De la conflictividad laboral fragmentada a la unificada

La convocatoria por parte del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, Salario y Sindicato –FADESS- de una protesta nacional este pasado 20 de octubre, representa un paso en la dirección de unificar la gran diversidad de quejas y protestas que han venido ocurriendo en diversos ámbitos de la sociedad. Se sabe que las protestas ocurridas en los años 2002 y principios del 2003 dejaron una amarga experiencia para los sectores organizados del movimiento sindical. Desde entonces un continuado proceso de fragmentación laboral ha venido desarrollándose, que ha limitado la capacidad de organizar la protesta.

Sin embargo, la protesta social y en ella la laboral, han venido incrementándose año a año desde el 2006, como puede verse en los Informes Anuales de Provea. Lastima que el Ministerio del Trabajo, dejó de informar sobre la conflictividad laboral. Lo que informa este Despacho, se corresponde a una situación ajena a la realidad que observamos, como se desprende al leer que su estimación para el año 2011, indicado en la Memoria del 2010 es de la ocurrencia de 30 conflictos laborales a lo largo del año –ver pag. 89-. Los datos de Provea indicaron más de tres mil protestas en el pasado año 2010, de ellas cerca de un 40% son laborales. En lo que va del año, ya van rumbo a las cuatro mil, manteniéndose el porcentaje de aquellas de naturaleza laboral.

No obstante la enorme magnitud de protestas laborales, hay que destacar la fragmentación que las caracteriza; lo que determina los limitados impactos en la solución favorable de los problemas que las estimulan. Si los temas que animan las protestas laborales, refieren a incumplimientos de los convenios colectivos, la no negociación de los mismos, el desmejoramiento de condiciones de trabajo, el despido de trabajadores, el cierre de fuentes de trabajo, esta enorme diversidad de protestas que derivan de esta caótica situación, al final no están dando lugar a respuestas concretas. En algunos casos se producen decisiones favorables de los órganos competentes en la Administración del Trabajo y en la Justicia Laboral, pero luego los órganos que han de cumplir con las sentencias o disposiciones no lo hacen. Esto hace reactivar la protesta laboral, en algunos casos se producen cansancios y agotamientos, quedando la situación de los trabajadores en un estado de postración.

En este contexto se agrega la situación de la criminalización de dirigentes y trabajadores por el hecho de protestar, reclamando el cumplimiento de compromisos contractuales y exteriorizando sus aspiraciones reivindicativas, elementos genuinos de la acción y protesta laboral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Venezuela ha analizado el problema y llamado la atención al señalar: “la Comisión identifica una tendencia al uso de figuras penales para sancionar a personas que ejercen su derecho a manifestar o protestar en contra de las políticas oficiales”.

Mención necesaria en el marco de este artículo es referir el extremo fenómeno de violencia laboral, que se ha traducido en el exterminio de sindicalistas, cifra que desde el año 2005, ya suma 250 personas. Al respecto se observa una suerte de banalización en el tratamiento del problema desde las entidades encargadas de defender derechos de los trabajadores. Por ello es destacable llamar la atención que tanto en la Memoria del Ministerio del Trabajo, como en el Informe Anual de la Fiscalía General de la República, estos asuntos no figuran, simplemente como si no existieran.

En el problema del asesinato de dirigentes sindicales, Venezuela y Colombia muestran unos espeluznantes datos. Sin embargo en el portal web de la Fiscalía General de la República en Colombia, se indica en botón “Sentencias Crímenes contra Sindicalistas”, donde se transcriben cuarenta casos correspondientes a los últimos cinco meses (consulta de 22-10-111).

Una aspiración mínima de las instituciones venezolanas, seria otorgar relevancia al problema, no seguir ignorándolo. Igualmente Informes de la CIDH llaman la atención de este problema y afirma en su documento “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, el ejercicio sindical está afectado “por el grado de polarización política y la falta de concertación social entre las organizaciones sindicales, las organizaciones de empleadores y el Gobierno”. Si la protesta laboral diera como resultado una respuesta gubernantal autentica en este orden sería un paso importante.

