RECUPERACION DE LA CALLE, OPTIMISMO Y RIESGOS

  
Los acontecimientos políticos nacionales se mueven vertiginosamente a partir del 10-1-19, con motivo de la juramentación de Maduro como Presidente de la República para los próximos seis años. Era de esperar una situación extraordinaria, visto el muy extendido cuestionamiento nacional e internacional a esas polémicas elecciones del 20 de Mayo del 2018, tanto su convocatoria por un organismo ilegitimo, como es la Asamblea Nacional Constituyente, sin la cualidad para convocar, como el desarrollo del proceso electoral,  excluyente y viciado, denunciado en su momento hasta por la misma empresa Smartmatic, que había venido manejando la parte tecnológica de los procesos electorales desde el año 2004.

  De ahí en adelante el ritmo de los acontecimientos va a una acelerada velocidad, indudablemente estaban represados y se esperaba que en algún momento se desatarían, apenas ocurriera el llamado de una dirigencia creíble, unitaria y fresca. 

 Hay que destacar en esta voluntad de protesta por parte de la población, que a lo largo del 2018 se registraron la mayor cantidad de conflictos jamas visto en la historia del país. Hasta entonces eran el 2014 y 2017, los años que registraron mayor numero de protestas, según los registros del Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, pero las 12.715 protestas del 2018 superan en un tercio lo ocurrido en aquellos años.

  Destaca que lo preeminente en este último año son las protestas laborales, - más del 40% -, por el descalabro del empleo y de la merma de los ingresos, que ha hecho que hoy la pobreza supere el 80% de la población; y el estado de catástrofe económica que no guarda relación con los altos ingresos que el país ha recibido a lo largo del actual régimen,  y que explique como causa principal la descomunal diáspora venezolana.

  Entonces las protestas laborales que se tradujeron en marchas, toma de lugares públicos, en donde los trabajadores se enfrentaron al gobierno por sus políticas laborales y por su papel de patrono indolente e irresponsable en la conducción de las entidades estatales. Especial mención hemos de hacer del sector de trabajadores de la salud, particularmente de enfermería, que se lanzaron a una protesta nacional desde mediados del año 2018 y se mantuvieron firmes por varios meses, ganándose la admiración y el respeto de la sociedad en general.

  En las protestas de este inicio del 2019, se empieza por los llamados a los cabildos en las principales ciudades del país, y en muchas de ellas, no sólo uno sino varios y todo en apenas pocos días. En Valencia metropolitana se inicia con un cabildo en Prebo, y luego en Naguanagua, Tasajal, San Diego, San Blas, La Isabelica, El Palotal, cubriendo con ello toda la gran ciudad. En todos estos cabildos se precisan los objetivos a seguir por quienes se hacen parte de las movilizaciones: declarar la usurpación de la Presidencia por parte de Nicolás Maduro, exigir el establecimiento de un gobierno de transición, y realización de elecciones libres y democráticas.

  Marca un hito trascendente las movilizaciones de millones de ciudadanos el miércoles 23E, caminando por las diversas arterias urbanas, para encontrarse con otros ríos de gente procedentes de diversas zonas de las ciudades; los amplios espacios públicos previstos quedaron pequeños, y todo ello en simultáneo en cientos de poblados, desde la capital, pasando por las principales urbes, hasta pequeños poblados de sólo decenas de miles de habitantes, que se movieron el mismo día y a la misma hora, atendiendo el llamado de la Directiva de la Asamblea Nacional, y de los diputados representantes de las regiones, y todo convocado predominantemente por redes sociales, dado el cerco informativo a toda la actividad de la AN.

  El gobierno hizo lo posible por torpedear estas convocatorias, además de recurrir al cerco informativo, dificultó los servicios de transporte, tomó militar y policialmente lugares diversos de las ciudades y exhibió equipos anti motines; intimidó a medios de comunicación, en algunos lugares -Maracaibo, por ejemplo- allanamiento de sedes de plantas televisores privadas, prohibiciones de ciertos temas en la programación radial - se conoce de suspensiones en Radio Fe y Alegria-. Estrictas advertencias a los funcionarios al servicio del Estado, de no dejar de asistir al trabajo en ese día 23-1-19. A todo lo anterior, se agrega que el pago mensual de la pensión a las personas de la tercera edad se fijó justo para ese mismo día, sin embargo este segmento de la población ampliamente necesitado de esos recursos para compras fundamentales, prefirió voluntariamente hacerse presente en la movilización y concentraciones, trasladando su cobro de pensión para el día siguiente.

