SIDERURGICOS Y SU MEMORIA HISTORICA

En la presente semana el Sindicato Único de los Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares –Sutiss- llevo a cabo sus elecciones estatutarias. A pesar de su denominación de sindicato único de la rama siderurgia, es realmente el sindicato que aglutina sólo a los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco –Sidor-, ahora llamada “Alfredo Maneiro”.
 
            En los días que corren y en los próximos se estarán publicando análisis de los resultados de estas elecciones, lo que refiere obviamente a análisis coyunturales. Sin embargo lo que pretende este artículo es mirar hacia atrás y reflexionar, en torno a una organización que ofrece una trayectoria particular y fundamental en el desarrollo de las organizaciones de los trabajadores del país. Contar y conocer la memoria histórica fortalece las organizaciones. Más importante aún cuando los cincuenta años de Sidor implica ya dos generaciones laborales.
 
            Empecemos por identificar el colectivo aglutinado en la Sutiss. Su nómina de miembros está por alrededor de los 5.700 trabajadores. Sidor ha tenido una población laboral muy superior en años anteriores, llegó a tener 18.000 antes del proceso de reestructuración de principios de los noventa. Como toda la industria siderúrgica mundial, el número de trabajadores ha bajado sustancialmente, atendiendo a cambios tecnológicos y en la organización del trabajo.
 
            El hecho de que la organización sindical de Sutiss expresa el modelo de sindicalización por empresa, resulta una desventaja organizacional para responder a los cambios que gradualmente fueron reduciendo la nómina de la empresa, y con ello minando su base de afiliados. Aparte de que la industria siderúrgica es un hecho nacional, que si bien en Sidor está el mayor centro productivo, hay actividad siderúrgica en otras empresas de la zona, así como en otros estados de la República.
 
            Un sindicato de empresa está poco conectado con la actividad sectorial productiva, carece de formulación de políticas en este ámbito, y en tiempos que el movimiento sindical en su conjunto está desarticulado y atomizado, es más vulnerable a las influencias patronales y estatales; actores con quienes interactúa como entidad,  con intereses en algunos casos coincidentes pero en otros divergentes. El escenario al cual se ve sometido un sindicato en esta situación, esta dominado por lo circunstancial y cotidiano. Al final, sigue atrás de las estrategias patronales y estatales, y no construye ni formula las suyas.
 
            En tiempos de una continuada desindustrialización estructural, esto lo coloca en una situación más vulnerable. Distinto eran aquellos años que el modelo privilegió las industrias básicas como motor del desarrollo, y por ello recibieron cuantiosas inversiones y sus nóminas eran crecientes en empleos directos generadores de riqueza. La acción sindical se desenvolvía en un terreno más ventajoso. Hoy el cuadro es dramático, por el  déficit de inversiones, el atraso tecnológico y la pérdida de competitividad. 
           
            A pesar de las debilidades planteadas, hay elementos meritorios que constituyen una fortaleza a toda organización colectiva. Destacable la consecuente consulta electoral a sus afiliados. Ello ha permitido que en cuarenta años de actividad sindical, - de 1963 al 2011, son 48 años, menos los 7 años con una directiva interventora impuesta por sobre la voluntad de los trabajadores - ha tenido trece procesos electorales, y once presidentes sindicales diferentes, lo cual en el movimiento sindical venezolano es evidencia diáfana de respeto estatutario y alternabilidad.
 
            En la historia de Sutiss se acumula un patrimonio de luchas y conquistas que lo convierte en un referente histórico del avance laboral del país. En otro artículo se analizarían. También en su patrimonio ha de incluirse los traumas, como el caso de una huelga derrotada, la de 1971 y los 514 obreros despedidos, Alfredo Maneiro dijo años después, que era un  “..record mundial de despido en una sola jornada” (Revista Resumen No 320, del 23-12-79). Otro trauma, fue la intervención decidida en las cúpulas sindicales por siete largos años, período 1982-89. Recordar estos hechos, los positivos y los negativos, son útiles para el análisis y seguro fortalecerán la memoria histórica de Sutiss.
 