QUE CONSUMIMOS Y PRODUCIMOS. IMPACTOS EN EL TRABAJO

En la presente semana se consumía en nuestro hogar leche procedente de España, la semana pasada fue otra marca procedente de Ecuador. Es lo que se consigue en los anaqueles. Esto viene pasando no sólo con la lecha, sino con una importante cantidad de productos alimenticios básicos en la dieta de la población. La dependencia de alimentos procedentes del exterior afirma que no hemos tenido éxito en la búsqueda y conquista de la soberanía alimentaria. La carencia se subsana artificialmente, ya que se realiza al tiempo que el país consume las divisas petroleras.

Con el consumo de un bien no renovable, como es el petróleo, deberíamos más bien privilegiar la creación de la infraestructura para conseguir la soberanía no solo alimentaria, sino también en otras ramas productivas. Lamentablemente, la ecuación en desarrollo no logra romper el viejo circulo vicioso de liquidar un bien, que es un activo como es la riqueza petrolera, sin que se construya y estabilice una base productiva sustitutiva. Todo ello avizora un futuro difícil para la población venezolana.

Este problema es lo que lleva a admitir el continuado proceso de desindustrialización que experimenta el país desde hace tres décadas. Es por ello que nos vemos en la necesidad de importar un producto básico como la leche, y llamativo el caso por contar con un país tan extenso en sabanas adecuadas para pastos, y que por otro lado el procesamiento de la leche para pasteurizarla y envasarla, es un proceso industrial elemental, que conlleva un modesto valor agregado.

Los esfuerzos por emprender la industrialización, se ubican a partir de la década del cincuenta y sesenta del pasado siglo. Un fenómeno tardío si se compara con otros países de la región. Se ha sustentado la tesis que la industrialización venezolana estuvo motivada a aumentar el consumo interno de bienes y servicios, para compensar los desequilibrios favorables de la balanza de pagos con los Estados Unidos de Norteamérica, es decir el país les exportaba (petróleo) pero no consumía, así que la industrialización le permitió al capital norteamericano asegurar un enclave para el consumo de sus productos.

También se ha destacado la tesis de la sobrevaluación del signo monetario, afectando las posiciones del sector agroexportador tradicional y las exportaciones manufactureras, y beneficiando las importaciones. Estos signos se revierten con las devaluaciones que se inician en 1983 y que aún persisten.

El país experimentó un largo período de crecimiento de su producción industrial –PIB manufacturero- en la década del cincuenta el aumento fue 221%, en la del sesenta de 114%, y en la del setenta de 97%. Estos fueron años de crecimiento espectacular, como el que hoy sostienen los países emergentes, entre ellos Brasil. Claro no analiza este breve párrafo la naturaleza y sustentabilidad de este crecimiento nacional. Pero si vale llamar la atención, del contraste que muestran los resultados de la producción industrial en las tres siguientes décadas. La del ochenta apenas un crecimiento 15%, la del noventa un claro estancamiento, con un 1%, y lo más catastrófico se observa en la primera década del presente siglo con una disminución del PIB manufacturero de un -7%. Todos los datos procesados provienen de los Informes del BCV.

Como sabemos cada día aumenta la población, por tanto el PIB per cápita decrece más dramáticamente. Por ello nuestra acentuada dependencia de las importaciones. El fenómeno de la desindustrialización se observa en muchos países, pero en contrapartida también ocurre la existencia de cambios en los patrones productivos, como es el caso de países que reorientan su modelo productivo al fomento de otras actividades para lograr las divisas necesarias, especialmente hacia las actividades de servicio, ya sea el turismo, el fomento de actividades basadas en conocimiento como palancas para la exportación, son dos claros ejemplos.

Al experimentar el continuado proceso de desindustrialización, ya por tres décadas continuas, se han perdido empleos formales, bien remunerados, tutelados, protegidos por la seguridad social y los convenios colectivos. No sólo en las industrias que ya no existen, sino en las cadenas de suministro de materias primas, servicios, así como en el desarrollo aguas abajo de estos insumos para otras actividades de transformación. Todos estos beneficios los capitalizan aquellos países receptores de nuestras divisas que pagan lo que les importamos. Promovemos el capitalismo de otros países, a cambio del sacrificio de nuestro aparato productivo.

