Jornada, Trabajo por Turnos y la Contratación Colectiva en el Sector Papelero Venezolano

Compartiendo con el Dr. Hermes Carmona, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, elaboramos este artículo publicado en la Revista Trabajo, 

Revista Trabajo, Año 8, No. 11, tercera época, enero-junio 2014, pp 169-188. Edit por el Centro de Análisis del Trabajo, Uam, OIT en México. 

Se puede acceder al artículo, pulsando en la sección de REVISTAS ACADEMICAS (Revista Trabajo), en la parte lateral del blog. 

TRES FACETAS DE LA CRIMINALIZACION SINDICAL

La criminalización de la actividad sindical nos presenta varias situaciones que conviene precisar.  Por un lado la que deriva de la acción del Estado al promover un conjunto de regulaciones que restringen la actividad sindical, particularmente las acciones de reclamo y de protesta. Habría que destacar el enjambre de leyes restrictivas que hacen riesgosa la actividad sindical y la protesta social en general. Predominan en estas leyes consideraciones sobre seguridad que descansan en una concepción militarizada de asuntos de naturaleza más civil, como es el desenvolvimiento de las relaciones laborales. Son regulaciones que entran en colisión con conceptos vinculados con la libertad sindical, necesaria para el ejercicio de la organización de los trabajadores y sus acciones propias de representación que incluyen la protesta. Organizaciones no gubernamentales -Provea y Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social-  llevan registros de la cantidad de dirigentes sindicales y trabajadores criminalizados por acciones de protesta y reclamo ante sus patronos.

 La otra lectura de la criminalización es un poco menos estudiada y analizada. Se trata de fenómenos que precisaremos en dos categorías. Por un lado asesinatos de dirigentes y de trabajadores con motivo de la actividad sindical,  pero una muy particular, ya que se observan  vínculos con el hampa. Este fenómeno viene ocurriendo desde el año 2005 en el sector de la construcción, y en mucho menor escala en el petrolero. Entre el 2005 y el 2013 suman 427 personas asesinadas, en los primeros años era por vía de sicariato, pero en los últimos años se perpetran a la vista de todos, con la cara descubierta y algunos hasta informan de la acción a los relacionados. Los casos están asociado a la mercantilización del ingreso a empleos, así como a la venta de protección y paz laboral en las obras, y obviamente a la degradación e impunidad que reina en estos medios. 

   Si bien el fenómeno de la mercantilización del empleo no es nuevo, data de largas décadas, pero antes no se había fomentado el exacerbado paralelismo sindical promovido como política laboral del actual régimen, y mucho menos que estuviera vinculado con el hampa.  El fenómeno en la industria de la construcción predomina en las obras públicas, en aquellas que son de gran escala, que requieren de cientos y miles de trabajadores y que generalmente son obras del Estado; aunque también se ha extendido a obras de menor envergadura, de capital privado.

En Miraflores: Mediador del mundo criminal

  La tercera manifestación de la criminalización en las actividades sindicales, es la que sale a flote con el asesinato de Yorman Márquez Rodríguez, conocido como "El Gordo Bayón”. Se trata de una persona con un amplio prontuario policial por asesinatos y secuestros, entre otros. Estaba sometido a juicio y tenía prohibición de salida del Estado Bolívar, pero lo llamativo es que participaba como mediador en representación de los trabajadores de la construcción, en las negociaciones del convenio colectivo de la Siderúrgica del Orinoco y el Sindicato identificado con las siglas Sutiss, negociaciones que se desarrollaban en el Palacio Presidencial. 

El papel estelar del Estado

  Todas estas manifestaciones de la criminalización de la actividad sindical tienen en el Estado el papel estelar. En el primer caso por la promulgación de leyes para cercenar la libertad sindical, sean producto de la Asamblea Nacional o contenidas en leyes habilitantes otorgadas al Poder Ejecutivo. De ambas procedencias emana una intencionalidad de control y restricción de la actividad sindical, que ha sido característico del régimen desde el mismo momento de la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999-2000. En el texto de la CRBV se creó el marco para una legislación restrictiva que se ha aprobado en los años siguientes. A ello se suma un férreo control de las entidades que acusan y sentencian, como son el Ministerio Público y el Poder Judicial. De aquí deriva la existencia de cientos de dirigentes y trabajadores criminalizados por su actividad sindical.  

