Informe nacional sobre condiciones laborales de los trabajadores de la salud, adscritos al sistema público de salud en Venezuela para septiembre de 2021

Introducción

El presente informe es el resultado de encuestar las condiciones de trabajo en el sistema público de salud. Lo fundamenta la información recogida en 60 centros de salud del país, entre los días 01 y 10 de septiembre.

Este trabajo es un esfuerzo complejo por la misma naturaleza en las cuales se realizan las encuestas, que no tienen aval ni apoyo de los entes que dirigen la salud pública. Son acercamientos desde las propias organizaciones gremiales de los trabajadores, comprometidas con la representación y defensa de afiliados, pacientes y usuarios, y todos aquellos interesados en su protección en los espacios productivos de los trabajadores sanitarios, que se han reconocido como los más expuestos de riesgos de enfermedades, que en el caso de Covid-19 alcanzan a que hayan fallecidos 747 trabajadores del sector salud a la fecha de este informe, que representan más del 18% del total reportado en las cifras oficiales, como lo registra con datos de nombre, apellido, lugar, la organización no gubernamental Médicos por Venezuela, presente en todo el país.

La estructura del informe es: a) Datos de identificación del centro b) Jornada laboral y suficiencia de personal c) Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas y d) Riesgos laborales. Luego de expuesto y considerado cada sección, se presentan un conjunto de consideraciones finales y recomendaciones para cerrar el informe y asumir el próximo

A. Datos de identificación del centro 

1.- Se obtuvo información de 60 centros de salud, ubicados en 35 municipios, ubicados en 12 Estados y el Distrito Capital. Dada su densidad poblacional y número de centros de salud en su territorio, la mayor cantidad de las instituciones monitoreadas (25%) se concentraron en este último.

2.- La mayoría de los centros de salud que proporcionaron información para este reporte son Hospitales tipo III y IV. En ellos se concentró el 58% de las respuestas recibidas. 

B. Jornada Laboral y suficiencia de personal

1.- La asistencia del personal a los centros de salud es incompleta. Lo que se traduce en la sobrecarga del personal que logra asistir dado que la demanda social de atención no disminuye, al contrario, con la pandemia se ha incrementado. En algunas áreas se han presentado casos en los que no hay personal.

Todas las áreas reportan déficit estructural de personal. Este alcanza el 85% de los centros encuestados. Es una consecuencia de la emigración que ha venido ocurriendo y acentuada en los últimos siete años, en donde el factor salarios que no alcancen siquiera para la alimentación, la inseguridad, la incertidumbre en el futuro, el ambiente político no democrático, hace que los trabajadores abandonen empleos fijos del área de la salud a buscar otras alternativas en países latinoamericanos, y lo hacen con todos los riesgos de la incertidumbre y del peligro. 

Otros trabajadores, se quedan en el país y optan por dedicarse a  otras actividades que les permita mejorar sus ingresos o migrar hacia los centros de salud en el sector privado, en los cuales se remunera mejor que en el sector público al personal. .

3.- Las dificultades que viven los trabajadores para asistir a sus centros de trabajo, junto a un conjunto complejo de carencias que precarizan el ambiente de trabajo, y por supuesto al ejercicio de las profesiones que ahí se requieren; producen la desprofesionalizan de la atención en los centros de salud, cuya especificidad exige a los trabajadores el manejo de competencias para realizar su labor. Ante la ausencia del personal médico y de enfermería:

4.- La insuficiencia de personal se expresa por áreas y por turno también, En todos los casos es superior al 50%, siendo, especialmente crítico, el turno de la Noche, los Domingos y Días Feriados. El turno de la mañana es la jornada con mayor presencia de personal.

La ausencia de personal genera una sobrecarga física, mental y emocional sobre los que aún permanecen trabajando. Se trata de trabajadores que se encuentran en primera línea altamente expuestos y en permanente situación de estrés frente a situaciones excepcionales en las que se involucra el derecho a la vida. 

La sobrecarga de trabajo debe ser atendida, porque ella es muy frecuente y suele naturalizarse en espacios de trabajo altamente vinculado a tareas humanitarias y altruistas:

5.- Al déficit estructural de personal, en medio de la pandemia derivada de la Covid-19, se han agregado otros factores más recientes que obstaculizan la asistencia completa y regular de los trabajadores de la salud a sus centros de trabajo. Entre estos están: Las limitaciones de transporte público y la falta de efectivo, los cuales son identificadas por el 77% de los trabajadores como las principales causas que limitan la asistencia del personal los centros de salud: 

Los problemas del transporte público y la falta de efectivo son problemas que se han agravado con la pandemia, su solución depende de políticas públicas eficientes, es decir, superarlos es responsabilidad del Estado venezolano, en consecuencia, es él quien niega el derecho al trabajo de los que no pueden llegar a sus lugares de trabajo y por tratarse de centros asistenciales, también hace lo propio con el derecho a la salud de los que acuden a ellos en búsqueda de atención.

6.- El principal medio de transporte de los trabajadores es el transporte público y a pie. Un porcentaje muy pequeño (5%) lo hace en vehículo propio de cualquier tipo y tan sólo el 15% cuenta con transporte suministrado por la institución: 

El elevado porcentaje de trabajadores (80%) que se trasladan a sus lugares de trabajo en transporte público (58%) o pie (22%) da cuenta, de un lado, que además de los riegos a contagio que viven diariamente en sus los centros en que laboran, se adiciona los de trasladarse diariamente en la red pública de transporte, identificada como un lugar de alto riesgo en medio de la pandemia. El transporte suministrado por los centros de salud a sus trabajadores forma parte de las medidas excepcionales que los Estados deben asumir en medio de la pandemia para proteger a los trabajadores sanitarios y a la población en general.

Al habitual desgaste físico y mental que sufren los trabajadores del sector salud derivado del déficit de personal, equipos e insumos, así como, el crecimiento de la demanda de atención como consecuencia de la pandemia, hay que adicionar que casi un ¼ de ellos se traslada a pie a sus centros de trabajo, lo que representa un esfuerzo adicional. Estas condiciones atentan contra la salud de los trabajadores, dado que disminuye su tiempo de descanso y recreación.  

