Remuneraciones: Revisión y Justicia

Una política de remuneraciones es urgente para los trabajadores venezolanos. La continuada inflación en porcentajes de alrededor un 30%, la más alta del continente, no guarda correspondencia con los modestos o ningún incremento salarial que perciben anualmente los trabajadores. Compárese con Chile, Perú y Colombia, cuyas expectativas inflacionarias son para el 2011 de 3.5%. Por su parte Ecuador 4%, Brasil 5.8, Bolivia y Uruguay 7%. A pesar de ello, en cada uno de estos países se aplican políticas de remuneraciones que protegen el poder adquisitivo de los trabajadores.

Con los niveles inflacionarios que tenemos, hace falta una política salarial que revise y ajuste máximo cada seis meses la situación de ingresos de la población trabajadora. No sólo el ajuste anual de los salarios mínimos, sino de las estructuras completas. Por supuesto que el problema de ingresos de la población, es parte de un esquema que tiene que ver con revisiones y ajustes de precios de bienes y servicios, producción, empleos, inversiones, tasa cambiaria, tasa de interés, impuestos y gastos sociales. El gobierno ha asumido de manera centralizada y monopólica todos estos asuntos, restándole autonomía al Banco Central, y dejando a un lado a los actores sociales y laborales, a las instituciones académicas, y por tanto carga bajo su responsabilidad de los resultados que esta política viene generando.

Interesante destacar que en la prensa nacional la empresa transnacional Heinz publicó aviso (El Nacional, sábado 19-3-11, pag B3), informando la oferta que hacía al sindicato en el proceso de negociaciones colectivas que vienen adelantando, luego del vencimiento del convenio colectivo el pasado junio 2010. Lo llamativo de la información es la oferta empresarial de elevar los ingresos mensuales en un porcentaje de 127%, en un esquema de rotación de los tres turnos más los beneficios que se pagan regularmente y ya negociados. Esto lleva los niveles de ingresos mensuales de Bs 6.812 para los niveles de menores ingresos, y de Bs 7.308 a los obreros de la mayor categoría.

Hay que destacar que esta oferta empresarial, viene precedida de una huelga de cuatro semanas, y que si bien la reanudación de las actividades laborales, ocurrió aún sin la conclusión de las negociaciones, las autoridades pidieron a las partes llegar a un acuerdo. Importante destacar que se trata de una empresa productora de alimentos que en algunos de sus productos es líder nacional, por lo que el conflicto despertó desde temprano el interés gubernamental y de la ciudadanía.

Si este comportamiento gubernamental observado en las relaciones de trabajo del sector privado, y especialmente si son empresas transnacionales, fuera similar en los procesos de negociación salarial del sector público tendríamos un interesante resultado en materia de ingresos para los trabajadores.

En la perspectiva de una política de remuneraciones se evidencia que las negociaciones colectivas son un instrumento válido para dar solución en esta área. Por ello es oportuno llamar la atención el continuado deterioro y estancamiento experimentado por este mecanismo de las Relaciones de Trabajo. Entre 1976 y 1995, no hubo un año con menos de un mil convenios colectivos negociados y firmados, en cambio de 1999 en adelante, la firma y entrada en vigencia de convenios colectivos ha sido un proceso traumático y con resultados limitados, a tal punto que en el último año dado a conocer, el 2009, apenas se firmaron 360 convenios colectivos – Memoria del MPPTSS-. De paso, destacamos la opacidad y rezago de este despacho en proveer datos sobre esta materia.

En el sector público la norma es el atraso de la firma de los convenios colectivos, se nota que hay oposición gubernamental al compromiso con los trabajadores. La modesta cantidad de convenios negociados firmados que se observa en las estadísticas oficiales, se alimentan en una alta proporción de las relaciones de trabajo en el sector privado.