  Las movilizaciones y los actos del 23E se desenvolvieren en paz y tranquilidad. Quienes se movilizaban a lo largo de calles y avenidas, mostraban su entusiasmo, fue notable las marchas familiares, padres e hijos, parejas, menores y mayores, mujeres y hombres, voceando consignas y cantos, los rostros mostraban la satisfacción de estar presentes.

  Sin embargo, hay que subrayar que antes de la marcha monumental del 23E,  algunas escaramuzas habían empezado con la represión a las protestas en sectores populares, especialmente en Caracas, en donde el 21E se conoció de las primeras dos víctimas fatales por parte de cuerpos armados gubernamentales, eso se acrecentó en el transcurso de la semana, y ya para el sábado 26E el número de víctimas alcanzaba los treinta, además de casi cuatrocientos detenidos, sin respeto alguno a los DDHH por parte del régimen.

  Podemos señalar que está terminando la semana del despertar de esperanzas y optimismo, pero que no hay que perder de vista, que igual sigue una arremetida represiva, que acumula en pocos días un balance inquietante.

  Finalmente y no menos importante, se ha evidenciado que quienes han conducido al país al presente caos, han dado lugar a que el conflicto político existente sea un problema no sólo nacional, sino que por más que insistamos en los argumentos de quienes aquí vivimos y está todo nuestro proyecto de existencia, que el régimen a lo largo de sus veinte años de mando autoritario hizo concesiones y facilitó intromisiones a varios gobiernos que confrontan con los EEUU, especialmente a Cuba, China, Rusia e Iran, que inevitablemente nos ubica como un conflicto dentro de las confrontaciones globales.

  Esto demanda atención cuidadosa en los esfuerzos de la dirigencia en el manejo de la situación nacional y en sus relaciones internacionales, ya que en tan solo pocos días el saldo de violaciones de DDHH traducido en víctimas fatales y personas detenidas, es una emergencia alarmante.

hector.lucena@gmail.com

@hl_lucena

DESINDUSTRIALIZACION CONTINUADA: AHORA ES GOOD YEAR

   Sobre el caso del cierre en Venezuela de la mundialmente conocida fabricantes de neumáticos Good Year, empecemos por mencionar las medidas de protección anunciadas a partir de ayer martes 11 por el Gobierno nacional. Todo esto nos parece tardío y ruido para las galerías tanto de adentro de la empresa como de afuera de ella, ya que si una empresa está  por varios años produciendo apenas un 10-15% de su capacidad y además continúa sometida a las restricciones cambiarias y de precios, es de elemental sentido, que en algún momento llegará a la parálisis. Entonces la tal protección que se menciona en el Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras -(Capítulo IV de la Protección al Trabajo, al Salario y las Prestaciones Sociales. Arts. 148 y siguientes-), y si se pretende que sea de verdad, ha de aparecer al observarse señales frecuentes de baja de producción y de rendimientos, y entonces actuar con sentido realista, en el hecho de permitir que trabajadores organizados en sindicatos y los representantes de la empresa exploren opciones y viabilidades, que son quienes conocen el problema,  y que por otro lado, aquellas instancias militares y burocráticas estatales, que han venido metiéndose,  no interfieran sino que faciliten las negociaciones directas, y que en lo posible éstas han de ser sectoriales, ya que una empresa no es un ente aislado es parte de un entramado de proveedores, de clientes y de otros relacionados, que todos son parte del problema y de la solución. Y que luego hayan las seguridades necesarias para respetar los pronunciamientos de los actores socio laborales.

  Desde el anuncio de la empresa desde este lunes 10 de Diciembre, intentamos conocer la mayor información posible del desenlace, incluso en la circular que la empresa emitió se señalaba unos números telefónicos, y de los intentos se observó que contrataron a un outsourcing (Call Center), muy  especializado para responder a cualquier interesado (sea de la prensa, trabajadores, proveedores y clientes). Sin mayores detalles, pero contundentemente muy bien manejado, emitían sus respuestas sin salirse de un guión que evitara compromisos.

  Luego hemos visto las reacciones en las horas siguientes a ese lunes de cierre hasta el presente, claro viendo el desarrollo de los acontecimientos desde la barrera ya que no tenemos información interna del problema, pero indudablemente nos parece que quienes conducen la organización sindical en esa empresa, tienen encima una enorme responsabilidad, incluso la circular de la empresa les asigna la de administrar la entrega de los neumáticos que forman parte esencial del pago de salida del personal, 10  de estas piezas por trabajador, que en precios de divisas y según las diversas medidas puede referirse a un global de 1300-1600 US$. Monto que los despedidos o liquidados en el sector público ven como cifras astronómicas, claro por la pulverización de todo beneficio laboral pagado simplemente en Bolívares, sean lo de ayer “fuertes” o los hoy soberanos.