            Así como el movimiento de los trabajadores petroleros, con más antigüedad a su favor, cuenta con una historia digna, combativa y pedagógica, igual ocurre con el movimiento de los trabajadores siderúrgicos. Pero hay que reconstruirla, ello es necesario para reflexionar el presente y mirar el futuro con la responsabilidad que el desafío demanda.
 
            Para terminar, Sutiss y Sidor, sindicato y empresa, representan organizaciones referentes en el desarrollo de nacional. No se concibe un sindicato que alcance y sostenga un patrimonio de conquistas laborales importantes, en una organización productiva mal gerenciada. Difícil que a un sindicato le vaya bien, si a la empresa le va mal.

Cogestión fracasada y Consejos de Trabajadores congelados

Los trabajadores del sector eléctrico llevan en la última década dos experiencias críticas en el proceso de avance en las relaciones con la dirección de la empresa Cadafe (hoy Corpoelec). Primero una experiencia de Cogestión y luego otra de Consejos de Trabajadores.

El caso Cadafe, la mayor empresa de distribución eléctrica del país, adquirió carácter emblemático, así como otros casos con procesos de participación laboral que fueron objeto de amplia difusión, por ejemplo Invepal y Alcasa; cada uno con sus peculiaridades. Pero en un primer momento estos casos fueron mencionados como modelos a seguir, pero luego han experimentado contratiempos que pasan a tener un perfil más bajo. Es por ello que con mayor razón, al haber sido casos paradigmáticos, es por lo que conviene estudiar y entenderlos con mayor profundidad.

Volviendo al caso Cadafe y el movimiento sindical de los electricistas organizado en Fetraelec, empecemos por retomar una experiencia de participación que fue identificada como la Cogestión. Tomo el impulso que derivó de la aprobación y entrada en vigencia de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y el entusiasta discurso presidencial, quién promovía “cambiar el rancio capitalismo por la cogestión obrera” – así lo expuso en marzo del 2003 en su Aló Presidente de 02-03-03, el Presidente Chávez-.

Entonces tempranamente el movimiento de los trabajadores electricistas promueve el establecimiento de la Cogestión. Hay que recordar que el término venía siendo considerado por la CTV, llegando a aprobar una resolución orientada a su fomento, en el marco de su VIII Congreso en Porlamar en 1982. Pero finalmente los cetevistas no pasaron de ampliar la figura de los Directores Laborales, extendiéndola de un Director a dos Directores, siendo este último electo por los trabajadores, en tanto el primero nombrado por la CTV. Ambos representarían al movimiento de los trabajadores en el Directorio de la empresa.

Lo particular de la cogestión en Cadafe, resultó que fue más allá de la pura presencia de los Directores Laborales, ya que en las propias relaciones de trabajo de esta empresa se diseño y se puso en práctica en el período 2003-2006, un proceso de cogestión, que como indica Guillermo Cerceau, “fue original, entendiéndose por este calificativo que sus diversos elementos respondieron a una realidad concreta, que se alimentó de una práctica sindical de lucha y toma de conciencia de varios años y que encontró su oportunidad de desarrollo en una coyuntura histórica” ver en “Experiencias de Cogestión en CADAFE y el papel del Movimiento Sindical en dicho procesos. Lecciones aprendidas y estrategias para avanzar – ILDIS-.

Pero al transcurrir la puesta en vigencia del convenio firmado en el 2003, no obstante la inclusión del prologo y los principios para fortalecer la cogestión en Cadafe, el proceso se fue estancando. De hecho los Directores Laborales en esta empresa no fueron electos por los trabajadores sino escogidos y nombrados por el Presidente de la República, lo que no represento un avance.