Tan sólo en el 15% de los centros encuestados se reporta que su personal cuenta con transporte suministrado por la institución, una medida que beneficia a los trabajadores y, además, aporta en la dirección de salvaguardar su derecho a la salud. La OIT recomienda que se diseñen planes, en medio de la pandemia,  con los representantes de los trabajadores, en los que se garantice el suministro de material médico y medicamentos, equipos de protección personal (EPP) y los medios de transporte del personal    

C. Verificación de beneficios establecidos en las convenciones colectivas

1. Los trabajadores del sistema público de salud son sometidos a condiciones de trabajo precario, con salarios insuficientes, sin seguridad laboral ni incentivos laborales importantes:

La mitad de los trabajadores no recibe incentivos laborales de ningún tipo. El resto, en proporciones muy pequeñas en relación con el total de centros de salud encuestados percibe alimentos (15%), permisos (10%) o aportes monetarios (12%). Una realidad que explica el déficit estructural y coyuntural del personal que labora en los centros de salud del país, pues lo dominante es la ausencia de incentivos y allí donde los hay es poco relevante para considerarse una política nacional de gran impacto.

2. La pandemia es una situación excepcional que ha puesto en tensión a la humanidad. En ese contexto, es recurrente ver diversos Estados, impulsados por organismos internacionales y la acciones de la sociedad civil, instrumentar medidas especiales de incentivo al personal sanitario que encara en primera línea la atención de los contagios en sus localidades. Esta realidad especial demanda medidas especiales que incentiven a los mas expuestos, en este caso el personal sanitario, a mantenerse en sus tareas.

Casi dos tercios del personal de los centros de salud del país que labora en primera línea de la Covid-19 no perciben incentivos adicionales. Además de las garantías de seguridad y salud en el trabajo para el personal sanitario, resulta necesario incentivos extras que estimulen favorablemente al trabajador, en especial, en Venezuela en el que los trabajadores del sector público, incluido el sanitario, antes de la pandemia ya sufren las consecuencias de un trabajo precario y viven una Emergencia Humanitaria Compleja. 

Para propiciar incentivos adicionales efectivos, es necesario el diálogo social. Estos deben ser el resultado de acuerdos entre los trabajadores de la salud y las autoridades sanitarias. Sin embargo, la política laboral del Estado venezolano contraria al diálogo social durante la pandemia no ha variado, pese a las recomendaciones de la Comisión de Encuestas de la OIT. De hecho en el primer trimestre del 2021 firmó, excluyendo a las organizaciones sindicales autónomas del sector salud, la denominada “Acta de la Mesa Técnica de Negociación” cuyo contenido no es interpretado como un incentivo para los trabajadores. 

3. ¿Cuáles incentivos? Es la pregunta 3.3

4. El 83% de los centros encuestados manifiesta que Estado venezolano incumple sus obligaciones contractuales con los trabajadores del sector salud. Tan solo el 17% no identifico incumplimiento.

En algunos centros (58%) son varios los incumplimientos y/o deudas pendientes con los trabajadores. Esto es que, al tiempo que, por ejemplo, el empleador no dota a los trabajadores de uniformes, les incumple con lo establecido para descansos y permisos:

Los centros en que los encuestados identificaron incumplimientos contractuales y/o deudas pendientes, señalaron que la violación de compromisos laborales por parte del empleador son, mayoritariamente, la dotación de uniformes (42%) y lo relativo a los permisos y descansos del personal (38%). Luego, estarían en proporciones similares, entre sí, la asignación de vacaciones (28%) y el bono nocturno (26%).  

D. Riesgos laborales 

1. En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores no cuentan con agua potable para beber, que lo señalan los convenios colectivos:

Los trabajadores sanitarios son sometidos a intensas jornadas de trabajo en las cuales muchas veces un trabajador cumple la funciones de varios; en climas calurosos y bajo constante desgaste físico y mental sin contar si quiera con condiciones para permanecer hidratado durante su jornada de trabajo. 

2. Contrariamente a lo indicado por la OIT y la OMS, dos tercios (67%) de los centros encuestados reportan que los trabajadores no han recibido capacitación sobre medidas de protección:

Una realidad que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores, en especial en un contexto de pandemia. La capacitación debe ser una política institucional permanente, especialmente, ante situaciones extraordinarias como la actual que es dinámica y cambiante. La capacitación protege el derecho fundamental a la vida y es clave para mantener ambientes de trabajo seguro y saludable. La responsabilidad de brindarla institucionalmente es de las autoridades sanitarias del país y de cada centro de salud.

2. En los centros de salud del país se incumple con lo establecido en la resolución 090 la Gaceta Oficial 41.891 MPPS normativa sanitaria de responsabilidad social ante la pandemia Covid-19; que estableció cuarentena al personal con condiciones de: mayor a 65 años, enfermedades inmunes, cardiópatas, HTA, diabéticos, respiratorios crónicos:

Como se observa en el gráfico tan sólo la mitad de los centros de salud encuestados cumple con el aislamiento del personal mayor de 65 años, un porcentaje bajo dado su nivel de vulnerabilidad en medio de la pandemia. El resto no considera los riesgos de laborar en tal situación con enfermedades preexistentes y un tercio de ellos (32%) no aísla a su personal con fines preventivos, tal como lo establece la resolución 090 del MPPS. 

3. Paradójicamente dada su misión, los centros de salud del país, mayoritariamente, no son lugares de trabajo seguro y saludable: 

El personal del 87% de los centros encuestados no cuenta con la supervisión y procedimientos regulares orientados brindar seguridad laboral y prevención de enfermedades. 

4. El personal más expuesto al contagio en medio de la pandemia es el sanitario. Es él quien la enfrenta en primera línea en sus trabajos. Por lo que debe haber máximo cuido a las medidas de prevención para evitar que él y por añadidura, su familia se enfermen, así como, si esto ocurre, se le debe garantizar en forma oportuna las pruebas diagnósticas Covid-19. Sin embargo, esto no ocurre así:

En el 82% de los centros encuestados no se garantizan las pruebas diagnósticas para Covid-19, es decir, al personal más expuesto en medio de la pandemia, el Estado venezolano no le garantiza las pruebas que permiten, en primer lugar, el tratamiento temprano y eficaz y en segundo momento, el aislamiento preventivo que demanda este tipo enfermedades de tipo viral.

4. En los centros de salud encuestados predomina las limitaciones a la libertad sindical y es constante el abuso de autoridad contra quienes reclaman sus derechos. Se examinó sobre nueve formas de acoso o abuso laboral y ocho de ellas fueron reportados como prácticas presentes en la mayoría de los lugares de trabajo.