Finalmente, se observa en la remuneración de los factores entre capital y trabajo, resulta que ha favorecido al primero. En 1985 esta distribución era entre 38% al Trabajo y 62% al Capital. En el 2008, esta distribución fue del 31% al Trabajo y 69% al Capital, según lo vemos en la página web de Cepal, con datos provenientes de fuentes oficiales venezolanas. Para los trabajadores, y el Trabajo en general, no se ven los avances ni resultados. El déficit con ellos o la deuda social como se oye mencionar, sigue incrementándose, muy a pesar de los fabulosos ingresos que recibe el Estado venezolano por sus exportaciones petroleras.

Deuda Pública y Consecuencias Laborales

Endeudarse es conveniente para ampliar la capacidad productiva y la inversión que se realice permite pagar la deuda. Además el endeudamiento con un acreedor que te apoye tecnológicamente y facilite el mejoramiento productivo que luego permitirá pagar la deuda, es una ventaja para deudor y acreedor. Vale recordar que los países no tienen amigos, sino intereses. Famosa frase de Winston Churchill.

Endeudarse para gasto corriente, como nóminas y gastos de funcionamiento operacional, es un riesgo para deudor y acreedor. El primero porque no está mejorando la capacidad productiva; el segundo porque corre el riesgo de tener dificultades para cobrar. Hay las opciones de renegociaciones y reestructuraciones de deudas que plantean dos caminos, que el acreedor pierda algo de lo que pretendía cobrar, o que el país deudor se vea obligado a ajustes que lesionen a su propia sociedad.

En la segunda mitad de la década de los setenta, Venezuela experimentó un notable crecimiento del endeudamiento, al multiplicarse su deuda externa por cinco veces en el lapso de cinco años. No pasaron muchos años para que las consecuencias se hicieran sentir, como fue el viernes negro de 1983. Ahí empezó la devaluación de nuestro signo monetario. Pasamos del 4.30 de antes, a Bs 6 por dólar. La historia no ha terminado, ahora se tienen devaluaciones anuales. Contrasta con varios países latinoamericanos (Colombia, entre ellos), que han venido revaluando sus monedas frente al dólar. La deuda externa trajo consigo un extenso debate, ya que las consecuencias al final son pagadas por la población, lo que quiere decir en primer lugar los trabajadores.

Para encarar las consecuencias del pago de la deuda externa, los países experimentaron procesos de ajustes, en donde más se castigaba a los sectores populares. En algunos casos, programas de ajustes impuestos por los organismos multilaterales como el FMI o el Banco Mundial, pero también auto impuestos por las propias consideraciones de factores locales. Se congelaron remuneraciones, convenios colectivos y otras conquistas reivindicativas; además se perdieron empleos y capacidad productiva. Por ello la década del ochenta, fue llamada desde la perspectiva del progreso y avance socio económico como la década perdida.

Ubicándonos en los últimos años, tenemos que la deuda externa venezolana ha vuelto a colocarse en niveles que nos recuerdan lo señalado anteriormente. Por supuesto que ahora no es el FMI o el BM, quienes influyen en demandar y presionar estas exigencias para recuperar el dinero de la banca internacional. Ahora al margen de estos organismos multilaterales se imponen programas de ajustes subrepticios, al congelar conquistas laborales, vía salarios y convenios colectivos, así como congelar presupuestos de servicios fundamentales en educación, salud, seguridad, mantenimiento de infraestructura. La calidad de vida del venezolano se deteriora.

¿Quienes son los acreedores? Entre los más importantes son los propios trabajadores, especialmente los del sector público, con quienes se viene acumulado un importante monto de pasivos laborales, de beneficios no pagados, de congelamiento de salarios y de convenios colectivos. Pero también los trabajadores del sector privado son acreedores con quienes las políticas públicas acumulan deudas al no dar repuestas en compromisos legislativos constitucionales, destacándose en materia de seguridad social.

Entre los acreedores que tiene la República destacan igualmente las empresas a quienes se les expropiaron sus propiedades, aquí hay que distinguir en dos grandes categorías. Por un lado las extranjeras, a quienes en un porcentaje importante se les ha venido pagando, y por otro las de propiedad de nacionales, con quienes los procesos de pagos son más traumáticos y rezagados.