Los directivos de la empresa Cadafe empezaron a obstaculizar la experiencia cogestionaria, resultando en una frustración para el movimiento de los trabajadores. El liderazgo sindical identifica las dificultades “la cogestión de las empresas del Estado atraviesa un momento crítico por los fuertes roces existentes, debido a la férrea resistencia que opone la nueva tecno-burocracia a la participación directa y protagónica de los trabajadores en la toma de decisiones. El proceso revolucionario vive un momento especial dado que los vicios heredados del pasado, como la burocracia y la corrupción amenazan y corroen las conquistas obtenidas..” Stalin Pérez, máximo líder de la corriente Marea Socialista, a la cual adhieren los principales líderes de Fetraelec –Aporrea, 30-9-05-.

Años más tarde, en una nueva etapa el Ejecutivo promueve el establecimiento de los Consejos de Trabajadores, y de nuevo el movimiento sindical electricista se activa y se pone a la cabeza de este esquema. De ahí deriva que Fetraelec propone a altos dirigentes sindicales para ocupar posiciones de conducción en temas neurálgicos de la gestión de Corpoelec, los que son nombrados por el Presidente de la República (Resolución 44-2010.

Luego de un año y medio de actividad en este nuevo esquema de los Consejos de Trabajadores, el movimiento de los trabajadores de Cadafe recibe en este mes de octubre un nuevo golpe al despedirse a sus representantes en los niveles directivos y bloquear el desarrollo de la acción de los Consejos de Trabajadores. Ello lleva a Fetraelec a desconocer a los actuales directivos de la empresa, con Argenis Chávez a la cabeza -hermano del Presidente de la República-.Se abre un nuevo conflicto, que aún es prematuro para afirmar si otra figura de las propuestas por el régimen pasará a congelarse y agregar una frustración al movimiento de los trabajadores, que sigue apostando al proceso político en curso.

De la conflictividad laboral fragmentada a la unificada

La convocatoria por parte del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato –FADESS- de una protesta nacional este pasado 20 de octubre, representa un paso en la dirección de unificar la gran diversidad de quejas y protestas que han venido ocurriendo en diversos ámbitos de la sociedad. Se sabe que las protestas ocurridas en los años 2002 y principios del 2003 dejaron una amarga experiencia para los sectores organizados del movimiento sindical. Desde entonces un continuado proceso de fragmentación laboral ha venido desarrollándose, que ha limitado la capacidad de organizar la protesta.

Sin embargo, la protesta social y en ella la laboral, han venido incrementándose año a año desde el 2006, como puede verse en los Informes Anuales de Provea. Lastima que el Ministerio del Trabajo, dejó de informar sobre la conflictividad laboral. Lo que informa este Despacho, se corresponde a una situación ajena a la realidad que observamos, como se desprende al leer que su estimación para el año 2011, indicado en la Memoria del 2010 es de la ocurrencia de 30 conflictos laborales a lo largo del año –ver pag. 89-. Los datos de Provea indicaron más de tres mil protestas en el pasado año 2010, de ellas cerca de un 40% son laborales. En lo que va del año, ya van rumbo a las cuatro mil, manteniéndose el porcentaje de aquellas de naturaleza laboral.

No obstante la enorme magnitud de protestas laborales, hay que destacar la fragmentación que las caracteriza; lo que determina los limitados impactos en la solución favorable de los problemas que las estimulan. Si los temas que animan las protestas laborales, refieren a incumplimientos de los convenios colectivos, la no negociación de los mismos, el desmejoramiento de condiciones de trabajo, el despido de trabajadores, el cierre de fuentes de trabajo, esta enorme diversidad de protestas que derivan de esta caótica situación, al final no están dando lugar a respuestas concretas. En algunos casos se producen decisiones favorables de los órganos competentes en la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral, pero luego los órganos que han de cumplir con las sentencias o disposiciones no lo hacen. Esto hace reactivar la protesta laboral, en algunos casos se producen cansancios y agotamientos, quedando la situación de los trabajadores en un estado de postración.