  El sindicalismo ha sido víctima de la fragmentación, que en condiciones extraordinarias y exigentes como las presentes, carece de estructuras que de manera rápida y efectiva respondan a las contingencias como la de Good Year en este momento, y tantas otras situaciones semejantes en los últimos tiempos. Esto lo aprovechan intereses del mundo burocrático para someter la situación a los exclusivos intereses gubernamentales, buscando evadir sus responsabilidades en la errática conducción económica que es el marco de los problemas productivos del país, y la fuente originaria y continuada de estos cierres de centros productivos, que en el caso de Good Year, cierra un capítulo que empezó en los años sesenta, más de medio siglo produciendo neumáticos en el país, y con una amplia experiencia de exportación.

 Con la entrada de la burocracia gubernamental y partidista en el escenario, luego se hacen actos, discursos, pancartas, cadenas de radio y tv, se hacen acusaciones, pero después del ruido, viene el silencio y la calma.. y las condiciones económicas que disfrutaban los trabajadores no se preservan.. los esfuerzos por mantener la actividad productiva, se topan con las dificultades propias de toda producción, pero sin una organización del trabajo adecuada, los problemas menores se vuelven grandes, y gradualmente se hace más limitada una reapertura exitosa.. al final a duras penas la empresa se convierte en una nueva carga ya que no logra auto financiarse para pagar salarios dignos, pagar impuestos y ni brindar riqueza al país. Esto es lo que hemos visto, desde la 1era empresa que se paralizó en Carabobo -Venepal en Morón, el 2005-, que luego de las dificultades para funcionar se vino a menos, aparecieron las intervenciones, el supuesto auxilio gubernamental y todo gradualmente se fue viniendo abajo lo poco que quedaba, ya en el país se cuentan varios cientos de casos con ciertas semejanzas hasta más recientes. Quisiéramos que os hechos nos desmientan y que se evidencia lo equivocada de estas apreciaciones.

¿Será Good Year un caso más de esta película que ya conocemos? ¿Podrá ser diferente? Por supuesto si se hace lo que ya conocemos, no veremos más producción eficiente, ni los buenos salarios del trabajador cauchero. Habrá que hacer todo bien diferente a lo que cientos de empresas cerradas y tomadas por el gobierno muestran en su fracasado historial.

APORTES DESEABLES DE UNA POLÍTICA LABORAL

  Siguiendo con algunas consideraciones sobre la política laboral del régimen y su pretensión de eliminar conquistas muy sentidas en las relaciones de trabajo, como ocurre con los llamados lineamientos del despacho laboral -Memorando No. 2792- sobre negociaciones colectivas.

  Para entender una política de remuneraciones, importa tener presente que las organizaciones que son objeto del pretendido control la conforman tres categorías:

1- Por un lado la administración pública en sus ámbitos nacional, estadual y municipal;

2- En segundo lugar el sector de empresas constituido por aquellas que producen bienes y servicios, aquí tenemos a unas de propiedad estatal y otras privadas;

3- Un tercer sector de carácter social que no tiene fines lucrativos, como cooperativas, condominios, trabajo en residencias, en asociaciones.

  Una situación deseable es que el primero depende totalmente de los ingresos que capture el Estado, con los impuestos, tasas y aquellos derivados por su condición de administrador de riquezas que son de propiedad de la nación. El presupuesto nacional contempla como se erogarán estos recursos.

  El segundo, los productores de bienes y servicios para el mercado, constituido por los ciudadanos y las entidades jurídicas. Aquí concurren como oferentes los privados y los públicos, con el carácter de empresas, que pueden ser compañías anónimas, personales, colectivas, nacionales, extranjeras, de propiedad estatal. Sus ingresos fundamentalmente  están constituidos por lo que se derive de su producción y ventas. Las regulaciones tendrán presente las distintos tipos de bienes y servicios y el papel que representan para el funcionamiento de la sociedad.

  El tercer sector, que llamamos de carácter social, que no tiene fines lucrativos, tal carácter le permitirá tratos tributarios especiales. En el presente al lado de los dos primeros, es el sector  con menor población.

  ¿Qué política salarial ha de corresponder a estos tres sectores? En primer lugar sin distinción alguna, ha de haber un piso que permita que las remuneraciones de quienes presten servicios deben resolver la alimentación y los servicios básicos para la vida personal y familiar. Todo aquél que trabaja a tiempo completo ha de tener como salario mínimo un ingreso que satisfaga esa condición. No importa si se trabaja para el gobierno o los privados, ni tampoco si es sector con fines de lucro o no, sencillamente el trabajo ha de satisfacer ese mínimo.

