las negociaciones directas, y que en lo posible éstas han de ser sectoriales, ya que una empresa no es un ente aislado es parte de un entramado de proveedores, de clientes y de otros relacionados, que todos son parte del problema y de la solución. Y que luego hayan las seguridades necesarias para respetar los pronunciamientos de los actores socio laborales.

  Desde el anuncio de la empresa desde este lunes 10 de Diciembre, intentamos conocer la mayor información posible del desenlace, incluso en la circular que la empresa emitió se señalaba unos números telefónicos, y de los intentos se observó que contrataron a un outsourcing (Call Center), muy  especializado para responder a cualquier interesado (sea de la prensa, trabajadores, proveedores y clientes). Sin mayores detalles, pero contundentemente muy bien manejado, emitían sus respuestas sin salirse de un guión que evitara compromisos.

  Luego hemos visto las reacciones en las horas siguientes a ese lunes de cierre hasta el presente, claro viendo el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera ya que no tenemos información interna del problema, pero indudablemente nos parece que quienes conducen la organización sindical en esa empresa, tienen encima una enorme responsabilidad, incluso la circular de la empresa les asigna la de administrar la entrega de los neumáticos que forman parte esencial del pago de salida del personal, 10  de estas piezas por trabajador, que en precios de divisas y según las diversas medidas puede referirse a un global de 1300-1600 US$. Monto que los despedidos o liquidados en el sector público ven como cifras astronómicas, claro por la pulverización de todo beneficio laboral pagado simplemente en Bolívares, sean lo de ayer “fuertes” o los hoy soberanos.

  El sindicalismo ha sido víctima de la fragmentación, que en condiciones extraordinarias y exigentes como las presentes, carece de estructuras que de manera rápida y efectiva respondan a las contingencias como la de Good Year en este momento, y tantas otras situaciones semejantes en los últimos tiempos. Esto lo aprovechan intereses del mundo burocrático para someter la situación a los exclusivos intereses gubernamentales, buscando evadir sus responsabilidades en la errática conducción económica que es el marco de los problemas productivos del país, y la fuente originaria y continuada de estos cierres de centros productivos, que en el caso de Good Year, cierra un capítulo que empezó en los años sesenta, más de medio siglo produciendo neumáticos en el país, y con una amplia experiencia de exportación.

 Con la entrada de la burocracia gubernamental y partidista en el escenario, luego se hacen actos, discursos, pancartas, cadenas de radio y tv, se hacen acusaciones, pero después del ruido, viene el silencio y la calma.. y las condiciones económicas que disfrutaban los trabajadores no se preservan.. los esfuerzos por mantener la actividad productiva, se topan con las dificultades propias de toda producción, pero sin una organización del trabajo adecuada, los problemas menores se vuelven grandes, y gradualmente se hace más limitada una reapertura exitosa.. al final a duras penas la empresa se convierte en una nueva carga ya que no logra auto financiarse para pagar salarios dignos, pagar impuestos y ni brindar riqueza al país. Esto es lo que hemos visto, desde la 1era empresa que se paralizó en Carabobo -Venepal en Morón, el 2005-, que luego de las dificultades para funcionar se vino a menos, aparecieron las intervenciones, el supuesto auxilio gubernamental y todo gradualmente se fue viniendo abajo lo poco que quedaba, ya en el país se cuentan varios cientos de casos con ciertas semejanzas hasta más recientes. Quisiéramos que os hechos nos desmientan y que se evidencia lo equivocada de estas apreciaciones.

¿Será Good Year un caso más de esta película que ya conocemos? ¿Podrá ser diferente? Por supuesto si se hace lo que ya conocemos, no veremos más producción eficiente, ni los buenos salarios del trabajador cauchero. Habrá que hacer todo bien diferente a lo que cientos de empresas cerradas y tomadas por el gobierno muestran en su fracasado historial.

APORTES DESEABLES DE UNA POLÍTICA LABORAL

  Siguiendo con algunas consideraciones sobre la política laboral del régimen y su pretensión de eliminar conquistas muy sentidas en las relaciones de trabajo, como ocurre con los llamados lineamientos del despacho laboral -Memorando No. 2792- sobre negociaciones colectivas.

  Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres categorías:

1- Por un lado la administración pública en sus ámbitos nacional, estadual y municipal;

2- En segundo lugar el sector de empresas constituido por aquellas que producen bienes y servicios, aquí tenemos a unas de propiedad estatal y otras privadas;

3- Un tercer sector de carácter social que no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo en residencias, en asociaciones.

  Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El presupuesto nacional contempla como se erogarán estos recursos.

  El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente  están constituidos por lo que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente las distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento de la sociedad.

  El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos, tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. En el presente al lado de los dos primeros, es el sector  con menor población.

  ¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones de quienes presten servicios deben resolver la alimentación y los servicios básicos para la vida personal y familiar. Todo aquél que trabaja a tiempo completo ha de tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo.

  Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados.

  Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias, competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan. Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo, para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa organización, que se aprecie su justeza.

  Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional.

  Cuando el memorando que comentamos - No. 2793 del MPPPST- pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso lo es para los actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores y escalas. Por supuesto, no se afirma que  las mismas estén libres de la necesidad de revisiones y mejoramientos,  son procesos que se alteran por los mismos cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones.

  El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5900%, cuando el país avanza hacia una inflación del millón anual.

  ¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las remuneraciones y las convenciones colectivas?.

1-  Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas.

2-  Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado, y se escojan los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones.

3-  Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas públicas ante los organismos de control, y que de la misma se deriven decisiones que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean las evaluaciones profesionales y públicas.

4-  La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes actúan y conocen sus realidades.

5-  Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el desenvolvimiento de las relaciones laborales sea creíble y respetada. El sectarismo, la partidización, la desprofesionalización, la ausencia de carreras, atentan contra eso.

6-  El gobierno, en particular aquellos entes del área laboral, deben procesar y publicar todos aquellos datos que los actores laborales requieren para sus relaciones y negociaciones. Empezando por los datos de los costos de vida en las distintas regiones, y de los diversos rubros, igual los datos de la distribución de los ingresos según las distintas categorías, de todas las remuneraciones, de las productividades de empresas, de las ramas. Se debe tener acceso a publicar desde los ingresos del Presidente de la República, salario y otros beneficios, hasta los niveles más bajos de las estructuras. Las únicas excepciones a la apertura deben ser aquellos datos que atentan contra el derecho a la privacidad de las personas y aquellos que son considerados relevantes para la seguridad nacional, como reza la Carta Internacional de Datos Abiertos.

7-   Que las autoridades aporten el procesamiento de los datos que recogen de la sociedad y que sean necesarios para las negociaciones y en general para el desarrollo de las relaciones laborales. Transparencia y claridad en la propia casa seguro nos hará una sociedad que genere mayor confianza, no más regresividad y controles.

MAS INTERVENCIONISMO LABORAL REGRESIVO

   Vamos a analizar algunos elementos que se vinculan con el Memorando - Circular No.2792, documento interno dirigido por Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo a subalternos en el área de Derechos y Relaciones Laborales, desde la Viceministra y toda la cadena supervisora hasta los niveles operativos, además a los directores estatales del propio ministerio, inspectorías y procuradurías, en fin el área que constituye la columna vertebral de un ministerio del trabajo en cualquier país.

  Se ubica este memorando en el marco del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica de la RBV. Dos meses después de su anuncio -17 agosto del 2018-, los indicadores económicos a pesar de cinco años de regresión siguen sin levantar vuelo. Analicemos en esta primera entrega, algunos elementos del contexto que llevan a criticar los supuestos de la política salarial del régimen.

1- En el 2013, la economía nacional no alcanzó siquiera un crecimiento del 1%, fue cuando entramos en recesión, y que luego  en los cinco años siguientes, 2014-2018, fue de continuado retroceso, al punto que hoy somos la economía del mundo que más se ha deprimido en el siglo que corre. 

  Lo anterior, un logro universal de los conductores del socialismo del siglo XXI, por ello cargan a cuestas la negativa fama del modelo, que hoy se le menciona en foros, debates y centros académicos como un milagro al revés, que luego de experimentar los efectos perniciosos del inusitado aumento de ingresos, el llamado síndrome holandés, no logran paralizar la pendiente y la catástrofe que han causado. Lo insólito es que con las mismas maneras de dirigir el país, particularmente su economía, proponen pomposamente recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Creemos que lo único que cabe en la presente situación es emergencia y cambios radicales de orientación política, social y económica.