Digno de destacar son los acreedores a quienes se les viene pagando con productos primarios, materias primas. Se trata de petróleo, hierro y aluminio. Todos en manos de empresas estatales. El compromiso hipoteca el futuro del país. La producción de mañana viene comprometiéndose. Las generaciones futuras, nuestros hijos y nietos, nos prestaron este espacio y debemos regresárselos en mejores condiciones que como lo recibimos de las generaciones anteriores, y ello implica que lo que esté en el subsuelo no debiera estar atado a ningún país o interés económico extranjero, sino a nuestra administración para disfrute de las generaciones actuales y futuras.

Seguridad Social Insegura

La seguridad social es una conquista de la humanidad. Con ella se atienden los momentos difíciles de los trabajadores y su familia. No tener seguridad social es una situación de indigencia laboral. Estas reflexiones las replanteamos a propósito de escándalo en pleno desarrollo que afecta dos instituciones claves de la seguridad social, un fondo de pensiones y una caja de ahorros. Ambos pertenecientes a los trabajadores y ex trabajadores de la principal empresa de Venezuela, Pdvsa.

Los momentos difíciles, es decir atender las contingencias de corto plazo y proveer los beneficios de largo plazo, son los objetivos de estas instituciones de la seguridad social. Posiblemente este fondo de pensiones y esta caja de ahorros sean los de mayor tradición en el país, lo que resultaría lógico ateniéndose a la edad de la industria petrolera, al volumen de su fuerza de trabajo, y al desarrollo de sus relaciones de trabajo que le permitió acumular un patrimonio de conquistas laborales de trascendencia histórica en las relaciones de trabajo y en la seguridad social en Venezuela.

Leer que 540 millones de dólares de estas instituciones están en situación de riesgo es espeluznante. Un noventa por ciento perteneciente al fondo de pensiones y el resto –diez por ciento- a la caja de ahorros. La magnitud monumental del monto sólo es posible en el sector petrolero. Los afectados son miles de aportantes trabajadores y ex trabajadores, además de sus familiares. Un directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela –Eudis Girot- asoma 25.000 ex trabajadores y 105 mil trabajadores. Entre los primeros seguro hay una porción significativa de los despedidos en enero-febrero 2003, a propósito del paro petrolero de entonces. Ahora vemos que están en situación de victimas los que salieron y los quedaron, pero también los que ingresaron a posteriori, posiblemente ocupando los puestos de los despedidos, más el crecimiento exponencial de la nómina de esta empresa.

Hasta el momento hay una investigación y un detenido, pero ninguna tienen que ver con las autoridades venezolanas. Recién se emite una tibia declaración –Pdvsa-, admitiendo algo del asunto. Excesiva prudencia. Mientras, las únicas declaraciones de los afectados que reflejan inquietud vienen de los medios sindicales. Es un problema que interesa a toda la población venezolanas, porque se está poniendo en juego instituciones que forman parte del patrimonio de un colectivo laboral importante, aceptado y reconocido como referencia en las instituciones que hoy parecen ser asaltadas en un uso extremo de privatización y capitalismo salvaje. Las fallas en el asunto son muchas para pretender agotarlas en un breve artículo. Pero si es necesario adelantar algunas preocupaciones.

Una experiencia positiva

El dinero de los trabajadores debe ser administrado por sus propios dueños, y los criterios han de ser de tipo banquero tradicional – equilibrio entre el debe y el haber-. Vale recordar una experiencia referencial en la Universidad de Carabobo. En el presente año, el Instituto de Previsión de los Profesores, que es más bien una caja de ahorros con servicios ampliados, está celebrando sus cincuenta años de efectiva existencia. Sus más de seis mil afiliados dan cuenta favorablemente de haber recibido el apoyo del Instituto ¿ Como funciona? Con un equipo electo por sus propios afiliados, sin interferencia patronal, y un funcionariado especializado para las tareas administrativas. Recordamos que los profesores, votantes que bianualmente eligen el equipo directivo, han tenido un comportamiento electoral diverso a la hora de cumplir con su voto en las elecciones periódicas. Por un lado, la de autoridades rectorales y decanales, en donde privan las simpatías políticas, sean vinculadas con la política nacional y/o interna; la elección gremial, la de Asociación de Profesores – el sindicato-, en donde se opta por los “come candela”, dispuesto a batirse en todo terreno por las luchas reivindicativas, y finalmente la elección del equipo directivo del Instituto de Previsión, cuya escogencia descansa en escoger según la percepción ética y profesional, que brinden confianza en la administración equilibrada de los ahorros y sus destinos. En la última elección aparecieron algunos criterios adicionales en la escogencia del equipo directivo. Tiene que ver con que el ejecutivo nacional acumula una deuda de más de setenta millones con el Instituto de Previsión.