Un crecimiento sindical con un liderazgo polémico

El sindicalismo es una actividad colectiva, que implica la agregación de trabajadores alrededor de una organización que defiende sus intereses. Las diferencias con los patronos y con quienes están al mando del Estado dan lugar a sus continuas acciones de presión, lucha y negociación. En estos procesos juegan un importante papel quienes son los líderes que están a la cabeza del movimiento. A pesar de tratarse el sindicalismo de un movimiento de masas, predominantemente analizado en el contexto de enfoques que privilegian y dan mayor énfasis a aquellas explicaciones que se fundamentan en el curso y las corrientes históricas, nos encontramos casos en donde determinado liderazgos obligan a mirarlos de cerca para entender procesos de fortalecimiento de la actividad sindical.

Como ha ocurrido en casi todo el mundo, desde los años ochenta ha venido manifestándose un proceso continuado de disminución de la actividad sindical. Las tasas de sindicalización han bajado en casi todos los países. Sin embargo hay que reconocer que al lado de la actividad sindical coexisten otras actividades de masas, que se apoyan en la organización de aquellos trabajadores expulsados o que no logran inserción en los procesos productivos que dan oportunidad para empleos estables, tutelados y protegidos por las organizaciones sindicales. Esto da lugar a una constelación de acciones de reclamos y protestas que al lado de las acciones sindicales tradicionales configuran los nuevos escenarios laborales.

Esta introducción viene a propósito de la lectura de libro “El hombre del camión: Hugo Moyano. La historia secreta del sindicalista más poderoso de la Argentina”. Es una investigación periodística de Emilia Delfino y Mariano Martín, editada por Sudamericana, Buenos Aires, 2008.

Hugo Moyano es un dirigente sindical que inicia su actividad en la provincia, y luego logra ganarse un espacio en el sindicato de camioneros de Buenos Aires. En 1985 gana su primer peldaño sindical en la capital al desempeñarse como secretario adjunto de la seccional de la ciudad de Buenos Aires, dos años más tarde asumió la dirección de esta seccional, y en 1992 gana la Presidencia de la Federación Nacional de Camioneros. Para entonces era una organización que contaba con 23 mil afiliados, quince años más tarde su afiliación la multiplicó por cuatro y cinco veces. Los registros sindicales son difíciles de precisar, pero la afiliación va de 90 a 140 mil afiliados. La tasa de afiliación sindical en el transporte la llevó a 80% en las grandes empresas y algunos casos hasta el 90%, como en la recolección de basura. En cuanto a salarios, desde que asumió la Presidencia aumentaron en un 70%. Finalmente logra ser el Presidente de la Central General de Trabajadores en el 2005, al reunificarse esta central histórica que se mantuvo dividida por casi una década, cargo que hoy ostenta.

Como mencionamos, en un contexto de baja de la afiliación sindical este es un fenómeno interesante. Hay que señalar que en su conjunto la afiliación sindical ha subido en algunos países del Cono Sur, tales son los casos además de Argentina, el de Brasil y Uruguay.

Regresando al caso bajo análisis, la afiliación se ha extendido en este período a la cabeza del liderazgo de H Moyano. Primero por haber estado opuesto a las políticas neoliberales que privaron en Argentina en los ochenta y noventa, y estas políticas terminaron en un rotundo fracaso; segundo por extender la búsqueda de afiliados en todo aquello que tuviera relación con camiones y transporte. Esto se tradujo en captación de nuevos segmentos para la afiliación sindical, así como en la sustracción de afiliados de otros sindicatos con menor poder para la defensa y disfrute de las llamadas obras sociales.

Sobre las obras sociales, hay que mencionar que una vieja herencia del peronismo a favor de los sindicatos, fue colocar en sus manos el manejo de algunas áreas de la seguridad social y bienestar para los trabajadores. Por supuesto que con el aporte de los propios afiliados y del Estado. Con estos recursos se construyen y administran centros de recreación, de turismo, de tratamientos de enfermedades y geriátricos. Es un área sensible y determinante para el fomento de la afiliación sindical, ya que llena necesidades de los trabajadores. No ha sido inocente que en los gobiernos militares estas llamadas obras sociales les han sido sustraídas a los sindicatos.

Por supuesto que un dirigente con esta trayectoria no está exento de granjearse problemas y enemigos, además que los métodos para este crecimiento incluyen acciones polémicas, que muestran al personaje alrededor de señalamientos de corrupción y de agresiones a otros dirigentes y a empresarios.