  En estos casos tenemos como víctima institucional de estas restricciones a la libertad sindical,  y consecuentemente al desarrollo de las negociaciones colectivas y al ejercicio del derecho de huelga.

  En el segundo caso, la responsabilidad estatal reposa en haber promovido directamente la multiplicación de organizaciones sindicales, no siendo ello una función estatal, ya que corresponde a los propios trabajadores darse sus organizaciones sin interferencia del Estado y de los patronos,  y a lo sumo registrarlas ante el organismos del trabajo. Con esta multiplicación de organizaciones emergieron al frente de ellas,  un aluvión de personas ajenas a las prácticas, valores y tradiciones propias del accionar sindical, que si bien no era que se trataba de un movimiento modelo, si cuenta en su trayectoria histórica con formas de confrontación no vinculadas directamente con el hampa, como efectivamente ocurre en la gran mayoría de las actividades productivas. 

  Además es evidente la responsabilidad de las entidades estatales que tienen relación con el problema de la actividad sindical, así como de las acusaciones, investigaciones y de la aplicación de justicia,  todas han evadido admitir este fenómeno, ya que empezar por reconocerlo es un punto de partida para que existan acciones contundentes que permitan mejorar el ambiente laboral en aquellos sectores más afectados por esta anormalidad.  

  La tercera manifestación, caso Bayon, levanta preguntas que si bien han sido formuladas no han sido respondidas. Unos han evadido con excusas, otros guardan silencio. Explicaciones y aclaratorias deben dirigentes sindicales de Sutiss, directivos de Sidor, autoridades regionales, autoridades del trabajo y hasta la Presidencia de la República, anfitriona de las reuniones de las negociaciones en donde el personaje fungía de mediador.

Desmarque del Movimiento de los Trabajadores

  Históricamente el movimiento de los trabajadores no ha tenido mayores apoyos mediáticos, por el contrario le ha costado proyectar una imagen favorable por las resistencias que había de vencer. Fue estratégico el presente régimen, que en sus primeros años promovió sistemáticamente una campaña de desprestigio de las organizaciones de los trabajadores, que ahora con estos nuevos fenómenos tendrá que profundizar sus acciones para distanciarse de prácticas censurables, y desmontar esquemas militaristas en el manejo de las relaciones laborales para así conquistar reconocimientos ante la sociedad.  

  Finalmente, todos los tres casos considerados de criminalización son la resultante de políticas gubernamentales que hacen un daño directo a la convivencia, al mejoramiento socio económico de los trabajadores, a la lucha contra la pobreza y a la actividad productiva en general. 

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RADICALISMOS Y REPLANTEOS PARA UNA SOCIEDAD PRODUCTIVA VIABLE

Los opositores radicales de la propiedad privada fundan sus críticas en destacar que los propietarios privados por su egoísmo y por el afán de lucro, contribuyen a la desigualdad al maximizar su ganancia al tiempo que se explota a la fuerza de trabajo, remunerando al mínimo su aporte al proceso productivo. 

  Por su parte los radicales críticos de la propiedad estatal, argumentan que sus conductores son burócratas que desarrollan intereses propios pero distintos a los de la Nación, la propietaria del ente productivo, al tiempo que no tienen mayor sensibilidad para el mejor uso de los bienes confiados para su conducción, lo que los lleva igual al afán de lucro personal, así como a un manejo gerencial errático ya que no se traduce en mayores consecuencias patrimoniales personales y finalmente igual incurren en la explotación de los sectores subordinados, ya sea por precarización más que explotación. 

  La historia del siglo XX abunda en experiencias que permitieron corregir los planteamientos de los críticos radicales, y la gran mayoría de las economías y las sociedades en general encontraron acuerdos entre las fuerzas sociales representativas del capital y del trabajo para implementar mecanismos que permitieran la convivencia y el bienestar, con ciclos de crecimiento, de estancamiento y crisis, lo que exigía de nuevo re encontrar ajustes y adaptación de los mecanismos previos para la continuidad de la vida de las sociedades preservando el bienestar de los ciudadanos. 