  Los servicios básicos de la vida cotidiana, empiezan por alimentación, siguen con salud, luego agua, electricidad, educación, seguridad, transporte, comunicaciones, recreación, todos han de ser accesibles al máximo posible de la población, y a costos acordes con los ingresos salariales. La mayor parte de estos servicios son provistos por empresas estatales, con un lamentable deficiente funcionamiento, según indicadores ampliamente aceptados.

  Es importante tener presente que en cada sector, existen las carreras, las trayectorias. No todos los que laboran son portadores de las mismas experiencias, competencias, conocimientos. Hay heterogeneidades, que resultan especialmente de los años de formación, de los de dedicación a la actividad y también de la contribución al logro de los objetivos de esas organizaciones. Estos factores son los que explican las clasificaciones, tabuladores y jerarquías que existan. Por tanto en las remuneraciones y responsabilidades han de reflejarse. Han de ser diferenciales en los ingresos que sean sustentables y consensuados. Lo primero para que se puedan mantener y materializar en el tiempo; lo segundo, para que quienes laboran tengan identidad con la carrera que predomina en esa organización, que se aprecie su justeza.

  Es importante que las carreras sean visualizadas con transparencia, tanto desde adentro como fuera de las organizaciones, dado que los jóvenes que están en procesos formativos de profesiones tengan un mayor estímulo en aquello que han escogido para su carrera profesional o técnica; y que su desempeño ofrece igualdad de oportunidades de inserción, estadía y crecimiento. Igual para aquellos que cambian de carrera o sector, por razones de movilidad geográfica u ocupacional.

  Cuando el memorando que comentamos - No. 2793 del MPPPST- pretende “evaluar, monitorear y acompañar el proceso de negociación de las Convenciones Colectivas de Trabajo, así como aquellas que se encuentren suscritas”, está planteando una pretensión compleja. Incluso lo es para los actores laborales que han venido construyendo sus clasificaciones, tabuladores y escalas. Por supuesto, no se afirma que  las mismas estén libres de la necesidad de revisiones y mejoramientos,  son procesos que se alteran por los mismos cambios en la organización y el proceso del trabajo. De ahí sus revisiones.

  El papel del Estado en los temas salariales ha sido desatendido porque ha permitido que en el país el empobrecimiento haya alcanzado a un 87% de la población. Eso no lo resolverá obligando a que el salario mínimo sea aumentado unilateralmente en un momento dado, en una proporción del 5900%, cuando el país avanza hacia una inflación del millón anual.

  ¿Qué se espera de un gobierno para una verdadera protección de las remuneraciones y las convenciones colectivas?.

1-  Una política económica desvinculada de todo tipo de ideologías que impiden el desarrollo de las capacidades y fuerzas productivas.

2-  Una profesionalización en los órganos públicos que procesan y participan en las tomas de decisiones. Que el sectarismo sea puesto a un lado, y se escojan los mejores. Que haya verdadera carrera en esas instituciones.

3-  Que se restituya y mejoren los controles que son parte del balance de los poderes públicos. Que no haya poder que subordine a otro. Que rindan cuentas públicas ante los organismos de control, y que de la misma se deriven decisiones que impliquen reconocimientos, ajustes, remociones o sanciones, según sean las evaluaciones profesionales y públicas.

4-  La legislación que regula la relación laboral ha de ser concebida para todos los sectores que se señalaron al inicio, por tanto el decreto que hoy se tiene como tal, no guarda tal carácter. Su alto grado de pretensión reguladora ha invadido los espacios de los propios actores laborales. Conviene más bien, que se faciliten los procesos de negociaciones de los actores, que son quienes actúan y conocen sus realidades.

5-  Para apoyar lo anterior, es importante que la institucionalidad necesaria para el desenvolvimiento de las relaciones laborales sea creíble y respetada. El sectarismo, la partidización, la desprofesionalización, la ausencia de carreras, atentan contra eso.

6-  El gobierno, en particular aquellos entes del área laboral, deben procesar y publicar todos aquellos datos que los actores laborales requieren para sus relaciones y negociaciones. Empezando por los datos de los costos de vida en las distintas regiones, y de los diversos rubros, igual los datos de la distribución de los ingresos según las distintas categorías, de todas las remuneraciones, de las productividades de empresas, de las ramas. Se debe tener acceso a publicar desde los ingresos del Presidente de la República, salario y otros beneficios, hasta los niveles más bajos de las estructuras. Las únicas excepciones a la apertura deben ser aquellos datos que atentan contra el derecho a la privacidad de las personas y aquellos que son considerados relevantes para la seguridad nacional, como reza la Carta Internacional de Datos Abiertos.