La formas de acoso o abuso de autoridad sobre las cuales se indagó fueron: a) Amenazas de despido b) Evaluaciones manipuladas por el patrono c) ascensos no son por méritos d) campañas anti sindicales e) Trabas para presentar una queja ante los jefes f) Acosos o sugerencias sexuales, por parte de jefes u otros g) repercusiones para quienes asisten a actos o protestas h) Personas que malponen a los trabajadores i) Otra situación de acoso u hostigamiento.

De todas estas malas prácticas de gestión del personal, contrarias  a la dignidad humana, a la libertad sindical, el derecho a asociación y la protesta, entre otros. La única que no alcanza la mayoría fue “acosos o sugerencias sexuales por parte de jefes u otros”, la cual fue identificada en un 5% del total de centros encuestados.  La que alcanzó una presencia mayor fue “amenazas de despido”, una constante en 82% de los centros que conforman este reporte.

En el 82% de los centros encuestados, los trabajadores sufren amenazas de despido, dicho de otro modo, no solo están en empleos insuficientemente remunerados, inseguros y pocos saludables, sino también inestables, en los cuales deben laborar bajo el asedió constante.

Predomina un patrón que niega derechos individuales y colectivos de los trabajadores:

Individuales:

El 57% reporta que las evaluaciones son manipuladas por el patrón. En coherencia con esa realidad, el 53% indica que los ascensos no son por méritos. La gestión de personal se percibe, mayoritariamente, como negativa, dado que el 63% señala que existen trabas para presentar una queja ante los jefes.

Colectivos

La acción sindical se desarrolla, mayoritariamente, en un ambiente hostil que orienta a limitar la libertad sindical. Casi dos tercios (65%) de los centros encuestados señalan la existencia de campañas antisindicales.

Esta práctica contra las organizaciones que representan los intereses de los trabajadores, se expresa en las restricciones al derecho a la protesta. Se limita la exigibilidad de sus derechos por parte de los trabajadores, cuando en el (75%) de los centros encuestados se reportan repercusiones para quienes  asisten a actos o protestas, las cuales en los centros de trabajo, resulta lógico pensar que, en forma predominante, son convocadas por las organizaciones que representan a los trabajadores.

VENEZUELA, DIALOGO Y NEGOCIACIONES. ¿Qué es entonces lo que lleva al gobierno a dialogar y negociar?

 

 Un nuevo ciclo de diálogos y negociaciones se formalizó este 13 de Agosto. Sería el cuarto en lo que va del siglo XXI entre el régimen bolivariano y la oposición, los dos últimos en el período de Maduro hace hace dos años el más reciente, pero ambos sin mayores resultados, al menos para resolver la crisis política y económica del país; la que ni siquiera se ha aminorado. Lo más optimista que puede afirmarse, es que en el contexto de este nuevo intento predomina un estancamiento.  

  ¿Estancamiento para quién? Para una efectiva normalización política y económica del país. Tanto las instituciones necesarias para la gobernabilidad no logran sus propósitos, como que el desempeño económico no puede estar peor, con un octavo año de disminución constante de todos los indicadores, sean del PIB, como de aquellos referidos directamente a las personas, digamos sus niveles de ingresos y de calidad de vida. 

 Entre los analistas de estos procesos de diálogos y negociaciones, hay un predominio de la perspectiva que considera que en esta ocasión, hay elementos que llevan al gobierno a responder con una mayor atención a estos procesos. Y no es por la presión opositora en el formato de presiones abiertas de la población reclamando salidas a la crisis, que sí las hubo en años anteriores, las más recientes en 2014 y 2017, con masivas marchas y concentraciones de personas protestando.

¿Qué es entonces lo que lleva al gobierno a dialogar y negociar? La pregunta desde esta perspectiva tiene más sentido que hacerlo desde el lado de la oposición, ya desde su contundente triunfo en las elecciones parlamentarias del 2015, ha sido objeto de una acentuada represión por lo que unos cuantos de sus diputados en el mismo quinquenio de su gobierno parlamentario (2016-2020), fueron detenidos y otros para evitarlo, tuvieron que tomar el camino del exilio. Aparte de la elección irrita de una Asamblea Nacional Constituyente, que sustituyó al parlamento de mayoría opositora anulando su gestión. 

  Lo anterior fue respondido por la oposición con la figura de una presidencia interina, Juan Guaidó, que en su mejor momento logró el reconocimiento de sesenta países entre europeos y latinoamericanos. Hoy quedan pocos gobiernos manteniendo este reconocimiento, pero el cuestionamiento que esto significo para el gobierno de N Maduro no ha dejado de seguir presente, por la continuada violación de derechos al ejercicio democrático en el país, al extremo que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, ha dado lugar a Informes que no han podido ser rebatidos por el gobierno. Consecuentemente, se han producido por parte de víctimas de abusos y violaciones de lesa humanidad, de inicios de procedimientos ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya que han sido admitidos. 

  En materia laboral también la Organización Internacional del Trabajo, produjo el Informe de la Comisión de Encuesta, publicado en septiembre de 2019, sin respuestas a los cuestionamientos destacados en su contenido. 

  A lo anterior se suma que desde el gobierno de los EEUU y de otros países cercanos a su política exterior, se han venido aprobando sanciones, que fueron en sus inicios a altos personeros del régimen, a partir del 2008, como la suspensión de visas y el examen de sus activos en su territorio, que han dado lugar a medidas preventivas. Pero que a partir del 2019, las sanciones se extendieron a la empresa estatal petrolero -Pdvsa-, que le ha afectado sus operaciones productivas y financieras en los EEUU y el mercadeo de sus productos en sus zonas de influencia. Por supuesto que la estatal petrolera venezolana, ha encontrado nuevos aliados para continuar sus operaciones en el exterior, aunque ha disminuido tanto su producción, que es un declive estructural de sus operaciones, que ha determinado que solo juega un papel marginal en el negocio petrolero, incluso en el nivel regional. 

  Por tanto el gobierno venezolano, requiere mostrar una fechada con cierto nivel de respeto a la democracia que alivie las presiones internacionales, y que en lo económico pueda conseguir posibilidades para que inversores se decidan a tener presente a Venezuela, con las debidas garantías no solo como país receptor, sino de órganos multilaterales y financieros que han coincidido con los EEUU en las sanciones económicas. 