  El grado de crisis que vive nuestra sociedad está justo en esa situación de necesidad de replanteos de su funcionamiento. Los radicales fracasaron. Unos le abrieron la puerta a la revolución chavista, y ésta a su vez ha mostrada su incapacidad para dirigir un país con la diversidad normal de toda sociedad. A lo sumo ha gobernado para una parte, que hoy hay serias dudas si en verdad es la mayoría, como efectivamente lo fue en sus primeros años. En todo caso se gobierna con conceptos y esquemas que la mitad del país no reconoce como los que corresponden a nuestras necesidades. Los hechos año a año van hablando y evidenciando. 

  Importante enfatizar que esta crisis que nos cubre no es universal ni regional, es fundamentalmente nuestra, de manufactura endógena, “Hecha en Venezuela”, con la ayudita de nuestros nuevos socios. Nuestra región Latinoamericana y del Caribe, muestra signos saludables en su política económica y social. Y destaco que hasta el único país con un conflicto armado histórico -Colombia-, nos ha superado en estos años en todos los índices económicos y de bienestar ciudadano.  

  De nuestros nuevos socios, uno -Cuba- nos ha invadido con la muy particular invitación unilateral de nuestros gobernantes,  y hoy ocupa espacios privilegiado en ámbitos estratégicos y de seguridad, lo que ha sido absolutamente innecesario teniendo presente el nivel de desarrollo tanto nuestro como del nuevo socio, que por largas décadas ha subsistido en muy estrechas condiciones materiales, de apertura y de libertad. Por supuesto que hoy con los aportes que le brinda el gobierno nacional alivia sus penurias, al tiempo que se acrecientan las nuestras. 

  Otro socio, ávido de materias primas para su espectacular crecimiento económico -China-, apuntalado con una masiva penetración de capitales y tecnologías de potencias del primer mundo capitalista, se ha asegurado desde ya el suministro de nuestro petróleo, hierro, aluminio, coltran, diamantes, oro para los tiempos que vienen. Además en sus manos está el levantamiento para hacer estudios geofísicos y geoquímicos con el fin de identificar los minerales susceptibles de ser explotados, según el Acuerdo Marco de Prospección Geológica Nacional de Venezuela es el documento que presentaron los chinos al gobierno nacional y base de este levantamiento. 

(http://www.el-nacional.com/siete_dias/ejercito-hierro-Dorado-Venezolano_0_125389550.html)

  Desde ya existen compromisos en pleno cumplimiento con la República Popular China,  al exportarle casi lo único en donde estamos en capacidad de hacerlo, la cantidad de 600 mil barriles diarios de petróleo crudo, pagando así con dos tercios de esta exportación los recursos que ya ha recibido el gobierno nacional, en préstamos que no se manifiestan en equivalente nueva infraestructura y mejoramiento de la capacidad productiva. Hipotecamos el futuro nuestro, así como de hijos, y posiblemente de nietos.

  Un tercer socio importante en esta nueva geopolítica es nuestro principal proveedor de armamento de todo tipo y para todas las fuerzas -Rusia-. Nos aprovisionamos de armas como si estuviéramos en guerra, hasta ahora solo han servido para atemorizar y también atacar a la propia población que protesta el estado de la situación política y económica. Las fronteras terrestres y marítimas siguen desguarnecidas, siendo territorios libres para el libre desenvolvimiento de grupos irregulares y el sustancioso negocio del contrabando.  

  Somos un caso único en la historia moderna, un país que recibe una inmensa cantidad de dinero, pero no lo utiliza para su desarrollo autónomo sino que magnitudes importantes las utiliza para hipotecarse a nuevos poderes, así como para estrangular su aparato productivo y fomentar improvisadamente uno que nos ata a nuevas voracidades, en el fondo de comportamiento ante nosotros igualmente capitalistas, maximizadora de la ganancia, afán de lucro y explotación o precarización de la fuerza laboral local.  