7-   Que las autoridades aporten el procesamiento de los datos que recogen de la sociedad y que sean necesarios para las negociaciones y en general para el desarrollo de las relaciones laborales. Transparencia y claridad en la propia casa seguro nos hará una sociedad que genere mayor confianza, no más regresividad y controles.

MAS INTERVENCIONISMO LABORAL REGRESIVO

   Vamos a analizar algunos elementos que se vinculan con el Memorando - Circular No.2792, documento interno dirigido por Ministro del Poder Popular del Proceso Social del Trabajo a subalternos en el área de Derechos y Relaciones Laborales, desde la Viceministra y toda la cadena supervisora hasta los niveles operativos, además a los directores estatales del propio ministerio, inspectorías y procuradurías, en fin el área que constituye la columna vertebral de un ministerio del trabajo en cualquier país.

  Se ubica este memorando en el marco del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica de la RBV. Dos meses después de su anuncio -17 agosto del 2018-, los indicadores económicos a pesar de cinco años de regresión siguen sin levantar vuelo. Analicemos en esta primera entrega, algunos elementos del contexto que llevan a criticar los supuestos de la política salarial del régimen.

1- En el 2013, la economía nacional no alcanzó siquiera un crecimiento del 1%, fue cuando entramos en recesión, y que luego  en los cinco años siguientes, 2014-2018, fue de continuado retroceso, al punto que hoy somos la economía del mundo que más se ha deprimido en el siglo que corre. 

  Lo anterior, un logro universal de los conductores del socialismo del siglo XXI, por ello cargan a cuestas la negativa fama del modelo, que hoy se le menciona en foros, debates y centros académicos como un milagro al revés, que luego de experimentar los efectos perniciosos del inusitado aumento de ingresos, el llamado síndrome holandés, no logran paralizar la pendiente y la catástrofe que han causado. Lo insólito es que con las mismas maneras de dirigir el país, particularmente su economía, proponen pomposamente recuperación, crecimiento y prosperidad económica. Creemos que lo único que cabe en la presente situación es emergencia y cambios radicales de orientación política, social y económica.

  En Latinoamérica y en muchos otros lugares del globo, en donde el régimen en su primera década invirtió mucho dinero en propaganda, además ya como no hay caja, los otrora “amigos” ven con pesar la conducción gubernamental en Venezuela, al menos dejaron de mencionarla como alternativa.  

  Por supuesto que con esta depresión los sectores que dependen de su trabajo para vivir, no tienen perspectivas de preservar su calidad de vida.

2- El memorando asume que con el nuevo salario mínimo establecido a partir del 1 de septiembre, en BS S 1.800, el gobierno no incurre en una actuación aislada, ya que el aumento es parte de “perseguir racionalizar la justa distribución de la riqueza”. Entonces, hemos de referirnos a la creación de riqueza. Esta se ha venido a menos con la continuada depresión económica, que da lugar a tener una economía que produce la mitad de lo que producía apenas hace seis años. Entonces lo que se distribuye es más pobreza que riqueza. 

Con una desigualdad, por un lado entre los niveles crematísticos, los militares, y todos los que tienen acceso a prebendas (comisiones, vehículos, bienes, divisas), que se financian con los impuestos de todos, el persistente endeudamiento y las cada vez menores exportaciones de petróleo, y por otro lado la amplia porción de la población trabajadora con ingresos cada vez más menguados por la hiperinflación.

  Recordemos que al establecerse el nuevo salario mínimo en BsS 1800, se acompañó de una devaluación que llevó el precio del dólar Dicom de 250.000 a 6.000.000 Bs F, para entonces la tasa predominante en el mercado negro. Con el nuevo cono monetario, al rebajarle cinco ceros, es igual BsS 60. 

  Pero resulta que en menos de dos meses el mercado negro hace que el dólar ya ronda los BsS 200. En nuestra economía cada vez está mas extendido el dólar como referente de nuestras adquisiciones. Nuestro consumo dolarizado, representa un alto porcentaje de bienes y servicios, ya se nos ha encarecido en más de tres veces. La hiperinflación destruye aceleradamente nuestros ingresos y obliga a liquidar activos para sobrevivir, y aquellos que tienen ingresos en divisas, también empezaron a experimentar la pérdida de poder adquisitivo.

  Una acreditada consultora, observa que “La aceleración del proceso hiperinflacionario ha provocado un ´encarecimiento en la vida en dólares´. Así, por ejemplo, en febrero era necesario recibir USD 156 para comprar la misma canasta de bienes que antes se compraban con USD 100. A medida que los niveles de inflación escalaron nuevas posiciones, esta remuneración tendría que haber ascendido hasta USD 935 en septiembre” (http://ecoanalitica.com/noticias/graficodelasemana-el-mito-de-pagar-en-dolares). 