   El accionar de las organizaciones que están representadas en nombre de la oposición, ha dado debida atención a las relaciones con sus aliados en el exterior. En ello juega su papel, el que la diáspora venezolana ha crecido en estos últimos años a un ritmo acelerado que hoy ya pasa de seis millones de venezolanos, tanto como países en guerra. 

 La familias residentes en Venezuela, aún no perciben que este dialogo y negociaciones les traiga pronto favorables efectos para mitigar sus penurias, que son extremas. 

https://www.elpaisdigital.com.ar/contenido/venezuela-dilogo-y-negociaciones/32560

¿Quién responde por las consecuencias del Covid-19, que sufre la población del país? ¿Podemos hacerlo mejor?

 Preguntas propias de la situación que experimenta la población. Proponemos algunos comentarios al respecto, se quiere que aporten a la reflexión del problema, entre gobierno, trabajadores y representantes de empresas. 

 El abordaje de estas preguntas ha de tomar en cuenta el carácter de pandemia que representa el Covid-19, y que ha dado lugar a situaciones extraordinarias en el establecimiento de medidas de emergencia, que han de seguirse en el conjunto en la sociedad. La pandemia favorece más centralización, en una situación que ya lo era en extremo. Aún reconociéndolo, no se deja a un lado el señalar cuan necesario es que dichas medidas a determinar, resulten de la participación de las entidades idóneas tanto del gobierno, como de otras instancias de la sociedad que dispongan de competencias para sumar en el propósito de tomar las medidas adecuadas. 

 El Covid-19 expone en primer lugar a ser contagiado y sufrir sus consecuencias, a aquellos que trabajan en el sector de la salud pública y privada, a donde acuden los contagiados, o que experimentan sus síntomas. Prioridad también tienen los que laboran en el sector de cuidados de personas. Distinguiendo en todos los casos que existen áreas de mayor exposición que en otras, hasta incluso habrán algunas funciones distantes de mayores riesgos. En fin, se trata de un asunto a dilucidar por medio de análisis e inspecciones regulares que han de hacerse en estos servicios.

 Para el resto de las actividades laborales, ya el hecho de la pandemia eleva los riesgos de la población. Es lo que ha dado lugar al incremento exponencial del trabajo en el hogar o a distancia, partiendo del hecho que los cuidados empiezan en el mismo hogar, que disponen de los servicios y facilidades para la prevención. Se destaca que no todos las actividades laborales son susceptibles del teletrabajo, en estudios para determinar su alcance se llega en los más altos porcentajes a un cuarto de la fuerza de trabajo operando en sus hogares. 

  Capítulo directamente ligado al funcionamiento laboral, es lo relativo a los traslados los trabajadores de ida y vuelta del hogar al centro de trabajo. No se cuenta con la calidad de servicio de transporte público como para que este medio deje de ser uno de los factores de mayor riesgo dada la aglomeración en las paradas, dentro de las unidades que se llenan en las horas pico, van pasajeros hasta colgados de las puertas con parte del cuerpo fuera de la unidad de transporte, reflejo de la insuficiencia de unidades, de ausencia de los protocolos de protección, y todo ellos con inexistencia de supervisión. El déficit no lo llenan los servicios de Metro en las pocas ciudades que lo tienen (Caracas, Maracaibo y Valencia), que solo funcionan en contadas rutas.

 Igual ha de mencionarse que las precariedades de servicios públicos que afectan suministros esenciales, como alimentación, agua, electricidad, gas, combustibles, seguridad, entre los más directamente relacionados con la población en situación de pobreza, que en este momento está por encima del 90% -Encovi encuestas de 2020-. Y aquí estamos refiriéndonos a la población trabajadora del país.  

 Visto lo anterior, el Covid-19 encuentra al país con las defensas bajas. Y no se trata solo de los servicios públicos, prestados por los entes gubernamentales sino de los propios hogares con menguados recursos para encarar las exigencias de la prevención y la curación del Covid-19.   

 Un alto porcentaje de las víctimas del Covid-19 ocurren porque no se dispone de los medios para curarse. Es creciente la cifra de cuántos beneficiarios de atención médica como políticas de las empresas, como compromisos incluidos en los convenios colectivos, que hoy están desasistidos empezando porque gran cantidad de centros de trabajo dejaron de producir, sólo existen las sedes con las puertas cerradas, porque esos acuerdos son letra muerta, o porque se han excluido, en el marco de políticas laborales de desmontaje del patrimonio que se había acumulado en las relaciones laborales venezolanas. 

 Ciertamente el país ha entrado en una recesión prolongada, pero demasiado tiempo en  un permanente disminuir de conquistas unas tras otras, hasta llegar a un estado de no tener nada para compensar la situación de una vida digna, pasando buena parte de los trabajadores a un estado de indigencia laboral, inexcusable e inadmisible que esto esté ocurriendo para quienes aportaron sus energías y capacidades a la construcción de patrimonios hoy dilapidados por gestiones irresponsables, con la que la indiferencia determina finalmente complicidades. 

 Es necesario replantearse en esta etapa de la pandemia, su  manejo en la definición de políticas, que empiecen por la inclusión de actores fundamentales en los acuerdos necesarios de las mejores capacidades nacionales y las que se puedan agregar de organismos especializados internacionales, para hablarle con mayor transparencia al país y contar con un plan de seguimiento que genere confianza y tengan sentido los sacrificios que ya se han venido haciendo. 

DESINDUSTRIALIZACIÓN Y RELACIONES DE TRABAJO

DESINDUSTRIALIZACIÓN  Y RELACIONES DE TRABAJO 

POLITICAS PARA DESINDUSTRIALIZAR: EFECTOS Y REACCIONES DE LOS ACTORES SOCIO LABORALES

RESUMEN 

Si tiene interés en el informe completo, escribe a nuestro correo. 