En este contexto se agrega la situación de la criminalización de dirigentes y trabajadores por el hecho de protestar, reclamando el cumplimiento de compromisos contractuales y exteriorizando sus aspiraciones reivindicativas, elementos genuinos de la acción y protesta laboral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela ha analizado el problema y llamado la atención al señalar: “la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales”.

Mención necesaria en el marco de este artículo es referir el extremo fenómeno de violencia laboral, que se ha traducido en el exterminio de sindicalistas, cifra que desde el año 2005, ya suma 250 personas. Al respecto se observa una suerte de banalización en el tratamiento del problema desde las entidades encargadas de defender derechos de los trabajadores. Por ello es destacable llamar la atención que tanto en la Memoria del Ministerio del Trabajo, como en el Informe Anual de la Fiscalía General de la República, estos asuntos no figuran, simplemente como si no existieran.

En el problema del asesinato de dirigentes sindicales, Venezuela y Colombia muestran unos espeluznantes datos. Sin embargo en el portal web de la Fiscalía General de la República en Colombia, se indica en botón “Sentencias Crímenes contra Sindicalistas”, donde se transcriben cuarenta casos correspondientes a los últimos cinco meses (consulta de 22-10-111).

Una aspiración mínima de las instituciones venezolanas, seria otorgar relevancia al problema, no seguir ignorándolo. Igualmente Informes de la CIDH llaman la atención de este problema y afirma en su documento “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, el ejercicio sindical está afectado “por el grado de polarización política y la falta de concertación social entre las organizaciones sindicales, las organizaciones de empleadores y el Gobierno”. Si la protesta laboral diera como resultado una respuesta gubernantal autentica en este orden sería un paso importante.

QUE CONSUMIMOS Y PRODUCIMOS. IMPACTOS EN EL TRABAJO

En la presente semana se consumía en nuestro hogar leche procedente de España, la semana pasada fue otra marca procedente de Ecuador. Es lo que se consigue en los anaqueles. Esto viene pasando no sólo con la lecha, sino con una importante cantidad de productos alimenticios básicos en la dieta de la población. La dependencia de alimentos procedentes del exterior afirma que no hemos tenido éxito en la búsqueda y conquista de la soberanía alimentaria. La carencia se subsana artificialmente, ya que se realiza al tiempo que el país consume las divisas petroleras.

Con el consumo de un bien no renovable, como es el petróleo, deberíamos más bien privilegiar la creación de la infraestructura para conseguir la soberanía no solo alimentaria, sino también en otras ramas productivas. Lamentablemente, la ecuación en desarrollo no logra romper el viejo circulo vicioso de liquidar un bien, que es un activo como es la riqueza petrolera, sin que se construya y estabilice una base productiva sustitutiva. Todo ello avizora un futuro difícil para la población venezolana.

Este problema es lo que lleva a admitir el continuado proceso de desindustrialización que experimenta el país desde hace tres décadas. Es por ello que nos vemos en la necesidad de importar un producto básico como la leche, y llamativo el caso por contar con un país tan extenso en sabanas adecuadas para pastos, y que por otro lado el procesamiento de la leche para pasteurizarla y envasarla, es un proceso industrial elemental, que conlleva un modesto valor agregado.

Los esfuerzos por emprender la industrialización, se ubican a partir de la década del cincuenta y sesenta del pasado siglo. Un fenómeno tardío si se compara con otros países de la región. Se ha sustentado la tesis que la industrialización venezolana estuvo motivada a aumentar el consumo interno de bienes y servicios, para compensar los desequilibrios favorables de la balanza de pagos con los Estados Unidos de Norteamérica, es decir el país les exportaba (petróleo) pero no consumía, así que la industrialización le permitió al capital norteamericano asegurar un enclave para el consumo de sus productos.

También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario, afectando las posiciones del sector agroexportador tradicional y las exportaciones manufactureras, y beneficiando las importaciones. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten.