3- El memorando introduce un viejo recurso del más rancio populismo, al abordar la política económica  y lo salarial, y referir la búsqueda de la  “justa distribución de la riqueza”, por la vía de aplanar los ingresos de los trabajadores asalariados. Se menciona “la existencia de grupos privilegiados entre trabajadores..”. Esta retórica apunta a justificar la eliminación de los normales diferenciales salariales, establecidos gradualmente en los convenios colectivos por los mismos procesos de negociaciones entre trabajadores y empresas. 

  Es un recurso muy rebuscado hablar de privilegios entre asalariados cubiertos por los mismos convenios colectivos. Lo que si se deja ver en estas propuestas del régimen es continuar minando los procesos de negociaciones colectivas, que efectivamente dan espacios para la participación de los trabajadores organizados en gremios y sindicatos, y sustituirlos por procesos interventores del gobierno, muy especialmente a travez de los funcionarios, generalmente partidistas, del despacho laboral. Del citado memorando, hay otros elementos que en próximo artículo ahondaremos.

  Muy razonable y esperanzador estar observando que trabajadores de las diversas actividades, regiones y orientaciones políticas, se han unido para reaccionar con abierto y amplio rechazo a estas pretensiones del régimen de seguir corrompiendo las instituciones de las relaciones laborales. 

hector.lucena@gmail.com

Palabras clave: intervencionismo estatal, relaciones laborales, salarios, depresión económica, dolarización.

  

   

   

LA PERDIDA DEL CAPITAL HUMANO

  Toda persona que se ofrece al mercado laboral es portadora de un capital, que consiste en su actitud y voluntad de trabajo, además su experiencia, formación, calificación, saberes; hablamos entonces de capital humano. Puede que el cargo que consiga en una determinada oportunidad no permita que todo su aporte sea aprovechado, pero ya eso estará relacionado con lo que demande el empleador y con el ambiente organizacional que reine en ese espacio laboral.

  Las intenciones de eliminar, restringir o achatar los tabuladores, es equivalente a atentar contra las carreras laborales que se han construido en los diversos espacios productivos con los aportes de las empresas, de los trabajadores y aquellas instituciones que apoyan la formación y capacitación. Se puede considerar que se trata de un capítulo más de la restricción del desarrollo del capital humano en el país. Hay que señalar que los diferenciales establecidos en los tabuladores y en carreras, al menos por los convenios colectivos, no se caracterizan por ser muy altos, se han venido achatando. 

  En este orden de atentar contra el capital humano, no es posible dejar de mencionar el fenómeno insólito del despido de más de 20 mil trabajadores con un promedio de 15 años de experiencia c/u en la actividad petrolera, la fuente principal del sustento de los venezolanos, más de la mitad del total del personal de la empresa estatal Pdvsa, y en algunas áreas especializadas hubo un vaciamiento casi total. 

  A partir de ahí, el capital humano verdaderamente dejó de ser una categoría de valor en la conducción de la revolución. Luego se ha visto gradualmente la castración de ese capital en otros sectores importantes de la actividad productiva, como el eléctrico, siderúrgico, y empresas básicas en general, así como restricciones a entidades de servicios, formación y centros de investigación. Igual ocurre con todo aquello que cae en manos de esta concepción, que no concilia con ver a los trabajadores como el capital humano de la nación, y que la palabra meritocracia es percibida negativamente. 

  Tanto los trabajadores como las empresas en los marcos construidos por las relaciones de trabajo o relaciones laborales, han configurado los mercados laborales internos que es generalmente la primera fuente a la cual se recurre para llenar las vacantes por creación de nuevos cargos, por la sustitución de otro trabajador sea por haberse ido o por los ascensos y promociones de los titulares. Entendido que  en todo centro de trabajo hay un mercado interno, y que también existe una movilidad laboral de entrada y salida, todo ello inserto en un ámbito mayor que son los mercados laborales externos.

  Los mercados laborales más inmediatos para los trabajadores son los internos, ya que al estar dentro de una organización productiva se abre la posibilidad de una carrera. En tiempos de abundante empleo, los trabajadores tienden a rotar de una empresa a otra, porque en general los cambios traen algunas ventajas, casi siempre económicas, pero igual puede ser de tiempo de trabajo, de localización y distancia, de ambiente humano, de aprendizaje. Pero en nuestro país hace años que no se ha producido un crecimiento estable para que se haya producido un crecimiento sostenido del empleo productivo, de ahí que se ve con mayor atención las alternativas de los mercados internos.