HÉCTOR LUCENA

Universidad de Carabobo 

hector.lucena@gmail.com

VALENCIA, JUNIO 2020

Resumen: 

Resultados de una investigación efectuada a lo largo de los últimos meses del 2019 y primer cuatrimestre del años 2020, sobre el sector industrial en el Estado Carabobo, tiene como objeto presentar elementos de la situación de la industria manufacturera, que evidencian las dificultades del sector para mantener activas sus operaciones, así como las opciones observados tanto en el comportamiento de la  gerencia y de los sindicatos, sean unilaterales o en el marco de las relaciones de trabajo, por negociadas y acordadas, para tratar de mantener sus operaciones. En la misma se hace referencias a las políticas públicas que tuvieron un impacto en los centros productivos y sus actores. Se realizaron encuestas y entrevistas en el Estado Carabobo a gerentes de empresas y dirigentes sindicales, de distintos sectores de la industria, aunado a la revisión de documentos de los sectores analizados y de seguimiento sistemático del funcionamiento laboral en el marco de conducción de proyectos de investigación y de formación en relaciones de trabajo a actores laborales del sector.

  El informe final comprende una introducción que razona lo que se quiere estudiar y cómo se llevará a cabo. Luego los capítulos 1 y 2, refiere brevemente a los antecedentes de la industria tanto en Venezuela como en el Estado Carabobo. En el capítulo 3 nos ocupamos de uno de los temas centrales de la investigación, la desindustrialización, ofreciendo una visión de su profundidad en las consecuencias. En el 4, las relaciones de trabajo, el otro tema central del proyecto, se ofrece una caracterización de su funcionamiento en el país y en particular en la industria.

  El capítulo 5, aborda las dificultades para el funcionamiento productivo, lo que lleva a considerar factores de políticas públicas que dificultan tanto el funcionamiento productivo como el laboral. Las respuestas de gerentes de las empresas a lo anterior son desarrolladas en el capítulo 6, tanto en el impacto en el funcionamiento general de la industria, como de la actividad productiva de un determinado grupo de empresas del Estado Carabobo, algunas con actividades fabriles en otros estados, pero todas con una producción destinada al mercado nacional, y casi todas en sus momentos de normalidad productiva con exportaciones en el ámbito regional latinoamericano y del caribe. El otro componente de este capítulo es cómo las empresas han respondido a las exigencias de conducir sus relaciones de trabajo dentro de estas circunstancias. 

  Con la misma intención anterior se analiza en el siguiente capítulo -7-, es decir los impactos que reciben las empresas y cómo afectan el funcionamiento de las relaciones con los sindicatos, y ante tal situación ¿qué hacen estos, cómo responden? y una aproximación a los efectos. Se entiende que las políticas laborales gubernamentales han afectado a todo el sistema productivo, con consecuencias que repercutieron en el ámbito sindical, pero no para su fortalecimiento sino más bien para su fragmentación, con la inobservancia de los conceptos fundamentales de libertad sindical y de las negociaciones colectivas - Convenios OIT 87 y 98-, que habían alcanzado vigencia y reconocimiento en las relaciones de los actores participantes en el modelo laboral venezolano. 

 Finalmente las conclusiones, que las hemos clasificado en tres ámbitos:  

 - En productivo nacional.

 - En el laboral.

 - En las Relaciones de Trabajo.

   Las conclusiones son resultantes de la tarea de investigación llevada a cabo, consciente que hemos abordado temas y problemas que están en plena ebullición, y que inevitablemente agregan la visión que tenemos de lo productivo y lo laboral en este sector para la sociedad que deseamos.

  El proyecto contó con la cooperación de empresas y sindicatos, con quiénes se han realizado eventos para la presentación de los resultados, y en el equipo de trabajo participaron de la UCV J Ritcher, K Stephany, y de la UC, D Alvarado y D García.

1- Antecedentes. La industria venezolana es joven comparativamente con otros países de América Latina. En un corto lapso logró avances significativos que la llevaron a hacer una contribución de hasta el 20% del PIB, eso en un país que fue la 4ta economía de la región durante casi toda la mitad del pasado siglo XX, y hoy a duras penas su economía es la décimo tercera, y su PIB per capita en América Latina y el Caribe solo supera a Haiti y Nicaragua, esa debacle global de toda su estructura productiva no deja indemne a ninguna actividad productiva. Por tanto, el sector industrial en el 2020 apenas produce un 15-20% de lo que producía hace pocos años, según señalan nuestras entrevistados y otras fuentes acreditadas, como son los propios organismos gremiales del sector. 

  Esta debacle nos lleva a prestar atención al sector industrial una visión global de sus dificultades, qué factores llevaron a tan bajo nivel productivo y luego centrarse en el modelo laboral que sostuvo, y que le permitió tener un desempeño razonable hasta hace ocho - diez años. 

Las preguntas que promueven esta 1era parte, incluyen: 

• ¿Cuál fue el modelo de desarrollo y en su seno cuál de industrialización?
• ¿Cuál fue el nivel de desarrollo de la industria en Venezuela? 
• ¿Cuáles fueron sus principales contribuciones al país? 
• ¿Cuáles ramas se desarrollaron más? Por qué?

2-  Período de análisis 2013-2020. Los años que transcurren a partir del 2013 han mostrado un deterioro del sector productivo industrial, como no se conoce en otros momentos de su historia. Se destruyen seis décadas de construcción del tejido industrial del Estado Carabobo. En este reciente sexenio ocurrió el desenlace de dificultades que venían gestándose en lo que va del siglo XXI. Para algunas ramas y empresas los efectos han sido devastadores, como ensamblaje y partes automotrices, metal-mecánico, cauchero, farmacéutico, calzado, construcción. Otros se mantienen con disminución acentuada de su producción, como el de alimentos y bebidas, plástico, químico y productos del hogar. 

Venezuela es un caso de estudio de ¿cómo la economía de un país se deterioró tan aceleradamente en tan corto tiempo?

3- Promocion y ejecución de la investigación. La actividad académica regular permite estar en contacto con datos y situaciones como las que llevan y se desarrollan en este proyecto, así como con diversos actores del campo laboral. Los pasos más recientes, incluyen encuesta respondida de manera anónima por miembros del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales del Estado Carabobo en el mes de septiembre de 2019, que laboran o han laborado en actividades vinculadas a las relaciones de trabajo, y con ello hubo insumos de motivaron hacer un esfuerzo de investigación más detenido.  Por lo que desde fines del pasado año 2019 se venían haciendo contactos empresariales y sindicales promoviendo la investigación, y la importancia de la colaboración para hacer entrevistas a profundidad, que se realizaron entre enero y marzo del 2020,  orientadas con guías que se entregaron previamente a los entrevistados, algunos datos fueron complementados con información de la web. Para el momento del inicio de la cuarentena a mediados de marzo, se había casi completado un número de casos que permitían los análisis de los problemas a investigar. 