El país experimentó un largo período de crecimiento de su producción industrial –PIB manufacturero- en la década del cincuenta el aumento fue 221%, en la del sesenta de 114%, y en la del setenta de 97%. Estos fueron años de crecimiento espectacular, como el que hoy sostienen los países emergentes, entre ellos Brasil. Claro no analiza este breve párrafo la naturaleza y sustentabilidad de este crecimiento nacional. Pero si vale llamar la atención, del contraste que muestran los resultados de la producción industrial en las tres siguientes décadas. La del ochenta apenas un crecimiento 15%, la del noventa un claro estancamiento, con un 1%, y lo más catastrófico se observa en la primera década del presente siglo con una disminución del PIB manufacturero de un -7%. Todos los datos procesados provienen de los Informes del BCV.

Como sabemos cada día aumenta la población, por tanto el PIB per cápita decrece más dramáticamente. Por ello nuestra acentuada dependencia de las importaciones. El fenómeno de la desindustrialización se observa en muchos países, pero en contrapartida también ocurre la existencia de cambios en los patrones productivos, como es el caso de países que reorientan su modelo productivo al fomento de otras actividades para lograr las divisas necesarias, especialmente hacia las actividades de servicio, ya sea el turismo, el fomento de actividades basadas en conocimiento como palancas para la exportación, son dos claros ejemplos.

Al experimentar el continuado proceso de desindustrialización, ya por tres décadas continuas, se han perdido empleos formales, bien remunerados, tutelados, protegidos por la seguridad social y los convenios colectivos. No sólo en las industrias que ya no existen, sino en las cadenas de suministro de materias primas, servicios, así como en el desarrollo aguas abajo de estos insumos para otras actividades de transformación. Todos estos beneficios los capitalizan aquellos países receptores de nuestras divisas que pagan lo que les importamos. Promovemos el capitalismo de otros países, a cambio del sacrificio de nuestro aparato productivo.

Un crecimiento sindical con un liderazgo polémico

El sindicalismo es una actividad colectiva, que implica la agregación de trabajadores alrededor de una organización que defiende sus intereses. Las diferencias con los patronos y con quienes están al mando del Estado dan lugar a sus continuas acciones de presión, lucha y negociación. En estos procesos juegan un importante papel quienes son los líderes que están a la cabeza del movimiento. A pesar de tratarse el sindicalismo de un movimiento de masas, predominantemente analizado en el contexto de enfoques que privilegian y dan mayor énfasis a aquellas explicaciones que se fundamentan en el curso y las corrientes históricas, nos encontramos casos en donde determinado liderazgos obligan a mirarlos de cerca para entender procesos de fortalecimiento de la actividad sindical.

Como ha ocurrido en casi todo el mundo, desde los años ochenta ha venido manifestándose un proceso continuado de disminución de la actividad sindical. Las tasas de sindicalización han bajado en casi todos los países. Sin embargo hay que reconocer que al lado de la actividad sindical coexisten otras actividades de masas, que se apoyan en la organización de aquellos trabajadores expulsados o que no logran inserción en los procesos productivos que dan oportunidad para empleos estables, tutelados y protegidos por las organizaciones sindicales. Esto da lugar a una constelación de acciones de reclamos y protestas que al lado de las acciones sindicales tradicionales configuran los nuevos escenarios laborales.

Esta introducción viene a propósito de la lectura de libro “El hombre del camión: Hugo Moyano. La historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina”. Es una investigación periodística de Emilia Delfino y Mariano Martín, editada por Sudamericana, Buenos Aires, 2008.