  Si bien en estos años de la llamada revolución, desde las políticas públicas se ha tendido  a rigidizar el mercado laboral con las reiteradas regulaciones de inamovilidad, sólo que funcionando con un doble rasero. Era efectiva en los empleos del sector privado, sometidos al escrutinio y a las inspecciones, pero no en los estatales, en donde la exclusión empezaba desde las mismas condiciones y requisitos para el ingreso, y luego, ya empleado, el sometimiento a exigencias ajenas al trabajo, determinaban la permanencia. 

  Por supuesto que no es dable hablar de mercados en los términos de la teoría neoclásica, pero igual tampoco en los de la institucionalista, porque supuestamente las regulaciones y los acuerdos contractuales se sustentaban en el derecho al trabajo, y la permanencia en el cumplimiento de las obligaciones que impone el contrato de trabajo; pero el modo de dirigir las organizaciones con preeminencia de los intereses ideológicos del partido gobernante, erosionó estos valores en los empleos del mayor empleador.

  La brutal caída de los salarios y el desmejoramiento general de las condiciones de trabajo visto en los últimos cinco años, pudo más que las pretendidas fidelidades obligadas a servir al ideario revolucionario, y es por lo que del sector estatal se ha producido una estampida de personas que ven con impotencia la destrucción de las organizaciones, y con ellos el derrumbe de sus empleos. ¿Y hacia donde se dirigen? La mayor parte hacia otros países, y en menor proporción hacia los mercados laborales locales. De los primeros, ya se menciona la salida precipitada de cerca de tres millones de venezolanos, huyendo de la falta de oportunidades en los mercados laborales, o si se consiguen empleos, no permiten una vida digna. 

  Ante una situación como esta, el régimen recurre a eliminar o quitarles contenidos a las carreras laborales, y ya no solo en donde es el patrono directo, que ya es bastante gente involucrada, sino en el conjunto del mercado laboral nacional. 

  Finalizando, dada la deficiente atención gubernamental a las instituciones que juegan un papel importante en la formación y sostenimiento del capital humano, como son las empresas, las universidades, las organizaciones gremiales y sindicales, los centros de formación profesional y entrenamiento, de investigación y desarrollo, el país sigue perdiendo tan importante recurso como es el capital humano. 

CONSECUENCIAS LABORALES DEL PAQUETE EN PRECIOS Y SALARIOS

  Entre las preocupaciones y manifestaciones más sentidas entre los trabajadores, luego del anunciado paquete de medidas Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, llamado en la media como el paquete rojo, tenemos la repercusión en los precios y salarios.

¿Que ha ocurrido sobre esos particulares? Para Agosto la inflación diaria alcanzó el 4%, la mensual el 223% y 200.005%  la interanual, según los cálculos de la Asamblea Nacional. Salarios pulverizados. El valor del trabajo ha venido disminuyendo a niveles tales, que en muchos empleos los trabajadores los dejan voluntariamente por lo bajo de sus ingresos, más  las dificultades para movilizarse y la necesidad de invertir tiempo y esfuerzos para conseguir los alimentos y productos básicos en el hogar.

  Si bien en el paquete gubernamental se incrementó el salario mínimo en un 5.900%, lo que produjo cierta sorpresa, ya que dio realmente un pronunciado salto, de hecho, en las pequeñas empresas muchas de ellas aún no se han repuesto. 

  Sigue persistiendo la unilateralidad del ejecutivo en las decisiones que dan lugar a los incremento salariales del mínimo, sin que se asomara algún intercambio con las organizaciones de los trabajadores y de los empresarios, además por las caras de los miembros del gabinete ministerial en esa alocución del viernes 17 de agosto, tal parecía que también les resultaba sorpresivo. A los primeros, ya se ha hecho habitual que se les excluyera de las consultas relacionadas con la revisión de los salarios mínimos, pero en esta ocasión se trataba mucho más que ello, ya que lo anunciado era todo un plan de ajuste. 

  Hay que admitir que para los niveles de inflación acumulados en el lapso hiperinflacionario - 200.005% interanual -, desde fines del pasado año 2017, no obstante las consecuentes revisiones del mínimo salarial trimestral o hasta bimensual, no se ha logrado mantener su poder adquisitivo. Incluso este último aumento del 5.900%, con la subida de precios ocurridos con su solo anuncio, antes de la vigencia, no ha aliviado la situación de precariedad de los trabajadores asalariados que ganan el mínimo o poco más, es por que apenas transcurrido un mes de su anuncio, este incremento ha perdido un 50% de su capacidad de compra “El bolívar soberano perdió la mitad de su valor en 19 días”, señaló el economista Steve Hanke (El Universal, 20-9-18). 