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DIALOGO PARA AFUERA PERO NO PARA ADENTRO

  Los difíciles momentos que estamos pasando casi todos los que vivimos en nuestro país, seamos locales y visitantes, son sin duda los más caóticos de los que hemos estado evaluando y haciendo sistemático seguimiento, como son los años desde la post II guerra mundial hasta nuestros días, digamos setenta años. Tomamos ese punto de partida, porque la contienda bélica afecto todas las economías del orbe, tanto para exportar lo que se producía como para comprar importando lo que necesitábamos. Ver que hoy estamos en el mundo, en las peores ubicaciones de los ranking de  más inflación, escasez e inseguridad  ¿Que peor se puede estar?

  Algunos explican la perdida de vidas humanas, el deterioro institucional, de infraestructura, de ambiente ecológico, del aparato y tejido productivo porque se viven situaciones de guerra, como lo vemos en algunos países asiáticos, africanos, y ahora amenazas en Ucrania. Pero en nuestra región Latinoamericana y del Caribe que se goza de una paz que envidiamos, hasta Colombia habrá que repensar si está en tal situación, porque su dinamismo en todos estos mismos ámbitos muestran que la confrontación con la Farc y el Eln, ya no hace mayor mella en el repunte y progreso colombiano, país que muestra el segundo lugar como receptor de inversión extranjera en el 2013, de toda América Latina, más de 16 mil millones de US, mientras nosotros recibimos apenas poco más de 3 mil millones, y buena parte de ello por reinversión de dividendos en bolívares, generalmente en propiedades inmobiliarias, que empresas transnacionales no pueden repatriar por los controles de divisas.

  Afortunadamente no estamos en guerra, aunque sí se nos quiere vender como un país con altos índices de felicidad, de progreso social, y sin embargo recurrimos a nuestro vecino para alimentarnos, energizar plantas industriales y procesar nuestros alimentos, dar oportunidades de empleo a nuestros migrantes, entre otras ventajas, amen de servir las extensas fronteras para destinar lo que importamos y lo poco que producimos para el enriquecimiento de mafias en contubernio con entes militares y civiles oficiales, destacan los contrabandos de gasolina y de alimentos, para este último véase el interesante reportaje de L Boon ( http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/economia/la-fuga-de-leche-en-polvo-importada.aspx). 

  Incluso nuestro gobierno actúa como facilitador en La Habana de un proceso de paz entre las fuerzas en pugna del vecino país, pero aquí adentro no aplica ningún esfuerzo efectivo con un mínimo de dialogo para no parecernos a un país en guerra sin estarlo. Por eso es que se esgrime la teoría de la guerra económica y los frecuentes y recurrentes magnicidios. Mientras, casi todos desmejoramos nuestra calidad de vida y son muy pocos quienes la mejoran. La guerra que si es indiscutible es la de quienes atentan contra el erario público, desde adentro y afuera del Estado, atentando contra toda la gente decente que vive de su trabajo, y la de una hampa incluso protegida en algunos casos deliberadamente  contra los civiles desarmados, ya sea que protestan como lo prevé y permite la CNRB, o que simplemente transcurren su vida normal como se espera de toda sociedad civilizada.     

 Y  todo lo anterior teniendo la bendición de los precios petroleros. Véase que el año anterior a la presente etapa estuvo en apenas 8$US. Desde el 2005 el precio ha estado batiendo mes a mes su propio récord hasta alcanzar en junio del 2008, superar los 140$US, aunque fines de ese año y parte del 2009 bajó, para luego en el 2010 regresar a los 100$ y quedarse en ese nivel hasta el presente. Nada de esto ha sido por más planificación, más esfuerzo, innovación o gerencia de parte nuestra. Hemos estado despilfarrando una oportunidad histórica e inigualable en la historia de país alguno.

  Ante este cuadro no es entonces sorprendente que se siguen produciendo protestas, y este año multiplicará al menos por dos las protestas del pasado año. Véase que en los primeros tres meses del 2014, se registra 4116 protestas, casi la totalidad de todo el 2013, que fueron 4410. E incluso, más del 50% del total de protestas en un año con alta conflictividad - 2012-, año con más protestas en la última década, con 5483 (Datos del OVCS). 

  El país no encuentra rumbo y desperdicia oportunidades que otros países cercanos si aprovechan. La historia juzgará.  