Hugo Moyano es un dirigente sindical que inicia su actividad en la provincia, y luego logra ganarse un espacio en el sindicato de camioneros de Buenos Aires. En 1985 gana su primer peldaño sindical en la capital al desempeñarse como secretario adjunto de la seccional de la ciudad de Buenos Aires, dos años más tarde asumió la dirección de esta seccional, y en 1992 gana la Presidencia de la Federación Nacional de Camioneros. Para entonces era una organización que contaba con 23 mil afiliados, quince años más tarde su afiliación la multiplicó por cuatro y cinco veces. Los registros sindicales son difíciles de precisar, pero la afiliación va de 90 a 140 mil afiliados. La tasa de afiliación sindical en el transporte la llevó a 80% en las grandes empresas y algunos casos hasta el 90%, como en la recolección de basura. En cuanto a salarios, desde que asumió la Presidencia aumentaron en un 70%. Finalmente logra ser el Presidente de la Central General de Trabajadores en el 2005, al reunificarse esta central histórica que se mantuvo dividida por casi una década, cargo que hoy ostenta.

Como mencionamos, en un contexto de baja de la afiliación sindical este es un fenómeno interesante. Hay que señalar que en su conjunto la afiliación sindical ha subido en algunos países del Cono Sur, tales son los casos además de Argentina, el de Brasil y Uruguay.

Regresando al caso bajo análisis, la afiliación se ha extendido en este período a la cabeza del liderazgo de H Moyano. Primero por haber estado opuesto a las políticas neoliberales que privaron en Argentina en los ochenta y noventa, y estas políticas terminaron en un rotundo fracaso; segundo por extender la búsqueda de afiliados en todo aquello que tuviera relación con camiones y transporte. Esto se tradujo en captación de nuevos segmentos para la afiliación sindical, así como en la sustracción de afiliados de otros sindicatos con menor poder para la defensa y disfrute de las llamadas obras sociales.

Sobre las obras sociales, hay que mencionar que una vieja herencia del peronismo a favor de los sindicatos, fue colocar en sus manos el manejo de algunas áreas de la seguridad social y bienestar para los trabajadores. Por supuesto que con el aporte de los propios afiliados y del Estado. Con estos recursos se construyen y administran centros de recreación, de turismo, de tratamientos de enfermedades y geriátricos. Es un área sensible y determinante para el fomento de la afiliación sindical, ya que llena necesidades de los trabajadores. No ha sido inocente que en los gobiernos militares estas llamadas obras sociales les han sido sustraídas a los sindicatos.

Por supuesto que un dirigente con esta trayectoria no está exento de granjearse problemas y enemigos, además que los métodos para este crecimiento incluyen acciones polémicas, que muestran al personaje alrededor de señalamientos de corrupción y de agresiones a otros dirigentes y a empresarios.

El mismo Moyano se identifica con el estadounidense Jimmy Hoffa, dirigente camionero vinculado con la mafia y desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. Un asesor sindical caracteriza a Moyano “La última etapa de su historia me recuerda a la de Hoffa: métodos duros y representativos para las bases”

Entendiendo las Empresas Recuperadas

             Un mes atrás recibí solicitud de intercambio de grupo de investigación sobre el tema perteneciente al Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, de Argentina, sobre empresas recuperadas por los trabajadores.  La inquietud  primaria de nuestros solicitantes, era conocer cuántos casos de empresas recuperadas existen en Venezuela.

            El planteamiento llevó de nuestra parte a solicitar que estableciéramos un criterio o definición de que se entendería por empresa recuperada. La solicitud fue respondida por los colegas argentinos, con el siguiente texto: “.. le decimos empresas recuperadas a las empresas autogestionadas por sus trabajadores; empresas que anteriormente tenían un dueño o patrón que la quebró y dejó a esos trabajadores sin trabajo. Es en ese momento en que los trabajadores deciden luchar para poder quedársela, armar una cooperativa y autogestionarla”.

En nuestro caso venezolano, señalamos que lo predominante en las experiencias locales es que el Estado se queda con las empresas, y pasan a ser identificadas como empresas de propiedad social y/o empresas de producción social, y que no pasan a manos de los trabajadores desde el punto de vista de la propiedad.