En el caso que nos llevó a elaborar la presente contribución, se observa la intervención patronal –Pdvsa- en la configuración de los equipos de conducción de las instituciones en peligro. No hay que dejar de señalar las posturas subordinadas que extienden a otras esferas, comportamientos de sumisión al patrono. Se pudiera creer que quienes manejan la empresa son garantía de gestión profesional y competente, y por tanto conviene contar con su asesoría e intervención en la conducción de los fondos de jubilación y las cajas de ahorros. Los resultados han dicho lo contrario.

ENTENDIENDO LA CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA LABORAL

En el ámbito de las Relaciones de Trabajo y particularmente en el de la Libertad Sindical, ha venido repercutiendo el tema de la criminalización de la protesta laboral. ¿A qué responde esta situación? es la pregunta para proponer algunos puntos de discusión.

Quienes sostienen que no hay presos políticos, indican que lo que hay más bien son políticos presos, y que ello responde a sentencias o procesos por la ejecución de delitos comunes. Observando el ámbito específico de los militantes sociales y laborales, los registros de Provea ya cuentan con cerca de dos mil quinientas personas, y en concreto en lo sindical alrededor de dos centenas. En estos casos lo dominante es la vinculación directa de la criminalización, con acciones de calle que acompañan inevitablemente la protesta social y laboral. Son la toma de calles y concentraciones, las formas de protesta más comunes, a tal punto que el 2010 representaron el 73% de todas las formas de protesta.

En el ámbito sindical el caso más notorio es el de Rubén González. Si bien liberado recientemente, luego de diez y siete meses de presidio, aún criminalizado y sujeto a restricciones de sus derechos y libertad. Es un proceso en desarrollo, sobre el cual se seguirán manifestando acciones que obligan a continuar evaluándolo.

Volviendo a la pregunta de inicio, lo primero que habría que destacar es el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad, por ello descansan en un sustrato militarizante. Identificar estas regulaciones y someterlas al análisis para destacar los elementos contenidos en ellas, que entran en conflicto con la libertad responsable y necesaria para el ejercicio de la protesta, es tarea del mayor interés en los ámbitos de análisis de las relaciones de trabajo.

Un segundo elemento que coadyuva a la criminalización es la dualidad de Estado Regulador y Estado Productor. No logra el Estado y menos el Gobierno deslindar una función de la otra. Su carácter regulador se ejerce de manera sesgada ante los privados que se vinculan con las entidades que el Estado dirige, empezando por sus subordinados laborales. Estatizaciones que colocan a los órganos de regulación y mediación en posición de ser parte en las querellas laborales. Patronos estatales empoderados y confiados de contar con el apoyo de los órganos estatales. Esto determina que el ejercicio de la acción sindical en sus aspectos más naturales, como es la vigilancia de los compromisos vigentes y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, se convierte en acciones temerarias que exponen a los dirigentes al acoso y sometimiento no sólo por parte del patronato estatal, sino por los órganos a quienes teóricamente tendría que acudir para solicitar intervenciones correctivas.