  Pero este aumento del salario mínimo en un 5.900% vino acompañado de varios aditivos que han levantado una polvareda en los sectores laborales. De ellos se destaca, el que tiende a agregar mayor número de personas percibiendo sólo el salario mínimo. En el sector público incluso se pretende establecer una tabla única de salarios, con un extremo achatamiento de las escalas y tabuladores, que históricamente provienen de procesos sostenidos de negociaciones y evaluaciones para establecer las carreras en cada cargo, ocupación, de los diversos sectores que integran las funciones estatales. Por supuesto que igual consecuencia del achatamiento, pero en magnitud menor, se aprecia en los tabuladores del sector privado.

  Estos diferenciales que en nuestros sistemas de remuneraciones se han venido achatando sostenidamente en el sector público a lo largo de los últimos veinte años, han llegado al grado que ahora son solamente simbólicos por las minúsculas diferencias de remuneraciones entre una categoría y otra, que en modo alguno guardan relación con las distintas responsabilidades y exigencias que se integran y complejizan a lo largo del ejercicio laboral, y que van justificando el avance en ese tabulador a lo largo del tiempo y del esfuerzo formativo. Todo ello en el fondo  es un reconocimiento a las carreras de todo tipo,  sean las sustentadas en el puro ejercicio práctico o las que exigen a priori una formación media o superior. 

  Otra amenaza incluida en las pretensiones gubernamentales es pretender que el aumento de este salario mínimo, de una vez absorba un conjunto de ingresos que están asociados con dimensiones diversas del trabajador y su ejecución laboral, sea por producción, productividad, calidad, por riesgos, por conocimiento, por carga y responsabilidades familiares, por transporte, comida, entre las más comunes. Planteando que ellas pasarán a ser parte del salario y no permitir su existencia autónoma en los convenios colectivos o en los esquemas  de remuneraciones. Por supuesto que estas pretensiones de erradicar de un plumazo o socavar una política laboral  de remuneraciones de sostenida construcción bilateral, encuentra la resistencia de los actores laborales, más decididamente por supuesto de parte de los trabajadores y sus organizaciones, que serían los más perjudicados.

27-09-18

AUMENTO SALARIO MINIMO DECRETO EJECUTIVO Y AUMENTO CONTRACTUAL

EY: nos hizo un planteamiento, en sus propias palabras.. 

" Si tengo el aumento al salario mínimo decretado por el jefe de estado a partir del primero (1) de Septiembre y a su vez un aumento de 40%  a partir de la misma fecha por convención colectiva ¿cual aplica primero?. "

Le respondimos lo siguiente..

Bien importante el asunto para la acción inmediata, y confío que habrá oportunidad para que el intercambio que planteas, se analice y aborde. Sin embargo, no puede uno que le importa como funcionan las Relaciones Laborales, dejar de mencionar lo siguiente.

La falta de consultas previas en importantes desiciones que tienen repercusión laboral general, han de ser tomadas por los actores Sindicatos, Empresarios y Estado, así reza en los convenios de la OIT ratificados por Venezuela sobre la Consulta Tripartita y el Diálogo Social, y por tanto es de obligación tenerlos presente para el funcionamiento de las Relaciones Laborales en el país. De no hacerlo, traen lugar a situaciones que bien pudieran haberse previsto dado los intereses de los afectados, tanto en esta consulta, como también, no olvidar, en lo propio de un estado de derecho que implica la participación de la discusión parlamentaria de estos asuntos del interés nacional, lo cual agrega otra instancia de análisis, precisiones y consideraciones. 

Tradicionalmente los aumentos de salarios mínimos como resultante de la negociación tripartita preveían estas situaciones. Entonces, cuando los aumentos contractuales ocurrían en un determinado lapso antes o después de este nuevo mínimo, pero que llevaban el mínimo por debajo del decreto, entonces se imponía este último por ser mayor.

En cuanto al asunto puntual planteado, si tomamos el aumento contractual del 40%, ya que es un compromiso que viene de cuando fue negociado el vigente CC, es decir de antes del reciente Decreto, él llevaría el salario a un 40% más alto de lo que están previamente. 

  Pero en lo que hay que estar claro es que nunca alcanzarían el aumento del Decreto  del Ejecutivo que incrementa el salario mínimo general en un 5900%, que seguro no será en esa proporción en el caso de una empresa que tiene CC, ya que el salario mínimo en esas empresas será mucho mayor  de los Bs 3.000 mens. Entonces, al aplicarse el aumento del X % que corresponde a este caso, va a subir entonces el salario mínimo a BsS 1.800,00 mens. o 60 diarios.