En cuanto a la preocupación por el número de experiencias de empresas recuperadas, es un número variable en el tiempo, porque además de que se agregan por diversas razones, y no solamente el hecho de que los propietarios las hayan quebrado, sino que también el Estado se interesa por estatizar empresas que están en pleno desarrollo productivo, nada quebradas, y en la mayoría de los casos, pasan luego a experimentar serias dificultades, dando lugar a que parte de ellas quiebren, pero ya en manos de la administración estatal. 

Pero la opacidad con la cual se maneja este sector de empresas recuperadas, expropiadas, estatizadas, no da lugar a que se conozca públicamente los detalles operativos y financieros correspondientes, ya sea la situación pre estatización, como la que se configura a lo largo del período en manos estatales. La exigencia de información, se trata de reclamo pertinente, habida cuenta de que estas empresas pasan a ser patrimonio de la nación y del interés de los ciudadanos.

También hay que señalar que los controles que desde el Estado se aplican a las empresas,  plantean la necesidad de analizar si la manera como los controles son administrados conllevan a agudizar el problema de funcionamiento de una empresa, o son los controles en si mismo generadores de dificultades. Esto es importante, para contrastarlo con la apreciación más frecuentemente  esbozada por las autoridades que asignan a los propietarios y administradores, la causa de una gestión errática, y es ello lo que lleva a situaciones de bancarrota.

 A priori no se trata de hacer señalamientos que se inclinen por una u otra situación y caer en generalizaciones, sino que la temática demanda apertura, información y transparencia para poder evaluar y concluir las razones que llevan a la situación de crisis de la firma.

El hecho de establecer a través de regulaciones controles y congelaciones de precios, tarifas, cuotas de servicios y/o productos en situación preferencial, plantea junto a la asignación de divisas en condiciones discriminatorias, así como un tratamiento desigual en la aplicación de la legislación laboral, en lo que tiene que ver empresas privadas y públicas, conlleva a que determinadas empresas deban sobrevivir en situaciones que gradualmente se va afectando la calidad de sus productos y servicios, levantando quejas de los consumidores y usuarios, y teniendo dificultades para cumplir con los trabajadores en los compromisos legales y contractuales.

El número de empresas sean estatizadas, expropiadas, con pago de sus bienes o sin pago de ellos, en fin, se asoma el número de 988 empresas en estas situaciones en los últimos cinco años, siendo el caso del presente año -2011- el de mayor acción estatal en este orden al alcanzar 402 casos, casi la mitad de este quinquenio. Estos datos son provistos por el gremio empresarial Fedecámaras, sin embargo no son refutados por el gobierno, y por otro lado las entidades públicas que tiene que ver con el tema, informan de casos muy limitados, y se carece de una información centralizada que trate el tema.

Del Estado se espera una función reguladora para conciliar intereses de la nación, de trabajadores, consumidores y empresas. Si el ejercicio de esta función se traduce en la creación de un ambiente de dificultades para producir, y que lamentablemente se intenta resolverlo con importaciones, se está atentando con los intereses de la nación completa, porque se destruye su tejido productivo. Le importa a la actual generación y a las futuras.

Concluyendo, por lo que leímos al principio de este artículo,  no es el mismo fenómeno lo que entienden los colegas argentinos por empresas recuperadas y lo que viene ocurriendo por estos lares.

DIALOGO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN Y DIFICULTADES

En el mundo del trabajo el dialogo es una necesidad insustituible. Los intereses antagónicos o colaborativos, como se quiera ver, exigen encuentros entre los factores de la producción. Hay una realidad que requiere del dialogo. Se trata de la convivencia productiva.

            Cuando se hace referencia a los factores de la producción, no es sólo referir a empresarios y trabajadores, claro que en primer lugar a ellos, pero también al Estado,  a las comunidades y los consumidores o usuarios. El tripartismo tradicional en estos tiempos requiere ampliarse. El Estado, y especialmente el Gobierno, requiere hacer un esfuerzo muy fino para lograr ganar la voluntad y adhesión de los sectores que juegan un importante papel en la producción  y el consumo. Con el consenso y la voluntad es como se logra avanzar en la reconstrucción de un tejido productivo altamente deteriorado. 