  En Latinoamérica y en muchos otros lugares del globo, en donde el régimen en su primera década invirtió mucho dinero en propaganda, además ya como no hay caja, los otrora “amigos” ven con pesar la conducción gubernamental en Venezuela, al menos dejaron de mencionarla como alternativa.  

  Por supuesto que con esta depresión los sectores que dependen de su trabajo para vivir, no tienen perspectivas de preservar su calidad de vida.

2- El memorando asume que con el nuevo salario mínimo establecido a partir del 1 de septiembre, en BS S 1.800, el gobierno no incurre en una actuación aislada, ya que el aumento es parte de “perseguir racionalizar la justa distribución de la riqueza”. Entonces, hemos de referirnos a la creación de riqueza. Esta se ha venido a menos con la continuada depresión económica, que da lugar a tener una economía que produce la mitad de lo que producía apenas hace seis años. Entonces lo que se distribuye es más pobreza que riqueza. 

Con una desigualdad, por un lado entre los niveles crematísticos, los militares, y todos los que tienen acceso a prebendas (comisiones, vehículos, bienes, divisas), que se financian con los impuestos de todos, el persistente endeudamiento y las cada vez menores exportaciones de petróleo, y por otro lado la amplia porción de la población trabajadora con ingresos cada vez más menguados por la hiperinflación.

  Recordemos que al establecerse el nuevo salario mínimo en BsS 1800, se acompañó de una devaluación que llevó el precio del dólar Dicom de 250.000 a 6.000.000 Bs F, para entonces la tasa predominante en el mercado negro. Con el nuevo cono monetario, al rebajarle cinco ceros, es igual BsS 60. 

  Pero resulta que en menos de dos meses el mercado negro hace que el dólar ya ronda los BsS 200. En nuestra economía cada vez está mas extendido el dólar como referente de nuestras adquisiciones. Nuestro consumo dolarizado, representa un alto porcentaje de bienes y servicios, ya se nos ha encarecido en más de tres veces. La hiperinflación destruye aceleradamente nuestros ingresos y obliga a liquidar activos para sobrevivir, y aquellos que tienen ingresos en divisas, también empezaron a experimentar la pérdida de poder adquisitivo.

  Una acreditada consultora, observa que “La aceleración del proceso hiperinflacionario ha provocado un ´encarecimiento en la vida en dólares´. Así, por ejemplo, en febrero era necesario recibir USD 156 para comprar la misma canasta de bienes que antes se compraban con USD 100. A medida que los niveles de inflación escalaron nuevas posiciones, esta remuneración tendría que haber ascendido hasta USD 935 en septiembre” (http://ecoanalitica.com/noticias/graficodelasemana-el-mito-de-pagar-en-dolares). 

3- El memorando introduce un viejo recurso del más rancio populismo, al abordar la política económica  y lo salarial, y referir la búsqueda de la  “justa distribución de la riqueza”, por la vía de aplanar los ingresos de los trabajadores asalariados. Se menciona “la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores..”. Esta retórica apunta a justificar la eliminación de los normales diferenciales salariales, establecidos gradualmente en los convenios colectivos por los mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas. 

  Es un recurso muy rebuscado hablar de privilegios entre asalariados cubiertos por los mismos convenios colectivos. Lo que si se deja ver en estas propuestas del régimen es continuar minando los procesos de negociaciones colectivas, que efectivamente dan espacios para la participación de los trabajadores organizados en gremios y sindicatos, y sustituirlos por procesos interventores del gobierno, muy especialmente a travez de los funcionarios, generalmente partidistas, del despacho laboral. Del citado memorando, hay otros elementos que en próximo artículo ahondaremos.

  Muy razonable y esperanzador estar observando que trabajadores de las diversas actividades, regiones y orientaciones políticas, se han unido para reaccionar con abierto y amplio rechazo a estas pretensiones del régimen de seguir corrompiendo las instituciones de las relaciones laborales. 

hector.lucena@gmail.com

Palabras clave: intervencionismo estatal, relaciones laborales, salarios, depresión económica, dolarización.