El mismo Moyano se identifica con el estadounidense Jimmy Hoffa, dirigente camionero vinculado con la mafia y desaparecido en circunstancias nunca aclaradas. Un asesor sindical caracteriza a Moyano “La última etapa de su historia me recuerda a la de Hoffa: métodos duros y representativos para las bases”

Entendiendo las Empresas Recuperadas

             Un mes atrás recibí solicitud de intercambio de grupo de investigación sobre el tema perteneciente al Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, de Argentina, sobre empresas recuperadas por los trabajadores.  La inquietud  primaria de nuestros solicitantes, era conocer cuántos casos de empresas recuperadas existen en Venezuela.

            El planteamiento llevó de nuestra parte a solicitar que estableciéramos un criterio o definición de que se entendería por empresa recuperada. La solicitud fue respondida por los colegas argentinos, con el siguiente texto: “.. le decimos empresas recuperadas a las empresas autogestionadas por sus trabajadores; empresas que anteriormente tenían un dueño o patrón que la quebró y dejó a esos trabajadores sin trabajo. Es en ese momento en que los trabajadores deciden luchar para poder quedársela, armar una cooperativa y autogestionarla”.

En nuestro caso venezolano, señalamos que lo predominante en las experiencias locales es que el Estado se queda con las empresas, y pasan a ser identificadas como empresas de propiedad social y/o empresas de producción social, y que no pasan a manos de los trabajadores desde el punto de vista de la propiedad.

En cuanto a la preocupación por el número de experiencias de empresas recuperadas, es un número variable en el tiempo, porque además de que se agregan por diversas razones, y no solamente el hecho de que los propietarios las hayan quebrado, sino que también el Estado se interesa por estatizar empresas que están en pleno desarrollo productivo, nada quebradas, y en la mayoría de los casos, pasan luego a experimentar serias dificultades, dando lugar a que parte de ellas quiebren, pero ya en manos de la administración estatal. 

Pero la opacidad con la cual se maneja este sector de empresas recuperadas, expropiadas, estatizadas, no da lugar a que se conozca públicamente los detalles operativos y financieros correspondientes, ya sea la situación pre estatización, como la que se configura a lo largo del período en manos estatales. La exigencia de información, se trata de reclamo pertinente, habida cuenta de que estas empresas pasan a ser patrimonio de la nación y del interés de los ciudadanos.

También hay que señalar que los controles que desde el Estado se aplican a las empresas,  plantean la necesidad de analizar si la manera como los controles son administrados conllevan a agudizar el problema de funcionamiento de una empresa, o son los controles en si mismo generadores de dificultades. Esto es importante, para contrastarlo con la apreciación más frecuentemente  esbozada por las autoridades que asignan a los propietarios y administradores, la causa de una gestión errática, y es ello lo que lleva a situaciones de bancarrota.

 A priori no se trata de hacer señalamientos que se inclinen por una u otra situación y caer en generalizaciones, sino que la temática demanda apertura, información y transparencia para poder evaluar y concluir las razones que llevan a la situación de crisis de la firma.

El hecho de establecer a través de regulaciones controles y congelaciones de precios, tarifas, cuotas de servicios y/o productos en situación preferencial, plantea junto a la asignación de divisas en condiciones discriminatorias, así como un tratamiento desigual en la aplicación de la legislación laboral, en lo que tiene que ver empresas privadas y públicas, conlleva a que determinadas empresas deban sobrevivir en situaciones que gradualmente se va afectando la calidad de sus productos y servicios, levantando quejas de los consumidores y usuarios, y teniendo dificultades para cumplir con los trabajadores en los compromisos legales y contractuales.

El número de empresas sean estatizadas, expropiadas, con pago de sus bienes o sin pago de ellos, en fin, se asoma el número de 988 empresas en estas situaciones en los últimos cinco años, siendo el caso del presente año -2011- el de mayor acción estatal en este orden al alcanzar 402 casos, casi la mitad de este quinquenio. Estos datos son provistos por el gremio empresarial Fedecámaras, sin embargo no son refutados por el gobierno, y por otro lado las entidades públicas que tiene que ver con el tema, informan de casos muy limitados, y se carece de una información centralizada que trate el tema.