            Un primer espacio para la reconstrucción del dialogo es en el ámbito del trabajo asalariado formal. Hay otras formas de trabajo, numerosos y heterogéneas que exigen procesos aún más complejos, para tratarlo en otro momento. Pero priorizar los sectores formales tiene de importante que es ahí en donde están las mayores estructuras productivas, que como se evidencia, están en un continuado proceso de deterioro. Lo que suma  tanto el deterioro de las relaciones personales en el mundo del trabajo, más el deterioro de las propias instalaciones productivas, y de la infraestructura en general del país. Si se trata de mejorar la calidad de vida de la población, no es posible lograrlo sin un aparato productivo funcionando bien.

            La cultura del dialogo en el espacio productivo, así como en todos los espacios de la vida de una nación, es una meta importante. Su alcance no es natural. Ella no viene espontáneamente. Es una construcción social que demanda dar y recibir. Quienes dialogan,  oyen y responden. No se dialoga imponiendo, sino convenciendo. Hay que construir argumentos y razonamientos, coherentes y persuasivos, para llevarlos al dialogo como propuestas.

            Quienes actúan en la gestión de personas, sea en entidades privadas como públicas, experimentan una restringida capacidad de construir consensos. Las desconfianzas y la incredulidad predominan. No es extraño que las negociaciones colectivas hayan venido a menos, tanto en el número de convenios negociados, como en la población cubierta. Sin cultura de dialogo, no tiene vida la negociación colectiva.

            Pero el dialogo social es más que las negociaciones colectivas. En esto coincidimos con Alain Supiot cuando comprende al  diálogo social como el  “abordar una gran variedad de dispositivos de confrontación de intereses de empleadores y asalariados: derechos de información, de la huelga, de la representación de la negociación…”. Además hay autores que  van más allá, planteando.. “ampliarlo más a toda forma de intercambio entre trabajadores en relación de dependencia  y empleadores aún cuando no exista una actividad sindical.  Por tanto, el diálogo social se vuelve una dimensión central para analizar los desafíos que tiene la sociedad salarial en los años venideros y un hito relevante en la perspectiva de  lograr alcanzar una sociedad más justa que es en última instancia, el marco valorativo que orienta nuestra reflexión..” (Quiñones, Mariela y Supervielle, Marcos).

            Con la proximidad de una campaña electoral amplia, tanto para el gobierno nacional, como los gobiernos regionales y locales, es muy probable que invocar el dialogo social se convierta en estos tiempos en un estribillo que haga cansón el termino. Pero queda la opción más efectiva de evaluar y analizar que tanto de dialogo hemos tenido o tenemos, así como plantearse que es lo que ha faltado, porque a primera vista resalta la tirantez y la pesadez de la atmósfera para su existencia. No es un asunto simple maniqueísta de los buenos y los malos.

            Que haya o no haya dialogo entre los actores principales de la conducción económica y productiva del país, tiene sus razones y responsables. Se sigue careciendo de un proyecto nacional inclusivo y dialogante, un “deber ser”, nada menor el asunto, empezando por plantearse: Quién determina ese “deber ser”? Cual es su contenido? Antes hubo exclusiones de unos, ahora persisten las de los mismos unos, y se agregan las de otros. Antes hubo un “dialogo”, ahora se tiene otro  tipo de “dialogo”, pero lo preocupantes es que no hay resultados, como ha de ser más producción, justicia, equidad, bienestar, convivencia y respeto al otro… sin dejar de destacar las dificultades que han de superar algunos actores claves en la construcción del dialogo social, como es el caso de la reorganización y reestructuración del movimiento de los trabajadores, sin ignorar que empresarios y gobierno, son los tradicionalmente más deficitarios en la cultura del dialogo.