Las dos entidades públicas que han de estar prestas y a disposición de los ciudadanos para proveer los correctivos que pueda solicitar la acción sindical, como son la Administración del Trabajo y la Justicia en general, están en una situación limitada ante casos de querellantes del ámbito público. Decisiones administrativas y judiciales favorables a los querellantes y opuestas a los patronos estatales son excepcionales. Un tanto más natural son los comportamientos de estos ámbitos cuando los querellantes son del ámbito productivo privado. Habría que analizar más el asunto, por implicaciones y sesgos que también se observan.

En la generalización de la criminalización no todo el análisis apunta hacia lo público, también hacia lo privado conviene llamar la atención. Representa una enorme desventaja el emprendimiento de protestas en ausencia de elementos de coordinación en el ámbito sindical, y la preeminencia de pequeñas centrales, corrientes y organismos locales, que dificultan acciones de solidaridad y construcción de posiciones articuladas entre el propio movimiento y en la relación con otros sectores. Las acusaciones mutuas y las desconfianzas que levantan, favorecen al patrono estado.

Hay que agregar que la protesta no es sólo voluntad, ella demanda conocimientos, coordinaciones, articulaciones, recursos. En fin es todo una escuela que construye las fortalezas para su ejercicio. Sus carencias, como es lo dominante en nuestro caso, expone el ejercicio de la protesta social y laboral a mayores riesgos y sacrificios, dificultando las expectativas de logros.

Para terminar, otras entidades en el ámbito privado también son importantes en el análisis del presente problema. Las organizaciones no gubernamentales que hacen del ámbito socio laboral su foco de estudio y análisis. Su capacidad de orientación, recopilación y seguimiento, representan aportes esenciales para las organizaciones que están rezagadas organizacionalmente. La difusión de más allá del lugar de ocurrencia de la protesta o problema, al resto de la sociedad, con la debida responsabilidad es un aporte importante de los medios de comunicación masiva. Finalmente la acción internacional, sea por las propias centrales sindicales, ong´s, como por los organismos multilaterales con los cuales el país está vinculado, particularmente la OIT. En todos ellos la violación de lo laboral es importante.

REALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LOS ESTUDIOS DEL TRABAJO

Los Estudios del Trabajo refieren a una temática que abarca casi todas las disciplinas. Por tanto, los fenómenos que le ocupan son mejor abordados cuando se adoptan perspectivas que las trasciendan. Es cierto que algunas disciplinas son percibidas popularmente como las más vinculadas con este campo, pero en la medida que auscultamos el problema, se apreciará que el Trabajo cruza transversalmente toda la vida social, económica y política de las sociedades y las naciones. Lo que implica que sus diversas dimensiones no son capturadas por una determinada disciplina. Hay que privilegiar el fenómeno y reconocer su complejidad, para que nuestras contribuciones tengan un mayor sentido.

En primer lugar el elemento central del trabajo es la gente. Los que trabajan. La historia de la humanidad es la historia del trabajo. La necesidad de subsistencia lleva al ser humano a trabajar. Inmediatamente nos topamos con el hecho de que el trabajo además de proveer para la subsistencia de quién lo ejecuta, es creador de los productos y servicios necesarios para el funcionamiento y sustento de las familias y de la sociedad en general, es decir satisfacer las necesidades y producir la riqueza para mejorar las capacidades productivas.

Lo anterior nos lleva a asociar el trabajo con el bienestar y el poder. Es justamente por esto que alrededor del trabajo, se tejen y construyen los modelos de sociedad hacia donde se dirigen las formulaciones políticas e ideológicas. Ellas van desde aquellas que consideran que la riqueza viene y es explicada por el trabajo, hasta aquella que sostiene que es más bien por el mercado. En el medio, se observan múltiples propuestas y experiencias.

También desde hace décadas se observa un debate sobre “el fin del trabajo”. Que tiene una cara positiva, pero también negativas. Veamos la primera. Es la que sostiene que están dadas las condiciones para la expansión de las actividades no mercantiles, que permitan la realización personal en ámbitos y actividades voluntarias y de crecimiento personal; y que es posible asegurar a todas las personas de un ingreso de existencia, o de ciudadanía como también se les llama. Estos costos son financiados por los excedentes de una economía eficiente y productiva. Un poco más analizada esta explicación deriva del incremento de la producción por la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, aplicadas a la producción, que determina una menor demanda de fuerza de trabajo, y por tanto socialmente es necesario dar respuestas a quienes no consiguen cabida en el mercado laboral.