Del Estado se espera una función reguladora para conciliar intereses de la nación, de trabajadores, consumidores y empresas. Si el ejercicio de esta función se traduce en la creación de un ambiente de dificultades para producir, y que lamentablemente se intenta resolverlo con importaciones, se está atentando con los intereses de la nación completa, porque se destruye su tejido productivo. Le importa a la actual generación y a las futuras.

Concluyendo, por lo que leímos al principio de este artículo,  no es el mismo fenómeno lo que entienden los colegas argentinos por empresas recuperadas y lo que viene ocurriendo por estos lares.

DIALOGO SOCIAL: CONSTRUCCIÓN Y DIFICULTADES

En el mundo del trabajo el dialogo es una necesidad insustituible. Los intereses antagónicos o colaborativos, como se quiera ver, exigen encuentros entre los factores de la producción. Hay una realidad que requiere del dialogo. Se trata de la convivencia productiva.

            Cuando se hace referencia a los factores de la producción, no es sólo referir a empresarios y trabajadores, claro que en primer lugar a ellos, pero también al Estado,  a las comunidades y los consumidores o usuarios. El tripartismo tradicional en estos tiempos requiere ampliarse. El Estado, y especialmente el Gobierno, requiere hacer un esfuerzo muy fino para lograr ganar la voluntad y adhesión de los sectores que juegan un importante papel en la producción  y el consumo. Con el consenso y la voluntad es como se logra avanzar en la reconstrucción de un tejido productivo altamente deteriorado. 

            Un primer espacio para la reconstrucción del dialogo es en el ámbito del trabajo asalariado formal. Hay otras formas de trabajo, numerosos y heterogéneas que exigen procesos aún más complejos, para tratarlo en otro momento. Pero priorizar los sectores formales tiene de importante que es ahí en donde están las mayores estructuras productivas, que como se evidencia, están en un continuado proceso de deterioro. Lo que suma  tanto el deterioro de las relaciones personales en el mundo del trabajo, más el deterioro de las propias instalaciones productivas, y de la infraestructura en general del país. Si se trata de mejorar la calidad de vida de la población, no es posible lograrlo sin un aparato productivo funcionando bien.

            La cultura del dialogo en el espacio productivo, así como en todos los espacios de la vida de una nación, es una meta importante. Su alcance no es natural. Ella no viene espontáneamente. Es una construcción social que demanda dar y recibir. Quienes dialogan,  oyen y responden. No se dialoga imponiendo, sino convenciendo. Hay que construir argumentos y razonamientos, coherentes y persuasivos, para llevarlos al dialogo como propuestas.

            Quienes actúan en la gestión de personas, sea en entidades privadas como públicas, experimentan una restringida capacidad de construir consensos. Las desconfianzas y la incredulidad predominan. No es extraño que las negociaciones colectivas hayan venido a menos, tanto en el número de convenios negociados, como en la población cubierta. Sin cultura de dialogo, no tiene vida la negociación colectiva.

            Pero el dialogo social es más que las negociaciones colectivas. En esto coincidimos con Alain Supiot cuando comprende al  diálogo social como el  “abordar una gran variedad de dispositivos de confrontación de intereses de empleadores y asalariados: derechos de información, de la huelga, de la representación de la negociación…”. Además hay autores que  van más allá, planteando.. “ampliarlo más a toda forma de intercambio entre trabajadores en relación de dependencia  y empleadores aún cuando no exista una actividad sindical.  Por tanto, el diálogo social se vuelve una dimensión central para analizar los desafíos que tiene la sociedad salarial en los años venideros y un hito relevante en la perspectiva de  lograr alcanzar una sociedad más justa que es en última instancia, el marco valorativo que orienta nuestra reflexión..” (Quiñones, Mariela y Supervielle, Marcos).

            Con la proximidad de una campaña electoral amplia, tanto para el gobierno nacional, como los gobiernos regionales y locales, es muy probable que invocar el dialogo social se convierta en estos tiempos en un estribillo que haga cansón el termino. Pero queda la opción más efectiva de evaluar y analizar que tanto de dialogo hemos tenido o tenemos, así como plantearse que es lo que ha faltado, porque a primera vista resalta la tirantez y la pesadez de la atmósfera para su existencia. No es un asunto simple maniqueísta de los buenos y los malos.