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INTERROGANTES SOBRE EL CONVENIO MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El último convenio marco de la administración pública se firmó el 27 de Agosto del 2003, hace casi once años, y luego de ocho años de su vencimiento es cuando se inicia la negociación del nuevo convenio. Tendríamos que preguntarnos ¿Por qué este prolongado retardo? Es una explicación que la han de dar los responsables, por un lado las autoridades del trabajo, por el otro el Ejecutivo y también los responsables sindicales. No existe empresa privada que tenga este retraso, ahí sí las autoridades intervienen. 

  También es importante destacar que este convenio marco es el que cubre a la mayor cantidad de trabajadores, incluye a todos los funcionarios al servicio de la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, tanto activos como jubilados, excluyendo a su personal obrero, así como al conjunto de los trabajadores que prestan servicios a las empresas del estado, los que se rigen por la legislación laboral y sus propios acuerdos; igual se excluye a  buena parte del personal de docencia. 

  El anterior convenio firmado en el 2003, cubría al momento de la firma a más de 640 mil funcionarios.  En este nuevo convenio, seguro serán muchos más los beneficiarios, pero los responsables de ofrecer estas informaciones no han dicho nada, a pesar del impacto que tendrá en el presupuesto nacional.  

  Por lo que se ha conocido y denunciado desde las propias bases y dirigencia no oficialista de este sector, es un proyecto de convenio marco redactado sin la consulta con los destinatarios. Si esta aseveración no fuera cierta, tampoco aún no se ha explicado como fue efectivamente el procedimiento de construcción de este proyecto. Hay que tener presente que estos son procedimientos que han de ser transparentes. Así también que sería contra natura que la redacción del proyecto la realice el patrono.  

  El proyecto es el texto con el cual el patrono hará los estudios y análisis para evaluar las posibilidades, la viabilidad, la funcionalidad y alguna otra consideración tanto conceptual como operativa que sea propia de la condición de empleador. Es con estos elementos que dará respuesta a los requerimientos de los trabajadores. Por tanto si el proyecto tiene la mano del empleador,  entonces no estamos hablando de un convenio de dos partes, sino de la imposición del más fuerte, del empleador en la generalidad de los casos.   

  Lo anterior remite tener presente la memoria histórica de los últimos quince años. Empecemos por un propósito fallido de la Presidencia de PDVSA por los años 2000, para ese entonces presidida por el Ing Héctor Ciavaldini, quien promovió el llamado contrato modelo, redactado desde su despacho. El impacto de estas pretensiones inmediatamente solivianto los ánimos de la fuerza laboral organizada en las federaciones petroleras, que se tradujo en una huelga que hizo trizas el ensayo del contrato modelo. 

  Otra pretendida innovación oficialista en su intento de cambiar las coordenadas de los trabajadores en la revisión de las condiciones salariales y de trabajo en general, ha sido la de promover el salario social, concepto impuesto sin definiciones conceptuales discutidas con los interesados, todo con la intención de la contención de las aspiraciones naturales y legítimas de los asalariados, que ven perder y desmejorar su calidad de vida por erráticas políticas económicas y laborales de las cuales son sólo observadores. 

  En el inventario e historial de proposiciones regresivas hay que agregar disposiciones directas de la Vice Presidencia de la República, de suspensión de las negociaciones colectivas y de cualquier cambio de las condiciones salariales, paralizando negociaciones en curso y congelando los convenios. 

  En los convenios colectivos petroleros también ha de mencionarse la introducción de elementos ajenos al contenido propio de esta institución. Fue el caso de obligar a la disolución de Federaciones de larga tradición histórica en el seno de los trabajadores, como fue el caso de Fedepetrol y Fetrahidrocarburos. Se trata de un asunto eminentemente sindical y absolutamente ajeno a la relación e intervencionismo  del patrono. Imaginémonos a las Federaciones de trabajadores petroleros condicionando las fusiones, creación y organización de empresas mixtas, e implementación de convenios operativos que realiza PDVSA con otras empresas del ramo para la explotación del negocio. Lo que realmente importa a estas federaciones es que se cumplan las regulaciones y convenios de trabajo establecidos. Y del patrono no se espera que se inmiscuya en la forma como los trabajadores se organizan, y si existen intereses entre la dirigencia sindical que lo acepta, realmente no esta abonando a la causa de su clase y movimiento, en el fondo le abre las puertas al patrono para que subordine a las organizaciones del movimiento de los trabajadores. 