4- Casos estudiados. Se abordaron con las entrevistas a 18 casos, algunos con entrevistados empresariales (10), otras con dirigentes sindicales (8), y sólo dos en donde coinciden ambos actores. Hay que hacer notar, que algunos de nuestros entrevistados disfrutan de posiciones gerenciales o sindicales con ámbitos más allá de la empresa caso incluido en el proyecto, por lo que podían hacer referencias con propiedad a otras empresas de su grupo corporativo o de la acción sindical, según el caso. También es destacable que las entrevistas sindicales fueron al secretario general, el cargo de mayor responsabilidad en la junta directiva, y en casi todos los casos con el acompañamiento de otros directivos.

 La mayoría de los casos corresponden a grandes empresas transnacionales, y las restantes empresas estudiadas son nacionales del sector privado. De las 18 empresas, 13 están operativas y 5 entre cerradas o de cero producción. De las operativas, apenas hay una con el 40% de uso de su capacidad instalada, la mayoría está entre 5 y 15%, y con tendencia a la baja, dada la situación de cuarentena que se presentó mientras elaboramos este informe final. La mayor parte del parque industrial de Carabobo esta conformado por fábricas de bienes de consumo de personas y familias, y muy poco de bienes de capital, en el presente grupo analizado, se tiene 16 de las primeras y 2 de las segundas.

5- Relaciones de trabajo que se construyeron en el sector, sus fundamentos y modos de funcionar. Sus raíces y modelos de referencia. Luego su evolución y estado actual en tanto sector manufacturero. Con las preguntas siguientes encaramos este campo:

¿Contribuciones y aportes de la industria a las Relaciones de Trabajo? 

¿Corporativización de las rel.laborales y del sindicalismo?

¿Caracterización del modelo laboral adoptado en la industria ? 

¿Patrón contractual reivindicativo? 

¿Predominio de lo reproductivo sobre lo productivo? 

Hay nuevos parámetros en el ámbito laboral venezolano? ¿en el industrial? ¿Llevará a nuevas reconfiguraciones? ¿Cuán diferentes?

6- Desindustrialización del país.  Aborda los factores que en este pasado reciente han limitado el funcionamiento industrial, lo que ha llevado en el Estado Carabobo a cientos de cierres de empresas y achicamiento de casi todas, igual ha ocurrido en el resto del país.

  En los años del actual régimen lo que se ha visto es un fenómeno más complejo, que no es el replanteo o reorientación del modelo de desarrollo industrial, sino algo que consideramos más complejo, como es el sesgo anti industrialista que evidencian las políticas y su instrumentación desde la esfera gubernamental, influenciada por un enfoque ideológico cuestionador y desconfiado del manejo privado de los medios de producción, al menos de la amplia mayoría.

Nos interrogamos, como motor de la investigación, consciente que hay necesidad de investigar más para satisfacer la complejidad de estas preguntas:

• ¿Cuánto ha sido la pérdida total de producción, de empleos y de montos de salarios y otros beneficios? Visto en la perspectiva de las empresa y los trabajadores del sector, así como de la sociedad venezolana.
• ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno en estos resultados? ¿Los empresarios? ¿Los sindicatos?
• ¿Cuáles y cuántas empresas que hoy están tambaleándose o en dificultades, no estarán en el corto plazo?

7- Empresas estatales. Fundamental proveedor de materias primas, el Estado tiene el monopolio de las empresas productoras de derivados petroleros, petroquímica básica, del hierro, acero y aluminio. Estatizaciones dejó en manos del gobierno a sectores completos de provisión de servicios y productos de amplio uso en diversidad de actividades productivas. Principal comprador que ha cambiado sus fuentes de suministro, dejando de lado tradicionales proveedores. Nuestras referencias a estas empresas es porque todos los casos estudiadnos resienten el corte o disminución de la provisión de materias primas e insumos de estas empresas, así como de las prestadoras de servicios públicos esenciales.

8- Política estatal hacia el sector, controles y regulaciones. Por medio de Leyes habilitantes entró el Caballo de Troya. El Ejecutivo gobierna vía decretos y de mecanismos de excepción. Se han producido modificaciones de fondo del sistema económico, lo que ha dado lugar  a un país con orientación extractivista, que significa más dependencia de explotaciones primarias, más minero y más importador en consumo y necesidades de bienes de capital. Hay críticas al extractivismo por ir contracorriente de la orientación industrialista, por tanto contribuyendo acentuar la desindustrialización que venía en camino y se aceleró en el período 2013-2020. La expresión más regresiva  de esta política se observa en el fomento y existencia del “Arco Minero del Orinoco”, que ha dado lugar a una notable depredación de una parte del territorio nacional, de mayor tamaño de muchos países, por ejemplo de Cuba, de Corea del Sur. La opacidad en lo que ahí ocurre, no permite a los interesados en el país, saber a profundidad las prácticas productivas y laborales que ahí se ejecutan. 

9- El control de cambio, se utilizó como un entramado e instrumento de control, de premios y castigos, así como de aprovechamiento de comisiones. Finalmente fue liberalizado a principios del 2019, y más atrás ocurrió otro tanto con los precios, al tener el sector privado que utilizar divisas propias o adquirirlas  en el mercado. La dolarización vino como una “bendición” se dijo desde la Presidencia de la República, se perdonaron 17 años de condena al “maldito dólar”. De todas maneras estas liberalizaciones llegaron tarde para algunas empresas que agotaron sus capacidades de preservar sus operaciones. 

Diversas regulaciones de precios, zonas de seguridad, acceso a bienes y servicios, condiciones de trabajo y de ambientes laborales, colocan a los dirigentes sindicales y gremiales en situaciones de riesgo de ser criminalizados.

10-  Militarización de actividades productivas, y en ámbitos de tradición civil. La reiterada auto identificación como régimen cívico-militar, es el sustento de la asignación a órganos militares de amplias actividades públicas unas de regulación y otras de involucramiento directo en actividades de producción, especialmente en sectores que tienen relación con alimentación, productos y servicios básicos. Además, en los específico de las RRTT, se observa el ejercicio de funciones en el propio ámbito de la Administración del Trabajo, algunas clásicas de este campo civil, como  la mediación, la inspección y vigilancia, y sumase la clásica militar de la represión. El fomento de los CPT, que integra a milicianos en la vida productiva apunta a mayor profundización de lo militar en lo civil. 