            Que haya o no haya dialogo entre los actores principales de la conducción económica y productiva del país, tiene sus razones y responsables. Se sigue careciendo de un proyecto nacional inclusivo y dialogante, un “deber ser”, nada menor el asunto, empezando por plantearse: Quién determina ese “deber ser”? Cual es su contenido? Antes hubo exclusiones de unos, ahora persisten las de los mismos unos, y se agregan las de otros. Antes hubo un “dialogo”, ahora se tiene otro  tipo de “dialogo”, pero lo preocupantes es que no hay resultados, como ha de ser más producción, justicia, equidad, bienestar, convivencia y respeto al otro… sin dejar de destacar las dificultades que han de superar algunos actores claves en la construcción del dialogo social, como es el caso de la reorganización y reestructuración del movimiento de los trabajadores, sin ignorar que empresarios y gobierno, son los tradicionalmente más deficitarios en la cultura del dialogo.

LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO DESBORDADA

La relación del Estado con el mundo del trabajo, es un asunto que da para tratarlo desde muy diversas dimensiones. Cada una tan interesante como la otra. Recientemente prologamos un libro dedicado al tema. Más adelante ofreceremos más detalles. Por ahora se trata de adelantar algunas consideraciones sobre el funcionamiento y el colapso de la Administración del Trabajo. Que como se sabe, refiere a la presencia directa del gobierno en los sitios productivos, de su acercamiento a los espacios en donde trabajadores y empleadores desarrollan la actividad que da a la sociedad los bienes y servicios que necesita para su funcionamiento, así como en donde se retribuya a capital y trabajo la compensación correspondiente y necesaria por los esfuerzos realizados.

             Una de las actividades centrales de la Administración del Trabajo, es la Inspección de los centros productivos. Estos servicios fueron reestructurados en la segunda mitad de los noventa -1997-, poco antes del actual período político, y hay que destacar que en los primeros años de su funcionamiento, la inspección del trabajo dio un vuelco, porque activó su presencia en los espacios productivos, con un personal calificado y motivado.

              Algunas instituciones académicas con experiencia en temas vinculados a la Administración del Trabajo, fueron llamados por el Ministerio del Trabajo a cooperar con esta transformación y modernización institucional. Así se hizo en las convocatorias a concursos para hacer una selección rigurosa y profesional del personal que trabajaría en estas actividades en 1997, 1998, 2000. Posteriormente se prescindió de esta relación, hasta que se dejaron de hacer las convocatorias a los concursos. Más bien se han incorporado Comisionados que se asemejan a los funcionarios que desaparecieron a partir del momento en que se reestructuraron los servicios de inspección del trabajo y emergieron los Supervisores del Trabajo, al menos en su incorporación inestable y desprofesionalizada.

               En las investigaciones recientes sobre la inspección del trabajo, el gran ausente en la indagación es el sector estatal. Queda en evidencia que la inspección no apunta su mirada inspectora y escrutadora hacia allá. Es decir donde labora alrededor del veinte por ciento (20%) de la población económicamente activa, la inspección no se hace presente.

         Desde nuestra perspectiva, la carencia más importante de la inspección del trabajo es prescindir del dialogo continuado y estable con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores en todos los niveles.

            Viendo mes a mes los datos de la conflictividad, y observar en ellos el creciente incremento de los conflictos por reclamos de naturaleza laboral, ello lleva a considerar y plantearse que está pasando con la Administración del Trabajo. Su razón de ser es servir de apoyo y orientador a los actores laborales en la resolución de sus problemas y en la convivencia productiva. Pero observando que la mayor frecuencia de conflictos ocurren en las actividades que desarrolla en Estado, sean en la administración central, descentralizada o en las empresas estatales, y resulta que ahí no llega la Administración del Trabajo, y por supuesto tampoco los servicios de Inspección.

             Evidencia de la ausencia de la Administración del Trabajo, se acaba de observar en el prolongado cierre de carreteras nacionales este lunes 6 de septiembre, ya que durante nueve horas trabajadores de Pequiven cerraron el acceso de los Estados Carabobo a Falcón y de este estado con Yaracuy, todo por problemas laborales que supuestamente se habían resuelto en reuniones con autoridades del trabajo; que luego las empresas desconocieron. Ante la situación, nuevamente intervienen autoridades militares y asumen el papel de las instituciones civiles, en el manejo y tratamiento del conflicto. Hay que destacar que la apertura del paso en esta carretera nacional fue por acuerdos entre los trabajadores en conflicto con los usuarios que se encontraban desde las primeras horas de la mañana paralizados.