En un caso como el venezolano, que orienta recursos y asignaciones en el marco de políticas sociales a un grupo numerosos de personas sin vinculación laboral, y que por otra lado hay un incipiente debate para brindar pensión a todas las personas independientemente de cotizaciones y del tipo de trabajo que haya realizado en su vida laboral, son expresiones que guardan alguna semejanza con lo expuesto en el párrafo anterior. Hay que debatir los usos que se dan a los ingresos que administra el Estado, para que cumplir con nuevos compromisos, no signifique dejar de cumplir con otros compromisos laborales que vienen de atrás. Esto no es nada secundario, en un escenario de poca rendición de cuentas, y de ejercicio de responsalidades públicas a través de instituciones y regulaciones no construidas por la vía del consenso.

La cara negativa del “fin del Trabajo” es la situación de no acceder al mercado laboral, de salir de el y no poder reinsertarse, o de no haberse incorporado nunca a lo largo de la vida en edad laboral, los llamados ininsertables o inempleables. Para quienes las opciones iniciales son en una vision positiva acciones como el emprendimiento, pero un tanto menos entusiasta la informalidad sobrevivencial, y finalmente actividades que rayan en lo delincuencial e ilícito.

Pensamos y consideramos que estos debates están presentes en todo el orbe, si bien predominan en los ámbitos académicos, es importante asumirlos y llevarlos más allá, porque permite formularse preguntas e intentar respuestas, tomando en cuenta las realidades concretas de nuestra sociedad. Por supuesto, así como lo evidencia la literatura sobre los Estudios del Trabajo, no existen posturas únicas en los asuntos comprendidos en este amplio campo, la diversidad es una de sus características, lo importante es estudiarlas, comprenderlas, compararlas, e integrarlas a las diversas disciplinas que estudian lo social, económico y político, porque siempre estará presente el Trabajo.

DEFINICIONES EN LA CTV

La Confederación de Trabajadores de Venezuela –CTV- vive una situación interna que le plantea tener que tomar decisiones que definan su propia existencia y continuidad. Por ello es importante plantear algunos elementos vinculados con su origen y trayectoria, que parece conveniente recordar, para tenerlos presente en el proceso de discusión que viene ocurriendo en torno a su futuro. Además entendiendo que la discusión sobre el futuro de esta central no deja de tener importancia y repercusión más allá de ella misma. El análisis de una organización, cualquiera sea, pasa por mirar y profundizar sus errores y aciertos.

En primer lugar, recordemos que se trata de una historia que efectivamente nace hace setenta y cuatro años, diciembre de 1936, lo que demanda amplitud para su análisis. En el país no se tienen muchas organizaciones sociales de tal edad. Su nacimiento fue desde la oposición, no contó con respaldo ni la venia gubernamental, que mas bien era de postura abiertamente anti sindical. Por su parte, los partidos políticos de izquierda, aliados naturales de este proceso, vivían una etapa de construcción al igual que esta naciente Confederación Venezolana de Trabajadores –CVT, como se llamó al inicio. El nombre actual fue tomado en el II Congreso de 1947.

Un segundo elemento a recordar es que se trata de una fundación a partir de organizaciones de base, de primer grado. Noventa organizaciones, representadas por más de doscientos delegados, que respondían a ciento cincuenta mil afiliados. No estaba mal para un momento fundacional del sindicalismo en un país que contaba con tres millones trescientos mil habitantes.

Las posturas antisindicales del gobierno fueron más poderosas que la capacidad de desenvolvimiento de esta organización y a los pocos meses fue reprimida. Hay que destacar que no obstante la celebración de su congreso fundacional, esta organización no llegó a legalizarse, pero obviamente los datos aportados recogen su legitimidad.