  Con estos antecedentes, este proyecto de convenio marco para la administración pública ha de llamar la atención a los interesados y al resto del país. Ya se observan representantes de organizaciones de bases que critican a los liderazgos de Fentrasep y Fedunep, por la falta de información. Desde ya este texto ha de estar en un sitio web accesible a todos los interesados; también un cronograma de actividades de difusión e intercambio, que se aborden temas que no tienen ninguna vinculación con el mejoramiento de la calidad de vida del funcionario al servicio del estado, como incluir en el convenio marco el entrenamiento militar, la creación de milicias y el trabajo voluntario. 

  Finalizando, llama la atención que las autoridades han establecido un conjunto de exigencias a las organizaciones de trabajadores para ejercer sus facultades de presentar y negociar convenios colectivos, pero que en este caso han sido obviadas a las dos federaciones promotoras. Desde un ángulo favorable a la liberad sindical lo celebramos, y así ha de ser para todas las organizaciones que se les permita ejercer sus derechos sin las restricciones que se han impuesto a lo largo de estos últimos años, que sean los trabajadores desde las bases y por métodos democráticos que determinen sus asuntos. Sirva esta observación para que se pongan de lado  restricciones que han sistemáticamente vulnerado y violado la libertad sindical. Fentrasep nunca ha hecho elecciones, y Fedeunep la hizo en el año 2001, afortunadamente no se les exigió la solvencia electoral, que usualmente se les exige a los demás sindicatos en las relaciones laborales del país.

REACCION LABORAL ANTE UN SERVICIO PUBLICO COLAPSADO

  Una circular interna del pasado 7 de Febrero del presente año de la Presidencia de Ipostel, informando de la suspensión de los servicios a una gran cantidad de países por “problemas operativos”, puso en evidencia el colapso de esta institución. Los problemas que argumentaron los directivos, se justificaron que la suspensión era por exceso de correspondencia y encomiendas. De cualquier manera estamos ante un caso de fracaso operativo. 

  Cierto que los servicios de correos en tiempos de la sociedad de la comunicación han de re evaluarse. Las cartas y comunicaciones impresas vienen siendo sustituidas por la vía virtual de la World Wide Web -www-, lo que a su vez ha catapultado el intercambio comercial mundial de encomiendas y compras, en el e business. Nuestros servicios postales no se adecuaron a los nuevos tiempos. Hoy principalmente varias empresas transnacionales y redes de franquicias, han llenado ese espacio abandonado por el ente estatal. 

  Tanto antes del predominio de la www como en el presente, los servicios de correos tienen un enorme potencial de posibilidades de apoyo a los ciudadanos, a las comunidades y a las empresas. Un servicio de correos ejemplar es el del Reino Unido, que continua diligentemente con los servicios postales tradicionales, sus 11.500 oficinas en todo el país son espacios para resolver la diversidad de los trámites públicos: tránsito terrestre, pensiones, información de empleos, identificación, además de algunos servicios bancarios y de seguros. Este alto número de oficinas permite que un 99% de los adultos viven dentro del radio de no mas de 5 kilómetros de distancia de sus hogares. Es por lo que la mitad de la población adulta y la mitad de los pequeños empresarios del país, visitan semanalmente alguna oficina de correos.   

  Retomando nuestra realidad, el hecho laboral concreto del colapso es que finalmente los trabajadores de Ipostel reaccionaron y  han iniciado una huelga en 18 estados, al mismo tiempo denunciando las graves irregularidades cometidas por quienes dirigen el ente. Una de estas que evidencia el engaño y el fraude a los usuarios y al país, es como sigue: 

“Desde hace seis meses el presidente de Ipostel prohibió los envíos, y hay 35 toneladas de encomiendas represadas en los camiones que nunca salieron de aquí y a las que les ponen una calcomanía para hacerles creer a los clientes que el paquete fue devuelto en el país de destino.. para la devolución de los paquetes, el cliente debe hacer el reclamo y, luego de un engorroso procedimiento, se le obliga a cancelar un importe extra, desconociendo que esa persona ya había pagado para el envío que nunca se realizó. (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/denuncian-fraude-de-ipostel-en-envios-internaciona.aspx)

  Suponemos que esta huelga aún no es nacional porque en algunos estados, caciques locales atemorizan a pequeños núcleos de trabajadores que no se atreven al desafío. Es de suponer que este colapso moverá las fibras de este universo laboral de 6500 trabajadores activos y 2500 jubilados, que ven su futuro más oscuro que el presente. 