Respuestas del sector industrial empresarial

11- El esquema de negocios; cambios de dueños; reorganización productiva; desconsolidación; de fabricante integral a importador , distribuidor o proveedor de servicios; cierres temporales y definitivos.

  Todos los 18 casos estudiados han reducido su producción de manufacturas, 13 aún están operativas y 3 sin manufacturar, en cero producción y orientadas a importar bienes terminados y distribuir, y 2 cerradas indefinidamente, todas las de estos últimos segmentos son transnacionales.  De las que continuan operativas, apenas hay una con un 40% de uso de su capacidad instalada, le sigue otra con 25%, y  la mayoría está entre 5 y 15%, y todas con tendencia a la baja.

 La principal causa de tan extrema reducción está en el estado del mercado, el empobrecimiento sostenido de la población en los seis años que analizamos. Se han producido reestructuraciones que llamaremos de facto, porque han sido determinadas por la aguda baja de las ventas, son redimensionamientos con cambios en la organización del trabajo, las políticas de RRHH y RRTT. Todas las transnacionales desconsolidaron sus operaciones en Venezuela.

12- Adaptaciones a regulaciones laborales. De rigidez a liberalización de facto de algunos procedimientos. Esta flexibilidad ya existía a lo largo del régimen en la gestión de las entidades públicas, pero no para las privadas. Tampoco fue producto de la derogación de las regulaciones originales, sino de la permisividad en la fiscalización por parte de los entes gubernamentales, dicha liberalización provino como recurso para atender le extrema escasez de alimentos y productos esenciales en el hogar. De la inamovilidad absoluta a las suspensiones temporales de la relación del trabajo, estimular renuncias y finalmente despidos.

  Se generalizó y materializó la aplicación del Art 148 Dlottt; suspensión temporal de la vigencia de los convenios colectivos o facilidades para el despido, establecimiento de Junta administradora colegiada e Instancia de Protección de Derechos.

13- Hiperinflación. Se hizo presente  a partir de septiembre del 2017 y persiste al día de hoy. Para el año pasado se afirmaba tratarse de la tercera más prolongada de la historia. Hoy sin duda pasó al 1er lugar, luego de 33 meses continuos. 

 Precios pasan por dos situaciones extremas, una de precios subsidiados con extrema regulación y no se produce con fluidez, frecuentes paralizaciones por falta de materias primas; a otra y de extrema desregulación, pero los precios no permiten que las compras regresen a sus niveles. Los salarios tendrían que recuperar varios cientos, y en algunos casos miles por cientos perdidos. 

  

14-Convenios colectivos,  remuneraciones, reducción de personal. De haber sido un país de importantes costos laborales, ha pasado de ser uno de los más bajos del continente. Los salarios de gran cantidad de trabajadores, están en niveles que no logran pasar de pobreza extrema a pobreza.

 No se negociaron en base a salarios reales, solo nominales, lo que sería propio de una economía de estabilidad de precios que dejó de existir a mediados de los años setenta. y no se adecuó la manera de negociar remuneraciones, más allá de incrementos escalonados en lapsos que con el tiempo se han reducido, pero persistiendo la prescindencia de las técnicas que centren el proceso en salarios reales.  

  Predomina la prorroga de algunas cláusulas de los convenios colectivos, la monetización de ciertos beneficios, y el congelamiento de la amplia mayorías de las condiciones restantes. El incremento de las bonificaciones ha dado lugar a que es usual cobrar más en bonos que en salarios. La circular interna 2792, facilitó y flexibilizo las RRTT.

  La dolarización no está extendida, al menos en pagos con esa moneda, sólo se usa como referencia en algunos casos. Pero, el trabajador convierte en sus cálculos personales y  para sus erogaciones, lo que gana en dólares, porque en esa moneda ha de pagar diversos conceptos cotidianos.

  Cambio del cono monetarios establecido a partir del 01 septiembre del 2018, al eliminar cinco ceros al bolívar fuerte,  desvanecieron las prestaciones sociales, los fideicomisos, las cajas de ahorro, y los pasivos laborales, reduciéndolos a cantidades insignificantes. Un verdadero despojo, pendiente de su compensación.

  Diversas experiencias se encontraron para reducir las plantillas, algunas previstas en los propios convenios colectivos, con estímulos económicos. La concesión de estímulos extras fue creativa desde quien los ofrecía, como de quien los solicitaba. 

Los sindicatos aceptaron al final las suspensiones, con el mínimo de lesiones económicas para los trabajadores. Las empresas fueron diseñando y ejecutando compensaciones para aquellos que se mantenían activos. En el año 2019 se generalizó agregar divisas para estimular las renuncias, según antigüedad y jerarquía.  

-  ¿Hasta cuándo las remuneraciones estaban ancladas a los convenios colectivos?

¿Qué cambios experimentó la convención colectiva en esta etapa?

 - ¿Cómo responde la empresa para adecuar costos de personal con la baja de producción? 

15.  De la relación colectiva a la individualizada.  Con la no no renovación de los convenios colectivos ha ocurrido en todos los casos estudiados, sustituyéndose por actas de extensión, siempre con intervención de la Inspectoría del Trabajo en la primera ocasión. Esto ha dado pié a procesos de sustitución de la relación colectiva por la individualizada.

16-Modificaciones en el tiempo de trabajo.  Se han perdido horas-trabajo, sea por las reducciones, por las suspensiones, como la reducción del tiempo efectivo de trabajo. Las de turnos rotativos, los fueron dejando hasta quedar en uno solo, salvo los casos de trabajo continuo que es reducido a su mínima expresión. Encontramos casos de aumento de jornada para así reducir la presencia en la planta a solo tres o cuatro días semanales.

  En su pico, el ausentismo subió a niveles desconocidos, se entiende que las dificultades para la procura de alimentos, servicios, medicinas, eran argumentos incontestables.

  A los problemas de falta de materias primas, baja de ventas, acumulación de inventarios, se agregó el colapso de los servicios públicos, especialmente la energía eléctrica y el transporte. Las empresas aprovechaban para reducir beneficios establecidos en los convenios colectivos.  

Respuestas del sector sindical industrial al entorno político y económico.