Entre 1937 y 1946, la central se desenvolvió limitadamente en una primera etapa por las restricciones antisindicales del período lopecista, y luego en los años de la II Guerra Mundial – 1940 en adelante, período medinista- , medidas de emergencia tanto locales como internacionales influyeron para que el movimiento se desenvolviera con moderaciones en sus planteamientos y demandas.

Al fin su segundo congreso lo celebra en noviembre de 1947, once años después del primero. Para entonces, la central recibe apoyo gubernamental, y su fracción mayoritaria mantiene nexos directos con el partido gobernante. La situación sindical no era unitaria, fuerte pugnacidad entre las dos corrientes sindicales mayoritarias le dieron a este congreso la hegemonía de la fuerza política gobernante. Un año después, vuelve a experimentar un nueva etapa de restricciones, y luego de confrontaciones abiertas con el nuevo régimen es ilegalizada, sus fondos y sus bienes embargados y confiscados, expulsión y confinamiento de sus dirigentes. El grado de represión impuso hasta la necesidad de contar con permisos del Ministerio del Trabajo para realizar una Asamblea Sindical, las cuales eran vigiladas por policías y funcionarios de inspección. Se abre una etapa de clandestinidad, que duró hasta enero de 1958.

Importa destacar que en el lapso autoritario, el gobierno aprovecho luego de la represión para organizar su propio movimiento sindical. El órgano para tal fin era el Ministerio del Trabajo, promoviendo y favoreciendo la organización de los sindicatos independientes, agrupados en el Movimiento Obrero Sindical Independiente –Mosin-, dando lugar a la celebración del congreso fundacional de la Confederación Nacional de Trabajadores de Venezuela. Esta central murió con el régimen.

Al derrocamiento de la dictadura contribuyeron actividades de protesta sindical, sin embargo no se considera que fueron los factores determinantes, la erosión había hecho mella en sus estructuras. Por tanto, tocaba reiniciar una etapa de reconstrucción, lo cual empezó con intensas movilizaciones y acciones unitarias en 1958. Con el derrocamiento de la dictadura, el movimiento entra en una nueva etapa de activa movilización y crecimiento, pero persistiendo la división ya evidenciada desde la década del cuarenta.

La celebración del III congreso en 1959, muestra en estos primeros veinte años de la CTV su momento de mayor unidad entre las distintas fuerzas sindicales, fue un congreso refundacional y pluralista. Pero esta unidad duró poco. La división interna de Acción Democrática, cambió la correlación de fuerzas en el seno de la CTV, y la pugnacidad política no permitió la continuidad de esta experiencia unitaria.

Aún hay mucho que rememorar de la CTV, apenas se señalan algunos elementos de sus primeras dos décadas. Sirvan ellos para integrarlos al análisis que conduzca a considerar procesos de refundación del movimiento sindical. Hay quienes señalan que debe rescatarse la CTV, con nuevos valores, principios, conceptos y prácticas; por otro lado, también hay quienes consideran que la gestión de la central la ha hipotecado y ello obstaculiza su renacer.

LEGALIDAD, LEGITIMACION Y REFUNDACION DEL MOVIMIENTO DE LOS TRABAJADORES

La grave crisis que experimenta el movimiento de los trabajadores empieza a dar lugar a necesarias reflexiones que apuntan a procesos de legitimación, aunque deseable y necesario sería un proceso más profundo como el de una refundación. Conviene distinguir entre legitimación y legalización. Este último refiere a la tramitación burocrática requerida según las regulaciones establecidos en la institucionalidad vigente; en tanto la legitimación privilegia para las organizaciones de masas, el someterse al escrutinio e interpelación por parte de los representados en condiciones llanas y democráticas.

Nuestro sistema laboral se ha caracterizado más por lo legal que por lo legítimo. Por ello es frecuente observar organizaciones e instituciones legales pero no legítimas. Se llenaron los requisitos legales, o pareciera ser así, y cuentan con la venia del poder establecido o del establishment. Además este poder va creando instituciones, procedimientos discriminadores, que va divorciando la legalidad de la legitimidad.