  El colapso de Ipostel hizo saltar a la superficie un hecho realmente extremo y hasta curioso, una convención colectiva vencida hace más de veinte años!!. Uno se pregunta ¿donde han estado las sensibilidades por los derechos de los trabajadores? El respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al Decreto Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras, y ¿que del nuevo bautizado Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo?

  Nuestra institucionalidad es más retórica que real. Mucha protección a los trabajadores en los textos y en el discurso,  pero cuando el patrono es el Estado entonces ignoramos la retórica y las instituciones se disipan. 

  No deja de ser oportuno que este colapso sirva para llamar la atención de la debilidad de los trabajadores de Ipostel, los que aún organizados en sindicatos requieren del músculo de la solidaridad para emprender las acciones de defensa a la cual la situación de colapso los lleva, es decir las acciones y movilizaciones para sensibilizar a los entes que tienen en sus manos medios y capacidad de decisión para corregir la situación, así como sancionar y establecer responsabilidades, que son tantas que suele ocurrir que igualmente se diluyen, y  que las instituciones fracasan y colapsan pero finalmente no hay culpables ni responsables. 

  Es lo mismo que se observa en otros servicios públicos prestados por entes estatales, como son los casos de suministro de electricidad, de agua y de gas, en donde el colapso es un hecho, y que son entes que no se autofinancian, a pesar del monopolio con el cual son prestados los servicios. Destacamos que en ellos igualmente se observa un buen  nivel de organización sindical, que ante el caos y fracasos operativos vienen planteando sus justas criticas y demandas, pero lo que más bien da lugar es a la estigmatización de los dirigentes por parte de las jerarquías sindicales y políticas oficialistas.

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PRESTACIONES SOCIALES Y CAJAS DE AHORRO

Hay dos conquistas históricas de los ingresos de los trabajadores que forman un colchón para situaciones eventuales, que demandan erogaciones extraordinarias, como contingencias en salud, adquisiciones por deterioro de un bien del hogar, proyectos ligados al funcionamiento familiar, reparar vivienda o vehículo. Además son importantes para el período de retiro del trabajador. Estas conquistas son las prestaciones sociales y las cajas de ahorros.

  El salario es para el trabajador el ingreso para su subsistencia, y sólo cuando perciba incrementos que mejoren su salario real ello será para mantenerse en su condición y estatus socio económico. Hay que advertir que son muy pocos los asalariados que logran estos último. La política salarial finalmente en el mejor de los casos preserva el valor del salario, pero rara vez lo mejora, tal es el caso de los mejores empleos en empresas estables, cada vez instituciones mas extrañas en nuestro contexto. Pero la amplia mayoría de los asalariados experimentan una política salarial de desmejoramiento crónico, acentuado en tiempos de alta inflación.  

  De aquí que la vigilancia de las prestaciones sociales y las cajas de ahorros es un asunto delicado. Del estado emanan leyes que fijan reglas sobre su vigilancia y monitoreo, así como la entrega de informes, las responsabilidades, en fin el papel elemental de regulación estatal. Hay que subrayar que los procesos de construcción legislativa en estos temas tan sensibles a los trabajadores, no han contado ni hoy tampoco cuentan con procesos institucionales que realmente permitan la consulta y participación en un genuino marco plural de dialogo social.  

  Las prestaciones sociales que se van generando a lo largo de la vida laboral, tienen destinos específicos sea en los fideicomisos en la banca o su utilización como capital de trabajo en la empresa donde labora el trabajador. En ambos casos se remunera este capital un poco mejor que lo percibido por los ciudadanos ahorristas independientes en sus relaciones con la banca. 