17- Nuevas realidades en el ámbito productivo, político y sindical. Ideología del gobierno no admite autonomías de los actores socio laborales. Por ello se los inventaba a su propia manera de entender el papel que debían de desempeñar. Considerando que el primer deber de los gremios y sindicatos es defender al gobierno, por encima de cualquier otro interés. Esto obviamente lleva a discrepancias, que pueden devenir en confrontaciones y desconocimiento, lo que tiende a tener mayores consecuencias y perjuicios para los sindicatos y gremios. La crítica de parte de los dirigentes a los actos del régimen los convertía en un adversario.

  Las tasas de sindicalización aunque oficialmente no se publican, fuentes reconocidas, como Encovi, señalan su notable disminución. El régimen promueve otras formas de representación y afiliación, en un momento inicial fomentó cooperativas, fracasó luego de pocos años, pero persistió fragmentado con los delegados de prevención y en los últimos años con los Consejos Productivos de Trabajadores.

  La ambigüedad en torno a los CPT se observa, en que por un momento se mostraban claramente como sustitutos de los sindicatos y de la lucha reivindicativa de los trabajadores, y en otro como expresiones de un oportunismo político. Nuestras investigaciones muestra que estos esfuerzos oficialistas por imponerlos han sido fallidos, y sin duda ahuyentan al capital, fragmentan a los trabajadores, aunque en ellos hay poca inclinación a esta figura, finalmente se conoce que en las empresas estatizadas que se desenvuelven cómodamente, no mejoran la producción. 

  En los 18 casos estudiados, tenemos que no existen juntas directivas en seis sindicatos, y todo ocurrido en el último par de años, directivos salieron por renuncia o por calificación. Además en tres de ellos tienen la junta directiva incompleta, dando lugar a desconocimientos y restricciones para ejercer regulares relaciones con los empleadores. 

  La edad de las empresas suman muchos más años que la de los sindicatos, una amplia mayoría de reciente data, un 72.3% nacieron en el mismo período del actual régimen bolivariano, lo que indica que fueron promovidos por el gobierno en procesos de paralelismo del año 2000 en adelante. Son sindicatos jóvenes que suplantaron a organizaciones de larga edad vinculados con los partidos que gobernaban anteriormente, y que no resistieron la euforia bolivariana en sus primeros años. No obstante esa juventud, es notable la corta edad que alcanzaron la mitad de ellos, un 50% en tal situación sea porque están sin junta directiva o incompleta, con dificultades de ejercer su representación.  

 Un sindicalismo organizado por  empresa requiere mucho más articulación sectorial y nacional, e igual vinculación con los escenarios donde se pueda incidir en los procesos de toma de decisiones que les afectan, como son de las políticas públicas nacionales,  sectoriales y regionales. Toda esa desarticulación  lo limita para  la construcción de respuestas acordes con las complejidades que se derivan del funcionamiento político y económico de estos años.     

18-  La pérdida de las convenciones colectivas. La pérdida de las convenciones colectivas, ocurre en primer lugar porque al ser de empresas, y éstas cerrar o paralizarse entonces muere o se congela el sindicato negociador y co administrador del convenio. Dadas las dificultades en el sector industrial en la presente etapa, hay condiciones expresadas en cláusulas que no tendrán aplicación, u otras que requieren ser adaptadas, pero también cabe la vigencia de algunas en la situación de suspensión.

 Ante la situación que no haya activo ningún miembro de la directiva sindical en la empresa, y si se trata de un sindicato de ese ámbito, es cierto que no hay con quién negociar en esa coyuntura, pero el sindicato sigue existiendo porque tiene afiliados. Tendrían ellos que renunciar a su afiliación. No es un acto que depende de la voluntad del empleador, sino de lo que los afiliados se planteen. 

  Los trabajadores cuentan con los sindicatos y los convenios colectivos como sus instituciones propias, en las relaciones de trabajo ellas son expresión de la bilateralidad. En una sociedad para su gobernabilidad existen acuerdos entre los factores de la producción, decimos el trabajo y el capital con el estado de regulador, para que se produzca, se genere riqueza, se distribuya y redistribuya la ganancia, para que se destinen medios para fortalecer el aparato productivo y la población trabajadora. Es el consenso nacional, que se reproduce en los sectores y ramas, y por supuesto en los centros de trabajo.    

19-  Acciones de protesta, restricciones, represión, resultados. Hasta antes del 2013, los reclamos laborales se realizaban por motivos convencionales: por pagos incompletos de prestaciones sociales, salario, horas extras, de vacaciones, de utilidades, de retención indebida de algún concepto; denuncias diversas sobre incumplimientos de la legislación laboral y otras normativas; finalmente había mas recurrencia a la AT, que actuaba con su favoritismo sindical bolivariano. 

En la medida que el país y los trabajadores llegaron a niveles de deterioros nunca conocidos, los móviles de la protesta laboral cambiaron; los más frecuentes han sido mantener el empleo y  oponerse al despido, exigen la reactivación del aparato productivo, solicitan aumentos de salarios independientemente del convenio colectivo,  y denuncian sus diversas violaciones.

La AT ha flexibilizado sus respuestas al reclamo patronal, estimula que empresas y sindicatos busquen acuerdos directos, hay sindicatos que se habían acostumbrado a que la AT estuviera siempre de su lado.

Las reacciones gubernamentales de asegurarse la gobernabilidad no permitió que los conflictos se extendieran a otros espacios y se prolongaran. La atomización y fragmentación sindical en la industria, como factor debilitante ante situaciones complejas como la presente, no han permitido dar respuestas suficientes para influir en reorientar en diversas instancias con influencia en la solución de los problemas de cierres, de apoyos, de regulaciones, de financiamientos.

20- Pandemia y confinamiento. Ya habíamos casi terminado las entrevistas y reuniones propias del trabajo de campo, justo cuando se inició la cuarentena convertida por dos prórrogas en noventena, y que paralizó a casi toda la industria, salvo parte de alimentos y determinados productos esenciales; lo que redujo aún más los registros de producción que habíamos recopilado, con todas las implicaciones laborales. De todas maneras las expectativas económicas que se avizoraban antes de la pandemia, eran cercanas a lo ocurrido en los últimos tres año un -15% del PIB, que parece será un poco más al evaluarse los efectos. Nos resta afirmar que es difícil encontrar un peor cuadro para la industria y los trabajadores. A Venezuela la encuentra la pandemia en una situación ya de catástrofe económica y social. Titánica la voluntad de quienes aspiran un mejor país con estas adversidades.