En esta perspectiva véanse dos casos. Someter las elecciones sindicales al intervencionismo del CNE es legal, pero ilegitimo, un poder externo, construido y dirigido al margen de las organizaciones sindicales, determina la legalidad. Otro caso es la creación de los consejos de trabajadores, incluida en propuesta de reforma constitucional sometida a referéndum –dic. 2007-, la cual no fue aprobada. Además la legislatura que concluyó en diciembre del 2010, eludió el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, que suponía abordar estos consejos. Finalmente se incluyó esta figura por un atajo, en la Ley Orgánica del Poder Popular – art 8-. Otro caso de legalidad pero sin legitimidad, aún más notorio al asumirlo una Asamblea Nacional de salida y de composición política diferente al país del momento, otorgándole incluso el carácter de ley orgánica, un tema no debatido con los actores directamente vinculados como son las organizaciones de los trabajadores, y que les crea otra subordinación burocrática al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana.

La refundación implica renacer, por tanto una profunda revisión que se traduce en nuevos conceptos, valores y prácticas que han de estar presente en su devenir futuro. Recoger lo mejor de su pasado, desechar aquello que le ha subordinado a los gobiernos, a patronos y partidos políticos, restándole autonomía y un perfil propio, perdiendo influencia en diversos segmentos laborales, que son su base natural y propia. Reconocer los cambios acaecidos en la composición de la fuerza de trabajo, en las formas y maneras de organización de las actividades productivas, en las alianzas necesarias y construir un perfil político propio.

El actual período 1999-2011 ha sido difícil para el movimiento sindical. Un proceso de transición en donde se ha venido instalando una nueva institucionalidad que desconfía del movimiento sindical, y que dirige sus preferencias al fomento y estimulo de organizaciones basadas en el territorio y las comunidades, y no en función del trabajo y la producción. Determinando inevitablemente, que el poder establecido fomenta políticas que empoderan a otros actores sociales y políticos, contribuyendo a la fragmentación de los sectores trabajadores.

Por otro lado desde la oposición, el liderazgo sindical puso en práctica estrategias en donde salió derrotado, por reproducir estilos que venían desde un prolongado período caracterizado por la subordinación a partidos políticos, por la vía de dirigentes con prácticas predominantemente burocráticas, que hacían depender el ejercicio sindical de la tutela estatal.

El problema que se hereda de estas situaciones, es que el movimiento de los trabajadores ha quedado en situación de orfandad ante los enormes desafíos que se le presentan. En los temas centrales de la acción sindical el balance es negativo, sea en salarios, empleos, convenios colectivos, derechos humanos, y ahora un fenómeno extremo de violencia laboral.

En este panorama se aprecian propuestas que ojalá fueran al menos de legitimación, como el nuevo anuncio de la Fuerza Bolivariana Socialista de Trabajadores (proyecto de central oficialista), de llevar a cabo congreso fundacional, invocando a la UNT, que finalmente no lo pudo concretar, a pesar de varios esfuerzos por organizar su congreso constitutivo. Devino en una organización legal pero no legitima.

Por otro lado, la CTV anuncia proceso para ir a elecciones ¿legalidad o legitimación? Se verá. Otras organizaciones y corrientes sindicales, también han empezado a aglutinarse en el Movimiento de Solidaridad Laboral y el Frente por la Defensa del Empleo, del Salario y del Sindicato. Recién hicieron su primera marcha dirigida a mostrar consignas y propósitos. La legitimidad será una de sus metas.

Evidentemente hay nuevas realidades para quienes tienen una trayectoria de activismo en este campo, y por supuesto para quienes emergen en esta coyuntura. La redefinición de cuales prioridades ha de establecerse, de las adecuaciones estructurales que necesita el movimiento para adaptarse a las nuevas realidades en que le toca actuar, son tareas y discusiones necesarias. Esto demanda un intenso trabajo de Educación Política, dado el hecho de la despolitización de muchos años, y luego la subordinación a un proyecto que no otorga relevancia al movimiento de los trabajadores.