  En la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral hay un número importante de reclamos sobre prestaciones sociales, pero más bien relacionados con el reconocimiento de si un trabajador tiene condición de dependiente o independiente, igualmente es frecuente lo relativo a la controversia sobre los elementos que forman parte del salario, cuales si y cuales no. Pero en general, reconocida la condición de trabajador dependiente, el sistema funciona. Los trabajadores tienen acceso a anticipos, retiros parciales, así como a los intereses de estos recursos. Al finalizar la relación de trabajo se hacen los ajustes y el trabajador se lleva sus reales. 

  Las cajas de ahorro son instituciones auto gestionadas por parte de los propios trabajadores, sencillamente porque son sus reales. Sin embargo en algunos casos se observa presencia de representación del patrono pero no en condición mayoritaria, el sentido de esta presencia se vincula con el hecho de aportar proporciones equivalentes o no, a lo aportado por el trabajador afiliado según lo que se indique en los estatutos o en los acuerdos. Pero lo sustantivo es la gestión propia de los asociados, lo que según el tamaño de la caja, es decir el número de afiliados, así como de los servicios que preste, puede requerir contratación de asalariados o de servicios externos para su funcionamiento, sin menoscabo de ninguna de las funciones y responsabilidades del equipo directivo de la caja y de su asamblea de socios. Hay que destacar que una caja de ahorros además de recibir los aportes, administrarlos y conducir la gestion de préstamos, tiene un potencial para proveer servicios conexos con la atención de necesidades fundamentales de sus afiliados.  

  Estas dos instituciones han de ser controladas por los propios interesados especialmente vía sus organizaciones colectivas, además de rendir cuentas a entes del Estado, por tanto con este doble control se espera su buen desempeño. 

  Las anomalías en el funcionamiento de los fideicomisos así como del capital de las prestaciones en manos de los empleadores, quedaría fácilmente en evidencia si un trabajador demanda un anticipo de prestaciones, o sus intereses en las fechas establecidas, o el total de las prestaciones sociales por terminación de la relación de trabajo y no lo recibe en el momento. Parte del art. 141 del Decreto LOTTT señala “Las prestaciones sociales son de créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”. Similar texto lo ofrece el art. 92 de la CRBV.  Resulta que este tipo de problema es mas frecuente en las entidades del estado, de aquí la contradicción que quién regula es quién falta y viola la ley. Por ello es de cuidado prestar atención a lo planteado por el Presidente de la República en reciente alocución -1 de Mayo- sobre estas instituciones que acumulan recursos financieros importantes aportados por los trabajadores de sus esfuerzos laborales.

  Algunas interrogantes que conviene sean respondidas por el gobierno y otros órganos del estado, incluyen: 

¿Cuanto se le debe en prestaciones a los servidores al servicio del Estado, tanto en capital como en intereses? 

¿Cual es el tiempo promedio que tardan las instituciones públicas en pagar al que egresa de sus nóminas? ¿Por que el retardo? 

¿Por que la lucha de los gremios universitarios por reivindicar la elaboración bipartita de una metodología de cálculo con los propios órganos técnicos como la Opsu, fue negada? Hoy se acumulan tensiones por las discrepancias en las metodologías entre los registros universitarios y los aplicados por el gobierno. 

En 1987 se creó el fondo de jubilados de las administración pública, a los funcionarios de les descuenta el 3% de su salario, y aún este fondo no ha financiado jubilación alguna. Se desconoce de los activos de este fondo ¿Tiene cada cotizante un estado de cuenta de su fondo? 

¿Que se ha hecho para corregir y penalizar el desfalco ocurrido en el Fondo de Jubilados de los Petroleros, de mas de 500 millones de US$? sólo se sabe de detenidos y sentenciados en los EEUU, pero no se conoce de medidas efectivas tomadas aquí en el país a responsables, ni tampoco la reparación a los afectados.

Estas preguntas son extensibles a otros órganos, como la Asamblea Nacional, la Contraloría, y a organizaciones sindicales que representan a los trabajadores. Además de reclamar que los temas y preguntas como las expuestas han de ser incorporados a un debate en un ámbito de dialogo social plural y amplio.

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