               Este tipo de protesta se repite en todo el país, especialmente por parte de trabajadores que prestan servicios a entes estatales, lo que evidencia que las autoridades a quienes compete el asunto han sido desbordadas. No hay Administración del Trabajo en estos espacios productivos.

LA INFORMALIDAD: REAL Y OCULTA

De nuestra contribución de la semana pasada tenemos el compromiso de una precisión conceptual sobre lo que se viene entendiendo por Informalidad. En esa ocasión reprodujimos el concepto adoptado por Venezuela, y proveniente del Programa de Empleo para América Latina y el Caribe –PREALC- de la OIT en 1976.

Pero este concepto fue revisado y ampliado en el 2003, a partir de la XVII Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, que acuerda Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal, la que a su vez toma en cuenta resolución de la XV -1993- conferencia de la misma entidad.

Se reconoció que las estadísticas sobre el empleo en el sector informal son particularmente necesarias para mejorar los sistemas estadísticos de los países en que las actividades del sector informal constituyen una parte importante del volumen total de empleo y contribuyen de manera significativa a la generación de ingresos. El caso venezolano encaja perfectamente en este supuesto.

El concepto de Informalidad aplicado a partir de Prealc -1976-, seguía siendo valido, ya que las categorías incluidas persistían en el mercado laboral, y nada sugería su tendencia a extinguirse. Recordemos que aludimos al trabajo doméstico, a los ayudantes familiares, a los trabajadores por cuenta propia y de empresas con menos de cinco trabajadores, en estos dos últimos casos referidos a no profesionales. Es decir se trataba de confirmar ese concepto, pero ampliarlo ya que las transformaciones en el mercado laboral en los ochenta, específicamente su deterioro daban lugar al fomento de empleos y situaciones de inserción laboral que si bien ocurrían en el sector formal, no cumplían con los supuestos del empleo formal propiamente entendido, que supone la cobertura y tutela de la legislación laboral y de seguridad social.

Ante esta adecuación y ampliación del concepto, la informalidad se amplia ya que agrega personas que aún trabajando para el sector formal, no están cubiertos por la legislación y la seguridad social. Esto lo podemos ver tanto en el sector privado como el público, así como en empresas de más de cinco trabajadores, que era el límite del concepto tradicional.

Es importante destacar que con el viejo concepto en el sector público no había lugar para situaciones de informalidad. Pero está ampliamente extendida la situación de personas que trabajan para el sector público sin nombramiento, sin contrato formal de trabajo, sin protección regulatoria y de seguridad social alguna. ¿Dónde ubicarlos?, por el tipo de empleador sería en el sector formal, sin embargo por la situación de orfandad de estos trabajadores, realmente no son nada formales. Es aquí donde la concepción de informalidad le es aplicable. Igual toca definir con figuras como becarios, pasantes, hasta trabajo gratis, voluntario se dice eufemísticamente. Se trata de empleadores formales con trabajadores informales.

Tanto en el sector privado como en el público ocurre el problema del mercado dual. Por un lado los trabajadores primarios, aquellos que disfrutan de tutela, seguridad social, planificación de carrera para el desarrollo del capital humano, luego los trabajadores secundarios, que si bien son tutelados por la legislación laboral y la seguridad social, tienen los beneficios contractuales que se conquistan vía las relaciones laborales. Aquí cabe la salvedad, que sólo ocurre en donde existen sindicatos y los reconocimientos correspondientes. Finalmente existen los tercerizados, que refiere a aquellos que no son tutelados ni cubiertos por la seguridad social del empleador contratante. Eventualmente son asimilados por el empleador receptor de la obra o servicios, generalmente luego procesos tensos de reclamos y litigios.

Si se indagara y reconociera la informalidad a partir de las situaciones expuestas en dos párrafos anteriores, tomando en cuenta la actualización del concepto, entonces el 43% que muestra el INE de informalidad, subiría sustancialmente. Esperando con ello el emprendimiento de políticas públicas basadas en situaciones genuinas de la realidad laboral del país.